El departamento de Sucre se sumió en el dolor y la indignación tras confirmarse el trágico destino de Armando Luis Rivero Manjarrés, un reconocido rector de colegio, gestor cultural, periodista y locutor de radio de 44 años. La desaparición del líder social, reportada el 12 de julio de 2024, activó una intensa búsqueda que develó un escalofriante entramado familiar. Séptimo Día conoció detalles de la investigación y habló con algunos de los señalados.James Chamorro Manjarrés, hermano del profesor, describió el profundo vacío que dejó su pérdida: "Fue prácticamente mi padre de crianza, a pesar de que él no tuvo hijo biológico. Él crio a mis hermanos, a otro primo y a mí". Asimismo, su sobrina Miriam Toscano Rivera resaltó sus valores: "Él es una persona demasiado educada, fue una persona muy recta en sus cosas y siempre quería que fuéramos así rectos y que estudiáramos".La última imagen con vida de Rivero se registró en Sincelejo, cuando salía en su camioneta gris acompañado de su hijastro, Yofran Orozco Perea, de 26 años.Al día siguiente de su desaparición, el 13 de julio la camioneta apareció incinerada en zona rural de Tuchín, Córdoba, un hallazgo que descompensó a Juana Perea, su pareja y mamá de Yofran Orozco: "Una experiencia muy horrible porque, o sea, yo nunca llegué a pensar que lo iba a encontrar así o que yo lo iba a ver así nunca mi vida".El rastreo telefónico que rompió la coartadaEl 17 de julio de 2024, cinco días después de su desaparición, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del profesor bajo un puente en el corregimiento de San Luis, Sampués. La necropsia confirmó que el docente murió tras recibir varios impactos de bala en el costado izquierdo.Entonces, la clave para resolver el crimen estuvo en el rastreo técnico de las empresas de telefonía celular. Los investigadores de la Sijín descubrieron que, a pesar de asegurar que se encontraba en su casa, el teléfono celular de Yofran Orozco arrojó actividad en el punto exacto y a la hora en que se abandonó el cadáver. Adicionalmente, el rastreo probó que el joven ya coordinaba llamadas para planificar la repartición de los bienes de su padrastro antes de confirmarse su hallazgo.Tanto el joven como su madre fueron capturados el 1 de octubre de 2024.La cruda confesión tras las rejasAunque inicialmente no aceptó los cargos ante los juzgados, Yofran Orozco terminó por confesar su autoría en una audiencia judicial: "Quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle perdón público a mi madre, a Dios; que todas las personas que participaron para su ejecución, incluyéndome, pagaremos el precio de nuestro error".Recientemente, desde la cárcel de Sincelejo, Orozco rompió el silencio ante las cámaras de Séptimo Día y detalló las motivaciones de su crimen, atribuyéndolo a supuestos abusos pasados y celos: "Es un cúmulo que se puede dar de celos, no de celos de amor, sino un cúmulo de celos, de traición, de esa situación que fue lo que ocasionó la maximización de querer matarlo".El proceso continúa en etapa de juicio y mientras él está recluido en una cárcel, su mamá quedó en libertad por vencimiento de términos, al igual que otros tres posibles implicados. Entre tanto, la familia de la víctima clama para que el caso no quede impune.
Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026 y provocó el derrumbe de un área del Hospital Universitario del Valle, en Cali. En medio de la emergencia, Karen Tamayo, una auxiliar de enfermería de 24 años que realizaba allí su práctica, protagonizó una asombrosa historia de supervivencia.Su valentía para evacuar a varios recién nacidos y su ingenio para utilizar el asistente de voz de su celular, que había quedado destruido bajo los escombros, fueron clave para salvarle la vida. Los Informantes habló con ella y recorrió el lugar donde ocurrió la tragedia.El sismo que dejó profundas heridasEl 10 de agosto de 2026, Karen iniciaba su turno en el sexto piso del centro médico, en el área de ginecología y obstetricia. Según relató, en esa sala había alrededor de 20 pacientes, cada una con su bebé.A las 7:34 de la mañana comenzó el fuerte movimiento telúrico. Al principio, Karen y su equipo decidieron esperar, pero la intensidad del terremoto aumentó drásticamente y los obligó a evacuar hacia los pasillos exteriores.Sin embargo, ella regresó por dos pacientes que permanecían en un cubículo y también auxilió a otra mujer que había quedado atrapada, pero justo en ese momento la estructura empezó a colapsar y vino lo peor.Karen cayó al vacío dos pisos y terminó atrapada en el cuarto nivel del hospital. "Cuando yo voy a correr, yo ya vi que el paso que yo daba fue falso y ya colapsó el edificio conmigo", recordó sobre esos segundos de angustia.Debajo de los escombros su celular fue claveCuenta que estuvo inconsciente durante 3 o 4 horas por un golpe en la cabeza y, cuando logró despertar, notó que estaba en “una especie de triángulo de la vida”, lo que vino después es inimaginable: le dolía todo el cuerpo y le hasta costaba respirar.Había perdido su celular en medio de la tragedia. Estaba incomunicada, no sabía exactamente qué hora era, no escuchaba nada y en medio de ese silencio empezó a sentir una vibración en alguna parte entre los escombros, por lo que como pudo logró desenterrar su teléfono, pero lo encontró totalmente destruido.“Entonces yo me acordé de que yo le tenía activado el Siri y lo primero que yo hice fue llamar a la Policía. Yo le dije, ‘Oye, Siri, llamar al 1 2 3’, entonces de una me salió la llamada. Yo hablé con la Policía, le dije dónde me encontraba y les colgué”, relata. Aunque se logró comunicar con las autoridades, aún no se sentía tan esperanzada, luego llamó a sus padres, pero no se pudo comunicar con ellos, después a dos de sus mejores amigos y al final a unos colegas lograron ponerla en contacto con los rescatistas que estaba afuera para que la ubicaran. 8 horas y media después del terremoto finalmente fue rescatada de los escombros.Karen tuvo una fisura en su columna vertebral que, por fortuna, sanará sin intervención quirúrgica, laceraciones en todo el cuerpo, una fractura múltiple en la nariz, de la que aún no se ha recuperado esperando que se desinflame, y una herida en su cabeza con exposición de cráneo.Pero la herida más profunda fue ver la destrucción que causó el terremoto en el país, de la que se enteró la noche siguiente a su rescate cuando vio las noticias en el hospital. A pesar de los esfuerzos de médicos y enfermeras del Hospital del Valle, seis personas murieron allí, entre ellos cuatro pacientes y dos acompañantes.
