Fiscalía solicitará a Tribunal de Bogotá que prohíba a contralora salir del país

La Fiscalía radicará ante el Tribunal Superior de Bogotá una solicitud de audiencia para imputar cargos en contra de la contralora general de la Nación, Sandra Morelli, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Esta actuación, explicó el ente acusador a través de un comunicado, fue iniciada con base en la denuncia presentada por Carlos Abel Saavedra, presidente de uno de los sindicatos de trabajadores de la Contraloría General de la República, quien informó de la presunta existencia de irregularidades en el proceso de arrendamiento de las instalaciones que actualmente ocupa esa entidad (Edificio Gran Estación II).
"Una vez adelantada la indagación penal correspondiente, la Fiscalía logró determinar la existencia de una inferencia razonable de autoría y participación" en relación a "el desconocimiento del principio de planeación. Lo anterior porque no se adelantaron estudios técnicos tendientes a establecer si los dos edificios ubicados en el centro de la ciudad presentaban fallas estructurales que impidieran el cabal desarrollo de las labores constitucionalmente encomendadas a la Contraloría General de la República".
Además, dice la Fiscalía, "el principio de transparencia también pudo ser desconocido en el trámite contractual aludido. Los documentos con los que se soportó la suscripción de los contratos de arrendamiento son simples conceptos y recomendaciones de organismos y entidades que no tienen capacidad técnica para hacer un diagnóstico estructural respecto de tales edificaciones. Adicionalmente, en ninguno de aquellos documentos fue sugerido el cambio de sede de la citada entidad".
Los fiscales del caso consideran que, igualmente, "existieron graves irregularidades en los estudios de mercado que llevaron a la suscripción de los contratos cuestionados. Estos se realizaron con fundamento en una mera comparación de precios extraídos de una página web. No fueron realizados con inmuebles, ofertas y proponentes comparables entre sí y que guarden relación con las necesidades de la Contraloría General de la República".
También que "pudo afectarse también el principio de selección objetiva. Se desnaturalizó el contrato de arrendamiento para incluir en el mismo la adquisición de: ductos, sanitarios, aires acondicionados y mobiliario, entre otros, con pagos amortizados a 10 años o, en todo caso, al momento de darse por terminado el contrato". 
Finalmente, afirma la Fiscalía, "pudo haberse violado el principio de economía, porque aun cuando existían ofertas más favorables del mismo contratista, sin mayor motivación, el contrato fue suscrito con un sobrecosto cercano al 10% respecto de la oferta inicial recibida por la Contraloría".
Dado lo anterior, la Fiscalía solicitará al Tribunal Superior de Bogotá imponer una medida de aseguramiento no privativa de la libertad a Sandra Morelli, específicamente, la prohibición de salir del país.