En junio de 2025, un grupo de 52 colombianos emprendió viaje hacia Ucrania impulsado por promesas de ingresos millonarios en el marco de la guerra con Rusia. Entre ellos se encontraba Leonel Mesa Ardila, un extirador y escolta de 35 años oriundo de Charalá (Santander), conocido entre sus compañeros de filas bajo el alias de 'Messi'. Antes de partir, Leonel ocultó el verdadero destino a su pareja, Jenny Paola Jiménez Pinzón, argumentando que se trasladaba hacia Emiratos Árabes Unidos en búsqueda de un mejor porvenir económico para ella y su hija recién nacida. Séptimo Día habló con ella. Sin embargo, tras su arribo al continente europeo y mediante una videollamada en la que vestía uniforme militar camuflado, Leonel le confesó la verdad a su compañera. A partir de ese momento comenzó un período de incertidumbre constante en su hogar ubicado en Palermo, un corregimiento rural situado a hora y media de Paipa, en el departamento de Boyacá.La realidad del conflicto resultó muy distante de las expectativas financieras iniciales. De los 52 colombianos que integraron esa delegación de combate, únicamente entre ocho y 10 regresaron con vida a territorio nacional, mientras que el resto figura en los registros oficiales como fallecidos o desaparecidos. El propio combatiente enviaba audios y registros audiovisuales del frente para contextualizar los ataques, aunque intentaba matizar el peligro real. Jenny Jiménez recordó en Séptimo Día: "No, no le creía porque pues igual digamos él me envió videos escuchándose prácticamente los bombazos, sirenas".Reencuentro con 'el mensajero de los caídos'Brayan Hernández Rodríguez, un joven de 27 años originario de Agua de Dios, Cundinamarca, y apodado 'Plumas' en el frente militar en Ucrania, logró retornar a Colombia el 25 de marzo de 2026. Tras sobrevivir al fuego de artillería y a las embestidas en las trincheras, Hernández decidió emprender un recorrido por diferentes regiones del país para contactar a los allegados de sus compañeros caídos. Sobre el propósito de sus visitas, el exsoldado explicó: "Puedo decir que soy el mensajero de los caídos... Porque Dios me dio esta labor, me dejó con vida, así me haya sacado sin dinero, me dejó con vida para honrar y memorar aquellos compañeros que cayeron en batalla".Tras realizar un trayecto terrestre de casi ocho horas desde Cundinamarca, Hernández llegó a la vivienda de Jenny Paola Jiménez en el corregimiento de Palermo. En el lugar, la mujer aguardaba junto a su pequeña hija de 16 meses en búsqueda de respuestas sobre el paradero final de su esposo. Al recibirlo en su residencia, Jenny le manifestó al recién llegado: "Para mí es muy importante que hayas venido porque sé que es difícil tanto para desplazarse aquí, como para venir y escucharme muchas preguntas que tengo que no he tenido respuesta desde que Leonel se fue".Durante el encuentro, el sobreviviente extrajo de su equipaje un objeto personal que Leonel Mesa atesoró durante su permanencia en el frente de guerra: su billetera. En el interior del accesorio se conservaban documentos del SOAT de la motocicleta que conducía en Colombia, una estampa religiosa del Divino Niño Jesús que su esposa le había obsequiado de cumpleaños y la copia escrita en idioma ucraniano del contrato de vinculación militar con la firma de Leonel.Al contemplar la billetera y reconocer la caligrafía de su esposo, la viuda expresó entre lágrimas: "Es que era algo muy personal, muy de él. Era algo que él conservaba y no se desprendía nunca... Dios mío, la verdad, cuánto quisiera que fuera Leonel el que estuviera acá...". Posteriormente agregó: "Jamás pensé que esto volviera. O sea, de verdad, a Brayan le agradezco por traerme esto muy importante"."Murió desangrado"El último contacto telefónico entre Leonel Mesa y su familia se produjo el 27 de noviembre de 2025, fecha en la que el combatiente informó que saldría a una misión de combate programada para un tiempo estimado entre 15 y 30 días. Tras meses de silencio operativo durante las festividades de fin de año, el 23 de enero de 2026 la Embajada se comunicó con Jenny Jiménez para notificarle que su pareja figuraba en calidad de desaparecido desde el 10 de enero.Durante meses, la familia en Boyacá solo tuvo acceso a versiones extraoficiales transmitidas por otros combatientes. Ante la presencia de Brayan Hernández en su hogar, la mujer solicitó conocer los detalles exactos de lo ocurrido: "Me han dicho que un dron lo detectó, que estaba tirado en la trinchera, que posiblemente estaba enterrado, que pareciera que él hubiese muerto desangrado. Sinceramente, tú que sabes, tú que estuviste allá, por más duro que sea, la realidad sí la quisiera saber de verdad".Ante el requerimiento, Hernández confirmó las informaciones relativas al fallecimiento ocurrido el 15 de enero tras un bombardeo ruso en la posición militar: "Todo es cierto. Que si el dron lo vio y lo encontró tirado, sí. Que si murió desangrado, sí. Él lastimosamente estuvo tirado, desangrándose hasta su último aliento".Frente al interrogante de por qué no se efectuaron labores de rescate mientras su esposo permanecía herido en el terreno, el exsoldado detalló la dinámica táctica del conflicto bélico: "Allá el mapa funciona como un ajedrez y el peón que muere, el peón que queda; no van a arriesgar otra pieza clave por un peón que ya está capturado o muerto".A pesar del impacto de la noticia, la entrega de los objetos personales significó una reparación simbólica para la familia en Boyacá. Jenny Jiménez concluyó sobre la presencia del sobreviviente: "Sinceramente, esa felicidad inmensa, digamos, de tener algo que Leo no soltaba para nada, que era la billetera, es muy gratificante y se lo agradezco a Brayan".Sobre los compromisos asumidos en las zonas de combate, Hernández reafirmó el valor de las palabras empeñadas entre compañeros: "Puedo afirmar y estoy muy seguro de que, aún estando entre el medio del caos, nos hacemos promesas, promesas que se vuelven sagradas". Tras culminar la entrega en Boyacá, el exsoldado regresó a su localidad natal en Agua de Dios para reincorporarse a sus labores en una pizzería, mientras busca alternativas de empleo en la ciudad de Bogotá.
