Colombia se enfrenta hoy a una preocupante realidad frente a la seguridad de la comunidad trans y de las personas con identidades de género diversas, donde la violencia y la intolerancia continúan cobrando vidas. El crimen de Sara Millerey González es un recordatorio de la desprotección que vive la comunidad LGBTIQ+ en el territorio nacional. Diego Guauque de Séptimo Día investigó.El caso de Sara Millerey en AntioquiaEn su infancia, se caracterizó por ser alegre, cariñosa y muy cercana a las actividades religiosas de su comunidad. Su tío, Juan Camilo González, recuerda con afecto que en su niñez ella era una persona servicial: "era alegre, le gustaba mucho las cosas de Dios".Desde temprana edad, Sara comenzó a manifestar y afirmar su identidad de género femenina, expresando abiertamente quién era y su deseo de ser llamada como Sara Millerey, de acuerdo con el relato de su tío.A diferencia de muchos otros casos de la población trans en el país, quienes frecuentemente sufren el rechazo y abandono de sus familias, Sara Millerey contó con un apoyo incondicional en su hogar. Su tío destaca que en su familia nunca existió discriminación.El ataque en Bello que indignó al paísUn viernes a las tres de la tarde, una vecina se comunicó con Juan Camilo González para alertarlo sobre el ataque que había sufrido su sobrina. La investigación judicial posterior reveló la gravedad y la premeditación con la que se ejecutó la agresión. Saúl León, abogado penalista de la familia de la víctima, explicó cómo se desarrollaron los hechos dentro del inmueble al que fue conducida por la fuerza.Según el abogado Saúl León, "básicamente quienes asesinaron a Sara Millerey son sicarios en el municipio de Bello, Antioquia". El jurista también señaló que "hay evidencia en el expediente que acredita que cuando los agresores toman a Sara le gritan improperios, vulgaridades. todo derivado de su identidad de género. Y todo esto ocurre mientras la golpean y mientras le quitan la vida prácticamente".Esta agresión estuvo relacionado por prejuicios sobre la diversidad. León señaló que los atacantes ejercían un dominio armado en el barrio y que, "derivado de ello, eh en este control territorial ilegal que hacían estos sujetos en ese municipio, pues consideraban que esto era inapropiado socialmente".Después de golpearla y causarle múltiples fracturas, los cinco agresores trasladaron a Sara Millerey hasta la quebrada La García y la arrojaron a la corriente. Según la denuncia de la defensa, el horror continuó después de que la víctima cayó al agua, ya que los atacantes permanecieron armados en el sitio para impedir que fuera socorrida.Varios vecinos del sector se alarmaron ante la escena. Al ver a Sara atrapada en la corriente, dos habitantes de la zona decidieron intervenir. Los vecinos formaron un lazo humano dentro del agua para sostener a la víctima, impidiendo que el cauce la arrastrara.Poco después, unidades del cuerpo de bomberos lograron ingresar al área a través de una vivienda.Investigación y el reclamo por los implicados prófugosAunque fue rescatada con vida de la quebrada La García, Sara Millerey González Borja falleció el 6 de abril de 2025 en un hospital de Medellín debido a la gravedad de las lesiones internas y las fracturas. Su violento asesinato desató indignación y una rápida movilización de las autoridades competentes.El proceso judicial ha avanzado de forma parcial en la identificación y captura de los autores materiales del crimen. La defensa de la familia confirmó que el expediente penal señala a un total de cinco sospechosos de participar en el homicidio. El abogado Saúl León habló del el estado actual de las detenciones: "Son dos sujetos oriundos de Medellín y de Bello, Antioquia. Están privados de la libertad en la cárcel El Pedregal de Medellín".No obstante, los otros tres implicados en el asesinato de Sara Millerey continúan en libertad. Al ser consultado sobre las razones por las cuales no se ha completado la totalidad de las órdenes de captura, el abogado León indicó que "no ha sido posible su ubicación" por parte de los investigadores judiciales.
El terremoto del pasado 10 de agosto, con epicentro en el departamento del Chocó, sacudió a la ciudad de Cali con gran violencia debido a las condiciones de su suelo blando, compuesto por sedimentos de río. El movimiento telúrico destruyó por completo 24 edificaciones de la ciudad y dejó agrietadas a más de un centenar. Los Informantes visitó la zona.Entre todos estos puntos críticos, la estructura que registró el mayor saldo de víctimas mortales fue el edificio residencial Torres del Limonar, ubicado en el sur de la capital vallecaucana. En las labores de remoción de escombros de esta estructura trabajaron de manera conjunta el cuerpo de bomberos, la Armada Nacional, la Policía y un equipo de expertos rescatistas internacionales. Durante las primeras horas, las familias de los desaparecidos mantuvieron la esperanza de hallar personas con vida. Sin embargo, los equipos de rescate se enfrentaron a un obstáculo médico y físico severo conocido como el síndrome de aplastamiento. Diversas víctimas atrapadas lograban entablar conversaciones bajo la estructura colapsada, pero al levantarse las losas de concreto que las presionaban, las toxinas acumuladas en sus músculos ingresaban repentinamente al torrente sanguíneo, provocando infartos fulminantes de inmediato. Según el registro de la emergencia, la gravedad de esta situación llevó a que algunos familiares manifestaran su deseo de que no se removieran las pesadas piedras para poder continuar conversando con sus seres queridos.La mujer que rescata fotos y recuerdos en las ruinasEn medio de esta tragedia, Johana Sánchez, una caleña de 41 años, madre y contratista sin ningún tipo de entrenamiento en labores de socorro, decidió acudir de manera voluntaria a la zona del desastre.A pesar de no vivir en el edificio colapsado ni conocer a ninguna de las víctimas, Johana evadió la prohibición de su familia para ingresar a la zona de impacto. Su llegada se produjo un martes, camuflada en un vehículo de carga pesada justo cuando se agotaban las 72 horas críticas de búsqueda de sobrevivientes determinadas por los protocolos internacionales.Al ingresar a la zona restringida, Johana relata cómo inició su labor voluntaria de apoyo: "Había un militar ahí y yo le dije, 'Buenas.' Y me entré y ahí mismo le dije a una persona, 'Me presta un casco y me puse a a coger piedras y a mirar por los huequitos si encontraba alguien. Yo vine a salvar vidas, o sea, a tratar de sacar la ayudar a sacar la gente, pero no no se pudo".Aunque la misión inicial de rescatar personas con vida no resultó, la atención de Johana se desvió hacia una dimensión diferente de la catástrofe al observar pequeños objetos cubiertos de polvo y escombros. El momento clave que redefinió su labor ocurrió tras observar un peluche entre las piedras. Al ver que otra persona intentaba desecharlo considerándolo inservible, Johana intervino diciendo: "No, señora, eso no es basura. Lo que para usted es basura, para otra persona es lo más importante que le queda, un recuerdo".A partir de ese instante, Johana Sánchez inició un proceso minucioso de clasificación de pertenencias personales que abarcaba zapatos, llaves, diplomas, relojes, carteras y cartas familiares. Ante la gran acumulación de objetos rescatados, diseñó un método de organización basado en los perfiles ocupacionales y profesionales de las víctimas. Al entrevistarse con los familiares que acudían al lugar, Johana indagaba por las profesiones de los fallecidos para ubicar sus pertenencias en sectores específicos.De acuerdo con Johana, la efectividad de su método sorprendió a los sobrevivientes: "Yo se quedan aterrados porque dice, '¿Usted cómo sabía que esto era de mi mamá?' Y yo le dije, 'Porque su mamá, por ejemplo, su mamá, ¿qué era?' Ah, la señora trabaja en estética. Entonces empezaba".De igual manera, logró agrupar todas las herramientas de ferretería correspondientes a un propietario de la