Por presunto trasteo de votos, personas fallecidas, y hasta desaparecidas, Consejo Nacional Electoral informó que esos 915.853 documentos quedaron sin efecto.
El CNE, la Fiscalía y la Procuraduría revelaron, además, que 1.397 aspirantes fueron revocados de sus candidaturas a concejos, alcaldías y asambleas en todo el país.
La decisión surgió como producto de más de 50.000 visitas de campo y el contraste de información con bases de datos. Sin embargo, el CNE reiteró que esto no significa que los implicados no puedan salir a votar, ya que podrán hacerlo donde tenían inscrita su cédula anteriormente o demostrando su cambio de residencia.
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Por su parte, Hernán Penagos, presidente del órgano electoral, indicó que los afectados pueden acudir a las instalaciones del organismo para ser reincorporados al censo.
No obstante, quienes no demuestren la transparencia de la inscripción se verán sujetos a sanciones, ya que, según señaló el vicefiscal general de la Nación Jaime Camacho Flórez, “esa conducta es vista en el Código Penal como fraude en inscripción de cédulas y tiene una penalidad que va desde 48 a 148 meses de prisión, conducta que podría agravarse si hay participación de servidores públicos”.
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Los departamentos con mayores irregularidades fueron Antioquia, Atlántico y Santander.
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