La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó este jueves, de manera unánime, una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país suramericano.
Se espera que con la Ley de Amnistía, que debe ser sancionada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, sean liberados cientos de ciudadanos detenidos en 27 años de chavismo.
Al conocer la noticia, los familiares de cientos de presos políticos dieron fin a la huelga de hambre que adelantaban hace cerca de seis días y que ahora esperan volver a ver libres a sus allegados.
Del total de 10 mujeres que iniciaron la protesta el 14 de febrero, quedaba una, Narwin Gil. La huelga se realizó frente a unos calabozos de la Policía Nacional en Caracas conocidos como Zona 7, donde los familiares montaron campamento desde que en enero se anunció un primer proceso de excarcelaciones.
Familiares reunidos bajo un toldo acompañaron la sesión de la Asamblea Nacional a través de un teléfono celular.
Los excluidos de la Ley de Amnistía
La nueva legislación excluye de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción. (Lea también: Venezuela y Comando Sur de EE. UU. acuerdan luchar juntos contra el narcotráfico y el terrorismo)
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Igualmente, establece la exclusión de personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por "promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial" de Venezuela por parte de "Estados, corporaciones o personas extranjeras".
Los diputados aprobaron conceder la amnistía sobre hechos o "faltas cometidas" durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.
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Además, se designó una comisión especial conformada por 23 diputados -entre opositores y chavistas- que desarrollará e implementará "mecanismos" para asegurar el cumplimiento de la ley, que ya fue enviada a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para su firma y posterior publicación en la Gaceta Oficial. Los parlamentarios podrán contar con la asesoría de expertos.
En el artículo 7, objeto de diferencias entre los parlamentarios y por el cual se postergó el debate la semana pasada, se establece que las personas deben presentarse ante los tribunales para solicitar la amnistía y permite que aquellos que no se encuentren en el país puedan hacer el procedimiento a través de un representante legal.
Entretanto, en el artículo 11 se indica que el tribunal competente verificará las condiciones de la amnistía en cada caso y decretará la nulidad de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para que se anulen a través de una "sentencia de reemplazo", en un lapso "que no excederá de 15 días continuos".
La legislación también dispone que las personas beneficiadas por esta ley que cometan delitos después de la entrada en vigencia de la amnistía serán procesadas con normalidad según la legislación. (Lea también: “Venezuela está mucho mejor hoy” que con Maduro, afirma Marco Rubio)
¿Qué pasará con la Ley contra el odio?
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, admitió el uso inadecuado de la Ley contra el odio -cuestionada por defensores de derechos humanos- y consideró posible una reforma de esta legislación que establece penas de hasta 20 años de cárcel.
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El jefe parlamentario aseguró que la Ley contra el odio es "muy útil", pero reconoció que "hubo situaciones de mala utilización" y aplicación de esta legislación. "Eso es verdad y tiene que ser corregido", afirmó.
En este sentido, señaló que el Programa por la Convivencia Democrática que impulsa el diálogo político en el país a petición de la presidenta encargada, se encuentra "estudiando los alcances" de esta ley, y adelantó que es "muy probable" su reforma en la AN.
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"¿Quién lo va a corregir? El Programa por la convivencia democrática, y también la comisión de seguimiento de la ley de amnistía", agregó. La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país suramericano.
Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa de Nicolás Maduro para acabar con los supuestos mensajes de "odio" que, según el oficialismo, dispararon la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.
Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados "delitos de odio" y desde entonces ha sido criticada por defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido usada como un instrumento "para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder".
La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.
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EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co
*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP
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