Miguel Ángel López, conocido como 'Samor One' y expareja de la creadora de contenido María Alejandra Esquín, reconocida en redes sociales como 'Baby Demoni’, rompió el silencio mediante un video tras conocerse el informe de necropsia que estableció las causas del fallecimiento de la joven influencer.El cantante de rap, quien abandonó Colombia posterior a la muerte de la joven, manifestó a través de sus redes sociales que no se encuentra escondido ni temeroso frente a las acusaciones formuladas en su contra.“Para los que dicen que estoy volado, que estoy escondido, que estoy asustado, quiero decirles que sigo tranquilo, sigo libre y, ante los ojos de Dios y la ley colombiana, yo soy inocente”, dijo ‘Samor One’ en el video publicado.Asimismo, afirmó que tanto su abogado como la Fiscalía conocen su paradero desde el primer momento. “A las únicas personas que les interesa en dónde estoy y lo saben desde el minuto uno que yo salí del país, es a mi abogado y a la Fiscalía General de la Nación”, agregó.Resultado de la necropsia de Baby DemoniEn el video publicado en sus redes sociales, ‘Samor One’ también se refirió al resultado de la necropsia y cuestionó la fecha de entrega del documento, que, según señaló, habría sido emitido hace aproximadamente un año.“Dice que fue el 24 de octubre del 2025, es decir, que la Fiscalía cuenta con ese documento de un año en su poder...¿No creen ustedes lógico que yo ya estaría tal vez detrás de unas rejas”, afirmó.No obstante, el examen forense determinó que la causa de muerte de María Alejandra Esquín, conocida como Baby Demoni, fue asfixia por compresión extrínseca del cuello, dictamen que se hizo público el pasado 17 de octubre de 2026.‘Samor One’ también señaló a la abogada de la familia, Wendy Herrera, quien ha solicitado avances de la investigación para que se establezca lo ocurrido el día de la muerte de la joven influencer.“Me parece muy poco ético y muy poco profesional de su parte que tenga que estarme enviando a mí mensajes por medio de videos de TikTok... Lo que pasa es que usted ya se dio cuenta que esto es una polémica a nivel mundial, usted también se quiere montar en la ola y quiere hacer su show”, dijo.Sin embargo, recientemente, la abogada de la familia de Baby Demoni publicó un video en su cuenta personal de Instagram en el que respondió a las declaraciones del joven cantante.“Yo no sé quién es usted, nunca lo he visto, solo sé que usted está vinculado a un proceso por un presunto feminicidio...Yo no le tengo miedo”, afirmó la abogada.¿Qué ocurrió el día de la tragedia?Los hechos ocurrieron el 15 de octubre de 2025, fecha en la que la influencer bogotana, de 24 años, falleció tras un incidente en el apartamento donde convivía con ‘Samor One’.La tarde del 14 de octubre, un día antes, se registró una fuerte discusión entre la pareja. Horas después, la joven fue trasladada a una clínica por un presunto intento de asfixia con una sábana. Sin embargo, cuando su padre, Manuel Ariza, ingresó a verla en la Unidad de Cuidados Intensivos, observó un golpe en la frente y marcas en el cuello que, según su apreciación, corresponderían a dedos humanos y no a la tela.Posteriormente, las autoridades examinaron el teléfono móvil de la joven y halló una fotografía tomada a las 2:40 p.m. del día de los hechos que registró manchas de sangre en el piso y ruidos tras la discusión.El programa de Séptimo Día reveló los secretos que encontraron en el celular de Baby Demoni: “En su teléfono se encuentra todo lo que son las conversaciones, las imágenes fotográficas, los videos de toda la historia de la señora María Alejandra, pero lo más importante es de los días previos y del día de los hechos”.El director de la Unidad de Investigación Criminal, Yefrin Garavito, dijo que: "Esta fotografía nos denota algo importante y es que ella quería documentar unas manchas de sangre, residuos de sangre y elementos en el piso que denotan una pelea. ¿Por qué motivo ella quiere tomar esa fotografía? No es muy común que una persona que quiera suicidarse tome fotografías previas del lugar en donde hubo una discusión”, dijo el investigador. Además, afirmó que en el cadáver de la joven se apreciaba un surco de presión extraño en el cuello que, dice, no correspondería al elemento con el que supuestamente se asfixió, que fue una sábana.Familia de Baby Demoni denuncian que no fue suicidioLa familia de la influencer rechazó la hipótesis de suicidio. Su padre habló con el canal Citytv para pedir celeridad a las autoridades y evitar que el caso quede en la impunidad.“Seguimos con la misma duda, la misma incógnita por el caso de mi hija. Se sabía desde un comienzo que a mi hija la pasaron por suicidio. Medicina Legal y las pruebas que se han recolectado arrojaron que el caso de mi hija no fue suicidio, fue homicidio”, declaró en la entrevista.“Que el caso de mi hija no quede en un número más, en un archivo más, ya que las pruebas están. Todo lo que se ha requerido se lo hemos aportado a los abogados, a la Fiscalía y hasta el día de hoy no hemos visto resultados de nada”, agregó.Por ahora, la investigación continúa en curso. Mientras la expareja de la joven afirma que “salió del país porque no tiene antecedentes penales ni le debo nada a la justicia colombiana”, la familia de Baby Demoni insiste en que se esclarezcan los hechos y pide que su muerte no quede en la impunidad.
En Los Informantes: una entrevista profunda con Margarita Rosa de Francisco, la transformación del cacao en el campo colombiano y un emotivo tributo a la vida y obra del cantautor Piero.
Noelia Maximino, una turista española de 31 años, planeó durante meses sus vacaciones en Colombia. Apasionada por los viajes y por ser una persona alegre, llegó al país a finales de julio junto a un grupo de amigos para recorrer diversos destinos turísticos, entre ellos el Parque Nacional Natural Tayrona, cerca de Santa Marta.Lidia García, una de sus amigas más cercanas y compañera de viaje, recordó la relación que las unía y la personalidad de Noelia: "Éramos uña y carne y para mí Noelia era como una hermana, era parte de mi familia".El grupo realizó una caminata por el parque ecológico y llegó por la tarde al sector de Cabo de San Juan. Cerca de las 4:00 de la tarde, cuando se preparaban para regresar, vieron las embarcaciones de transporte que ofrecían llevar a los visitantes por vía marítima para evitar el trayecto a pie de retorno."No quedaban más chalecos": los minutos previos al accidenteAl momento de abordar la lancha, los integrantes del grupo notaron que no había elementos suficientes de protección para todos los pasajeros. Sin embargo, según relatan los sobrevivientes, la salida del bote se dio de manera apresurada.Lidia García detalló lo que ocurrió al momento de subir con su amiga: "Nos dijeron que ya no quedaban más chalecos y ya está. No, no hubo tiempo ni de reacción, no hubo tiempo de negarnos".Pese a no contar con los chalecos salvavidas, la embarcación inició su recorrido mar adentro hacia mar abierto. Pocos segundos después de haber dejado la orilla de la playa, la lancha enfrentó el fuerte oleaje característico de esa zona de la costa caribeña.García narró los momentos de angustia que vivieron cuando fueron alcanzadas por las olas: "Noelia y yo cuando volcamos estamos dentro de la lancha, conseguimos salir de ahí y a partir de ahí es una película de auténtico terror". El choque de una segunda ola hizo que la nave se diera vuelta por completo, dejando a los ocupantes en el agua y dispersos.Cuestionamientos por la presunta falta de salvavidas en la playaTras el volcamiento, varios pasajeros quedaron a la deriva intentando mantenerse a flote, mientras las olas los empujaban hacia las zonas rocosas de la costa. De acuerdo con el testimonio de los sobrevivientes, la primera ayuda vino de otros visitantes que presenciaron el accidente.Los propios turistas formaron una cadena humana en el agua para sacar a los afectados y llevaron a Noelia hasta las rocas, donde le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaban apoyo.Lidia García cuestionó la presunta ausencia de puestos de socorro en esta zona turística: "No hubo ni atención ninguna ni medios ningunos, no hubo nada. O sea, si se ponen medidas del tipo que sea, aunque sean mínimas, este tipo de cosas no pasan".La joven fue sacada del agua, pero llegó sin signos vitales al centro asistencial.La lancha no tenía permisos de navegaciónEl accidente abrió una investigación por parte de las autoridades marítimas e instituciones de turismo para esclarecer cómo operaba la lancha en una reserva natural.El capitán de puerto de Santa Marta, Julio Monroy, representante de la Dirección General Marítima (DIMAR), confirmó que la embarcación involucrada en el hecho presuntamente no contaba con las autorizaciones legales para transportar pasajeros: "Esta embarcación no estaba autorizada. Es una embarcación que provino de un sitio no autorizado que fue Buritaca, zonas que quedan hacia el norte del Cabo San Juan".El oficial explicó además que los operadores de la lancha habrían aprovechado las condiciones del sector para ofrecer el servicio de manera irregular: "Se aprovecharon de la lejanía y de la buena fe de los turistas".Por su parte, Parques Nacionales Naturales de Colombia emitió un comunicado en el que indicó que dos guardaparques se trasladaron hacia el Cabo de San Juan al conocer lo sucedido, a una distancia aproximada de 40 minutos desde su punto de control.Entre tanto, Luis Ángel Reyes, subdirector de promoción y mercadeo del Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta, señaló las acciones que se adelantan tras el caso: "Todas estas cosas están siendo evaluadas. Ya hoy contamos con una mesa técnica que pretende rigurizar el seguimiento a los controles para la práctica correcta de estos servicios turísticos".Piden investigar a los responsablesDesde España, la familia de Noelia Maximino exige que se aclaren las fallas de seguridad y se identifique a los encargados de la lancha pirata y de la vigilancia en la playa.Actualmente, las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las responsabilidades administrativas y penales correspondientes a este hecho.