Las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta de denuncia para casos de maltrato animal en Colombia y el mundo. Videos sin censura han dejado en evidencia a maltratadores de animales que, en el peor de los casos, son dueños o trabajadores de guarderías o fundaciones caninas que deberían velar por el bienestar de estos animales.Según la ley colombiana, el maltrato animal está tipificado como un delito y puede dar penas de prisión de 12 a 36 meses a quien cause la muerte o lesiones a animales. Séptimo Día conoció las denuncias de varias personas contra lugares que supuestamente velan por el bienestar de mascotas y animales rescatados, pero cuyas condiciones supondrían realmente maltrato para estos.Denuncian maltrato en fundación de animalesA través de videos, animalistas y voluntarios han denunciado a la fundación Rufo Salvando Vidas, la cual tiene sede en Suba, en el norte de Bogotá, y asegura ser un espacio en el que se rescatan perros y se promueve el apadrinamiento y adopción de estos, por el aparente mal estado en el que viven los animales dentro de su predio. Uno de los videos más llamativo en las plataformas digitales muestra el momento en el que, aparentemente, un perro se está "comiendo" a otro que murió en el lugar.El video en cuestión fue publicado por Julio Triviño, un hombre que aseguró haber evidenciado el mal estado en el que viven los perros que están en la fundación. "El video se realizó porque acompañé a mi hijo a unas de las canchas de fútbol que está ubicada cerca a esta fundación y lo graba un papá que estuvo ahí en un partido. Cuando lo publiqué la señora trata de explicarme por qué el perro se comió al otro perro. Dice que colgaron un perro porque se había muerto una noche antes y el otro lo alcanzó. Entonces sí hay un problema administrativo", explicó.La señora a la que se refiere Triviño es Andrea Clavijo, quien es la representante de la fundación y, según datos de los denunciantes y de las redes sociales del lugar, tiene en su poder a más de 100 caninos, entre ellos algunos con discapacidades. La mujer, ante las cámaras de Séptimo Día, negó las acusaciones que surgieron por el video de Triviño y las que surgieron hace un año cuando varios voluntarios acudieron al lugar en medio de una inundación que sufrieron en sus instalaciones, ubicadas cerca de un complejo deportivo.Las otras denuncias las realizaron Camilo Jaramillo, Paola Andrea Pinzón y Sandra Silvera Ortíz, quienes acudieron como voluntarios y aseguraron encontrarse con un panorama desolador. Los voluntarios aseguraron que al llegar notaron que muchos de los caninos estaban "desnutridos y deshidratados" y otros que al parecer pasaban "encadenados las 24 horas del día". Sandra Silvera detalló que "como era un terreno fangoso, llevamos materiales para meter tubería y estibas para que los animales no estuvieran en el barro, pero lo que nos encontramos fue animales tomando agua de sus heces, animales cuyas uñas estaban destruidas por los hongos. Vimos que no había alimento, pese a que la semana anterior habíamos llevado dos toneladas".También señalaron que vieron a Andrea Clavijo golpear a uno de los caninos mientras estaba allí. "Esas son mentiras, ellos hicieron un video y se dan cuenta que los perros se iban a agarrar, yo me agaché y le di [una palmada] en la boca a la perra, no le hice más", señaló la representante de la fundación y agregó que en el lugar tampoco hay espacio para almacenar tanta comida, por lo que en esa ocasión decidieron llevarla hasta la casa de otro voluntario.Por su parte, la voluntaria Paola Andrea Pinzón señaló que ese día se conmovió particularmente por el estado de desnutrición en el que encontró a Valeria, una perra criolla a la que decidió adoptar y Sandra Silvera agregó que otros perros en mal estado fueron trasladados a otros hogares y recibieron atención veterinaria. Pero Clavijo negó que los voluntarios hayan sacado animales en mal estado de su fundación. "Lo que se llevaron fue perros de raza porque los vieron bonitos, gordos y en buen estado", aseguró.¿Qué hacen las autoridades con estos casos?En Bogotá, la autoridad para estos casos es el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Séptimo Día llevó ante el director Antonio Hernández las denuncias contra la fundación Rufo Salvando Vidas para establecer si tenían conocimiento sobre esta situación. Hernández indicó que las quejas que han recibido al respecto "tienen que ver con el espacio no es el más adecuado, son muchos animales y muchos presentan un estado de salud que no es el mejor".El director del IDPYBA detalló que tras las denuncias fueron a la fundación para verificar la situación y, en ese momento, "encontramos seis animales que ella entregó porque se dio cuenta que no tenía las condiciones ni las capacidades para brindarles protección. [Esto] puede representarse como maltrato". A pesar de esto, la fundación sigue operando y manteniendo a decenas de perros en su poder en condiciones que no son las más apropiadas para garantizar su bienestar.Andrea Padilla, senadora reconocida por su activismo animal explicó que "maltrato animal es toda conducta que vulnere el bienestar de un ser sintiente, no solamente es el golpe, es el maltrato por acción, también por negligencia, el hacinamiento también es maltrato". Agregó que, en este tipo de situaciones, lo que se debe hacer es "intervenir con una oferta social y apoyar a esta persona. La Alcaldía debería hacerse responsable".Sin embargo, Antonio Hernández explicó que el motivo por el que como autoridades no le han quitado los animales a la fundación Rufo Salvando Vidas es "porque nosotros consideramos que de nada sirve quitar animales cuando están en un lugar en el cual tienen resguardo, alimentación y cuidado. Lo que hay que buscar es mejorar las condiciones de este tipo de lugares. Si una persona de estas maltrata, no genera condiciones seguras para el animal, tenemos que intervenir".Los voluntarios y animalistas siguen esperando que sus denuncian tengan un efecto definitivo para garantizar la mejora de condiciones de los animales que permanecen en la fundación Rufo Salvando Vidas, mientras esta sigue operando y recibiendo donaciones.
El propósito de vida de Jaqueline Rivera, diseñadora y madre de dos hijos, cambió en febrero de 2018, cuando Camilo Rodríguez acabó con la vida de su hija Tamara Rivera, de tan solo 18 años, y escapó de las autoridades. Jaqueline le prometió a su hija, el mismo día que se llevó a cabo su funeral, que no descansaría hasta encontrar a su feminicida y llevarlo a responder por su crimen, además le aseguro que lo haría en menos de un año.La tarea no era sencilla, al hombre parecía que se lo había tragado la tierra. Pero aunque ella desconocía su paradero, no se rindió y pasó meses siguiéndole el rastro con publicaciones en redes sociales, hablando con personas que lo habían visto y recopilando información sobre su nuevo estilo de vida. Y lo logró, en enero de 2019, gracias a toda la labor de inteligencia que ella realizó sin conocimiento alguno, pero con el poder del amor maternal, llevó a las autoridades a detenerlo en otro país.Jaqueline Rivera no confiaba en el novio de su hija"Ella era muy alegre, súper espontánea, de esas personas que todo lo resuelve, decía 'yo puedo, yo lo hago'. Esa niña llena de energía soñaba con aprender muchos idiomas y viajar por el mundo". Así recuerda Jaqueline a su hija Tamara o 'Tammy', una joven a la que se le acabaron los sueños con sus 18 años recién cumplidos, luego de que el hombre con el que había sostenido una tormentosa relación la asesinara en su casa en Cali.El responsable fue Camilo Rodríguez, un hombre seis años mayor que Tamara que se dedicaba a manejar Uber en la ciudad y se había ganado la confianza de la joven hasta el punto de empezar una relación amorosa. Cuando Tamara se lo presentó a su mamá, ella le dijo que no le daba confianza, algo extraño porque Jaqueline asegura que "a mí no me cae mal nadie". Sin embargo, sus dudas no hicieron mayor peso y el noviazgo continuó, pero a los cuatro meses notó que algo estaba mal con su hija. Jaqueline Rivera confirmó sus sospechas, Camilo maltrataba a Tamara, y por eso la llevó a interponer una denuncia. A pesar del proceso legal iniciado, Tamara decidió volver con él y con el tiempo también regresaron los golpes, en total lo demandaron por agresión y violencia de género tres veces. Camilo no solo maltrataba y manipulaba a Tamara, quien sentía que no podía salir de esa relación, sino que también llamaba a Jaqueline para amenazarla por haberlo denunciado.Así ocurrió hasta que, finalmente, Tammy decidió dar por terminada definitivamente su relación con Camilo. Ante el temor de que el hombre regresara a la vida de su hija, Jaqueline tomó la decisión de cambiarse de casa y, en medio de eso, recibieron una noticia que les dio alivio. Camilo llamó a su hija para despedirse. "Le dice: 'Me voy para Bogotá, lo siento, la embarré contigo y no puedo estar acá', y se fue en enero"; pero todo era una farsa.Unas semanas después, el 22 de febrero de 2018, cuando se suponía que Camilo Rodríguez ya no estaba viviendo en Cali, Tamara le avisó a su mamá que saldría a la calle a hacer una diligencia, pero nunca más regreso. "Yo sentí que se me oprimía el pecho, había algo que me decía que algo pasó", recordó Jaqueline Rivera ese día, cuando salió corriendo en busca de su hija presintiendo que lo peor había pasado."Cuando llegué metí la llave y esa reja se abrió, miré al piso y encontré la pulsera de ella. Corrí al patio, miré por la ventana y la vi en el suelo. La toqué y estaba fría, eso es duro porque usted queda como en una burbuja, yo salí corriendo a un CAI cerca y les grité: 'mi hija está muerta, Camilo la mató'", detalló.Así fue la cacería del