La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó separar Policía Nacional del Ministerio de Defensa, tras analizar las múltiples denuncias de uso excesivo de la fuerza en protestas vividas en Colombia en el marco del paro nacional, que inició el 28 de abril.
Un grupo de delegados de la CIDH finalizó el pasado 10 de junio su viaje oficial a las ciudades de Bogotá, Cali, Popayán, Buga y Tuluá y entregó este miércoles sus 40 observaciones.
En el escrito se señala "que de manera reiterada en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y que en muchos casos la actuación incluyó la fuerza letal", según dijo la presidenta de la comisión, Antonia Urrejola, en una rueda de prensa.
En ese sentido, la CIDH alertó sobre el empleo indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes o personas que no participaban en las protestas, tal como lo denunciaron organizaciones civiles, que contabilizan 74 víctimas mortales, al menos 20 de ellas por disparos de uniformados.
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Seguimiento a los DD. HH. en Colombia por uso excesivo de la fuerza en protestas
La CIDH anunció la instalación de un mecanismo especial de seguimiento a los derechos humanos en Colombia, que además continuará monitoreando las protestas, en las que se evidenciaron múltiples casos de violencia sexual, étnico-racial y basada en género, ataques contra periodistas y misiones médicas, desapariciones y tratos crueles.
Además, condenó el vandalismo de grupos de manifestantes, los graves ataques a instituciones del Estado y los bloqueos viales que comprometieron otros derechos fundamentales y ocasionaron en algunas ciudades desabastecimiento de bienes básicos y medicinas y afectaron a la economía y a las empresas con millonarias pérdidas.
La CIDH recomendó al país abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los bloqueos, uno de los puntos más controvertidos del documento debido a que el Gobierno modificó hace tres semanas un decreto presidencial que especifica que los cierres de vías, ya sean temporales o permanentes, no constituyen una forma pacífica de manifestación.
La comisión también instó al Gobierno a promover y reforzar un proceso nacional de diálogo genuino con enfoque territorial que permita la participación de todos los sectores, en especial a aquellos que han sido más afectados por la discriminación histórica.
Igualmente, adoptar las medidas necesarias para asegurar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad del Estado por medio de una investigación imparcial, exhaustiva y expedita de las denuncias de violación de derechos humanos por uso excesivo de la fuerza, así como sancionar a los responsables.
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Gobierno reacciona a recomendaciones de CIDH
El presidente Iván Duque manifestó que “nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. Nosotros hemos sido un gobierno que, como se lo expresamos a la CIDH, somos tolerantes de la protesta pacífica como una expresión de la ciudadanía, pero los actos de vandalismo, de terrorismo urbano de baja intensidad están siendo enfrentados bajo la Constitución y la ley”.
Desde la Cancillería, el Gobierno dijo coincidir “con algunas observaciones contenidas en el documento, las cuales habían sido previstas”.
Sin embargo, “se aparta de algunas consideraciones expuestas por la CIDH, a la vez que expresa la necesidad de que todas las organizaciones de derechos humanos tengan muy en cuenta la responsabilidad que conllevan sus pronunciamientos, en medio de la inestabilidad que afrontan algunas naciones, derivada de la crisis de la economía, el empleo y la salud pública, acarreada por la pandemia del COVID-19”.
Por eso, dijo que rechazaba crear “un ‘Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la Sociedad’, como la anunció la CIDH en su comunicado”.
“Reiteramos que nuestro Estado cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, cimentada en principios democráticos y garantías para todos los ciudadanos y, por tanto, no consideramos necesario un mecanismo de seguimiento”, agregó.
Con relación al uso excesivo de la fuerza en protestas, “el Estado colombiano es enfático en afirmar que los eventos han sido excepcionales y han obedecido únicamente a situaciones en las que resultó necesaria la intervención de la Policía Nacional, previo análisis de los principios de la legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y razonabilidad”, afirmó la Cancillería.
Asimismo, dijo que rechazaba “con preocupación, la sugerencia del presunto uso de la fuerza contra poblaciones específicas, así como una supuesta estigmatización estructural”.
Respecto a la recomendación de la CIDH de separar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y trasladar al del Interior para “garantizar un entrenamiento que consolide la preservación de la seguridad con enfoque ciudadano y de derechos humanos, y no bajo una perspectiva militar”, la Cancillería manifestó que “la preocupación de la Comisión acerca del enfoque militar resulta ajena al contenido sustantivo y orgánico de nuestra Carta Política”.
Frente a este punto, Duque dijo que “no es un tema de capricho, desde prácticamente el segundo gobierno de Alberto Lleras, Colombia ha mantenido esa estructura de manera estable corrigiendo que mientras la Policía estaba en el Ministerio de Gobierno se politizó y eso llevó a grandes brotes de violencia”.
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