La historia entre el odontólogo cartagenero Carlos Parra, de 46 años, y Natalia Vidales, influencer de contenido gastronómico y excandidata al Reinado del Mar Bolívar, comenzó en el año 2022. Tras cinco meses de noviazgo y un año de convivencia, la pareja contrajo matrimonio. En noviembre de 2023, la pareja recibió la noticia del embarazo. Sin embargo, la convivencia empezó a deteriorarse a los tres meses de gestación debido a fuertes discusiones de pareja. Parra admitió la existencia de altercados verbales en el hogar. Tras estos episodios, la mujer abandonó la residencia conyugal para trasladarse a la casa de sus padres. Séptimo Día conoció detalles de lo que vino después. A partir de la separación, el conflicto escaló a instancias legales. Luego, Vidales presentó una denuncia por presunta violencia intrafamiliar ante la Comisaría Primera de Cartagena. No obstante, el odontólogo rechazó categóricamente las acusaciones: “No existía ninguna violencia para con ella, porque jamás existió. No hay pruebas, no hay absolutamente más nada”.Las medidas de la Comisaría de FamiliaEl 11 de junio de 2024, la Comisaría de Familia Zona Norte emitió un auto donde determinó que no existió violencia física ni económica por parte de Parra, señalando que se trataba de agresiones verbales mutuas. En consecuencia, el despacho ordenó una medida de protección temporal para ambas partes y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.Como parte del proceso penal, Vidales fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 6 de agosto de 2024, cinco días antes del parto. Los informes periciales concluyeron que la mujer no presentó incapacidad médico-legal, huellas de maltrato físico reciente ni secuelas psicológicas vinculadas a los hechos denunciados.Parra denunció que durante la etapa final del embarazo la comunicación fue cortada por completo. “Me tenía bloqueado de WhatsApp y de llamada. Yo veía que todo estaba transformándose en algo muy oscuro, algo muy tenebroso, sabía que no iba a ver a mi hijo”, relató sobre el distanciamiento.Registro el niño como "madre soltera"El 11 de agosto de 2024 nació el menor en el Hospital Serena del Mar de Cartagena. Parra aseguró que se enteró del nacimiento al día siguiente por intermedio de una persona allegada. Al acudir al centro médico, el personal le impidió el ingreso alegando una orden de restricción familiar. No obstante, la defensa técnica del padre aclaró que no existía ninguna orden judicial o administrativa que le impidiera ver a su hijo.Adicionalmente, Parra descubrió que el recién nacido fue inscrito en la notaría sin sus apellidos. Según las denuncias penales instauradas por su defensa, Vidales registró al niño como madre soltera afirmando desconocer el paradero del padre. La situación fue corregida diez días después, cuando Parra tramitó el reconocimiento formal de paternidad tras demostrar el pago continuo de cuotas alimentarias desde la gestación.Ante la imposibilidad de acordar visitas voluntarias, Parra acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y posteriormente instauró una acción de tutela. El fallo ordenó un ciclo inicial de visitas virtuales programado para el 4 de diciembre de 2024. La diligencia no se materializó debido a que la madre no se conectó a la llamada, argumentando ante los funcionarios temores por su seguridad.Posteriormente, el 13 de marzo de 2025, el Juzgado Octavo de Familia de Cartagena fijó un régimen presencial de visitas quincenales en un centro zonal del ICBF. A pesar de la orden judicial, Parra sostuvo que las diligencias se dilataron de forma sistemática. El 28 de agosto de 2025, las partes firmaron un divorcio por mutuo acuerdo en el que se reafirmó el esquema de visitas.El único encuentro presencial entre Carlos Parra y su hijo se produjo el 13 de septiembre de 2025 en las instalaciones del ICBF en Cali, cuando el menor tenía un año, un mes y dos días de nacido. “Fue un momento mágico”, expresó Parra, quien precisó la duración del contacto: “fueron solamente 2 horas 45 o 2 horas y 40 minutos”.¿Falsificación de documentos?Doce días después del encuentro presencial, Parra recibió información que indicaba que el menor había permanecido fuera del país durante más de ocho meses sin su consentimiento. De acuerdo con las certificaciones emitidas por Migración Colombia, el niño salió del territorio nacional rumbo a España por el aeropuerto El Dorado y reingresó el 26 de agosto de 2025 por Cali.Para autorizar la salida del menor se presentó ante las autoridades migratorias una escritura pública presuntamente otorgada en la Notaría Sexta de Cartagena. Parra negó rotundamente haber firmado autorización alguna: “No es mi firma. Falsificaron mi firma. Yo nunca voy a firmar un documento donde le voy a dar la salida del país a mi hijo”.Por su parte, la notaria sexta de Cartagena, Marta Méndez, ratificó la falsedad del documento público presentado ante los controles migratorios: “Es totalmente falso. Ese año ni siquiera llegamos a este número de escrituras. Esta no es mi firma”. Méndez advirtió además sobre la proliferación de tramitadores en el centro histórico de la ciudad dedicados a la falsificación de firmas notariales para trámites de menores.Ante las irregularidades detectadas en el documento de salida, la Notaría Sexta de Cartagena y la defensa de Carlos Parra interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal en contra de Natalia Vidales. Germán Pérez, abogado penalista de la defensa de Parra, enfatizó el objetivo de las acciones legales: “No es una persecución que se está ejerciendo en contra de la señora Natalia, es la única herramienta que el señor Carlos Parra tiene hoy para defenderse de las acusaciones injustas que está haciendo la señora Natalia para evitar que el señor vea a su hijo”.En paralelo, se tramita un incidente de desacato y acciones legales por la falta de respuesta detallada de Migración Colombia respecto a los controles aplicados al momento del chequeo del menor. Asimismo, el proceso por presunta violencia intrafamiliar se encuentra en etapa de juicio oral ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena.Actualmente, al cumplirse dos años del nacimiento del menor, Carlos Parra continúa requiriendo a las autoridades judiciales el cumplimiento de los esquemas de visita decretados por los jueces de familia. Parra concluyó sobre el tiempo transcurrido lejos de su hijo: “Me he perdido de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, de su primer llanto. Me he perdido de su primer abrazo”.Natalia Vidales no accedió a conceder una entrevista al equipo de Séptimo Día, a pesar de que el programa se comunicó con ella en repetidas ocasiones para conocer su versión de los hechos.
Marelbys Meza pasó de niñera de Laura Sarabia, quien fue una de las personas más cercanas al gobierno de Gustavo Petro, a ser testigo protegido. Cuenta cómo llegó a la casa de la Entonces jefe de gabinete, por recomendación de Armando Benedetti y su esposa y del escándalo en el que terminó por la supuesta pérdida de una alta suma de dinero.
