¿Qué poderosos políticos de la costa Caribe se benefician con la fuga de Aída Merlano?

La excongresista tenía claro cómo funciona la compra de votos y quiénes mueven esos hilos. Senadores, asambleístas y concejales estaban siendo investigados.

Aída Merlano tendría claro cómo se manejan las maquinarias electorales en la Costa Caribe y quiénes estarían detrás de ellas por lo que su testimonio, muy seguramente, podría poner en jaque a poderosas familias políticas.

Por eso es claro que con su fuga habría algunos beneficiados.

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"Si ella llegara a delatar seguramente se caerían muchas familias poderosas en el Caribe y hoy, a 25 días de las elecciones, podría dar traste a muchas campañas que hoy pueden ser ganadoras o muchas campañas que están reñidas", explicó el politólogo Carlos Arias, docente de la Universidad Externado.

Su paradero preocupa a algunos.

“La primera incógnita es que ojalá Aída aparezca viva y que no haya sido un complot para sacarla del camino. Esto es poderoso, esto no lo puede hacer una persona; hay tener todo el engranaje para volarse”, dice Alfonso Camerano, abogado penalista.

Por la operación Casa Blanca, con la que capturaron a Merlano, son ocho los políticos que están bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia. La mayoría, miembros de reconocidas familias de la Costa Caribe.

Hay dos congresistas: el senador de Cambio Radical Arturo Char y el representante a la Cámara del Partido Conservador Laureano Acuña, este último se pronunció el pasado 20 de septiembre.

“Yo estoy muy tranquilo porque yo tengo un movimiento totalmente independiente a los demás movimientos y yo respondo por mi movimiento. Yo no puedo responder por los actos de otros movimientos”, señaló Acuña en ese momento.

El informe del alto tribunal destaca que el empresario Julio Gerlein sería el principal financiador de la organización delincuencial. Los concejales de Barranquilla Aissar Castro, Juan Carlos Zamora y Carlos Rojano, así como los diputados Jorge Rangel, Margarita Ballén y Adalberto Llinás también están bajo la lupa de la corte.

Los ocho son señalados de haber participado de la supuesta estructura criminal de manipulación y compra de votos en el departamento del Atlántico, que habría sido constituida por coaliciones entre las familias Gerlein, Char y Name.