Durante la tarde de este martes, 12 de diciembre de 2023, se conoció que Damián Rodríguez, patrullero de la Policía Nacional, fue condenado a 40 años de cárcel por el homicidio de Javier Ordóñez en el CAI del barrio Villa Luz, noroccidente de Bogotá.Muerte de Javier Ordóñez: esta es la responsabilidad del policía Harby Damián Rodríguez en el hechoLa muerte de Javier Ordóñez, estudiante de Derecho, ocurrió en el interior de esa instalación policial el 9 de septiembre de 2020. Ese día, Colombia conoció unas imágenes en donde dos patrulleros de la Policía golpeaban a Javier Ordóñez en el barrio Villa Luz.Los uniformados que participaron en la agresión fueron Juan Camilo Lloreda Cubillos, quien aceptó su responsabilidad y usó un taser contra Ordóñez, y Harby Damián Rodríguez, que el 21 de abril de 2023 fue hallado culpable por las agresiones y a quien ahora se le dictó el tiempo que deberá pagar en prisión.El papel del patrullero Rodríguez tuvo que ver con la manera en que observa a su compañero Juan Camilo Lloreda sin hacer algo al respecto, pero además por inclinarse sobre él para sujetarlo y aprovecharse de su estado de indefensión mientras se encontraba en el piso.Pero no solo eso, su responsabilidad también recae en lo que ocurrió luego en el CAI Villa Luz, donde los policías arrastraron y golpearon al detenido, quien ya se encontraba gravemente herido.Las lesiones causadas a Javier Ordóñez ocasionaron su muerte antes de que pudiese llegar a un centro hospitalario.El uniformado Damián Rodríguez siempre negó su participación en la golpiza a Ordóñez. Así lo narró en aquel momento ante la Procuraduría durante su juicio disciplinario en un testimonio en el que, según él, describió el ataque que su compañero Lloreda le hizo a la víctima.“Logro observar que lo golpea en la parte del estómago y las costillas. Cuando ingreso al baño, veo y le digo que no lo golpee, ingreso al baño, me lavo las manos y salgo del CAI. Cuando vi los hechos, le manifesté que no le golpeara”, sostuvo el hoy condenado en su momento.Estos hechos de abuso policial ocasionaron un estallido social en la capital de Colombia, conocido como el 9S, donde varios CAI de la Policía fueron vandalizados, más de 300 personas resultaron heridas y 13 más murieron.Muerte de Javier Ordóñez: esta es la responsabilidad del policía Harby Damián Rodríguez en el hecho
Durante la noche del 9 de septiembre se registró caos en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá. Encapuchados atacaron el CAI de La Gaitana con bombas molotov y objetos contundentes.Escolta de Wilson Ruiz resultó herido tras agresión durante foro con candidatos a Alcaldía de CaliEn cámaras de seguridad quedó registrado cuando uniformados de la Policía se resguardaban de los objetos que fueron arrojados por desconocidos al CAI de La Gaitana. Producto del ataque se generó una pequeña conflagración que, por fortuna, no pasó a mayores.Y es que durante el pasado sábado se rindieron homenajes por la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez, quien perdió la vida en un CAI del noroccidente de Bogotá, el 9 de septiembre de 2020, por culpa del exceso policial. A dos uniformados se les atribuyó la responsabilidad en este crimen. La muerte del estudiante de derecho desencadenó el paro nacional contra el gobierno de Iván Duque.¿Por qué ocho presuntos miembros de la primera línea fueron dejados en libertad?Sobre el ataque al CAI de La Gaitana, la alcaldesa Claudia López se pronunció: “Tras una jornada de memoria organizada por los familiares de las víctimas del 9S totalmente pacífica, al final de la noche la primera línea atacó violentamente el CAI de La Gaitana"."Los promotores y financiadores de la primera línea creen que lo que les sirvió para una campaña les servirá para otra. Se equivocan”, indicó la mandataria de los bogotanos en su cuenta de X, antes Twitter.
