Tras 9 meses de batalla jurídica, el Consejo de Estado (CNE) ratificó la nulidad electoral del alcalde de Apartadó, Héctor Rangel Palacios, por incurrir en doble militancia. >>> Le recomedamos: Exdirectora del Inpec Buenaventura es acusada por supuestos cobros a internos¿Por qué se cayó la elección del alcalde de Apartadó?Una demanda de la oposición acabó tumbando la investidura de Héctor Rangel Palacios como alcalde del municipio de Apartadó, Antioquia. La decisión habría sido tomada porque el mandatario habría incurrido en doble militancia.El fallo del Consejo de Estado confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en mayo del 2024, por medio de la cual se declaraba nulidad de la elección de Rangel, quien podría mantenerse en el puesto unas semanas más hasta que el gobernador Andrés Julián Rendón envíe un alcalde interino.>>> Puede intersarle: Milagro en Antioquia: avioneta se estrelló en Apartadó y el piloto logró salir con vida
Este Domingo de Ramos, 24 de marzo, el papa Francisco quiso homenajear a las últimas víctimas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó de Colombia, una mujer y un niño de 14 años que fueron asesinados por desconocidos el pasado martes."Expreso mi cercanía a la comunidad de San José de Apartado, en Colombia. Hace pocos días fueron asesinados una joven y un niño", dijo el pontífice al término del rezo del Ángelus posterior a la misa del Domingo de Ramos.Y recordó que "esta comunidad en 2018 fue premiada como ejemplo de compromiso por la economía solidaria, la paz y los derechos humanos", ante los más de 60.000 fieles que abarrotaban la plaza de San Pedro, según las últimas cifras facilitadas por el Vaticano.Papa Francisco escarbó "a través de la historia" en su autobiografíaPapa Francisco no leyó la homilíaEl papa Francisco leyó este mensaje tras el Angelus, a pesar de que durante la precedente misa del Domingo de Ramos decidió no pronunciar la homilía.Hace más de tres semanas, el papa Francisco tuvo una gripe y desde entonces, aunque ha seguido con su agenda, no ha podido leer en muchas ocasiones, ya que se cansa al leer largos discursos.Nallely Sepúlveda y el niño Edison David, de 14 años, ambos miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fueron asesinados en ese municipio de Antioquia (noroeste), donde horas antes estuvo el presidente colombiano, Gustavo Petro en un acto de Gobierno.En la región que fue perpetrado este crimen operan principalmente las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país."A nuestro regreso (salida de Apartadó) asesinaron dos miembros más de la comunidad. Fuerzas oscuras quieren reeditar el paramilitarismo en el noroeste del país", expresó el mandatario en la red social X.En su visita a la Comunidad de Paz, Petro planteó una "negociación jurídica" del Clan del Golfo con la Fiscalía para acabar con los negocios ilícitos de ese grupo, lo que daría paso a nuevos diálogos de paz.El papa Francisco respondió a los curas españoles que rezan por su muerte: "Me dan lástima"
Las operaciones de reforestación en el Urabá chocoano avanzan en los municipios de Apartadó, San Pedro de Urabá, Chigorodó y Carmen del Darién, donde ya se han recuperado numerosos ríos y terrenos usados para la siembra de cultivos ilícitos e incluso para el procesamiento de cocaína. El coronel Yhon Fabio Córdoba, comandante de la Brigada número 17 del Ejército, señaló que con estas actividades se evita que los grupos armados sigan consumiendo de manera indiscriminada la selva colombiana.Lea también: Dejan libres a cuatro personas capturadas en operación militar de Putumayo"Logrando recuperar el medio ambiente el agua y la biodiversidad, incluyendo la colaboración de la población civil, de algunas instituciones que mantienen su organización y colaboración como es Corpouraba en esta jurisdicción", señaló el oficial.Para la siembra de los árboles, el Ejército trabaja de la mano con la comunidad. El objetivo es sembrar 3 mil árboles en las zonas donde ya se han erradicado más de 100 hectáreas de cultivos de coca y así evitar la resiembra, instalación de minas antipersonal y la fabricación de laboratorios ilegales.Los habitantes en esta zona del país aseguran que, con esto, se evita que los grupos armados sigan sembrando cultivos de coca pero, además, señalan que así también se pueden evitar los enfrentamientos entre las mismas guerrillas y grupos armados que hoy se disputan el territorio."Trajo estos árboles reemplazando la mata de coca que no trae sino guerra y muerte. Están reemplazando estos árboles, los están plantando para la reforestación", dice Azucena Pérez, habitante de la región del Urabá.Hasta la vereda El Abierto en el Carmen del Darién, norte del Chocó, los soldados llegan con los perros antiexplosivos para evitar que en medio de la siembra de árboles, los militares y los civiles caigan en los campos minados."Hemos sembrado 1.300 árboles nativos de esta región en áreas donde se adelantan labores de erradicación", cuenta el capitán Jhon Alexander Benavides, integrante de la Compañía de Instrucción y Entrenamiento, que hace parte del proceso de reforestación. Los árboles llevados a las zonas de reforestación siguen siendo cultivados en viveros artesanales fabricados por el Ejército Nacional.
