Países Bajos retira ayuda a Nicaragua por violación de DD. HH. y obispos reciben apoyo internacional

Se convirtió en la primera nación en suspender una cooperación en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesan los nicaragüenses.

Entretanto, la Iglesia católica, descalificado como mediador de un diálogo por el Ejecutivo, recibió apoyo interno y externo.

"Debido a las graves violaciones de derechos humanos cometidos por oficiales del Gobierno y grupos parapoliciales, el Gobierno del Reino de los Países Bajos ha suspendido la cooperación con el Gobierno de Nicaragua con respecto a la construcción del hospital en Bilwi", indicó ese país en una declaración.

Esta decisión también se tomó debido a las quejas sobre la obstrucción y la grave demora en el acceso a la atención médica para los manifestantes en Nicaragua, explicó la nación europea en el documento publicado en su página web.

"La contribución holandesa de 18,4 millones de euros (unos 21,5 millones de dólares) se suspende durante dos meses", precisó.

En mayo de 2017, Holanda donó a Nicaragua 18,4 millones de euros para la construcción y el equipamiento de un nuevo hospital en el municipio de Bilwi o Puerto Cabezas, en el Caribe norte.

Los recursos permitirán cofinanciar y equipar el reemplazo del "Hospital Regional Nuevo Amanecer", localizado en la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN).

En su declaración, Países Bajos expresó su preocupación "debido a la violencia, represión, detenciones arbitrarias y la falta de libertades fundamentales en Nicaragua que ha venido sucediendo desde el 18 de abril".

Asimismo, afirmó que, al comunicar esa decisión a las autoridades nicaragüenses, le hicieron un llamado a la plena implementación de las 15 recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluida la investigación de las denuncias de obstrucción a la asistencia médica, el cese inmediato de la violencia y el desmantelamiento de los grupos paramilitares.

Por su lado, la Iglesia católica de Nicaragua comenzó este viernes una jornada de ayuno y de rezo de la oración de exorcismo a San Miguel Arcángel, en "desagravio por las profanaciones" en estos tres últimos meses "contra Dios" con la violencia desatada en el país, que se ha cobrado entre 277 y 351 vidas, según diversas organizaciones defensoras de derechos humanos.

"San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla", clamó el obispo de la diócesis de Jinotega (norte), Carlos Herrera, quien exhortó a vivir el ayuno nacional entregando al Señor "nuestro sacrificio y sobre todo pidiendo en Él misericordia sobre su pueblo Nicaragua".

Este viernes, en templos católicos del país se rezó la oración de exorcismo a San Miguel Arcángel.

Es una oración, precisamente, para combatir el espíritu del mal que hay en Nicaragua, según la Conferencia Episcopal, que actúa como mediadora y testigo de un diálogo nacional con el que se espera superar la grave crisis.

Los miembros del Episcopado fueron tildados ayer como "golpistas" por el presidente Daniel Ortega, quien los consideró cómplices de las fuerzas internas y de los grupos internacionales que, a juicio del mandatario, actúan en Nicaragua para derrocarlo.

El 7 de junio, la Conferencia Episcopal propuso a Ortega que adelantara a marzo de 2019 las elecciones fijadas para 2021 y que renunciara a presentarse a la reelección, pero Ortega lo rechazó.

Los obispos recibieron el apoyo de organismos humanitarios locales, de la CIDH y de la gran alianza cívica de Nicaragua, que es la contraparte del Gobierno en el diálogo.

La Alianza por la Justicia y la Democracia, que aglutina a los universitarios, empresarios, sociedad civil y campesinos, entre otros sectores, dijo estar lista para retomar "la agenda de democratización y justicia" planteada en el diálogo nacional "sin dilaciones, ni retrasos".

El diálogo nacional se instaló a mediados de mayo pasado, pero se ha desarrollado de forma intermitente y permanece suspendido desde el pasado 25 de junio, cuando celebró su última sesión.

Durante la jornada, se informó sobre la renuncia de oficiales de la Policía Nacional porque no están de acuerdo con el actuar de esa institución en el marco de la crisis.

Los oficiales entregaron sus cartas de renuncias ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), para que a su vez la entregue a la Policía Nacional y así evitar ser arrestados, según esa ONG.

Las protestas contra Ortega, que comenzaron el 18 de abril, han dejado 277 muertos y más de 2.000 heridos, según datos publicados por la CIDH.

Organismos humanitarios nicaragüenses cifran en al menos 351 los muertos.

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega siendo presidente.

Las protestas contra Ortega se iniciaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

Puede leer:

ONU denuncia que la ley sobre terrorismo en Nicaragua criminaliza protestas