El 9 de septiembre de 2020, Colombia conoció unas imágenes en donde dos patrulleros de la Policía golpeaban al estudiante de derecho Javier Ordóñez en el barrio Villa Luz, noroccidente de Bogotá.Puede leer: "Detrás del crimen de mi sobrino aún persisten muchas dudas": tío de Javier OrdóñezLos uniformados que participaron en la agresión fueron Juan Camilo Lloreda Cubillos, quien aceptó su responsabilidad y usó el taser contra el estudiante, y Harby Damián Rodríguez, quien este viernes, 21 de abril de 2023, fue hallado culpable por las agresiones ocasionadas a Javier Ordóñez.El papel del patrullero Rodríguez tuvo que ver con la manera en que observa a su compañero Juan Camilo Lloreda sin hacer algo al respecto, pero además por inclinarse sobre él para sujetarlo y aprovecharse de su estado de indefensión mientras se encontraba en el piso.Pero no solo eso, su responsabilidad también recae en lo que ocurrió luego en el CAI Villa Luz, donde los policías arrastraron y golpearon al detenido, quien ya se encontraba gravemente herido. Las lesiones causadas a Javier Ordóñez ocasionaron su muerte antes de que pudiese llegar a un centro hospitalario.El uniformado Harby Damián Rodríguez siempre negó su participación en la golpiza a Ordóñez. Así lo narró ante la Procuraduría durante su juicio disciplinario en un testimonio en el que, según él, describió el ataque que su compañero Lloreda le hizo a la víctima.“Logro observar que lo golpea en la parte del estómago y las costillas. Cuando ingreso al baño, veo y le digo que no lo golpee, ingreso al baño, me lavo las manos y salgo del CAI... Cuando vi los hechos, le manifesté que no le golpeara”, manifestó en ese entonces el patrullero Rodríguez.Puede leer: En protestas del 9S hubo una “masacre” por parte de la Policía, dice relatoríaEstos hechos de abuso policial ocasionaron un estallido social en la capital del país conocido como el 9S, donde varios CAI de la Policía fueron vandalizados, más de 300 personas resultaron heridas y 13 personas murieron.El monto de la pena contra Harby Damián Rodríguez se conocerá en junio. Por su parte, su compañero Juan Camilo lloreda ya paga una sentencia de 20 años de cárcel.Otras noticias del día: Muerte de María Paula Munévar: ¿qué dice el secretario de Seguridad de Bogotá?Tragedia en Puerto Wilches: niño murió tras ser impactado por una bala perdidaExcombatientes de las extintas FARC entregarán ubicación de más de 4.000 minas antipersonales
Un juez declaró culpable al patrullero Harby Damián Rodríguez Díaz por su responsabilidad en la muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez Bermúdez, ocurrida el 9 de septiembre de 2020 en un CAI del noroccidente de Bogotá.Policía que le puso la pistola taser a Javier Ordóñez fue condenado a 20 años de cárcelLa Fiscalía logró demostrar que el procesado participó en el procedimiento policial en el que Javier Ordóñez fue reducido de manera violenta y sometido mediante varios electrochoques ocasionados con un dispositivo taser. En junio de 2023 se conocerá la sentencia en contra de Harby Rodríguez Díaz."Detrás del crimen de mi sobrino aún persisten muchas dudas": tío de Javier OrdóñezEl otro policía sentenciadoEn julio de 2021, un juez emitió la condena contra el patrullero de la Policía Juan Camilo Lloreda por el homicidio de Javier Ordóñez.Lloreda fue sentenciado a 20 años de prisión luego de lograr un acuerdo con la Fiscalía para dar detalles de lo ocurrido con la muerte de Javier Ordóñez en la noche del 9 de septiembre de 2020.El patrullero reconoció que fue quien le puso el taser a Javier Ordóñez, quien además recibió fuertes golpes de otros uniformados.El crimen de Javier Ordóñez generó protestas que terminaron con otras 13 muertes en Bogotá y Soacha y la destrucción de varios CAI.La sanción disciplinaria por la muerte de Javier OrdóñezEn octubre de 2020, la Procuraduría sancionó con 20 años de destitución e inhabilidad a los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda por el homicidio de Javier Ordóñez.A lo largo de la lectura del fallo, el Ministerio Público dijo que Lloreda y Rodríguez obraron con brutalidad e intencionalidad.