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La Fiscalía General de la Nación radicó la imputación de cargos contra los exministros del Gobierno nacional Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). La medida que solicitará la Fiscalía será privativa de la libertad en centro carcelario.
Un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia fue el que radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá las audiencias de solicitud de imputación de cargos y de medida de aseguramiento en contra de los exministros, quienes hicieron parte del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Los delitos que les imputarán a Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, son concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
Noticias Caracol conoció que la Fiscalía solicitará que la privación de la libertad de los exministros se dé en un centro carcelario.
Dentro de las pruebas que han sido validadas y legalizadas ante el Tribunal Superior de Bogotá se encuentran seguimientos, comunicaciones por WhatsApp, correos electrónicos, cámaras de seguridad, incluso en las oficinas del Ministerio de Hacienda, además de testimonios que fueron determinantes como el de Alejandra Benavides, quien fue asesora del exministro Bonilla.
María Cristina Patiño, fiscal del caso UNGRD, manifestó que “el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habría, entre comillas, comprado a seis congresistas de la Comisión de Crédito Público del Congreso de la República, está ahí las comillas, a fin de lograr sacar avante los empréstitos de la nación y los proyectos de ley que la comisión adelantará a cambio de la asignación de proyectos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”.
Entre las pruebas legalizadas contra Bonilla están los chats con Sneyder Pinilla, donde se da supuestas instrucciones sobre los contratos y que coinciden con la versión del mismo Pinilla en las declaraciones ante la Fiscalía, pero también están las declaraciones de Olmedo López ante la Corte Suprema.
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María Alejandra Benavides, por su parte, fue quien dio detalles de la forma de cómo habría actuado Ricardo Bonilla y lo que supuestamente le correspondió hacer a ella. “Él me usó, él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar”, fue uno de los testimonios de Benavides.
Pero no solo fueron testimonios, esas declaraciones se cruzaron con documentos recolectados por los investigadores en el mismo Ministerio de Hacienda y por grabaciones de videos en las cuales se observa a los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público ingresando a reuniones en esa oficina y que coinciden con fechas dadas en las declaraciones de los testigos, la asignación de los contratos de la Unidad de Gestión del Riesgo en tres regiones: Arauca, Córdoba y Bolívar, pero también con el visto bueno de los congresistas a los créditos que buscaban el Gobierno.
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El exministro Bonilla ha negado la supuesta compra de congresistas, como lo hizo en entrevista en Noticias Caracol: “Nunca nadie habló de comprar el Congreso ni congresistas”.
La fiscal del caso indicó que "se extrajeron de los dispositivos de almacenamiento digital documentos, archivos, información, fotos, registros, ubicaciones, datos de contacto, cronogramas, conversaciones". Se espera que en las próximas horas el Tribunal Superior de Bogotá dé a conocer el día y la hora de estas diligencias, además del nombre del magistrado que las va a liderar.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco habría pedido el direccionamiento de un contrato por 35.000 millones de pesos. El ente investigador aseguró que Olmedo López y el senador Julio Elías Chagui se habrían reunido en el hotel Tequendama para ejecutar parte del entramado que en principio sería gestionado, al parecer, por el Invías, lo cual finalmente no se logró.
Según la Fiscalía, el 6 de diciembre del 2023 al mediodía, en el café Bienes, ubicado en el hotel Tequendama, Olmedo López se reunió con el parlamentario Julio Elías Chagui con el fin de materializar la supuesta instrucción del exministro Luis Fernando Velasco de entregar contratos de la UNGRD por un valor de 35.000 millones de pesos y acordó con el senador direccionar un proyecto contractual en el municipio de Sahagún, Córdoba. En ese encuentro, según el ente investigador, el congresista Chagui le informó a Olmedo López que los contratos se gestionarían por la UNGRD porque en Invías no había sido posible.
CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
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