En medio de uno de los paros más grandes y convulsos en la historia reciente, los defensores de Derechos Humanos del país tienen un ojo puesto en las calles y otro en la Corte Constitucional. Este alto tribunal se convirtió en el escenario de un insólito choque que puso en alerta a las organizaciones sociales de Colombia y el mundo.En el centro de la controversia está la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que hace un año fue hallada responsable de vulnerar el derecho al buen nombre de la Brigada XVII del Ejército cuando denunció públicamente la supuesta connivencia de sus miembros con el paramilitarismo en el año 2018.“Como Comunidad de Paz dejábamos no solo denuncias a nivel internacional, porque no se hace a través de la Fiscalía, sino constancia de todo lo que estaba pasando, del exterminio a la comunidad, de cómo estaban intentando infiltrar a la comunidad con grupos paramilitares, reclutamiento de jóvenes en la zona y todo el conocimiento de la Fuerza Pública, de la Policía de Urabá y especialmente de la Brigada XVII, cuando hay una base militar en el casco urbano de San José de Apartadó. Allí se planeaban hechos como el atentado en el 2017 a mi persona y a José Roviro López”, dijo Germán Graciano Rosso, representante legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.A través de su página web, la comunidad emitió varios comunicados en donde señalaba hechos presuntamente delictivos y pedía que las autoridades los investigaran y sancionaran. “Son claramente protegidos por la Brigada XVII del Ejército y por la Policía de Urabá, instituciones que hoy están conviviendo con los paramilitares en el casco urbano de San José de Apartadó”, señalaba uno de los mensajes.”La Corte lo que le ha dicho a la Comunidad de Paz es que no puede volver a hacer señalamientos contra la Brigada XVII, sobre sus vínculos con el paramilitarismo hasta que no existan sentencias en firme. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que la comunidad ha sido víctima de más de 300 asesinatos en su contra y solamente un caso ha recibido justicia. ¿Qué implica? Que hasta que no existan sentencias en firme, la comunidad de paz no podrá volver a denunciar”, aseguró el abogado defensor de Derechos Humanos Jorge Molano.Críticas al falloUna sala de revisión de la Corte emitió el fallo que fue cuestionado por la Comunidad de Paz, organización campesina respaldada por Naciones Unidas, Amnistía Internacional y más de 40 organizaciones europeas de Derechos Humanos.”Es condenarnos a la muerte porque si no se puede denunciar, si no se tiene el derecho a la libre expresión, para nosotros las víctimas, nuestra protección ha sido la voz, la palabra, no callarnos. Es muy triste para Colombia, especialmente fallos de estos que atentan contra la libre expresión a los derechos humanos”, aseguró Germán Graciano Rosso.Fernanda Doz Costa, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, cuestionó por su parte que si las organizaciones colombianas no pueden denunciar las sospechas a las violaciones de derechos humanos, entonces cómo se van a iniciar estas investigaciones. “En este contexto actual de paro nacional, donde las organizaciones de la sociedad civil están denunciando casi 40 casos de homicidios por parte de la fuerza pública del Estado y un montón de otras violaciones a los derechos humanos, imagínese si podemos estar denunciando”, cuestionó.La Comunidad de Paz se autoproclamó como neutral frente al Ejército, la guerrilla y los paramilitares para evitar que la población civil quedara en medio del fuego. Veinticuatro años después, con la guerra todavía golpeando, lo que consideran una mordaza a la libertad de expresión llegó por cuenta de un fallo judicial que, reclamaron, fuera anulado.