Lo que iba a ser un paseo familiar y de trabajo en Chinácota, a poco más de una hora de Cúcuta, terminó en un hecho trágico que hoy investigan las autoridades. Yuris Cristel Camila García, una joven de 29 años, profesional en Salud Ocupacional y madre soltera, viajó desde Tibú con su pequeño hijo a visitar a su mamá, Claudia Patricia Manrique, y a su hermano, pero un accidente en un tobogán acabó con su vida.Antes del hecho, la joven habló por teléfono con su madre por última vez. "Yo la llamo a ella antes como a las 6:20. Le pregunto: 'Mami, ¿dónde estás?'. Me dice: 'Mamita, me estoy tomando un café'. Yo le digo: 'Hija, ¿pero dónde?'. Me dice: 'Mami, aquí donde tú conoces, en Entre Flores. Termino el café y nos devolvemos'", relató Claudia. Sin embargo, minutos después de colgar, la joven decidió subir al tobogán del lugar."Usted no se va a salir": la frase grabada antes del golpeUn video grabado por uno de sus acompañantes registró los momentos previos a la caída y hoy es una prueba clave para los investigadores. En las imágenes se ve a Camila acomodándose sobre una llanta en la parte alta del tobogán mientras conversa con el operador de la atracción.Luz Adriana Manrique, tía de la víctima, explicó lo que se observa en la grabación: "Se ve la niña arriba en el tobogán acomodándose en el neumático ese, hablando con el tipo, confirmando de que se cumple con todo lo de la seguridad porque ella pregunta que quién la va a esperar abajo, que si no se va a salir".Ante la duda de la joven sobre si existía riesgo de salirse, el trabajador le respondió: "No, no, usted no se va a salir. Tranquila". Con esa indicación, Camila se lanzó. Pero al tomar la primera curva la joven salió expulsada, cayendo desde una altura cercana a los tres metros.Testigos denuncian falta de paramédicos y ambulanciaCarlos Ramírez, amigo de Camila y quien grabó el recorrido, relató lo que vivió al ver el accidente: "Ella se tira y yo veo como coge demasiada velocidad. Cuando veo que el neumático pega y ella se sale del tobogán". Ramírez corrió de inmediato al punto donde cayó la joven para tratar de ayudarla: "Muy mal, llena de sangre, todavía con vida, porque pues creo que ella no estaba asimilando lo que estaba pasando. Ella me alcanzó a decir que pues no la dejáramos sola".El testigo aseguró que en ese momento no había personal de auxilio preparado para atender la emergencia: "Pero en ese momento ningún trabajador llegó. Fue agonizante porque pues las personas estaban gritando como que no hay camillas aquí, no hay nada de primeros auxilios". Según su versión, el traslado inicial se hizo en un vehículo privado: "Al rato llegó, creo que era el dueño y su esposa, llegaron en unas camionetas y pues no sé de dónde salió la camilla ni nada, pero pues lograron subirla a ella a la camilla y la metieron en la camioneta".La tía de la víctima también cuestionó cómo se atendió a su sobrina tras el impacto: "A ella la atienden los mismos visitantes. Ellos ni siquiera llaman a una ambulancia. Ellos lo único que tenían ahí para la niña era una camilla. A la niña no le pudieron colocar un cuello ortopédico porque no había".La joven fue llevada al hospital de Chinácota y luego remetida de urgencia en ambulancia hacia el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta. El doctor Freddy Contreras, asesor de gerencia del centro médico, detalló el estado en que ingresó la paciente: "Al momento del ingreso la paciente llega sin signos vitales, por lo cual es declarada fallecida al momento del ingreso". El informe indicó que presentaba trauma craneoencefálico severo, trauma facial y fractura en el antebrazo derecho.¿Tenía permisos la atracción? Habla la Alcaldía de ChinácotaEl hecho abrió una investigación administrativa y penal en Norte de Santander para verificar si la atracción contaba con las licencias exigidas por la ley. Ramiro Luna, alcalde de Chinácota, señaló: "¿Esta atracción no contaba con los protocolos de seguridad para ser utilizado? No, en el momento que empezaron a funcionar no contaba con la documentación, los requisitos y la tramitología necesaria. No tienen las pólizas que se requieren".El mandatario explicó que el negocio tenía permisos para operar como restaurante y hotel, pero no para atracciones mecánicas de entretenimiento.La respuesta de los abogados del establecimientoAnte las denuncias de los familiares y las declaraciones del alcalde, los dueños del restaurante Entre Flores delegaron la vocería del caso en los abogados Óscar Giraldo y José Chía para hablar con Séptimo Día:El abogado Giraldo afirmó que el lugar sí contaba con medidas de atención: "Sí, el establecimiento contaba con todos los protocolos de seguridad, con todas las personas encargadas de brindar los primeros auxilios". Sobre el diseño de la estructura, agregó: "Se realizaron más de 2000 pruebas donde pues realmente no ocurría pues ninguna situación que pusiera en riesgo la integridad de las personas que lo llegaran a utilizar". Asimismo, sugirió que el clima pudo influir en el hecho.Por su parte, el abogado José Chía admitió que faltaban trámites administrativos: "Realmente los permisos que administrativamente se debían implementar para poner en marcha el tobogán no se habían realizado porque se hizo un trabajo pues con expertos y con profesionales que datan sobre la efectividad". El análisis técnico y la investigación de la FiscalíaEl caso también fue analizado por expertos en ingeniería. Joaquín Álvarez, integrante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, explicó que en condiciones de humedad o condensación un usuario puede alcanzar velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora en ese tipo de estructuras. El especialista señaló preliminarmente que, al tratarse de un recorrido con curvas pronunciadas y alta velocidad, la mejor opción de contención física habría sido un sistema tubular cerrado.Actualmente, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales de Norte de Santander adelantan la recolección de testimonios, videos e inspecciones técnicas para determinar si existieron responsabilidades penales, civiles o administrativas en este hecho.