“Se puede afirmar, sin lugar a ninguna duda, que el señor Javier Humberto Ordóñez Bermúdez fue objeto de violencia física, pese al estado de indefensión en que se encontraba mientras permanecía en el CAI Villa Luz entre las 00 horas, 11 minutos y 4 segundos y las 01 horas, 31 minutos y 12 segundos del día 9 de septiembre de 2020”, señaló Aura Fajardo, asistente del ente disciplinario, en ese entonces.Además, la funcionaria aseguró que “sin consideración o razón alguna y con brutalidad, Javier Humberto Ordóñez Bermúdez recibió golpes contundentes propinados por el uniformado Juan Camilo Lloreda Cubillos"."Nunca recibió auxilio o atención a pesar de sus lamentos y desesperación por las dolencias que lo afectaban, situación que grabó con su celular el patrullero Lloreda Cubillos a las 00 horas y 38 minutos, es decir, muy poco antes de que empezara a morirse”, anotó Fajardo.Según la Procuraduría, su decisión se sustenta en múltiples videos y fotos que muestran cómo a Ordóñez lo golpearon antes de llevarlo al CAI de Villa Luz y cuando ya estuvo allí.Las imágenes “permiten evidenciar al patrullero Juan Camilo Lloreda Cubillos golpeando con sus pies y sus manos en repetidas ocasiones a la persona que se encuentra en el suelo y allí está presente agachado el patrullero Harby Damián Rodríguez Díaz ”, manifestó la funcionaria.Amplíe esta información aquí.Así fue, paso a paso, el brutal ataque contra Javier Ordóñez en Bogotá
Este lunes se conoció el resultado de la relatoría sobre los hechos ocurridos tras la muerte de Javier Ordóñez. Según el informe apoyado por Naciones Unidas, hubo una "masacre por parte de miembros de la Policía Nacional" y sobre él se pronunció la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. “Doloroso hasta el alma, pero necesario para salvaguardar y recomponer nuestra democracia. El dolor que nos causa confirmar lo que denunciamos desde el 10 de septiembre del año pasado es profundo, pero no es ni en un gramo comparable al dolor que sienten y sentirán las víctimas de esta tragedia, sus familiares y amigos a quienes una vez más ofrezco perdón como ciudadana y como alcaldesa, por no haber podido prevenir que una tragedia semejante ocurriera”, manifestó Claudia López.Tras escuchar el informe, liderado por Carlos Negret, exdefensor del Pueblo, recalcó que “lo ocurrido entre el 9 y 11 de septiembre en Bogotá en Soacha fue una masacre policial contra jóvenes de nuestra ciudad, en particular contra jóvenes humildes, la inmensa mayoría jóvenes civiles. Otros, jóvenes que portaban uniforme, todos ciudadanos que deben ser protegidos por las armas del Estado”.En medio de lágrimas pidió “perdón a las víctimas y a mi ciudad, asumo enteramente la responsabilidad política e institucional que me corresponde para llevar a cabo y cumplir las recomendaciones de este informe”.Más del tema: Policía asesinó a Javier Ordóñez y desobedeció orden de no disparar a ciudadanos: Claudia LópezY, además, lanzó pullas al presidente Iván Duque: “Vuelvo a pedirle una vez más al comandante en jefe de la Policía Nacional, el señor presidente de la República, que reconozca la gravedad de lo ocurrido entre el 9 y el 11 de septiembre, que reconozca que las vidas de nuestros jóvenes se perdieron en medio de una masacre cometida por miembros de la Policía Nacional en Bogotá, en medio del uso abusivo, ilegítimo, inconstitucional con las armas de dotación portadas por algunos miembros de la Policía Nacional. Que se comprometa a acometer las recomendaciones de este informe empezando por hacer un acto genuino, no protocolario, no formal, no trivial, de reconocimiento de la gravedad de lo ocurrido”.Según la relatoría, miembros de la fuerza pública habrían participado en 11 de las 14 muertes acontecidas en el contexto de las protestas por la muerte de Javier Ordóñez a manos de patrulleros.
