Ni el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, ni la Sociedad Hidroituango,fueron informados sobre la adjudicación del contrato para la terminación de las obras civiles de las turbinas 3 y 4. El mandatario solicitó mayor plazo para su entrada en funcionamiento.
“Hay recomendaciones del pool de expertos de hacer pruebas adicionales que se realizarían en uno o dos meses. Estas recomendaciones y otras de expertos en gestión del riesgo deben ser atendidas”, aseguró.
En una carta radicada y enviada al presidente Gustavo Petro, el gobernador pidió más tiempo e intervención del mandatario ante la Creg para que no haya multas.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, salió al paso de las declaraciones de Gaviria y arremetió contra la ministra de Minas y Energía en cuanto a los plazos que tiene Hidroituango para funcionar sin sanciones.
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“Nosotros, en especial de la ministra de Minas y la ministra de Medio Ambiente, lo que hemos visto es una especie de presión para que corramos en el proceso. Nosotros dijimos: 'Pues, hombre, no vemos el apoyo de la ministra de Minas ni de Medio Ambiente, a pesar de que sabemos que el presidente está de acuerdo con que haya pruebas'. Pero ellas, de alguna manera, pareciera que quisieran que sancionarán a EPM”, dijo Quintero.
Por su parte, la Unidad Nacional del Riesgo, a través de un documento enviado a la Asamblea de Antioquia, advierte que los riesgos en el vertedero y la presa de Hidroituango permanecerán durante toda la vida útil de la hidroeléctrica, es decir, 50 años.
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“Además, dice que todo el riesgo de la puesta en funcionamiento será por EPM, que no existió ningún PMU que ordenó ningunas obras adicionales”, indicó Luis Peláez, diputado de Antioquia.
EPM dio a conocer que el contrato para terminar las obras civiles de las turbinas 3 y 4 fue adjudicado a la empresa colombiana Schrader Camargo. Adjudicación que ha levantado ampolla, pues ni el Consorcio Hidroituango S. A., socio mayoritario del proyecto, conoció de alguna licitación pública.
“Nos enteramos por medios de comunicación de que tenían un contrato para terminar las obras civiles de las unidades 3 y 4. No nos habían contado, no habían informado y ese es parte de las obligaciones de EPM”, señaló Javier Darío Toro, gerente de la Sociedad Hidroituango.
La Unidad Nacional insiste en la necesidad de actualizar la circular del riesgo, pues, aguas abajo, hay 38.053 habitantes en tres municipios que podrían correr peligro.
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