Deisy Guanaro nació hace 39 años en una vereda campesina del departamento de Casanare y, lamentablemente, su infancia quedó marcada por el conflicto armado en Colombia. Un año antes de su secuestro, grupos armados se llevaron a sus dos hermanos, quienes en ese momento tenían 13 y 14 años, y posteriormente supo que fueron asesinados. "A mí no me gusta esa palabra reclutamiento, me gusta es como es: secuestro", subrayó en entrevista con Los Informantes.Deisy Guanaro recuerda, como si hubiera sido ayer, la noche en la que fue secuestrada cuando apenas tenía 10 años: alrededor de las 9:00 p.m., una camioneta blanca de platón llegó a su vivienda y, pese a las desesperadas súplicas de su madre, los guerrilleros la subieron al vehículo a la fuerza. Las palabras de su mamá, así como la imagen de ella de rodillas en la carretera en medio de la oscuridad, se le quedaron para siempre: "No, esto es increíble. Ella no es una mujer adulta, ella es una niña, tiene 10 años, va a cumplir 11. Por Dios santísimo, no se lleven mi hija. Vióleme a mí, por favor. Vióleme a mí, yo entrego mi cuerpo, pero no se lleve mi bebé", les decía a los sujetos, que hicieron caso omiso y se la llevaron.Los horrores que vivióTras ser trasladada en un recorrido que duró varios días junto a un grupo de aproximadamente 40 niños y niñas reclutados en diversas veredas, fue llevada al campamento general del Frente 28 de las Farc. Allí le asignaron el alias de ‘Yira’ y hasta le prohibieron llorar.Antes de cumplir los 11 años y sin haberse desarrollado físicamente, fue sometida a un procedimiento médico forzado para la colocación de un anticonceptivo intrauterino conocido como la T de cobre. La agresión fue ejecutada en la montaña por dos hombres y una mujer: “Yo perdí el conocimiento, yo sentía que no podía respirar porque el dolor era en la cadera. Ella me dice: 'Colóquese los pantalones, no va a llorar y se va para su caleta'. Me desgarraron, yo siempre digo que me desgarraron no solo el útero, sino me desgarraron el alma".¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAApenas ocho días después del procedimiento, padeciendo una severa hemorragia, fue víctima de abuso sexual por parte de un combatiente de aproximadamente 50 años. Ese día, el agresor la abordó indicándole "a partir de esta noche usted va a ser mi socia" y hacia las 7:00 p.m. la llevó a su cambuche y la violentó. Además, el sujeto le tatuó su nombre en la piel para marcar la agresión: “todos los días veía ese nombre y me recordaba el daño que me habían hecho”.De los abusos al ICBF Cuenta, además, que Griselda Lobo, más conocida con el alias de Sandra Ramírez y quien luego de la firma de la paz se convirtió en senadora de la República, preparaba a las niñas para que guerrilleros cometieran todo tipo de vejámenes. Un día, “en brasier y calzones, nos dice esa señora ‘empiecen a desfilar por el lado’ donde estaban todos los borrachos drogados de los comandantes de los bloques y del secretariado en ese entonces de las Farc y, desafortunadamente, ese día me escoge a mí Pablo Catatumbo, el que ahora lo vemos como honorable congresista”, reveló agregando que no fue una sola vez, sino que este tipo de violaciones “asquerosas y humillantes” ocurrieron en varias ocasiones. Por ello, años después denunció ante la JEP a la congresista.Deisy Guanaro estuvo en las garras de las Farc desde el año 1996 hasta el 2001 y en un enfrentamiento en el que la mandaron, junto a otros niños que lamentablemente murieron, como ‘carne de cañón’ finalmente fue rescatada por el Ejército y, posteriormente, enviada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en donde le ayudaron a sanar sus heridas físicas y emocionales.Hoy, tiene tres hijos, logró reencontrase con su madre y su padre muchos años después, pero no pudo quedarse en el pueblo en el que ellos viven porque, de nuevo, la amenazaron para salir de allí. Armada de valor para enfrentarse a su pasado, su historia es la voz de mujeres que se ven reflejada en ella. 24 años después, regresó al ICBF, el lugar que fue su casa cuando logró salir de la selva, y ahora es asesora de la dirección general: “yo no quiero ver más niños reclutados, porque yo fui una niña de esas”.“Aquí el que debe sentir vergüenza es el abusador, porque ese es el secreto de los victimarios, la vergüenza de sus víctimas. Cuando uno siente vergüenza, no denuncia”, puntualizó.
El departamento de Sucre se sumió en el dolor y la indignación tras confirmarse el trágico destino de Armando Luis Rivero Manjarrés, un reconocido rector de colegio, gestor cultural, periodista y locutor de radio de 44 años. La desaparición del líder social, reportada el 12 de julio de 2024, activó una intensa búsqueda que develó un escalofriante entramado familiar. Séptimo Día conoció detalles de la investigación y habló con algunos de los señalados.James Chamorro Manjarrés, hermano del profesor, describió el profundo vacío que dejó su pérdida: "Fue prácticamente mi padre de crianza, a pesar de que él no tuvo hijo biológico. Él crio a mis hermanos, a otro primo y a mí". Asimismo, su sobrina Miriam Toscano Rivera resaltó sus valores: "Él es una persona demasiado educada, fue una persona muy recta en sus cosas y siempre quería que fuéramos así rectos y que estudiáramos".La última imagen con vida de Rivero se registró en Sincelejo, cuando salía en su camioneta gris acompañado de su hijastro, Yofran Orozco Perea, de 26 años.Al día siguiente de su desaparición, el 13 de julio la camioneta apareció incinerada en zona rural de Tuchín, Córdoba, un hallazgo que descompensó a Juana Perea, su pareja y mamá de Yofran Orozco: "Una experiencia muy horrible porque, o sea, yo nunca llegué a pensar que lo iba a encontrar así o que yo lo iba a ver así nunca mi vida".El rastreo telefónico que rompió la coartadaEl 17 de julio de 2024, cinco días después de su desaparición, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del profesor bajo un puente en el corregimiento de San Luis, Sampués. La necropsia confirmó que el docente murió tras recibir varios impactos de bala en el costado izquierdo.Entonces, la clave para resolver el crimen estuvo en el rastreo técnico de las empresas de telefonía celular. Los investigadores de la Sijín descubrieron que, a pesar de asegurar que se encontraba en su casa, el teléfono celular de Yofran Orozco arrojó actividad en el punto exacto y a la hora en que se abandonó el cadáver. Adicionalmente, el rastreo probó que el joven ya coordinaba llamadas para planificar la repartición de los bienes de su padrastro antes de confirmarse su hallazgo.Tanto el joven como su madre fueron capturados el 1 de octubre de 2024.La cruda confesión tras las rejasAunque inicialmente no aceptó los cargos ante los juzgados, Yofran Orozco terminó por confesar su autoría en una audiencia judicial: "Quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle perdón público a mi madre, a Dios; que todas las personas que participaron para su ejecución, incluyéndome, pagaremos el precio de nuestro error".Recientemente, desde la cárcel de Sincelejo, Orozco rompió el silencio ante las cámaras de Séptimo Día y detalló las motivaciones de su crimen, atribuyéndolo a supuestos abusos pasados y celos: "Es un cúmulo que se puede dar de celos, no de celos de amor, sino un cúmulo de celos, de traición, de esa situación que fue lo que ocasionó la maximización de querer matarlo".El proceso continúa en etapa de juicio y mientras él está recluido en una cárcel, su mamá quedó en libertad por vencimiento de términos, al igual que otros tres posibles implicados. Entre tanto, la familia de la víctima clama para que el caso no quede impune.
