Séptimo Día reveló las denuncias de ciudadanos en Bogotá que aseguran haber sido víctimas del hurto de sus vehículos o de sus pertenencias dentro de parqueaderos que consideraban seguros. Los testimonios expuestos en la investigación dan cuenta de presuntas fallas en los controles de seguridad y, en algunos casos, de cuestionamientos por las respuestas recibidas tras los hechos.El 16 de abril de 2026, el ingeniero Ángel Ignacio Arias ingresó a un centro comercial para comer después de permanecer cerca de dos horas y media en medio del trancón. Aproximadamente una hora después, regresó al parqueadero para continuar su camino, pero su camioneta ya no estaba.Al consultar con el personal de seguridad, le informaron que el vehículo había sido sacado minutos antes y que, aparentemente, los responsables habrían forzado la talanquera de salida.“Me fui a comer una hamburguesa y ya a las 7:20 más o menos, o sea, una hora después fui a buscar el carro para seguir mi camino y ya no estaba... El vigilante me dijo: ‘Hace 10 minutos sacaron una camioneta y forjaron la talanquera”, contó Arias.Estos hechos se extendieron a otros sectores de la capital colombiana. El profesor Héctor Gerardo Castro denunció el hurto de su camioneta, luego de dejarla en el parqueadero de un reconocido establecimiento mientras realizaba las compras del mercado. “Cuando baje, no encontré la camioneta en el sitio. Automáticamente supe que se la habían robado”, relató.En otro caso, ocurrido en un parqueadero público de Chapinero, al vendedor Walter David Romero le entregaron su camioneta a una mujer que, según su denuncia, se hizo pasar por su hija. Al reclamarle al encargado por qué había entregado las llaves del vehículo a una desconocida, el hombre le respondió que ella había asegurado ser su hija. Por ello, Walter le aclaró que no tenía hijas.Los casos de Ángel, Walter y Héctor ocurrieron en menos de cuatro meses en diferentes parqueaderos de una misma zona de Bogotá. Sin embargo, la comerciante Isabel Muñoz ya había denunciado una situación similar en mayo de 2022.En el parqueadero ubicado en la calle 175 en Bogotá, Isabel aseguró que dejó su camioneta mientras realizaba unas diligencias y, al regresar varias horas después, ya no la encontró. "Eso fue como a las 10 de la mañana y ya en la tarde que regresaba, pues ya no estaba el carro. Entonces yo le dije, 'Nos robaron el carro’”, recordó.El 22 de junio de 2021, la psicóloga Camila Silva Páez también afirmó haber sido víctima de hurto en el mismo parqueadero donde Ángel dejó su vehículo. Según su denuncia, delincuentes ingresaron a su carro y sacaron objetos de valor mientras ella realizaba una compra.Aunque se trataba de un parqueadero gratuito, Camila cuestionó las condiciones de seguridad del lugar: “No me parece que por ser un parqueadero gratis lo deban robar”.Por esa misma zona, la ingeniera informática Geraldine González denunció otro caso. En julio de 2026, aseguró que delincuentes ingresaron a su vehículo y se llevaron equipos y pertenencias de trabajo. “Me robaron todo mi trabajo, me dejaron sin nada porque pues en mi maleta estaba todas mis pertenencias y sacan todo el vehículo. Me robaron 23 millones”, aseguró.Experimento social con cámara oculta en parqueaderosEl equipo de Séptimo Día realizó un experimento en cuatro estacionamientos de Bogotá para comprobar qué tan rigurosos son los controles al momento de entregar los vehículos. Una productora del programa simuló haber olvidado el tiquete de ingreso e intentó retirar el carro ofreciendo dinero o dando diferentes explicaciones para justificar que no contaba con el comprobante.En el primer parqueadero, el encargado se negó a entregar el vehículo porque la mujer no tenía el comprobante de ingreso. Una situación similar se presentó en el cuarto establecimiento, donde también se mantuvieron los controles y no se permitió retirar el automóvil sin acreditar que correspondía a la persona autorizada.Sin embargo, en los otros dos parqueaderos las medidas de seguridad fueron diferentes. En el segundo establecimiento, el encargado permitió retirar el vehículo con solo presentar las llaves, mientras que en el tercero bastó con diligenciar un formato, sin una verificación rigurosa de la identidad.Tras ser confrontados por el equipo periodístico, ambos establecimientos reconocieron que se trató de un error y una falla en la seguridad.Cifras oficiales sobre estas denunciasEntre 2025 y lo que va de 2026, la Fiscalía investiga cerca de 1.500 denuncias relacionadas con esta modalidad de hurto en Bogotá, alrededor de 500 casos en Cali y poco más de 300 en Medellín. En Bogotá y Medellín, ocho ciudadanos denunciaron ante Séptimo Día que fueron víctimas de robos dentro de parqueaderos donde confiaban en que sus vehículos y pertenencias estarían seguros.Sobre la normatividad, Fernando Dueñas, vocero de los parqueaderos en Colombia, explicó que este servicio implica un contrato de depósito, que establece una obligación de custodia sobre el vehículo y contempla una póliza de responsabilidad civil. Sin embargo, aclaró que esta responsabilidad no se extiende automáticamente a los objetos personales que se encuentren dentro del automóvil."No se responde porque no hay una constancia de su preexistencia, se hace un inventario escrito para que de esa misma manera me responda si le llega a suceder algo”, precisó Dueñas.Por su parte, el vicepresidente del Instituto Colombiano de Derecho al Consumo, Juan Pablo López, indicó que abstenerse de entregar tiquete o carecer de seguridad constituye una “culpa grave”.Quena Ribadeneira, consejala de Bogotá advirtió que: “Siete de cada 10 parqueaderos en Bogotá están operando de manera informal...Nos comprometemos desde ya a hacerle este control a la Alcaldía local y a la Secretaría de Gobierno”, dijo.Estas denuncias y el experimentos social evidenciaron una situación preocupante. Las autoridades avanzan en las investigaciones de estos casos, mientras también se fortalece los controles de seguridad para evitar que los parqueaderos, considerados por los usuarios como lugares seguros, terminen convirtiéndose en escenarios donde sus vehículos y pertenencias quedan expuestos al hurto.
