Nueva demanda al Código de Policía: ¿cámaras de seguridad violan privacidad del ciudadano?

Demandante cree perjudicial el uso indiscriminado de datos recopilados por estos aparatos y que sean utilizados sin orden judicial.
Son seis artículos del Código Nacional de Policía que demandó el Centro de Estudios de Justicia porque, según ellos, estarían afectando la intimidad, libertad de expresión y el derecho a la asociación de los ciudadanos.
“Estos seis artículos vistos en su conjunto están creando un estado de vigilancia masiva que permite que el Estado no actúe cuando sospecha de una persona, sino que actúe siempre vigilando, que esté siempre mirando con cámaras”, dice Vivian Newman, directora del Centro de Estudios de Justicia (Dejusticia) y demandante.
Uno de los artículos más polémicos es la utilización de todos los videos recopilados por las cámaras de vigilancia, no solo las que están en las vías sino también, por ejemplo, aquellas que están en conjuntos residenciales.
“El artículo 32 establece que cuando se va por un lugar público el celular, la tableta, el computador, la mochila con la que uno anda en una vía pública pierde su connotación privada y se vuelve pública pudiendo cualquier policía quitarle a uno el celular, la tableta, la mochila porque la connotación privada se pierde”, dice Newman.
Actualmente, Bogotá cuenta con cinco mil cámaras de seguridad que les han permitido a las autoridades la judicialización de delincuentes.
Al respecto la demandante afirma que “a lo que nos oponemos es a la recolección indiscriminada de datos, no cuando hay un delito, no cuando hay una sospecha, sino en general todos los datos de todas las personas van a llegar sin ninguna autorización previa o judicial a la Policía o a quien esté haciendo la investigación”.
Sobre este tema, la Procuraduría emitió su concepto al decir que se opone que se trate como pública toda información que sea captada en las cámaras de seguridad. Justamente una de las preocupaciones de Dejusticia es que esa información del ciudadano termine en manos equivocadas.
“Hay riesgo de mal uso de los datos personales en poder de entidades públicas como, por ejemplo, las que hacen inteligencia. La recolección de esos datos debe ser necesaria y proporcional y no masiva”, dice Dejusticia.
De acuerdo con los demandantes y los estudios que acompañan esa demanda, no hay pruebas de que con la instalación de cámaras de seguridad se reduzca la criminalidad y solo si toda la ciudad tiene dichas herramientas se podría eventualmente haber alguna reducción.