Abelardo de la Espriella cumple este lunes un mes en la presidencia de Colombia entre anuncios, guiños y polémicas, con una intensa agenda atravesada por su "mano de hierro" en el conflicto armado y su respuesta al gran terremoto que golpeó el país el 10 de agosto. Ya en su toma de posesión dio unas pinceladas de lo que iban a ser los primeros pasos del autodenominado "el tigre" al frente del Gobierno colombiano: intervención de un rabino, un pastor, y un sacerdote; presencia de destacados líderes de la ultraderecha latinoamericana; fuerte manejo de los símbolos, comunicación centralizada y un discurso ante militares dentro de un destacamento. Pero el presidente colombiano apenas tuvo tiempo para desplegar planes y promesas porque menos de tres días después de la toma de posesión debió enfrentar un terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado al menos 331 muertos y 4.519 heridos.De la Espriella mantuvo una actividad frenética en los primeros días, viajando a los lugares más afectados, reuniéndose con líderes locales, y recabando entre los empresarios locales y países amigos ayuda para la búsqueda de supervivientes y financiación para la reconstrucción. De un lado, el presidente logró mostrarse cercano, con las mangas de la camisa arremangadas, dispuesto a ayudar a los damnificados, a la vez que hábil para aunar voluntades y lograr importantes donaciones, empezando por los 26,5 millones de dólares comprometidos en total por Washington. De otro lado, De la Espriella fue criticado por lanzar balones con propaganda de su partido a un grupo de damnificados en Buenaventura y por pasar las ofertas de ayuda por un filtro ideológico, dejando fuera -por ejemplo- a un reputado equipo de rescatistas mexicanos.Casi cuatro semanas después del terremoto, De la Espriella y su Gobierno deben comenzar a aterrizar las promesas de reconstrucción y materializar la recuperación de las regiones más afectadas, algunas de ellas lastradas por un subdesarrollo endémico. Su manejo de la crisis será clave para la percepción social de su mandato. Le esperan, según cifras oficiales, 36.336 viviendas destruidas y 201.010 dañadas, así como daños en 400 centros de salud, 4.292 centros educativos, 5.600 centros comunitarios, 468 vías y 5 aeropuertos, 140 acueductos y 104 puentes, entre otros efectos del terremoto.El conflicto armadoEn la última semana, conforme descendía la emergencia inicial del terremoto, De la Espriella ha concentrado su atención -y su prolija actividad en redes sociales, por donde fluye la mayor parte de la comunicación oficial- en la confrontación de guerrillas, grupos armados y narcotraficantes. Esta semana habló de "la fuerza de las armas y de las leyes", prometió "mano de hierro" y su Gobierno avanzó la preparación de una lista terrorista que permitirá al Ejecutivo actuar con más celeridad y recursos contra los grupos armados.El propio presidente anunció que el Ejército había detenido en este primer mes a nueve criminales (miembros del Tren de Aragua, las disidencias de las Farc, el Eln y bandas armadas) y matado a cerca de 40 personas, presuntos integrantes de una disidencia de las Farc y de un grupo criminal. Además, De la Espriella aseguró este domingo que en su primer mes, las Fuerzas Armadas se han incautado de 49.379 kilos de estupefacientes y 1.485 armas de fuego, además de erradicar 1.321 hectáreas de coca.Significativamente, Presidencia envió en los últimos días a los medios dos videos en los que el presidente aparecía entre cadáveres embolsados, lo que generó una controversia a la que el mandatario parece inmune. El mensaje es de tolerancia cero.Hay más ejemplos. Desde que De la Espriella es presidente al menos seis menores han muerto en bombardeos del ejército a campamentos de distintas guerrillas, según el Instituto de Medicina Legal, víctimas en principio del reclutamiento forzoso. Pero cuando un juzgado le prohibió al Gobierno este tipo de acciones si se sospecha que puede haber menores involucrados, el Ejecutivo anunció que apelaría un "fallo absurdo e inconstitucional".También ha apelado el Gobierno la decisión de otro juzgado que le requirió pedir perdón por haber empleado en su investidura el lema "Viva Cristo Rey", frase que pone en duda la neutralidad del Estado, y desde entonces De la Espriella no acaba discurso ni mensaje en redes sociales sin repetirlo.Estados Unidos e IsraelEn el ámbito internacional destaca el alineamiento de De la Espriella con Estados Unidos, con quien Colombia ha suscrito un acuerdo en materia de seguridad que le reportará 1.000 millones de dólares en asistencia. Está previsto además que este martes De la Espriella reciba en Barranquilla al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para avanzar en la lucha contra el llamado narcoterrorismo, analizar el reparto de la ayuda tras el terremoto y estudiar cómo estrechar lazos económicos y comerciales.También se ha acercado la Colombia de De la Espriella a Israel -después de que su predecesor, Gustavo Petro, rompió relaciones tachando de genocidio la guerra en Gaza- y ha reconocido los Altos del Golán como territorio israelí. Tel Aviv, a cambio, mandó rescatistas tras el terremoto. De igual forma, Colombia ha denominado como marroquí todo el territorio del Sáhara Occidental, agradando a Rabat, otro estrecho aliado estadounidense. EFE
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Estado colombiano para que mantenga los límites establecidos por la Constitución y el derecho internacional humanitario en medio de las operaciones contra grupos armados ilegales. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó la manera en que fueron presentados públicamente los cuerpos de personas que murieron durante la Operación Azarías, desarrollada en el Guaviare.En un pronunciamiento, Marín Ortiz se refirió a las imágenes en las que el presidente de la República aparece caminando entre cuerpos ubicados en tulas blancas, después del operativo militar. Según el reporte oficial citado por la funcionaria, durante la operación murieron 23 integrantes de estructuras de alias Iván Mordisco, entre ellos algunos mandos de esa organización. Medicina Legal estableció que dos de las personas fallecidas eran menores de edad.“El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel”, manifestó la defensora, al señalar que la obligación estatal de enfrentar militarmente a los grupos armados debe cumplirse dentro de los límites constitucionales y del derecho internacional humanitario.La funcionaria aclaró que su reflexión no busca desconocer el deber de la Fuerza Pública de proteger a la población ni cuestionar por sí mismas las operaciones militares legítimas. Su preocupación está relacionada, explicó, con la manera en que el Estado ejerce el poder y comunica los resultados de sus operaciones.“Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”, dijo la defensora.Para la Defensoría, las imágenes y los símbolos utilizados por las instituciones públicas tienen relevancia porque transmiten mensajes a la sociedad sobre los valores que representa el Estado.“No deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”, señaló Marín Ortiz.La defensora recordó que Colombia lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflicto armado y criminalidad organizada, escenarios en los que la muerte de civiles y combatientes ha sido recurrente.En ese contexto, afirmó que los grupos armados ilegales pueden actuar con crueldad y desconocer las reglas básicas de humanidad, pero sostuvo que el Estado no debe responder utilizando las mismas formas. “Ese lenguaje de quienes prefieren la muerte a la vida no puede convertirse en el lenguaje del Estado”, expresó.En su pronunciamiento, la Defensoría también hizo referencia al derecho a la vida y a las restricciones que deben observar las autoridades incluso durante operaciones militares.Marín Ortiz explicó que la Constitución reconoce la vida como un derecho fundamental de aplicación inmediata y de carácter inviolable. Sin embargo, señaló que el ordenamiento jurídico contempla situaciones específicas en las que puede producirse una privación de la vida, como la legítima defensa o la baja de combatientes en determinadas circunstancias de un conflicto armado, de acuerdo con el derecho internacional humanitario.En todos los casos, sostuvo, la privación de la vida no puede ser arbitraria y debe estar sometida a criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.La funcionaria también recordó que el derecho internacional humanitario establece límites incluso durante la guerra. Entre ellos está el deber de respetar y tratar dignamente a las personas fallecidas.Por esa razón, la Defensoría señaló que una acción militar puede ser legal y necesaria, pero eso no elimina la obligación de preservar la dignidad humana.Advertencia sobre medir la seguridad por el número de bajasOtro de los puntos abordados por la defensora fue la existencia de un portal denominado “Las Bajas del Tigre”, del cual aclaró que no se ha confirmado que sea una página oficial. Según explicó, allí se registran muertos y otros resultados operacionales desde la posesión del nuevo presidente.Marín Ortiz pidió cautela frente a este tipo de indicadores y recordó que Colombia ya vivió las consecuencias de una política en la que los resultados militares eran evaluados a partir del número de bajas en combate.La defensora hizo referencia a los llamados falsos positivos, hechos que actualmente son objeto de juzgamiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La funcionaria aclaró que no estaba afirmando que los cuerpos presentados tras la Operación Azarías respondieran a esa lógica. Sin embargo, planteó la necesidad de utilizar indicadores más amplios para evaluar la seguridad.Según su planteamiento, la seguridad debería medirse también por los derechos garantizados y las vidas salvadas, especialmente las de la población civil que permanece expuesta a las acciones de grupos criminales.“El poder del Estado no se mide únicamente por su capacidad de imponerse por la fuerza, sino por los símbolos con los que se presenta ante la sociedad”, afirmó.La defensora concluyó que el Estado no necesita parecerse a los grupos armados que combate para demostrar su fortaleza. “Defender la dignidad cuando se trata de quienes consideramos adversarios es precisamente cuando demostramos que la dignidad humana es un principio y no solo una declaración en todo tiempo y lugar”, finalizó.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Dos municipios del Cauca se encuentran en el centro de la atención por acciones armadas contra la Fuerza Pública registradas de manera simultánea. De acuerdo con los reportes conocidos a esta hora, una base militar de Inzá, en el oriente del departamento, es atacada con ráfagas de fusil y explosivos, mientras que la subestación de Policía de El Carmelo, en Cajibío, fue blanco de un ataque con drones cargados con explosivos.En Inzá, los reportes preliminares de testigos indican que disidencias de las Farc estarían atacando la base militar ubicada en este municipio. La acción incluiría ráfagas de fusil y el lanzamiento de explosivos contra la unidad militar.Ante la situación, los uniformados respondieron al ataque. Hasta el momento, la información disponible no reporta un balance de personas heridas como consecuencia de estos hechos. Además, en el municipio de Cajibío se registró otra acción contra la Fuerza Pública. La subestación de Policía de El Carmelo fue atacada con drones cargados de explosivos, según los reportes conocidos.La situación vuelve a poner a la población civil en medio de acciones armadas que se desarrollan en zonas donde permanecen comunidades. Por ahora, tampoco se reportan heridos en este punto. Se espera que las autoridades brinden más información en las próximas horas.Las autoridades mantienen la atención sobre lo ocurrido en ambos municipios mientras se conocen mayores detalles de las acciones y de sus posibles afectaciones.Otros ataques contra la Fuerza PúblicaLos hechos registrados en Inzá y Cajibío se conocen apenas horas después de otros ataques contra integrantes de la Fuerza Pública en Norte de Santander, ocurridos durante la noche del viernes 4 de septiembre.En esa región, la estación de Policía del corregimiento de Guamalito, en el municipio de El Carmen, fue atacada en una acción atribuida al ELN. Las imágenes conocidas posteriormente mostraron parte de la infraestructura destruida, con el techo afectado y escombros en diferentes sectores del lugar.De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Defensa, el ataque contra Guamalito ocurrió de manera simultánea con una acción contra el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, donde está ubicado el Batallón de Infantería N.° 15 General Francisco de Paula Santander.Según la entidad, integrantes del ELN utilizaron aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos que impactaron dentro de la unidad militar. Tras el ataque, las tropas activaron los protocolos de seguridad y realizaron una maniobra para asegurar el perímetro y verificar la posible existencia de nuevas amenazas.Durante esa operación se produjo un combate de encuentro con integrantes del ELN. Como consecuencia de estos hechos murieron el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlo Marrugo Manjarrez. Además, una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana resultó afectada.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
La Fiscalía General de la Nación judicializó al teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y a los sargentos segundos Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna, señalados de, al parecer, recibir dinero de una estructura del Clan del Golfo en Antioquia a cambio de suministrar información reservada relacionada con operativos y movimientos de tropas del Ejército Nacional.De acuerdo con la investigación, los tres uniformados, quienes estuvieron adscritos al Batallón Rifles de Caucasia (Antioquia) y al Batallón de Infantería de Selva No. 48 ‘Prócer Manuel Rodríguez Torices’, en el sur de Bolívar, habrían hecho parte de una red dedicada a obtener y filtrar información estratégica sobre las acciones militares adelantadas contra esa organización criminal. Según la Fiscalía, esta estructura operó entre enero de 2022 y febrero de 2025 y contó con la intermediación de Teresa Jaramillo Giraldo, alias La Tía, quien ya fue condenada por estos hechos.Gobierno anuncia giro en estrategia contra grupos criminales: "Serán tratados como terroristas"Las pruebas contra los militaresLas pruebas recopiladas por el ente acusador indican que el 2 de enero de 2022, cuando tenía el grado de subteniente, Bravo Olaya habría recibido un millón de pesos por intermedio de un militar retirado para alertar posteriormente sobre los desplazamientos de las tropas bajo su mando en zona rural de Ayapel, Córdoba.Asimismo, la Fiscalía sostiene que Sicacha López habría aceptado pagos a cambio de compartir información relacionada con las operaciones militares en las que participaba. En el caso de Henao Luna, las autoridades lo señalan de haber recibido dinero por entregar datos privilegiados sobre los movimientos de la escuadra que comandaba, presuntamente después de recibir una llamada de un suboficial retirado el 14 de abril de 2022.Los procesados fueron capturados en operativos realizados por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional en Cali (Valle del Cauca), el corregimiento de Buenavista, en Distracción (La Guajira), y Yopal (Casanare).Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó, de acuerdo con su presunta participación en los hechos, los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado. Sicacha López aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia, mientras que Bravo Olaya y Henao Luna fueron enviados a un centro carcelario con medida de aseguramiento intramural.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