“Si las comunidades no pueden denunciar sus sospechas de que hay grupos armados ilegales ingresando a sus territorios y que las ponen en peligro, cómo haría la Defensoría del Pueblo para hacer las alertas tempranas, cómo haría la justicia para investigar las violaciones de Derechos Humanos”, anotó Doz Costa.Este jueves, cinco magistrados tomaron la decisión de derrotar la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que señalaba que "exigir como requisito para denunciar que haya sentencias condenatorias es desproporcionado a la libertad de expresión, excede los estándares jurisprudenciales y es una carga "excesiva e injustificada".El magistrado Ibáñez también cuestionó que se haya omitido decisiones judiciales que en el pasado condenaron la complicidad de militares y grupos paramilitares que actuaron en Urabá para violentar a la Comunidad de Paz. Así mismo, el documento controvierte que se haya atribuido las denuncias publicadas a la desconfianza y el resentimiento de las comunidades. Por el contrario, señala que la comunidad estaba transmitiendo alertas de habitantes de la zona.Mientras en la Corte Constitucional resuelve este asunto de suma importancia para la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, allá, en Urabá, sus integrantes siguen resistiendo la arremetida de los violentos.Hay que señalar que esta es una decisión de tutela que involucra solamente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Sin embargo, las organizaciones Derechos Humanos cuestionan cuál será el impacto que tendrá a futuro para el trabajo que realizan a diario con la ciudadanía.
‘Si el negro la ataja’ es una fusión de bullerengue, vallenato y tambores con un sabor capaz de poner a moverse al más apático.Alma negra es una agrupación conformada en Apartadó y dirigida por Brayan Brun.
Se trata de Sandra Ochoa, aspirante al Concejo de Apartadó, a quien el partido de La U le retiró su respaldo. La polémica se desató tras conocerse un video en el que la excandidata decía que deseaba que violaran a una mujer y a su hija de tan solo 10 años. “Es más la rabia que le tengo, a esa sí quiero es que la violen”, expresaba la mujer, mientras otra persona la grababa. Sandra Ochoa aspiraba llegar al Concejo de Apartadó (Urabá antioqueño), pero luego de desatarse la controversia, el partido de La U le retiró su respaldo y a través de un comunicado rechazó las declaraciones de la mujer. Además, tampoco contó con el apoyo de los votantes en las urnas ya que solo obtuvo 231 votos. Al conocer los resultados, Ochoa en sus redes sociales aseguró que no sabe quién es la niña de la que hablaba en dicho video. “Solo sé que si dije esas palabras tan fuertes, no estaba en mis 5 sentidos”. La excandidata también manifestó que la grabación fue un hecho premeditado para usarlo en su contra, “de lo contrario no lo guardan 5 años sin denunciarme y luego lo publican antes de las elecciones, después de yo hacer un trabajo arduo y disciplinado con mi equipo político”. El caso de Ochoa seguirá su revisión en el Comité de Ética en el partido de La U, “y se procederá a la expulsión”, según la colectividad.
Su nombre es Sandra Ochoa y aunque aspira a una curul del Concejo de Apartadó, su partido ya le retiró el respaldo y buscará expulsarla de la colectividad. El vergonzoso video que circula en redes sociales deja ver cuando la joven política desea que una mujer y su hija de 10 años sean víctimas de vejámenes. “A ella la dejo sin pelo y que la violen”, dice mientras se le ve recostada sobre un sofá y mirando imágenes en su teléfono celular. “Es la que más rabia le tengo, a esa sí quiero es que la violen”, continúa diciendo, mientras otra persona la graba. “Que le violen la hija”, pronuncia luego de una serie de vulgaridades. Aunque se desconoce a quién se refiere la mujer, sus palabras fueron rechazadas contundentemente por el Partido de la U, el movimiento que la respaldaba. “El partido de la U rechaza vehementemente las afirmaciones de la candidata a la colectividad al Concejo de Apartadó, Sandra Ochoa, quién es un video se refiere manera violenta amenazante a otra mujer y su hija”, dice un comunicado. “Como partido abanderado del proceso de paz y la reconciliación como colectividad comprometida con la que la inclusión de la mujer, manifestamos nuestro total y contundente rechazo a las desafortunadas afirmaciones de la candidata y expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las personas afectadas”, agrega. Además, La U dijo que aunque hoy no les es posible retirarle el aval, buscarán la manera de que sea expulsada y, si es el caso, de que responda en caso de que haya incurrido en algún delito.