El odontólogo Javier Cely volvió a hablar sobre el proceso judicial que enfrentó durante años por el caso de la fuga de la excongresista Aída Merlano. Tras una lucha incansable, finalmente fue absuelto por la justicia colombiana en 2022.María Elvira Arango, directora de Los Informantes, habló con él sobre un proceso que, según relata, terminó afectando profundamente su vida.El día de la fuga de la excongresistaHace siete años, el 1 de octubre de 2019, Javier Cely atendió a la entonces exsenadora Aída Merlano en el tercer piso del Centro Médico de La Sabana, en Bogotá, para realizarle un procedimiento de rehabilitación oral. Minutos después, la excongresista escapó por una ventana, descolgándose con una cuerda roja.El hecho llevó a que el odontólogo fuera señalado como presunto cómplice y tuviera que afrontar un proceso penal que contemplaba una pena de hasta 15 años de prisión. Cely relató los detalles de lo ocurrido durante aquella consulta y habló sobre la posterior batalla legal que terminó con la ratificación de su inocencia.“Yo me despido y me voy. A los 15 minutos me entra una llamada y me dicen: ‘Javier, su paciente se tiró por la ventana’”, recordó Javier Cely sobre el momento en que se enteró de la fuga de Aída Merlano.Así fue el origen de la consultaSu vínculo con el caso comenzó cuando un colega lo contactó para solicitarle una valoración a la excongresista, quien no estaba satisfecha con dos diseños de sonrisa previos. Según explicó el especialista, la llamada inicial se desarrolló en estos términos: "Necesito pedirle un favor. Tengo una paciente que le han realizado dos diseños de sonrisa en mi clínica y no le han gustado. Entonces, no sé si usted me pueda dar una mano y me puede ayudar a cambiarle el diseño".Al indagar por la identidad de la paciente, su colega le confirmó que se trataba de la exsenadora Aída Merlano. Aunque aseguró que la conocía por las noticias, mas no personalmente, Cely aceptó atenderla y era consciente de que la mujer se encontraba privada de la libertad.La atención estaba sujeta a la disponibilidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, por lo que el profesional aclaró que la programación de la cita no dependía de él. “Me avisan en la noche que si puedo ir al otro día. Como yo ya manejaba mi tiempo, yo le dije que no tengo ningún inconveniente", dijo.Lo que ocurrió dentro del consultorio el día de la fugaLa primera cita fue de valoración y diagnóstico. En esa consulta, acordaron volver a encontrarse una vez estuvieran listas las carillas dentales. La segunda cita se realizó el 1 de octubre de 2019 a las 10 de la mañana.Durante la atención, la exsenadora le pidió a Cely un espacio para poder hablar con sus hijos, Aída Victoria y Esteban, quien en ese momento era menor de edad. "Yo la saludo, entro y ella me dice que si yo le puedo ayudar y le dejo hablar con sus hijos dentro del consultorio. Yo le dije: 'Sí, claro, yo no tengo ningún inconveniente'...Empiezan a llorar, a mi me da pena y me salgo un momento del consultorio”, contó.Al reanudar el procedimiento odontológico, Javier Cely solicitó al personal de custodia que ingresara al consultorio. Sin embargo, los guardias le dijeron que permanecerían afuera.Sobre los constantes desplazamientos que realizó fuera del consultorio y que quedaron registrados en las cámaras de seguridad, el odontólogo explicó: “Yo salgo y entro del consultorio porque como donde yo la estaba atendiendo no era mi consultorio. Entonces, en esa clínica no tenían todo lo que yo necesitaba dentro del consultorio y yo tenía que salir a pedir materiales o cosas que necesitaban”.Al finalizar el tratamiento, Aída Merlano se despidió del odontólogo, como quedó registrado en las cámaras de seguridad. Luego, Cely abandonó el edificio para dirigirse a otra cita que tenía programada. Minutos después, recibió una llamada en la que le informaron que su paciente había escapado por una ventana.Imputación de cargos y detenciónLos hechos ocurridos durante la consulta quedaron registrados en videos que rápidamente se hicieron públicos. Al enterarse de la fuga, Cely regresó al centro médico y rindió voluntariamente su declaración inicial ante las autoridades, mientras el paradero de Aída Merlano aún era un misterio. Sin embargo, la exposición mediática del caso llevó a que fuera vinculado como presunto cómplice de la fuga.La Fiscalía le imputó los delitos de ayuda a la fuga de presos e instrumentalización de menores de edad, cargos por los que, de haber sido declarado culpable, habría enfrentado una pena superior a los 10 anos prisión.El odontólogo permaneció privado de la libertad durante cinco noches. Según contó, durante las primeras horas no tenía colchoneta ni elementos básicos, hasta que uno de sus hermanos logró hacerle llegar algunos suministros y una carta de su hijo mayor, que, según él, le devolvió el aliento. “Él (su hijo) me dice que conoce la clase de papá que tiene y que sabe que todo lo que está pasando, yo no tengo absolutamente nada que ver en eso”.El proceso judicial se extendió durante tres años. En ese tiempo, el odontólogo atravesó episodios de depresión y ansiedad y recibió acompañamiento psiquiátrico. “Me juzgaron, me atacaron, la prensa me dio durísimo. Nunca escucharon mi versión, sino simplemente lo que veían o lo que escuchaban”, dijo.Según su testimonio, durante esos años perdió buena parte de su patrimonio, su práctica profesional y la tranquilidad, mientras se dedicaba a defenderse de unos delitos que asegura no cometió.Absolución de cargos y el intento de reconstruir su vidaDurante el proceso judicial, Aída Merlano se refirió públicamente en dos oportunidades a la inocencia del odontólogo. En una de sus declaraciones, afirmó: "Es un hombre totalmente inocente, que me duele y si me está viendo en este momento le digo: 'Doctor, perdóneme por haberlo involucrado de alguna manera en esto'".El 6 de septiembre de 2022, un juez penal de Bogotá absolvió a Javier Cely de los dos cargos que enfrentaba, tras determinar que no tenía responsabilidad penal en la fuga de Aída Merlano.“Una de las cosas que aprendí fue a no juzgar, porque todo el mundo me juzgó”, afirmó. Javier Cely también reiteró que desconocía los elementos utilizados durante la fuga: “Yo no la vi. Ella saltó con una cuerda. No tengo ni idea cómo llegó. Saltó y parece que se golpeó duro. La estaba esperando una moto y empezó mi calvario".Tras el fallo absolutorio, Javier Cely retomó poco a poco su ejercicio profesional en el consultorio de su hermano y continúa con acompañamiento psiquiátrico. "Quiero que la gente sepa que fui absuelto, que no tuve absolutamente nada que ver... No tengo absolutamente ninguna deuda con la justicia", puntualizó el odontólogo.Mientras tanto, Aída Merlano continúa privada de la libertad y cumple condenas por delitos relacionados con corrupción electoral y por su fuga de la cárcel. En el caso de corrupción al sufragante y compra de votos, recibió una condena de 15 años de prisión; además, enfrenta una pena por violación de topes electorales y otra relacionada con la fuga.Esta semana, Aida Merlano volvió a ser noticia. En medio del proceso por corrupción electoral, su defensa denunció que el celular que la excongresista entregó a la Fiscalía, y que contendría información relevante para el caso, estaría incompleto, habría sido manipulado y cambiado. Actualmente, cumple su condena en una guarnición militar en el Batallón Vergara y Velasco, en Malambo, Atlántico.
Casos que conmocionaron al país y hoy tienen respuesta: la caída de una red trasnacional de tráfico de migrantes, la condena a un temible asesino serial de ancianos, la demolición de una obra ilegal en Bogotá y más. Vea el seguimiento completo de Séptimo Día.
Aurelio Cheveroni llegó a la televisión colombiana a finales de los años noventa como uno de los personajes principales del programa infantil Club 10, transmitido por Caracol Televisión. Con su tono irreverente, coqueto y sarcástico, el lobo marcó a varias generaciones de televidentes. Tras permanecer guardado en un baúl durante años, el personaje regresó a la televisión como jurado e invitado especial en formatos como Yo me llamo y Yo me llamo Mini. Sin embargo, la manera tan natural en que se mueve y gesticula hizo que durante décadas nadie se imaginara cómo funciona en realidad.A diferencia de lo que se especuló entre el público, el muñeco no funciona mediante sistemas de robótica, hologramas o inteligencia artificial. La versión original del títere fue confeccionada en un taller en Estados Unidos con fibra de vidrio, látex, espuma y peluche. Inicialmente el personaje era rosado, pero tras el desgaste del material en las grabaciones y la falta de tela de ese mismo tono, la producción debió reemplazarlo por peluche rojo. Para explicar el cambio de apariencia en pantalla, los creativos inventaron una historia en la que el lobo mudaba de piel.Aurelio Cheveroni es un títere de guante. Fernando Rojas, actor de 56 años nacido en el municipio de Belén de los Andaquíes, en el Caquetá, es el encargado de darle voz, carácter y movimiento a la parte superior del cuerpo. Al revelar en Los Informantes cómo funciona el personaje, Fernando Rojas explicó: "Esto no es más que un títere, miren, esto es un guante. Es un guante. Exactamente. Realmente es un títere común y corriente como es Archivaldo, como es la rana René, Alf", dijo.Una patineta y cinco horas acostado: así funciona Aurelio CheveroniEl proceso para dar vida al personaje en el estudio exige una preparación física rigurosa. Fernando Rojas realiza antes de cada jornada un calentamiento inspirado en los monjes budistas, el cual incluye estiramientos, mantras y música japonesa. Esta rutina le permite despejar la mente y enfocarse por completo en la interpretación del lobo.Durante las jornadas de rodaje, que se extienden entre cinco y seis horas continuas, el actor debe permanecer acostado sobre una patineta adaptada especialmente para el trabajo. En esa postura, mantiene ambos brazos levantados durante todo la grabación: una mano manipula la cabeza y la boca del lobo, mientras que la otra opera el brazo del muñeco. De manera simultánea, un asistente de producción se encarga de mover la cola del personaje desde la parte de atrás.Esta postura genera un alto desgaste en la espalda y los brazos del actor. Al finalizar las grabaciones, Rojas termina con calambres, adormecimiento corporal y dolores musculares. El segundo secreto: un traje a medida para tomas de cuerpo enteroAunque la técnica de guante resuelve los planos medios y primeros planos en el estudio, el personaje requería desplazarse, correr y revolcarse en tomas de cuerpo entero. Para lograr que el lobo caminara frente a las cámaras en planos generales, la producción acudió a un segundo actor.Se trata de Ángel Leal, un artista de 40 años y 1,13 metros de estatura que cuenta con dos décadas de trayectoria en el espectáculo. Leal trabajó anteriormente en espectáculos de enanos toreros, montajes teatrales, el programa Sábados Felices y el show de Juanpis González. Para las escenas de acción y riesgo, el equipo confeccionó un disfraz completo de Aurelio Cheveroni diseñado a la medida exacta de su cuerpo y estatura.Para Ángel Leal, vestir el traje del lobo representó cumplir un anhelo de la infancia mientras veía la televisión en su casa. Al recordar sus deseos de niño y su trabajo el proyecto, Ángel Leal afirmó: "Siento que alguna vez lo soñé cuando era muy niño. Yo decía: 'Uy, tan chévere ser como el lobito.' Todos los fines de semana, los sábados en la mañana, uno prendía la televisión y veía la franja infantil Club 10".Aurelio Cheveroni, un icono en la pantalla colombianaLa articulación entre el trabajo de Fernando Rojas y Ángel Leal consolidó la permanencia del personaje durante más de 25 años en producciones audiovisuales. La combinación de técnica titiritera, destreza física y vestuario a medida mantiene vigente el legado del lobo feroz en la televisión.Aurelio Cheveroni no solo conquistó a los niños de su época, sino también a los adultos que hoy lo recuerdan con nostalgia. Su estilo divertido, sarcástico y carismático le ha permitido conectar con distintas generaciones, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos de la televisión colombiana.
Hace más de tres meses, 99 integrantes de los llamados Comandos de Frontera, liderados por Geovany Andrés Rojas, alias Araña, suscribieron un acuerdo de paz con el gobierno del expresidente Gustavo Petro, entregaron las armas y se concentraron en una zona temporal ubicada en el sur de Putumayo. Sin embargo, el cambio de gobierno los dejó en una situación de incertidumbre, luego de que la administración de Abelardo de la Espriella diera por terminados los diálogos con los grupos armados ilegales y planteara como alternativa el sometimiento a la justicia. Esta decisión provocó la salida de algunos integrantes, mientras más de 60 permanecen en el espacio territorial. Recientemente, el Gobierno Nacional extendió por dos meses más su permanencia en la zona, hasta donde se desplazó un equipo de Noticias Caracol para conocer sus condiciones de vida y recoger sus testimonios.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl escenario de esta concentración es la vereda Betania, zona rural del municipio del Valle del Guamuez, una zona selvática del Putumayo históricamente golpeada por el control territorial de grupos guerrilleros, disidencias, la violencia paramilitar y la economía de la coca. Hasta allí llegaron el pasado 19 de junio 99 excombatientes a bordo de dos helicópteros, acompañados incluso por sus mascotas. Se instalaron en una finca de seis hectáreas bajo el marco de la Resolución 053, respaldada por la MAPP/OEA y países garantes, la cual fijó un tránsito de diez meses para prepararlos hacia la vida civil. En el predio se levantó una aldea de 23 casas blancas con techos azules para 200 personas. En un acto de paz, entregaron sus fusiles en cajas de madera para ser fundidos e incineraron sus uniformes."La libertad es única"Sin embargo, el panorama cambió drásticamente tras la firma de la Resolución 346 por Abelardo de la Espriella, quien puso fin a la mesa de diálogos de paz. La posterior extradición a Estados Unidos de su máximo comandante, alias Araña, desató una desbandada al monte en la que 36 personas abandonaron el lugar, dejando a 63 excombatientes en un encierro donde, dicen ellos, no se les permite salir ni al río. Entre quienes permanecen está Robinson, alias 'El Paisa', un veterano con 20 años en la guerrilla que pasó por las FARC, estuvo privado de la libertad en la cárcel de Chiquinquirá e hizo parte del proceso de desminado humanitario en 2016. Ante el confinamiento actual, 'El Paisa' reflexionó diciendo que "la libertad es única. Usted entre paredes es el olvido, totalmente. Si el Estado olvida al pueblo, en la cárcel lo olvidan todos". Pese al desencanto, ratificó su meta de desmovilizarse: "A mí me gustaba esto, pero la meta mía, mi mentalidad, era entregar mi fusil".En las casas blancas también habitan jóvenes cuyas vidas quedaron marcadas por el conflicto a temprana edad. Natalia, de 29 años, y su pareja Wilson, de 24, un campesino ecuatoriano reclutado a los ocho años cuando quería ser enfermero. La trayectoria de Wilson está atravesada por el dolor de haber visto morir a su hermana en combate hace tres años en Puerto Guzmán. Recuerda que ella le dijo antes de fallecer: "Sálvate y cuando tengas la posibilidad de salir de acá te vas. Quiero que estés con mi mamá y con mis otras hermanitas". Cumpliendo esa promesa, Wilson dejó las armas: "Decidí dejar las armas por el motivo de seguir estudiando, seguir ejerciendo mi carrera como enfermero, pero acá en la vida civil y reencontrarme con mi familia".“Respeten nuestras vidas”: excombatientesFrente a la incertidumbre, la comunidad de excombatientes envió un mensaje al Ejecutivo: "Hemos tomado una decisión de valientes... lo que más pedimos es que respeten nuestras vidas porque esta decisión que tomamos la tomamos fue por todas nuestras familias porque queremos ir a casa".El desacuerdo central radica en la exigencia gubernamental de sometimiento a la justicia sin garantías de transición legal. Arbey, de 36 años, quien recorrió todo el espectro de la violencia en Colombia, pues por grupos guerrilleros, paramilitares, pandillas urbanas y el Ejército Nacional antes de integrar los Comandos de Frontera, rechazó esa condición: "Nosotros no podemos someternos porque el que se somete es la persona que se entrega, que se desmoviliza, que tiene que sapear. Eso es someterse. Nosotros no”.Por su parte, alias El Paisa sostuvo que “yo no me voy a someter, yo ya vengo de una cárcel. Nosotros no somos grupos delincuenciales, somos grupos alzados al margen de la ley en defensa de un territorio".Aunque alias Araña envió una orden desde la cárcel instándolos a continuar en el predio, los excombatientes temen ser arrestados: "Así no nos den el apoyo económico, pero que nos ayuden con la situación jurídica para poder uno movilizarse libremente. Le tememos a que pronto lleguemos a un retén y nos digan: 'Bueno, usted trabajó en un grupo armado ilegal, entonces vámonos para la cárcel'". Mientras corre la prórroga de dos meses, más de 60 personas aguardan una salida legal para retornar a sus hogares sin volver a las armas.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró la extinción de dominio sobre seis bienes relacionados con el cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez conocido con el nombre artístico de Charlie Zaa. El valor de estos bienes asciende los 20.000 millones de pesos y la determinación está relacionada con una investigación que bus establecer si estas propiedades fueron adquiridas con recursos provenientes del extinto bloque del Tolima de las Autodefensas.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA¿Por qué declararon extinción de dominio a bienes de Charlie Zaa?Este expediente se originó en medio de versiones entregadas por integrantes de la estructura paramilitar. El artista, por su parte, ha negado los señalamientos y ha defendido que su patrimonio es producto de más de 30 años de trabajo en el gremio de la música. Además, ha sostenido que parte los recursos para adquirir sus propiedades han salido de las regalías generadas por su música.Con esta decisión, los seis bienes a los que se le hicieron extinción de dominio quedan en manos del Estado colombiano y su destino estará ligado a mecanismos de reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Cabe mencionar que esta extinción de dominio no está relacionada con la compulsa de copias que ya está en la Fiscalía General de la Nación, donde se investiga si hubo o no algún vínculo del cantante con el grupo paramilitar.Las propiedades están avaluadas en 23.755 millones de pesos.¿Por qué investigan a Charlie Zaa?A Charlie Zaa lo investigan por presuntos vínculos con recursos del extinto Bloque Tolima de las AUC y por la posible adquisición de bienes con dinero proveniente de esa organización paramilitar.La investigación surgió a partir de declaraciones de exintegrantes del grupo armado y busca determinar si algunas propiedades asociadas al cantante fueron compradas con recursos ilegales o si él tuvo conocimiento del origen de esos dineros. En julio de 2026, la Fiscalía General de la Nación ocupó varios bienes vinculados al artista, entre ellos un centro comercial, dos discotecas y un hotel, dentro de un proceso de extinción de dominio. Según el ente investigador, estos activos estarían relacionados con operaciones para ocultar recursos del Bloque Tolima. En esa oportunidad, el artista Charlie Zaa publicó en sus redes sociales un comunicado diciendo que "el proceso relacionado con algunos bienes de mi familia continúa en trámite. No existe una sentencia en mi contra, no existe una decisión judicial que haya declarado ilícito nuestro patrimonio y no existe una decisión definitiva de extinción de dominio. La defensa apenas comienza a ejercer plenamente su derecho a presentar las pruebas que demostrarán el origen completamente lícito de nuestros bienes".Agregó el cantante que “he comparecido siempre ante las autoridades con total transparencia y continuaré colaborando con la justicia colombiana cada vez que sea requerido. Confío plenamente en el debido proceso, en la presunción de inocencia y en que será la evidencia —y no los titulares— la que permita establecer la verdad".CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, celebró este lunes las medidas adoptadas en Colombia para la reparación a las víctimas diez años después de la firma del Acuerdo de Paz, incluyendo la participación de exjefes de las antiguas FARC-EP y del Ejército en la búsqueda de restos de desaparecidos. "Estas medidas están contribuyendo a promover los derechos de las víctimas del devastador conflicto armado del país, y allanan el camino hacia una paz y una seguridad sostenibles", subrayó en un comunicado Türk, quien también destacó en particular cómo antiguos responsables de las FARC-EP y del Ejército trabajan juntos en el cementerio de San Antonio de Padua, en Pitalito, para localizar e identificar a personas desaparecidas y entregar sus restos a las familias. "Esta colaboración conjunta entre antiguos adversarios es una poderosa contribución a la verdad, la reparación y la sanación de familias afectadas por el conflicto", agregó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl proyecto forma parte de las medidas establecidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia de transición creado por el Acuerdo de Paz de 2016. Bajo el marco legal establecido por la JEP, personas acusadas de graves crímenes y violaciones de derechos humanos que hayan reconocido su responsabilidad pueden cumplir sanciones restaurativas en lugar de penas de prisión, como por ejemplo la mencionada participación en las labores de búsqueda de desaparecidos. "Esto no puede ser un esfuerzo aislado", alertó el alto comisionado, quien destacó que es fundamental que los mecanismos de justicia y reparación establecidos en virtud del Acuerdo de Paz continúen desarrollándose.Esta declaración se conoce luego de que el canciller colombiano, Ómar Bula, afirmó la semana pasada en Naciones Unidas que el Ejecutivo "remoldeará" lo suscrito en el acuerdo en función de las prioridades que ha dado el presidente Abelardo de la Espriella, quien considera que en Colombia no hay conflicto armado. Sin embargo, el Gobierno se comprometió a fortalecer la articulación institucional con la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el organismo encargado de revisar que se implemente el acuerdo.De la Espriella ha sido uno de los más fervientes opositores al acuerdo de paz con las FARC y su política de seguridad está más enfocada a la confrontación armada, que a las negociaciones con los grupos ilegales. Cabe señalar que el Gobierno de turno no puede derogar el acuerdo firmado en 2016.El primer acuerdo con las FARC cumple 10 añosHace 10 años, el entonces presidente, Juan Manuel Santos, y el último comandante de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, firmaron en Cartagena el primer acuerdo de paz, texto que seis días después fue rechazado en un plebiscito y modificado en las siguientes semanas por el Congreso. La firma de ese documento, con el que las partes buscaban poner fin a más de medio siglo de conflicto armado, fue la semilla de la ilusión de paz que tiene Colombia y la base del acuerdo que el Gobierno y las FARC volvieron a firmar el 24 de noviembre de ese año, que trae los cambios hechos por el legislativo, que es el que hoy se sigue implementando.El acuerdo fue firmado por Santos y Londoño, conocido en su época de guerrillero como Timochenko, en el Centro de Convenciones ante unos 2.500 invitados, entre víctimas, excombatientes, políticos, miembros de la sociedad civil y representantes de la comunidad internacional que asistieron a la ceremonia. "Al terminar este conflicto, termina el último y el más viejo conflicto armado del Hemisferio Occidental. Por eso celebra la región y celebra el planeta, porque hay una guerra menos en el mundo y es la de Colombia", afirmó Santos (2010-2018) ese día.Uno de los momentos más recordados del acto del 26 de septiembre de 2016 fue el susto para todos los presentes pero principalmente para Londoño, que estaba en la parte final de su discurso cuando un avión Kfir causó un estruendo al romper la barrera del sonido volando a baja altura por todo el centro del escenario. "Bueno, esta vez venían a saludar la paz y no a descargar bombas", expresó Londoño al referirse a la experiencia de guerra que dejaron atrás con la firma del acuerdo de paz.El acuerdo pasó de 297 páginas en la versión firmada en septiembre a 310 en la de noviembre, al acoger 56 de los 57 temas abordados en las reuniones entre el Gobierno y promotores del 'no' en el plebiscito, liderados por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). Sin embargo, los cambios que hubo entre los dos textos fueron más cosméticos que profundos y entre ellos destacaba, por ejemplo, que el primer acuerdo no obligaba de manera explícita y detallada a la guerrilla a entregar un inventario exhaustivo de sus bienes y activos de forma inmediata para reparar materialmente a las víctimas, mientras que el segundo sí.El acuerdo definitivo también estableció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional creado por el acuerdo, está diseñado para funcionar diez años, que se cumplen en 2028, con la posibilidad de una prórroga de 10 más, mientras que en el primer acuerdo no se determinó un límite de tiempo.EFE
El Ministerio de Defensa reaccionó a la denuncia de la madre de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, un joven de 18 años que se encuentra entre los siete muertos que se reportaron tras el operativo militar contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en Santa Marta, en el que fue abatido alias Cholo y presuntamente resultó herido alias Pinocho. (Lea también: ¿Quién era alias Cholo, cabecilla abatido por la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Magdalena?)¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa madre del joven, a las afueras del Instituto de Medicina Legal de Barranquilla, donde estaban los cuerpos de los presuntos criminales, negó que su hijo perteneciera a un grupo armado. "Es un niño, solo 18 años. No pertenecía a nada, solo era un obrero", dijo la mujer en un video divulgado en redes sociales, quien también aseguró que su hijo estaba vestido de civil y no portaba armas.Entre tanto, organizaciones de víctimas de ejecuciones de civiles por parte de policías y miembros de las Fuerzas Militares, que en Colombia son conocidos como falsos positivos, pidieron este jueves "justicia para Ricardo Andrés Rodríguez Martínez". "No era guerrillero, volvimos a los falsos positivos para sacar pecho que están ganando la guerra", manifestó en X la organización Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo), en un mensaje dirigido al presidente Abelardo de la Espriella.La operación contra las ACSN fue realizada el 21 de septiembre en el sector de Quebrada del Sol, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y dejó siete muertos y tres capturados, según el balance divulgado por De la Espriella. Entre los fallecidos estaba José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, señalado por la Fuerza Pública como segundo cabecilla y responsable financiero del grupo criminal, que en represalia causó alteraciones en el orden públicos en Santa Marta y otras zonas del Magdalena y La Guajira.Corresponde a la Fiscalía y Medicina Legal esclarecer la totalidad de los hechos: MindefensaTras la denuncia de esta madre de familia, desde el Ministerio de Defensa se emitió un comunicado de cuatro puntos en el que informó:De acuerdo con el proceso de verificación a cargo de las autoridades competentes, se identificó como fallecido durante la reciente operación contra el grupo narcoterrorista Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) o Los Pachenca, a Ricardo Andrés Rodríguez Martínez. (Lea también: Las zonas de dominio de Los Pachenca en el Caribe y la estrategia del Gobierno para enfrentarlos)Respecto a este individuo, adulto de 18 años de edad, ninguna fuente de la Fuerza Pública ha afirmado que fuera hijo de alias Pinocho. Por tanto, las versiones que atribuyen tales declaraciones a la institucionalidad carecen de veracidad o sustento oficial y solo buscan desinformar.En el marco del Estado Social de Derecho, corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los peritos de Medicina Legal esclarecer la totalidad de los hechos, así como establecer motivos y actividades de personas presentes en la zona donde se desarrolló el despliegue militar.El Ministerio de Defensa Nacional reitera su plena colaboración con la justicia, reafirma su compromiso con la verdad y rechaza la invención de versiones irresponsables para distorsionar la realidad de los hechos y confundir a la ciudadanía a partir de las actuaciones legítimas del Estado.NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
Este miércoles 23 de septiembre, en Senado de la República fue negada la moción de censura al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora. Con 65 votos por el no y 17 por sí, en el Congreso no se aprobó la moción impulsada por el Pacto Histórico tras la muerte de tres menores de edad durante un bombardeo el pasado 27 de agosto en zona rural de El Retorno, departamento de Guaviare, contra las disidencias de alias Calarcá.Esta votación que hundió la moción de censura contra Mora se convirtió en un nuevo triunfo del gobierno De la Espriella después de que el pasado 15 de septiembre se hundiera también la moción de censura contra Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, quien fue criticado por un viaje que llevó a cabo con su familia a Santa Marta en medio de la emergencia que vivía Colombia tras el terremoto del pasado 10 de agosto.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA“Es difícil determinar la edad de un joven desde los 15 años": MindefensaEl día martes se llevó a cabo en la Cámara de Representantes el debate de moción de censura contra el ministro Mora y él en su intervención dijo que “este es un Ejército y una fuerza pública que respeta a los menores de edad, pero desafortunadamente cuando hacen parte de un grupo armado, cuando ostentan armas ilegales, cuando están en un campamento en función continua de combate, el Derecho Internacional Humanitario establece que pierden esa protección. Es una cruda realidad. Y nos duele que así sea, pero así es el conflicto que liberamos en Colombia hace 60 años dentro de un marco del derecho de la guerra que está contemplado. Y en el mundo miles de países han sufrido esta tragedia”.Agregó Mora que “es muy difícil determinar la edad de un joven desde los 15 años en adelante. La contextura física de un joven de 15 años puede ser superior a que usa uno de 20, 18, 25; es muy difícil. Y un agente de inteligencia que recopila un proceso de inteligencia no puede llegar a pedirle a cada uno de los del grupo, ‘muéstreme su cédula, su tarjeta de identidad para saberlo’. Él hace una inspección general, hay un procedimiento de inteligencia que eso es un trabajo de la inteligencia que está dentro del marco de la ley de inteligencia. Entonces, cuando Medicina Legal determina los menores de edad, es cuando yo salgo a dar declaraciones y establezco que dentro de los muertos en desarrollo de esta operación hay tres menores de edad. Y ahí repetimos nuevamente nuestra posición. Todo menor de edad reclutado es una víctima, por supuesto, y lamentamos profundamente su utilización en la guerra por los grupos armados que lo reclutan, los arman, los entrenan y lo llevan a un campamento y después lo llevan a combatir o a cometer actos de crímenes. quienes reclutan son los culpables y yo no puedo llegar ante la opinión pública ocultar esta gran realidad y la tengo que decir siempre dentro del marco constitucional y en este caso el DIH”."Reclutamiento de menores no puede ser incentivo para grupos armados"Finalmente, el Mora mencionó que “el reclutamiento de menores de edad no puede convertirse en un incentivo para los grupos armados organizados y mucho menos para los cabecillas. Esto es claro y esto debemos reflexionar porque lo que estamos haciendo lo que hace es incentivar a que estos bandidos, estos cabecillas vean en eso una manera de protegerse. La mejor manera para atacar el reclutamiento de menores de edad en la guerra que estamos librando con contra los narcoterroristas es arreciar contra ellos, es ser contundentes contra ellos, es arrebatarles el control territorial que eron durante 4 años le concedieron. Es no permitirles la libertad de acción, el tiempo y el espacio para seguir reclutando menores de edad en nuestras veredas, en nuestros municipios. Es llevarlos a través de una presión constante hacia la profundidad de la selva y allá bombardearlos como hemos hecho. Aquí no los hemos bombardeado en medio de la población civil, los hemos bombardeado en medio de las pesas selva donde se ocultan cuando la presión de la fuerza los lleva a sus ratoneras”.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
Abelardo de la Espriella cumple este lunes un mes en la presidencia de Colombia entre anuncios, guiños y polémicas, con una intensa agenda atravesada por su "mano de hierro" en el conflicto armado y su respuesta al gran terremoto que golpeó el país el 10 de agosto. Ya en su toma de posesión dio unas pinceladas de lo que iban a ser los primeros pasos del autodenominado "el tigre" al frente del Gobierno colombiano: intervención de un rabino, un pastor, y un sacerdote; presencia de destacados líderes de la ultraderecha latinoamericana; fuerte manejo de los símbolos, comunicación centralizada y un discurso ante militares dentro de un destacamento. Pero el presidente colombiano apenas tuvo tiempo para desplegar planes y promesas porque menos de tres días después de la toma de posesión debió enfrentar un terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado al menos 331 muertos y 4.519 heridos.De la Espriella mantuvo una actividad frenética en los primeros días, viajando a los lugares más afectados, reuniéndose con líderes locales, y recabando entre los empresarios locales y países amigos ayuda para la búsqueda de supervivientes y financiación para la reconstrucción. De un lado, el presidente logró mostrarse cercano, con las mangas de la camisa arremangadas, dispuesto a ayudar a los damnificados, a la vez que hábil para aunar voluntades y lograr importantes donaciones, empezando por los 26,5 millones de dólares comprometidos en total por Washington. De otro lado, De la Espriella fue criticado por lanzar balones con propaganda de su partido a un grupo de damnificados en Buenaventura y por pasar las ofertas de ayuda por un filtro ideológico, dejando fuera -por ejemplo- a un reputado equipo de rescatistas mexicanos.Casi cuatro semanas después del terremoto, De la Espriella y su Gobierno deben comenzar a aterrizar las promesas de reconstrucción y materializar la recuperación de las regiones más afectadas, algunas de ellas lastradas por un subdesarrollo endémico. Su manejo de la crisis será clave para la percepción social de su mandato. Le esperan, según cifras oficiales, 36.336 viviendas destruidas y 201.010 dañadas, así como daños en 400 centros de salud, 4.292 centros educativos, 5.600 centros comunitarios, 468 vías y 5 aeropuertos, 140 acueductos y 104 puentes, entre otros efectos del terremoto.El conflicto armadoEn la última semana, conforme descendía la emergencia inicial del terremoto, De la Espriella ha concentrado su atención -y su prolija actividad en redes sociales, por donde fluye la mayor parte de la comunicación oficial- en la confrontación de guerrillas, grupos armados y narcotraficantes. Esta semana habló de "la fuerza de las armas y de las leyes", prometió "mano de hierro" y su Gobierno avanzó la preparación de una lista terrorista que permitirá al Ejecutivo actuar con más celeridad y recursos contra los grupos armados.El propio presidente anunció que el Ejército había detenido en este primer mes a nueve criminales (miembros del Tren de Aragua, las disidencias de las Farc, el Eln y bandas armadas) y matado a cerca de 40 personas, presuntos integrantes de una disidencia de las Farc y de un grupo criminal. Además, De la Espriella aseguró este domingo que en su primer mes, las Fuerzas Armadas se han incautado de 49.379 kilos de estupefacientes y 1.485 armas de fuego, además de erradicar 1.321 hectáreas de coca.Significativamente, Presidencia envió en los últimos días a los medios dos videos en los que el presidente aparecía entre cadáveres embolsados, lo que generó una controversia a la que el mandatario parece inmune. El mensaje es de tolerancia cero.Hay más ejemplos. Desde que De la Espriella es presidente al menos seis menores han muerto en bombardeos del ejército a campamentos de distintas guerrillas, según el Instituto de Medicina Legal, víctimas en principio del reclutamiento forzoso. Pero cuando un juzgado le prohibió al Gobierno este tipo de acciones si se sospecha que puede haber menores involucrados, el Ejecutivo anunció que apelaría un "fallo absurdo e inconstitucional".También ha apelado el Gobierno la decisión de otro juzgado que le requirió pedir perdón por haber empleado en su investidura el lema "Viva Cristo Rey", frase que pone en duda la neutralidad del Estado, y desde entonces De la Espriella no acaba discurso ni mensaje en redes sociales sin repetirlo.Estados Unidos e IsraelEn el ámbito internacional destaca el alineamiento de De la Espriella con Estados Unidos, con quien Colombia ha suscrito un acuerdo en materia de seguridad que le reportará 1.000 millones de dólares en asistencia. Está previsto además que este martes De la Espriella reciba en Barranquilla al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para avanzar en la lucha contra el llamado narcoterrorismo, analizar el reparto de la ayuda tras el terremoto y estudiar cómo estrechar lazos económicos y comerciales.También se ha acercado la Colombia de De la Espriella a Israel -después de que su predecesor, Gustavo Petro, rompió relaciones tachando de genocidio la guerra en Gaza- y ha reconocido los Altos del Golán como territorio israelí. Tel Aviv, a cambio, mandó rescatistas tras el terremoto. De igual forma, Colombia ha denominado como marroquí todo el territorio del Sáhara Occidental, agradando a Rabat, otro estrecho aliado estadounidense. EFE
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Estado colombiano para que mantenga los límites establecidos por la Constitución y el derecho internacional humanitario en medio de las operaciones contra grupos armados ilegales. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó la manera en que fueron presentados públicamente los cuerpos de personas que murieron durante la Operación Azarías, desarrollada en el Guaviare.En un pronunciamiento, Marín Ortiz se refirió a las imágenes en las que el presidente de la República aparece caminando entre cuerpos ubicados en tulas blancas, después del operativo militar. Según el reporte oficial citado por la funcionaria, durante la operación murieron 23 integrantes de estructuras de alias Iván Mordisco, entre ellos algunos mandos de esa organización. Medicina Legal estableció que dos de las personas fallecidas eran menores de edad.“El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel”, manifestó la defensora, al señalar que la obligación estatal de enfrentar militarmente a los grupos armados debe cumplirse dentro de los límites constitucionales y del derecho internacional humanitario.La funcionaria aclaró que su reflexión no busca desconocer el deber de la Fuerza Pública de proteger a la población ni cuestionar por sí mismas las operaciones militares legítimas. Su preocupación está relacionada, explicó, con la manera en que el Estado ejerce el poder y comunica los resultados de sus operaciones.“Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”, dijo la defensora.Para la Defensoría, las imágenes y los símbolos utilizados por las instituciones públicas tienen relevancia porque transmiten mensajes a la sociedad sobre los valores que representa el Estado.“No deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”, señaló Marín Ortiz.La defensora recordó que Colombia lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflicto armado y criminalidad organizada, escenarios en los que la muerte de civiles y combatientes ha sido recurrente.En ese contexto, afirmó que los grupos armados ilegales pueden actuar con crueldad y desconocer las reglas básicas de humanidad, pero sostuvo que el Estado no debe responder utilizando las mismas formas. “Ese lenguaje de quienes prefieren la muerte a la vida no puede convertirse en el lenguaje del Estado”, expresó.En su pronunciamiento, la Defensoría también hizo referencia al derecho a la vida y a las restricciones que deben observar las autoridades incluso durante operaciones militares.Marín Ortiz explicó que la Constitución reconoce la vida como un derecho fundamental de aplicación inmediata y de carácter inviolable. Sin embargo, señaló que el ordenamiento jurídico contempla situaciones específicas en las que puede producirse una privación de la vida, como la legítima defensa o la baja de combatientes en determinadas circunstancias de un conflicto armado, de acuerdo con el derecho internacional humanitario.En todos los casos, sostuvo, la privación de la vida no puede ser arbitraria y debe estar sometida a criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.La funcionaria también recordó que el derecho internacional humanitario establece límites incluso durante la guerra. Entre ellos está el deber de respetar y tratar dignamente a las personas fallecidas.Por esa razón, la Defensoría señaló que una acción militar puede ser legal y necesaria, pero eso no elimina la obligación de preservar la dignidad humana.Advertencia sobre medir la seguridad por el número de bajasOtro de los puntos abordados por la defensora fue la existencia de un portal denominado “Las Bajas del Tigre”, del cual aclaró que no se ha confirmado que sea una página oficial. Según explicó, allí se registran muertos y otros resultados operacionales desde la posesión del nuevo presidente.Marín Ortiz pidió cautela frente a este tipo de indicadores y recordó que Colombia ya vivió las consecuencias de una política en la que los resultados militares eran evaluados a partir del número de bajas en combate.La defensora hizo referencia a los llamados falsos positivos, hechos que actualmente son objeto de juzgamiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La funcionaria aclaró que no estaba afirmando que los cuerpos presentados tras la Operación Azarías respondieran a esa lógica. Sin embargo, planteó la necesidad de utilizar indicadores más amplios para evaluar la seguridad.Según su planteamiento, la seguridad debería medirse también por los derechos garantizados y las vidas salvadas, especialmente las de la población civil que permanece expuesta a las acciones de grupos criminales.“El poder del Estado no se mide únicamente por su capacidad de imponerse por la fuerza, sino por los símbolos con los que se presenta ante la sociedad”, afirmó.La defensora concluyó que el Estado no necesita parecerse a los grupos armados que combate para demostrar su fortaleza. “Defender la dignidad cuando se trata de quienes consideramos adversarios es precisamente cuando demostramos que la dignidad humana es un principio y no solo una declaración en todo tiempo y lugar”, finalizó.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Dos municipios del Cauca se encuentran en el centro de la atención por acciones armadas contra la Fuerza Pública registradas de manera simultánea. De acuerdo con los reportes conocidos a esta hora, una base militar de Inzá, en el oriente del departamento, es atacada con ráfagas de fusil y explosivos, mientras que la subestación de Policía de El Carmelo, en Cajibío, fue blanco de un ataque con drones cargados con explosivos.En Inzá, los reportes preliminares de testigos indican que disidencias de las Farc estarían atacando la base militar ubicada en este municipio. La acción incluiría ráfagas de fusil y el lanzamiento de explosivos contra la unidad militar.Ante la situación, los uniformados respondieron al ataque. Hasta el momento, la información disponible no reporta un balance de personas heridas como consecuencia de estos hechos. Además, en el municipio de Cajibío se registró otra acción contra la Fuerza Pública. La subestación de Policía de El Carmelo fue atacada con drones cargados de explosivos, según los reportes conocidos.La situación vuelve a poner a la población civil en medio de acciones armadas que se desarrollan en zonas donde permanecen comunidades. Por ahora, tampoco se reportan heridos en este punto. Se espera que las autoridades brinden más información en las próximas horas.Las autoridades mantienen la atención sobre lo ocurrido en ambos municipios mientras se conocen mayores detalles de las acciones y de sus posibles afectaciones.Otros ataques contra la Fuerza PúblicaLos hechos registrados en Inzá y Cajibío se conocen apenas horas después de otros ataques contra integrantes de la Fuerza Pública en Norte de Santander, ocurridos durante la noche del viernes 4 de septiembre.En esa región, la estación de Policía del corregimiento de Guamalito, en el municipio de El Carmen, fue atacada en una acción atribuida al ELN. Las imágenes conocidas posteriormente mostraron parte de la infraestructura destruida, con el techo afectado y escombros en diferentes sectores del lugar.De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Defensa, el ataque contra Guamalito ocurrió de manera simultánea con una acción contra el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, donde está ubicado el Batallón de Infantería N.° 15 General Francisco de Paula Santander.Según la entidad, integrantes del ELN utilizaron aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos que impactaron dentro de la unidad militar. Tras el ataque, las tropas activaron los protocolos de seguridad y realizaron una maniobra para asegurar el perímetro y verificar la posible existencia de nuevas amenazas.Durante esa operación se produjo un combate de encuentro con integrantes del ELN. Como consecuencia de estos hechos murieron el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlo Marrugo Manjarrez. Además, una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana resultó afectada.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
La Fiscalía General de la Nación judicializó al teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y a los sargentos segundos Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna, señalados de, al parecer, recibir dinero de una estructura del Clan del Golfo en Antioquia a cambio de suministrar información reservada relacionada con operativos y movimientos de tropas del Ejército Nacional.De acuerdo con la investigación, los tres uniformados, quienes estuvieron adscritos al Batallón Rifles de Caucasia (Antioquia) y al Batallón de Infantería de Selva No. 48 ‘Prócer Manuel Rodríguez Torices’, en el sur de Bolívar, habrían hecho parte de una red dedicada a obtener y filtrar información estratégica sobre las acciones militares adelantadas contra esa organización criminal. Según la Fiscalía, esta estructura operó entre enero de 2022 y febrero de 2025 y contó con la intermediación de Teresa Jaramillo Giraldo, alias La Tía, quien ya fue condenada por estos hechos.Gobierno anuncia giro en estrategia contra grupos criminales: "Serán tratados como terroristas"Las pruebas contra los militaresLas pruebas recopiladas por el ente acusador indican que el 2 de enero de 2022, cuando tenía el grado de subteniente, Bravo Olaya habría recibido un millón de pesos por intermedio de un militar retirado para alertar posteriormente sobre los desplazamientos de las tropas bajo su mando en zona rural de Ayapel, Córdoba.Asimismo, la Fiscalía sostiene que Sicacha López habría aceptado pagos a cambio de compartir información relacionada con las operaciones militares en las que participaba. En el caso de Henao Luna, las autoridades lo señalan de haber recibido dinero por entregar datos privilegiados sobre los movimientos de la escuadra que comandaba, presuntamente después de recibir una llamada de un suboficial retirado el 14 de abril de 2022.Los procesados fueron capturados en operativos realizados por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional en Cali (Valle del Cauca), el corregimiento de Buenavista, en Distracción (La Guajira), y Yopal (Casanare).Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó, de acuerdo con su presunta participación en los hechos, los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado. Sicacha López aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia, mientras que Bravo Olaya y Henao Luna fueron enviados a un centro carcelario con medida de aseguramiento intramural.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
En entrevista con Noticias Caracol, la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó este lunes un alarmante diagnóstico de la crisis de derechos humanos en Colombia, fundamentado en el informe institucional titulado "Decisiones impostergables en derechos humanos". Marín advirtió sobre la expansión de los grupos armados ilegales, el uso indiscriminado de nuevas tecnologías en el conflicto, cifras históricas de cultivos ilícitos y el reclutamiento forzado de menores de edad. Sobre ese último punto, de hecho, la ONG Human Right Watch (HRW) le pidió al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que adopte medidas para acabar con el aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados -unos 1.500 desde 2021- que consta precisamente en ese informe de la Defensoría del Pueblo.El reclutamiento infantil es el aspecto más desgarrador expuesto por la defensora del Pueblo, en especial el incremento sistemático del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de todos los grupos armados. La funcionaria denunció que estas estructuras criminales están empleando redes sociales para persuadir y seducir a menores de edad ofreciéndoles bienes materiales como tenis, celulares y motocicletas. "Es otro de los indicadores más dolorosos del crecimiento de los grupos armados, que están usando de una manera sistemática menores de edad (...) También el uso de nuevos mecanismos pues para seducir a estos menores de edad, por ejemplo a través de las redes sociales, donde además les ofrecen tenis, celulares, motos y terminan persuadiéndolos".Esta situación azota severamente a las comunidades étnicas de regiones como el Cauca, donde cerca del 50% de los menores reclutados son indígenas, y al sumar a la población afrodescendiente, la cifra asciende al 56-58%. Marín denunció que muchos de estos niños son trasladados lejos de sus hogares para ser utilizados como primera línea de combate o quedar expuestos a bombardeos y alertó sobre un preocupante subregistro en las cifras oficiales. "Estamos muy convencidos de que esto no obedece a una disminución de la práctica sino a una reducción de la denuncia de parte de las comunidades -explicó la defensora-. Estamos viendo cada vez más menores de edad que mueren en combates entre los grupos, como este año en Guaviare en bombardeos en los últimos años son decenas la cantidad de niños que han muerto en bombardeos, pero el subregistro es enorme".La defensora se refirió también a otros puntos, como la expansión de grupos criminales, el uso de drones con explosivos y las alertas tempranas que emite ese organismo.De acuerdo con la radiografía de esa entidad, el panorama de seguridad en las regiones muestra dinámicas complejas e intensificadas por disputas territoriales que terminan afectando directamente a la población civil. Al analizar las causas de esta preocupante realidad, la defensora señaló que en el territorio confluyen principalmente tres factores de violencia organizada. "Colombia está en una situación bastante delicada, tiene presencia de al menos tres tipos de dinámicas : na es la herencia del paramilitarismo, que está conformada por los autodenominados Gaitanistas y los Conquistadores de la Sierra; una segunda dinámica que son las disidencias y desertores de las extintas Farc, y una tercera dinámica que es Eln principalmente, además de la criminalidad organizada", comentó Marín en este noticiero.La defensora explicó que el crecimiento de estas estructuras armadas, en especial de las disidencias y desertores de las Farc, obedece en parte a "retrasos históricos en llegar a las zonas que en su momento dejaron a través de inversión social" y al poco cumplimiento del acuerdo de paz. De igual forma, destacó que el grupo con mayor expansión territorial actualmente es el Clan del Golfo (autodenominados Gaitanistas), una organización dedicada a economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y la extorsión. Estas disputas y luchas por el control han disparado las cifras de masacres en el país, convirtiendo al presente año en el de mayor cantidad de estos eventos violentos desde 2018.Una de las mutaciones más alarmantes en los métodos de combate de los grupos armados ilegales es el uso creciente de tecnologías no tripuladas, específicamente drones cargados con explosivos, los cuales han generado desplazamientos y zozobra en regiones como el Cauca, Catatumbo y Antioquia.Frente a esta letal estrategia, Marín fue enfática al exigir el cese inmediato de su uso y condenar estas acciones de cara al derecho internacional humanitario. "Hay una obligación de los grupos armados de no usar estos artefactos explosivos que muchas veces se dirigen de manera indiscriminada y se causan daños a la población civil. Este es un crimen de guerra, nosotros lo hemos manifestado así en diferentes oportunidades", alertó la defensora en Noticias Caracol. De igual forma, instó a que la fuerza pública fortalezca e implemente de manera prioritaria tecnologías antidrones para salvaguardar a las comunidades atrapadas en medio de las hostilidades.Por otro lado, con un registro que supera las 261.000 hectáreas de cultivos de coca en el país, la Defensoría reconoce que los cultivos de uso ilícito constituyen un pilar clave del conflicto armado. Al ser consultada sobre la propuesta gubernamental de realizar aspersiones aéreas mediante bioderbicidas de alta generación, la defensora llamó a la precaución, la transparencia y al estricto cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Al respecto, la funcionaria expuso la ruta que el Gobierno debe seguir si decide emplear este mecanismo. "Si se va a acudir a la erradicación forzada por diferentes formas, por ejemplo la versión aérea tiene que agotarse primero tras vías y también hacer pública y transparente cuál es esa sustancia para garantizar que no vaya a generar daños a la salud y seguir la jurisprudencia de la Corte Constitucional", afirmó.No obstante, Marín subrayó la necesidad de entender este fenómeno como una profunda problemática social: "Los campesinos y las campesinas en estas zonas del territorio requieren alternativas que sean sostenibles para su economía y la erradicación es un primer paso pero es insuficiente para realmente resolver el problema de fondo".Actualmente, el organismo mantiene vigentes 120 alertas tempranas en Colombia, incluyendo una reciente alerta emitida para la capital del Cauca, en Popayán, debido a la amenaza y presencia de grupos al margen de la ley tanto en zonas rurales como urbanas. No obstante, la funcionaria criticó la falta de efectividad práctica del Estado frente a estas advertencias. Aunque el sistema de indicadores de la Defensoría muestra que aproximadamente el 50% de las recomendaciones técnicas de las alertas se cumplen, Marín advirtió que la calidad de esta respuesta gubernamental es limitada y superficial. "Muchas veces las acciones que más se cumplen son las de hacer reuniones o sacar directivas pero no las que tienen un impacto más digamos práctico operacional y dinámico en el territorio", detalló la defensora, quien en entrevista con Noticias Caracol propuso también coordinar una articulación intersectorial de alto nivel con el Ministerio del Interior para que las acciones estatales protejan estratégicamente a la población antes de que se consumen los riesgos advertidos.NOTICIAS CARACOL
En el último tiempo, en el fútbol profesional colombiano se han dado fichajes de jugadores experimentados, con gran recorrido internacional e incluso con pasado en la Selección Colomba. Falcao, García, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Hugo Rodallega, Carlos Bacca, Luis Muriel, Teófilo Gutiérrez y Juan Guillermo Cuadrado son algunos ejemplos y además tienen algo en común: todos arribaron con acción, ritmo o minutos de juego. Para este semestre, Independiente Medellín anunció a Jackson Martínez, quien no juega a nivel profesional desde 2020. La llegada de 'Chachacha' tiene ilusionados a los hinchas, pero en el periodismo tiene un análisis más profundo y eso quedó en evidencia en 'Jugada Maestra', de 'Ditu'. Nelson Gallego, exentrenador con énfasis en divisiones inferiores y formativas, no se guardó nada sobre el tema. "Es muy preocupante que en Colombia no haya centrodelanteros, es una situación que tenemos que tratar de arreglar y mejorar porque imagínese traer un jugador que hace seis años no juega. Es muy bueno por Jackson, pero va en detrimento del fútbol colombiano. Si un Jugador que tiene entre 19 y 25 años no juega hace 6 años, hay un problema, pero entre 34 y 40 años es mucho más grave. Entonces en Colombia no hay nada, Amaranto Perea llegó y no vio nada en las divisiones menores. Era una opción que tenía que quemar viendo jugadores y optó por traer a Jackson, mejor dicho el Tren Valencia porque tiene muchos kilos si no también lo buscan, no podemos llegar hasta allá. Eso no ayuda para nada al fútbol colombiano. Lo lamento mucho, Jackson fue un gran jugador, una gran persona, pero para el fútbol como tal eso no es un buen ejemplo", dijo el profesor. Gallego tampoco se quedó atrás al momento de poner su mirada sobre una fase del juego en nuestro país. "En Colombia no se trabaja la defensa, no existen los relevos antes uno gambeteaba lateral y de una vez tiene que llegarle a gambetear al defensor central de ese costado. Ahora un tipo coge la pelota y se la lleva y la transporta por 30 metros hasta el otro arco. No trabajamos defensivamente. Nadie mira la pelota en el tiro de esquina", concluyó.
El expresidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) Gilberto Madaíl pidió este martes "humildad" aCristiano Ronaldotras su repentino abandono de la concentración de la selección de Portugal por la importancia que ese organismo, afirmó, ha tenido en la carrera del delantero."Ronaldo debería tener la humildad de reconocer que también fue gracias a la Federación (...) que consiguió lo que tiene, todo el prestigio del que goza hoy", dijo Madaíl en una entrevista con la emisora portuguesa Rádio Renascença.Madaíl, que presidió la FPF entre 1996 y 2011, lamentó esta polémica que "el país no entiende" y recordó el apoyo y el trato que la FPF brindó a Cristiano a lo largo de toda su carrera."Me entristeció mucho ver cómo Cristiano Ronaldo recibió apoyo en la selección, la forma en que el (exseleccionador) Luiz Filipe Scolari lo mimó cuando sufrió la desgracia de la muerte de su padre, la forma en que todos en la Federación lo trataban, y ahora esta situación", señaló."No sé hacia dónde se dirige Cristiano, se dirige hacia lo que él quiere. No sé qué es, ni quiero saberlo", añadió Gilberto Madaíl.El sucesor de Madaíl en la Federación y presidente entre 2011 y 2025, Fernando Gomes, se negó a "entrometerse" en la situación y mostró su deseo de que se resuelva "de forma satisfactoria"."Creo que todos los portugueses tienen esa esperanza de que la situación pueda resolverse de forma satisfactoria y para contentamiento de todos y, fundamentalmente, de Portugal", agregó el actual presidente del Comité Olímpico Portugués a la prensa local en un acto celebrado en Oporto.Cristiano Ronaldo, de 41 años, abandonó de forma abrupta la selección el pasado miércoles por desavenencias con el actual seleccionador, Jorge Jesus, tras no haber sido alineado en el partido de Liga de Naciones contra Noruega en Oslo el pasado 27 de septiembre (1-2).Según Jesus, el motivo fue haber hecho calentar al atacante del Al Nassr saudí durante media hora y luego no sacarlo al campo.
Luego de las intensas lluvias que se presentaron el lunes 5 de octubre en Bogotá, el Idiger informó el pronóstico del tiempo para este martes. Se estima que el cielo estará entre mayor y parcialmente nublado y no se descartan precipitaciones en el sector oriental de la ciudad.Según el Idiger, se esperan condiciones mayormente nubladas, con lluvias de moderadas a fuertes en amplios sectores. Las precipitaciones tendrían mayor presencia en las localidades de Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Bosa, Teusaquillo, Barrios Unidos y Suba. Además, no se descarta actividad eléctrica atmosférica.A su vez, informaron que durante la noche el cielo estará parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco.Recomendaciones en caso de lluviasRevise que los canales, sifones y bajantes de su hogar estén limpios y libres de basura para evitar obstrucciones y filtraciones de agua, y así prevenir inundaciones y desastres en su zona y vivienda.Lluvias en Colombia hoy 6 de octubreSegún el Ideam, durante las últimas horas se ha presentado cielo nublado en el occidente, noroccidente y suroriente del territorio nacional. “Las precipitaciones más significativas se han concentrado en el norte de la región Pacífica, el occidente de la región Caribe y el oriente de la región Amazónica”.Para la tarde, se prevé que los mayores acumulados de lluvia se registren en el centro y sur de la región Caribe, amplias zonas del Pacífico, el centro y norte de la región Andina, así como en sectores dispersos de la Orinoquía y la Amazonía.ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO
El Chontico Día, uno de los juegos de suerte y azar tradicionales con mayor arraigo en el territorio colombiano, especialmente en la región del suroccidente del país, vuelve a captar la atención de miles de apostadores este martes 6 de octubre. Quienes diariamente depositan su confianza en este sorteo aguardan la revelación de la combinación de cuatro cifras que entregará los incentivos económicos de la jornada.Resultado de la jornadaNúmero ganador del Chontico Día (martes 6 de octubre): 0414Quinta cifra: 4(Nota: Esta sección se actualizará en tiempo real tan pronto como el centro de apuestas emita el boletín oficial de la fecha).Dinámica del juego y distribución de incentivosComprender la estructura de aciertos en el chance es fundamental para determinar el valor total que recibe el jugador. El Chontico Día premia las apuestas según el nivel de coincidencia con el número extraído de las baloteras, ordenado de derecha a izquierda:4 Cifras (Directo)Paga $4.500$ veces lo apostadoAcertar el número exacto de 4 dígitos3 Cifras (Directo)Paga $400$ veces lo apostadoAcertar las últimas 3 cifras en orden2 Cifras (Directo)Paga $50$ veces lo apostadoAcertar las últimas 2 cifras en orden1 Cifra (Uña)Paga $5$ veces lo apostadoAcertar el último dígitoEl valor final a recibir está sujeto a los descuentos de ley estipulados por la DIAN, que aplican sobre premios considerados ganancia ocasional.Guía para la reclamación del premioEn caso de que su tiquete resulte premiado en el sorteo de hoy, debe seguir una serie de pasos indispensables para asegurar la entrega de los fondos sin contratiempos:Conservar el tiquete original: El boleto de apuesta es el único documento válido que acredita al portador como ganador. Debe presentarse en óptimas condiciones, sin tachaduras, enmiendas ni roturas.Presentación de documento de identidad: El titular debe acudir a un punto de venta autorizado (como las redes de Gane o de concesionarios oficiales según la región) llevando su cédula de ciudadanía original y una copia legible de la misma.Cobro por montos mayores: Si el valor del premio supera las Unidades de Valor Tributario (UVT) fijadas para el cobro en efectivo en punto de venta, la red autorizada remitirá al usuario a una entidad bancaria aliada para la consignación o la expedición de un cheque de gerencia.Plazos vigentes: De acuerdo con la Ley 643 de 2001 que regula el régimen propio del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en Colombia, el ganador cuenta con un término de un (1) año natural a partir de la fecha del sorteo para reclamar el dinero. Vencido este plazo, los fondos no reclamados se destinan a la salud pública.Horarios de emisión y cronograma semanalEl Chontico Día mantiene una programación fija para que el público pueda hacer seguimiento directo a las baloteras:Lunes a Sábados: El sorteo se ejecuta a la 1:00 PM (hora de Colombia).Domingos y Festivos: Se habilita la versión Chontico Noche en sus horarios especiales correspondientes, o variaciones autorizadas por la empresa concesionaria.Transmisión: Los resultados son emitidos habitualmente mediante canales regionales de televisión como Telepacífico, así como en las plataformas digitales y redes sociales certificadas de las administradoras de apuestas.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
Desde que disputara su último partido en julio, la lesión de Jannik Sinner en su rodilla derecha, que le mantendrá alejado de las pistas hasta 2027, se ha convertido en todo un misterio debido a la falta de información sobre esa dolencia.Una inflamación en la rodilla. Es todo lo que se conoce sobre la molestia que sufre el actual número uno del mundo, por lo que en las últimas semanas se han disparado las conjeturas de expertos, medios italianos y aficionados que no han tardado en lanzar sus teorías, a cada cual más disparatada.Las especulaciones han ido desde una simple sobrecarga o una tendinitis hasta posibles problemas de cartílago, menisco o incluso lesiones en alguno de los ligamentos de la rodilla.También se ha llegado a hablar de una dolencia más seria de lo que se ha reconocido oficialmente, pese a que ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada por el entorno del italiano.O incluso, en los rincones más conspirativos de las redes sociales, se ha relacionado sin pruebas la lesión con su anterior caso de dopaje y con un supuesto efecto de sustancias o tratamientos prohibidos, una teoría que no cuenta con respaldo médico ni evidencia pública.Entre las hipótesis sobre su posible causa destacan su mecánica de deslizamiento en la pista, sospechas sobre métodos de entrenamiento futuristas que haya podido emplear o conspiraciones sobre vestuario y su forma de pisada. El hermetismo de su entorno ha alimentado el morbo y la duda sobre su lesión.El hecho, además, de que se frustrara su esperado regreso para la gira asiática tras ausentarse de la norteamericana, no ha hecho más que alimentar la incertidumbre.El debate público en Italia se ha divido en dos: los que piensan que no tiene por qué compartir su parte médico, y los que opinan que, al no hacerlo, está ocultando algo.Aunque detrás del ruido mediático, los especialistas coinciden en que la causa responde al peaje físico y la exigencia de un circuito moderno que ha provocado bajas recurrentes en los últimos años, como la reciente de Carlos Alcaraz.La acumulación de partidos, los constantes cambios de superficie y la intensidad de los entrenamientos están en el foco de las críticas de los jugadores, aunque parte de los aficionados al tenis considera que son el precio que hay que pagar por competir al más alto nivel.Frenadas, aceleraciones, cambios de dirección, desplazamientos laterales; los movimientos que se ejecutan en un deporte como el tenis añaden un elemento importante en el análisis de la lesión de Sinner en una articulación como la rodilla.Pero Sinner se mantiene aún así en silencio y mantiene el foco en su recuperación. El tenista, que podría perder el estatus del número uno del mundo en favor del alemán Alexander Zverev, jugó su último partido el pasado 12 de julio, cuando conquistó Wimbledon.La dolencia en la rodilla derecha ya le obligó a renunciar a los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati, al Abierto de Estados Unidos y al ATP 500 de Pekín.Con el italiano fuera de las pistas hasta el próximo año, Sinner se perderá el Masters 1000 de Shanghái, Six Kings Slam de Riad, el ATP 500 de Viena, el Masters 1000 de París y las Finales ATP de Turín, además de la fase final de la Copa Davis, que se disputará en Bolonia, con Italia.