Torre A identificado como don Miguel. Entre esos papeles, descubrió una carta redactada en el año 2011, la cual contenía un mensaje íntimo de afecto dirigido a su esposa e hijos que estuvo guardado durante quince años. El documento fue entregado a su hijo precisamente el día del cumpleaños de don Miguel.La maleta de fotos de la familia PatiñoUno de los procesos de identificación más emotivos del desastre fue el del periodista y presentador José Fernando Patiño, quien viajó desde Bogotá tras enterarse del colapso del apartamento de su padre de 78 años, Darío Patiño Rivera, situado en el apartamento 304. El rescate del cuerpo se concretó el martes en la noche tras una ardua labor de los rescatistas. José Fernando identificó a su padre ingresando a un estrecho espacio con la ayuda de un socorrista. El reconocimiento físico se efectuó por partes: la parte trasera de su pierna, su talón, una calva en la coronilla y un lunar en la axila.Tras el funeral, José Fernando regresó a las ruinas del edificio con el propósito específico de recuperar la memoria familiar. En ese momento, relata que recurrió a la ayuda espiritual de su padre: "le dije, 'Pa, entre tantas cosas ayúdame a buscar nuestros recuerdos.' Tú puedes creer que lo primero que encontramos fue una maleta donde dijeron, 'Ahí hay fotos'". Al recibir el equipaje que había sido clasificado por Johana y los voluntarios, José Fernando Patiño estuvo muy agradecido: "Esto es todo. Esto es todo lo que necesito". La recuperación de ese archivo fotográfico devolvió a la memoria de la familia.La clasificación de Johana Sánchez demostró que los objetos de valor estrictamente material perdían toda relevancia para los dolientes frente a la carga sentimental de las imágenes. Tal fue el caso de la hija de una pareja que falleció abrazada bajo las placas de concreto.Al intentar Johana hacerle entrega de joyas de plata y una costosa colección de lentes de sol pertenecientes a su madre, la joven de 30 años las rechazó de inmediato para centrar su petición únicamente en las fotos.La única ocasión en la que Johana Sánchez interrumpió su labor y se quebró emocionalmente ocurrió tras acompañar a una madre que permaneció dos días y dos noches sin dormir en el campamento improvisado, esperando el rescate de sus hijos Valentina y Juan.Cuando los cuerpos sin vida de ambos jóvenes fueron localizados bajo el concreto pesado, Johana se aisló del campamento y se encerró a llorar sola.A pesar de las constantes sugerencias del equipo de profesionales en psicología del duelo que asisten la emergencia, quienes le recomiendan diariamente retirarse para proteger su salud mental ante la saturación de dolor, Johana permanece firme en el lugar.Actualmente, todas las pertenencias, fotos, diplomas, relojes y anillos recuperados por Johana Sánchez y los voluntarios civiles han sido trasladados de forma segura a una bodega oficial para que los familiares puedan identificarlos y reclamarlos.
El avance de la investigación por la muerte de dos niñas envenenadas con talio en Bogotá dio un giro determinante tras el allanamiento al locker de Zulma Guzmán, ubicado en el Club El Nogal. Los Informantes tuvo acceso a los videos del operativo, en el que fueron hallados elementos clave y lo que sería la 'prueba reina' del caso.Las autoridades ejecutaron una orden judicial para registrar el locker asignado a la señalada, donde recolectaron muestras y elementos que, según el abogado de la familia Graham Sardi, David Espinosa, cerrarían el círculo de responsabilidad sobre la mujer, actualmente detenida en el Reino Unido.¿Qué se encontró en el locker de Zulma Guzmán?Un equipo de expertos de la Fiscalía ingresó al vestier de mujeres del exclusivo club bogotano para abrir el locker. El abogado detalló lo que se encontró en ese espacio: “Lo primero que se encuentra son unos guantes de látex. Se encuentran unos frascos como empaquetados que, en ese momento no se sabía qué era. Encontramos unas calcomanías de estos productos de Rappi que precisamente fueran los que se habían utilizado para entregar el domicilio y encontramos una faja que alteraba el cuerpo de una persona”, afirmó.La faja hallada ha cobrado especial relevancia para los investigadores, ya que coincide con los testimonios recogidos por el domiciliario tras el envío de frambuesas envenenadas que cobraron la vida de dos menores en 2025.Espinosa señaló que la publicidad del producto “hizo conectar con la descripción que había hecho el mensajero de la persona que le había entregado el producto...era gordita, tenía una peluca, era una persona que no se correspondía su apariencia física con su vestimenta”.Encontraron la letal sustancia en uno de los frascosLos elementos extraídos del club fueron analizados bajo estrictos protocolos. El dictamen de Medicina Legal sobre las sustancias líquidas encontradas en dos frascos sin etiquetas dentro del locker confirmó la presencia de talio.“Nosotros podemos afirmar con grado de certeza, por lo menos como representante de víctimas, que Zulma es la responsable directa de la muerte de las niñas”, señaló el abogado. Este proceso judicial en Colombia busca la imputación de Zulma Guzmán por la muerte de dos menores de edad y el intento de homicidio de otros dos. Actualmente, la mujer se encuentra en la prisión de Bronzefield en Inglaterra, a la espera de que se defina su situación jurídica y las solicitudes de extradición al país.El antecedente de Alicia Graham, madre de una de las menores muertas por talioLa investigación también se ha extendido al fallecimiento de Alicia Graham Sardi, ocurrido el 17 de agosto de 2021. Aunque inicialmente su muerte fue atribuida a un cáncer de seno, el caso de las menores envenenadas con talio encendió las alertas en la familia Graham.Cristina Graham, hermana de Alicia y tía de una de las niñas que falleció envenenada por esta letal sustancia, relató que le informaron que a su hermana “alguien que estaba con ella de manera permanente la goteó con talio de a poquitos en algo que ella se tomaba”.Antes de fallecer, Alicia presentó síntomas que desconcertaron a sus allegados. El endocrino Julio Portocarrero, quien la trató en su momento, recordó su diagnóstico: “Si esto no es una intoxicación por talio, yo no sé qué será”.Irregularidades en la historia clínicaLa revisión del caso de Alicia Graham ha revelado inconsistencias en sus registros médicos. El periodista Florencio Sánchez identificó que existen dos exámenes de orina realizados con poco tiempo de diferencia en julio de 2021. Mientras que el primer examen reportó un resultado negativo, el segundo, ordenado tras su ingreso a la Clínica Santa Fe, arrojó un resultado positivo con una alta posibilidad de talio en su cuerpo, “pero esos resultados no ingresan a la historia clínica de Alicia Graham”.Alicia tenía 51 años, tres hijos y toda una vida por delante. Su muerte dejó un vacío inmenso en su familia, que intentaba hacer las paces con su ausencia cuando, cuatro años después, la tragedia volvió a golpear. El 4 de abril de 2025, la hija menor de los De Bedout invitó a dos amigas a su casa para hacer galletas. Sin embargo, las niñas terminaron consumiendo unas frambuesas envenenadas con talio que habían llegado como regalo.Para esta familia, existen indicios contundentes que apuntarían a una presunta responsabilidad de Zulma Guzmán en la muerte de las menores y de la madre de una de ellas. “No es una coincidencia, vamos a seguir investigando qué le pasó a mi hermana... Esperemos que esta señora cumpla su sentencia y se haga justicia... Yo pienso que ella tiene información de qué pasó con mi hermana”, concluyó Cristina.“La muerte de Alicia, que hoy podemos afirmar fue fruto de un envenenamiento, no puede quedar la impunidad”, dijo el abogado de las víctimas.Las autoridades colombianas mantienen el caso abierto, mientras la Fiscalía espera respuesta del Reino Unido para proceder con la audiencia de imputación contra Zulma Guzmán Castro, vinculada sentimentalmente en el pasado con el esposo de Alicia Graham.