Hace más de tres meses, 99 integrantes de los llamados Comandos de Frontera, liderados por Geovany Andrés Rojas, alias Araña, suscribieron un acuerdo de paz con el gobierno del expresidente Gustavo Petro, entregaron las armas y se concentraron en una zona temporal ubicada en el sur de Putumayo. Sin embargo, el cambio de gobierno los dejó en una situación de incertidumbre, luego de que la administración de Abelardo de la Espriella diera por terminados los diálogos con los grupos armados ilegales y planteara como alternativa el sometimiento a la justicia. Esta decisión provocó la salida de algunos integrantes, mientras más de 60 permanecen en el espacio territorial. Recientemente, el Gobierno Nacional extendió por dos meses más su permanencia en la zona, hasta donde se desplazó un equipo de Noticias Caracol para conocer sus condiciones de vida y recoger sus testimonios.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl escenario de esta concentración es la vereda Betania, zona rural del municipio del Valle del Guamuez, una zona selvática del Putumayo históricamente golpeada por el control territorial de grupos guerrilleros, disidencias, la violencia paramilitar y la economía de la coca. Hasta allí llegaron el pasado 19 de junio 99 excombatientes a bordo de dos helicópteros, acompañados incluso por sus mascotas. Se instalaron en una finca de seis hectáreas bajo el marco de la Resolución 053, respaldada por la MAPP/OEA y países garantes, la cual fijó un tránsito de diez meses para prepararlos hacia la vida civil. En el predio se levantó una aldea de 23 casas blancas con techos azules para 200 personas. En un acto de paz, entregaron sus fusiles en cajas de madera para ser fundidos e incineraron sus uniformes."La libertad es única"Sin embargo, el panorama cambió drásticamente tras la firma de la Resolución 346 por Abelardo de la Espriella, quien puso fin a la mesa de diálogos de paz. La posterior extradición a Estados Unidos de su máximo comandante, alias Araña, desató una desbandada al monte en la que 36 personas abandonaron el lugar, dejando a 63 excombatientes en un encierro donde, dicen ellos, no se les permite salir ni al río. Entre quienes permanecen está Robinson, alias 'El Paisa', un veterano con 20 años en la guerrilla que pasó por las FARC, estuvo privado de la libertad en la cárcel de Chiquinquirá e hizo parte del proceso de desminado humanitario en 2016. Ante el confinamiento actual, 'El Paisa' reflexionó diciendo que "la libertad es única. Usted entre paredes es el olvido, totalmente. Si el Estado olvida al pueblo, en la cárcel lo olvidan todos". Pese al desencanto, ratificó su meta de desmovilizarse: "A mí me gustaba esto, pero la meta mía, mi mentalidad, era entregar mi fusil".En las casas blancas también habitan jóvenes cuyas vidas quedaron marcadas por el conflicto a temprana edad. Natalia, de 29 años, y su pareja Wilson, de 24, un campesino ecuatoriano reclutado a los ocho años cuando quería ser enfermero. La trayectoria de Wilson está atravesada por el dolor de haber visto morir a su hermana en combate hace tres años en Puerto Guzmán. Recuerda que ella le dijo antes de fallecer: "Sálvate y cuando tengas la posibilidad de salir de acá te vas. Quiero que estés con mi mamá y con mis otras hermanitas". Cumpliendo esa promesa, Wilson dejó las armas: "Decidí dejar las armas por el motivo de seguir estudiando, seguir ejerciendo mi carrera como enfermero, pero acá en la vida civil y reencontrarme con mi familia".“Respeten nuestras vidas”: excombatientesFrente a la incertidumbre, la comunidad de excombatientes envió un mensaje al Ejecutivo: "Hemos tomado una decisión de valientes... lo que más pedimos es que respeten nuestras vidas porque esta decisión que tomamos la tomamos fue por todas nuestras familias porque queremos ir a casa".El desacuerdo central radica en la exigencia gubernamental de sometimiento a la justicia sin garantías de transición legal. Arbey, de 36 años, quien recorrió todo el espectro de la violencia en Colombia, pues por grupos guerrilleros, paramilitares, pandillas urbanas y el Ejército Nacional antes de integrar los Comandos de Frontera, rechazó esa condición: "Nosotros no podemos someternos porque el que se somete es la persona que se entrega, que se desmoviliza, que tiene que sapear. Eso es someterse. Nosotros no”.Por su parte, alias El Paisa sostuvo que “yo no me voy a someter, yo ya vengo de una cárcel. Nosotros no somos grupos delincuenciales, somos grupos alzados al margen de la ley en defensa de un territorio".Aunque alias Araña envió una orden desde la cárcel instándolos a continuar en el predio, los excombatientes temen ser arrestados: "Así no nos den el apoyo económico, pero que nos ayuden con la situación jurídica para poder uno movilizarse libremente. Le tememos a que pronto lleguemos a un retén y nos digan: 'Bueno, usted trabajó en un grupo armado ilegal, entonces vámonos para la cárcel'". Mientras corre la prórroga de dos meses, más de 60 personas aguardan una salida legal para retornar a sus hogares sin volver a las armas.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró la extinción de dominio sobre seis bienes relacionados con el cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez conocido con el nombre artístico de Charlie Zaa. El valor de estos bienes asciende los 20.000 millones de pesos y la determinación está relacionada con una investigación que bus establecer si estas propiedades fueron adquiridas con recursos provenientes del extinto bloque del Tolima de las Autodefensas.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA¿Por qué declararon extinción de dominio a bienes de Charlie Zaa?Este expediente se originó en medio de versiones entregadas por integrantes de la estructura paramilitar. El artista, por su parte, ha negado los señalamientos y ha defendido que su patrimonio es producto de más de 30 años de trabajo en el gremio de la música. Además, ha sostenido que parte los recursos para adquirir sus propiedades han salido de las regalías generadas por su música.Con esta decisión, los seis bienes a los que se le hicieron extinción de dominio quedan en manos del Estado colombiano y su destino estará ligado a mecanismos de reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Cabe mencionar que esta extinción de dominio no está relacionada con la compulsa de copias que ya está en la Fiscalía General de la Nación, donde se investiga si hubo o no algún vínculo del cantante con el grupo paramilitar.Las propiedades están avaluadas en 23.755 millones de pesos.¿Por qué investigan a Charlie Zaa?A Charlie Zaa lo investigan por presuntos vínculos con recursos del extinto Bloque Tolima de las AUC y por la posible adquisición de bienes con dinero proveniente de esa organización paramilitar.La investigación surgió a partir de declaraciones de exintegrantes del grupo armado y busca determinar si algunas propiedades asociadas al cantante fueron compradas con recursos ilegales o si él tuvo conocimiento del origen de esos dineros. En julio de 2026, la Fiscalía General de la Nación ocupó varios bienes vinculados al artista, entre ellos un centro comercial, dos discotecas y un hotel, dentro de un proceso de extinción de dominio. Según el ente investigador, estos activos estarían relacionados con operaciones para ocultar recursos del Bloque Tolima. En esa oportunidad, el artista Charlie Zaa publicó en sus redes sociales un comunicado diciendo que "el proceso relacionado con algunos bienes de mi familia continúa en trámite. No existe una sentencia en mi contra, no existe una decisión judicial que haya declarado ilícito nuestro patrimonio y no existe una decisión definitiva de extinción de dominio. La defensa apenas comienza a ejercer plenamente su derecho a presentar las pruebas que demostrarán el origen completamente lícito de nuestros bienes".Agregó el cantante que “he comparecido siempre ante las autoridades con total transparencia y continuaré colaborando con la justicia colombiana cada vez que sea requerido. Confío plenamente en el debido proceso, en la presunción de inocencia y en que será la evidencia —y no los titulares— la que permita establecer la verdad".CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, celebró este lunes las medidas adoptadas en Colombia para la reparación a las víctimas diez años después de la firma del Acuerdo de Paz, incluyendo la participación de exjefes de las antiguas FARC-EP y del Ejército en la búsqueda de restos de desaparecidos. "Estas medidas están contribuyendo a promover los derechos de las víctimas del devastador conflicto armado del país, y allanan el camino hacia una paz y una seguridad sostenibles", subrayó en un comunicado Türk, quien también destacó en particular cómo antiguos responsables de las FARC-EP y del Ejército trabajan juntos en el cementerio de San Antonio de Padua, en Pitalito, para localizar e identificar a personas desaparecidas y entregar sus restos a las familias. "Esta colaboración conjunta entre antiguos adversarios es una poderosa contribución a la verdad, la reparación y la sanación de familias afectadas por el conflicto", agregó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl proyecto forma parte de las medidas establecidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia de transición creado por el Acuerdo de Paz de 2016. Bajo el marco legal establecido por la JEP, personas acusadas de graves crímenes y violaciones de derechos humanos que hayan reconocido su responsabilidad pueden cumplir sanciones restaurativas en lugar de penas de prisión, como por ejemplo la mencionada participación en las labores de búsqueda de desaparecidos. "Esto no puede ser un esfuerzo aislado", alertó el alto comisionado, quien destacó que es fundamental que los mecanismos de justicia y reparación establecidos en virtud del Acuerdo de Paz continúen desarrollándose.Esta declaración se conoce luego de que el canciller colombiano, Ómar Bula, afirmó la semana pasada en Naciones Unidas que el Ejecutivo "remoldeará" lo suscrito en el acuerdo en función de las prioridades que ha dado el presidente Abelardo de la Espriella, quien considera que en Colombia no hay conflicto armado. Sin embargo, el Gobierno se comprometió a fortalecer la articulación institucional con la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el organismo encargado de revisar que se implemente el acuerdo.De la Espriella ha sido uno de los más fervientes opositores al acuerdo de paz con las FARC y su política de seguridad está más enfocada a la confrontación armada, que a las negociaciones con los grupos ilegales. Cabe señalar que el Gobierno de turno no puede derogar el acuerdo firmado en 2016.El primer acuerdo con las FARC cumple 10 añosHace 10 años, el entonces presidente, Juan Manuel Santos, y el último comandante de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, firmaron en Cartagena el primer acuerdo de paz, texto que seis días después fue rechazado en un plebiscito y modificado en las siguientes semanas por el Congreso. La firma de ese documento, con el que las partes buscaban poner fin a más de medio siglo de conflicto armado, fue la semilla de la ilusión de paz que tiene Colombia y la base del acuerdo que el Gobierno y las FARC volvieron a firmar el 24 de noviembre de ese año, que trae los cambios hechos por el legislativo, que es el que hoy se sigue implementando.El acuerdo fue firmado por Santos y Londoño, conocido en su época de guerrillero como Timochenko, en el Centro de Convenciones ante unos 2.500 invitados, entre víctimas, excombatientes, políticos, miembros de la sociedad civil y representantes de la comunidad internacional que asistieron a la ceremonia. "Al terminar este conflicto, termina el último y el más viejo conflicto armado del Hemisferio Occidental. Por eso celebra la región y celebra el planeta, porque hay una guerra menos en el mundo y es la de Colombia", afirmó Santos (2010-2018) ese día.Uno de los momentos más recordados del acto del 26 de septiembre de 2016 fue el susto para todos los presentes pero principalmente para Londoño, que estaba en la parte final de su discurso cuando un avión Kfir causó un estruendo al romper la barrera del sonido volando a baja altura por todo el centro del escenario. "Bueno, esta vez venían a saludar la paz y no a descargar bombas", expresó Londoño al referirse a la experiencia de guerra que dejaron atrás con la firma del acuerdo de paz.El acuerdo pasó de 297 páginas en la versión firmada en septiembre a 310 en la de noviembre, al acoger 56 de los 57 temas abordados en las reuniones entre el Gobierno y promotores del 'no' en el plebiscito, liderados por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). Sin embargo, los cambios que hubo entre los dos textos fueron más cosméticos que profundos y entre ellos destacaba, por ejemplo, que el primer acuerdo no obligaba de manera explícita y detallada a la guerrilla a entregar un inventario exhaustivo de sus bienes y activos de forma inmediata para reparar materialmente a las víctimas, mientras que el segundo sí.El acuerdo definitivo también estableció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional creado por el acuerdo, está diseñado para funcionar diez años, que se cumplen en 2028, con la posibilidad de una prórroga de 10 más, mientras que en el primer acuerdo no se determinó un límite de tiempo.EFE
El Ministerio de Defensa reaccionó a la denuncia de la madre de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, un joven de 18 años que se encuentra entre los siete muertos que se reportaron tras el operativo militar contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en Santa Marta, en el que fue abatido alias Cholo y presuntamente resultó herido alias Pinocho. (Lea también: ¿Quién era alias Cholo, cabecilla abatido por la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Magdalena?)¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa madre del joven, a las afueras del Instituto de Medicina Legal de Barranquilla, donde estaban los cuerpos de los presuntos criminales, negó que su hijo perteneciera a un grupo armado. "Es un niño, solo 18 años. No pertenecía a nada, solo era un obrero", dijo la mujer en un video divulgado en redes sociales, quien también aseguró que su hijo estaba vestido de civil y no portaba armas.Entre tanto, organizaciones de víctimas de ejecuciones de civiles por parte de policías y miembros de las Fuerzas Militares, que en Colombia son conocidos como falsos positivos, pidieron este jueves "justicia para Ricardo Andrés Rodríguez Martínez". "No era guerrillero, volvimos a los falsos positivos para sacar pecho que están ganando la guerra", manifestó en X la organización Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo), en un mensaje dirigido al presidente Abelardo de la Espriella.La operación contra las ACSN fue realizada el 21 de septiembre en el sector de Quebrada del Sol, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y dejó siete muertos y tres capturados, según el balance divulgado por De la Espriella. Entre los fallecidos estaba José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, señalado por la Fuerza Pública como segundo cabecilla y responsable financiero del grupo criminal, que en represalia causó alteraciones en el orden públicos en Santa Marta y otras zonas del Magdalena y La Guajira.Corresponde a la Fiscalía y Medicina Legal esclarecer la totalidad de los hechos: MindefensaTras la denuncia de esta madre de familia, desde el Ministerio de Defensa se emitió un comunicado de cuatro puntos en el que informó:De acuerdo con el proceso de verificación a cargo de las autoridades competentes, se identificó como fallecido durante la reciente operación contra el grupo narcoterrorista Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) o Los Pachenca, a Ricardo Andrés Rodríguez Martínez. (Lea también: Las zonas de dominio de Los Pachenca en el Caribe y la estrategia del Gobierno para enfrentarlos)Respecto a este individuo, adulto de 18 años de edad, ninguna fuente de la Fuerza Pública ha afirmado que fuera hijo de alias Pinocho. Por tanto, las versiones que atribuyen tales declaraciones a la institucionalidad carecen de veracidad o sustento oficial y solo buscan desinformar.En el marco del Estado Social de Derecho, corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los peritos de Medicina Legal esclarecer la totalidad de los hechos, así como establecer motivos y actividades de personas presentes en la zona donde se desarrolló el despliegue militar.El Ministerio de Defensa Nacional reitera su plena colaboración con la justicia, reafirma su compromiso con la verdad y rechaza la invención de versiones irresponsables para distorsionar la realidad de los hechos y confundir a la ciudadanía a partir de las actuaciones legítimas del Estado.NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
Este miércoles 23 de septiembre, en Senado de la República fue negada la moción de censura al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora. Con 65 votos por el no y 17 por sí, en el Congreso no se aprobó la moción impulsada por el Pacto Histórico tras la muerte de tres menores de edad durante un bombardeo el pasado 27 de agosto en zona rural de El Retorno, departamento de Guaviare, contra las disidencias de alias Calarcá.Esta votación que hundió la moción de censura contra Mora se convirtió en un nuevo triunfo del gobierno De la Espriella después de que el pasado 15 de septiembre se hundiera también la moción de censura contra Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, quien fue criticado por un viaje que llevó a cabo con su familia a Santa Marta en medio de la emergencia que vivía Colombia tras el terremoto del pasado 10 de agosto.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA“Es difícil determinar la edad de un joven desde los 15 años": MindefensaEl día martes se llevó a cabo en la Cámara de Representantes el debate de moción de censura contra el ministro Mora y él en su intervención dijo que “este es un Ejército y una fuerza pública que respeta a los menores de edad, pero desafortunadamente cuando hacen parte de un grupo armado, cuando ostentan armas ilegales, cuando están en un campamento en función continua de combate, el Derecho Internacional Humanitario establece que pierden esa protección. Es una cruda realidad. Y nos duele que así sea, pero así es el conflicto que liberamos en Colombia hace 60 años dentro de un marco del derecho de la guerra que está contemplado. Y en el mundo miles de países han sufrido esta tragedia”.Agregó Mora que “es muy difícil determinar la edad de un joven desde los 15 años en adelante. La contextura física de un joven de 15 años puede ser superior a que usa uno de 20, 18, 25; es muy difícil. Y un agente de inteligencia que recopila un proceso de inteligencia no puede llegar a pedirle a cada uno de los del grupo, ‘muéstreme su cédula, su tarjeta de identidad para saberlo’. Él hace una inspección general, hay un procedimiento de inteligencia que eso es un trabajo de la inteligencia que está dentro del marco de la ley de inteligencia. Entonces, cuando Medicina Legal determina los menores de edad, es cuando yo salgo a dar declaraciones y establezco que dentro de los muertos en desarrollo de esta operación hay tres menores de edad. Y ahí repetimos nuevamente nuestra posición. Todo menor de edad reclutado es una víctima, por supuesto, y lamentamos profundamente su utilización en la guerra por los grupos armados que lo reclutan, los arman, los entrenan y lo llevan a un campamento y después lo llevan a combatir o a cometer actos de crímenes. quienes reclutan son los culpables y yo no puedo llegar ante la opinión pública ocultar esta gran realidad y la tengo que decir siempre dentro del marco constitucional y en este caso el DIH”."Reclutamiento de menores no puede ser incentivo para grupos armados"Finalmente, el Mora mencionó que “el reclutamiento de menores de edad no puede convertirse en un incentivo para los grupos armados organizados y mucho menos para los cabecillas. Esto es claro y esto debemos reflexionar porque lo que estamos haciendo lo que hace es incentivar a que estos bandidos, estos cabecillas vean en eso una manera de protegerse. La mejor manera para atacar el reclutamiento de menores de edad en la guerra que estamos librando con contra los narcoterroristas es arreciar contra ellos, es ser contundentes contra ellos, es arrebatarles el control territorial que eron durante 4 años le concedieron. Es no permitirles la libertad de acción, el tiempo y el espacio para seguir reclutando menores de edad en nuestras veredas, en nuestros municipios. Es llevarlos a través de una presión constante hacia la profundidad de la selva y allá bombardearlos como hemos hecho. Aquí no los hemos bombardeado en medio de la población civil, los hemos bombardeado en medio de las pesas selva donde se ocultan cuando la presión de la fuerza los lleva a sus ratoneras”.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
Abelardo de la Espriella cumple este lunes un mes en la presidencia de Colombia entre anuncios, guiños y polémicas, con una intensa agenda atravesada por su "mano de hierro" en el conflicto armado y su respuesta al gran terremoto que golpeó el país el 10 de agosto. Ya en su toma de posesión dio unas pinceladas de lo que iban a ser los primeros pasos del autodenominado "el tigre" al frente del Gobierno colombiano: intervención de un rabino, un pastor, y un sacerdote; presencia de destacados líderes de la ultraderecha latinoamericana; fuerte manejo de los símbolos, comunicación centralizada y un discurso ante militares dentro de un destacamento. Pero el presidente colombiano apenas tuvo tiempo para desplegar planes y promesas porque menos de tres días después de la toma de posesión debió enfrentar un terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado al menos 331 muertos y 4.519 heridos.De la Espriella mantuvo una actividad frenética en los primeros días, viajando a los lugares más afectados, reuniéndose con líderes locales, y recabando entre los empresarios locales y países amigos ayuda para la búsqueda de supervivientes y financiación para la reconstrucción. De un lado, el presidente logró mostrarse cercano, con las mangas de la camisa arremangadas, dispuesto a ayudar a los damnificados, a la vez que hábil para aunar voluntades y lograr importantes donaciones, empezando por los 26,5 millones de dólares comprometidos en total por Washington. De otro lado, De la Espriella fue criticado por lanzar balones con propaganda de su partido a un grupo de damnificados en Buenaventura y por pasar las ofertas de ayuda por un filtro ideológico, dejando fuera -por ejemplo- a un reputado equipo de rescatistas mexicanos.Casi cuatro semanas después del terremoto, De la Espriella y su Gobierno deben comenzar a aterrizar las promesas de reconstrucción y materializar la recuperación de las regiones más afectadas, algunas de ellas lastradas por un subdesarrollo endémico. Su manejo de la crisis será clave para la percepción social de su mandato. Le esperan, según cifras oficiales, 36.336 viviendas destruidas y 201.010 dañadas, así como daños en 400 centros de salud, 4.292 centros educativos, 5.600 centros comunitarios, 468 vías y 5 aeropuertos, 140 acueductos y 104 puentes, entre otros efectos del terremoto.El conflicto armadoEn la última semana, conforme descendía la emergencia inicial del terremoto, De la Espriella ha concentrado su atención -y su prolija actividad en redes sociales, por donde fluye la mayor parte de la comunicación oficial- en la confrontación de guerrillas, grupos armados y narcotraficantes. Esta semana habló de "la fuerza de las armas y de las leyes", prometió "mano de hierro" y su Gobierno avanzó la preparación de una lista terrorista que permitirá al Ejecutivo actuar con más celeridad y recursos contra los grupos armados.El propio presidente anunció que el Ejército había detenido en este primer mes a nueve criminales (miembros del Tren de Aragua, las disidencias de las Farc, el Eln y bandas armadas) y matado a cerca de 40 personas, presuntos integrantes de una disidencia de las Farc y de un grupo criminal. Además, De la Espriella aseguró este domingo que en su primer mes, las Fuerzas Armadas se han incautado de 49.379 kilos de estupefacientes y 1.485 armas de fuego, además de erradicar 1.321 hectáreas de coca.Significativamente, Presidencia envió en los últimos días a los medios dos videos en los que el presidente aparecía entre cadáveres embolsados, lo que generó una controversia a la que el mandatario parece inmune. El mensaje es de tolerancia cero.Hay más ejemplos. Desde que De la Espriella es presidente al menos seis menores han muerto en bombardeos del ejército a campamentos de distintas guerrillas, según el Instituto de Medicina Legal, víctimas en principio del reclutamiento forzoso. Pero cuando un juzgado le prohibió al Gobierno este tipo de acciones si se sospecha que puede haber menores involucrados, el Ejecutivo anunció que apelaría un "fallo absurdo e inconstitucional".También ha apelado el Gobierno la decisión de otro juzgado que le requirió pedir perdón por haber empleado en su investidura el lema "Viva Cristo Rey", frase que pone en duda la neutralidad del Estado, y desde entonces De la Espriella no acaba discurso ni mensaje en redes sociales sin repetirlo.Estados Unidos e IsraelEn el ámbito internacional destaca el alineamiento de De la Espriella con Estados Unidos, con quien Colombia ha suscrito un acuerdo en materia de seguridad que le reportará 1.000 millones de dólares en asistencia. Está previsto además que este martes De la Espriella reciba en Barranquilla al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para avanzar en la lucha contra el llamado narcoterrorismo, analizar el reparto de la ayuda tras el terremoto y estudiar cómo estrechar lazos económicos y comerciales.También se ha acercado la Colombia de De la Espriella a Israel -después de que su predecesor, Gustavo Petro, rompió relaciones tachando de genocidio la guerra en Gaza- y ha reconocido los Altos del Golán como territorio israelí. Tel Aviv, a cambio, mandó rescatistas tras el terremoto. De igual forma, Colombia ha denominado como marroquí todo el territorio del Sáhara Occidental, agradando a Rabat, otro estrecho aliado estadounidense. EFE
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Estado colombiano para que mantenga los límites establecidos por la Constitución y el derecho internacional humanitario en medio de las operaciones contra grupos armados ilegales. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó la manera en que fueron presentados públicamente los cuerpos de personas que murieron durante la Operación Azarías, desarrollada en el Guaviare.En un pronunciamiento, Marín Ortiz se refirió a las imágenes en las que el presidente de la República aparece caminando entre cuerpos ubicados en tulas blancas, después del operativo militar. Según el reporte oficial citado por la funcionaria, durante la operación murieron 23 integrantes de estructuras de alias Iván Mordisco, entre ellos algunos mandos de esa organización. Medicina Legal estableció que dos de las personas fallecidas eran menores de edad.“El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel”, manifestó la defensora, al señalar que la obligación estatal de enfrentar militarmente a los grupos armados debe cumplirse dentro de los límites constitucionales y del derecho internacional humanitario.La funcionaria aclaró que su reflexión no busca desconocer el deber de la Fuerza Pública de proteger a la población ni cuestionar por sí mismas las operaciones militares legítimas. Su preocupación está relacionada, explicó, con la manera en que el Estado ejerce el poder y comunica los resultados de sus operaciones.“Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”, dijo la defensora.Para la Defensoría, las imágenes y los símbolos utilizados por las instituciones públicas tienen relevancia porque transmiten mensajes a la sociedad sobre los valores que representa el Estado.“No deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”, señaló Marín Ortiz.La defensora recordó que Colombia lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflicto armado y criminalidad organizada, escenarios en los que la muerte de civiles y combatientes ha sido recurrente.En ese contexto, afirmó que los grupos armados ilegales pueden actuar con crueldad y desconocer las reglas básicas de humanidad, pero sostuvo que el Estado no debe responder utilizando las mismas formas. “Ese lenguaje de quienes prefieren la muerte a la vida no puede convertirse en el lenguaje del Estado”, expresó.En su pronunciamiento, la Defensoría también hizo referencia al derecho a la vida y a las restricciones que deben observar las autoridades incluso durante operaciones militares.Marín Ortiz explicó que la Constitución reconoce la vida como un derecho fundamental de aplicación inmediata y de carácter inviolable. Sin embargo, señaló que el ordenamiento jurídico contempla situaciones específicas en las que puede producirse una privación de la vida, como la legítima defensa o la baja de combatientes en determinadas circunstancias de un conflicto armado, de acuerdo con el derecho internacional humanitario.En todos los casos, sostuvo, la privación de la vida no puede ser arbitraria y debe estar sometida a criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.La funcionaria también recordó que el derecho internacional humanitario establece límites incluso durante la guerra. Entre ellos está el deber de respetar y tratar dignamente a las personas fallecidas.Por esa razón, la Defensoría señaló que una acción militar puede ser legal y necesaria, pero eso no elimina la obligación de preservar la dignidad humana.Advertencia sobre medir la seguridad por el número de bajasOtro de los puntos abordados por la defensora fue la existencia de un portal denominado “Las Bajas del Tigre”, del cual aclaró que no se ha confirmado que sea una página oficial. Según explicó, allí se registran muertos y otros resultados operacionales desde la posesión del nuevo presidente.Marín Ortiz pidió cautela frente a este tipo de indicadores y recordó que Colombia ya vivió las consecuencias de una política en la que los resultados militares eran evaluados a partir del número de bajas en combate.La defensora hizo referencia a los llamados falsos positivos, hechos que actualmente son objeto de juzgamiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La funcionaria aclaró que no estaba afirmando que los cuerpos presentados tras la Operación Azarías respondieran a esa lógica. Sin embargo, planteó la necesidad de utilizar indicadores más amplios para evaluar la seguridad.Según su planteamiento, la seguridad debería medirse también por los derechos garantizados y las vidas salvadas, especialmente las de la población civil que permanece expuesta a las acciones de grupos criminales.“El poder del Estado no se mide únicamente por su capacidad de imponerse por la fuerza, sino por los símbolos con los que se presenta ante la sociedad”, afirmó.La defensora concluyó que el Estado no necesita parecerse a los grupos armados que combate para demostrar su fortaleza. “Defender la dignidad cuando se trata de quienes consideramos adversarios es precisamente cuando demostramos que la dignidad humana es un principio y no solo una declaración en todo tiempo y lugar”, finalizó.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Dos municipios del Cauca se encuentran en el centro de la atención por acciones armadas contra la Fuerza Pública registradas de manera simultánea. De acuerdo con los reportes conocidos a esta hora, una base militar de Inzá, en el oriente del departamento, es atacada con ráfagas de fusil y explosivos, mientras que la subestación de Policía de El Carmelo, en Cajibío, fue blanco de un ataque con drones cargados con explosivos.En Inzá, los reportes preliminares de testigos indican que disidencias de las Farc estarían atacando la base militar ubicada en este municipio. La acción incluiría ráfagas de fusil y el lanzamiento de explosivos contra la unidad militar.Ante la situación, los uniformados respondieron al ataque. Hasta el momento, la información disponible no reporta un balance de personas heridas como consecuencia de estos hechos. Además, en el municipio de Cajibío se registró otra acción contra la Fuerza Pública. La subestación de Policía de El Carmelo fue atacada con drones cargados de explosivos, según los reportes conocidos.La situación vuelve a poner a la población civil en medio de acciones armadas que se desarrollan en zonas donde permanecen comunidades. Por ahora, tampoco se reportan heridos en este punto. Se espera que las autoridades brinden más información en las próximas horas.Las autoridades mantienen la atención sobre lo ocurrido en ambos municipios mientras se conocen mayores detalles de las acciones y de sus posibles afectaciones.Otros ataques contra la Fuerza PúblicaLos hechos registrados en Inzá y Cajibío se conocen apenas horas después de otros ataques contra integrantes de la Fuerza Pública en Norte de Santander, ocurridos durante la noche del viernes 4 de septiembre.En esa región, la estación de Policía del corregimiento de Guamalito, en el municipio de El Carmen, fue atacada en una acción atribuida al ELN. Las imágenes conocidas posteriormente mostraron parte de la infraestructura destruida, con el techo afectado y escombros en diferentes sectores del lugar.De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Defensa, el ataque contra Guamalito ocurrió de manera simultánea con una acción contra el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, donde está ubicado el Batallón de Infantería N.° 15 General Francisco de Paula Santander.Según la entidad, integrantes del ELN utilizaron aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos que impactaron dentro de la unidad militar. Tras el ataque, las tropas activaron los protocolos de seguridad y realizaron una maniobra para asegurar el perímetro y verificar la posible existencia de nuevas amenazas.Durante esa operación se produjo un combate de encuentro con integrantes del ELN. Como consecuencia de estos hechos murieron el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlo Marrugo Manjarrez. Además, una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana resultó afectada.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
La Fiscalía General de la Nación judicializó al teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y a los sargentos segundos Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna, señalados de, al parecer, recibir dinero de una estructura del Clan del Golfo en Antioquia a cambio de suministrar información reservada relacionada con operativos y movimientos de tropas del Ejército Nacional.De acuerdo con la investigación, los tres uniformados, quienes estuvieron adscritos al Batallón Rifles de Caucasia (Antioquia) y al Batallón de Infantería de Selva No. 48 ‘Prócer Manuel Rodríguez Torices’, en el sur de Bolívar, habrían hecho parte de una red dedicada a obtener y filtrar información estratégica sobre las acciones militares adelantadas contra esa organización criminal. Según la Fiscalía, esta estructura operó entre enero de 2022 y febrero de 2025 y contó con la intermediación de Teresa Jaramillo Giraldo, alias La Tía, quien ya fue condenada por estos hechos.Gobierno anuncia giro en estrategia contra grupos criminales: "Serán tratados como terroristas"Las pruebas contra los militaresLas pruebas recopiladas por el ente acusador indican que el 2 de enero de 2022, cuando tenía el grado de subteniente, Bravo Olaya habría recibido un millón de pesos por intermedio de un militar retirado para alertar posteriormente sobre los desplazamientos de las tropas bajo su mando en zona rural de Ayapel, Córdoba.Asimismo, la Fiscalía sostiene que Sicacha López habría aceptado pagos a cambio de compartir información relacionada con las operaciones militares en las que participaba. En el caso de Henao Luna, las autoridades lo señalan de haber recibido dinero por entregar datos privilegiados sobre los movimientos de la escuadra que comandaba, presuntamente después de recibir una llamada de un suboficial retirado el 14 de abril de 2022.Los procesados fueron capturados en operativos realizados por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional en Cali (Valle del Cauca), el corregimiento de Buenavista, en Distracción (La Guajira), y Yopal (Casanare).Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó, de acuerdo con su presunta participación en los hechos, los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado. Sicacha López aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia, mientras que Bravo Olaya y Henao Luna fueron enviados a un centro carcelario con medida de aseguramiento intramural.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
En entrevista con Noticias Caracol, la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó este lunes un alarmante diagnóstico de la crisis de derechos humanos en Colombia, fundamentado en el informe institucional titulado "Decisiones impostergables en derechos humanos". Marín advirtió sobre la expansión de los grupos armados ilegales, el uso indiscriminado de nuevas tecnologías en el conflicto, cifras históricas de cultivos ilícitos y el reclutamiento forzado de menores de edad. Sobre ese último punto, de hecho, la ONG Human Right Watch (HRW) le pidió al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que adopte medidas para acabar con el aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados -unos 1.500 desde 2021- que consta precisamente en ese informe de la Defensoría del Pueblo.El reclutamiento infantil es el aspecto más desgarrador expuesto por la defensora del Pueblo, en especial el incremento sistemático del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de todos los grupos armados. La funcionaria denunció que estas estructuras criminales están empleando redes sociales para persuadir y seducir a menores de edad ofreciéndoles bienes materiales como tenis, celulares y motocicletas. "Es otro de los indicadores más dolorosos del crecimiento de los grupos armados, que están usando de una manera sistemática menores de edad (...) También el uso de nuevos mecanismos pues para seducir a estos menores de edad, por ejemplo a través de las redes sociales, donde además les ofrecen tenis, celulares, motos y terminan persuadiéndolos".Esta situación azota severamente a las comunidades étnicas de regiones como el Cauca, donde cerca del 50% de los menores reclutados son indígenas, y al sumar a la población afrodescendiente, la cifra asciende al 56-58%. Marín denunció que muchos de estos niños son trasladados lejos de sus hogares para ser utilizados como primera línea de combate o quedar expuestos a bombardeos y alertó sobre un preocupante subregistro en las cifras oficiales. "Estamos muy convencidos de que esto no obedece a una disminución de la práctica sino a una reducción de la denuncia de parte de las comunidades -explicó la defensora-. Estamos viendo cada vez más menores de edad que mueren en combates entre los grupos, como este año en Guaviare en bombardeos en los últimos años son decenas la cantidad de niños que han muerto en bombardeos, pero el subregistro es enorme".La defensora se refirió también a otros puntos, como la expansión de grupos criminales, el uso de drones con explosivos y las alertas tempranas que emite ese organismo.De acuerdo con la radiografía de esa entidad, el panorama de seguridad en las regiones muestra dinámicas complejas e intensificadas por disputas territoriales que terminan afectando directamente a la población civil. Al analizar las causas de esta preocupante realidad, la defensora señaló que en el territorio confluyen principalmente tres factores de violencia organizada. "Colombia está en una situación bastante delicada, tiene presencia de al menos tres tipos de dinámicas : na es la herencia del paramilitarismo, que está conformada por los autodenominados Gaitanistas y los Conquistadores de la Sierra; una segunda dinámica que son las disidencias y desertores de las extintas Farc, y una tercera dinámica que es Eln principalmente, además de la criminalidad organizada", comentó Marín en este noticiero.La defensora explicó que el crecimiento de estas estructuras armadas, en especial de las disidencias y desertores de las Farc, obedece en parte a "retrasos históricos en llegar a las zonas que en su momento dejaron a través de inversión social" y al poco cumplimiento del acuerdo de paz. De igual forma, destacó que el grupo con mayor expansión territorial actualmente es el Clan del Golfo (autodenominados Gaitanistas), una organización dedicada a economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y la extorsión. Estas disputas y luchas por el control han disparado las cifras de masacres en el país, convirtiendo al presente año en el de mayor cantidad de estos eventos violentos desde 2018.Una de las mutaciones más alarmantes en los métodos de combate de los grupos armados ilegales es el uso creciente de tecnologías no tripuladas, específicamente drones cargados con explosivos, los cuales han generado desplazamientos y zozobra en regiones como el Cauca, Catatumbo y Antioquia.Frente a esta letal estrategia, Marín fue enfática al exigir el cese inmediato de su uso y condenar estas acciones de cara al derecho internacional humanitario. "Hay una obligación de los grupos armados de no usar estos artefactos explosivos que muchas veces se dirigen de manera indiscriminada y se causan daños a la población civil. Este es un crimen de guerra, nosotros lo hemos manifestado así en diferentes oportunidades", alertó la defensora en Noticias Caracol. De igual forma, instó a que la fuerza pública fortalezca e implemente de manera prioritaria tecnologías antidrones para salvaguardar a las comunidades atrapadas en medio de las hostilidades.Por otro lado, con un registro que supera las 261.000 hectáreas de cultivos de coca en el país, la Defensoría reconoce que los cultivos de uso ilícito constituyen un pilar clave del conflicto armado. Al ser consultada sobre la propuesta gubernamental de realizar aspersiones aéreas mediante bioderbicidas de alta generación, la defensora llamó a la precaución, la transparencia y al estricto cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Al respecto, la funcionaria expuso la ruta que el Gobierno debe seguir si decide emplear este mecanismo. "Si se va a acudir a la erradicación forzada por diferentes formas, por ejemplo la versión aérea tiene que agotarse primero tras vías y también hacer pública y transparente cuál es esa sustancia para garantizar que no vaya a generar daños a la salud y seguir la jurisprudencia de la Corte Constitucional", afirmó.No obstante, Marín subrayó la necesidad de entender este fenómeno como una profunda problemática social: "Los campesinos y las campesinas en estas zonas del territorio requieren alternativas que sean sostenibles para su economía y la erradicación es un primer paso pero es insuficiente para realmente resolver el problema de fondo".Actualmente, el organismo mantiene vigentes 120 alertas tempranas en Colombia, incluyendo una reciente alerta emitida para la capital del Cauca, en Popayán, debido a la amenaza y presencia de grupos al margen de la ley tanto en zonas rurales como urbanas. No obstante, la funcionaria criticó la falta de efectividad práctica del Estado frente a estas advertencias. Aunque el sistema de indicadores de la Defensoría muestra que aproximadamente el 50% de las recomendaciones técnicas de las alertas se cumplen, Marín advirtió que la calidad de esta respuesta gubernamental es limitada y superficial. "Muchas veces las acciones que más se cumplen son las de hacer reuniones o sacar directivas pero no las que tienen un impacto más digamos práctico operacional y dinámico en el territorio", detalló la defensora, quien en entrevista con Noticias Caracol propuso también coordinar una articulación intersectorial de alto nivel con el Ministerio del Interior para que las acciones estatales protejan estratégicamente a la población antes de que se consumen los riesgos advertidos.NOTICIAS CARACOL
Las emociones del Torneo BetPlay I-2026 se vivieron a flor de piel este sábado 24 de octubre con la definición de los ocho clasificados a los cuadrangulares finales. Seis equipos arribaban con el objetivo de quedarse con los tres últimos cupos.Y después de vibrantes compromisos, Deportes Quindío, Real Cartagena, Boca Juniors, Envigado y Unión Magdalena se unieron a la fiesta de la que ya hacían parte Independiente Valle del Cauca, Real Cundinamarca y Tigres.Por fair play e imparcialidad en la competencia, los ochos encuentros se jugaron a la misma hora y la pelota rodó a las 3:30 p.m. (hora Colombia).En el Romelio Martínez, Barranquilla FC y Real Cartagena empataron 1-1. Jhoynner Lozano abrió la cuenta para los atlanticenses y Mauro Manota selló la paridad para los 'heroicos'. En Yumbo, Boca Juniors superó 2-1 a Internacional de Palmira con anotaciones de Jhon Aponza (52') y Marlon Lucumí (90+1'). Kener González (80') descontó para la visita. En la capital del país, en el Olaya Herrera, Bogotá y Real Santander igualaron y se quedaron por fuera de la fiesta. Juan Delgado ilusionó a los celestes al 88', pero un autogol de Andrés Ariza al 90+1' los eliminó y de paso le tendió una mano a Unión Magdalena que superó en Santa Marta a Atlético con tanto de Fabián Mosquera. En el Jardín de América, como es conocido El Centenario, Deportes Quindío le ganó 2-0 a Tigres con goles de José Lloreda (39') y Alejandro Álvarez (69'). En Itagui, en un juego que no definía nada, Orsomarso superó 2-1 a Leones. Santiago Agamez (81') y Sergio Martínez (90+3') marcaron para los visitantes y Cristiano Rodríguez (50') anotó para las 'fieras'. En Tunja, Envigado selló su pase, venciendo 2-0 a Patriotas con tantos de Jhojan Nieva (21') y Dayron Valencia (31'). Finalmente, en Mosquera, Real Cundinamarca se llevó el triunfo 1-0 sobre Independiente Valle del Cauca con gol de Carlos Ríos. Ambos equipos serán cabezas de grupo en el sorteo de este domingo 25 de octubre. Fecha 15 del Torneo BetPlay II-2026Barranquilla FC 1-1 Real CartagenaBoca Juniors 2-1 InternacionalBogotá FC 1-1 Real SantanderDeportes Quindío 2-0 TigresLeones 1-2 OrsomarsoPatriotas 0-2 EnvigadoReal Cundinamarca 1-0 Independiente Valle del CaucaUnión Magdalena 1-0 Atlético
Las emociones del fútbol profesional colombiano también se viven en el ascenso y este sábado se jugó la última fecha del todos contra todos del Torneo BetPlay II-2026. Hasta el último minuto hubo cambios inesperados que alteraron la tabla y por ende el listado definitivo de los ocho clasificados. Boca Juniors, Envigado y Unión Magdalena fueron los clubes que sorprendieron en la fecha 15 y consiguieron su tiquete de manera agónica. Boca Juniors venció 2-1 a Internacional con un gol al 90+1 de Marlon Lucumí. Envigado no tuvo problemas en Tunja y superó 2-0 a Patriotas con anotaciones de Dayron Valencia y Jhojan Nieva. Unión Magdalena le ganó 1-0 a Atlético con gol de Fabián Mosquera, sin embargo, dependía de otros resultados y el empate 'in extremis' de Bogotá FC con Real Santander les dio el anhelado cupo. Independiente Valle del Cauca, Real Cundinamarca y Tigres fueron los únicos que llegaron con la tranquilidad de haber avanzado a la siguiente fase. Por último, Deportes Quindío y Real Cartagena hicieron la tarea y también festejaron su clasificación. Fecha 15 del Torneo BetPlay II-2026Barranquilla FC 1-1 Real CartagenaBoca Juniors 2-1 InternacionalBogotá FC 1-1 Real SantanderDeportes Quindío 2-0 TigresLeones 1-2 OrsomarsoPatriotas 0-2 EnvigadoReal Cundinamarca 1-0 Independiente Valle del CaucaUnión Magdalena 1-0 AtléticoTabla del Torneo BetPlay II-2026POSICIÓNCLUBPJDGPUNTOS1Independiente Valle Del Cauca15+11282Real Cundinamarca15+9283Tigres15+7244Deportes Quindío15+1235Real Cartagena150216Boca Juniors15+8217Envigado15+4208Unión Magdalena150209Real Santander15-32010Bogotá FC15-31811Atlético15-51812Patriotas15-61813Orsomarso SC15-31714Internacional15-61615Barranquilla FC15-41416Leones15-1014
Dos integrantes de la Policía Nacional fueron judicializados en Cali, Valle del Cauca, luego de que la Fiscalía General de la Nación los señalara de presuntamente utilizar su condición de servidores públicos para exigir dinero a un ciudadano a cambio de entregarle información reservada sobre investigaciones que supuestamente se adelantaban en su contra. Los procesados fueron identificados como el subintendente Carlos Hernando Figueroa y el patrullero Teodoro Ruiz Rojas, a quienes la Fiscalía imputó el delito de concusión. De acuerdo con el ente acusador, ambos habrían abordado al hombre con el argumento de que podían proporcionarle detalles sobre una investigación relacionada con el tráfico de estupefacientes y un procedimiento de captura con fines de extradición. Los hechos que dieron origen al proceso judicial se habrían presentado entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre de 2026. Durante ese periodo, los uniformados presuntamente se acercaron al ciudadano en dos oportunidades, primero para identificarlo y, posteriormente, para solicitarle dinero a cambio de la información que afirmaban conocer.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)Así habrían identificado al ciudadano en el sur de CaliSegún la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía, el primer acercamiento habría ocurrido el 30 de agosto de 2026, cuando los dos policías ingresaron a un conjunto residencial ubicado en el sur de Cali. La presencia de los uniformados en el lugar habría estado justificada, aparentemente, por la verificación de un posible caso de maltrato infantil. Sin embargo, las indagaciones señalan que ese motivo les habría permitido ubicar al ciudadano que buscaban e identificarlo, además de obtener información personal sobre él.La Fiscalía sostiene que esta primera visita habría sido parte de las actuaciones que precedieron al presunto intento de obtener dinero. Nueve días después, los policías habrían regresado al conjunto residencial y abordado nuevamente al hombre. En ese segundo encuentro, de acuerdo con los elementos recopilados por los investigadores, los uniformados supuestamente le hablaron sobre procesos relacionados con el tráfico de estupefacientes y una posible captura con fines de extradición. A cambio de suministrarle detalles sobre esos asuntos, le habrían exigido una suma de dinero.Después de adelantar diferentes actividades investigativas y recopilar elementos relacionados con los hechos, las autoridades capturaron al subintendente Carlos Hernando Figueroa y al patrullero Teodoro Ruiz Rojas en la estación de Policía de El Caney, en Cali. Posteriormente, la Fiscalía les formuló imputación por el delito de concusión, conducta que se investiga cuando un servidor público abusa de su cargo o de sus funciones para inducir o exigir a otra persona la entrega de dinero u otra utilidad indebida. La responsabilidad de los dos uniformados deberá establecerse durante las etapas judiciales correspondientes y, de acuerdo con el reporte del ente acusador, un juez de control de garantías dispuso que ambos continúen vinculados a la investigación. La Fiscalía General de la Nación informó que la actuación fue adelantada a través de su Dirección Especializada contra el Narcotráfico. Por ahora, los dos funcionarios permanecen vinculados al proceso por la presunta comisión del delito de concusión.VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOL
Un video difundido por Telemedellín muestra el momento en el que un bus de servicios especiales se volcó en el sector de Palos Verdes, en Medellín, y terminó impactando contra varios árboles. El accidente ocurrió cerca de las 8:00 de la mañana en la avenida Barranquilla con carrera 48 y dejó personas heridas, seis de ellas en estado crítico, según el reporte entregado por las autoridades.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)En las imágenes se observa cómo el autobús pierde estabilidad y termina volcado sobre la vía. Después del impacto, varias personas que se encontraban en el lugar se acercaron para auxiliar a los pasajeros, mientras los organismos de emergencia atendían la situación.El siniestro involucró a un vehículo de turismo que transportaba a más de 30 personas y que, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, se dirigía hacia el municipio de Guarne, en el oriente de Antioquia, para participar en una peregrinación.¿Qué se sabe del accidente del bus en Medellín?Según el reporte preliminar de las autoridades, el conductor habría perdido el control del vehículo por causas que todavía son materia de investigación. El bus terminó volcado lateralmente y, de acuerdo con la información conocida sobre el accidente, otros vehículos también resultaron afectados.Tras recibir el reporte de la emergencia, se activaron los protocolos de atención con la participación de los equipos de Bomberos, Salud y Movilidad de Medellín. Los organismos de socorro atendieron a los lesionados y coordinaron su traslado a diferentes centros asistenciales de la ciudad.En un reporte sobre la emergencia, una funcionaria de las autoridades de movilidad explicó que el accidente se presentó cerca de las 8:00 de la mañana en la avenida Barranquilla con carrera 48.“Un bus de servicio especial de turismo con cerca de 29 pasajeros, el conductor del bus pierde el control por causas que son materia de investigación, y termina volcado lateralmente”, indicó.La funcionaria agregó que se activó la atención interinstitucional para atender a las personas afectadas y trasladarlas oportunamente a centros médicos. En ese momento, señaló que cuatro de los lesionados presentaban una condición de urgencia vital.Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se pronuncióEl alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también entregó información sobre la atención de la emergencia a través de su cuenta de X.En una actualización, el mandatario informó que 16 personas habían sido trasladadas a centros asistenciales y seis de ellas se encontraban en estado crítico. Además, señaló que los equipos de emergencia continuaban en el lugar acompañando a los afectados.“rLa prioridad es que todos reciban la atención que necesitan", publicó el alcalde. El accidente provocó afectaciones en la movilidad del sector de Palos Verdes. La vía permaneció cerrada durante aproximadamente tres horas mientras los organismos de emergencia atendían a los heridos y se adelantaban las labores relacionadas con los vehículos involucrados.Gutiérrez informó que continuaba el cierre desde la carrera 45 para tomar hacia Barranquilla, en sentido occidente. Sin embargo, indicó que el carril de Metroplús ya había sido habilitado.El alcalde pidió a los conductores tomar vías alternas y facilitar el paso de los vehículos de emergencia, mientras los equipos de atención continuaban trabajando en la zona.Por ahora, las causas del accidente siguen bajo investigación. HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
El Salvador desplegó tropas especiales en Haití luego de que cuatro soldados salvadoreños, integrantes de una misión respaldada por la ONU, desaparecieran en una emboscada de una banda criminal, informaron autoridades. Un contingente salvadoreño llegó el jueves para apoyar las tareas de búsqueda en la zona de Plaine du Cul-de-Sac, en las afueras de Puerto Príncipe, indicó en X la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF por sus siglas en inglés), una misión autorizada por la ONU en apoyo a Haití. "La GSF mantiene sus operaciones en la zona en estrecha coordinación con la Policía Nacional de Haití y otros socios operativos", señaló, y pidió a los residentes mantenerse alejados del área.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALos cuatro soldados salvadoreños desaparecieron el domingo cuando bandas armadas atacaron el vehículo blindado en el que regresaban a su base desde un mercado en las afueras de Puerto Príncipe, dijo el representante de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, al Consejo de Seguridad el lunes. Los atacantes dispararon cientos de proyectiles y utilizaron explosivos contra el vehículo, afirmó Waltz, quien añadió que las autoridades creen que los cuatro militares sobrevivieron.En su cuenta en X, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, fustigó este viernes a quienes critican en redes sociales que haya enviado militares o que consideran que subestima el poder de las pandillas haitianas. "Las pandillas de Haití son satánicas y es de conocimiento público que hacen sacrificios humanos. Dios nos concederá la victoria", afirmó.El miércoles pasado, en otro mensaje en X escrito en criollo haitiano, amenazó a las pandillas haitianas con acabarlas, como dice haber hecho con las de El Salvador, si no liberan a los salvadoreños. Según Bukele, los cuatro soldados son técnicos aeronáuticos que realizan evacuaciones médicas, y no combatientes.Haití, el país más empobrecido de América, atraviesa desde hace años una profunda crisis, que empeoró en los últimos tiempos con el aumento de asesinatos, secuestros, violaciones y reclutamiento de menores por parte de bandas armadas. A principios de octubre, las autoridades haitianas aplazaron indefinidamente las elecciones previstas para diciembre. El país no celebra elecciones desde 2016 y, tras el asesinato de su último presidente en 2021, aún no ha elegido a un sucesor.La GSF avanza lentamente en su apoyo a la policía haitiana, desbordada por la violencia. La misión prevé alcanzar los 5.500 efectivos, pero por ahora cuenta con apenas 2.000 integrantes aportados por seis países.¿Qué alcances tiene este operativo?La campaña militar de El Salvador en Haití es una incógnita por el hermetismo que rodea la operación contra las bandas armadas en la capital del país caribeño. Desde mediados de semana se habla de un contingente de un centenar de soldados mientras que algunos medios haitianos mencionan una cifra mayor, de 450 efectivos ya sobre el terreno, y de la llegada la víspera de varios aviones militares a Puerto Príncipe.Según Le Nouvelliste, el diario más antiguo de Haití, "450 soldados salvadoreños ya se encontraban en Puerto Príncipe el viernes con el fin de participar en la búsqueda de los cuatro salvadoreños desaparecidos y reforzar las filas de la GSF".Un fotógrafo de EFE vio este sábado en Puerto Príncipe vehículos blindados de la Policía Nacional y del Ejército haitiano patrullando calles céntricas de la capital para impedir eventuales avances de las pandillas armadas, mientras que otros blindados estaban desplegados en puntos estratégicos de la ciudad, como Nazon, Christ-Roi, Delmas 30 y la carretera al aeropuerto Toussaint Louverture.Cerca del mediodía se informó de supuestos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y miembros de las bandas en el sur de Puerto Príncipe, sin presencia de la Fuerza de Supresión de Pandillas que concentran sus operaciones en la comuna de Croix-des-Bouquets, en el norte de la capital, donde tuvo lugar la emboscada al vehículo blindado en el que se movilizaban los salvadoreños.La GSF, en su último comunicado sobre la situación, divulgado el pasado jueves, informó de la llegada a Puerto Príncipe del contingente salvadoreño "para apoyar las operaciones de búsqueda y seguridad", sin dar cifras sobre el tamaño del contingente desplegado. "La presión militar aumenta con la esperanza de que los soldados sean liberados, incluyendo un presunto ataque con drones explosivos contra un complejo perteneciente a Lanmò San Jou, líder de (la banda) los 400 Mawozo", manifestó el analista de Haití de Crisis Group, Diego Da Rin.El analista añadió que "incluso con una ofensiva importante, encontrar a los salvadoreños será como buscar una aguja en un pajar, a menos que las bandas accedan a entregarlos".Según el centro de pensamiento InSight Crime, la banda 400 Mawozo, que controla Croix-des-Bouquets, la zona donde tuvo lugar la emboscada, cuenta con aproximadamente 300 miembros y "proyecta poder más allá de su tamaño".Sin embargo, el hecho de que 400 Mawozo haga parte de la coalición de bandas Viv Ansanm, puede hacer que el conflicto se extienda si la tropa salvadoreña intensifica las operaciones de búsqueda y rescate de sus compatriotas, con quienes no se tiene ningún contacto desde el momento de la emboscada."Las labores de rescate en curso deben llevarse a cabo con cuidado para evitar víctimas civiles y una mayor escalada del conflicto, ya que es posible que las fuerzas de seguridad aún no estén preparadas para afrontar ataques coordinados por parte de las bandas", agregó el analista de Crisis Group.Bukele amenazó el miércoles a los jefes de las bandas armadas haitianas con una ofensiva más amplia si no entregan vivos a los cuatro soldados de su país, de los que dijo que "fueron secuestrados de manera cobarde" cuando regresaban de comprar comida en un mercado.Para Bukele, la experiencia de sus militares en la lucha contra las pandillas salvadoreñas se puede aplicar a las bandas haitianas, pero expertos han advertido que el escenario es muy diferente porque la tropa recién llegada no conoce el terreno en el que están combatiendo ni el idioma o la cultura de los haitianos.NOTICIAS CARACOL*Con información de AFP y EFE