feminicida de su hijaLa muerte de Tamara Rivera en Cali empezó a ser investigada por las autoridades en Cali, con Camilo Rodríguez como principal sospechoso ante los señalamientos de la madre de la víctima. Sin embargo, se desconocía el paradero del sujeto que semanas atrás les había dicho que se mudaría a Bogotá. Días más tarde se llevó a cabo el funeral de la joven y su mamá decidió convertirse en una especie de investigadora judicial, para honrar la vida de su hija. "Le hice una promesa y le dije que se la iba a cumplir. Que yo iba a encontrar a Camilo y que lo iba a encontrar antes de un año, costara lo que me costara. Y se volvió mi obsesión. Aprendí a saber cómo escribía, a saber cómo se expresaba. Empecé a analizarlo cuadro a cuadro".En medio de su dolor, y mientras pensaba cómo iniciar su búsqueda, Camilo Rodríguez tuvo la sangre fría de llamarla y hacerle parecer que él no estaba enterado de la muerte de Tamara. Por recomendación de los investigadores, Jaqueline tuvo que hacer de tripas corazón y hablar con él como si nada hubiera pasado. "Me dice: 'Hace rato no hablo con Tammy ¿ella dónde estará? Tammy no me contesta y me parece muy raro, y yo estoy preocupado porque ella ha estado saliendo con un tipo que es medio raro y a mí me da miedo que le haga algo'".Indignada y destrozada, la madre de Tamara decidió acudir a las redes sociales para pedir ayuda para dar con el paradero de Camilo. Como pudo consiguió fotos recientes de él y de cada uno de sus tatuajes, sus datos personales y detalló en una publicación que ese hombre era el asesino de su hija. Como sucede con este tipo de denuncias en plataformas digitales, rápidamente se hizo viral y algunas personas le aseguraron haberlo visto en Bogotá. El mismo Camilo volvió a comunicarse con ella ante la viralidad de la publicación. "Yo publiqué su foto, sus datos, le explicaba a la gente que ese sujeto asesinó a mi hija. Me llamó y me dijo: 'me voy a entregar a la Fiscalía de Bogotá, yo cometí un error y pienso pagarlo'. Luego empieza a insultarme". Pero Camilo nunca se entregó y desapareció del panorama otra vez; sin embargo, la voluntad, terquedad y el amor de Jaqueline por su hija era más perseverante.Jaqueline no paraba de publicar la información de Camilo y enviársela a personas en Bogotá, último lugar en el que lo habían visto. Por varios meses su búsqueda no daba resultados, pero nunca desfalleció. "En la noche hacía redes sociales, en el día trabajaba. No bajé la guardia en ningún momento" y para ese entonces sufrió un accidente en su moto, lo que la incapacitó un tiempo en su casa con "todo el tiempo del mundo" para continuar con su cacería."Un día de la nada llegó el mensaje que estaba esperando. Alguien me escribe que él salió hacia Ecuador con unos migrantes venezolanos". Al darse cuenta que Camilo ya había salido del país, Jaqueline no se detuvo, trasladó su búsqueda y empezó a enviar la información a personas en ese país, específicamente en las ciudades más cercanas a la frontera. Tras algunas semanas de silencio, finalmente recibió un nuevo mensaje de una persona que le aseguró haberlo visto en un parque en Lago Agrio, en la frontera ecuatoriana, pero no sabía si Camilo seguía allí o había cruzado la frontera hacia Perú.En medio de su labor de persecución a través de las redes sociales, en varias ocasiones la publicación de Jaqueline llamó tanto la atención que el mismo Camilo se comunicaba con ella a través de perfiles falsos. "Varias veces me encontré con que hizo perfiles con otros nombres y me escribía para sacarme información de cómo iba el proceso. Yo aprendí a ver él cómo se expresa, cómo habla, cómo escribe y yo lo identificaba. Yo le decía: 'Camilo, ya no le dé más vueltas a esto, o usted se entrega o yo lo encuentro'".Fue por eso que cuando recibió en su buzón de mensajes una foto en primer plano de Camilo Rodríguez, preguntándole si ese era el hombre que ella buscaba, sospechó de inmediato. Por fortuna, en esta ocasión quien estaba del otro lado del chat era un policía peruano que le confirmó sus sospechas, Camilo solo había estado de paso en Lago Agrio, Ecuador, y ahora estaba en Chiclayo, Perú. Para que ella confiara en él, le explicó cómo había conseguido esa foto del colombiano. "Me dijo: 'Yo soy policía aquí en Perú, mi tía tiene un restaurante y él viene a desayunar acá'. Entonces lo que él dejó su celular en la vitrina y cuando Camilo se sentó a pedir, él le tomó la foto".Jaqueline, que se había convertido en la sombra de Camilo, ahora tenía unos ojos en el Perú que estaban atentos a los movimientos de Rodríguez. De esta manera se enteró que Camilo se había establecido en el Perú con otra identidad, la de Johan Sebastián Mena Gutiérrez, y que, además, ya tenía una nueva pareja, mujer a la que también estaba maltratando y cuya familia ya lo había denunciado. "Logré averiguar dónde vivía, dónde trabajaba, a qué hora entraba a trabajar, dónde desayunaba, dónde almorzaba, dónde cenaba, me convertí en su sombra".Entonces la mujer se comunicó con la estación de Policía en Chiclayo y le envió al capitán Saavedra toda la información que tenía de Camilo, pero se encontró con un problema cuando el oficial le preguntó si el sujeto tenía circular roja de Interpol. Esto significó un nuevo retraso para su plan, pues a Camilo solo lo estaban buscando en Colombia. Jaqueline no había llegado tan lejos para nada, por lo que gracias a un investigador privado, consiguió que en diciembre de ese año se emitiera la circular roja contra Camilo, tuvo que esperar 45 días.Así las cosas, el 18 de enero recibió la mejor noticia: el operativo se había llevado a cabo y Camilo Rodríguez había sido capturado en Chiclayo. En ese momento lo detuvieron por falsedad en documento público y le informaron que la justicia colombiana lo exigía para que pagara por el feminicidio de Tamara Rivera. Jaqueline le había cumplido a su hija la promesa que le había hecho en su tumba, pero todavía no podía cantar victoria, pues faltaba el proceso de extradición.Debido a la burocracia entre ambos países, tardaron 10 meses en enviar a Camilo Rodríguez de Perú a Colombia. Pero una vez estuvo en territorio nacional, la justicia colombiana lo condenó a 375 meses en prisión, 35 años que actualmente apaga en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.Aunque el dolor por la pérdida de su hija sigue intacto y nada podría ayudarla a recuperarla, hoy en día Jaqueline Rivera vive tranquila por haberle cumplido a su hija de 18 años la promesa que le hizo el día de su funeral y haber conseguido justicia para que ella no se convirtiera en una cifra más de impunidad.
Abelardo de la Espriella cumple este lunes un mes en la presidencia de Colombia entre anuncios, guiños y polémicas, con una intensa agenda atravesada por su "mano de hierro" en el conflicto armado y su respuesta al gran terremoto que golpeó el país el 10 de agosto. Ya en su toma de posesión dio unas pinceladas de lo que iban a ser los primeros pasos del autodenominado "el tigre" al frente del Gobierno colombiano: intervención de un rabino, un pastor, y un sacerdote; presencia de destacados líderes de la ultraderecha latinoamericana; fuerte manejo de los símbolos, comunicación centralizada y un discurso ante militares dentro de un destacamento. Pero el presidente colombiano apenas tuvo tiempo para desplegar planes y promesas porque menos de tres días después de la toma de posesión debió enfrentar un terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado al menos 331 muertos y 4.519 heridos.De la Espriella mantuvo una actividad frenética en los primeros días, viajando a los lugares más afectados, reuniéndose con líderes locales, y recabando entre los empresarios locales y países amigos ayuda para la búsqueda de supervivientes y financiación para la reconstrucción. De un lado, el presidente logró mostrarse cercano, con las mangas de la camisa arremangadas, dispuesto a ayudar a los damnificados, a la vez que hábil para aunar voluntades y lograr importantes donaciones, empezando por los 26,5 millones de dólares comprometidos en total por Washington. De otro lado, De la Espriella fue criticado por lanzar balones con propaganda de su partido a un grupo de damnificados en Buenaventura y por pasar las ofertas de ayuda por un filtro ideológico, dejando fuera -por ejemplo- a un reputado equipo de rescatistas mexicanos.Casi cuatro semanas después del terremoto, De la Espriella y su Gobierno deben comenzar a aterrizar las promesas de reconstrucción y materializar la recuperación de las regiones más afectadas, algunas de ellas lastradas por un subdesarrollo endémico. Su manejo de la crisis será clave para la percepción social de su mandato. Le esperan, según cifras oficiales, 36.336 viviendas destruidas y 201.010 dañadas, así como daños en 400 centros de salud, 4.292 centros educativos, 5.600 centros comunitarios, 468 vías y 5 aeropuertos, 140 acueductos y 104 puentes, entre otros efectos del terremoto.El conflicto armadoEn la última semana, conforme descendía la emergencia inicial del terremoto, De la Espriella ha concentrado su atención -y su prolija actividad en redes sociales, por donde fluye la mayor parte de la comunicación oficial- en la confrontación de guerrillas, grupos armados y narcotraficantes. Esta semana habló de "la fuerza de las armas y de las leyes", prometió "mano de hierro" y su Gobierno avanzó la preparación de una lista terrorista que permitirá al Ejecutivo actuar con más celeridad y recursos contra los grupos armados.El propio presidente anunció que el Ejército había detenido en este primer mes a nueve criminales (miembros del Tren de Aragua, las disidencias de las Farc, el Eln y bandas armadas) y matado a cerca de 40 personas, presuntos integrantes de una disidencia de las Farc y de un grupo criminal. Además, De la Espriella aseguró este domingo que en su primer mes, las Fuerzas Armadas se han incautado de 49.379 kilos de estupefacientes y 1.485 armas de fuego, además de erradicar 1.321 hectáreas de coca.Significativamente, Presidencia envió en los últimos días a los medios dos videos en los que el presidente aparecía entre cadáveres embolsados, lo que generó una controversia a la que el mandatario parece inmune. El mensaje es de tolerancia cero.Hay más ejemplos. Desde que De la Espriella es presidente al menos seis menores han muerto en bombardeos del ejército a campamentos de distintas guerrillas, según el Instituto de Medicina Legal, víctimas en principio del reclutamiento forzoso. Pero cuando un juzgado le prohibió al Gobierno este tipo de acciones si se sospecha que puede haber menores involucrados, el Ejecutivo anunció que apelaría un "fallo absurdo e inconstitucional".También ha apelado el Gobierno la decisión de otro juzgado que le requirió pedir perdón por haber empleado en su investidura el lema "Viva Cristo Rey", frase que pone en duda la neutralidad del Estado, y desde entonces De la Espriella no acaba discurso ni mensaje en redes sociales sin repetirlo.Estados Unidos e IsraelEn el ámbito internacional destaca el alineamiento de De la Espriella con Estados Unidos, con quien Colombia ha suscrito un acuerdo en materia de seguridad que le reportará 1.000 millones de dólares en asistencia. Está previsto además que este martes De la Espriella reciba en Barranquilla al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para avanzar en la lucha contra el llamado narcoterrorismo, analizar el reparto de la ayuda tras el terremoto y estudiar cómo estrechar lazos económicos y comerciales.También se ha acercado la Colombia de De la Espriella a Israel -después de que su predecesor, Gustavo Petro, rompió relaciones tachando de genocidio la guerra en Gaza- y ha reconocido los Altos del Golán como territorio israelí. Tel Aviv, a cambio, mandó rescatistas tras el terremoto. De igual forma, Colombia ha denominado como marroquí todo el territorio del Sáhara Occidental, agradando a Rabat, otro estrecho aliado estadounidense. EFE
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Estado colombiano para que mantenga los límites establecidos por la Constitución y el derecho internacional humanitario en medio de las operaciones contra grupos armados ilegales. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó la manera en que fueron presentados públicamente los cuerpos de personas que murieron durante la Operación Azarías, desarrollada en el Guaviare.En un pronunciamiento, Marín Ortiz se refirió a las imágenes en las que el presidente de la República aparece caminando entre cuerpos ubicados en tulas blancas, después del operativo militar. Según el reporte oficial citado por la funcionaria, durante la operación murieron 23 integrantes de estructuras de alias Iván Mordisco, entre ellos algunos mandos de esa organización. Medicina Legal estableció que dos de las personas fallecidas eran menores de edad.“El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel”, manifestó la defensora, al señalar que la obligación estatal de enfrentar militarmente a los grupos armados debe cumplirse dentro de los límites constitucionales y del derecho internacional humanitario.La funcionaria aclaró que su reflexión no busca desconocer el deber de la Fuerza Pública de proteger a la población ni cuestionar por sí mismas las operaciones militares legítimas. Su preocupación está relacionada, explicó, con la manera en que el Estado ejerce el poder y comunica los resultados de sus operaciones.“Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”, dijo la defensora.Para la Defensoría, las imágenes y los símbolos utilizados por las instituciones públicas tienen relevancia porque transmiten mensajes a la sociedad sobre los valores que representa el Estado.“No deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”, señaló Marín Ortiz.La defensora recordó que Colombia lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflicto armado y criminalidad organizada, escenarios en los que la muerte de civiles y combatientes ha sido recurrente.En ese contexto, afirmó que los grupos armados ilegales pueden actuar con crueldad y desconocer las reglas básicas de humanidad, pero sostuvo que el Estado no debe responder utilizando las mismas formas. “Ese lenguaje de quienes prefieren la muerte a la vida no puede convertirse en el lenguaje del Estado”, expresó.En su pronunciamiento, la Defensoría también hizo referencia al derecho a la vida y a las restricciones que deben observar las autoridades incluso durante operaciones militares.Marín Ortiz explicó que la Constitución reconoce la vida como un derecho fundamental de aplicación inmediata y de carácter inviolable. Sin embargo, señaló que el ordenamiento jurídico contempla situaciones específicas en las que puede producirse una privación de la vida, como la legítima defensa o la baja de combatientes en determinadas circunstancias de un conflicto armado, de acuerdo con el derecho internacional humanitario.En todos los casos, sostuvo, la privación de la vida no puede ser arbitraria y debe estar sometida a criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.La funcionaria también recordó que el derecho internacional humanitario establece límites incluso durante la guerra. Entre ellos está el deber de respetar y tratar dignamente a las personas fallecidas.Por esa razón, la Defensoría señaló que una acción militar puede ser legal y necesaria, pero eso no elimina la obligación de preservar la dignidad humana.Advertencia sobre medir la seguridad por el número de bajasOtro de los puntos abordados por la defensora fue la existencia de un portal denominado “Las Bajas del Tigre”, del cual aclaró que no se ha confirmado que sea una página oficial. Según explicó, allí se registran muertos y otros resultados operacionales desde la posesión del nuevo presidente.Marín Ortiz pidió cautela frente a este tipo de indicadores y recordó que Colombia ya vivió las consecuencias de una política en la que los resultados militares eran evaluados a partir del número de bajas en combate.La defensora hizo referencia a los llamados falsos positivos, hechos que actualmente son objeto de juzgamiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La funcionaria aclaró que no estaba afirmando que los cuerpos presentados tras la Operación Azarías respondieran a esa lógica. Sin embargo, planteó la necesidad de utilizar indicadores más amplios para evaluar la seguridad.Según su planteamiento, la seguridad debería medirse también por los derechos garantizados y las vidas salvadas, especialmente las de la población civil que permanece expuesta a las acciones de grupos criminales.“El poder del Estado no se mide únicamente por su capacidad de imponerse por la fuerza, sino por los símbolos con los que se presenta ante la sociedad”, afirmó.La defensora concluyó que el Estado no necesita parecerse a los grupos armados que combate para demostrar su fortaleza. “Defender la dignidad cuando se trata de quienes consideramos adversarios es precisamente cuando demostramos que la dignidad humana es un principio y no solo una declaración en todo tiempo y lugar”, finalizó.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Dos municipios del Cauca se encuentran en el centro de la atención por acciones armadas contra la Fuerza Pública registradas de manera simultánea. De acuerdo con los reportes conocidos a esta hora, una base militar de Inzá, en el oriente del departamento, es atacada con ráfagas de fusil y explosivos, mientras que la subestación de Policía de El Carmelo, en Cajibío, fue blanco de un ataque con drones cargados con explosivos.En Inzá, los reportes preliminares de testigos indican que disidencias de las Farc estarían atacando la base militar ubicada en este municipio. La acción incluiría ráfagas de fusil y el lanzamiento de explosivos contra la unidad militar.Ante la situación, los uniformados respondieron al ataque. Hasta el momento, la información disponible no reporta un balance de personas heridas como consecuencia de estos hechos. Además, en el municipio de Cajibío se registró otra acción contra la Fuerza Pública. La subestación de Policía de El Carmelo fue atacada con drones cargados de explosivos, según los reportes conocidos.La situación vuelve a poner a la población civil en medio de acciones armadas que se desarrollan en zonas donde permanecen comunidades. Por ahora, tampoco se reportan heridos en este punto. Se espera que las autoridades brinden más información en las próximas horas.Las autoridades mantienen la atención sobre lo ocurrido en ambos municipios mientras se conocen mayores detalles de las acciones y de sus posibles afectaciones.Otros ataques contra la Fuerza PúblicaLos hechos registrados en Inzá y Cajibío se conocen apenas horas después de otros ataques contra integrantes de la Fuerza Pública en Norte de Santander, ocurridos durante la noche del viernes 4 de septiembre.En esa región, la estación de Policía del corregimiento de Guamalito, en el municipio de El Carmen, fue atacada en una acción atribuida al ELN. Las imágenes conocidas posteriormente mostraron parte de la infraestructura destruida, con el techo afectado y escombros en diferentes sectores del lugar.De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Defensa, el ataque contra Guamalito ocurrió de manera simultánea con una acción contra el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, donde está ubicado el Batallón de Infantería N.° 15 General Francisco de Paula Santander.Según la entidad, integrantes del ELN utilizaron aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos que impactaron dentro de la unidad militar. Tras el ataque, las tropas activaron los protocolos de seguridad y realizaron una maniobra para asegurar el perímetro y verificar la posible existencia de nuevas amenazas.Durante esa operación se produjo un combate de encuentro con integrantes del ELN. Como consecuencia de estos hechos murieron el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlo Marrugo Manjarrez. Además, una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana resultó afectada.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
La Fiscalía General de la Nación judicializó al teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y a los sargentos segundos Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna, señalados de, al parecer, recibir dinero de una estructura del Clan del Golfo en Antioquia a cambio de suministrar información reservada relacionada con operativos y movimientos de tropas del Ejército Nacional.De acuerdo con la investigación, los tres uniformados, quienes estuvieron adscritos al Batallón Rifles de Caucasia (Antioquia) y al Batallón de Infantería de Selva No. 48 ‘Prócer Manuel Rodríguez Torices’, en el sur de Bolívar, habrían hecho parte de una red dedicada a obtener y filtrar información estratégica sobre las acciones militares adelantadas contra esa organización criminal. Según la Fiscalía, esta estructura operó entre enero de 2022 y febrero de 2025 y contó con la intermediación de Teresa Jaramillo Giraldo, alias La Tía, quien ya fue condenada por estos hechos.Gobierno anuncia giro en estrategia contra grupos criminales: "Serán tratados como terroristas"Las pruebas contra los militaresLas pruebas recopiladas por el ente acusador indican que el 2 de enero de 2022, cuando tenía el grado de subteniente, Bravo Olaya habría recibido un millón de pesos por intermedio de un militar retirado para alertar posteriormente sobre los desplazamientos de las tropas bajo su mando en zona rural de Ayapel, Córdoba.Asimismo, la Fiscalía sostiene que Sicacha López habría aceptado pagos a cambio de compartir información relacionada con las operaciones militares en las que participaba. En el caso de Henao Luna, las autoridades lo señalan de haber recibido dinero por entregar datos privilegiados sobre los movimientos de la escuadra que comandaba, presuntamente después de recibir una llamada de un suboficial retirado el 14 de abril de 2022.Los procesados fueron capturados en operativos realizados por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional en Cali (Valle del Cauca), el corregimiento de Buenavista, en Distracción (La Guajira), y Yopal (Casanare).Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó, de acuerdo con su presunta participación en los hechos, los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado. Sicacha López aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia, mientras que Bravo Olaya y Henao Luna fueron enviados a un centro carcelario con medida de aseguramiento intramural.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
En entrevista con Noticias Caracol, la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó este lunes un alarmante diagnóstico de la crisis de derechos humanos en Colombia, fundamentado en el informe institucional titulado "Decisiones impostergables en derechos humanos". Marín advirtió sobre la expansión de los grupos armados ilegales, el uso indiscriminado de nuevas tecnologías en el conflicto, cifras históricas de cultivos ilícitos y el reclutamiento forzado de menores de edad. Sobre ese último punto, de hecho, la ONG Human Right Watch (HRW) le pidió al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que adopte medidas para acabar con el aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados -unos 1.500 desde 2021- que consta precisamente en ese informe de la Defensoría del Pueblo.El reclutamiento infantil es el aspecto más desgarrador expuesto por la defensora del Pueblo, en especial el incremento sistemático del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de todos los grupos armados. La funcionaria denunció que estas estructuras criminales están empleando redes sociales para persuadir y seducir a menores de edad ofreciéndoles bienes materiales como tenis, celulares y motocicletas. "Es otro de los indicadores más dolorosos del crecimiento de los grupos armados, que están usando de una manera sistemática menores de edad (...) También el uso de nuevos mecanismos pues para seducir a estos menores de edad, por ejemplo a través de las redes sociales, donde además les ofrecen tenis, celulares, motos y terminan persuadiéndolos".Esta situación azota severamente a las comunidades étnicas de regiones como el Cauca, donde cerca del 50% de los menores reclutados son indígenas, y al sumar a la población afrodescendiente, la cifra asciende al 56-58%. Marín denunció que muchos de estos niños son trasladados lejos de sus hogares para ser utilizados como primera línea de combate o quedar expuestos a bombardeos y alertó sobre un preocupante subregistro en las cifras oficiales. "Estamos muy convencidos de que esto no obedece a una disminución de la práctica sino a una reducción de la denuncia de parte de las comunidades -explicó la defensora-. Estamos viendo cada vez más menores de edad que mueren en combates entre los grupos, como este año en Guaviare en bombardeos en los últimos años son decenas la cantidad de niños que han muerto en bombardeos, pero el subregistro es enorme".La defensora se refirió también a otros puntos, como la expansión de grupos criminales, el uso de drones con explosivos y las alertas tempranas que emite ese organismo.De acuerdo con la radiografía de esa entidad, el panorama de seguridad en las regiones muestra dinámicas complejas e intensificadas por disputas territoriales que terminan afectando directamente a la población civil. Al analizar las causas de esta preocupante realidad, la defensora señaló que en el territorio confluyen principalmente tres factores de violencia organizada. "Colombia está en una situación bastante delicada, tiene presencia de al menos tres tipos de dinámicas : na es la herencia del paramilitarismo, que está conformada por los autodenominados Gaitanistas y los Conquistadores de la Sierra; una segunda dinámica que son las disidencias y desertores de las extintas Farc, y una tercera dinámica que es Eln principalmente, además de la criminalidad organizada", comentó Marín en este noticiero.La defensora explicó que el crecimiento de estas estructuras armadas, en especial de las disidencias y desertores de las Farc, obedece en parte a "retrasos históricos en llegar a las zonas que en su momento dejaron a través de inversión social" y al poco cumplimiento del acuerdo de paz. De igual forma, destacó que el grupo con mayor expansión territorial actualmente es el Clan del Golfo (autodenominados Gaitanistas), una organización dedicada a economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y la extorsión. Estas disputas y luchas por el control han disparado las cifras de masacres en el país, convirtiendo al presente año en el de mayor cantidad de estos eventos violentos desde 2018.Una de las mutaciones más alarmantes en los métodos de combate de los grupos armados ilegales es el uso creciente de tecnologías no tripuladas, específicamente drones cargados con explosivos, los cuales han generado desplazamientos y zozobra en regiones como el Cauca, Catatumbo y Antioquia.Frente a esta letal estrategia, Marín fue enfática al exigir el cese inmediato de su uso y condenar estas acciones de cara al derecho internacional humanitario. "Hay una obligación de los grupos armados de no usar estos artefactos explosivos que muchas veces se dirigen de manera indiscriminada y se causan daños a la población civil. Este es un crimen de guerra, nosotros lo hemos manifestado así en diferentes oportunidades", alertó la defensora en Noticias Caracol. De igual forma, instó a que la fuerza pública fortalezca e implemente de manera prioritaria tecnologías antidrones para salvaguardar a las comunidades atrapadas en medio de las hostilidades.Por otro lado, con un registro que supera las 261.000 hectáreas de cultivos de coca en el país, la Defensoría reconoce que los cultivos de uso ilícito constituyen un pilar clave del conflicto armado. Al ser consultada sobre la propuesta gubernamental de realizar aspersiones aéreas mediante bioderbicidas de alta generación, la defensora llamó a la precaución, la transparencia y al estricto cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Al respecto, la funcionaria expuso la ruta que el Gobierno debe seguir si decide emplear este mecanismo. "Si se va a acudir a la erradicación forzada por diferentes formas, por ejemplo la versión aérea tiene que agotarse primero tras vías y también hacer pública y transparente cuál es esa sustancia para garantizar que no vaya a generar daños a la salud y seguir la jurisprudencia de la Corte Constitucional", afirmó.No obstante, Marín subrayó la necesidad de entender este fenómeno como una profunda problemática social: "Los campesinos y las campesinas en estas zonas del territorio requieren alternativas que sean sostenibles para su economía y la erradicación es un primer paso pero es insuficiente para realmente resolver el problema de fondo".Actualmente, el organismo mantiene vigentes 120 alertas tempranas en Colombia, incluyendo una reciente alerta emitida para la capital del Cauca, en Popayán, debido a la amenaza y presencia de grupos al margen de la ley tanto en zonas rurales como urbanas. No obstante, la funcionaria criticó la falta de efectividad práctica del Estado frente a estas advertencias. Aunque el sistema de indicadores de la Defensoría muestra que aproximadamente el 50% de las recomendaciones técnicas de las alertas se cumplen, Marín advirtió que la calidad de esta respuesta gubernamental es limitada y superficial. "Muchas veces las acciones que más se cumplen son las de hacer reuniones o sacar directivas pero no las que tienen un impacto más digamos práctico operacional y dinámico en el territorio", detalló la defensora, quien en entrevista con Noticias Caracol propuso también coordinar una articulación intersectorial de alto nivel con el Ministerio del Interior para que las acciones estatales protejan estratégicamente a la población antes de que se consumen los riesgos advertidos.NOTICIAS CARACOL
La ONG Human Right Watch (HRW) ha pedido al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que adopte medidas para acabar con el aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados en el país -unos 1.500 desde 2021- que consta en un informe hecho público este lunes a partir de datos de la Defensoría del Pueblo.El documento, titulado "Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá", establece que las cifras oficiales disponibles indican un fuerte aumento de casos desde 2023 y que los grupos armados disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están detrás de la gran mayoría de los casos denunciados."Los grupos armados en Colombia están reclutando niños con impunidad, ya que los sistemas de protección están fallando y las redes sociales se han convertido en un medio de reclutamiento más eficaz", dice en el reporte Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, que añade que "cada niño reclutado es un indicio del fracaso del gobierno".HRW pide al flamante Ejecutivo de 'El tigre' que fortalezca la política pública sobre prevención del reclutamiento de menores, asegure un presupuesto suficiente y refuerce la coordinación institucional y los sistemas de control y alerta temprana.La ONG también pide ayuda en Colombia al Congreso, a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo, a los operadores de redes sociales y a los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y de países europeos.Perfil de los niños reclutadosEntre 2020 y 2025, los grupos armados reclutaron con mayor frecuencia a niños de entre 15 y 16 años, muestran datos de la Oficina de la Defensoría del Pueblo que recoge el informe.Según el Ministerio de Defensa, entre enero de 2016 y octubre de 2025 la edad media de reclutamiento fue 15 años tanto para niños como para niñas.Sin embargo, más del 30 % de los casos reportados involucraron a niños de entre 10 y 14 años y los funcionarios de protección infantil informaron a HRW de que han tenido conocimiento de un número creciente de niños más pequeños reclutados, incluyendo algunos de tan solo 9 o 10 años.La ONG denuncia que, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el reclutamiento de menores de 15 años puede considerarse un crimen de guerra.La Defensoría del Pueblo estima que, de media, el 60 % de los niños reclutados entre 2020 y 2025 eran varones y el 40 % eran niñas, aunque desde 2021 la proporción de niñas ha ido en aumento.Además, el reclutamiento infantil afecta de manera especial a las comunidades indígenas, ya que casi cinco de cada diez casos entre 2021 y 2025 correspondían a niños de estos colectivos.Métodos de reclutamientoHRW detalla en el informe que "los grupos armados y criminales se han aprovechado de la pobreza, la exclusión social y las barreras a la educación para reclutar niños con promesas de poder, dinero y prestigio" y que en los últimos tiempos han comenzado a usar cada vez más las redes sociales para las captaciones.Según la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo de justicia transicional para el conflicto armado en Colombia, casi la mitad (el 44 %) de los niños reclutados en 2025 lo fueron a través de redes o plataformas como TikTok y Facebook.El informe relata que lo más habitual es alejar a los menores de sus zonas de origen para evitar fugas y romper los lazos con sus familias y entornos.Además, detalla las labores que se les encargan: los niños son utilizados para el manejo de drones y la participación en combate, mientras que las niñas están particularmente expuestas a la violencia sexual.HRW realizó 184 entrevistas con funcionarios gubernamentales, trabajadores humanitarios, líderes indígenas y comunitarios, miembros de organizaciones de derechos humanos y de la infancia, y funcionarios estatales colombianos de protección infantil para realizar el informe. EFE
13 cuerpos más fueron encontrados en un cementerio de Pitalito, Huila, en un trabajo conjunto entre 10 integrantes de la fuerza pública, imputados por asesinatos y desapariciones forzadas, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Con este hallazgo, ya serían 54 cuerpos de personas no identificadas recuperados en el camposanto. Los comparecientes, que ya reconocieron su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), participaron en las labores que permitieron la recuperación de los restos que estaban en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito.La información fue dada a conocer por la JEP, que explicó que los comparecientes apoyaron la cuarta fase de intervención forense liderada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), desarrollada entre el 10 y el 19 de junio como parte de las acciones para esclarecer el paradero de víctimas del conflicto armado. Según los expedientes que señalaron este lugar como uno de interés, las personas que reposan allí provenían de municipios del sur del Huila como Acevedo, Suaza, Timaná, Palestina, San Agustín, Isnos, Pitalito, Oporapa, Saladoblanco, Tarqui y La Plata, así como de Puracé (Coconuco) y Santa Rosa, en Cauca.De acuerdo con la JEP, el apoyo de los comparecientes fue clave para adecuar el terreno donde trabajó el equipo forense. Los militares retiraron 15 toneladas de guadua, una labor necesaria para limpiar y preparar el área de excavación. La jurisdicción señaló que las labores se realizaron en condiciones complejas, debido a la densa vegetación y a las características del suelo. Durante toda la intervención, los comparecientes permanecieron bajo restricción efectiva de derechos y libertades, con monitoreo y verificación permanente por parte de la JEP.Tres cuerpos tienen orientación de identidadEntre los 13 cuerpos recuperados durante esta cuarta fase, tres cuentan con orientación de identidad, lo que significa que la información recopilada hasta ahora permite formular una hipótesis sólida sobre quiénes podrían ser las víctimas. No obstante, esa información deberá ser confirmada mediante los procedimientos forenses correspondientes.La JEP indicó que los trabajos realizados por los comparecientes fueron voluntarios y anticipados, por lo que podrán ser valorados por el Tribunal para la Paz como parte del cumplimiento anticipado de la sanción propia que eventualmente les sea impuesta cuando se profiera la sentencia.Según el balance entregado por la Jurisdicción Especial para la Paz, de los 54 cuerpos recuperados en el cementerio San Antonio de Padua, nueve personas ya han sido identificadas y entregadas dignamente a sus familiares. Las entregas se han realizado a familias de los departamentos de Huila, Caquetá, Cauca, Putumayo, Cesar y Valle del Cauca, en el marco de los esfuerzos de búsqueda humanitaria para esclarecer casos de desaparición ocurridos durante el conflicto armado.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
En redes sociales surgió una polémica a raíz de un video en el que se ve a alias Bendito Menor, presunto cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, paseando entre una caravana de motos por las calles de Riohacha. La acción fue calificada por muchos como un desafío a la autoridad, y es que este es uno de los criminales más buscados en el Caribe colombiano.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Identificado como Naín Andrés Pérez Toncel, es señalado como uno de los comandantes paramilitares de este grupo, que vive en constante disputa con el Clan del Golfo. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos. Las Ascn se mueven sobre todo entre los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y hasta Norte de Santander, esto después de un repliegue del Clan del Golfo.Alias Bendito Menor reapareció para celebrar en las calles poco después de la victoria de la Selección Colombia en el partido contra Ghana, según confirmaron las autoridades a Noticias Caracol. En un video grabado por uno de sus cómplices, se le puede ver a Pérez Toncel encabezando una caravana de aproximadamente 20 personas a bordo de motocicletas que transitaron por las calles de Riohacha, La Guajira. Las autoridades confirmaron que, en efecto, se trataba de este jefe criminal después de comparar los tatuajes en sus brazos. Al cabecilla se le observa en compañía de una mujer, quien sería su pareja sentimental, identificada como alias “Bebecita”.“Bendito Menor” tiene cuentas abiertas en redes sociales, donde publica videos ostentando dinero y armas. De allí surgió el video que ha causado polémica. Según Insight Crime, las Ascn controlan corredores del narcotráfico y dirigen redes de extorsión. Pérez, por su parte, es señalado de homicidio, según el boletín de la Policía Nacional.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
El Tribunal Administrativo de Antioquia emitió un auto por el cual le ordena a la Presidencia de la República y a los ministerios de Defensa e Interior que diseñen e implementen un plan urgente para proteger a la población de Briceño, Antioquia; un municipio que ha estado expuesto a enfrentamientos entre grupos ilegales y hechos de violencia, como el asesinato del periodista Mateo Pérez. El plazo otorgado por el alto tribunal al Gobierno nacional es de 30 días.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Esta decisión surgió a partir de una acción popular que fue interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, la cual sigue pendiente de una decisión de fondo. El departamento de Antioquia entró al proceso para respaldar esta causa con el propósito de solicitar las medidas cautelares urgentes que están destinadas a proteger a la población de Briceño ante lo que ha sido identificado como una grave crisis humanitaria y de orden público. Y es que el contexto que enfrenta el municipio fue evidenciado por la Defensoría del Pueblo, que emitió la alerta temprana de 019 de 2025, en la que advierte sobre los riesgos inminentes que pesan sobre este territorio.(Le puede interesar: JEP entrega restos de víctimas desaparecidas hace más de 25 años: avance en el esclarecimiento)La violencia que vive la gente en Briceño, Antioquia: “Presiones directas sobre los civiles”En el documento de la Defensoría queda consignado que el mismo fue emitido por los graves riesgos de violaciones de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, derivados de la confrontación armada entre el Frente 36 del Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de los Bloques y el Frente (EMBF), grupo disidente de las extintas FARC-EP, y las autodenominadas ‘Guerrillas Campesinas Los Cabuyos’; así como la exacerbación de las confrontaciones entre el Frente 36 y el Clan del Golfo. Y es que los enfrentamientos entre estos grupos, que toman lugar en zona rural y urbana, están implicando “presiones directas sobre los civiles”.La problemática a raíz de este contexto violento ha sido tal, que en un informe de la Oficina de las Naciones Unidas que fue emitido en mayo de 2026 hay referencia directa sobre las consecuencias del conflicto en Briceño, que desembocan en desplazamientos forzados masivos recurrentes, confinamientos, restricciones a la movilidad, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, presencia de artefactos explosivos y ataques a bienes civiles. El Tribunal en su decisión señala que los argumentos que originaron la alerta no han sido superados, sino que las condiciones de riesgo persisten.Lo que debe hacer el Gobierno nacional en un plazo de 30 díasCon el auto del Tribunal Administrativo, Presidencia y los ministerios de Defensa e Interior contarán con un plazo máximo de 30 días siguientes a la ejecutoria de la decisión para diseñar e implementar un plan transitorio de intervención urgente en el municipio de Briceño, teniendo en cuenta la alerta emitida por la Defensoría. Además, cuentan con 10 días hábiles para remitir al municipio “el número de activos necesarios” del Ejército y Policía Nacional para contener “la peligrosidad de la región”. Otra medida ordenada es que se conforme un Consejo de Seguridad extraordinario, de manera temporal y hasta que culmine el proceso, que tendrá la misión de hacer un plan de protección.Dentro de 15 días hábiles, el despacho del tribunal deberá ser informado por diferentes entidades si cumplieron con las recomendaciones hechas en la alerta de la Defensoría y deberán decir todo lo que se haya hecho hasta entonces.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó a sus familias los restos de tres víctimas de desaparición forzada, recuperados en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, más de dos décadas después de que desaparecieran durante el conflicto armado, informó este sábado la entidad.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)La JEP explicó que los cuerpos fueron ubicados en zonas rurales del corregimiento de San José de Apartadó, "gracias a información suministrada por integrantes de las extintas FARC en versiones voluntarias y diligencias judiciales realizadas dentro del Caso 04", que investiga los crímenes cometidos durante el conflicto en la subregión de Urabá.¿Qué se sabe de los restos de las víctimas?Las víctimas fueron identificadas como Luis Eduardo Aguirre, agricultor y líder comunitario desaparecido el 10 de julio de 2001; Humberto Palacios Palacios, trabajador del campo dedicado al aserrío de madera, desaparecido el 19 de octubre de 2000, y una tercera persona cuya identidad permanece bajo reserva por decisión de la jurisdicción. Los restos fueron entregados a sus familiares el pasado 12 de junio.Según la JEP, la recuperación de los cuerpos fue resultado de labores de contrastación, inspecciones judiciales y verificaciones en terreno adelantadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF). Mientras que la identificación fue posible mediante análisis antropológicos y cotejos genéticos realizados junto con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y los familiares de las víctimas.La jurisdicción señaló que estas entregas constituyen un avance en el esclarecimiento de desapariciones forzadas ocurridas en Urabá y reflejan la importancia de los aportes de verdad realizados por excombatientes sometidos a ese tribunal para localizar a personas desaparecidas durante el conflicto armado.AGENCIA EFEEDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
El Gobierno nacional publicó este 8 de septiembre el Decreto 1386 de 2026, por el cual se levanta la suspensión de permisos para porte de armas de fuego en Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que firmó el documento para dar el aval final a la medida. Si bien lo decretado introduce cambios como la derogación de los decretos 2362 de 2018 y 1482 de 2025, hay cosas que se quedan y deben entenderse, ya que las autoridades han enfatizado en que este levantamiento no significa que habrá porte indiscriminado.En Colombia, las bases para el porte legal de armas se remontan a la Ley 2535 de 1993, que tiene las normas sobre armas, municiones y explosivos en el territorio nacional. Esta ley precisamente fija que la tenencia de armas se entiende como su posesión dentro del bien inmueble registrado en el correspondiente permiso, del arma y sus municiones para la defensa del personal. El uso solo se autoriza al titular del permiso dentro del inmueble, y a quienes son moradores permanentes o transitorios de la misma que asuman la defensa personal. Cada arma de fuego que exista en el territorio nacional debe tener un permiso para tenencia o porte según el uso autorizado, pero también puede haber dos permisos para la misma arma en caso de que se autorice su uso entre parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o entre cónyuges o compañeros permanentes. Esta misma normativa sienta los requisitos que se deben cumplir, así como los controles y permisos que vienen de la autoridad competente.Los puntos claves para entender el nuevo mandato sobre el porte de armasEl Decreto 1386 reactiva la eficacia de los permisos individuales que se encuentren vigentes y sin restricciones legales, judiciales o administrativas. Si algún titular tiene suspensión individual, cancelación, revocatoria, vencimiento o prohibición, no podrá ser cobijado por la normativa. Ahora bien, los titulares deben tener el permiso de porte (que es diferente al de tenencia) y es expedido por la autoridad competente. Además, se deben acatar todas las condiciones, restricciones, obligaciones y requisitos establecidos en la Constitución Política, el Decreto Ley 2535 de 1993, el propio permiso y demás disposiciones aplicables.Pero esta directiva también elimina el trámite de la autorización especial adicional que se exigía durante la vigencia de la suspensión general. A su vez, el Ministerio de Defensa impartirá directrices para que las autoridades militares actualicen sus registros y sistemas de información, permitiendo distinguir claramente entre los permisos vigentes y aquellos vencidos, suspendidos, cancelados o revocados.Lo que no cambia con el decretoHay que aclarar que el levantamiento de la suspensión no constituye una autorización general para portar armas ni autoriza el libre porte de las mismas. Además, se mantiene el monopolio del Estado sobre las armas, municiones de guerra y explosivos consagrado en la Constitución Política y siguen plenamente vigentes todos los requisitos legales, controles institucionales, restricciones, causales de suspensión, cancelación, revocatoria, incautación y decomiso previstos en la Constitución, la ley (especialmente el Decreto Ley 2535 de 1993) y los reglamentos. Por eso, el ejercicio del porte sigue estrictamente circunscrito a la existencia de un permiso vigente expedido por la autoridad militar competente, al arma específica amparada por dicho documento y a las condiciones establecidas en el mismo.Los requisitos básicos para obtener el permiso de porte de armasEdad mínima: Ser mayor de 25 años (para la tenencia y el porte general).Documentación de identidad: Presentar la cédula de ciudadanía original y copia.Antecedentes: No tener antecedentes penales ni investigaciones vigentes.Aptitud psicofísica: Aprobar el certificado médico de aptitud psicofísica para el manejo y uso de armas de fuego, expedido por una institución autorizada.Manejo de armas: Demostrar y aprobar los conocimientos teóricos y prácticos sobre el manejo de armas.Estudio de seguridad: El solicitante debe justificar ante la autoridad militar la necesidad real de poseer o portar el arma (por ejemplo, por motivos de seguridad o riesgo comprobado).Límite por persona: Se permite un máximo de dos permisos de porte por ciudadano, cuya expedición del segundo se evalúa según particulares condiciones de seguridad.El permiso para portar armas para la defensa personal tiene una duración de tres años. Las de uso personal, por su parte, duran solo un año. Los civiles solo pueden acceder a armas de defensa personal autorizadas a corta distancia (pistolas, revólveres, escopetas específicas).María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