La familia de Jaminton Campaz atraviesa uno de sus momentos más difíciles tras la participación de la selección Colombia en el Mundial 2026. El mediocampista ofensivo, quien actualmente viste la camiseta del Rosario Central de Argentina, ha sido blanco de amenazas que surgieron luego del partido contra Suiza el pasado 7 de julio en Vancouver, Canadá.Su hermano mayor, Mike Campaz, relató entre lágrimas en Los Informantes el impacto de las amenazas de muerte que recibió el jugador y que lo obligaron a evitar su regreso a Colombia.¿Por qué Campaz recibió amenazas de muerte?El incidente que desencadenó la situación ocurrió en el encuentro de octavos de final, cuando un remate de Jaminton Campaz no logró concretarse en gol. A partir de ese momento, las redes sociales del jugador se llenaron de advertencias contra su integridad. Mike Campaz, quien ha sido una figura paterna para el futbolista, expresó el dolor que siente la familia ante la discriminación recibida: "Ver mensajes de gente acá discriminándolo como si fuera un criminal...somos del fútbol y sabemos de los comentarios malos y él está preparado para eso, pero que se le metan con la familia no tiene derecho".Debido a la seriedad de las advertencias, el jugador tomó la decisión de viajar directamente desde Norteamérica hacia Argentina para reincorporarse a su club, omitiendo su periodo de vacaciones en Colombia. Sobre la imposibilidad de reunirse, su hermano mayor manifestó: "Tener que decirle que no vinieron fue muy duro. Fue muy duro porque a la fecha nosotros no lo podemos ver, ya tendremos tiempo para para compartir, para darle un abrazo".El recuerdo del asesinato de Andrés EscobarEl recuerdo de Andrés Escobar volvió de inmediato. El futbolista fue asesinado tras regresar del Mundial de Estados Unidos 1994. Aunque nunca se ha esclarecido que su muerte estuviera relacionada con asuntos deportivos, este hecho encendió las alarmas y, por eso, Jaminton Campaz no pudo regresar a Colombia.Una historia de superación desde Tumaco e IbaguéLa trayectoria de este deportista está marcada por el sacrificio de su madre, Betzabet Campaz, y sus siete hermanos, quienes abandonaron la precariedad en el corregimiento de Chontal, en Tumaco, para buscar un futuro en Ibagué a través del fútbol. El hermano del mediocampista recuerda con gratitud la acogida de la capital del Tolima: "Llegamos a una ciudad que nos abrió sus puertas y nos acogió como uno más”.El hermano mayor, quien también fue futbolista profesional, asumió la responsabilidad de cuidar de Jaminton y sus hermanos desde joven. "Cuando a mí me preguntan que si soy el papá, yo digo: ‘yo lo que hice, lo hice de corazón’”, afirmó Mike sobre su rol protector en la familia.Lo que dicen autoridades sobre las amenazasLos primeros indicios de las autoridades apuntan a que las amenazas contra Campaz son serias y podrían provenir de un grupo de apostadores. Sin embargo, la investigación continúa para establecer quiénes estarían detrás de este hecho.Mike Campaz confirmó que la familia mantiene contacto permanente con las autoridades y cuenta con el acompañamiento de un jefe de inteligencia de la Policía, encargado de hacer seguimiento al caso y brindarles seguridad. Mientras tanto, la Federación Colombiana de Fútbol y el entorno del jugador rechazaron contundentemente cualquier manifestación de odio que ponga en riesgo la vida de los deportistas.
La Fiscalía General de la Nación judicializó al teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y a los sargentos segundos Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna, señalados de, al parecer, recibir dinero de una estructura del Clan del Golfo en Antioquia a cambio de suministrar información reservada relacionada con operativos y movimientos de tropas del Ejército Nacional.De acuerdo con la investigación, los tres uniformados, quienes estuvieron adscritos al Batallón Rifles de Caucasia (Antioquia) y al Batallón de Infantería de Selva No. 48 ‘Prócer Manuel Rodríguez Torices’, en el sur de Bolívar, habrían hecho parte de una red dedicada a obtener y filtrar información estratégica sobre las acciones militares adelantadas contra esa organización criminal. Según la Fiscalía, esta estructura operó entre enero de 2022 y febrero de 2025 y contó con la intermediación de Teresa Jaramillo Giraldo, alias La Tía, quien ya fue condenada por estos hechos.Gobierno anuncia giro en estrategia contra grupos criminales: "Serán tratados como terroristas"Las pruebas contra los militaresLas pruebas recopiladas por el ente acusador indican que el 2 de enero de 2022, cuando tenía el grado de subteniente, Bravo Olaya habría recibido un millón de pesos por intermedio de un militar retirado para alertar posteriormente sobre los desplazamientos de las tropas bajo su mando en zona rural de Ayapel, Córdoba.Asimismo, la Fiscalía sostiene que Sicacha López habría aceptado pagos a cambio de compartir información relacionada con las operaciones militares en las que participaba. En el caso de Henao Luna, las autoridades lo señalan de haber recibido dinero por entregar datos privilegiados sobre los movimientos de la escuadra que comandaba, presuntamente después de recibir una llamada de un suboficial retirado el 14 de abril de 2022.Los procesados fueron capturados en operativos realizados por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional en Cali (Valle del Cauca), el corregimiento de Buenavista, en Distracción (La Guajira), y Yopal (Casanare).Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó, de acuerdo con su presunta participación en los hechos, los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado. Sicacha López aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia, mientras que Bravo Olaya y Henao Luna fueron enviados a un centro carcelario con medida de aseguramiento intramural.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
En entrevista con Noticias Caracol, la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó este lunes un alarmante diagnóstico de la crisis de derechos humanos en Colombia, fundamentado en el informe institucional titulado "Decisiones impostergables en derechos humanos". Marín advirtió sobre la expansión de los grupos armados ilegales, el uso indiscriminado de nuevas tecnologías en el conflicto, cifras históricas de cultivos ilícitos y el reclutamiento forzado de menores de edad. Sobre ese último punto, de hecho, la ONG Human Right Watch (HRW) le pidió al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que adopte medidas para acabar con el aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados -unos 1.500 desde 2021- que consta precisamente en ese informe de la Defensoría del Pueblo.El reclutamiento infantil es el aspecto más desgarrador expuesto por la defensora del Pueblo, en especial el incremento sistemático del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de todos los grupos armados. La funcionaria denunció que estas estructuras criminales están empleando redes sociales para persuadir y seducir a menores de edad ofreciéndoles bienes materiales como tenis, celulares y motocicletas. "Es otro de los indicadores más dolorosos del crecimiento de los grupos armados, que están usando de una manera sistemática menores de edad (...) También el uso de nuevos mecanismos pues para seducir a estos menores de edad, por ejemplo a través de las redes sociales, donde además les ofrecen tenis, celulares, motos y terminan persuadiéndolos".Esta situación azota severamente a las comunidades étnicas de regiones como el Cauca, donde cerca del 50% de los menores reclutados son indígenas, y al sumar a la población afrodescendiente, la cifra asciende al 56-58%. Marín denunció que muchos de estos niños son trasladados lejos de sus hogares para ser utilizados como primera línea de combate o quedar expuestos a bombardeos y alertó sobre un preocupante subregistro en las cifras oficiales. "Estamos muy convencidos de que esto no obedece a una disminución de la práctica sino a una reducción de la denuncia de parte de las comunidades -explicó la defensora-. Estamos viendo cada vez más menores de edad que mueren en combates entre los grupos, como este año en Guaviare en bombardeos en los últimos años son decenas la cantidad de niños que han muerto en bombardeos, pero el subregistro es enorme".La defensora se refirió también a otros puntos, como la expansión de grupos criminales, el uso de drones con explosivos y las alertas tempranas que emite ese organismo.De acuerdo con la radiografía de esa entidad, el panorama de seguridad en las regiones muestra dinámicas complejas e intensificadas por disputas territoriales que terminan afectando directamente a la población civil. Al analizar las causas de esta preocupante realidad, la defensora señaló que en el territorio confluyen principalmente tres factores de violencia organizada. "Colombia está en una situación bastante delicada, tiene presencia de al menos tres tipos de dinámicas : na es la herencia del paramilitarismo, que está conformada por los autodenominados Gaitanistas y los Conquistadores de la Sierra; una segunda dinámica que son las disidencias y desertores de las extintas Farc, y una tercera dinámica que es Eln principalmente, además de la criminalidad organizada", comentó Marín en este noticiero.La defensora explicó que el crecimiento de estas estructuras armadas, en especial de las disidencias y desertores de las Farc, obedece en parte a "retrasos históricos en llegar a las zonas que en su momento dejaron a través de inversión social" y al poco cumplimiento del acuerdo de paz. De igual forma, destacó que el grupo con mayor expansión territorial actualmente es el Clan del Golfo (autodenominados Gaitanistas), una organización dedicada a economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y la extorsión. Estas disputas y luchas por el control han disparado las cifras de masacres en el país, convirtiendo al presente año en el de mayor cantidad de estos eventos violentos desde 2018.Una de las mutaciones más alarmantes en los métodos de combate de los grupos armados ilegales es el uso creciente de tecnologías no tripuladas, específicamente drones cargados con explosivos, los cuales han generado desplazamientos y zozobra en regiones como el Cauca, Catatumbo y Antioquia.Frente a esta letal estrategia, Marín fue enfática al exigir el cese inmediato de su uso y condenar estas acciones de cara al derecho internacional humanitario. "Hay una obligación de los grupos armados de no usar estos artefactos explosivos que muchas veces se dirigen de manera indiscriminada y se causan daños a la población civil. Este es un crimen de guerra, nosotros lo hemos manifestado así en diferentes oportunidades", alertó la defensora en Noticias Caracol. De igual forma, instó a que la fuerza pública fortalezca e implemente de manera prioritaria tecnologías antidrones para salvaguardar a las comunidades atrapadas en medio de las hostilidades.Por otro lado, con un registro que supera las 261.000 hectáreas de cultivos de coca en el país, la Defensoría reconoce que los cultivos de uso ilícito constituyen un pilar clave del conflicto armado. Al ser consultada sobre la propuesta gubernamental de realizar aspersiones aéreas mediante bioderbicidas de alta generación, la defensora llamó a la precaución, la transparencia y al estricto cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Al respecto, la funcionaria expuso la ruta que el Gobierno debe seguir si decide emplear este mecanismo. "Si se va a acudir a la erradicación forzada por diferentes formas, por ejemplo la versión aérea tiene que agotarse primero tras vías y también hacer pública y transparente cuál es esa sustancia para garantizar que no vaya a generar daños a la salud y seguir la jurisprudencia de la Corte Constitucional", afirmó.No obstante, Marín subrayó la necesidad de entender este fenómeno como una profunda problemática social: "Los campesinos y las campesinas en estas zonas del territorio requieren alternativas que sean sostenibles para su economía y la erradicación es un primer paso pero es insuficiente para realmente resolver el problema de fondo".Actualmente, el organismo mantiene vigentes 120 alertas tempranas en Colombia, incluyendo una reciente alerta emitida para la capital del Cauca, en Popayán, debido a la amenaza y presencia de grupos al margen de la ley tanto en zonas rurales como urbanas. No obstante, la funcionaria criticó la falta de efectividad práctica del Estado frente a estas advertencias. Aunque el sistema de indicadores de la Defensoría muestra que aproximadamente el 50% de las recomendaciones técnicas de las alertas se cumplen, Marín advirtió que la calidad de esta respuesta gubernamental es limitada y superficial. "Muchas veces las acciones que más se cumplen son las de hacer reuniones o sacar directivas pero no las que tienen un impacto más digamos práctico operacional y dinámico en el territorio", detalló la defensora, quien en entrevista con Noticias Caracol propuso también coordinar una articulación intersectorial de alto nivel con el Ministerio del Interior para que las acciones estatales protejan estratégicamente a la población antes de que se consumen los riesgos advertidos.NOTICIAS CARACOL
La ONG Human Right Watch (HRW) ha pedido al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que adopte medidas para acabar con el aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados en el país -unos 1.500 desde 2021- que consta en un informe hecho público este lunes a partir de datos de la Defensoría del Pueblo.El documento, titulado "Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá", establece que las cifras oficiales disponibles indican un fuerte aumento de casos desde 2023 y que los grupos armados disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están detrás de la gran mayoría de los casos denunciados."Los grupos armados en Colombia están reclutando niños con impunidad, ya que los sistemas de protección están fallando y las redes sociales se han convertido en un medio de reclutamiento más eficaz", dice en el reporte Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, que añade que "cada niño reclutado es un indicio del fracaso del gobierno".HRW pide al flamante Ejecutivo de 'El tigre' que fortalezca la política pública sobre prevención del reclutamiento de menores, asegure un presupuesto suficiente y refuerce la coordinación institucional y los sistemas de control y alerta temprana.La ONG también pide ayuda en Colombia al Congreso, a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo, a los operadores de redes sociales y a los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y de países europeos.Perfil de los niños reclutadosEntre 2020 y 2025, los grupos armados reclutaron con mayor frecuencia a niños de entre 15 y 16 años, muestran datos de la Oficina de la Defensoría del Pueblo que recoge el informe.Según el Ministerio de Defensa, entre enero de 2016 y octubre de 2025 la edad media de reclutamiento fue 15 años tanto para niños como para niñas.Sin embargo, más del 30 % de los casos reportados involucraron a niños de entre 10 y 14 años y los funcionarios de protección infantil informaron a HRW de que han tenido conocimiento de un número creciente de niños más pequeños reclutados, incluyendo algunos de tan solo 9 o 10 años.La ONG denuncia que, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el reclutamiento de menores de 15 años puede considerarse un crimen de guerra.La Defensoría del Pueblo estima que, de media, el 60 % de los niños reclutados entre 2020 y 2025 eran varones y el 40 % eran niñas, aunque desde 2021 la proporción de niñas ha ido en aumento.Además, el reclutamiento infantil afecta de manera especial a las comunidades indígenas, ya que casi cinco de cada diez casos entre 2021 y 2025 correspondían a niños de estos colectivos.Métodos de reclutamientoHRW detalla en el informe que "los grupos armados y criminales se han aprovechado de la pobreza, la exclusión social y las barreras a la educación para reclutar niños con promesas de poder, dinero y prestigio" y que en los últimos tiempos han comenzado a usar cada vez más las redes sociales para las captaciones.Según la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo de justicia transicional para el conflicto armado en Colombia, casi la mitad (el 44 %) de los niños reclutados en 2025 lo fueron a través de redes o plataformas como TikTok y Facebook.El informe relata que lo más habitual es alejar a los menores de sus zonas de origen para evitar fugas y romper los lazos con sus familias y entornos.Además, detalla las labores que se les encargan: los niños son utilizados para el manejo de drones y la participación en combate, mientras que las niñas están particularmente expuestas a la violencia sexual.HRW realizó 184 entrevistas con funcionarios gubernamentales, trabajadores humanitarios, líderes indígenas y comunitarios, miembros de organizaciones de derechos humanos y de la infancia, y funcionarios estatales colombianos de protección infantil para realizar el informe. EFE
13 cuerpos más fueron encontrados en un cementerio de Pitalito, Huila, en un trabajo conjunto entre 10 integrantes de la fuerza pública, imputados por asesinatos y desapariciones forzadas, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Con este hallazgo, ya serían 54 cuerpos de personas no identificadas recuperados en el camposanto. Los comparecientes, que ya reconocieron su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), participaron en las labores que permitieron la recuperación de los restos que estaban en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito.La información fue dada a conocer por la JEP, que explicó que los comparecientes apoyaron la cuarta fase de intervención forense liderada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), desarrollada entre el 10 y el 19 de junio como parte de las acciones para esclarecer el paradero de víctimas del conflicto armado. Según los expedientes que señalaron este lugar como uno de interés, las personas que reposan allí provenían de municipios del sur del Huila como Acevedo, Suaza, Timaná, Palestina, San Agustín, Isnos, Pitalito, Oporapa, Saladoblanco, Tarqui y La Plata, así como de Puracé (Coconuco) y Santa Rosa, en Cauca.De acuerdo con la JEP, el apoyo de los comparecientes fue clave para adecuar el terreno donde trabajó el equipo forense. Los militares retiraron 15 toneladas de guadua, una labor necesaria para limpiar y preparar el área de excavación. La jurisdicción señaló que las labores se realizaron en condiciones complejas, debido a la densa vegetación y a las características del suelo. Durante toda la intervención, los comparecientes permanecieron bajo restricción efectiva de derechos y libertades, con monitoreo y verificación permanente por parte de la JEP.Tres cuerpos tienen orientación de identidadEntre los 13 cuerpos recuperados durante esta cuarta fase, tres cuentan con orientación de identidad, lo que significa que la información recopilada hasta ahora permite formular una hipótesis sólida sobre quiénes podrían ser las víctimas. No obstante, esa información deberá ser confirmada mediante los procedimientos forenses correspondientes.La JEP indicó que los trabajos realizados por los comparecientes fueron voluntarios y anticipados, por lo que podrán ser valorados por el Tribunal para la Paz como parte del cumplimiento anticipado de la sanción propia que eventualmente les sea impuesta cuando se profiera la sentencia.Según el balance entregado por la Jurisdicción Especial para la Paz, de los 54 cuerpos recuperados en el cementerio San Antonio de Padua, nueve personas ya han sido identificadas y entregadas dignamente a sus familiares. Las entregas se han realizado a familias de los departamentos de Huila, Caquetá, Cauca, Putumayo, Cesar y Valle del Cauca, en el marco de los esfuerzos de búsqueda humanitaria para esclarecer casos de desaparición ocurridos durante el conflicto armado.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
En redes sociales surgió una polémica a raíz de un video en el que se ve a alias Bendito Menor, presunto cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, paseando entre una caravana de motos por las calles de Riohacha. La acción fue calificada por muchos como un desafío a la autoridad, y es que este es uno de los criminales más buscados en el Caribe colombiano.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Identificado como Naín Andrés Pérez Toncel, es señalado como uno de los comandantes paramilitares de este grupo, que vive en constante disputa con el Clan del Golfo. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos. Las Ascn se mueven sobre todo entre los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y hasta Norte de Santander, esto después de un repliegue del Clan del Golfo.Alias Bendito Menor reapareció para celebrar en las calles poco después de la victoria de la Selección Colombia en el partido contra Ghana, según confirmaron las autoridades a Noticias Caracol. En un video grabado por uno de sus cómplices, se le puede ver a Pérez Toncel encabezando una caravana de aproximadamente 20 personas a bordo de motocicletas que transitaron por las calles de Riohacha, La Guajira. Las autoridades confirmaron que, en efecto, se trataba de este jefe criminal después de comparar los tatuajes en sus brazos. Al cabecilla se le observa en compañía de una mujer, quien sería su pareja sentimental, identificada como alias “Bebecita”.“Bendito Menor” tiene cuentas abiertas en redes sociales, donde publica videos ostentando dinero y armas. De allí surgió el video que ha causado polémica. Según Insight Crime, las Ascn controlan corredores del narcotráfico y dirigen redes de extorsión. Pérez, por su parte, es señalado de homicidio, según el boletín de la Policía Nacional.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
El Tribunal Administrativo de Antioquia emitió un auto por el cual le ordena a la Presidencia de la República y a los ministerios de Defensa e Interior que diseñen e implementen un plan urgente para proteger a la población de Briceño, Antioquia; un municipio que ha estado expuesto a enfrentamientos entre grupos ilegales y hechos de violencia, como el asesinato del periodista Mateo Pérez. El plazo otorgado por el alto tribunal al Gobierno nacional es de 30 días.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Esta decisión surgió a partir de una acción popular que fue interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, la cual sigue pendiente de una decisión de fondo. El departamento de Antioquia entró al proceso para respaldar esta causa con el propósito de solicitar las medidas cautelares urgentes que están destinadas a proteger a la población de Briceño ante lo que ha sido identificado como una grave crisis humanitaria y de orden público. Y es que el contexto que enfrenta el municipio fue evidenciado por la Defensoría del Pueblo, que emitió la alerta temprana de 019 de 2025, en la que advierte sobre los riesgos inminentes que pesan sobre este territorio.(Le puede interesar: JEP entrega restos de víctimas desaparecidas hace más de 25 años: avance en el esclarecimiento)La violencia que vive la gente en Briceño, Antioquia: “Presiones directas sobre los civiles”En el documento de la Defensoría queda consignado que el mismo fue emitido por los graves riesgos de violaciones de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, derivados de la confrontación armada entre el Frente 36 del Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de los Bloques y el Frente (EMBF), grupo disidente de las extintas FARC-EP, y las autodenominadas ‘Guerrillas Campesinas Los Cabuyos’; así como la exacerbación de las confrontaciones entre el Frente 36 y el Clan del Golfo. Y es que los enfrentamientos entre estos grupos, que toman lugar en zona rural y urbana, están implicando “presiones directas sobre los civiles”.La problemática a raíz de este contexto violento ha sido tal, que en un informe de la Oficina de las Naciones Unidas que fue emitido en mayo de 2026 hay referencia directa sobre las consecuencias del conflicto en Briceño, que desembocan en desplazamientos forzados masivos recurrentes, confinamientos, restricciones a la movilidad, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, presencia de artefactos explosivos y ataques a bienes civiles. El Tribunal en su decisión señala que los argumentos que originaron la alerta no han sido superados, sino que las condiciones de riesgo persisten.Lo que debe hacer el Gobierno nacional en un plazo de 30 díasCon el auto del Tribunal Administrativo, Presidencia y los ministerios de Defensa e Interior contarán con un plazo máximo de 30 días siguientes a la ejecutoria de la decisión para diseñar e implementar un plan transitorio de intervención urgente en el municipio de Briceño, teniendo en cuenta la alerta emitida por la Defensoría. Además, cuentan con 10 días hábiles para remitir al municipio “el número de activos necesarios” del Ejército y Policía Nacional para contener “la peligrosidad de la región”. Otra medida ordenada es que se conforme un Consejo de Seguridad extraordinario, de manera temporal y hasta que culmine el proceso, que tendrá la misión de hacer un plan de protección.Dentro de 15 días hábiles, el despacho del tribunal deberá ser informado por diferentes entidades si cumplieron con las recomendaciones hechas en la alerta de la Defensoría y deberán decir todo lo que se haya hecho hasta entonces.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó a sus familias los restos de tres víctimas de desaparición forzada, recuperados en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, más de dos décadas después de que desaparecieran durante el conflicto armado, informó este sábado la entidad.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)La JEP explicó que los cuerpos fueron ubicados en zonas rurales del corregimiento de San José de Apartadó, "gracias a información suministrada por integrantes de las extintas FARC en versiones voluntarias y diligencias judiciales realizadas dentro del Caso 04", que investiga los crímenes cometidos durante el conflicto en la subregión de Urabá.¿Qué se sabe de los restos de las víctimas?Las víctimas fueron identificadas como Luis Eduardo Aguirre, agricultor y líder comunitario desaparecido el 10 de julio de 2001; Humberto Palacios Palacios, trabajador del campo dedicado al aserrío de madera, desaparecido el 19 de octubre de 2000, y una tercera persona cuya identidad permanece bajo reserva por decisión de la jurisdicción. Los restos fueron entregados a sus familiares el pasado 12 de junio.Según la JEP, la recuperación de los cuerpos fue resultado de labores de contrastación, inspecciones judiciales y verificaciones en terreno adelantadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF). Mientras que la identificación fue posible mediante análisis antropológicos y cotejos genéticos realizados junto con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y los familiares de las víctimas.La jurisdicción señaló que estas entregas constituyen un avance en el esclarecimiento de desapariciones forzadas ocurridas en Urabá y reflejan la importancia de los aportes de verdad realizados por excombatientes sometidos a ese tribunal para localizar a personas desaparecidas durante el conflicto armado.AGENCIA EFEEDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
Un soldado muerto y cuatro militares más heridos dejó un ataque con drones lanzado por la guerrilla del Eln en área rural de El Tarra, en Norte de Santander, que hace parte de la zona del Catatumbo. (Lea también: Defensoría alerta desplazamiento masivo en el Catatumbo: 784 personas abandonaron sus hogares)De acuerdo con el comunicado emitido por el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, de la Segunda División del Ejército Nacional, los hechos ocurrieron “en el marco del desarrollo de operaciones militares orientadas al control territorial, (cuando) tropas del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11, que se encontraban en área rural del municipio de El Tarra, Norte de Santander, fueron objeto de un ataque terrorista por integrantes del GAO ELN, quienes emplearon aeronaves no tripuladas modificadas con artefactos explosivos”.El ataque terrorista se dio “cuando los soldados permanecían en inmediaciones del sector realizando operaciones militares en pro de la seguridad de la población civil”.Por el atentado con drones murió el soldado profesional José Mariano Dumaza Conchave y cuatro militares más resultaron heridos. Los uniformados fueron evacuados hacia la ciudad de Cúcuta para recibir atención médica especializada.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Quién era el soldado asesinado?El Ejército manifestó su rechazo categórico por “el uso de drones acondicionados con explosivos por parte de los grupos armados organizados, práctica terrorista que vulnera los derechos humanos e infringe el derecho internacional humanitario, poniendo en riesgo no solo a la Fuerza Pública, sino también a la población civil”.El militar asesinado era oriundo del Alto Baudó, Chocó, y hacía 9 años prestaba servicio a la institución castrense, que anunció la activación de los “protocolos institucionales y el acompañamiento integral a su familia, brindando apoyo permanente en esta difícil situación”.“Como institución seguiremos desarrollando operaciones militares sostenidas y contundentes contra el GAO ELN, estructura responsable de reiterados actos violentos que alteran la tranquilidad, seguridad y bienestar de los habitantes del Catatumbo y de la Fuerza Pública”, señaló el Ejército.Reclutamiento forzado de grupos ilegalesEn medio del conflicto armado, la Defensoría del Pueblo informó que por lo menos 51 menores de edad fueron víctimas de reclutamiento forzado entre enero y mayo de 2026 por parte de grupos armados ilegales en Colombia. Detalló que los departamentos con más casos registrados son Norte de Santander, Cauca y Antioquia.El informe apuntó que de los 51 menores reclutados el 65 % son niños y adolescentes hombres, mientras que el 35 % restante son niñas y adolescentes mujeres. De este total de víctimas, el 17 % pertenece a alguna población indígena, el 12 % son afrocolombianos y el 71 % no se identifica con ningún grupo étnico. Según esta entidad, el reclutamiento de menores de edad aumentó en los últimos años: entre enero y diciembre de 2025 se identificaron 410 casos, de los cuales el 57 % son niños y adolescentes.La Defensoría detalló que entre los grupos armados ilegales presuntamente responsables de estos delitos destacan el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, que concentra un 23,5 % de casos; el Ejército de Liberación Nacional (Eln) con 23,5 %; el Estado Mayor Central con 21,6 %; y otras disidencias de las Farc con 21,6 %. POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
Un niño de 10 años murió en zona rural de Tibú, Norte de Santander, luego de que lanzaran un dron con explosivos en medio de los combates entre el Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc en la zona.Los hechos, en los que también resultaron heridas cuatro personas, fueron reportados en el kilómetro 25 de la vereda Gaitán.Las imágenes compartidas por la comunidad en las redes sociales dan cuenta de cómo una vivienda quedó reducida a escombros por los combates entre los grupos ilegales, que se mantienen en la zona, cerca de la frontera con Venezuela.Poco después se conoció que un joven de 17 años y una bebé de 2 también resultaron gravemente heridos.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Situación de orden público en Norte de SantanderUn informe publicado a mediados de mayo pasado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) indicó que el desplazamiento de personas se duplicó 2025 en Colombia respecto al año anterior.Al menos 322.688 ciudadanos se desplazaron mientras "los enfrentamientos armados se intensificaron" en "zonas pobladas o cerca de viviendas" civiles, apuntó el documento.El departamento más afectado fue Norte de Santander, donde los enfrentamientos a principios de 2026 entre el Eln y las disidencias obligaron a miles de personas a huir de sus casas. (Lea también: Los últimos minutos de Cristian Herrera y drama que vive equipo periodístico: “Estamos escondidos”)El informe también señaló el masivo aumento del confinamiento de personas, una práctica común de los grupos armados que prohíben la movilidad de comunidades enteras. También subió en un 34 % el número de muertos y heridos por ataques con artefactos explosivos como drones, usados habitualmente por guerrilleros contra la fuerza pública y también civiles.La Cruz Roja afirmó que la población civil fue víctima de "homicidios, desapariciones, amenazas, reclutamiento, uso y utilización de menores de edad, violencia sexual" en zonas con presencia de grupos armados y en 2025 registró 845 presuntas violaciones al derecho internacional humanitario.NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP
Los colombianos fueron a las urnas este 31 de mayo para decidir quién será el próximo presidente de Colombia en el marco de las elecciones. Los comicios fueron antecedidos por advertencias de la Misión de Observación Electoral (MOE) y otros entes en materia de riesgos electorales a lo largo y ancho del territorio nacional. Y es que un total de 386 municipios en el país tienen alertas ante un contexto de violencia. Para la defensora del Pueblo, Iris Marín, esto genera una “preocupación central (...) sobre la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones en el país”.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)“El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, dijo Marín. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo votaron los departamentos que concentran alertas por riesgo de violencia en el territorio nacional?La MOE señaló en el más reciente Mapa de riesgo por factores de violencia, actualizado el pasado 29 de mayo, que Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca “presentan el mayor número de municipios en riesgo extremo”. Luego están Arauca y Guaviare, que tiene la totalidad de sus municipios en riesgo."Como presidente no acepto los resultados del preconteo": Petro tras las elecciones¿Cómo votaron los departamentos con mayor riesgo por violencia?Los cuatro departamentos tuvieron una participación que oscila entre el 50 y casi 60 % de los votantes habilitados para acudir a las urnas.Cauca: participaron 696.725 de 1.075.975 personas habilitadas (64,75 %). Más de 19.00 votos fueron inválidos en el territorio. En el departamento ganó la campaña de Iván Cepeda con 462.690 votos (68,33 %) y le siguió Abelardo de la Espriella con 131.175 (19,37 %).Antioquia: tuvo la mayoría de votos a favor de la campaña del movimiento Defensores de la Patria. Allí sufragaron 3.209.520 de 5.448.240 colombianos habilitados. De La Espriella se quedó con 1’723.406 (54,36 %). Le siguió Cepeda, del Pacto Histórico con menos de la mitad de los votos: 805.652 (25,41 %)Norte de Santander: la mayoría de los votos se fueron a favor del abogado, quien fue favorecido por el 70,61 % del electorado. Los votos hacia la dupla del Pacto Histórico concentraron solo el 17,42 %. Allí participaron 741.692 colombianos de 1’369.050.Valle del Cauca: 2’133.237 personas de 3’793.190 acudieron a las urnas. En el preconteo, Cepeda lideró el voto con 1.119.914 (53,17 %). De La Espriella quedó de segundo con 710.909 (33,75 %)¿Cómo estuvo la participación de Arauca y Guaviare?En Arauca acudieron menos de la mitad de las personas habilitadas para sufragar en las elecciones presidenciales (45,61 %). De ese total, 50.613 votantes marcaron el tarjetón a favor de Abelardo De La Espriella. 34.097 decidieron su voto por Iván Cepeda. El orden de los candidatos se repitió en Guaviare, donde acudió la mitad del electorado (34.951 de 69.304).Paloma Valencia anuncia su apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vueltaCabe recordar que, por ejemplo, integrantes de la estructura Jhon Linares del bloque Jorge Suárez Briceño habrían instalado explosivos improvisados en pasos obligados de las zonas rurales del Meta y Guaviare. Esto, según el Ejército, con el propósito de poner en riesgo a civiles y afectar las elecciones de este domingo. María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
Una mujer embarazada de ocho meses fue asesinada en Panamá de un disparo. Aunque el bebé fue extraído a tiempo y lograron salvarle la vida, permanece en cuidados intensivos en el Hospital del Niño, informó la Fiscalía, tras la audiencia contra el presunto asesino, que intentó darse a la fuga tras cometer el crimen.Este hecho de violencia ocurrió el pasado domingo 23 de agosto, cuando un hombre de 31 años atacó a tres personas, incluida la única víctima mortal, según indicó un comunicado de prensa de la entidad. El atacante fue imputado del delito de homicidio doloso agravado en perjuicio de una mujer embarazada, y de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de un bebé y dos personas más, indicó la nota informativa, que no ofreció detalles sobre la condición de los heridos. (Lea también: Preso habría admitido que acabó con la vida de la mujer que estaba de visita en cárcel La Modelo)¿Qué pasó el día que murió la mujer embarazada?Según lo reportado por el medio TVN Panamá, Luis Fernando Castrejo, como fue identificado el presunto asesino, llegó hasta una cancha de fútbol donde se encontraban la víctima fatal, su esposo y un amigo que los acompañaba, y empezó a amenazarlos. Los tres decidieron irse del lugar y se fueron a la casa de la pareja, en el sector de Guarumal, corregimiento de Caimitillo, en la provincia de Panamá Oeste, aledaña a la capital.El atacante llegó hasta la residencia hacia las 8:30 de la noche y, tras volver a amenazar a las víctimas, empezó a disparar. La embarazada, de 29 años, recibió un disparo mortal en el tórax. Jorge Luis Ferguson, fiscal superior de homicidio, le dijo a ese medio que aunque la mujer falleció, lograron salvar al bebé que esperaba. No obstante, el menor se encuentra en una “situación bastante delicada, toda vez que el menor nació sin signos vitales, pero por las maniobras oportunas a ese interés de los médicos por salvar la vida, se le aplicó una reanimación y se encuentra en un estado bastante delicado, pero con vida”.Atacante estaba celoso de la pareja de su víctimaEl fiscal reveló que “todo surge, en apariencia, por celos que mantenía el agresor en relación a la pareja de la víctima fallecida. Esto es lo que aparentemente motiva la situación de disconformidad, conflicto que mantiene el agresor para realizar este acto”. Además, señaló que “había actos agresivos que venían como antecedentes de este agresor en contra de la víctima de la pareja y que lastimosamente, no haber puesto en conocimiento de las autoridades en el momento oportuno, quizá por situaciones de temor o represalias, desafortunadamente traen este resultado”.Testigos aseguraron que el atacante, luego de disparar contra la residencia de la mujer embarazada, se mantuvo cerca del lugar, pero cuando vio llega la Policía intentó darse a la fuga sin éxito.El asesinato ocurre en un contexto en el que, según las estadísticas del Ministerio Público de Panamá, los feminicidios han aumentado un 44 %, al sumar 13 entre enero y julio de 2026 frente a los 9 del mismo período en 2025. En el mismo lapso, la tentativa de feminicidio creció un 89 %, al sumar 17 casos frente a 9 de 2025, mientras que las muertes violentas de mujeres llegaron a diez, la misma cifra registrada entre enero y julio de 2025, de acuerdo con las estadísticas judiciales.POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
Se conocieron nuevos detalles hasta hoy desconocidos sobre el asesinato del profesor Neill Felipe Cubides, quien fue víctima de paseo millonario en Bogotá a inicios de 2026. El escrito de acusación reconstruyó minuciosamente la línea de tiempo que se logró realizar a partir de la investigación de la Fiscalía General de la Nación. Este 27 de agosto fueron llamados a juicio cuatro de los implicados, que son señalados de pertenecer a la banda “Los Camaleones”, quienes tendrán que responder por los delitos de secuestro extorsivo, homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.El escrito de acusación resulta revelador, teniendo en cuenta que las audiencias de este caso se han llevado a cabo de manera reservada por solicitud de la familia de la víctima. Y es que el documento da muestra de la línea de tiempo, el rol de cada uno de los implicados y la sevicia con la que se habría cometido el crimen contra el docente de la Universidad Externado de Colombia y exfuncionario de la Procuraduría General de la Nación. Informes de campo, entrevistas, interceptaciones y búsquedas selectivas hacen parte del elemento material probatorio. En el escrito también figuran varias fuentes testimoniales.La línea de tiempo del paseo millonario, punto por puntoNeill Felipe Cubides salió en la noche del 15 de enero de la Clínica del Country de Bogotá y llegó hasta la carrera 15 con calle 84, donde abordó un taxi a las 10:07 p. m., de placas ESN362. Aquel vehículo era conducido por Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias “Cabezón”. El profesor pidió a Gómez que lo llevara a su lugar de residencia, ubicado en el noroccidente de la ciudad. Minutos después de iniciar el recorrido, varias personas abordaron abruptamente el vehículo. Entre ellos estaban Sergio David Vázquez Rivera, alias “Pipo”, y Michael Andrés Chtivia Henao, alias “Chirry”, junto a otras personas que no han sido plenamente identificadas por las autoridades.Gómez contrarió la voluntad del docente y tomó una ruta diferente a la que se le indicó; primero tomó la calle 85 hacia el occidente, transitó por la avenida NQS y luego fue hacia el norte para tomar el retorno de la calle 91 hasta la calle 80. El taxi empezó a irse hacia el sur, tomando primero la avenida carrera 68, luego Las Américas en dirección occidente hasta la avenida Boyacá. Posteriormente llegó al kilómetro dos de la antigua vía al Llano, sector Los Soches.Durante todo ese trayecto, señala el informe del ente judicial, alias Pipo y Chirry le ocasionaron múltiples lesiones con arma cortopunzante; dos fueron en la parte superior de la espalda, dos en la región pélvica y una en el tórax. La víctima también sufrió varios traumatismos a raíz de fuertes golpes que le propinaron en su cabeza, rostro y antebrazo derecho, cuestión que arroja claros signos de violencia física. Todo con el propósito de despojar a Cubides de sus pertenencias y coaccionarlo para que revelara las claves de sus productos financieros.El profesor universitario opuso resistencia y los victimarios procedieron a asfixiarlo mediante estrangulamiento, causándole una muerte violenta. “De igual manera, el cuerpo presentaba múltiples heridas por arma cortopunzante y diversos traumatismos contundentes en la cabeza, el rostro y la mucosa oral, lesiones que, aunque no constituyeron la causa directa del fallecimiento, sí le generaron un intenso dolor y sufrimiento”, dice el escrito. La investigación estableció que Neill Felipe Cubides estuvo bajo el control de sus agresores durante una hora y 32 minutos.El segundo vehículo implicado y sus rutas: el Chevrolet negroDesde que inició el recorrido del taxi, un Chevrolet Aveo negro, de placas RDR801, siguió de cerca al vehículo que abordó la víctima. El automotor era conducido por Arnold Esteban Páez Herrera, alias “Pecueca”. Allí se trasladaban “Pipo” y “Chirry” para luego interceptar el taxi, abordarlo y torturar a Cubides hasta que cediera a sus exigencias criminales.Este automóvil fue grabado en una estación de servicio, donde alias Pecueca estacionó a las 10:57 p. m. y posteriormente compró gasolina, una bolsa plástica de color blanco con tapa y una agarradera destinada a contener el combustible. Todo esto mientras que el paseo millonario continuaba. A las 11:20 p. m., el auto se detuvo en la avenida Caracas con calle 84 sur. Allá Páez estacionó el Aveo y fue el último en subir al taxi donde estaba siendo retenida la víctima. De allí, el auto amarillo tomó ruta hacia la antigua vía al Llano.Allá, en el kilómetro 2, los ocupantes descendieron con el cuerpo de Neill Felipe Cubides y lo abandonaron a un costado de la carretera. Alias Cabezón presuntamente tomó la bolsa que tenía gasolina y la roció sobre el cadáver de la víctima, especialmente en rostro y manos. Posteriormente prendió fuego para dificultar la identificación de los restos. Luego de esto volvieron a la ciudad y llegaron a las 11:42 p. m. al vehículo Aveo que fue estacionado. Allí descendieron dos personas, entre ellos Pecueca. Los dos vehículos se fueron hasta el sector de Fátima-Venecia, donde empezaron a efectuar varias transacciones desde las cuentas de Cubides.Las pertenencias sustraídas y transacciones efectuadasLos señalados integrantes de la banda Los Camaleones se apoderaron de dineros y objetos que pertenecían a la víctima. Entre ellos se encontraban una chaqueta de cuero avaluada aproximadamente en $700.000, una billetera de cuero valorada en $150.000, un estuche para llaves avaluado en $200.000, unos audífonos de conducción ósea valorados en $200.000 y un teléfono celular avaluado en $1.500.000, para un valor total aproximado de $2.750.000.Los procesados efectuaron cerca de ocho transacciones en las que sustrajeron un valor aproximado de $8.405.000 pesos colombianos entre la 1:25 a. m. y la 1:53 a. m. del 16 de enero. Usaron sus tarjetas de crédito y débito en establecimientos como una barbería y un negocio de uñas, en transacciones cuyo valor máximo alcanzó hasta los dos millones de pesos.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
El esloveno Tadej Pogacar (UAE) rubricó un triplete en la Vuelta a España 2026 imponiéndose al esprint ante el español Enric Mas en la sexta etapa disputada entre Alcossebre y Castellón, de 177,4 kmy 3.094 metros de desnivel, en la que reforzó el maillot rojo de líder y el español pasó a la segunda plaza del podio.Duelo grande en el Puerto de El Bartolo, el día tan esperado del "sterrato", donde explotó Pogacar de nuevo, pero en esta ocasión con la respuesta de Enric Mas, quien puso en aprietos al poderoso campeón esloveno. Juntos desde la cima del alto, donde cruzó primero Más, la pelea duró hasta la recta de meta, donde el campeón del mundo impuso su ley por velocidad.Pogacar alzó los brazos por tercera vez con un tiempo de 4h.12.40, a una media de 42,2 km/hora. A su rueda, después de haber tratado de tu al líder, Enric Mas, ya segundo en la general, a 3.34 minutos. Renace una ilusión en el balear, el mejor de "los otros".Detrás del dúo protagonista un grupo con Debruyne, Carapaz, Harold Tejada, Felix Gall y Roglic a 46 segundos, el esloveno 4 veces ganador de la Vuelta es tercero de la general a 4.21, cuarto Carapaz a 4.50.Los demás colombianos cedieron tiempo de mayor consideración. Santiago Buitrago pasó la meta a cuatro minutos, Juan Felipe Rodríguez a poco más de siete y tanto Ivan Ramiro Sosa como Juan Felipe Rodríguez perdieron más de media hora. Clasificación general de los colombianos en la Vuelta a España 2026, tras la etapa 610. Harold Tejada — XDS Astana Team — 6:3026. Juan Felipe Rodríguez — EF Education - EasyPost — 20:2236. Santiago Buitrago — Bahrain - Victorious — 27:43145. Iván Ramiro Sosa — Equipo Kern Pharma — 1:01:45155. Juan Guillermo Martínez — Team Picnic PostNL — 1:05:25
La UEFA prepara una denuncia ante la justicia suiza contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por "gestión desleal", debido a su proyecto abortado de abrir la Copa del Mundo a inversores privados, informó este jueves una fuente próxima al asunto.Diseñado en secreto antes de ser revelado y después desechado durante el verano (boreal), el proyecto "infligió un prejuicio directo y concreto a la reputación de la FIFA", argumenta la instancia europea en una solicitud preliminar ante la justicia de Florida para obtener la comunicación de los documentos.En ese texto de 60 páginas obtenido por la 'AFP,' la UEFA precisa que se trata de una acción destinada a "un proceso en el extranjero", que se llevará luego ante la justicia suiza, una vez que las filiales creadas por la FIFA en Estados Unidos para el Mundial 2026 hayan comunicado los detalles del proyecto."Sin horizonte temporal", según la fuente cercana al asunto, la UEFA prepara esa denuncia por "gestión desleal", para intentar demostrar que Infantino dañó de manera intencionada los intereses de la FIFA.El tipo de infracción que se le reprocha es susceptible de ser castigado con hasta cinco años de prisión.La instancia europea aborda en su denuncia el proyecto del dirigente italosuizo de gestionar los ingresos del Mundial mediante una empresa abierta a inversores privados, una idea presentada por la FIFA a finales de julio como una vía de "liberar el potencial comercial" de su competición reina.Para la UEFA, "se trataba en realidad de un vehículo destinado a permitir a Infantino" y "a un pequeño círculo de personas cercanas" -entre ellos Joshua Kushner, hermano de un yerno de Donald Trump- "adquirir una participación permanente en los activos más valiosos de la FIFA y aprovecharse de ellos, en detrimento de la propia FIFA, de sus miembros y de otros actores de la familia del fútbol".La UEFA alude especialmente a las críticas formuladas por Carlos Cordeiro, banquero de inversiones y asesor de Gianni Infantino, una función esa última a la que renunció por el controvertido proyecto, que calificó como "una mala operación para el fútbol".
Un evento sísmico de magnitud 4,4 se registró este 27 de agosto de 2026 a las 10:25 hora local, con epicentro en el municipio de Istmina, departamento del Chocó, Colombia. Así lo informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El reporte oficial detalló que el epicentro del temblor se situó a muy poca distancia de varios cascos urbanos de la región. El municipio de Sipí (Chocó) se ubicó como el más cercano, a tan solo 17 kilómetros del punto de origen, seguido por Nóvita (Chocó) a 49 kilómetros y El Dovio (Valle del Cauca) a 56 kilómetros. Debido a su profundidad de 43 kilómetros, el sismo se clasifica técnicamente bajo una profundidad moderada.Este sismo de magnitud 4,4 no ha sido un hecho aislado, sino que se suma a una serie de movimientos telúricos que han mantenido activa la zona en las últimas horas. Apenas 16 minutos después del evento principal, a las 10:41 a.m., se registró otro sismo de magnitud 2,7 en el vecino municipio de Medio San Juan (Andagoya) - Chocó, con una profundidad de 42 kilómetros. Asimismo, la actividad sísmica en la zona de Istmina y Sipí ha sido constante desde la madrugada de este mismo 27 de agosto, reportándose sismos de magnitud 2,1 en Istmina a las 02:05 a.m. y 01:33 a.m., respectivamente. Reportan réplica de 4,0 en el municipio de Istmina, ChocóCerca de una hora después del evento principal, la entidad reportó una nueva réplica de 4,0 en Istmina, Chocó, exactamente a las 11:21 a. m. Hasta el momento, las autoridades de gestión del riesgo no han reportado víctimas, heridos ni daños materiales de consideración en el departamento del Chocó ni en el norte del Valle del Cauca. El Servicio Geológico Colombiano recordó a la ciudadanía la importancia de reportar la intensidad percibida si sintieron el sismo, a través de sus canales oficiales de atención¿Por qué sigue temblando tanto en el Chocó?Los expertos han explicado que este comportamiento está relacionado con el proceso natural de reajuste que experimenta la corteza terrestre después de un sismo de gran magnitud. El pasado 10 de agosto, el departamento fue escenario de un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar. Desde entonces se han registrado numerosas réplicas y eventos asociados al reacomodamiento de las placas y fallas geológicas presentes en la región. "Estas pueden durar días, semanas o incluso meses, pues se sigue liberando energía hasta que las zonas aledañas al área de ruptura del sismo principal se equilibran nuevamente", informó el SGC. "Todavía no existe un método comprobado científicamente que permita predecir la ocurrencia de un sismo en un sitio, ni su magnitud. Incluso, si se lograra determinar dónde va a ocurrir, no se podría determinar los efectos que tendría en la superficie", identificó la entidad. "Desde el SGC monitoreamos 24 horas, siete días a la semana la actividad sísmica del país a través de la Red Sismológica Nacional, compuesta por más de 200 estaciones ubicadas a lo largo del país", agregaron. VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOL