Reestablecer, al parecer, derechos vulnerados por la administración municipal, es el objetivo de la comunidad del barrio El Naranjal, quienes interpusieron una acción popular, en donde solicitan a los jueces administrativos de la ciudad, una revisión del censo poblacional y de los avalúos, dijo Carlos Ballesteros, representante de las 90 personas que viven y trabajan en el sector.
“No existe una constancia de que el censo se hubiera hecho efectivamente y menos que se hubiera hecho con los elementos técnicos que amerita este tipo de instrumentos. La administración municipal a través de la Edu y de planeación, han presentado unas respuestas que dejan mucho qué desear, no es claro finalmente quién fue el responsable de los censos. La información que nos da la población misma es que a dedo prácticamente se escogía quién quedaba”, aseguró Ballesteros.
Tanto en el barrio El Naranjal como en Arrabal, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) construye con recursos del Fondo Nacional de Ahorro 1.177 viviendas y 98 locales comerciales.