En entrevista con Noticias Caracol, la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó este lunes un alarmante diagnóstico de la crisis de derechos humanos en Colombia, fundamentado en el informe institucional titulado "Decisiones impostergables en derechos humanos". Marín advirtió sobre la expansión de los grupos armados ilegales, el uso indiscriminado de nuevas tecnologías en el conflicto, cifras históricas de cultivos ilícitos y el reclutamiento forzado de menores de edad. Sobre ese último punto, de hecho, la ONG Human Right Watch (HRW) le pidió al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que adopte medidas para acabar con el aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados -unos 1.500 desde 2021- que consta precisamente en ese informe de la Defensoría del Pueblo.El reclutamiento infantil es el aspecto más desgarrador expuesto por la defensora del Pueblo, en especial el incremento sistemático del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de todos los grupos armados. La funcionaria denunció que estas estructuras criminales están empleando redes sociales para persuadir y seducir a menores de edad ofreciéndoles bienes materiales como tenis, celulares y motocicletas. "Es otro de los indicadores más dolorosos del crecimiento de los grupos armados, que están usando de una manera sistemática menores de edad (...) También el uso de nuevos mecanismos pues para seducir a estos menores de edad, por ejemplo a través de las redes sociales, donde además les ofrecen tenis, celulares, motos y terminan persuadiéndolos".Esta situación azota severamente a las comunidades étnicas de regiones como el Cauca, donde cerca del 50% de los menores reclutados son indígenas, y al sumar a la población afrodescendiente, la cifra asciende al 56-58%. Marín denunció que muchos de estos niños son trasladados lejos de sus hogares para ser utilizados como primera línea de combate o quedar expuestos a bombardeos y alertó sobre un preocupante subregistro en las cifras oficiales. "Estamos muy convencidos de que esto no obedece a una disminución de la práctica sino a una reducción de la denuncia de parte de las comunidades -explicó la defensora-. Estamos viendo cada vez más menores de edad que mueren en combates entre los grupos, como este año en Guaviare en bombardeos en los últimos años son decenas la cantidad de niños que han muerto en bombardeos, pero el subregistro es enorme".La defensora se refirió también a otros puntos, como la expansión de grupos criminales, el uso de drones con explosivos y las alertas tempranas que emite ese organismo.De acuerdo con la radiografía de esa entidad, el panorama de seguridad en las regiones muestra dinámicas complejas e intensificadas por disputas territoriales que terminan afectando directamente a la población civil. Al analizar las causas de esta preocupante realidad, la defensora señaló que en el territorio confluyen principalmente tres factores de violencia organizada. "Colombia está en una situación bastante delicada, tiene presencia de al menos tres tipos de dinámicas : na es la herencia del paramilitarismo, que está conformada por los autodenominados Gaitanistas y los Conquistadores de la Sierra; una segunda dinámica que son las disidencias y desertores de las extintas Farc, y una tercera dinámica que es Eln principalmente, además de la criminalidad organizada", comentó Marín en este noticiero.La defensora explicó que el crecimiento de estas estructuras armadas, en especial de las disidencias y desertores de las Farc, obedece en parte a "retrasos históricos en llegar a las zonas que en su momento dejaron a través de inversión social" y al poco cumplimiento del acuerdo de paz. De igual forma, destacó que el grupo con mayor expansión territorial actualmente es el Clan del Golfo (autodenominados Gaitanistas), una organización dedicada a economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y la extorsión. Estas disputas y luchas por el control han disparado las cifras de masacres en el país, convirtiendo al presente año en el de mayor cantidad de estos eventos violentos desde 2018.Una de las mutaciones más alarmantes en los métodos de combate de los grupos armados ilegales es el uso creciente de tecnologías no tripuladas, específicamente drones cargados con explosivos, los cuales han generado desplazamientos y zozobra en regiones como el Cauca, Catatumbo y Antioquia.Frente a esta letal estrategia, Marín fue enfática al exigir el cese inmediato de su uso y condenar estas acciones de cara al derecho internacional humanitario. "Hay una obligación de los grupos armados de no usar estos artefactos explosivos que muchas veces se dirigen de manera indiscriminada y se causan daños a la población civil. Este es un crimen de guerra, nosotros lo hemos manifestado así en diferentes oportunidades", alertó la defensora en Noticias Caracol. De igual forma, instó a que la fuerza pública fortalezca e implemente de manera prioritaria tecnologías antidrones para salvaguardar a las comunidades atrapadas en medio de las hostilidades.Por otro lado, con un registro que supera las 261.000 hectáreas de cultivos de coca en el país, la Defensoría reconoce que los cultivos de uso ilícito constituyen un pilar clave del conflicto armado. Al ser consultada sobre la propuesta gubernamental de realizar aspersiones aéreas mediante bioderbicidas de alta generación, la defensora llamó a la precaución, la transparencia y al estricto cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Al respecto, la funcionaria expuso la ruta que el Gobierno debe seguir si decide emplear este mecanismo. "Si se va a acudir a la erradicación forzada por diferentes formas, por ejemplo la versión aérea tiene que agotarse primero tras vías y también hacer pública y transparente cuál es esa sustancia para garantizar que no vaya a generar daños a la salud y seguir la jurisprudencia de la Corte Constitucional", afirmó.No obstante, Marín subrayó la necesidad de entender este fenómeno como una profunda problemática social: "Los campesinos y las campesinas en estas zonas del territorio requieren alternativas que sean sostenibles para su economía y la erradicación es un primer paso pero es insuficiente para realmente resolver el problema de fondo".Actualmente, el organismo mantiene vigentes 120 alertas tempranas en Colombia, incluyendo una reciente alerta emitida para la capital del Cauca, en Popayán, debido a la amenaza y presencia de grupos al margen de la ley tanto en zonas rurales como urbanas. No obstante, la funcionaria criticó la falta de efectividad práctica del Estado frente a estas advertencias. Aunque el sistema de indicadores de la Defensoría muestra que aproximadamente el 50% de las recomendaciones técnicas de las alertas se cumplen, Marín advirtió que la calidad de esta respuesta gubernamental es limitada y superficial. "Muchas veces las acciones que más se cumplen son las de hacer reuniones o sacar directivas pero no las que tienen un impacto más digamos práctico operacional y dinámico en el territorio", detalló la defensora, quien en entrevista con Noticias Caracol propuso también coordinar una articulación intersectorial de alto nivel con el Ministerio del Interior para que las acciones estatales protejan estratégicamente a la población antes de que se consumen los riesgos advertidos.NOTICIAS CARACOL
La ONG Human Right Watch (HRW) ha pedido al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que adopte medidas para acabar con el aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados en el país -unos 1.500 desde 2021- que consta en un informe hecho público este lunes a partir de datos de la Defensoría del Pueblo.El documento, titulado "Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá", establece que las cifras oficiales disponibles indican un fuerte aumento de casos desde 2023 y que los grupos armados disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están detrás de la gran mayoría de los casos denunciados."Los grupos armados en Colombia están reclutando niños con impunidad, ya que los sistemas de protección están fallando y las redes sociales se han convertido en un medio de reclutamiento más eficaz", dice en el reporte Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, que añade que "cada niño reclutado es un indicio del fracaso del gobierno".HRW pide al flamante Ejecutivo de 'El tigre' que fortalezca la política pública sobre prevención del reclutamiento de menores, asegure un presupuesto suficiente y refuerce la coordinación institucional y los sistemas de control y alerta temprana.La ONG también pide ayuda en Colombia al Congreso, a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo, a los operadores de redes sociales y a los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y de países europeos.Perfil de los niños reclutadosEntre 2020 y 2025, los grupos armados reclutaron con mayor frecuencia a niños de entre 15 y 16 años, muestran datos de la Oficina de la Defensoría del Pueblo que recoge el informe.Según el Ministerio de Defensa, entre enero de 2016 y octubre de 2025 la edad media de reclutamiento fue 15 años tanto para niños como para niñas.Sin embargo, más del 30 % de los casos reportados involucraron a niños de entre 10 y 14 años y los funcionarios de protección infantil informaron a HRW de que han tenido conocimiento de un número creciente de niños más pequeños reclutados, incluyendo algunos de tan solo 9 o 10 años.La ONG denuncia que, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el reclutamiento de menores de 15 años puede considerarse un crimen de guerra.La Defensoría del Pueblo estima que, de media, el 60 % de los niños reclutados entre 2020 y 2025 eran varones y el 40 % eran niñas, aunque desde 2021 la proporción de niñas ha ido en aumento.Además, el reclutamiento infantil afecta de manera especial a las comunidades indígenas, ya que casi cinco de cada diez casos entre 2021 y 2025 correspondían a niños de estos colectivos.Métodos de reclutamientoHRW detalla en el informe que "los grupos armados y criminales se han aprovechado de la pobreza, la exclusión social y las barreras a la educación para reclutar niños con promesas de poder, dinero y prestigio" y que en los últimos tiempos han comenzado a usar cada vez más las redes sociales para las captaciones.Según la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo de justicia transicional para el conflicto armado en Colombia, casi la mitad (el 44 %) de los niños reclutados en 2025 lo fueron a través de redes o plataformas como TikTok y Facebook.El informe relata que lo más habitual es alejar a los menores de sus zonas de origen para evitar fugas y romper los lazos con sus familias y entornos.Además, detalla las labores que se les encargan: los niños son utilizados para el manejo de drones y la participación en combate, mientras que las niñas están particularmente expuestas a la violencia sexual.HRW realizó 184 entrevistas con funcionarios gubernamentales, trabajadores humanitarios, líderes indígenas y comunitarios, miembros de organizaciones de derechos humanos y de la infancia, y funcionarios estatales colombianos de protección infantil para realizar el informe. EFE
13 cuerpos más fueron encontrados en un cementerio de Pitalito, Huila, en un trabajo conjunto entre 10 integrantes de la fuerza pública, imputados por asesinatos y desapariciones forzadas, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Con este hallazgo, ya serían 54 cuerpos de personas no identificadas recuperados en el camposanto. Los comparecientes, que ya reconocieron su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), participaron en las labores que permitieron la recuperación de los restos que estaban en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito.La información fue dada a conocer por la JEP, que explicó que los comparecientes apoyaron la cuarta fase de intervención forense liderada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), desarrollada entre el 10 y el 19 de junio como parte de las acciones para esclarecer el paradero de víctimas del conflicto armado. Según los expedientes que señalaron este lugar como uno de interés, las personas que reposan allí provenían de municipios del sur del Huila como Acevedo, Suaza, Timaná, Palestina, San Agustín, Isnos, Pitalito, Oporapa, Saladoblanco, Tarqui y La Plata, así como de Puracé (Coconuco) y Santa Rosa, en Cauca.De acuerdo con la JEP, el apoyo de los comparecientes fue clave para adecuar el terreno donde trabajó el equipo forense. Los militares retiraron 15 toneladas de guadua, una labor necesaria para limpiar y preparar el área de excavación. La jurisdicción señaló que las labores se realizaron en condiciones complejas, debido a la densa vegetación y a las características del suelo. Durante toda la intervención, los comparecientes permanecieron bajo restricción efectiva de derechos y libertades, con monitoreo y verificación permanente por parte de la JEP.Tres cuerpos tienen orientación de identidadEntre los 13 cuerpos recuperados durante esta cuarta fase, tres cuentan con orientación de identidad, lo que significa que la información recopilada hasta ahora permite formular una hipótesis sólida sobre quiénes podrían ser las víctimas. No obstante, esa información deberá ser confirmada mediante los procedimientos forenses correspondientes.La JEP indicó que los trabajos realizados por los comparecientes fueron voluntarios y anticipados, por lo que podrán ser valorados por el Tribunal para la Paz como parte del cumplimiento anticipado de la sanción propia que eventualmente les sea impuesta cuando se profiera la sentencia.Según el balance entregado por la Jurisdicción Especial para la Paz, de los 54 cuerpos recuperados en el cementerio San Antonio de Padua, nueve personas ya han sido identificadas y entregadas dignamente a sus familiares. Las entregas se han realizado a familias de los departamentos de Huila, Caquetá, Cauca, Putumayo, Cesar y Valle del Cauca, en el marco de los esfuerzos de búsqueda humanitaria para esclarecer casos de desaparición ocurridos durante el conflicto armado.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
En redes sociales surgió una polémica a raíz de un video en el que se ve a alias Bendito Menor, presunto cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, paseando entre una caravana de motos por las calles de Riohacha. La acción fue calificada por muchos como un desafío a la autoridad, y es que este es uno de los criminales más buscados en el Caribe colombiano.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Identificado como Naín Andrés Pérez Toncel, es señalado como uno de los comandantes paramilitares de este grupo, que vive en constante disputa con el Clan del Golfo. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos. Las Ascn se mueven sobre todo entre los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y hasta Norte de Santander, esto después de un repliegue del Clan del Golfo.Alias Bendito Menor reapareció para celebrar en las calles poco después de la victoria de la Selección Colombia en el partido contra Ghana, según confirmaron las autoridades a Noticias Caracol. En un video grabado por uno de sus cómplices, se le puede ver a Pérez Toncel encabezando una caravana de aproximadamente 20 personas a bordo de motocicletas que transitaron por las calles de Riohacha, La Guajira. Las autoridades confirmaron que, en efecto, se trataba de este jefe criminal después de comparar los tatuajes en sus brazos. Al cabecilla se le observa en compañía de una mujer, quien sería su pareja sentimental, identificada como alias “Bebecita”.“Bendito Menor” tiene cuentas abiertas en redes sociales, donde publica videos ostentando dinero y armas. De allí surgió el video que ha causado polémica. Según Insight Crime, las Ascn controlan corredores del narcotráfico y dirigen redes de extorsión. Pérez, por su parte, es señalado de homicidio, según el boletín de la Policía Nacional.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
El Tribunal Administrativo de Antioquia emitió un auto por el cual le ordena a la Presidencia de la República y a los ministerios de Defensa e Interior que diseñen e implementen un plan urgente para proteger a la población de Briceño, Antioquia; un municipio que ha estado expuesto a enfrentamientos entre grupos ilegales y hechos de violencia, como el asesinato del periodista Mateo Pérez. El plazo otorgado por el alto tribunal al Gobierno nacional es de 30 días.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Esta decisión surgió a partir de una acción popular que fue interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, la cual sigue pendiente de una decisión de fondo. El departamento de Antioquia entró al proceso para respaldar esta causa con el propósito de solicitar las medidas cautelares urgentes que están destinadas a proteger a la población de Briceño ante lo que ha sido identificado como una grave crisis humanitaria y de orden público. Y es que el contexto que enfrenta el municipio fue evidenciado por la Defensoría del Pueblo, que emitió la alerta temprana de 019 de 2025, en la que advierte sobre los riesgos inminentes que pesan sobre este territorio.(Le puede interesar: JEP entrega restos de víctimas desaparecidas hace más de 25 años: avance en el esclarecimiento)La violencia que vive la gente en Briceño, Antioquia: “Presiones directas sobre los civiles”En el documento de la Defensoría queda consignado que el mismo fue emitido por los graves riesgos de violaciones de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, derivados de la confrontación armada entre el Frente 36 del Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de los Bloques y el Frente (EMBF), grupo disidente de las extintas FARC-EP, y las autodenominadas ‘Guerrillas Campesinas Los Cabuyos’; así como la exacerbación de las confrontaciones entre el Frente 36 y el Clan del Golfo. Y es que los enfrentamientos entre estos grupos, que toman lugar en zona rural y urbana, están implicando “presiones directas sobre los civiles”.La problemática a raíz de este contexto violento ha sido tal, que en un informe de la Oficina de las Naciones Unidas que fue emitido en mayo de 2026 hay referencia directa sobre las consecuencias del conflicto en Briceño, que desembocan en desplazamientos forzados masivos recurrentes, confinamientos, restricciones a la movilidad, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, presencia de artefactos explosivos y ataques a bienes civiles. El Tribunal en su decisión señala que los argumentos que originaron la alerta no han sido superados, sino que las condiciones de riesgo persisten.Lo que debe hacer el Gobierno nacional en un plazo de 30 díasCon el auto del Tribunal Administrativo, Presidencia y los ministerios de Defensa e Interior contarán con un plazo máximo de 30 días siguientes a la ejecutoria de la decisión para diseñar e implementar un plan transitorio de intervención urgente en el municipio de Briceño, teniendo en cuenta la alerta emitida por la Defensoría. Además, cuentan con 10 días hábiles para remitir al municipio “el número de activos necesarios” del Ejército y Policía Nacional para contener “la peligrosidad de la región”. Otra medida ordenada es que se conforme un Consejo de Seguridad extraordinario, de manera temporal y hasta que culmine el proceso, que tendrá la misión de hacer un plan de protección.Dentro de 15 días hábiles, el despacho del tribunal deberá ser informado por diferentes entidades si cumplieron con las recomendaciones hechas en la alerta de la Defensoría y deberán decir todo lo que se haya hecho hasta entonces.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó a sus familias los restos de tres víctimas de desaparición forzada, recuperados en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, más de dos décadas después de que desaparecieran durante el conflicto armado, informó este sábado la entidad.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)La JEP explicó que los cuerpos fueron ubicados en zonas rurales del corregimiento de San José de Apartadó, "gracias a información suministrada por integrantes de las extintas FARC en versiones voluntarias y diligencias judiciales realizadas dentro del Caso 04", que investiga los crímenes cometidos durante el conflicto en la subregión de Urabá.¿Qué se sabe de los restos de las víctimas?Las víctimas fueron identificadas como Luis Eduardo Aguirre, agricultor y líder comunitario desaparecido el 10 de julio de 2001; Humberto Palacios Palacios, trabajador del campo dedicado al aserrío de madera, desaparecido el 19 de octubre de 2000, y una tercera persona cuya identidad permanece bajo reserva por decisión de la jurisdicción. Los restos fueron entregados a sus familiares el pasado 12 de junio.Según la JEP, la recuperación de los cuerpos fue resultado de labores de contrastación, inspecciones judiciales y verificaciones en terreno adelantadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF). Mientras que la identificación fue posible mediante análisis antropológicos y cotejos genéticos realizados junto con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y los familiares de las víctimas.La jurisdicción señaló que estas entregas constituyen un avance en el esclarecimiento de desapariciones forzadas ocurridas en Urabá y reflejan la importancia de los aportes de verdad realizados por excombatientes sometidos a ese tribunal para localizar a personas desaparecidas durante el conflicto armado.AGENCIA EFEEDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
James Rodríguez todavía no ha debutado oficialmente con Atlético Nacional, pero ya empieza a dejar destellos de la calidad que ilusiona a los hinchas del conjunto antioqueño.Durante uno de los entrenamientos del equipo, el mediocampista colombiano protagonizó una gran jugada que rápidamente se hizo viral en redes sociales. James se hizo cargo de una pelota quieta y, con la precisión que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera, puso un centro para Cristian ‘Chicho’ Arango, quien terminó definiendo la acción con gol.La asistencia generó numerosos comentarios entre los aficionados, que destacaron la visión de juego y la calidad técnica del '10' colombiano.James Rodríguez llegó a Atlético Nacional como el fichaje más importante del segundo semestre del fútbol colombiano y la expectativa por verlo nuevamente en competencia no deja de crecer.Mientras espera su debut con la camiseta verdolaga, el volante continúa trabajando con el grupo y dejando señales de lo que puede aportar dentro del terreno de juego.Vea la asistencia de James Rodríguez en un entrenamiento de Atlético Nacional
La llegada de Shakira a Madrid ha puesto nuevamente sobre la mesa un concepto que cada vez tiene mayor presencia en la industria musical: las residencias artísticas. La cantante colombiana se prepara para ofrecer 12 conciertos en la capital española, pero, más allá del número de presentaciones, el formato tiene una característica particular.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATADe acuerdo con el experto en música Pablito Wilson, en diálogo con Noticias Caracol, una residencia puede entenderse, en términos sencillos. “En términos cortos y tal vez no tan precisos es cuando un artista elige un lugar para hacer muchos conciertos de un solo tirón”, explicó Wilson.¿En qué se diferencia de una gira?Una de las principales diferencias está precisamente en la concentración de las presentaciones. Mientras una gira tradicional implica que el artista se desplace por diferentes ciudades y escenarios, una residencia reúne varias fechas en un mismo destino.Este formato ha ganado notoriedad en los últimos años. Wilson recordó que se comenzó a hablar ampliamente de este concepto a raíz de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, que tuvo más de 20 conciertos. Posteriormente, otros artistas, entre ellos Ricardo Arjona y ahora Shakira, han recurrido a este modelo.Sin embargo, una residencia no necesariamente tiene que limitarse a repetir un concierto durante varias fechas. La propuesta puede incorporar elementos propios que conviertan el espectáculo en una experiencia particular.¿Qué tiene de novedoso la residencia de Shakira?En el caso de Shakira, la residencia en Madrid contempla 12 conciertos y se desarrolla en un espacio concebido alrededor de la propuesta de la artista. El espectáculo tendrá lugar en el Macondo Park, un espacio de 30 hectáreas que, además de los conciertos, contará con una biblioteca, un taller de moda, espacios gastronómicos y una zona infantil.La propia Shakira explicó que su intención era crear un lugar en el que los asistentes pudieran acercarse a diferentes expresiones de la cultura latinoamericana. “Fue mi deseo el armar todo un lugar en donde podamos reconocernos mutuamente, un lugar en el que se pueda recorrer nuestra cultura latina rodeado de arte, de cine, de gastronomía”, señaló la cantante.De esta manera, la propuesta busca integrar música, arte, gastronomía, literatura y otras expresiones culturales en un mismo espacio.Un escenario construido para ShakiraOtro de los elementos que diferencia esta residencia, según el análisis de Pablito Wilson, es la construcción de un escenario exclusivo para las presentaciones de la colombiana.El experto señaló que, en otros casos de residencias, los artistas han utilizado escenarios que ya existían, mientras que en el caso de Shakira se construyó un espacio específicamente para sus conciertos.Para Wilson, esto representa una característica poco común dentro de este tipo de espectáculos y permite al artista incorporar elementos propios al formato.La llegada de Shakira a Madrid está acompañada por una representación del Carnaval de Barranquilla. Un total de 130 bailarines, músicos y cantantes viajaron hasta España para participar en el espectáculo, llevando parte de las manifestaciones culturales de la ciudad natal de la cantante.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Las últimas imágenes que se conocieron de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, se volvieron tema de conversación después de que se viera a la creadora de contenido esposada de pies y manos llegando a la ciudad de Ibagué, a donde fue trasladada. Wendy Herrera, abogada de Rojas, se refirió a su traslado y, además, le pidió a Abelardo de la Espriella revisar el caso “con lupa”.La defensora indicó a través de sus redes sociales que la influencer de 30 años se encontraba cumpliendo una cita médica y que “el hecho de que Daneidy esté condenada no quiere decir que ella haya perdido sus derechos fundamentales como el respeto a la dignidad humana y también que no ser objeto de una desigualdad en el trato y, además de eso, ser sometida a un trato desproporcional”.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEpa Colombia "ya pa´go y reparó el daño": abogadaAgregó Herrera que “hoy estamos trabajando para la detención domiciliaria y lo estamos haciendo como la ley así lo indica porque estamos ajustados en derecho y sé que la ley premia y la ley va a permitirle a ella que, en derecho, vaya a su casa y pague la condena que tiene por cumplir. También informo que Daneidy ya pagó y reparó el daño y no es merecedora del trato que le están dando tan desproporcional. Señor presidente, revise con lupa el caso de Daneidy Barrera Rojas. Se lo pido”.Finalmente, en su mensaje a Abelardo de la Espriella, la abogada señaló que “revise con mucho detenimiento quiénes son los que están allí privados de la libertad con muchos beneficios en la Estación de Carabineros. Revise con lupa, señor presidente. Lo invito a que con lupa revise quiénes son los que están en la Estación de Carabineros y qué fue lo que pasó con la Epa Colombia. Quiero decirle, señor presidente, que voy a recobrar la libertad de Daneidy Barrera”.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
Las labores de rescate para llegar al punto donde se avistó lo que serían los restos de la aeronave desaparecida en Chocó desde el domingo 13 de septiembre en la mañana, se retomarían el martes. "Los equipos de rescate lograron la localización precisa del sitio de impacto de la aeronave Cessna T206, de matrícula HK4985, siniestrada en una zona de alta montaña de difícil acceso", informó la división de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil en un comunicado. Imágenes compartidas por la Fuerza Aeroespacial muestran restos de fuselaje en una escarpada montaña, que tienen "indicios" de pertenecer a la avioneta, pero las autoridades no informaron si hay sobrevivientes. ