Conflicto Armado Colombia

Decenas de compradores de vivienda en Colombia están denunciando incumplimientos en la entrega de documentos legales que certifiquen la propiedad de sus inmuebles, un fenómeno que se extiende desde el Eje Cafetero hasta Antioquia y Boyacá. Pese a haber invertido los ahorros de toda una vida, muchos afectados residen materialmente en sus inmuebles, pero legalmente no tienen papeles. Mientras que en el Quindío y Antioquia las denuncias se centran en los sobrecostos y las demoras en la escrituración, en Moniquirá, Boyacá, la problemática involucra un proyecto residencial que jamás se terminó y cuyo dinero, presuntamente, se embolató. Séptimo Día investigó. Este es el caso del proyecto inmobiliario Reserva San Juan en Moniquirá, Boyacá, una construcción que se promocionó y vendió con un video en tercera dimensión desde el año 2017. La publicidad que le hicieron al conjunto era “espectacular” porque prometía dos piscinas, canchas deportivas, salón comunal, locales y senderos peatonales.Amalia Rojas, una administradora turística de 65 años, soñaba con vivir tranquila su vejez. En septiembre de 2018, compró por $170 millones de pesos una de las 230 viviendas que ofrecía el proyecto de la constructora Urbales.De la maqueta al "charcal"Doña Amalia había fijado la entrega de su vivienda para el 29 de noviembre, soñando con recibir todo lo que vio en la publicidad. Sin embargo, al llegar a la obra, se encontró con la primera negativa: le dijeron que la casa “no estaba terminada”. Cuatro días después, le entregaron la casa, pero con imperfecciones, pues cuenta que no había puerta en el patio y no tenía rosetas; incluso, más adelante tuvo un problema hidráulico en el comedor.Al igual que en otras regiones del país, el incumplimiento legal se centró en la promesa de compraventa. A Amalia le prometieron entregarle las escrituras el 15 de febrero de 2019, algo que no sucedió. Ante el engaño, ella puso una demanda en la Fiscalía, “porque yo me sentía engañada”.La frustración de los compradores se multiplicó. César Augusto Sainz González, un abogado de 61 años y vecino de doña Amalia, hace parte del grupo de afectados que se reunió vía WhatsApp, sumando unas 213 personas. César relata cómo su hermana compró una casa esquinera en 2020 y abonó la mitad del precio, unos $140 millones de pesos. La compra se hizo pensando en su madre, para llevarla a vivir en Moniquirá.Pero la realidad física de Reserva San Juan contrastaba brutalmente con el proyecto vendido: “Esto es un charcal, porque para entrar acá uno se entierra, porque esto es un barrial”. Además, al llegar a estrenar la casa, se encontraron con que estaba “en obra negra” y ni siquiera tenía “el techo del patio”. La situación era tan grave que el lugar no era habitable: “Aquí uno prendía una luz un bombillo y se prendían todas las luces, abría uno la llave aquí en el primer piso y salía el agua arriba”.La familia Sainz González tuvo que dejar el trasteo y rentar una casa en el pueblo hasta 2023. El asunto se complicó aún más cuando se enteraron de que, además de no tener escrituras, existía otro supuesto dueño de la vivienda.Cuotas extraordinarias y el quiebre del proyectoWilliam Vergel, un médico de 36 años que invirtió en 2017, pagó $186 millones de pesos por una casa que recibió en mayo de 2019. Para él y los demás compradores, lo que pagaron fue “no una casa sino un proyecto, un condominio”. Sin embargo, después de la entrega, comenzaron a aparecer daños y, luego, la maquinaria dejó de trabajar.Con la llegada de la pandemia en 2020, la paralización del proyecto fue comprensible, pero William señaló que lo que no fue comprensible fue que nunca se reactivara. Muchos afectados interpusieron denuncias y demandas, lo que llevó a la Alcaldía a nombrar a un interventor, quitándole la potestad al dueño de Urbales Constructora, el señor Amilkar Abaunza.El interventor, en conjunto con el mandatario, indicó que, para poder efectuar las escrituras y entregar el proyecto, se debía pagar una “cuota extraordinaria de aproximadamente 12 millones de pesos”. Esta exigencia fue el punto de inflexión para los denunciantes, quienes se niegan a pagar: “¿por qué voy a pagar si no están haciendo las obras de urbanismo?”.La respuesta del constructor y los dineros desviadosAnte la crisis, Séptimo Día buscó a Amilkar Abaunza, dueño de la constructora Urbales, quien inició la construcción de Reserva San Juan en 2017. El hombre negó haberse apropiado del dinero y aseguró que los fondos se mantuvieron en la obra: “todos los dineros que se recibieron en este proyecto, todos, están acá”. Explicó que el proyecto entró en “iliquidez” y que él entregó la compañía en 2021. El constructor justificó la falta de escrituración indicando que se debió a problemas legales tras la muerte de uno de los vendedores del predio: “hasta que no se legaliza la sucesión, no se puede obtener el predio a favor de la compañía”. Cuando se le preguntó si se robó la plata, él respondió: “claro que no, yo por eso le pido a las entidades, a todas, que investiguen mis bienes”.Sin embargo, la versión de la Alcaldía de Moniquirá contradice directamente la defensa del constructor. Rosalía Rojas , quien fue asesora jurídica de la Secretaría de Gobierno de Moniquirá cuando la alcaldía intervino la constructora, reveló hallazgos cruciales.Rosalía Rojas confirmó que la iliquidez se debió a una mala gestión de los recursos: “encontramos que muchísimos de los dineros de los compradores de vivienda fueron depositados a otras cuentas diferentes a la de Urbales”. El resultado fue que la escrituración fue “nada, cero”.Según lo que se presentó en el proceso, la cifra de dinero que se ha "embolatado" en todo este proceso asciende a por lo menos “8.000 millones de pesos”.Con las pruebas recabadas, la constructora Urbales fue liquidada y el proyecto fue entregado a un mandatario asignado. Rosalía Rojas confirmó que la Alcaldía ya había denunciado penalmente al constructor. El proyecto, además de la crisis financiera, tenía un problema legal de base, pues “las licencias que él sacó en su momento están vencidas y no podíamos escriturar casas porque no tenemos licencia de construcción de casas”.El proceso penal avanzó, y el 7 de diciembre de 2022, Amilkar Abaunza y su esposa recibieron una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Ambos están siendo investigados por los delitos de estafa agravada y urbanización ilegal. Actualmente, el proceso en su contra continúa, aunque su defensa ha solicitado recursos de preclusión en segunda instancia.Para los afectados, la situación deja una huella emocional profunda: “se siente uno desilusionado completamente”; el constructor “me mintió, me engañó”.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.

Conflicto Armado Colombia

El educador, identificado como Mario José Martínez Viloria, de 49 años, fue detenido por miembros de la Armada Nacional después de más de un año de seguimiento de las autoridades.

El documento señala que el secuestro está extendido por todo el país, pues de los 1.102 municipios de Colombia en 1.006 se han registrado casos.