El Sinuano Día juega a las 2:30 de la tarde de este martes, 8 de septiembre de 2026. Este juego hace parte de los sorteos que se realizan todos los días en Colombia y es seguido principalmente en la región Caribe. El sistema se basa en una combinación de cuatro cifras, acompañada por una quinta cifra que también se publica junto al resultado oficial. Sinuano Día resultados de hoy, martes 8 de septiembre de 2026Número ganador: Quinta cifra: ¿Qué es el Sinuano Día y cómo se juega?El Sinuano Día es una modalidad de chance en la que se selecciona un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Después de registrar la apuesta, el participante espera el resultado del sorteo para comprobar si alguna de las combinaciones jugadas coincide con las cifras anunciadas oficialmente. El nombre del juego está relacionado con la región del río Sinú y forma parte de los sorteos que operan diariamente en el país. A lo largo de los años se ha mantenido dentro de la oferta de juegos de suerte y azar que funcionan mediante sorteos numerados y resultados diarios.Para participar, se elige una combinación numérica de cuatro cifras. Luego se define el valor de la apuesta y la modalidad en la que se quiere jugar. Una vez registrada la operación en un punto autorizado, el sistema entrega un comprobante que debe conservarse para cualquier verificación posterior. El número puede ser escogido directamente por el jugador o generado mediante las herramientas disponibles en el punto de venta. Una vez realizado el proceso, la jugada queda inscrita para el sorteo del día correspondiente.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
A las 2:30 de la tarde de hoy, martes 8 de septiembre de 2026, se lleva a cabo un nuevo sorteo del chance La Caribeña Día. Prepare su boleto y esté atengo a los resultados junto con la quinta cifra. Recuerde que su boleto no puede tener tachones o enmendaduras.Resultados Caribeña Día este 8 de septiembre de 2026La jugada correspondiente de La Caribeña Día este martes arroja la siguiente combinación:Número ganador: Quinta cifra: Cobro de premios y requisitos para reclamar el dinero Los ciudadanos que hayan acertado a la combinación del sorteo deben verificar minuciosamente el tiquete de apuesta antes de dirigirse a los puntos de atención habilitados. Para hacer efectivo cualquier premio monetario, el apostador debe presentarse personalmente en los puntos autorizados del concesionario de chance con el comprobante original en buen estado de conservación.Es obligatorio presentar el documento de identidad original (cédula de ciudadanía o extranjería) junto con una copia legible del mismo por ambas caras. Si el valor de la cifra obtenida supera los montos estipulados para pago inmediato en caja, la red de comercialización indicará el trámite administrativo correspondiente para la transferencia o entrega del cheque respectivo. Para conservar la validez del cobro, el boleto impreso no debe registrar tachaduras, enmendaduras, rasgaduras ni alteración en los códigos de seguridad o series numéricas de control.Descuentos por impuestos y retenciones de ley En el marco de la normativa tributaria vigente en Colombia, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar están sujetos a retenciones fiscales. Toda ganancia que supere los límites exentos fijados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) aplica para la retención por concepto de ganancias ocasionales.El porcentaje de retención en la fuente por ganancia ocasional corresponde al 20% sobre el valor bruto del premio obtenido.Los incentivos monetarios menores o iguales a las Unidades de Valor Tributario (UVT) fijadas por la ley se entregan de manera íntegra, sin aplicar este descuento fiscal.El operador del juego actúa como agente de retención, por lo que el impuesto es descontado automáticamente antes de entregar el monto final al usuario.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
Christian González hizo historia en la NFL. El jugador de raíces colombianas llegó a un acuerdo con los New England Patriots para extender su contrato por cuatro temporadas y 135 millones de dólares, convirtiéndose en el esquinero mejor pagado en la historia de la liga. Del total, 102 millones de dólares están garantizados, una cifra que refleja la importancia que tiene el defensor dentro del proyecto de la franquicia.De esta manera, González tendrá un salario promedio de 33,75 millones de dólares por temporada, superando el acuerdo que recientemente había firmado Devon Witherspoon con los Seattle Seahawks, de cuatro años y 132 millones de dólares, con 101 millones garantizados.Pero el millonario contrato no llega por casualidad. A sus 24 años, González se ha consolidado como una de las piezas más importantes de la defensa de los Patriots y como uno de los mejores cornerbacks de la NFL.Seleccionado por New England con el número 17 del Draft de 2023, el jugador tuvo una primera temporada condicionada por una lesión en el hombro que solamente le permitió disputar cuatro partidos. Sin embargo, su recuperación marcó el comienzo de una notable evolución. En 2024 fue elegido Segundo Equipo All-Pro, mientras que en 2025 recibió su primera convocatoria al Pro Bowl, confirmándose como un jugador de élite en su posición.Durante la temporada 2025, González disputó 14 partidos, todos como titular, y terminó con 69 tacleadas y 10 pases defendidos. Su impacto fue todavía más evidente en los playoffs, donde los Patriots alcanzaron el Super Bowl LX. En cuatro encuentros de postemporada registró una intercepción, una captura, un balón suelto forzado, siete pases defendidos y 19 tacleadas.Además de sus estadísticas, su velocidad, capacidad atlética, lectura del juego y sus 1,88 metros de estatura lo han convertido en un esquinero capaz de enfrentarse a algunos de los mejores receptores de la liga. En el Super Bowl frente a Seattle también tuvo una actuación destacada, evitando dos posibles touchdowns, aunque los Patriots terminaron perdiendo el partido.Ahora, González recibe el reconocimiento económico acorde con su rendimiento. Los 135 millones de dólares por cuatro años lo colocan en la cima del mercado de los esquineros, mientras que los 102 millones garantizados le dan una importante seguridad financiera.Así, el jugador de ascendencia colombiana no solo se convierte en el cornerback mejor pagado de la NFL, sino también en uno de los grandes referentes defensivos de los Patriots y en una de las figuras latinoamericanas más destacadas del fútbol americano profesional.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribó este martes a Barranquilla para sostener una reunión con Abelardo de la Espriella, en la que abordarían temas relacionados con seguridad, comercio y cooperación regional. El jefe de la diplomacia estadounidense aterrizó a la 1:02 de la tarde en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, ubicado en el municipio de Soledad y principal terminal aérea del área metropolitana de Barranquilla. La visita marca el inicio de una gira por América Latina que también incluirá Ecuador y Perú, países con los que Washington busca fortalecer sus vínculos políticos.A su llegada, Rubio fue recibido por el canciller colombiano, Omar Bula, y por la embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araújo. El funcionario estadounidense participó en una breve ceremonia de bienvenida con honores militares, realizada bajo las altas temperaturas características de la región Caribe, donde este martes los termómetros superaban los 32 grados centígrados y la humedad se mantenía por encima del 70 %.Los temas que hablarían Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., y Abelardo de la Espriella2:04 p. m.: Abelardo de la Espriella recibe a Marco RubioAbelardo de la Espriella recibió en la sede alterna del Gobierno Nacional en Barranquilla. El mandatario sostendrá una reunión con el secretario de Estado en la que se espera se toquen temas como narcotráfico, seguridad, entre otros.¿Dónde se reunirán Marco Rubio y Abelardo de la Espriella?Tras el acto protocolario, Rubio se trasladó al Batallón Paraíso de Barranquilla. Desde la llegada de De la Espriella a la Presidencia, el pasado 7 de agosto, este recinto militar funciona como sede alterna del Gobierno nacional junto con el Palacio de Nariño, en Bogotá. En ese lugar está programado el encuentro entre ambos líderes. Hasta el momento, no se ha confirmado si ofrecerán declaraciones a la prensa una vez concluya la reunión.La visita representa el primer viaje a Colombia de un alto funcionario de la Administración del presidente Donald Trump desde la posesión de De la Espriella hace un mes. Entre los temas centrales de la agenda figuran la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento del intercambio comercial entre las dos naciones.Horas antes del encuentro, el canciller Bula destacó en redes sociales que la presencia de Rubio simboliza el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral con el Gobierno de Trump, sustentada en el "respeto mutuo, la soberanía y la defensa" de los intereses nacionales."Esta es la primera visita de alto nivel que va a recibir De la Espriella en Colombia y muestra el inicio de la reconstrucción de una alianza estratégica con Estados Unidos, nuestro principal socio en la región", dijo Bula.El ministro explicó que la conversación entre las delegaciones estará enfocada en tres asuntos prioritarios: la seguridad, con énfasis en la lucha contra el narcotráfico; el comercio bilateral; y la "defensa de los valores compartidos"."La relación entre Colombia y Estados Unidos será de dos países soberanos que buscan siempre el beneficio de su gente. Ese es nuestro enfoque y esperamos que esta nueva era de las relaciones bilaterales sea lo más beneficiosa para los dos pueblos", añadió el canciller.