El 24 de junio de 2025, 52 soldados colombianos partieron desde Bogotá hacia Ucrania impulsados por la promesa de transformar radicalmente su situación económica. Atraídos por convocatorias difundidas en redes sociales y contactos de antiguos compañeros militares, hombres con experiencia en el ejército, escoltas, mecánicos y vigilantes decidieron enlistarse en el ejército ucraniano para combatir a las fuerzas rusas en el frente oriental. A cambio de asumir labores de choque en primera línea, los reclutadores les prometieron asignaciones mensuales de 120.000 grivnas (moneda de Ucrania) —equivalentes a unos 12 millones de pesos colombianos— más bonificaciones de 70.000 grivnas (alrededor de 7 millones de pesos) por cada 30 días de permanencia en las zonas de mayor peligro.Sin embargo, la realidad del conflicto desmintió con rapidez las expectativas financieras. De los 52 integrantes de esa delegación, únicamente entre 8 y 10 regresaron con vida a territorio colombiano, mientras que el resto falleció en combate o figura en los registros de desaparecidos. A este trágico balance se sumó el incumplimiento sistemático de los pagos pactados por parte de las brigadas ucranianas.Brayan Hernández Rodríguez, un joven de 27 años originario de Agua de Dios, Cundinamarca, y quien trabajaba en una pizzería antes de viajar, fue uno de los pocos sobrevivientes que logró retornar al país el 25 de marzo de 2026. Tras permanecer casi un año bajo el uniforme militar extranjero, regresó sin ahorros, dice que únicamente tenía 6,5 millones de pesos con los que logró costear el pasaje aéreo de regreso."Decidió irse. A nadie le dijo nada y para mí fue muy duro. Él es mi hijo y uno como mamá no quiere verlos que esté ni menos en esa situación", contó su mamá en Séptimo Día.Hermandad en las trincheras ucranianasDurante las convocatorias previas al viaje en Bogotá, Brayan Hernández entabló amistad con Diego Rodríguez Muñoz, un exescolta caleño de 33 años. Al incorporarse a la estructura militar ucraniana, ambos recibieron sus respectivos alias de combate: Brayan adoptó el distintivo de 'Plumas' y Diego fue asignado como 'Tasmania'. Asignados a posiciones de alto riesgo, la convivencia diaria y el fuego enemigo consolidaron una estrecha hermandad entre ambos combatientes.Durante los meses de entrenamiento y patrullaje en las trincheras, 'Tasmania' mantuvo un hábito permanente: no se desprendía de una chaqueta camuflada que le fue entregada con su uniforme de dotación.Al mismo tiempo, sostenía videollamadas diarias en la madrugada con su pareja en Cali, Cindy Johana Quintana, con quien planeaba casarse formalmente tan pronto concluyera su servicio.El rigor del clima invernal y los combates desgastaron rápidamente la salud de los soldados. Para finales de octubre, Diego contrajo una severa neumonía en el frente. Durante cinco días, 'Plumas' suplicó asistencia médica a sus comandantes mientras cuidaba a su amigo, durmiendo apenas una hora diaria y cargando sobre sus espaldas los 60 kilogramos del equipo militar de ambos para sacarlo de la trinchera. Tras ser trasladado a un hospital, a 'Tasmania' le congelaron sus pagos al no ser considerado apto para el servicio activo. Ante la urgencia económica de reunir el dinero para su boda, Diego aceptó una arriesgada misión el 22 de noviembre.Antes de separarse, ambos hicieron un pacto de honor: si alguno caía en combate, el sobreviviente retornaría a Colombia para entregar las pertenencias más sagradas a la familia del fallecido.'El mensajero de los caídos'Sobre la labor asumida tras sobrevivir a la guerra entre Ucrania y Rusia, Brayan Hernández le explicó a Diego Guauque, de Séptimo Día, el propósito de su retorno: "Puedo decir que soy el mensajero de los caídos. Dios me dio esta labor, me dejó con vida, así me haya sacado sin dinero, me dejó con vida para honrar y memorar aquellos compañeros que cayeron en batalla".Tras perder todo contacto telefónico y radial con Diego el 10 de enero de 2026, las peores sospechas se confirmaron semanas después. En abril, la propia Cindy Quintana recibió una comunicación escueta desde Ucrania en la que un militar le notificó el deceso de su pareja en el frente. Sin mayores detalles sobre lo ocurrido ni la posibilidad inmediata de repatriar el cuerpo, el arribo de Brayan a Cali se convirtió en el único puente hacia la verdad de los hechos.Brayan Hernández se trasladó al barrio Belalcázar, en el occidente de Cali, para cumplir la palabra empeñada. En su equipaje llevaba la chaqueta camuflada que Diego utilizó ininterrumpidamente durante la contienda. Al encontrarse frente a la viuda, el combatiente sobreviviente expresó las razones de su visita: "Más que nada vengo por una promesa que le hice a Diego, porque entre todo el infierno que vivimos, él tenía una chispa de luz y era las videollamadas que hacía contigo todos los días".Seguidamente, 'Plumas' le hizo entrega de la prenda militar: "Yo aquí te traigo un detalle, algo que fue muy importante para él... Esto era algo que a él le distinguía mucho, que no se lo quitaba para nada... Yo puedo afirmar que esto era como una segunda piel para él porque no sé por qué razón atesoró tanto esta chaqueta y pues lamento traerte esto como recuerdo y no llegar con mi amigo a tus brazos".Al recibir el objeto, Cindy Quintana manifestó la conmoción de tener de regreso la única prenda de su esposo: "Lo voy a guardar, lo voy a atesorar. Mejor dicho, va a quedar en las mejores manos. Te lo agradezco demasiado".¿Falsas promesas?El testimonio de Cindy Quintana puso de manifiesto las condiciones extremas a las que son sometidos los mercenarios latinoamericanos en el este de Europa. A Diego Rodríguez le prometieron asignaciones de hasta 26 millones de pesos mensuales bajo la condición de ser enviado al frente de batalla. Sobre el trato de los mandos extranjeros hacia los colombianos, la mujer afirmó: "Lo que no hacían los ucranianos lo hacían ellos y el trato era horrible también... eran como carne de cañón. El trabajo más sucio lo tenía que hacer el colombiano".A pesar de las elevadas cifras consignadas en las ofertas de vinculación, los desembolsos a los familiares tras los fallecimientos resultaron mínimos. Cindy confirmó que únicamente recibió 6 millones de pesos como compensación tras la pérdida de su pareja.Por su parte, Brayan Hernández regresó a su población natal en Agua de Dios para reincorporarse a sus labores como pizzero, al tiempo que busca oportunidades laborales en Bogotá para rehacer su vida tras haber dejado atrás la contienda en Europa.
En Los Informantes, tres grandes historias todos los domingos. La crónica en las trincheras de El Plateado, en Cauca, que recibirá mención de honor de la SIP; la vida y obra de Dago García y sus paseos; y la condecoración al militar colombiano conocido como el Mocho Frank.
Séptimo Día reveló las denuncias de ciudadanos en Bogotá que aseguran haber sido víctimas del hurto de sus vehículos o de sus pertenencias dentro de parqueaderos que consideraban seguros. Los testimonios expuestos en la investigación dan cuenta de presuntas fallas en los controles de seguridad y, en algunos casos, de cuestionamientos por las respuestas recibidas tras los hechos.El 16 de abril de 2026, el ingeniero Ángel Ignacio Arias ingresó a un centro comercial para comer después de permanecer cerca de dos horas y media en medio del trancón. Aproximadamente una hora después, regresó al parqueadero para continuar su camino, pero su camioneta ya no estaba.Al consultar con el personal de seguridad, le informaron que el vehículo había sido sacado minutos antes y que, aparentemente, los responsables habrían forzado la talanquera de salida.“Me fui a comer una hamburguesa y ya a las 7:20 más o menos, o sea, una hora después fui a buscar el carro para seguir mi camino y ya no estaba... El vigilante me dijo: ‘Hace 10 minutos sacaron una camioneta y forjaron la talanquera”, contó Arias.Estos hechos se extendieron a otros sectores de la capital colombiana. El profesor Héctor Gerardo Castro denunció el hurto de su camioneta, luego de dejarla en el parqueadero de un reconocido establecimiento mientras realizaba las compras del mercado. “Cuando baje, no encontré la camioneta en el sitio. Automáticamente supe que se la habían robado”, relató.En otro caso, ocurrido en un parqueadero público de Chapinero, al vendedor Walter David Romero le entregaron su camioneta a una mujer que, según su denuncia, se hizo pasar por su hija. Al reclamarle al encargado por qué había entregado las llaves del vehículo a una desconocida, el hombre le respondió que ella había asegurado ser su hija. Por ello, Walter le aclaró que no tenía hijas.Los casos de Ángel, Walter y Héctor ocurrieron en menos de cuatro meses en diferentes parqueaderos de una misma zona de Bogotá. Sin embargo, la comerciante Isabel Muñoz ya había denunciado una situación similar en mayo de 2022.En el parqueadero ubicado en la calle 175 en Bogotá, Isabel aseguró que dejó su camioneta mientras realizaba unas diligencias y, al regresar varias horas después, ya no la encontró. "Eso fue como a las 10 de la mañana y ya en la tarde que regresaba, pues ya no estaba el carro. Entonces yo le dije, 'Nos robaron el carro’”, recordó.El 22 de junio de 2021, la psicóloga Camila Silva Páez también afirmó haber sido víctima de hurto en el mismo parqueadero donde Ángel dejó su vehículo. Según su denuncia, delincuentes ingresaron a su carro y sacaron objetos de valor mientras ella realizaba una compra.Aunque se trataba de un parqueadero gratuito, Camila cuestionó las condiciones de seguridad del lugar: “No me parece que por ser un parqueadero gratis lo deban robar”.Por esa misma zona, la ingeniera informática Geraldine González denunció otro caso. En julio de 2026, aseguró que delincuentes ingresaron a su vehículo y se llevaron equipos y pertenencias de trabajo. “Me robaron todo mi trabajo, me dejaron sin nada porque pues en mi maleta estaba todas mis pertenencias y sacan todo el vehículo. Me robaron 23 millones”, aseguró.Experimento social con cámara oculta en parqueaderosEl equipo de Séptimo Día realizó un experimento en cuatro estacionamientos de Bogotá para comprobar qué tan rigurosos son los controles al momento de entregar los vehículos. Una productora del programa simuló haber olvidado el tiquete de ingreso e intentó retirar el carro ofreciendo dinero o dando diferentes explicaciones para justificar que no contaba con el comprobante.En el primer parqueadero, el encargado se negó a entregar el vehículo porque la mujer no tenía el comprobante de ingreso. Una situación similar se presentó en el cuarto establecimiento, donde también se mantuvieron los controles y no se permitió retirar el automóvil sin acreditar que correspondía a la persona autorizada.Sin embargo, en los otros dos parqueaderos las medidas de seguridad fueron diferentes. En el segundo establecimiento, el encargado permitió retirar el vehículo con solo presentar las llaves, mientras que en el tercero bastó con diligenciar un formato, sin una verificación rigurosa de la identidad.Tras ser confrontados por el equipo periodístico, ambos establecimientos reconocieron que se trató de un error y una falla en la seguridad.Cifras oficiales sobre estas denunciasEntre 2025 y lo que va de 2026, la Fiscalía investiga cerca de 1.500 denuncias relacionadas con esta modalidad de hurto en Bogotá, alrededor de 500 casos en Cali y poco más de 300 en Medellín. En Bogotá y Medellín, ocho ciudadanos denunciaron ante Séptimo Día que fueron víctimas de robos dentro de parqueaderos donde confiaban en que sus vehículos y pertenencias estarían seguros.Sobre la normatividad, Fernando Dueñas, vocero de los parqueaderos en Colombia, explicó que este servicio implica un contrato de depósito, que establece una obligación de custodia sobre el vehículo y contempla una póliza de responsabilidad civil. Sin embargo, aclaró que esta responsabilidad no se extiende automáticamente a los objetos personales que se encuentren dentro del automóvil."No se responde porque no hay una constancia de su preexistencia, se hace un inventario escrito para que de esa misma manera me responda si le llega a suceder algo”, precisó Dueñas.Por su parte, el vicepresidente del Instituto Colombiano de Derecho al Consumo, Juan Pablo López, indicó que abstenerse de entregar tiquete o carecer de seguridad constituye una “culpa grave”.Quena Ribadeneira, consejala de Bogotá advirtió que: “Siete de cada 10 parqueaderos en Bogotá están operando de manera informal...Nos comprometemos desde ya a hacerle este control a la Alcaldía local y a la Secretaría de Gobierno”, dijo.Estas denuncias y el experimentos social evidenciaron una situación preocupante. Las autoridades avanzan en las investigaciones de estos casos, mientras también se fortalece los controles de seguridad para evitar que los parqueaderos, considerados por los usuarios como lugares seguros, terminen convirtiéndose en escenarios donde sus vehículos y pertenencias quedan expuestos al hurto.