Un trabajo de relatoría apoyado por Naciones Unidas y que se hizo para esclarecer lo ocurrido el 9 de septiembre de 2020, tras la muerte de Javier Ordóñez a manos de uniformados, concluyó que "ocurrió una masacre cuya responsabilidad recae en la Policía Nacional". Patrullero que aceptó cargos por muerte de Javier Ordóñez pagará 20 años de cárcelEn el contexto de estas manifestaciones se reportaron 14 muertes de civiles, de las cuales “11 habrían sido consecuencia del uso ilícito de la fuerza por parte de los integrantes de la Policía Nacional”.Sumado a esto, dice que la fuerza pública incurrió en prácticas como Uso ilícito de la fuerza, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género y estigmatización de la protesta social.Esta relatoría, liderada por el exdefensor del Pueblo Carlos Negret, incluso insiste en el porte y “uso indiscriminado de armas de fuego”.Sobre quienes hicieron parte de las protestas, se reconoce violencia contra bienes públicos y privados y contra la Fuerza Pública.Los ataques a uniformados “fueron serios, contra su integridad personal” y “ocurrieron cuando los policías intervinieron para proteger la infraestructura y bienes de la Policía".Sobre las detenciones arbitrarias se dice que hubo “torturas y tratos crueles, violación a presunción de inocencia, privación de atención médica a detenidos, hurto o pérdida de celulares de detenidos y detenciones masivas”.
En 16 puntos se concentraron las manifestaciones, pero en seis fue necesaria la intervención de la Policía por los disturbios en Bogotá. La situación más crítica se vivió cerca del CAI La Gaitana, en la localidad de Suba, el cual intentaron vandalizar.Piedras, gases y bombas aturdidoras fueron lanzadas durante el enfrentamiento entre ciudadanos y policías.Durante los disturbios en Bogotá fueron detenidas 13 personas, entre ellas 3 menores de edad.En el CAI de Villaluz, donde hace un año fue brutalmente golpeado Javier Ordóñez, también hubo enfrentamientos. Vándalos destruyeron contenedores e intentaron saquear dos cajeros.Tragedia del 9S en Bogotá: ¿qué ha pasado con policías señalados de disparar y cometer abusos?Las autoridades informaron que en medio de los disturbios en Bogotá, que se terminaron en la madrugada del viernes, un bus zonal y una ambulancia fueron atacados.También hubo desmanes en el portal de Las Américas, Molinos y Usme.Los ciudadanos que regresaban a sus casas de nuevo fueron afectados por las protestas, que los obligaron otra vez a caminar varios kilómetros.Claudia López dice que “no ha habido perdón ni justicia” tras un año de tragedia del 9S en Bogotá
El país se estremeció con la muerte de Javier Ordóñez, quien falleció tras una brutal golpiza en un procedimiento policial. Este hecho desató duras protestas en las calles de Bogotá, dejando como resultado una de las jornadas más violenta de la historia reciente de la ciudad.Puede ver: Claudia López dice que “no ha habido perdón ni justicia” tras un año de tragedia del 9S en BogotáMario Ordóñez, tío de Javier, pide justicia para su sobrino. “Lo que ocurrió con mi sobrino fue una venganza”, comentó en Noticias Caracol Ahora. Añadió que no está de acuerdo con la violencia, y le pidió la policía que revise a quién incorpora a la institución.Vea aquí la entrevista completa.
