En Los Informantes: una entrevista profunda con Margarita Rosa de Francisco, la transformación del cacao en el campo colombiano y un emotivo tributo a la vida y obra del cantautor Piero.
Noelia Maximino, una turista española de 31 años, planeó durante meses sus vacaciones en Colombia. Apasionada por los viajes y por ser una persona alegre, llegó al país a finales de julio junto a un grupo de amigos para recorrer diversos destinos turísticos, entre ellos el Parque Nacional Natural Tayrona, cerca de Santa Marta.Lidia García, una de sus amigas más cercanas y compañera de viaje, recordó la relación que las unía y la personalidad de Noelia: "Éramos uña y carne y para mí Noelia era como una hermana, era parte de mi familia".El grupo realizó una caminata por el parque ecológico y llegó por la tarde al sector de Cabo de San Juan. Cerca de las 4:00 de la tarde, cuando se preparaban para regresar, vieron las embarcaciones de transporte que ofrecían llevar a los visitantes por vía marítima para evitar el trayecto a pie de retorno."No quedaban más chalecos": los minutos previos al accidenteAl momento de abordar la lancha, los integrantes del grupo notaron que no había elementos suficientes de protección para todos los pasajeros. Sin embargo, según relatan los sobrevivientes, la salida del bote se dio de manera apresurada.Lidia García detalló lo que ocurrió al momento de subir con su amiga: "Nos dijeron que ya no quedaban más chalecos y ya está. No, no hubo tiempo ni de reacción, no hubo tiempo de negarnos".Pese a no contar con los chalecos salvavidas, la embarcación inició su recorrido mar adentro hacia mar abierto. Pocos segundos después de haber dejado la orilla de la playa, la lancha enfrentó el fuerte oleaje característico de esa zona de la costa caribeña.García narró los momentos de angustia que vivieron cuando fueron alcanzadas por las olas: "Noelia y yo cuando volcamos estamos dentro de la lancha, conseguimos salir de ahí y a partir de ahí es una película de auténtico terror". El choque de una segunda ola hizo que la nave se diera vuelta por completo, dejando a los ocupantes en el agua y dispersos.Cuestionamientos por la presunta falta de salvavidas en la playaTras el volcamiento, varios pasajeros quedaron a la deriva intentando mantenerse a flote, mientras las olas los empujaban hacia las zonas rocosas de la costa. De acuerdo con el testimonio de los sobrevivientes, la primera ayuda vino de otros visitantes que presenciaron el accidente.Los propios turistas formaron una cadena humana en el agua para sacar a los afectados y llevaron a Noelia hasta las rocas, donde le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaban apoyo.Lidia García cuestionó la presunta ausencia de puestos de socorro en esta zona turística: "No hubo ni atención ninguna ni medios ningunos, no hubo nada. O sea, si se ponen medidas del tipo que sea, aunque sean mínimas, este tipo de cosas no pasan".La joven fue sacada del agua, pero llegó sin signos vitales al centro asistencial.La lancha no tenía permisos de navegaciónEl accidente abrió una investigación por parte de las autoridades marítimas e instituciones de turismo para esclarecer cómo operaba la lancha en una reserva natural.El capitán de puerto de Santa Marta, Julio Monroy, representante de la Dirección General Marítima (DIMAR), confirmó que la embarcación involucrada en el hecho presuntamente no contaba con las autorizaciones legales para transportar pasajeros: "Esta embarcación no estaba autorizada. Es una embarcación que provino de un sitio no autorizado que fue Buritaca, zonas que quedan hacia el norte del Cabo San Juan".El oficial explicó además que los operadores de la lancha habrían aprovechado las condiciones del sector para ofrecer el servicio de manera irregular: "Se aprovecharon de la lejanía y de la buena fe de los turistas".Por su parte, Parques Nacionales Naturales de Colombia emitió un comunicado en el que indicó que dos guardaparques se trasladaron hacia el Cabo de San Juan al conocer lo sucedido, a una distancia aproximada de 40 minutos desde su punto de control.Entre tanto, Luis Ángel Reyes, subdirector de promoción y mercadeo del Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta, señaló las acciones que se adelantan tras el caso: "Todas estas cosas están siendo evaluadas. Ya hoy contamos con una mesa técnica que pretende rigurizar el seguimiento a los controles para la práctica correcta de estos servicios turísticos".Piden investigar a los responsablesDesde España, la familia de Noelia Maximino exige que se aclaren las fallas de seguridad y se identifique a los encargados de la lancha pirata y de la vigilancia en la playa.Actualmente, las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las responsabilidades administrativas y penales correspondientes a este hecho.
Lo que iba a ser un paseo familiar y de trabajo en Chinácota, a poco más de una hora de Cúcuta, terminó en un hecho trágico que hoy investigan las autoridades. Yuris Cristel Camila García, una joven de 29 años, profesional en Salud Ocupacional y madre soltera, viajó desde Tibú con su pequeño hijo a visitar a su mamá, Claudia Patricia Manrique, y a su hermano, pero un accidente en un tobogán acabó con su vida.Antes del hecho, la joven habló por teléfono con su madre por última vez. "Yo la llamo a ella antes como a las 6:20. Le pregunto: 'Mami, ¿dónde estás?'. Me dice: 'Mamita, me estoy tomando un café'. Yo le digo: 'Hija, ¿pero dónde?'. Me dice: 'Mami, aquí donde tú conoces, en Entre Flores. Termino el café y nos devolvemos'", relató Claudia. Sin embargo, minutos después de colgar, la joven decidió subir al tobogán del lugar."Usted no se va a salir": la frase grabada antes del golpeUn video grabado por uno de sus acompañantes registró los momentos previos a la caída y hoy es una prueba clave para los investigadores. En las imágenes se ve a Camila acomodándose sobre una llanta en la parte alta del tobogán mientras conversa con el operador de la atracción.Luz Adriana Manrique, tía de la víctima, explicó lo que se observa en la grabación: "Se ve la niña arriba en el tobogán acomodándose en el neumático ese, hablando con el tipo, confirmando de que se cumple con todo lo de la seguridad porque ella pregunta que quién la va a esperar abajo, que si no se va a salir".Ante la duda de la joven sobre si existía riesgo de salirse, el trabajador le respondió: "No, no, usted no se va a salir. Tranquila". Con esa indicación, Camila se lanzó. Pero al tomar la primera curva la joven salió expulsada, cayendo desde una altura cercana a los tres metros.Testigos denuncian falta de paramédicos y ambulanciaCarlos Ramírez, amigo de Camila y quien grabó el recorrido, relató lo que vivió al ver el accidente: "Ella se tira y yo veo como coge demasiada velocidad. Cuando veo que el neumático pega y ella se sale del tobogán". Ramírez corrió de inmediato al punto donde cayó la joven para tratar de ayudarla: "Muy mal, llena de sangre, todavía con vida, porque pues creo que ella no estaba asimilando lo que estaba pasando. Ella me alcanzó a decir que pues no la dejáramos sola".El testigo aseguró que en ese momento no había personal de auxilio preparado para atender la emergencia: "Pero en ese momento ningún trabajador llegó. Fue agonizante porque pues las personas estaban gritando como que no hay camillas aquí, no hay nada de primeros auxilios". Según su versión, el traslado inicial se hizo en un vehículo privado: "Al rato llegó, creo que era el dueño y su esposa, llegaron en unas camionetas y pues no sé de dónde salió la camilla ni nada, pero pues lograron subirla a ella a la camilla y la metieron en la camioneta".La tía de la víctima también cuestionó cómo se atendió a su sobrina tras el impacto: "A ella la atienden los mismos visitantes. Ellos ni siquiera llaman a una ambulancia. Ellos lo único que tenían ahí para la niña era una camilla. A la niña no le pudieron colocar un cuello ortopédico porque no había".La joven fue llevada al hospital de Chinácota y luego remetida de urgencia en ambulancia hacia el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta. El doctor Freddy Contreras, asesor de gerencia del centro médico, detalló el estado en que ingresó la paciente: "Al momento del ingreso la paciente llega sin signos vitales, por lo cual es declarada fallecida al momento del ingreso". El informe indicó que presentaba trauma craneoencefálico severo, trauma facial y fractura en el antebrazo derecho.¿Tenía permisos la atracción? Habla la Alcaldía de ChinácotaEl hecho abrió una investigación administrativa y penal en Norte de Santander para verificar si la atracción contaba con las licencias exigidas por la ley. Ramiro Luna, alcalde de Chinácota, señaló: "¿Esta atracción no contaba con los protocolos de seguridad para ser utilizado? No, en el momento que empezaron a funcionar no contaba con la documentación, los requisitos y la tramitología necesaria. No tienen las pólizas que se requieren".El mandatario explicó que el negocio tenía permisos para operar como restaurante y hotel, pero no para atracciones mecánicas de entretenimiento.La respuesta de los abogados del establecimientoAnte las denuncias de los familiares y las declaraciones del alcalde, los dueños del restaurante Entre Flores delegaron la vocería del caso en los abogados Óscar Giraldo y José Chía para hablar con Séptimo Día:El abogado Giraldo afirmó que el lugar sí contaba con medidas de atención: "Sí, el establecimiento contaba con todos los protocolos de seguridad, con todas las personas encargadas de brindar los primeros auxilios". Sobre el diseño de la estructura, agregó: "Se realizaron más de 2000 pruebas donde pues realmente no ocurría pues ninguna situación que pusiera en riesgo la integridad de las personas que lo llegaran a utilizar". Asimismo, sugirió que el clima pudo influir en el hecho.Por su parte, el abogado José Chía admitió que faltaban trámites administrativos: "Realmente los permisos que administrativamente se debían implementar para poner en marcha el tobogán no se habían realizado porque se hizo un trabajo pues con expertos y con profesionales que datan sobre la efectividad". El análisis técnico y la investigación de la FiscalíaEl caso también fue analizado por expertos en ingeniería. Joaquín Álvarez, integrante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, explicó que en condiciones de humedad o condensación un usuario puede alcanzar velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora en ese tipo de estructuras. El especialista señaló preliminarmente que, al tratarse de un recorrido con curvas pronunciadas y alta velocidad, la mejor opción de contención física habría sido un sistema tubular cerrado.Actualmente, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales de Norte de Santander adelantan la recolección de testimonios, videos e inspecciones técnicas para determinar si existieron responsabilidades penales, civiles o administrativas en este hecho.
Al cumplirse un año del fallecimiento de María Alejandra Parada, conocida en redes sociales como Baby Demoni, las circunstancias que rodearon su muerte siguen sin esclarecerse. La joven bogotana tenía 24 años, era madre de una niña y acumulaba cerca de un millón de seguidores en redes sociales cuando ocurrió su deceso el 15 de octubre de 2025. Desde el primer momento, sus familiares rechazaron la explicación inicial de un suicidio y sostienen que se trató de un homicidio.Antes de dedicarse de lleno al contenido digital, María Alejandra trabajaba en una peluquería para mascotas, lugar donde conoció a Miguel Ángel López, un cantante de rap conocido en redes como 'Samor One'. Ambos iniciaron una relación y se fueron a vivir juntos, periodo en el que eran frecuentes las discusiones y peleas en la pareja. Cinco días después de que la joven se hiciera una cirugía estética, ocurrió el trágico suceso que desencadenó el proceso judicial.Las evidencias y contradicciones en este caso En la tarde del 14 de octubre de 2025 se desató una fuerte pelea presuntamente por celos en el apartamento donde vivían, la cual fue grabada en audios por el propio 'Samor One'. Horas más tarde, la influenciadora fue llevada a urgencias en una clínica por un supuesto intento de asfixia con una sábana. Sin embargo, al ingresar a verla en la unidad de cuidados intensivos, su padre, Manuel Ariza, notó un golpe en la frente y dos marcas en el cuello producidas por dedos humanos y no por la tela de una sábana. La joven falleció al día siguiente.Durante la investigación difundida por el programa Séptimo Día, la Unidad de Investigación Criminal expuso hallazgos clave encontrados en el teléfono celular de la influenciadora. El investigador Yefrin Garavito mostró una fotografía en formato 'live' tomada a las 2:40 p.m. del día de los hechos, en la que quedaron registrados ruidos y manchas de sangre en el piso tras la discusión.El especialista explicó que no resulta lógico ni común que una persona con intenciones de quitarse la vida decida fotografiar las manchas de sangre dejadas tras un altercado. De igual forma, la inspección al cuerpo reveló heridas en sus manos y un surco en el cuello que no correspondía al tejido de la sábana. Por su parte, el abogado de la familia, Francisco Bernate, sostuvo que por la reciente operación la joven no contaba con la fuerza física necesaria para autoasfixiarse.Frente a estos señalamientos, Miguel Ángel López rechazó las acusaciones en Séptimo Día y aseguró que se trató de un suicidio. Explicó que grabó la pelea para proteger su carrera musical, que salió hacia un estudio de grabación y que luego recibió un mensaje de texto de María Alejandra pidiéndole perdón. Según su testimonio, al regresar la encontró colgada en el baño con una sábana y la auxilió. Tiempo después viajó a vivir a Madrid, España, argumentando amenazas en su contra. En ese momento, la Fiscalía prefirió no dar declaraciones públicas al tratarse de una investigación activa.El pedido de justicia de la familia tras un año de la muerteAl cumplirse 12 meses de la tragedia, la familia de la creadora de contenido habló con el canal Citytv para pedir celeridad a las autoridades y evitar que el caso quede en la impunidad. Su padre reiteró ante este medio de comunicación que las evidencias y los dictámenes médicos desmienten la versión del suicidio.“Seguimos con la misma duda, la misma incógnita por el caso de mi hija. Se sabía desde un comienzo que a mi hija la pasaron por suicidio. Medicina Legal y las pruebas que se han recolectado arrojaron que el caso de mi hija no fue suicidio, fue homicidio”, declaró en la entrevista.Asimismo, los allegados expresaron su preocupación por la permanencia del sospechoso en el exterior y criticaron la falta de decisiones judiciales concretas a pesar del tiempo transcurrido y de las pruebas entregadas. En sus declaraciones al canal capitalino, el padre de la joven hizo un llamado directo a los investigadores para que el caso avance. “Que el caso de mi hija no quede en un número más, en un archivo más, ya que las pruebas están. Todo lo que se ha requerido se lo hemos aportado a los abogados, a la Fiscalía y hasta el día de hoy no hemos visto resultados de nada”, afirmó en Citytv.
Hace más de tres meses, 99 integrantes de los llamados Comandos de Frontera, liderados por Geovany Andrés Rojas, alias Araña, suscribieron un acuerdo de paz con el gobierno del expresidente Gustavo Petro, entregaron las armas y se concentraron en una zona temporal ubicada en el sur de Putumayo. Sin embargo, el cambio de gobierno los dejó en una situación de incertidumbre, luego de que la administración de Abelardo de la Espriella diera por terminados los diálogos con los grupos armados ilegales y planteara como alternativa el sometimiento a la justicia. Esta decisión provocó la salida de algunos integrantes, mientras más de 60 permanecen en el espacio territorial. Recientemente, el Gobierno Nacional extendió por dos meses más su permanencia en la zona, hasta donde se desplazó un equipo de Noticias Caracol para conocer sus condiciones de vida y recoger sus testimonios.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl escenario de esta concentración es la vereda Betania, zona rural del municipio del Valle del Guamuez, una zona selvática del Putumayo históricamente golpeada por el control territorial de grupos guerrilleros, disidencias, la violencia paramilitar y la economía de la coca. Hasta allí llegaron el pasado 19 de junio 99 excombatientes a bordo de dos helicópteros, acompañados incluso por sus mascotas. Se instalaron en una finca de seis hectáreas bajo el marco de la Resolución 053, respaldada por la MAPP/OEA y países garantes, la cual fijó un tránsito de diez meses para prepararlos hacia la vida civil. En el predio se levantó una aldea de 23 casas blancas con techos azules para 200 personas. En un acto de paz, entregaron sus fusiles en cajas de madera para ser fundidos e incineraron sus uniformes."La libertad es única"Sin embargo, el panorama cambió drásticamente tras la firma de la Resolución 346 por Abelardo de la Espriella, quien puso fin a la mesa de diálogos de paz. La posterior extradición a Estados Unidos de su máximo comandante, alias Araña, desató una desbandada al monte en la que 36 personas abandonaron el lugar, dejando a 63 excombatientes en un encierro donde, dicen ellos, no se les permite salir ni al río. Entre quienes permanecen está Robinson, alias 'El Paisa', un veterano con 20 años en la guerrilla que pasó por las FARC, estuvo privado de la libertad en la cárcel de Chiquinquirá e hizo parte del proceso de desminado humanitario en 2016. Ante el confinamiento actual, 'El Paisa' reflexionó diciendo que "la libertad es única. Usted entre paredes es el olvido, totalmente. Si el Estado olvida al pueblo, en la cárcel lo olvidan todos". Pese al desencanto, ratificó su meta de desmovilizarse: "A mí me gustaba esto, pero la meta mía, mi mentalidad, era entregar mi fusil".En las casas blancas también habitan jóvenes cuyas vidas quedaron marcadas por el conflicto a temprana edad. Natalia, de 29 años, y su pareja Wilson, de 24, un campesino ecuatoriano reclutado a los ocho años cuando quería ser enfermero. La trayectoria de Wilson está atravesada por el dolor de haber visto morir a su hermana en combate hace tres años en Puerto Guzmán. Recuerda que ella le dijo antes de fallecer: "Sálvate y cuando tengas la posibilidad de salir de acá te vas. Quiero que estés con mi mamá y con mis otras hermanitas". Cumpliendo esa promesa, Wilson dejó las armas: "Decidí dejar las armas por el motivo de seguir estudiando, seguir ejerciendo mi carrera como enfermero, pero acá en la vida civil y reencontrarme con mi familia".“Respeten nuestras vidas”: excombatientesFrente a la incertidumbre, la comunidad de excombatientes envió un mensaje al Ejecutivo: "Hemos tomado una decisión de valientes... lo que más pedimos es que respeten nuestras vidas porque esta decisión que tomamos la tomamos fue por todas nuestras familias porque queremos ir a casa".El desacuerdo central radica en la exigencia gubernamental de sometimiento a la justicia sin garantías de transición legal. Arbey, de 36 años, quien recorrió todo el espectro de la violencia en Colombia, pues por grupos guerrilleros, paramilitares, pandillas urbanas y el Ejército Nacional antes de integrar los Comandos de Frontera, rechazó esa condición: "Nosotros no podemos someternos porque el que se somete es la persona que se entrega, que se desmoviliza, que tiene que sapear. Eso es someterse. Nosotros no”.Por su parte, alias El Paisa sostuvo que “yo no me voy a someter, yo ya vengo de una cárcel. Nosotros no somos grupos delincuenciales, somos grupos alzados al margen de la ley en defensa de un territorio".Aunque alias Araña envió una orden desde la cárcel instándolos a continuar en el predio, los excombatientes temen ser arrestados: "Así no nos den el apoyo económico, pero que nos ayuden con la situación jurídica para poder uno movilizarse libremente. Le tememos a que pronto lleguemos a un retén y nos digan: 'Bueno, usted trabajó en un grupo armado ilegal, entonces vámonos para la cárcel'". Mientras corre la prórroga de dos meses, más de 60 personas aguardan una salida legal para retornar a sus hogares sin volver a las armas.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró la extinción de dominio sobre seis bienes relacionados con el cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez conocido con el nombre artístico de Charlie Zaa. El valor de estos bienes asciende los 20.000 millones de pesos y la determinación está relacionada con una investigación que bus establecer si estas propiedades fueron adquiridas con recursos provenientes del extinto bloque del Tolima de las Autodefensas.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA¿Por qué declararon extinción de dominio a bienes de Charlie Zaa?Este expediente se originó en medio de versiones entregadas por integrantes de la estructura paramilitar. El artista, por su parte, ha negado los señalamientos y ha defendido que su patrimonio es producto de más de 30 años de trabajo en el gremio de la música. Además, ha sostenido que parte los recursos para adquirir sus propiedades han salido de las regalías generadas por su música.Con esta decisión, los seis bienes a los que se le hicieron extinción de dominio quedan en manos del Estado colombiano y su destino estará ligado a mecanismos de reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Cabe mencionar que esta extinción de dominio no está relacionada con la compulsa de copias que ya está en la Fiscalía General de la Nación, donde se investiga si hubo o no algún vínculo del cantante con el grupo paramilitar.Las propiedades están avaluadas en 23.755 millones de pesos.¿Por qué investigan a Charlie Zaa?A Charlie Zaa lo investigan por presuntos vínculos con recursos del extinto Bloque Tolima de las AUC y por la posible adquisición de bienes con dinero proveniente de esa organización paramilitar.La investigación surgió a partir de declaraciones de exintegrantes del grupo armado y busca determinar si algunas propiedades asociadas al cantante fueron compradas con recursos ilegales o si él tuvo conocimiento del origen de esos dineros. En julio de 2026, la Fiscalía General de la Nación ocupó varios bienes vinculados al artista, entre ellos un centro comercial, dos discotecas y un hotel, dentro de un proceso de extinción de dominio. Según el ente investigador, estos activos estarían relacionados con operaciones para ocultar recursos del Bloque Tolima. En esa oportunidad, el artista Charlie Zaa publicó en sus redes sociales un comunicado diciendo que "el proceso relacionado con algunos bienes de mi familia continúa en trámite. No existe una sentencia en mi contra, no existe una decisión judicial que haya declarado ilícito nuestro patrimonio y no existe una decisión definitiva de extinción de dominio. La defensa apenas comienza a ejercer plenamente su derecho a presentar las pruebas que demostrarán el origen completamente lícito de nuestros bienes".Agregó el cantante que “he comparecido siempre ante las autoridades con total transparencia y continuaré colaborando con la justicia colombiana cada vez que sea requerido. Confío plenamente en el debido proceso, en la presunción de inocencia y en que será la evidencia —y no los titulares— la que permita establecer la verdad".CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, celebró este lunes las medidas adoptadas en Colombia para la reparación a las víctimas diez años después de la firma del Acuerdo de Paz, incluyendo la participación de exjefes de las antiguas FARC-EP y del Ejército en la búsqueda de restos de desaparecidos. "Estas medidas están contribuyendo a promover los derechos de las víctimas del devastador conflicto armado del país, y allanan el camino hacia una paz y una seguridad sostenibles", subrayó en un comunicado Türk, quien también destacó en particular cómo antiguos responsables de las FARC-EP y del Ejército trabajan juntos en el cementerio de San Antonio de Padua, en Pitalito, para localizar e identificar a personas desaparecidas y entregar sus restos a las familias. "Esta colaboración conjunta entre antiguos adversarios es una poderosa contribución a la verdad, la reparación y la sanación de familias afectadas por el conflicto", agregó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl proyecto forma parte de las medidas establecidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia de transición creado por el Acuerdo de Paz de 2016. Bajo el marco legal establecido por la JEP, personas acusadas de graves crímenes y violaciones de derechos humanos que hayan reconocido su responsabilidad pueden cumplir sanciones restaurativas en lugar de penas de prisión, como por ejemplo la mencionada participación en las labores de búsqueda de desaparecidos. "Esto no puede ser un esfuerzo aislado", alertó el alto comisionado, quien destacó que es fundamental que los mecanismos de justicia y reparación establecidos en virtud del Acuerdo de Paz continúen desarrollándose.Esta declaración se conoce luego de que el canciller colombiano, Ómar Bula, afirmó la semana pasada en Naciones Unidas que el Ejecutivo "remoldeará" lo suscrito en el acuerdo en función de las prioridades que ha dado el presidente Abelardo de la Espriella, quien considera que en Colombia no hay conflicto armado. Sin embargo, el Gobierno se comprometió a fortalecer la articulación institucional con la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el organismo encargado de revisar que se implemente el acuerdo.De la Espriella ha sido uno de los más fervientes opositores al acuerdo de paz con las FARC y su política de seguridad está más enfocada a la confrontación armada, que a las negociaciones con los grupos ilegales. Cabe señalar que el Gobierno de turno no puede derogar el acuerdo firmado en 2016.El primer acuerdo con las FARC cumple 10 añosHace 10 años, el entonces presidente, Juan Manuel Santos, y el último comandante de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, firmaron en Cartagena el primer acuerdo de paz, texto que seis días después fue rechazado en un plebiscito y modificado en las siguientes semanas por el Congreso. La firma de ese documento, con el que las partes buscaban poner fin a más de medio siglo de conflicto armado, fue la semilla de la ilusión de paz que tiene Colombia y la base del acuerdo que el Gobierno y las FARC volvieron a firmar el 24 de noviembre de ese año, que trae los cambios hechos por el legislativo, que es el que hoy se sigue implementando.El acuerdo fue firmado por Santos y Londoño, conocido en su época de guerrillero como Timochenko, en el Centro de Convenciones ante unos 2.500 invitados, entre víctimas, excombatientes, políticos, miembros de la sociedad civil y representantes de la comunidad internacional que asistieron a la ceremonia. "Al terminar este conflicto, termina el último y el más viejo conflicto armado del Hemisferio Occidental. Por eso celebra la región y celebra el planeta, porque hay una guerra menos en el mundo y es la de Colombia", afirmó Santos (2010-2018) ese día.Uno de los momentos más recordados del acto del 26 de septiembre de 2016 fue el susto para todos los presentes pero principalmente para Londoño, que estaba en la parte final de su discurso cuando un avión Kfir causó un estruendo al romper la barrera del sonido volando a baja altura por todo el centro del escenario. "Bueno, esta vez venían a saludar la paz y no a descargar bombas", expresó Londoño al referirse a la experiencia de guerra que dejaron atrás con la firma del acuerdo de paz.El acuerdo pasó de 297 páginas en la versión firmada en septiembre a 310 en la de noviembre, al acoger 56 de los 57 temas abordados en las reuniones entre el Gobierno y promotores del 'no' en el plebiscito, liderados por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). Sin embargo, los cambios que hubo entre los dos textos fueron más cosméticos que profundos y entre ellos destacaba, por ejemplo, que el primer acuerdo no obligaba de manera explícita y detallada a la guerrilla a entregar un inventario exhaustivo de sus bienes y activos de forma inmediata para reparar materialmente a las víctimas, mientras que el segundo sí.El acuerdo definitivo también estableció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional creado por el acuerdo, está diseñado para funcionar diez años, que se cumplen en 2028, con la posibilidad de una prórroga de 10 más, mientras que en el primer acuerdo no se determinó un límite de tiempo.EFE
El Ministerio de Defensa reaccionó a la denuncia de la madre de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, un joven de 18 años que se encuentra entre los siete muertos que se reportaron tras el operativo militar contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en Santa Marta, en el que fue abatido alias Cholo y presuntamente resultó herido alias Pinocho. (Lea también: ¿Quién era alias Cholo, cabecilla abatido por la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Magdalena?)¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa madre del joven, a las afueras del Instituto de Medicina Legal de Barranquilla, donde estaban los cuerpos de los presuntos criminales, negó que su hijo perteneciera a un grupo armado. "Es un niño, solo 18 años. No pertenecía a nada, solo era un obrero", dijo la mujer en un video divulgado en redes sociales, quien también aseguró que su hijo estaba vestido de civil y no portaba armas.Entre tanto, organizaciones de víctimas de ejecuciones de civiles por parte de policías y miembros de las Fuerzas Militares, que en Colombia son conocidos como falsos positivos, pidieron este jueves "justicia para Ricardo Andrés Rodríguez Martínez". "No era guerrillero, volvimos a los falsos positivos para sacar pecho que están ganando la guerra", manifestó en X la organización Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo), en un mensaje dirigido al presidente Abelardo de la Espriella.La operación contra las ACSN fue realizada el 21 de septiembre en el sector de Quebrada del Sol, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y dejó siete muertos y tres capturados, según el balance divulgado por De la Espriella. Entre los fallecidos estaba José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, señalado por la Fuerza Pública como segundo cabecilla y responsable financiero del grupo criminal, que en represalia causó alteraciones en el orden públicos en Santa Marta y otras zonas del Magdalena y La Guajira.Corresponde a la Fiscalía y Medicina Legal esclarecer la totalidad de los hechos: MindefensaTras la denuncia de esta madre de familia, desde el Ministerio de Defensa se emitió un comunicado de cuatro puntos en el que informó:De acuerdo con el proceso de verificación a cargo de las autoridades competentes, se identificó como fallecido durante la reciente operación contra el grupo narcoterrorista Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) o Los Pachenca, a Ricardo Andrés Rodríguez Martínez. (Lea también: Las zonas de dominio de Los Pachenca en el Caribe y la estrategia del Gobierno para enfrentarlos)Respecto a este individuo, adulto de 18 años de edad, ninguna fuente de la Fuerza Pública ha afirmado que fuera hijo de alias Pinocho. Por tanto, las versiones que atribuyen tales declaraciones a la institucionalidad carecen de veracidad o sustento oficial y solo buscan desinformar.En el marco del Estado Social de Derecho, corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los peritos de Medicina Legal esclarecer la totalidad de los hechos, así como establecer motivos y actividades de personas presentes en la zona donde se desarrolló el despliegue militar.El Ministerio de Defensa Nacional reitera su plena colaboración con la justicia, reafirma su compromiso con la verdad y rechaza la invención de versiones irresponsables para distorsionar la realidad de los hechos y confundir a la ciudadanía a partir de las actuaciones legítimas del Estado.NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
Este miércoles 23 de septiembre, en Senado de la República fue negada la moción de censura al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora. Con 65 votos por el no y 17 por sí, en el Congreso no se aprobó la moción impulsada por el Pacto Histórico tras la muerte de tres menores de edad durante un bombardeo el pasado 27 de agosto en zona rural de El Retorno, departamento de Guaviare, contra las disidencias de alias Calarcá.Esta votación que hundió la moción de censura contra Mora se convirtió en un nuevo triunfo del gobierno De la Espriella después de que el pasado 15 de septiembre se hundiera también la moción de censura contra Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, quien fue criticado por un viaje que llevó a cabo con su familia a Santa Marta en medio de la emergencia que vivía Colombia tras el terremoto del pasado 10 de agosto.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA“Es difícil determinar la edad de un joven desde los 15 años": MindefensaEl día martes se llevó a cabo en la Cámara de Representantes el debate de moción de censura contra el ministro Mora y él en su intervención dijo que “este es un Ejército y una fuerza pública que respeta a los menores de edad, pero desafortunadamente cuando hacen parte de un grupo armado, cuando ostentan armas ilegales, cuando están en un campamento en función continua de combate, el Derecho Internacional Humanitario establece que pierden esa protección. Es una cruda realidad. Y nos duele que así sea, pero así es el conflicto que liberamos en Colombia hace 60 años dentro de un marco del derecho de la guerra que está contemplado. Y en el mundo miles de países han sufrido esta tragedia”.Agregó Mora que “es muy difícil determinar la edad de un joven desde los 15 años en adelante. La contextura física de un joven de 15 años puede ser superior a que usa uno de 20, 18, 25; es muy difícil. Y un agente de inteligencia que recopila un proceso de inteligencia no puede llegar a pedirle a cada uno de los del grupo, ‘muéstreme su cédula, su tarjeta de identidad para saberlo’. Él hace una inspección general, hay un procedimiento de inteligencia que eso es un trabajo de la inteligencia que está dentro del marco de la ley de inteligencia. Entonces, cuando Medicina Legal determina los menores de edad, es cuando yo salgo a dar declaraciones y establezco que dentro de los muertos en desarrollo de esta operación hay tres menores de edad. Y ahí repetimos nuevamente nuestra posición. Todo menor de edad reclutado es una víctima, por supuesto, y lamentamos profundamente su utilización en la guerra por los grupos armados que lo reclutan, los arman, los entrenan y lo llevan a un campamento y después lo llevan a combatir o a cometer actos de crímenes. quienes reclutan son los culpables y yo no puedo llegar ante la opinión pública ocultar esta gran realidad y la tengo que decir siempre dentro del marco constitucional y en este caso el DIH”."Reclutamiento de menores no puede ser incentivo para grupos armados"Finalmente, el Mora mencionó que “el reclutamiento de menores de edad no puede convertirse en un incentivo para los grupos armados organizados y mucho menos para los cabecillas. Esto es claro y esto debemos reflexionar porque lo que estamos haciendo lo que hace es incentivar a que estos bandidos, estos cabecillas vean en eso una manera de protegerse. La mejor manera para atacar el reclutamiento de menores de edad en la guerra que estamos librando con contra los narcoterroristas es arreciar contra ellos, es ser contundentes contra ellos, es arrebatarles el control territorial que eron durante 4 años le concedieron. Es no permitirles la libertad de acción, el tiempo y el espacio para seguir reclutando menores de edad en nuestras veredas, en nuestros municipios. Es llevarlos a través de una presión constante hacia la profundidad de la selva y allá bombardearlos como hemos hecho. Aquí no los hemos bombardeado en medio de la población civil, los hemos bombardeado en medio de las pesas selva donde se ocultan cuando la presión de la fuerza los lleva a sus ratoneras”.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
Abelardo de la Espriella cumple este lunes un mes en la presidencia de Colombia entre anuncios, guiños y polémicas, con una intensa agenda atravesada por su "mano de hierro" en el conflicto armado y su respuesta al gran terremoto que golpeó el país el 10 de agosto. Ya en su toma de posesión dio unas pinceladas de lo que iban a ser los primeros pasos del autodenominado "el tigre" al frente del Gobierno colombiano: intervención de un rabino, un pastor, y un sacerdote; presencia de destacados líderes de la ultraderecha latinoamericana; fuerte manejo de los símbolos, comunicación centralizada y un discurso ante militares dentro de un destacamento. Pero el presidente colombiano apenas tuvo tiempo para desplegar planes y promesas porque menos de tres días después de la toma de posesión debió enfrentar un terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado al menos 331 muertos y 4.519 heridos.De la Espriella mantuvo una actividad frenética en los primeros días, viajando a los lugares más afectados, reuniéndose con líderes locales, y recabando entre los empresarios locales y países amigos ayuda para la búsqueda de supervivientes y financiación para la reconstrucción. De un lado, el presidente logró mostrarse cercano, con las mangas de la camisa arremangadas, dispuesto a ayudar a los damnificados, a la vez que hábil para aunar voluntades y lograr importantes donaciones, empezando por los 26,5 millones de dólares comprometidos en total por Washington. De otro lado, De la Espriella fue criticado por lanzar balones con propaganda de su partido a un grupo de damnificados en Buenaventura y por pasar las ofertas de ayuda por un filtro ideológico, dejando fuera -por ejemplo- a un reputado equipo de rescatistas mexicanos.Casi cuatro semanas después del terremoto, De la Espriella y su Gobierno deben comenzar a aterrizar las promesas de reconstrucción y materializar la recuperación de las regiones más afectadas, algunas de ellas lastradas por un subdesarrollo endémico. Su manejo de la crisis será clave para la percepción social de su mandato. Le esperan, según cifras oficiales, 36.336 viviendas destruidas y 201.010 dañadas, así como daños en 400 centros de salud, 4.292 centros educativos, 5.600 centros comunitarios, 468 vías y 5 aeropuertos, 140 acueductos y 104 puentes, entre otros efectos del terremoto.El conflicto armadoEn la última semana, conforme descendía la emergencia inicial del terremoto, De la Espriella ha concentrado su atención -y su prolija actividad en redes sociales, por donde fluye la mayor parte de la comunicación oficial- en la confrontación de guerrillas, grupos armados y narcotraficantes. Esta semana habló de "la fuerza de las armas y de las leyes", prometió "mano de hierro" y su Gobierno avanzó la preparación de una lista terrorista que permitirá al Ejecutivo actuar con más celeridad y recursos contra los grupos armados.El propio presidente anunció que el Ejército había detenido en este primer mes a nueve criminales (miembros del Tren de Aragua, las disidencias de las Farc, el Eln y bandas armadas) y matado a cerca de 40 personas, presuntos integrantes de una disidencia de las Farc y de un grupo criminal. Además, De la Espriella aseguró este domingo que en su primer mes, las Fuerzas Armadas se han incautado de 49.379 kilos de estupefacientes y 1.485 armas de fuego, además de erradicar 1.321 hectáreas de coca.Significativamente, Presidencia envió en los últimos días a los medios dos videos en los que el presidente aparecía entre cadáveres embolsados, lo que generó una controversia a la que el mandatario parece inmune. El mensaje es de tolerancia cero.Hay más ejemplos. Desde que De la Espriella es presidente al menos seis menores han muerto en bombardeos del ejército a campamentos de distintas guerrillas, según el Instituto de Medicina Legal, víctimas en principio del reclutamiento forzoso. Pero cuando un juzgado le prohibió al Gobierno este tipo de acciones si se sospecha que puede haber menores involucrados, el Ejecutivo anunció que apelaría un "fallo absurdo e inconstitucional".También ha apelado el Gobierno la decisión de otro juzgado que le requirió pedir perdón por haber empleado en su investidura el lema "Viva Cristo Rey", frase que pone en duda la neutralidad del Estado, y desde entonces De la Espriella no acaba discurso ni mensaje en redes sociales sin repetirlo.Estados Unidos e IsraelEn el ámbito internacional destaca el alineamiento de De la Espriella con Estados Unidos, con quien Colombia ha suscrito un acuerdo en materia de seguridad que le reportará 1.000 millones de dólares en asistencia. Está previsto además que este martes De la Espriella reciba en Barranquilla al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para avanzar en la lucha contra el llamado narcoterrorismo, analizar el reparto de la ayuda tras el terremoto y estudiar cómo estrechar lazos económicos y comerciales.También se ha acercado la Colombia de De la Espriella a Israel -después de que su predecesor, Gustavo Petro, rompió relaciones tachando de genocidio la guerra en Gaza- y ha reconocido los Altos del Golán como territorio israelí. Tel Aviv, a cambio, mandó rescatistas tras el terremoto. De igual forma, Colombia ha denominado como marroquí todo el territorio del Sáhara Occidental, agradando a Rabat, otro estrecho aliado estadounidense. EFE
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Estado colombiano para que mantenga los límites establecidos por la Constitución y el derecho internacional humanitario en medio de las operaciones contra grupos armados ilegales. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó la manera en que fueron presentados públicamente los cuerpos de personas que murieron durante la Operación Azarías, desarrollada en el Guaviare.En un pronunciamiento, Marín Ortiz se refirió a las imágenes en las que el presidente de la República aparece caminando entre cuerpos ubicados en tulas blancas, después del operativo militar. Según el reporte oficial citado por la funcionaria, durante la operación murieron 23 integrantes de estructuras de alias Iván Mordisco, entre ellos algunos mandos de esa organización. Medicina Legal estableció que dos de las personas fallecidas eran menores de edad.“El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel”, manifestó la defensora, al señalar que la obligación estatal de enfrentar militarmente a los grupos armados debe cumplirse dentro de los límites constitucionales y del derecho internacional humanitario.La funcionaria aclaró que su reflexión no busca desconocer el deber de la Fuerza Pública de proteger a la población ni cuestionar por sí mismas las operaciones militares legítimas. Su preocupación está relacionada, explicó, con la manera en que el Estado ejerce el poder y comunica los resultados de sus operaciones.“Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”, dijo la defensora.Para la Defensoría, las imágenes y los símbolos utilizados por las instituciones públicas tienen relevancia porque transmiten mensajes a la sociedad sobre los valores que representa el Estado.“No deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”, señaló Marín Ortiz.La defensora recordó que Colombia lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflicto armado y criminalidad organizada, escenarios en los que la muerte de civiles y combatientes ha sido recurrente.En ese contexto, afirmó que los grupos armados ilegales pueden actuar con crueldad y desconocer las reglas básicas de humanidad, pero sostuvo que el Estado no debe responder utilizando las mismas formas. “Ese lenguaje de quienes prefieren la muerte a la vida no puede convertirse en el lenguaje del Estado”, expresó.En su pronunciamiento, la Defensoría también hizo referencia al derecho a la vida y a las restricciones que deben observar las autoridades incluso durante operaciones militares.Marín Ortiz explicó que la Constitución reconoce la vida como un derecho fundamental de aplicación inmediata y de carácter inviolable. Sin embargo, señaló que el ordenamiento jurídico contempla situaciones específicas en las que puede producirse una privación de la vida, como la legítima defensa o la baja de combatientes en determinadas circunstancias de un conflicto armado, de acuerdo con el derecho internacional humanitario.En todos los casos, sostuvo, la privación de la vida no puede ser arbitraria y debe estar sometida a criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.La funcionaria también recordó que el derecho internacional humanitario establece límites incluso durante la guerra. Entre ellos está el deber de respetar y tratar dignamente a las personas fallecidas.Por esa razón, la Defensoría señaló que una acción militar puede ser legal y necesaria, pero eso no elimina la obligación de preservar la dignidad humana.Advertencia sobre medir la seguridad por el número de bajasOtro de los puntos abordados por la defensora fue la existencia de un portal denominado “Las Bajas del Tigre”, del cual aclaró que no se ha confirmado que sea una página oficial. Según explicó, allí se registran muertos y otros resultados operacionales desde la posesión del nuevo presidente.Marín Ortiz pidió cautela frente a este tipo de indicadores y recordó que Colombia ya vivió las consecuencias de una política en la que los resultados militares eran evaluados a partir del número de bajas en combate.La defensora hizo referencia a los llamados falsos positivos, hechos que actualmente son objeto de juzgamiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La funcionaria aclaró que no estaba afirmando que los cuerpos presentados tras la Operación Azarías respondieran a esa lógica. Sin embargo, planteó la necesidad de utilizar indicadores más amplios para evaluar la seguridad.Según su planteamiento, la seguridad debería medirse también por los derechos garantizados y las vidas salvadas, especialmente las de la población civil que permanece expuesta a las acciones de grupos criminales.“El poder del Estado no se mide únicamente por su capacidad de imponerse por la fuerza, sino por los símbolos con los que se presenta ante la sociedad”, afirmó.La defensora concluyó que el Estado no necesita parecerse a los grupos armados que combate para demostrar su fortaleza. “Defender la dignidad cuando se trata de quienes consideramos adversarios es precisamente cuando demostramos que la dignidad humana es un principio y no solo una declaración en todo tiempo y lugar”, finalizó.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Dos municipios del Cauca se encuentran en el centro de la atención por acciones armadas contra la Fuerza Pública registradas de manera simultánea. De acuerdo con los reportes conocidos a esta hora, una base militar de Inzá, en el oriente del departamento, es atacada con ráfagas de fusil y explosivos, mientras que la subestación de Policía de El Carmelo, en Cajibío, fue blanco de un ataque con drones cargados con explosivos.En Inzá, los reportes preliminares de testigos indican que disidencias de las Farc estarían atacando la base militar ubicada en este municipio. La acción incluiría ráfagas de fusil y el lanzamiento de explosivos contra la unidad militar.Ante la situación, los uniformados respondieron al ataque. Hasta el momento, la información disponible no reporta un balance de personas heridas como consecuencia de estos hechos. Además, en el municipio de Cajibío se registró otra acción contra la Fuerza Pública. La subestación de Policía de El Carmelo fue atacada con drones cargados de explosivos, según los reportes conocidos.La situación vuelve a poner a la población civil en medio de acciones armadas que se desarrollan en zonas donde permanecen comunidades. Por ahora, tampoco se reportan heridos en este punto. Se espera que las autoridades brinden más información en las próximas horas.Las autoridades mantienen la atención sobre lo ocurrido en ambos municipios mientras se conocen mayores detalles de las acciones y de sus posibles afectaciones.Otros ataques contra la Fuerza PúblicaLos hechos registrados en Inzá y Cajibío se conocen apenas horas después de otros ataques contra integrantes de la Fuerza Pública en Norte de Santander, ocurridos durante la noche del viernes 4 de septiembre.En esa región, la estación de Policía del corregimiento de Guamalito, en el municipio de El Carmen, fue atacada en una acción atribuida al ELN. Las imágenes conocidas posteriormente mostraron parte de la infraestructura destruida, con el techo afectado y escombros en diferentes sectores del lugar.De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Defensa, el ataque contra Guamalito ocurrió de manera simultánea con una acción contra el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, donde está ubicado el Batallón de Infantería N.° 15 General Francisco de Paula Santander.Según la entidad, integrantes del ELN utilizaron aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos que impactaron dentro de la unidad militar. Tras el ataque, las tropas activaron los protocolos de seguridad y realizaron una maniobra para asegurar el perímetro y verificar la posible existencia de nuevas amenazas.Durante esa operación se produjo un combate de encuentro con integrantes del ELN. Como consecuencia de estos hechos murieron el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlo Marrugo Manjarrez. Además, una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana resultó afectada.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
La Fiscalía General de la Nación judicializó al teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y a los sargentos segundos Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna, señalados de, al parecer, recibir dinero de una estructura del Clan del Golfo en Antioquia a cambio de suministrar información reservada relacionada con operativos y movimientos de tropas del Ejército Nacional.De acuerdo con la investigación, los tres uniformados, quienes estuvieron adscritos al Batallón Rifles de Caucasia (Antioquia) y al Batallón de Infantería de Selva No. 48 ‘Prócer Manuel Rodríguez Torices’, en el sur de Bolívar, habrían hecho parte de una red dedicada a obtener y filtrar información estratégica sobre las acciones militares adelantadas contra esa organización criminal. Según la Fiscalía, esta estructura operó entre enero de 2022 y febrero de 2025 y contó con la intermediación de Teresa Jaramillo Giraldo, alias La Tía, quien ya fue condenada por estos hechos.Gobierno anuncia giro en estrategia contra grupos criminales: "Serán tratados como terroristas"Las pruebas contra los militaresLas pruebas recopiladas por el ente acusador indican que el 2 de enero de 2022, cuando tenía el grado de subteniente, Bravo Olaya habría recibido un millón de pesos por intermedio de un militar retirado para alertar posteriormente sobre los desplazamientos de las tropas bajo su mando en zona rural de Ayapel, Córdoba.Asimismo, la Fiscalía sostiene que Sicacha López habría aceptado pagos a cambio de compartir información relacionada con las operaciones militares en las que participaba. En el caso de Henao Luna, las autoridades lo señalan de haber recibido dinero por entregar datos privilegiados sobre los movimientos de la escuadra que comandaba, presuntamente después de recibir una llamada de un suboficial retirado el 14 de abril de 2022.Los procesados fueron capturados en operativos realizados por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional en Cali (Valle del Cauca), el corregimiento de Buenavista, en Distracción (La Guajira), y Yopal (Casanare).Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó, de acuerdo con su presunta participación en los hechos, los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado. Sicacha López aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia, mientras que Bravo Olaya y Henao Luna fueron enviados a un centro carcelario con medida de aseguramiento intramural.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
En entrevista con Noticias Caracol, la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó este lunes un alarmante diagnóstico de la crisis de derechos humanos en Colombia, fundamentado en el informe institucional titulado "Decisiones impostergables en derechos humanos". Marín advirtió sobre la expansión de los grupos armados ilegales, el uso indiscriminado de nuevas tecnologías en el conflicto, cifras históricas de cultivos ilícitos y el reclutamiento forzado de menores de edad. Sobre ese último punto, de hecho, la ONG Human Right Watch (HRW) le pidió al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que adopte medidas para acabar con el aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados -unos 1.500 desde 2021- que consta precisamente en ese informe de la Defensoría del Pueblo.El reclutamiento infantil es el aspecto más desgarrador expuesto por la defensora del Pueblo, en especial el incremento sistemático del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de todos los grupos armados. La funcionaria denunció que estas estructuras criminales están empleando redes sociales para persuadir y seducir a menores de edad ofreciéndoles bienes materiales como tenis, celulares y motocicletas. "Es otro de los indicadores más dolorosos del crecimiento de los grupos armados, que están usando de una manera sistemática menores de edad (...) También el uso de nuevos mecanismos pues para seducir a estos menores de edad, por ejemplo a través de las redes sociales, donde además les ofrecen tenis, celulares, motos y terminan persuadiéndolos".Esta situación azota severamente a las comunidades étnicas de regiones como el Cauca, donde cerca del 50% de los menores reclutados son indígenas, y al sumar a la población afrodescendiente, la cifra asciende al 56-58%. Marín denunció que muchos de estos niños son trasladados lejos de sus hogares para ser utilizados como primera línea de combate o quedar expuestos a bombardeos y alertó sobre un preocupante subregistro en las cifras oficiales. "Estamos muy convencidos de que esto no obedece a una disminución de la práctica sino a una reducción de la denuncia de parte de las comunidades -explicó la defensora-. Estamos viendo cada vez más menores de edad que mueren en combates entre los grupos, como este año en Guaviare en bombardeos en los últimos años son decenas la cantidad de niños que han muerto en bombardeos, pero el subregistro es enorme".La defensora se refirió también a otros puntos, como la expansión de grupos criminales, el uso de drones con explosivos y las alertas tempranas que emite ese organismo.De acuerdo con la radiografía de esa entidad, el panorama de seguridad en las regiones muestra dinámicas complejas e intensificadas por disputas territoriales que terminan afectando directamente a la población civil. Al analizar las causas de esta preocupante realidad, la defensora señaló que en el territorio confluyen principalmente tres factores de violencia organizada. "Colombia está en una situación bastante delicada, tiene presencia de al menos tres tipos de dinámicas : na es la herencia del paramilitarismo, que está conformada por los autodenominados Gaitanistas y los Conquistadores de la Sierra; una segunda dinámica que son las disidencias y desertores de las extintas Farc, y una tercera dinámica que es Eln principalmente, además de la criminalidad organizada", comentó Marín en este noticiero.La defensora explicó que el crecimiento de estas estructuras armadas, en especial de las disidencias y desertores de las Farc, obedece en parte a "retrasos históricos en llegar a las zonas que en su momento dejaron a través de inversión social" y al poco cumplimiento del acuerdo de paz. De igual forma, destacó que el grupo con mayor expansión territorial actualmente es el Clan del Golfo (autodenominados Gaitanistas), una organización dedicada a economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y la extorsión. Estas disputas y luchas por el control han disparado las cifras de masacres en el país, convirtiendo al presente año en el de mayor cantidad de estos eventos violentos desde 2018.Una de las mutaciones más alarmantes en los métodos de combate de los grupos armados ilegales es el uso creciente de tecnologías no tripuladas, específicamente drones cargados con explosivos, los cuales han generado desplazamientos y zozobra en regiones como el Cauca, Catatumbo y Antioquia.Frente a esta letal estrategia, Marín fue enfática al exigir el cese inmediato de su uso y condenar estas acciones de cara al derecho internacional humanitario. "Hay una obligación de los grupos armados de no usar estos artefactos explosivos que muchas veces se dirigen de manera indiscriminada y se causan daños a la población civil. Este es un crimen de guerra, nosotros lo hemos manifestado así en diferentes oportunidades", alertó la defensora en Noticias Caracol. De igual forma, instó a que la fuerza pública fortalezca e implemente de manera prioritaria tecnologías antidrones para salvaguardar a las comunidades atrapadas en medio de las hostilidades.Por otro lado, con un registro que supera las 261.000 hectáreas de cultivos de coca en el país, la Defensoría reconoce que los cultivos de uso ilícito constituyen un pilar clave del conflicto armado. Al ser consultada sobre la propuesta gubernamental de realizar aspersiones aéreas mediante bioderbicidas de alta generación, la defensora llamó a la precaución, la transparencia y al estricto cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Al respecto, la funcionaria expuso la ruta que el Gobierno debe seguir si decide emplear este mecanismo. "Si se va a acudir a la erradicación forzada por diferentes formas, por ejemplo la versión aérea tiene que agotarse primero tras vías y también hacer pública y transparente cuál es esa sustancia para garantizar que no vaya a generar daños a la salud y seguir la jurisprudencia de la Corte Constitucional", afirmó.No obstante, Marín subrayó la necesidad de entender este fenómeno como una profunda problemática social: "Los campesinos y las campesinas en estas zonas del territorio requieren alternativas que sean sostenibles para su economía y la erradicación es un primer paso pero es insuficiente para realmente resolver el problema de fondo".Actualmente, el organismo mantiene vigentes 120 alertas tempranas en Colombia, incluyendo una reciente alerta emitida para la capital del Cauca, en Popayán, debido a la amenaza y presencia de grupos al margen de la ley tanto en zonas rurales como urbanas. No obstante, la funcionaria criticó la falta de efectividad práctica del Estado frente a estas advertencias. Aunque el sistema de indicadores de la Defensoría muestra que aproximadamente el 50% de las recomendaciones técnicas de las alertas se cumplen, Marín advirtió que la calidad de esta respuesta gubernamental es limitada y superficial. "Muchas veces las acciones que más se cumplen son las de hacer reuniones o sacar directivas pero no las que tienen un impacto más digamos práctico operacional y dinámico en el territorio", detalló la defensora, quien en entrevista con Noticias Caracol propuso también coordinar una articulación intersectorial de alto nivel con el Ministerio del Interior para que las acciones estatales protejan estratégicamente a la población antes de que se consumen los riesgos advertidos.NOTICIAS CARACOL
La Gobernación de Cundinamarca confirmó en segunda instancia la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, institución educativa ubicada en el municipio de Cajicá y donde estudiaba la menor Valeria Afanador, cuyo caso conmocionó al país tras su desaparición y posterior hallazgo sin vida en agosto de 2025. La decisión deja en firme una de las sanciones administrativas más severas impuestas a un establecimiento educativo en el departamento. La medida fue adoptada por la Secretaría de Educación de Cundinamarca luego de resolver el recurso de apelación que había presentado el plantel contra la sanción impuesta inicialmente en junio de 2026. Tras revisar los argumentos del colegio, la administración departamental determinó mantener la cancelación de la licencia y ratificó los hallazgos que sustentaron la decisión original. De acuerdo con lo expuesto por las autoridades educativas, el establecimiento fue declarado administrativamente responsable por presuntas omisiones relacionadas con los deberes de cuidado, supervisión y protección especial que requería la estudiante. Además, se identificaron posibles fallas en los protocolos de seguridad y en los mecanismos de reacción institucional frente a situaciones de riesgo. El día de que desapareció Valeria AfanadorEl caso de Valeria Afanador generó una profunda indignación en la opinión pública. La menor, de 10 años y diagnosticada con síndrome de Down, desapareció el 12 de agosto de 2025 después de haber sido vista por última vez en las instalaciones del colegio. Tras varios días de intensa búsqueda liderada por autoridades, organismos de socorro y familiares, su cuerpo fue encontrado sin vida en inmediaciones del río Frío, cerca del centro educativo.Desde entonces, las autoridades adelantaron múltiples investigaciones para establecer las circunstancias de la desaparición y determinar si existieron fallas en los procedimientos de custodia y vigilancia de la institución. Los resultados de ese proceso derivaron en la apertura de actuaciones administrativas y judiciales que continúan en marcha.Aunque la licencia de funcionamiento fue cancelada de manera definitiva, el cierre del colegio no será inmediato. La decisión establece que el plantel podrá continuar operando hasta la finalización del calendario académico correspondiente a 2026. Una vez concluido el año escolar, la institución deberá cesar sus actividades educativas de manera definitiva.Como parte de las medidas ordenadas por la administración departamental, la rectora del colegio, Sonia Ochoa Daza, deberá presentar ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca un plan de reubicación para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes actualmente matriculados. Dicho documento deberá contemplar los mecanismos para trasladar a los alumnos a otras instituciones y minimizar las afectaciones derivadas del cierre.Qué pasará con los estudiantes y el proceso judicialLa decisión quedó consignada en la Resolución 007360 del 14 de octubre de 2026, firmada por la secretaria de Educación de Cundinamarca, Genny Milena Padilla Reinoso. Según lo informado, el acto administrativo resolvió de manera definitiva la apelación presentada por el colegio y agotó la vía gubernativa, por lo que ya no existen recursos administrativos pendientes ante la administración departamental. Paralelamente, el proceso judicial relacionado con la desaparición y muerte de la menor sigue avanzando. Las autoridades han informado que se espera la audiencia de acusación contra Emily Vivian Fuentes Hernández, directora de curso de la estudiante, y Danny Javier Ochoa Prada, jefe de seguridad de la institución, quienes hacen parte de las investigaciones derivadas de los hechos ocurridos en agosto de 2025.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
La obra de la avenida carrera 68 alcanzó un avance general promedio de 90,36% en sus nueve tramos de construcción durante el mes de octubre de 2026. Este corredor vial abarca una extensión de 17,07 kilómetros de longitud y atraviesa la ciudad de Bogotá desde el sector de Venecia en el sur hasta la calle 100 con carrera Novena en el norte.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATADe acuerdo con los datos entregados por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), los registros de ejecución del proyecto pasaron de 42,57 % en enero de 2024 al porcentaje actual tras la aplicación de un plan de seguimiento y articulación entre las entidades distritales. La obra, que inició labores de construcción en febrero de 2021, tenía una fecha inicial de entrega fijada para febrero de 2026. Sin embargo, la acumulación de retrasos en la compra de predios, la presencia de redes de servicios públicos no registradas en los planos y la baja ejecución de contratistas modificaron el cronograma de trabajo.Tramos que terminarán construcción en el año 2026Las proyecciones del Distrito señalan que durante el resto del año 2026 se completará la construcción de los grupos 3, 4, 5, 6 y 9. Asimismo, el proyecto prevé la puesta en servicio de los ramales y la infraestructura del sector de Venecia, pertenecientes al grupo 1.La habilitación de estos sectores permitirá establecer conexiones directas de tráfico entre la avenida Ciudad de Cali, la avenida de Las Américas, la avenida 68 y la calle 26. Por su parte, la terminación de las obras restantes en los grupos no concluidos continuará durante el año 2027, momento en el que se espera la puesta en funcionamiento total de la troncal.El director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano, señaló que la articulación entre las empresas de servicios públicos y la reducción en los tiempos de aprobación de los Planes de Manejo de Tráfico permitieron destrabar los frentes de obra que registraban retrasos.Infraestructuras viales y puentes que ya están en servicioA lo largo del desarrollo de los nueve tramos, la administración de la ciudad habilitó la circulación en varios puntos del trazado para facilitar el tránsito de vehículos y peatones:En el grupo 1, durante agosto de 2026, entraron en funcionamiento dos ramales del puente del sector de Venecia y los carriles paralelos.En el grupo 2, el puente vehicular de la calle 3 abrió en octubre de 2024, mientras que el puente peatonal del mismo sector entró en uso en marzo de 2026.En el grupo 3, el paso peatonal elevado de la calle 9C quedó disponible en marzo de 2025.En el grupo 4, los peatones empezaron a utilizar el paso deprimido de la calle 13 en septiembre de 2026.En el grupo 5, la infraestructura sobre la calle 26 incluye puentes vehiculares y paso para bicicletas entregados en junio de 2024, sumados al puente curvo de conectividad que opera desde octubre de 2025 para los buses de transporte masivo hacia el centro de la ciudad.En el grupo 6, el puente para bicicletas y peatones en la calle 63, junto al parque Simón Bolívar, abrió en agosto de 2026.En el grupo 8, el puente de la avenida Suba con calle 100 inició tránsito vehicular y de buses masivos en junio de 2025.En el grupo 7, el puente vehicular del sector Cafam Floresta funciona para el tráfico general desde diciembre de 2023.Población beneficiada y características técnicas de la víaEl trazado de la avenida carrera 68 cruza por ocho localidades de Bogotá: Tunjuelito, Kennedy, Puente Aranda, Fontibón, Teusaquillo, Engativá, Barrios Unidos y Suba. El proyecto conectará en un solo recorrido el municipio de Soacha con el norte de la capital en el sector de Lagos de Torca.La infraestructura del proyecto vial incluye la instalación de los siguientes elementos en sus 17,07 kilómetros:21 estaciones para el sistema de transporte masivo, compuestas por 20 estaciones nuevas y una reubicación.19 puentes, repartidos en 5 estructuras vehiculares nuevas, 3 puentes reinforced o reforzados y 11 pasos peatonales.8 pasos deprimidos, distribuidos en 2 para vehículos, 5 peatonales y 1 para uso de bicicletas.17 kilómetros de vías exclusivas para bicicletas.354.000 metros cuadrados de espacio público, con 166.000 metros cuadrados de zonas verdes y la siembra de más de 5.000 árboles.POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G CON INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA DE BOGOTÁDSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, solicitó el martes una auditoría forense al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) ante la posible existencia de irregularidades. El anuncio se produjo durante un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, en el que cuestionó los resultados del modelo de atención implementado en 2024. La funcionaria describió el panorama del sistema con una frase: "Una crónica del desastre del modelo de salud". Según explicó, la administración actual encontró problemas que venían de años anteriores y que, a su juicio, requieren una respuesta que permita esclarecer lo ocurrido y garantizar la atención de los integrantes del magisterio.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)Ministra pidió auditoría forense por posibles irregularidades en el FomagLa funcionaria informó que solicitó al presidente de la República Abelardo de la Espriella una auditoría forense ante la posible existencia de una cadena de corrupción alrededor del Fondo. Uno de los puntos expuestos por Hoyos fue el acceso a la información sobre la administración del Fomag. Según indicó, el Ministerio de Educación tuvo que interponer siete acciones de tutela contra la administración anterior para obtener información de Fiduprevisora relacionada con el contrato de fiducia.El actual Gobierno "constató una fractura que venía de atrás y cuestionó los resultados del modelo de salud adoptado mediante el Acuerdo 003 de 2024. Señaló que los mayores recursos deberían reflejarse en más servicios y advirtió que las fallas han vulnerado los derechos fundamentales del magisterio", se lee en un comunicado compartido por el Ministerio de Educación. Sobre el estado del Fondo, la ministra aseguró que el diagnóstico técnico del Ministerio de Educación "registra 59 hallazgos, principalmente financieros y de salud". El documento también reporta un patrimonio negativo de $3,198 billones con corte a junio de 2026.Gobierno busca acuerdos con Fecode y anuncia reunión del FomagComo parte de las acciones anunciadas, Hoyos señaló que el Gobierno trabaja en una salida concertada con Fecode y los ministerios de Salud y Hacienda. También indicó que solicitó al Ministerio de Hacienda "dar prioridad a los recursos pendientes" y que se reunió con la fiscal general para "pedir atención a las investigaciones, además de adelantar gestiones ante los organismos de control".La ministra agregó que ha adelantado gestiones ante los organismos de control y manifestó su disposición a participar en la mesa central de Fecode. Finalmente, anunció que el próximo Consejo Directivo del Fomag se realizará el 30 de octubre de 2026. Según lo expuesto por la funcionaria, la prioridad es adoptar decisiones que permitan superar la situación del Fondo y proteger "efectivamente la salud y los derechos de los maestros".VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOL
Luis Díaz causó preocupación en el Bayern Múnich y en la Selección Colombia, al salir lesionado en el partido que los 'bávaros' empataron 2-2 frente al Arsenal por la Champions League. Hay que precisar que el guajiro había entrado desde el banco de suplentes antes del minuto 70, pero no logró completar el encuentro en el Allianz Arena, este miércoles. A 'Lucho' se le vio agarrándose la zona posterior, encendiendo así las alarmas con su estado físico. Con ese panorama, al término de la contienda, al director deportivo del club alemán, Max Eberl, le consultaron por la situación de Díaz Marulanda. El directivo explicó los motivos por los cuales el extremo se vio condicionado en el terreno de juego. "Ya tenía problemas musculares antes del partido y lo sintió ligeramente de nuevo ahora. No quisimos correr riesgos. Esperemos y veamos…", declaró Eberl, dejando abierta la incertidumbre sobre la evolución y el tiempo de recuperación del futbolista 'cafetero' de cara a los próximos retos del calendario.Por su parte, Kompany aseguró que 'Lucho' no había entrenado al cien por ciento, no sólo para el encuentro contra el Leipzig por la Bundesliga del fin de semana, sino también para este de Champions frente a los 'gunners'. "En realidad, Luis debería haber salido contra el Leipzig. Teníamos un poco de miedo de que algo hubiera pasado. En realidad, tuvimos suerte de que esté con nosotros hoy. No entrenó al 100 por ciento", dijo. Pero luego adicionó más detalles del estado del oriundo de Barrancas: "No hablamos mucho tiempo (tras el partido), pero espero que no. No creo que sea grave, pero por supuesto, cuando ocurre por segunda vez, siempre te preocupas un poco".Por lo tanto, ahora habrá que esperar un parte médico oficial por parte de los rojos de Baviera sobre el estado físico de Luis Díaz. Así fue el compromiso en el Allianz ArenaBayern Múnich, semifinalista del torneo la pasada temporada, y el Arsenal, vigente subcampeón europeo, dejaron en tablas (2-2) el pulso estrella de este miércoles en la tercera jornada de la Liga de Campeones.Eberechi Eze había adelantado al ganador de la pasada Premier League inglesa en el 25' y el campeón de la Bundesliga remontó luego con tantos de Alphonso Davies (35') y Harry Kane (61' de penal), antes de que Declan Rice firmara el empate definitivo para los Gunners en la recta final (82').
Las celebraciones también llegan a los videojuegos, donde las tradiciones culturales pueden convertirse en experiencias para compartir con jugadores de todo el mundo. En México, el Día de Muertos es una de las fechas más representativas de su identidad, con símbolos, colores y elementos que recuerdan a quienes ya no están.Ahora, esa tradición tendrá su propio espacio en uno de los juegos móviles de disparos más conocidos. Los jugadores podrán participar en actividades especiales, completar misiones y conseguir objetos inspirados en esta celebración, mientras llevan nuevos elementos visuales al campo de batalla.La propuesta combina desafíos individuales con actividades en equipo, invitando a los usuarios a reunir recompensas durante un periodo limitado. Entre los artículos disponibles habrá diseños inspirados en símbolos tradicionales, objetos conmemorativos y una recompensa que toma como referencia a una figura muy particular de la cultura mexicana.Un evento con Huesos y recompensas temáticasCall of Duty: Mobile recibirá el evento “Día de tu Muerte”, disponible del 22 de octubre al 11 de noviembre de 2026. Durante estas semanas, los jugadores podrán completar distintos desafíos para conseguir Huesos, la moneda especial del evento.Los Huesos podrán intercambiarse por artículos en la Tienda del Evento. Para desbloquear las recompensas, será necesario participar en las actividades disponibles y reunir la cantidad requerida, por lo que completar los desafíos será clave para aprovechar la celebración.La recompensa principal será el aspecto de habilidad de Operador Unidad K9 — Fantasma, que permitirá desplegar una manada de perros esqueléticos contra los enemigos. Su diseño está inspirado en el xoloitzcuintle, una raza de perro mexicana vinculada con las tradiciones del Día de Muertos.Para conseguir este aspecto, los jugadores deberán reunir 100 Huesos, cantidad con la que se desbloqueará automáticamente la recompensa.Granadas, accesorios y objetos inspirados en la tradición mexicanaLa Unidad K9 no será el único elemento temático del evento. La colección también incluirá objetos que trasladan al juego algunos de los símbolos más reconocibles de esta celebración.Entre las recompensas se encuentran:Granada de Contacto — Calaverita: un diseño inspirado en las tradicionales calaveritas del Día de Muertos.Granada de Racimo — Pan de Muerto: un aspecto basado en este alimento emblemático de la celebración.Tarjeta de Visita — Día de Muertos: una tarjeta conmemorativa con elementos visuales relacionados con la tradición.Recompensas adicionales: un llavero, un emote, un marco, además de avatares, sprays y stickers temáticos.Estos objetos permitirán personalizar distintos elementos de la experiencia y ampliar la colección de artículos disponibles durante el evento.Una celebración para jugar en equipo“Día de tu Muerte” también contará con actividades sociales que invitarán a los jugadores a compartir la experiencia con sus amigos. Además de los desafíos individuales, habrá dinámicas para participar en equipo y disfrutar de la celebración dentro del juego.Con esta propuesta, Call of Duty: Mobile incorpora elementos del Día de Muertos a sus actividades de temporada, combinando desafíos, recompensas desbloqueables y diseños inspirados en una tradición mexicana reconocida internacionalmente.El evento estará disponible del 22 de octubre al 11 de noviembre de 2026. Durante ese periodo, los jugadores podrán reunir Huesos, explorar la Tienda del Evento y buscar las recompensas especiales, incluida la Unidad K9 — Fantasma, antes de que finalice la celebración.¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.