Hace más de tres meses, 99 integrantes de los llamados Comandos de Frontera, liderados por Geovany Andrés Rojas, alias Araña, suscribieron un acuerdo de paz con el gobierno del expresidente Gustavo Petro, entregaron las armas y se concentraron en una zona temporal ubicada en el sur de Putumayo. Sin embargo, el cambio de gobierno los dejó en una situación de incertidumbre, luego de que la administración de Abelardo de la Espriella diera por terminados los diálogos con los grupos armados ilegales y planteara como alternativa el sometimiento a la justicia. Esta decisión provocó la salida de algunos integrantes, mientras más de 60 permanecen en el espacio territorial. Recientemente, el Gobierno Nacional extendió por dos meses más su permanencia en la zona, hasta donde se desplazó un equipo de Noticias Caracol para conocer sus condiciones de vida y recoger sus testimonios.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl escenario de esta concentración es la vereda Betania, zona rural del municipio del Valle del Guamuez, una zona selvática del Putumayo históricamente golpeada por el control territorial de grupos guerrilleros, disidencias, la violencia paramilitar y la economía de la coca. Hasta allí llegaron el pasado 19 de junio 99 excombatientes a bordo de dos helicópteros, acompañados incluso por sus mascotas. Se instalaron en una finca de seis hectáreas bajo el marco de la Resolución 053, respaldada por la MAPP/OEA y países garantes, la cual fijó un tránsito de diez meses para prepararlos hacia la vida civil. En el predio se levantó una aldea de 23 casas blancas con techos azules para 200 personas. En un acto de paz, entregaron sus fusiles en cajas de madera para ser fundidos e incineraron sus uniformes."La libertad es única"Sin embargo, el panorama cambió drásticamente tras la firma de la Resolución 346 por Abelardo de la Espriella, quien puso fin a la mesa de diálogos de paz. La posterior extradición a Estados Unidos de su máximo comandante, alias Araña, desató una desbandada al monte en la que 36 personas abandonaron el lugar, dejando a 63 excombatientes en un encierro donde, dicen ellos, no se les permite salir ni al río. Entre quienes permanecen está Robinson, alias 'El Paisa', un veterano con 20 años en la guerrilla que pasó por las FARC, estuvo privado de la libertad en la cárcel de Chiquinquirá e hizo parte del proceso de desminado humanitario en 2016. Ante el confinamiento actual, 'El Paisa' reflexionó diciendo que "la libertad es única. Usted entre paredes es el olvido, totalmente. Si el Estado olvida al pueblo, en la cárcel lo olvidan todos". Pese al desencanto, ratificó su meta de desmovilizarse: "A mí me gustaba esto, pero la meta mía, mi mentalidad, era entregar mi fusil".En las casas blancas también habitan jóvenes cuyas vidas quedaron marcadas por el conflicto a temprana edad. Natalia, de 29 años, y su pareja Wilson, de 24, un campesino ecuatoriano reclutado a los ocho años cuando quería ser enfermero. La trayectoria de Wilson está atravesada por el dolor de haber visto morir a su hermana en combate hace tres años en Puerto Guzmán. Recuerda que ella le dijo antes de fallecer: "Sálvate y cuando tengas la posibilidad de salir de acá te vas. Quiero que estés con mi mamá y con mis otras hermanitas". Cumpliendo esa promesa, Wilson dejó las armas: "Decidí dejar las armas por el motivo de seguir estudiando, seguir ejerciendo mi carrera como enfermero, pero acá en la vida civil y reencontrarme con mi familia".“Respeten nuestras vidas”: excombatientesFrente a la incertidumbre, la comunidad de excombatientes envió un mensaje al Ejecutivo: "Hemos tomado una decisión de valientes... lo que más pedimos es que respeten nuestras vidas porque esta decisión que tomamos la tomamos fue por todas nuestras familias porque queremos ir a casa".El desacuerdo central radica en la exigencia gubernamental de sometimiento a la justicia sin garantías de transición legal. Arbey, de 36 años, quien recorrió todo el espectro de la violencia en Colombia, pues por grupos guerrilleros, paramilitares, pandillas urbanas y el Ejército Nacional antes de integrar los Comandos de Frontera, rechazó esa condición: "Nosotros no podemos someternos porque el que se somete es la persona que se entrega, que se desmoviliza, que tiene que sapear. Eso es someterse. Nosotros no”.Por su parte, alias El Paisa sostuvo que “yo no me voy a someter, yo ya vengo de una cárcel. Nosotros no somos grupos delincuenciales, somos grupos alzados al margen de la ley en defensa de un territorio".Aunque alias Araña envió una orden desde la cárcel instándolos a continuar en el predio, los excombatientes temen ser arrestados: "Así no nos den el apoyo económico, pero que nos ayuden con la situación jurídica para poder uno movilizarse libremente. Le tememos a que pronto lleguemos a un retén y nos digan: 'Bueno, usted trabajó en un grupo armado ilegal, entonces vámonos para la cárcel'". Mientras corre la prórroga de dos meses, más de 60 personas aguardan una salida legal para retornar a sus hogares sin volver a las armas.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró la extinción de dominio sobre seis bienes relacionados con el cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez conocido con el nombre artístico de Charlie Zaa. El valor de estos bienes asciende los 20.000 millones de pesos y la determinación está relacionada con una investigación que bus establecer si estas propiedades fueron adquiridas con recursos provenientes del extinto bloque del Tolima de las Autodefensas.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA¿Por qué declararon extinción de dominio a bienes de Charlie Zaa?Este expediente se originó en medio de versiones entregadas por integrantes de la estructura paramilitar. El artista, por su parte, ha negado los señalamientos y ha defendido que su patrimonio es producto de más de 30 años de trabajo en el gremio de la música. Además, ha sostenido que parte los recursos para adquirir sus propiedades han salido de las regalías generadas por su música.Con esta decisión, los seis bienes a los que se le hicieron extinción de dominio quedan en manos del Estado colombiano y su destino estará ligado a mecanismos de reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Cabe mencionar que esta extinción de dominio no está relacionada con la compulsa de copias que ya está en la Fiscalía General de la Nación, donde se investiga si hubo o no algún vínculo del cantante con el grupo paramilitar.Las propiedades están avaluadas en 23.755 millones de pesos.¿Por qué investigan a Charlie Zaa?A Charlie Zaa lo investigan por presuntos vínculos con recursos del extinto Bloque Tolima de las AUC y por la posible adquisición de bienes con dinero proveniente de esa organización paramilitar.La investigación surgió a partir de declaraciones de exintegrantes del grupo armado y busca determinar si algunas propiedades asociadas al cantante fueron compradas con recursos ilegales o si él tuvo conocimiento del origen de esos dineros. En julio de 2026, la Fiscalía General de la Nación ocupó varios bienes vinculados al artista, entre ellos un centro comercial, dos discotecas y un hotel, dentro de un proceso de extinción de dominio. Según el ente investigador, estos activos estarían relacionados con operaciones para ocultar recursos del Bloque Tolima. En esa oportunidad, el artista Charlie Zaa publicó en sus redes sociales un comunicado diciendo que "el proceso relacionado con algunos bienes de mi familia continúa en trámite. No existe una sentencia en mi contra, no existe una decisión judicial que haya declarado ilícito nuestro patrimonio y no existe una decisión definitiva de extinción de dominio. La defensa apenas comienza a ejercer plenamente su derecho a presentar las pruebas que demostrarán el origen completamente lícito de nuestros bienes".Agregó el cantante que “he comparecido siempre ante las autoridades con total transparencia y continuaré colaborando con la justicia colombiana cada vez que sea requerido. Confío plenamente en el debido proceso, en la presunción de inocencia y en que será la evidencia —y no los titulares— la que permita establecer la verdad".CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, celebró este lunes las medidas adoptadas en Colombia para la reparación a las víctimas diez años después de la firma del Acuerdo de Paz, incluyendo la participación de exjefes de las antiguas FARC-EP y del Ejército en la búsqueda de restos de desaparecidos. "Estas medidas están contribuyendo a promover los derechos de las víctimas del devastador conflicto armado del país, y allanan el camino hacia una paz y una seguridad sostenibles", subrayó en un comunicado Türk, quien también destacó en particular cómo antiguos responsables de las FARC-EP y del Ejército trabajan juntos en el cementerio de San Antonio de Padua, en Pitalito, para localizar e identificar a personas desaparecidas y entregar sus restos a las familias. "Esta colaboración conjunta entre antiguos adversarios es una poderosa contribución a la verdad, la reparación y la sanación de familias afectadas por el conflicto", agregó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl proyecto forma parte de las medidas establecidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia de transición creado por el Acuerdo de Paz de 2016. Bajo el marco legal establecido por la JEP, personas acusadas de graves crímenes y violaciones de derechos humanos que hayan reconocido su responsabilidad pueden cumplir sanciones restaurativas en lugar de penas de prisión, como por ejemplo la mencionada participación en las labores de búsqueda de desaparecidos. "Esto no puede ser un esfuerzo aislado", alertó el alto comisionado, quien destacó que es fundamental que los mecanismos de justicia y reparación establecidos en virtud del Acuerdo de Paz continúen desarrollándose.Esta declaración se conoce luego de que el canciller colombiano, Ómar Bula, afirmó la semana pasada en Naciones Unidas que el Ejecutivo "remoldeará" lo suscrito en el acuerdo en función de las prioridades que ha dado el presidente Abelardo de la Espriella, quien considera que en Colombia no hay conflicto armado. Sin embargo, el Gobierno se comprometió a fortalecer la articulación institucional con la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el organismo encargado de revisar que se implemente el acuerdo.De la Espriella ha sido uno de los más fervientes opositores al acuerdo de paz con las FARC y su política de seguridad está más enfocada a la confrontación armada, que a las negociaciones con los grupos ilegales. Cabe señalar que el Gobierno de turno no puede derogar el acuerdo firmado en 2016.El primer acuerdo con las FARC cumple 10 añosHace 10 años, el entonces presidente, Juan Manuel Santos, y el último comandante de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, firmaron en Cartagena el primer acuerdo de paz, texto que seis días después fue rechazado en un plebiscito y modificado en las siguientes semanas por el Congreso. La firma de ese documento, con el que las partes buscaban poner fin a más de medio siglo de conflicto armado, fue la semilla de la ilusión de paz que tiene Colombia y la base del acuerdo que el Gobierno y las FARC volvieron a firmar el 24 de noviembre de ese año, que trae los cambios hechos por el legislativo, que es el que hoy se sigue implementando.El acuerdo fue firmado por Santos y Londoño, conocido en su época de guerrillero como Timochenko, en el Centro de Convenciones ante unos 2.500 invitados, entre víctimas, excombatientes, políticos, miembros de la sociedad civil y representantes de la comunidad internacional que asistieron a la ceremonia. "Al terminar este conflicto, termina el último y el más viejo conflicto armado del Hemisferio Occidental. Por eso celebra la región y celebra el planeta, porque hay una guerra menos en el mundo y es la de Colombia", afirmó Santos (2010-2018) ese día.Uno de los momentos más recordados del acto del 26 de septiembre de 2016 fue el susto para todos los presentes pero principalmente para Londoño, que estaba en la parte final de su discurso cuando un avión Kfir causó un estruendo al romper la barrera del sonido volando a baja altura por todo el centro del escenario. "Bueno, esta vez venían a saludar la paz y no a descargar bombas", expresó Londoño al referirse a la experiencia de guerra que dejaron atrás con la firma del acuerdo de paz.El acuerdo pasó de 297 páginas en la versión firmada en septiembre a 310 en la de noviembre, al acoger 56 de los 57 temas abordados en las reuniones entre el Gobierno y promotores del 'no' en el plebiscito, liderados por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). Sin embargo, los cambios que hubo entre los dos textos fueron más cosméticos que profundos y entre ellos destacaba, por ejemplo, que el primer acuerdo no obligaba de manera explícita y detallada a la guerrilla a entregar un inventario exhaustivo de sus bienes y activos de forma inmediata para reparar materialmente a las víctimas, mientras que el segundo sí.El acuerdo definitivo también estableció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional creado por el acuerdo, está diseñado para funcionar diez años, que se cumplen en 2028, con la posibilidad de una prórroga de 10 más, mientras que en el primer acuerdo no se determinó un límite de tiempo.EFE
El Ministerio de Defensa reaccionó a la denuncia de la madre de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, un joven de 18 años que se encuentra entre los siete muertos que se reportaron tras el operativo militar contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en Santa Marta, en el que fue abatido alias Cholo y presuntamente resultó herido alias Pinocho. (Lea también: ¿Quién era alias Cholo, cabecilla abatido por la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Magdalena?)¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa madre del joven, a las afueras del Instituto de Medicina Legal de Barranquilla, donde estaban los cuerpos de los presuntos criminales, negó que su hijo perteneciera a un grupo armado. "Es un niño, solo 18 años. No pertenecía a nada, solo era un obrero", dijo la mujer en un video divulgado en redes sociales, quien también aseguró que su hijo estaba vestido de civil y no portaba armas.Entre tanto, organizaciones de víctimas de ejecuciones de civiles por parte de policías y miembros de las Fuerzas Militares, que en Colombia son conocidos como falsos positivos, pidieron este jueves "justicia para Ricardo Andrés Rodríguez Martínez". "No era guerrillero, volvimos a los falsos positivos para sacar pecho que están ganando la guerra", manifestó en X la organización Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo), en un mensaje dirigido al presidente Abelardo de la Espriella.La operación contra las ACSN fue realizada el 21 de septiembre en el sector de Quebrada del Sol, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y dejó siete muertos y tres capturados, según el balance divulgado por De la Espriella. Entre los fallecidos estaba José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, señalado por la Fuerza Pública como segundo cabecilla y responsable financiero del grupo criminal, que en represalia causó alteraciones en el orden públicos en Santa Marta y otras zonas del Magdalena y La Guajira.Corresponde a la Fiscalía y Medicina Legal esclarecer la totalidad de los hechos: MindefensaTras la denuncia de esta madre de familia, desde el Ministerio de Defensa se emitió un comunicado de cuatro puntos en el que informó:De acuerdo con el proceso de verificación a cargo de las autoridades competentes, se identificó como fallecido durante la reciente operación contra el grupo narcoterrorista Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) o Los Pachenca, a Ricardo Andrés Rodríguez Martínez. (Lea también: Las zonas de dominio de Los Pachenca en el Caribe y la estrategia del Gobierno para enfrentarlos)Respecto a este individuo, adulto de 18 años de edad, ninguna fuente de la Fuerza Pública ha afirmado que fuera hijo de alias Pinocho. Por tanto, las versiones que atribuyen tales declaraciones a la institucionalidad carecen de veracidad o sustento oficial y solo buscan desinformar.En el marco del Estado Social de Derecho, corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los peritos de Medicina Legal esclarecer la totalidad de los hechos, así como establecer motivos y actividades de personas presentes en la zona donde se desarrolló el despliegue militar.El Ministerio de Defensa Nacional reitera su plena colaboración con la justicia, reafirma su compromiso con la verdad y rechaza la invención de versiones irresponsables para distorsionar la realidad de los hechos y confundir a la ciudadanía a partir de las actuaciones legítimas del Estado.NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
Este miércoles 23 de septiembre, en Senado de la República fue negada la moción de censura al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora. Con 65 votos por el no y 17 por sí, en el Congreso no se aprobó la moción impulsada por el Pacto Histórico tras la muerte de tres menores de edad durante un bombardeo el pasado 27 de agosto en zona rural de El Retorno, departamento de Guaviare, contra las disidencias de alias Calarcá.Esta votación que hundió la moción de censura contra Mora se convirtió en un nuevo triunfo del gobierno De la Espriella después de que el pasado 15 de septiembre se hundiera también la moción de censura contra Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, quien fue criticado por un viaje que llevó a cabo con su familia a Santa Marta en medio de la emergencia que vivía Colombia tras el terremoto del pasado 10 de agosto.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA“Es difícil determinar la edad de un joven desde los 15 años": MindefensaEl día martes se llevó a cabo en la Cámara de Representantes el debate de moción de censura contra el ministro Mora y él en su intervención dijo que “este es un Ejército y una fuerza pública que respeta a los menores de edad, pero desafortunadamente cuando hacen parte de un grupo armado, cuando ostentan armas ilegales, cuando están en un campamento en función continua de combate, el Derecho Internacional Humanitario establece que pierden esa protección. Es una cruda realidad. Y nos duele que así sea, pero así es el conflicto que liberamos en Colombia hace 60 años dentro de un marco del derecho de la guerra que está contemplado. Y en el mundo miles de países han sufrido esta tragedia”.Agregó Mora que “es muy difícil determinar la edad de un joven desde los 15 años en adelante. La contextura física de un joven de 15 años puede ser superior a que usa uno de 20, 18, 25; es muy difícil. Y un agente de inteligencia que recopila un proceso de inteligencia no puede llegar a pedirle a cada uno de los del grupo, ‘muéstreme su cédula, su tarjeta de identidad para saberlo’. Él hace una inspección general, hay un procedimiento de inteligencia que eso es un trabajo de la inteligencia que está dentro del marco de la ley de inteligencia. Entonces, cuando Medicina Legal determina los menores de edad, es cuando yo salgo a dar declaraciones y establezco que dentro de los muertos en desarrollo de esta operación hay tres menores de edad. Y ahí repetimos nuevamente nuestra posición. Todo menor de edad reclutado es una víctima, por supuesto, y lamentamos profundamente su utilización en la guerra por los grupos armados que lo reclutan, los arman, los entrenan y lo llevan a un campamento y después lo llevan a combatir o a cometer actos de crímenes. quienes reclutan son los culpables y yo no puedo llegar ante la opinión pública ocultar esta gran realidad y la tengo que decir siempre dentro del marco constitucional y en este caso el DIH”."Reclutamiento de menores no puede ser incentivo para grupos armados"Finalmente, el Mora mencionó que “el reclutamiento de menores de edad no puede convertirse en un incentivo para los grupos armados organizados y mucho menos para los cabecillas. Esto es claro y esto debemos reflexionar porque lo que estamos haciendo lo que hace es incentivar a que estos bandidos, estos cabecillas vean en eso una manera de protegerse. La mejor manera para atacar el reclutamiento de menores de edad en la guerra que estamos librando con contra los narcoterroristas es arreciar contra ellos, es ser contundentes contra ellos, es arrebatarles el control territorial que eron durante 4 años le concedieron. Es no permitirles la libertad de acción, el tiempo y el espacio para seguir reclutando menores de edad en nuestras veredas, en nuestros municipios. Es llevarlos a través de una presión constante hacia la profundidad de la selva y allá bombardearlos como hemos hecho. Aquí no los hemos bombardeado en medio de la población civil, los hemos bombardeado en medio de las pesas selva donde se ocultan cuando la presión de la fuerza los lleva a sus ratoneras”.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
Abelardo de la Espriella cumple este lunes un mes en la presidencia de Colombia entre anuncios, guiños y polémicas, con una intensa agenda atravesada por su "mano de hierro" en el conflicto armado y su respuesta al gran terremoto que golpeó el país el 10 de agosto. Ya en su toma de posesión dio unas pinceladas de lo que iban a ser los primeros pasos del autodenominado "el tigre" al frente del Gobierno colombiano: intervención de un rabino, un pastor, y un sacerdote; presencia de destacados líderes de la ultraderecha latinoamericana; fuerte manejo de los símbolos, comunicación centralizada y un discurso ante militares dentro de un destacamento. Pero el presidente colombiano apenas tuvo tiempo para desplegar planes y promesas porque menos de tres días después de la toma de posesión debió enfrentar un terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado al menos 331 muertos y 4.519 heridos.De la Espriella mantuvo una actividad frenética en los primeros días, viajando a los lugares más afectados, reuniéndose con líderes locales, y recabando entre los empresarios locales y países amigos ayuda para la búsqueda de supervivientes y financiación para la reconstrucción. De un lado, el presidente logró mostrarse cercano, con las mangas de la camisa arremangadas, dispuesto a ayudar a los damnificados, a la vez que hábil para aunar voluntades y lograr importantes donaciones, empezando por los 26,5 millones de dólares comprometidos en total por Washington. De otro lado, De la Espriella fue criticado por lanzar balones con propaganda de su partido a un grupo de damnificados en Buenaventura y por pasar las ofertas de ayuda por un filtro ideológico, dejando fuera -por ejemplo- a un reputado equipo de rescatistas mexicanos.Casi cuatro semanas después del terremoto, De la Espriella y su Gobierno deben comenzar a aterrizar las promesas de reconstrucción y materializar la recuperación de las regiones más afectadas, algunas de ellas lastradas por un subdesarrollo endémico. Su manejo de la crisis será clave para la percepción social de su mandato. Le esperan, según cifras oficiales, 36.336 viviendas destruidas y 201.010 dañadas, así como daños en 400 centros de salud, 4.292 centros educativos, 5.600 centros comunitarios, 468 vías y 5 aeropuertos, 140 acueductos y 104 puentes, entre otros efectos del terremoto.El conflicto armadoEn la última semana, conforme descendía la emergencia inicial del terremoto, De la Espriella ha concentrado su atención -y su prolija actividad en redes sociales, por donde fluye la mayor parte de la comunicación oficial- en la confrontación de guerrillas, grupos armados y narcotraficantes. Esta semana habló de "la fuerza de las armas y de las leyes", prometió "mano de hierro" y su Gobierno avanzó la preparación de una lista terrorista que permitirá al Ejecutivo actuar con más celeridad y recursos contra los grupos armados.El propio presidente anunció que el Ejército había detenido en este primer mes a nueve criminales (miembros del Tren de Aragua, las disidencias de las Farc, el Eln y bandas armadas) y matado a cerca de 40 personas, presuntos integrantes de una disidencia de las Farc y de un grupo criminal. Además, De la Espriella aseguró este domingo que en su primer mes, las Fuerzas Armadas se han incautado de 49.379 kilos de estupefacientes y 1.485 armas de fuego, además de erradicar 1.321 hectáreas de coca.Significativamente, Presidencia envió en los últimos días a los medios dos videos en los que el presidente aparecía entre cadáveres embolsados, lo que generó una controversia a la que el mandatario parece inmune. El mensaje es de tolerancia cero.Hay más ejemplos. Desde que De la Espriella es presidente al menos seis menores han muerto en bombardeos del ejército a campamentos de distintas guerrillas, según el Instituto de Medicina Legal, víctimas en principio del reclutamiento forzoso. Pero cuando un juzgado le prohibió al Gobierno este tipo de acciones si se sospecha que puede haber menores involucrados, el Ejecutivo anunció que apelaría un "fallo absurdo e inconstitucional".También ha apelado el Gobierno la decisión de otro juzgado que le requirió pedir perdón por haber empleado en su investidura el lema "Viva Cristo Rey", frase que pone en duda la neutralidad del Estado, y desde entonces De la Espriella no acaba discurso ni mensaje en redes sociales sin repetirlo.Estados Unidos e IsraelEn el ámbito internacional destaca el alineamiento de De la Espriella con Estados Unidos, con quien Colombia ha suscrito un acuerdo en materia de seguridad que le reportará 1.000 millones de dólares en asistencia. Está previsto además que este martes De la Espriella reciba en Barranquilla al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para avanzar en la lucha contra el llamado narcoterrorismo, analizar el reparto de la ayuda tras el terremoto y estudiar cómo estrechar lazos económicos y comerciales.También se ha acercado la Colombia de De la Espriella a Israel -después de que su predecesor, Gustavo Petro, rompió relaciones tachando de genocidio la guerra en Gaza- y ha reconocido los Altos del Golán como territorio israelí. Tel Aviv, a cambio, mandó rescatistas tras el terremoto. De igual forma, Colombia ha denominado como marroquí todo el territorio del Sáhara Occidental, agradando a Rabat, otro estrecho aliado estadounidense. EFE