Este jueves, 9 de septiembre del 2021, se cumplió un año de la tragedia del 9S en Bogotá y la Alcaldía le rindió homenaje a las víctimas. En su discurso, la alcaldesa Claudia López aseguró que “todo empezó por un caso de abuso policial”.“El 8 de septiembre en la noche, unos policías detuvieron arbitrariamente, golpearon y terminaron asesinando dentro de un CAI a Javier Ordóñez, un estudiante de Derecho y padre de familia. Inicialmente, la Policía negó los hechos”, sostuvo.Este hecho desencadenó una protesta protagonizadas por “cientos de jóvenes enardecidos” que “rodearon el CAI de Villaluz y muchos otros CAI en varias localidades”.“Más de 50 CAI fueron vandalizados. Múltiples videos publicados por los ciudadanos en redes sociales evidenciaron que la noche del 9 de septiembre (de 2020) decenas de policías usaron sus armas de fuego de dotación y dispararon de manera indiscriminada”, señaló Claudia López.La mandataria recordó que “el saldo fue trágico”, pues el caos que se desató dejó “más de 300 heridos, 75 de ellos por arma de fuego, 10 asesinados en Bogotá y 3 más en Soacha”.“La mayor tragedia de violación de derechos humanos de miembros de la Policía contra ciudadanos en Bogotá, desde la retoma del Palacio de Justicia”, afirmó.Claudia López indicó que, desde el primer momento, reconocieron “sin atenuantes ni excusas la gravedad de lo ocurrido” y ofrecieron “perdón y acompañamiento a las víctimas”.“Desde el PMU donde estuve con el director encargado de la Policía Metropolitana la noche del 9 de septiembre, nadie dio la orden de usar armas de fuego ni de defender a sangre y fuego los CAI, pero la evidencia de que así había ocurrido era contundente”, recordó.Dijo que en 48 horas se les entregaron al presidente de Colombia, Iván Duque, y al director de la Policía Nacional “cientos de imágenes y horas de grabación que demostraban toda suerte de arbitrariedades y el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de miembros de la Policía”.Vea también: Violentos disturbios en Bogotá: hieren a tres policías, vandalizan un CAI y queman una moto“Le solicitamos al presidente que se hiciera una reforma estructural a la Policía. Pedimos a la Fiscalía y a la Procuraduría que asumieran directamente las investigaciones. Entregamos el mismo informe a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y le pedimos su acompañamiento para elaborar un informe de verdad y memoria sobre lo ocurrido, que publicaremos a finales de octubre”, anotó.Ahora, un año después de la tragedia del 9S, Claudia López aseveró que “el dolor es peor”.“Para las familias no ha habido perdón ni justicia, y para la juventud y la sociedad no ha habido reforma estructural de la Policía Nacional. Ninguno de los casos de los 300 heridos tiene al menos un identificado, menos un imputado”, apuntó.Sostuvo que, “de los diez homicidios, solo en cuatro casos ha habido imputaciones a miembros de la Policía, quienes ni siquiera han sido retirados del servicio”.Aseguró que estos uniformados “gozan de libertad y trabajo, dado que ni la Fiscalía ni los jueces a cargo consideraron la imputación de cargos con agravantes ni a los imputados un peligro para la sociedad”.“Las familias no solo se sienten abandonadas, sino humilladas y varias han denunciado hostigamientos y amenazas. Es justamente la gravedad de los hechos la que nos exige hacer un llamado al perdón, a la verdad y la justicia, a facilitar los cambios, acelerar las investigaciones e implementar las reformas para que esto no vuelva a repetirse jamás”, expresó.Claudia López reconoció que la mayoría de los integrantes de la Policía “son gente trabajadora y entregada al servicio, pero los abusos de algunos y la falta de justicia minan la credibilidad de toda la institución”.“El arma más poderosa es la confianza ciudadana. Si queremos rescatarla debemos reformar nuestra Policía, desmilitarizarla de las viejas formaciones y prácticas heredadas del conflicto armado; que se reclute, forme y vigile a una policía civilista que no dependa del Ministerio de Defensa ni tenga fuero militar”, dijo.En ese sentido, la mandataria de los bogotanos indicó que el Gobierno Nacional todavía está a tiempo para liderar esa reforma, honrar la memoria de las víctimas y garantizar verdad, justicia y reparación a las familias”, así como “garantías de no repetición a la juventud y la sociedad”.“Para esos propósitos cuenta con mi concurso como ciudadana y como alcaldesa. Es nuestro deber responder, enmendar y sanar. Que hoy sea un día de conmemoración en paz, el resultado de la violencia lo conocemos de sobra”, concluyó.En esta fecha, Claudia López también aprovechó para enviar una carta a la Procuraduría y otra a la Fiscalía en las que solicita que se avance en las investigaciones y sanciones por la tragedia del 9S.Le puede interesar: Se enojó Claudia López: escuche el fuerte llamado que hizo a jueces por libertad de delincuentes
Este miércoles 8 de septiembre se conmemora un año de la muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, en medio de un procedimiento policial.Por este hecho, fue sentenciado a 20 años de prisión el uniformado Juan Camilo Lloreda, quien se acogió a un acuerdo con la Fiscalía por los cargos de asesinato y tortura.Lea también: Lamentable hallazgo en gallera de San Cristóbal, sur de BogotáEl otro detenido, Arbey Rodríguez, enfrentará un juicio por su responsabilidad en este caso.La muerte de Javier Ordóñez provocó una serie de protestas que dejaron 13 muertos y más de 300 heridos, entre ellos, decenas de policías que enfrentaron ataques en los CAI de Bogotá y otras ciudades de Colombia.Se han denunciado graves abusos de autoridad en medio de dichas manifestaciones.Otras noticias: Cartel de Cali habría financiado no solo campaña de Ernesto Samper, también la de Andrés Pastrana
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidió a las autoridades colombianas eliminar los antecedentes judiciales de 9.600 firmantes de paz de las antiguas FARC que recibieron amnistías 'de iure' otorgadas por decreto presidencial por delitos políticos cometidos durante el conflicto armado.>>> JEP ratificó imputación por esclavitud y secuestro al antiguo secretariado de las FARCLa Sala de Amnistía o Indulto de la JEP dio esa orden a la Policía, a la Interpol y a la Registraduría Nacional para "materializar los efectos de los beneficios jurídicos de los firmantes de paz y garantizar su reincorporación de manera eficaz", indicó la justicia transicional en un comunicado.Los firmantes de paz que recibieron estas amnistías no están vinculados con crímenes de guerra y de lesa humanidad.En la sentencia, la JEP indicó que esta decisión se toma en atención a las múltiples solicitudes de información formuladas por antiguos miembros de las FARC."Desde el momento mismo de su expedición, las personas que hicieron parte de las extintas FARC-EP tienen derecho a la adopción de las medidas necesarias para implementar las consecuencias que se derivan de dicho beneficio jurídico, una de las cuales está relacionada con la vigencia de las órdenes de captura que se hayan impuesto por los delitos políticos", reza el auto.Esto porque "la permanencia de su nombre y documento de identidad en los registros de las autoridades competentes, resulta ser una afectación a los derechos fundamentales a la libertad, al buen nombre, al hábeas data y, de contera, produce efectos negativos directos e indirectos relacionados con la posibilidad de lograr una estabilidad laboral, familiar y social".>>> JEP llama a juicio al general Lasprilla, excomandante del Ejército, por falsos positivosEn febrero pasado, la JEP comunicó los decretos de amnistía a más de 9.600 firmantes del acuerdo de paz de 2016 que fueron amnistiados por el Estado entre junio de 2017 y julio de 2018.Aunque los beneficiados deben atender el llamado de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) en caso de que se les requiera, aquellos que las recibieron no tienen más deudas con la justicia y están exentos de responsabilidades legales y pueden continuar su proceso de reincorporación.
A la cárcel fue enviado el hombre implicado en el crimen de Kerly Cuevas, una niña de ocho años que desapareció mientras jugaba con sus amigos en Girón, Santander. Una cámara de seguridad fue la clave para encontrar su cuerpo y al presunto responsable de este triste hecho.>>> Más sobre este caso: ¿Quién es el principal sospechoso del homicidio de Kerly Cuevas en Girón?Aún no se conocen las causas de la muerte de Kerly Cuevas, pero sí se encontraron algunos rastros de violencia en su cabeza. También se desconoce si fue víctima de violencia sexual por quien habría sido su agresor.Las imágenes de las cámaras de seguridad evidenciaron a la pequeña Kerly Cuevas caminando con Alirio Gualdrón Rojas, el presunto responsable de la desaparición de la menor.Gualdrón vivía con la familia de la niña en la misma casa y pese a que su madre le había pedido desesperada que la ayudara a buscar, el hombre no hizo nada.El sujeto de 59 años fue capturado, pero no confesó ni su culpa, ni lo que pasó con la niña. En zona boscosa de Girón, el Ejército encontró el cuerpo de la pequeña Kerly.Así lo reveló Campo Elías Ramírez, alcalde de Girón: “Continuamos con la misma comunidad ayudándonos a ubicar a la niña, fue hasta la noche que el Ejército ubica en la parte alta de esa montaña el cuerpo sin vida de la niña”.Las autoridades intentan determinar las causas de la muerte de la pequeña, mientras que Gualdrón fue enviado a la cárcel por desaparición forzada, pero no aceptó los cargos.>>> También puede leer: Presunto asesino de mujer en Cali habría utilizado coche de su hijo para llevar el cuerpo
