Así habría sido el saqueo de miles de millones a la empresa Triple A de Barranquilla

Es un entramado en cuyo centro está la empresa española Inassa y que tiene como protagonistas a varios implicados en el caso Odebrecht.

El canal Isabel Segunda es una empresa pública española dueña de la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A., Inassa, la compañía clave en estas operaciones irregulares.

Inassa, a su turno, era la mayor accionista de la Empresa de Aseo, Acueducto y Alcantarillado Triple A de barranquilla, con el 82 por ciento de las acciones. Otro 14 por ciento corresponde al distrito y lo demás a unos accionistas minoritarios.

Inassa también manejaba la firma recasudos y tributos o R&T, utilizada para el fraude.

En las juntas directivas de Inassa, la Triple A y R&T aparecen personajes comunes. Eran, al decir de un investigador, una sola entidad con nombres distintos.

Todas manejadas desde España por el abogado y empresario Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa y hoy investigado tanto en España como en Colombia.

Actualmente hay dos procesos en la Fiscalía por este escándalo: uno por un contrato de asistencia técnica entre la Triple A e Inassa por más de 230 mil millones de pesos. Dineros que terminaron en España.

Para la justicia, dicho negocio fue simulado y nunca se prestó esa asistencia técnica en los últimos 18 años.

Por este caso los exgerentes de la Triple A Ramón Navarro y Julia Serrano ya fueron sancionados por la Procuraduría con inhabilidad y una multa que supera los 30 mil millones de pesos.

Navarro, además, hoy está detenido en su casa y ya aceptó parte de su responsabilidad en este desangre, mientras Julia Navarro negocia un acuerdo con la Fiscalía.

El otro proceso que se investiga es el pago irregular de la Triple A de contratos ficticios por más 29 mil millones de pesos, montos que salieron hacia las empresas Inassa, Recaudos y Tributos, controlada por Inassa, y la firma Iarco.

En total, se habla de un hueco que ronda los 260 mil millones de pesos.

Las coincidencias con el caso Odebrecht están por todos lados. Políticos en el medio, sobornos trasnacionales, pagos ficticios, entre otro largo etcétera.

Noticias Caracol investigó durante meses y encontró piezas claves en este expediente.

Inicialmente por las confesiones que le entregó a la justicia el expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino, también investigado en España. 

En una declaración de hora y media, tomada por la Fiscalía en septiembre pasado en Madrid, Edmundo Rodríguez Sobrino le puso nombres al entramado de corrupción.

El expresidente de Inassa, dueña de la Triple A de Barranquilla, aceptó que esta empresa de servicios públicos, entre 2012 y 2015, pagó irregularmente 54 facturas falsas y cuatro contratos ficticios por más de 29 mil millones a firmas controladas por Inassa como Recaudos y Tributos, R&T.

Según su relato, el dinero, al parecer, fue requerido por Ramon Navarro, gerente de la Triple A y hoy en prisión domiciliaria. La Fiscalía investiga si esas platas habrían ido a parar a campañas políticas.

Rodríguez Sobrino, además, reconoció irregularidades en el contrato de asistencia técnica firmado por la Triple A de Barranquilla con Inassa que costó 230 mil millones, dinero de recursos públicos que se habría esfumado hacia España.

La Procuraduría presentó una acción popular para proteger el patrimonio del Estado y garantizar el servicio público a cargo de la Triple A. En ese proceso se dictaron medidas cautelares y se decretaron embargos sobre los bienes de Inassa en Colombia. Entre otras, sus acciones en la Triple A, sobre las cuales también hay una medida de extinción de dominio promovida por la Fiscalía.

Lo más jugoso del relato de Rodríguez tiene que ver con millonarios pagos hechos a abogados y magistrados de la Corte Constitucional para favorecer una tutela en Santa Marta de la firma R&T, filial de Inassa.

Por este caso son investigados los exmagistrados Jorge Pretelt, Alexei Julio y Rodrigo Escobar, así como el abogado Víctor Pacheco. Todos, salvo Julio, protagonizaron también el escandaloso caso Fidupetrol, donde se repartieron sobornos para torcer otra tutela.

El caso del presunto soborno enfrentó a la alcaldía de Carlos Caicedo con la empresa R&T por el recaudo de impuestos en Santa Marta. En diciembre de 2012 los entonces magistrados Pretelt y Julio favorecieron a R&T pero, al constatar irregularidades en esa tutela, en 2014, la sala plena de la corte tumbó ese fallo que le habría costado a la ciudad más de 120 mil millones de pesos.

En un documento hallado en la agenda de Rodríguez, y que reposa en un juzgado en España, se leen los nombres de Pretelt, Julio, Escobar y Pacheco y las supuestas cifras en millones de los pagos cancelados.

Rodríguez sobrino busca convertirse en testigo estelar en este proceso. Para ello negocia un acuerdo con la Fiscalía.