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Estado colombiano para que mantenga los límites establecidos por la Constitución y el derecho internacional humanitario en medio de las operaciones contra grupos armados ilegales. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó la manera en que fueron presentados públicamente los cuerpos de personas que murieron durante la Operación Azarías, desarrollada en el Guaviare.En un pronunciamiento, Marín Ortiz se refirió a las imágenes en las que el presidente de la República aparece caminando entre cuerpos ubicados en tulas blancas, después del operativo militar. Según el reporte oficial citado por la funcionaria, durante la operación murieron 23 integrantes de estructuras de alias Iván Mordisco, entre ellos algunos mandos de esa organización. Medicina Legal estableció que dos de las personas fallecidas eran menores de edad.“El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel”, manifestó la defensora, al señalar que la obligación estatal de enfrentar militarmente a los grupos armados debe cumplirse dentro de los límites constitucionales y del derecho internacional humanitario.La funcionaria aclaró que su reflexión no busca desconocer el deber de la Fuerza Pública de proteger a la población ni cuestionar por sí mismas las operaciones militares legítimas. Su preocupación está relacionada, explicó, con la manera en que el Estado ejerce el poder y comunica los resultados de sus operaciones.“Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”, dijo la defensora.Para la Defensoría, las imágenes y los símbolos utilizados por las instituciones públicas tienen relevancia porque transmiten mensajes a la sociedad sobre los valores que representa el Estado.“No deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”, señaló Marín Ortiz.La defensora recordó que Colombia lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflicto armado y criminalidad organizada, escenarios en los que la muerte de civiles y combatientes ha sido recurrente.En ese contexto, afirmó que los grupos armados ilegales pueden actuar con crueldad y desconocer las reglas básicas de humanidad, pero sostuvo que el Estado no debe responder utilizando las mismas formas. “Ese lenguaje de quienes prefieren la muerte a la vida no puede convertirse en el lenguaje del Estado”, expresó.En su pronunciamiento, la Defensoría también hizo referencia al derecho a la vida y a las restricciones que deben observar las autoridades incluso durante operaciones militares.Marín Ortiz explicó que la Constitución reconoce la vida como un derecho fundamental de aplicación inmediata y de carácter inviolable. Sin embargo, señaló que el ordenamiento jurídico contempla situaciones específicas en las que puede producirse una privación de la vida, como la legítima defensa o la baja de combatientes en determinadas circunstancias de un conflicto armado, de acuerdo con el derecho internacional humanitario.En todos los casos, sostuvo, la privación de la vida no puede ser arbitraria y debe estar sometida a criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.La funcionaria también recordó que el derecho internacional humanitario establece límites incluso durante la guerra. Entre ellos está el deber de respetar y tratar dignamente a las personas fallecidas.Por esa razón, la Defensoría señaló que una acción militar puede ser legal y necesaria, pero eso no elimina la obligación de preservar la dignidad humana.Advertencia sobre medir la seguridad por el número de bajasOtro de los puntos abordados por la defensora fue la existencia de un portal denominado “Las Bajas del Tigre”, del cual aclaró que no se ha confirmado que sea una página oficial. Según explicó, allí se registran muertos y otros resultados operacionales desde la posesión del nuevo presidente.Marín Ortiz pidió cautela frente a este tipo de indicadores y recordó que Colombia ya vivió las consecuencias de una política en la que los resultados militares eran evaluados a partir del número de bajas en combate.La defensora hizo referencia a los llamados falsos positivos, hechos que actualmente son objeto de juzgamiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La funcionaria aclaró que no estaba afirmando que los cuerpos presentados tras la Operación Azarías respondieran a esa lógica. Sin embargo, planteó la necesidad de utilizar indicadores más amplios para evaluar la seguridad.Según su planteamiento, la seguridad debería medirse también por los derechos garantizados y las vidas salvadas, especialmente las de la población civil que permanece expuesta a las acciones de grupos criminales.“El poder del Estado no se mide únicamente por su capacidad de imponerse por la fuerza, sino por los símbolos con los que se presenta ante la sociedad”, afirmó.La defensora concluyó que el Estado no necesita parecerse a los grupos armados que combate para demostrar su fortaleza. “Defender la dignidad cuando se trata de quienes consideramos adversarios es precisamente cuando demostramos que la dignidad humana es un principio y no solo una declaración en todo tiempo y lugar”, finalizó.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Dos municipios del Cauca se encuentran en el centro de la atención por acciones armadas contra la Fuerza Pública registradas de manera simultánea. De acuerdo con los reportes conocidos a esta hora, una base militar de Inzá, en el oriente del departamento, es atacada con ráfagas de fusil y explosivos, mientras que la subestación de Policía de El Carmelo, en Cajibío, fue blanco de un ataque con drones cargados con explosivos.En Inzá, los reportes preliminares de testigos indican que disidencias de las Farc estarían atacando la base militar ubicada en este municipio. La acción incluiría ráfagas de fusil y el lanzamiento de explosivos contra la unidad militar.Ante la situación, los uniformados respondieron al ataque. Hasta el momento, la información disponible no reporta un balance de personas heridas como consecuencia de estos hechos. Además, en el municipio de Cajibío se registró otra acción contra la Fuerza Pública. La subestación de Policía de El Carmelo fue atacada con drones cargados de explosivos, según los reportes conocidos.La situación vuelve a poner a la población civil en medio de acciones armadas que se desarrollan en zonas donde permanecen comunidades. Por ahora, tampoco se reportan heridos en este punto. Se espera que las autoridades brinden más información en las próximas horas.Las autoridades mantienen la atención sobre lo ocurrido en ambos municipios mientras se conocen mayores detalles de las acciones y de sus posibles afectaciones.Otros ataques contra la Fuerza PúblicaLos hechos registrados en Inzá y Cajibío se conocen apenas horas después de otros ataques contra integrantes de la Fuerza Pública en Norte de Santander, ocurridos durante la noche del viernes 4 de septiembre.En esa región, la estación de Policía del corregimiento de Guamalito, en el municipio de El Carmen, fue atacada en una acción atribuida al ELN. Las imágenes conocidas posteriormente mostraron parte de la infraestructura destruida, con el techo afectado y escombros en diferentes sectores del lugar.De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Defensa, el ataque contra Guamalito ocurrió de manera simultánea con una acción contra el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, donde está ubicado el Batallón de Infantería N.° 15 General Francisco de Paula Santander.Según la entidad, integrantes del ELN utilizaron aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos que impactaron dentro de la unidad militar. Tras el ataque, las tropas activaron los protocolos de seguridad y realizaron una maniobra para asegurar el perímetro y verificar la posible existencia de nuevas amenazas.Durante esa operación se produjo un combate de encuentro con integrantes del ELN. Como consecuencia de estos hechos murieron el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlo Marrugo Manjarrez. Además, una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana resultó afectada.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
La Fiscalía General de la Nación judicializó al teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y a los sargentos segundos Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna, señalados de, al parecer, recibir dinero de una estructura del Clan del Golfo en Antioquia a cambio de suministrar información reservada relacionada con operativos y movimientos de tropas del Ejército Nacional.De acuerdo con la investigación, los tres uniformados, quienes estuvieron adscritos al Batallón Rifles de Caucasia (Antioquia) y al Batallón de Infantería de Selva No. 48 ‘Prócer Manuel Rodríguez Torices’, en el sur de Bolívar, habrían hecho parte de una red dedicada a obtener y filtrar información estratégica sobre las acciones militares adelantadas contra esa organización criminal. Según la Fiscalía, esta estructura operó entre enero de 2022 y febrero de 2025 y contó con la intermediación de Teresa Jaramillo Giraldo, alias La Tía, quien ya fue condenada por estos hechos.Gobierno anuncia giro en estrategia contra grupos criminales: "Serán tratados como terroristas"Las pruebas contra los militaresLas pruebas recopiladas por el ente acusador indican que el 2 de enero de 2022, cuando tenía el grado de subteniente, Bravo Olaya habría recibido un millón de pesos por intermedio de un militar retirado para alertar posteriormente sobre los desplazamientos de las tropas bajo su mando en zona rural de Ayapel, Córdoba.Asimismo, la Fiscalía sostiene que Sicacha López habría aceptado pagos a cambio de compartir información relacionada con las operaciones militares en las que participaba. En el caso de Henao Luna, las autoridades lo señalan de haber recibido dinero por entregar datos privilegiados sobre los movimientos de la escuadra que comandaba, presuntamente después de recibir una llamada de un suboficial retirado el 14 de abril de 2022.Los procesados fueron capturados en operativos realizados por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional en Cali (Valle del Cauca), el corregimiento de Buenavista, en Distracción (La Guajira), y Yopal (Casanare).Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó, de acuerdo con su presunta participación en los hechos, los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado. Sicacha López aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia, mientras que Bravo Olaya y Henao Luna fueron enviados a un centro carcelario con medida de aseguramiento intramural.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
En entrevista con Noticias Caracol, la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó este lunes un alarmante diagnóstico de la crisis de derechos humanos en Colombia, fundamentado en el informe institucional titulado "Decisiones impostergables en derechos humanos". Marín advirtió sobre la expansión de los grupos armados ilegales, el uso indiscriminado de nuevas tecnologías en el conflicto, cifras históricas de cultivos ilícitos y el reclutamiento forzado de menores de edad. Sobre ese último punto, de hecho, la ONG Human Right Watch (HRW) le pidió al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que adopte medidas para acabar con el aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados -unos 1.500 desde 2021- que consta precisamente en ese informe de la Defensoría del Pueblo.El reclutamiento infantil es el aspecto más desgarrador expuesto por la defensora del Pueblo, en especial el incremento sistemático del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de todos los grupos armados. La funcionaria denunció que estas estructuras criminales están empleando redes sociales para persuadir y seducir a menores de edad ofreciéndoles bienes materiales como tenis, celulares y motocicletas. "Es otro de los indicadores más dolorosos del crecimiento de los grupos armados, que están usando de una manera sistemática menores de edad (...) También el uso de nuevos mecanismos pues para seducir a estos menores de edad, por ejemplo a través de las redes sociales, donde además les ofrecen tenis, celulares, motos y terminan persuadiéndolos".Esta situación azota severamente a las comunidades étnicas de regiones como el Cauca, donde cerca del 50% de los menores reclutados son indígenas, y al sumar a la población afrodescendiente, la cifra asciende al 56-58%. Marín denunció que muchos de estos niños son trasladados lejos de sus hogares para ser utilizados como primera línea de combate o quedar expuestos a bombardeos y alertó sobre un preocupante subregistro en las cifras oficiales. "Estamos muy convencidos de que esto no obedece a una disminución de la práctica sino a una reducción de la denuncia de parte de las comunidades -explicó la defensora-. Estamos viendo cada vez más menores de edad que mueren en combates entre los grupos, como este año en Guaviare en bombardeos en los últimos años son decenas la cantidad de niños que han muerto en bombardeos, pero el subregistro es enorme".La defensora se refirió también a otros puntos, como la expansión de grupos criminales, el uso de drones con explosivos y las alertas tempranas que emite ese organismo.De acuerdo con la radiografía de esa entidad, el panorama de seguridad en las regiones muestra dinámicas complejas e intensificadas por disputas territoriales que terminan afectando directamente a la población civil. Al analizar las causas de esta preocupante realidad, la defensora señaló que en el territorio confluyen principalmente tres factores de violencia organizada. "Colombia está en una situación bastante delicada, tiene presencia de al menos tres tipos de dinámicas : na es la herencia del paramilitarismo, que está conformada por los autodenominados Gaitanistas y los Conquistadores de la Sierra; una segunda dinámica que son las disidencias y desertores de las extintas Farc, y una tercera dinámica que es Eln principalmente, además de la criminalidad organizada", comentó Marín en este noticiero.La defensora explicó que el crecimiento de estas estructuras armadas, en especial de las disidencias y desertores de las Farc, obedece en parte a "retrasos históricos en llegar a las zonas que en su momento dejaron a través de inversión social" y al poco cumplimiento del acuerdo de paz. De igual forma, destacó que el grupo con mayor expansión territorial actualmente es el Clan del Golfo (autodenominados Gaitanistas), una organización dedicada a economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y la extorsión. Estas disputas y luchas por el control han disparado las cifras de masacres en el país, convirtiendo al presente año en el de mayor cantidad de estos eventos violentos desde 2018.Una de las mutaciones más alarmantes en los métodos de combate de los grupos armados ilegales es el uso creciente de tecnologías no tripuladas, específicamente drones cargados con explosivos, los cuales han generado desplazamientos y zozobra en regiones como el Cauca, Catatumbo y Antioquia.Frente a esta letal estrategia, Marín fue enfática al exigir el cese inmediato de su uso y condenar estas acciones de cara al derecho internacional humanitario. "Hay una obligación de los grupos armados de no usar estos artefactos explosivos que muchas veces se dirigen de manera indiscriminada y se causan daños a la población civil. Este es un crimen de guerra, nosotros lo hemos manifestado así en diferentes oportunidades", alertó la defensora en Noticias Caracol. De igual forma, instó a que la fuerza pública fortalezca e implemente de manera prioritaria tecnologías antidrones para salvaguardar a las comunidades atrapadas en medio de las hostilidades.Por otro lado, con un registro que supera las 261.000 hectáreas de cultivos de coca en el país, la Defensoría reconoce que los cultivos de uso ilícito constituyen un pilar clave del conflicto armado. Al ser consultada sobre la propuesta gubernamental de realizar aspersiones aéreas mediante bioderbicidas de alta generación, la defensora llamó a la precaución, la transparencia y al estricto cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Al respecto, la funcionaria expuso la ruta que el Gobierno debe seguir si decide emplear este mecanismo. "Si se va a acudir a la erradicación forzada por diferentes formas, por ejemplo la versión aérea tiene que agotarse primero tras vías y también hacer pública y transparente cuál es esa sustancia para garantizar que no vaya a generar daños a la salud y seguir la jurisprudencia de la Corte Constitucional", afirmó.No obstante, Marín subrayó la necesidad de entender este fenómeno como una profunda problemática social: "Los campesinos y las campesinas en estas zonas del territorio requieren alternativas que sean sostenibles para su economía y la erradicación es un primer paso pero es insuficiente para realmente resolver el problema de fondo".Actualmente, el organismo mantiene vigentes 120 alertas tempranas en Colombia, incluyendo una reciente alerta emitida para la capital del Cauca, en Popayán, debido a la amenaza y presencia de grupos al margen de la ley tanto en zonas rurales como urbanas. No obstante, la funcionaria criticó la falta de efectividad práctica del Estado frente a estas advertencias. Aunque el sistema de indicadores de la Defensoría muestra que aproximadamente el 50% de las recomendaciones técnicas de las alertas se cumplen, Marín advirtió que la calidad de esta respuesta gubernamental es limitada y superficial. "Muchas veces las acciones que más se cumplen son las de hacer reuniones o sacar directivas pero no las que tienen un impacto más digamos práctico operacional y dinámico en el territorio", detalló la defensora, quien en entrevista con Noticias Caracol propuso también coordinar una articulación intersectorial de alto nivel con el Ministerio del Interior para que las acciones estatales protejan estratégicamente a la población antes de que se consumen los riesgos advertidos.NOTICIAS CARACOL
Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 23 años, era un ciudadano costarricense oriundo quien arribó a Colombia hace aproximadamente dos meses. En la noche del sábado 10 de octubre, alrededor de las 11:15 p. m., el joven fue encontrado inconsciente y con graves dificultades para respirar en el suelo de uno de los baños de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot en Medellín.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATATras la alerta de los asistentes, el personal de socorro lo valoró y fue trasladado de urgencia en una ambulancia de la Secretaría de Salud de Medellín al Hospital Pablo Tobón Uribe. Pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida durante cerca de tres horas, Ismael falleció a las 3:46 a. m. del domingo 11 de octubre a causa de una falla respiratoria derivada de la complicación médica.Agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) adelantaron la inspección técnica del cuerpo e iniciaron los procedimientos para la repatriación a Costa Rica. Las autoridades investigan un aparente cuadro de sobredosis como hipótesis inicial, aunque aclaran que los reportes preliminares no permiten confirmarla aún como causa definitiva de la muerte.Javier Méndez, padre de Ismael, le dijo a Noticias Caracol que la Fiscalía colombiana se comunicó con él luego del doloroso acontecimiento, señalando que el joven había sufrido una sobredosis de drogas; sin embargo, en el breve diálogo con este medio de comunicación, el padre de familia aseguró que su hijo “no era ningún adicto”.(Le puede interesar: Esto se sabe sobre la muerte de costarricense durante festival de música electrónica en Medellín)Uno de los amigos de Ismael en Colombia, Daniel Ríos, señaló que aparentemente la causa de la muerte sería una sobredosis de una sustancia psicoactiva. También criticó la seguridad y la logística del evento de música electrónica EDC, señalando que las requisas fueron muy por encima, permitiendo el ingreso de sustancias con facilidad. Incluso, Stefany Spin indicó que fue testigo del consumo de drogas dentro del evento. “Fumaban muchas cosas”, señaló.Por otro lado, la investigadora de La Salle, Rosalina González, recordó que el consumo de estas sustancias ocasiona que el sistema nervioso central se estimule bastante y, entre los escenarios que pueden ocurrir, está la deshidratación y el golpe de calor.Australiano, víctima de violento roboLas autoridades en Medellín también están investigando el caso de otro extranjero asistente al festival EDC. Se trata de un australiano quien habría sido brutalmente atacado para robarle sus elementos y recibió múltiples heridas de arma blanca. Por el momento, los organizadores del evento no se han manifestado sobre los dos lamentables acontecimientos.NOTICIAS CARACOL
Al Nassr recibía este lunes al Neftchi por la Liga de Campeones de Asia, en un partido en el que está el astro portugués Cristiano Ronaldo, pero que no pudo comenzar a la hora que estaba estipulada (1:15 p.m. en nuestro país), por una supuesta amenaza en Riad.Según informó el diario 'AS' de España, "se retrasó el encuentro por una alerta de seguridad. Los jugadores, calentando sobre el terreno de juego".¿Qué pasó en el partido de Al Nassr?Las autoridades de Arabia Saudita emitieron un comunicado para explicar lo sucedido, informando que "se ha emitido una advertencia por parte de la Plataforma Nacional de Alerta Temprana en la Ciudad de Riad para alertar sobre un peligro potencial", sin dar más explicaciones, esto por parte del Cuerpo de Seguridad Civil.A pesar de eso, se viralizó un video desde el estadio Awwal Park, donde oficia como local el Al Nassr, y Cristiano Ronaldo, para dar tranquilidad a los futbolistas, cuerpo técnico e hinchas que estaban ya en el escenario deportivo. "Queridos espectadores, debido a una alerta reportada por la Protección Civil, les pedimos que permanezcan tranquilos y se mantengan seguros en sus asientos. No hay nada de qué preocuparse y el partido se reanudará en unos minutos", detallaron en el recinto.El astro portugués Cristiano Ronaldo y sus compañeros ya se encontraban en el estadio, pero según ha publicado el propio club de Riad, salieron a calentar con normalidad, a la espera del pitazo inicial.
En el fútbol de Argentina uno de los equipos que atraviesa un buen momento es Rosario Central, que el pasado domingo goleó 5-0 a Independiente Rivadavia, con dos goles de Ángel di María, uno más de Jaminton Campaz, Enzo Copetti y Marco Rubén. Con esa abultada victoria, los 'canallas' llegaron a 22 puntos y marchan en la primera posición del grupo B, con las mismas unidades de Argentinos Juniors y Belgrano.Después de esa goleada, la prensa rosarina elogió el accionar del equipo y destacó a los futbolistas de mayor rendimiento. En ese sentido, el colombiano Campaz quedó en un segundo renglón por detrás del histórico Di María, según las calificaciones otorgadas por el diario 'La Capital', que le dio un vistazo a los dirigidos por Jorge Almirón."Fideo hizo un partidazo en el gran triunfo canalla, participando en cuatro de los cinco goles. Campaz y Ovando, otros de los destacados", encabezó una nota el citado medio argentino.Y Di María alcanzó la perfección, tuvo una actuación redonda y digna de elogios para un internacional como él y campeón del mundo con Argentina. "Hizo el penal, participó en el tercero, inició con un taco el cuarto y mandó el centro en el quinto. Ya desde el principio mostró que estaba frente a una tarde notable", destacaron y le dieron un 10 de calificación. Mientras tanto, a Campaz le pusieron 9 puntos y a renglón seguido indicaron que "enorme partido del colombiano. Su gambeta fue indescifrable para los rivales. Metió dos grandes asistencias en el primer tiempo que no terminaron en gol y marcó un verdadero golazo. Se fue ovacionado".Cabe recordar que Jaminton Campaz, después del Mundial 2026, estuvo recientemente en la Selección Colombia en los partidos frente a México (1-1), Paraguay (derrota 1-0) y con Perú (victoria 2-0) y sigue contando con la confianza del entrenador Néstor Lorenzo, pensando en el nuevo proceso que tiene como metas la participación en las Eliminatorias al Copa del Mundo de 2030 y la Copa América 2028, en sede por definir.
Caribeña Día es un juego de chance popular en Colombia en el que los participantes apuestan por combinaciones de cuatro cifras. Este lunes 12 de octubre de 2026 se realiza un nuevo sorteo, y los jugadores están pendientes de conocer el número ganador y la quinta cifra para comprobar sus apuestas.Resultado de Caribeña Día del 12 de octubre de 2026El sorteo de Caribeña Día de este lunes 12 de octubre de 2026 corresponde a la edición 4282. La publicación consultada indica que el resultado se conocerá después de la realización del sorteo, programado habitualmente para las 2:30 p.m.Estos son los datos de la jornada:Número ganador: pendiente de publicación.Quinta cifra: pendiente de publicación.El resultado se actualizará cuando se divulguen oficialmente las cifras ganadoras.¿A qué hora juega Caribeña Día?Caribeña Día realiza sus sorteos diariamente. De lunes a sábado, el horario habitual es a las 2:30 p. m., mientras que los domingos y festivos se programa a la 1:00 p. m., según la información consultada. ¿Cómo se juega Caribeña Día?Los participantes eligen una combinación de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999. Para comprobar el resultado, deben revisar el número ganador y, cuando corresponda a su modalidad de apuesta, la quinta cifra.Las condiciones de los premios dependen de la modalidad seleccionada y de las cifras acertadas. Por eso, es importante consultar el plan de premios vigente y verificar los datos del comprobante.Resultado anterior de Caribeña DíaEl domingo 11 de octubre de 2026, el número ganador de Caribeña Día fue 5649, de acuerdo con los registros publicados para esa jornada. Este resultado corresponde al sorteo anterior y no permite anticipar las cifras de la jornada de este lunes.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.NOTICIAS CARACOL
El Sinuano Día es un juego de azar de chance, muy popular en la región Caribe, y le debe su nombre al río Sinú. Este lunes 12 de octubre de 2026, los jugadores están pendientes del resultado del sorteo para conocer el número ganador y la quinta cifra, y comprobar si sus apuestas coinciden con las cifras premiadas.¿A qué hora juega Sinuano Día?El sorteo de Sinuano Día se realiza diariamente, incluidos domingos y festivos, habitualmente a las 2:30 p. m., hora de Colombia. Una vez se publiquen las cifras ganadoras, los participantes pueden compararlas con los números registrados en sus apuestas.¿Cómo se juega Sinuano Día?Para participar, los jugadores seleccionan un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y eligen la modalidad de apuesta. El resultado también incluye una quinta cifra, que debe consultarse junto con el número ganador.Las opciones de premio dependen de la modalidad seleccionada y de las cifras acertadas. Por eso, es importante revisar el comprobante y las condiciones vigentes del juego.Resultado del Sinuano Día del 12 de octubre de 2026 El resultado del Sinuano Día de este lunes 12 de octubre de 2026 está pendiente de publicación.Estos son los datos de la jornada:Número ganador: pendiente.Quinta cifra: pendiente.La información se actualizará cuando se conozcan oficialmente los resultados de esta jornada.¿Cuánto paga el Sinuano?El valor del premio depende del monto apostado y de la modalidad elegida. Entre las opciones se encuentran las apuestas de cuatro, tres, dos y una cifra, cada una con condiciones de pago específicas.Para conocer el valor correspondiente, los participantes deben consultar el plan de premios vigente y verificar los datos de su apuesta.Resultado anterior del Sinuano DíaEl domingo 11 de octubre de 2026, el número ganador del Sinuano Día fue 9037, con quinta cifra 4, según los resultados publicados para esa jornada. Este dato corresponde al sorteo anterior y no permite anticipar las cifras ganadoras de este lunes.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.NOTICIAS CARACOL