En la vereda Bolivia, del municipio de Argelia, departamento del Cauca, tropas del Ejército Nacional y de inteligencia de la Policía Nacional mantuvieron por varias horas intensos combates con las disidencias de las FARC.>>> Más en noticias: Disidencias cavan trincheras cerca a acueductos del Cauca para atacar al EjércitoLos enfrentamientos dejan como saldo tres integrantes de las disidencias de las FARC abatidos, un menor de edad recuperada, cinco fusiles y abundante material de guerra incautados.Durante el operativo militar, el helicóptero en el que se movilizaban las tropas del orden fue impactado en repetidas ocasiones. Los criminales dispararon desde tierra, pero, por fortuna, la aeronave no sufrió daños de consideración. En imágenes difundidas por la Policía Nacional se puede ver el armamento que fue incautado y que pertenecía a las disidencias de las FARC."Un contundente golpe contra las disidencias, donde fueron neutralizados 3 de sus integrantes y el retorno a la libertad de un menor de edad. Operación de inteligencia policial conjunto con las Fuerzas Militares", informó la institución.>>> Le puede interesar: La valerosa historia de joven que pasó de ser víctima del conflicto a miembro del Ejército
Por medio de un video difundido en las redes sociales de la Universidad Nacional de Colombia, José Ismael Peña afirmó que su posesión como rector de esta institución educativa sí fue legal. Dice que el acta tenía la aprobación de la mayoría de los integrantes del Consejo Superior Universitario.>>> También puede leer: Mineducación aclara cuándo firmará acta de designación de la nueva rectoría de la Nacional“Según la norma, yo tenía el deber de posesionarme a más tardar el día en que debía entrar a ejercer el cargo. No tengo justa causa para demorar la posesión y asumir mi responsabilidad ante el país”.Blu Radio sostuvo que Peña fue claro al decir que la saliente rectora, Dolly Montoya, estuvo como directiva del plantel hasta el miércoles 1 de mayo de 2024, por lo que la universidad no podía quedarse sin un rector designado.“Era mi deber como rector reglamentariamente designado garantizar la continuidad del servicio público de la educación superior, la investigación y los proyectos comprometidos con las comunidades del país por la universidad. Bajo la garantía de la institucionalidad, la autonomía universitaria y el respeto a la ley, la Universidad Nacional de Colombia debe seguir funcionando”, sostuvo Peña.También, mencionó que desea idear más mecanismos para el diálogo y la participación en la resolución de conflictos, como el que actualmente está afectando a la universidad.>>> También puede leer: Galán sobre ataques a Transmilenio: "Encapuchados no son manifestantes, son delincuentes”
La Policía Nacional capturó en la localidad de Engativá, en Bogotá, a un hombre de nacionalidad extranjera que intentaba enviar desde el Aeropuerto Internacional El Dorado un kilo de clorhidrato de cocaína hacia Hong Kong, China.>>> Otras noticias: Encapuchados prendieron fuego a la estación Ciudad Universitaria de TransmilenioEl cargamento de droga estaba camuflado entre 31 gorras que presentaban un aspecto algo deforme, lo que alertó a las autoridades.“Se halló en su poder una caja con 31 gorras en su interior, las cuales presentaban algunas deformidades en su costura, lo que levantó sospechas en los funcionarios que procedieron a verificar la autenticidad de estas gorras y hallaron dentro de una sustancia, al parecer clorhidrato de cocaína”, manifestó Omar Ernesto Páez, comandante de la estación de Policía de Engativá.El capturado fue puesto a órdenes de la Fiscalía General de la Nación y tendría que responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.>>> Siga en noticiascaracol.com: Cayó en Bogotá señalado criminal que fingió su muerte en redes con perfiles falsos