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Último video de religiosos que habrían sido obligados a cavar su propia tumba: Fiscalía dio detalles
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Último video de religiosos que habrían sido obligados a cavar su propia tumba: Fiscalía dio detalles
La entidad de acusación e imputación reveló el último video que se grabó de los ocho líderes sociales y religiosos hallados en una fosa común de una zona rural del municipio de Calamar, Guaviare. Conozca los detalles.
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La Fiscalía General de la Nación ha puesto en evidencia nuevas y cruciales pruebas dentro de la investigación sobre el asesinato de ocho líderes y feligreses religiosos en una zona rural de Calamar, en el departamento del Guaviare, crímenes atribuidos al frente primero ‘Armando Ríos’ de las disidencias de las Farc. La revelación más reciente es un video que documenta los últimos momentos de vida de las ocho personas, ofreciendo una visión de la manera metódica en que la masacre fue planeada y ejecutada.
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La secuencia audiovisual registra el trayecto final de las víctimas a bordo de una lancha, en un recorrido por el río Itilla, jurisdicción de Calamar. En la imagen capturada, solo se escucha el ruido constante del motor de la embarcación. Los líderes y feligreses, quienes residían en Pueblo Seco, Guaviare, habían sido citados por el frente disidente. El video, que muestra la cámara en movimiento, fue extraído de un teléfono celular que le fue incautado a alias Morocho durante su captura, individuo que ha sido judicializado por supuestamente contactar, engañar y trasladar a las personas. Para la Fiscalía, la grabación demuestra cómo los líderes fueron llevados a un "juicio guerrillero".
El contexto de esta tragedia se remonta a los primeros días de abril de 2025. El 4 de abril, dos de las víctimas fueron convocadas a la vereda Puerto Nuevo, y tres días después, el 7 de abril, las seis personas restantes fueron llamadas con el objetivo de ser "interrogadas". La citación se originó bajo el pretexto de verificar la posible presencia o conformación de una red del ELN en la zona.
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La investigación ha profundizado en la frialdad del crimen y las acciones de los victimarios. Raúl González, fiscal delegado para la criminalidad organizada, había revelado previamente, en entrevista con Blu Radio, que, antes de ser ejecutados, las víctimas "fueron obligadas a cavar su propia fosa antes de ser ejecutados" y que "esta situación aparentemente se da por el origen de algunos de ellos; son de origen araucano, y en esa paranoia criminal, los victimarios asumen que son integrantes del ELN intentando ingresar al departamento". La Fiscalía ha calificado el acto como una ejecución injusta y cruel, ya que fueron sometidas a interrogatorio por las disidencias y sindicadas de cooperar con el ELN, sin que existiera ningún sustento real para esta acusación.
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Para justificar las muertes, la estructura armada fabricó un informe de inteligencia falso. Así lo detalló un fiscal encargado en el caso contra alias Morocho en una reciente audiencia, donde indicó que "elaboraron un informe de inteligencia falso, atribuyendo a varios integrantes de Pueblo Seco una presunta pertenencia al ELN, frente a la Guerra Oriental. Este informe tenía como finalidad proteger los intereses territoriales delgados frente primero"
Sin embargo, de acuerdo con la entidad de acusación e imputación, barbarie no terminó con la muerte. Los elementos probatorios indican que los líderes fueron retenidos, trasladados a la fuerza a una zona selvática conocida como Cofre, cerca del río Itilla, y asesinados con armas de fuego, para luego ser enterrados en la fosa común y eliminar sus pertenencias. Además, la Fiscalía develó la manipulación posterior: los disidentes tomaron los celulares de las víctimas y contactaron a los familiares de los occisos para encubrir la masacre. Durante la judicialización, el fiscal expuso esta conducta, citando textualmente el engaño: "Usted aseguró que iba a averiguar, que no se preocuparan, que las víctimas estaban bien pero usted participó de la muerte de ellos desde el 5".
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Uno de los chats revelados por la entidad decía:
- A: No pasa nada malo. Solo es llegar a un acuerdo y listo. Si fuera para hacer algo malo, fueran ido y ya. Pero es para un acuerdo. Igual si tu no me quieres ayudar no pasa nada.
- B: Pero digame algo. ¿Ustedes los tiene? Yo trato de hacer eso pero si me dice que los tienen y por qué. ¿Por qué los tienen? ¿O están pidiendo plata? Envíeme una prueba, una foto, video. Nosotros hacemos lo que ustedes necesiten.
¿Quiénes son los 8 líderes sociales y religiosos hallados en fosa común?
El ente investigador logró identificar a las ocho víctimas como Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hérnandez, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón. Sus fotografías habían circulado en un cartel difundido por sus familias, clamando por su liberación durante los meses que duró su desaparición.
En el marco de la investigación, tres individuos señalados de participar en el crimen han sido judicializados. Entre los procesados se encuentran Miller Leonardo Garrafa, alias Miller, y Jorge Eliécer Ávila, alias Yucape, presuntos cabecillas del frente Armando Ríos. Garrafa Neira, como cabecilla, "ordenó citar a los líderes religiosos bajo el pretexto de aclarar una supuesta intención de crear una red del ELN en Guaviare". Por su parte, alias Yucape se encargó de la custodia de las víctimas, coordinó el dispositivo armado de seguridad durante la acción criminal y se le atribuye la amenaza a la población local para evitar que informaran a las autoridades.
Una revelación crucial fue la participación de una servidora pública. Angie Liseth Jaramillo Arias, conocida como La Crespa, quien se desempeñaba como secretaria en la Personería de Calamar, también fue procesada. La funcionaria es señalada de haber facilitado datos estratégicos a la organización criminal. El Director Especializado contra las Organizaciones Criminales, Andrés Escobar, detalló en su momento la colaboración de Jaramillo Arias: "La funcionaria era la secretaria de la Personería Municipal de Calamar, tenía información privilegiada respecto a operaciones de la Fuerza Pública, toda vez que nosotros nos asociamos con las personerías en algunas actividades judiciales como representante del Ministerio Público, y con esta información que ella adquiría se la transmitía a la organización, quienes con esos datos lograban ubicar los componentes militares y facilitar sus operativos". La Fiscalía tiene evidencia de que Jaramillo entregó datos vitales sobre operativos militares a cambio de 30 millones de pesos, con 12 millones pendientes.
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Los tres individuos fueron imputados por concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, homicidio agravado y porte ilegal de armas de uso privativo. Ninguno de los judicializados aceptó los cargos. La orden para la ejecución aparentemente provino del círculo de confianza de alias Iván Mordisco, el principal cabecilla del Estado Mayor Central (Emc), la mayor disidencia de las Farc. La Fiscalía ha adelantado que esta etapa de la investigación recién comienza y que se prevén nuevas capturas en las próximas semanas, incluyendo las de otros funcionarios públicos que habrían cooperado en esta operación.
LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.
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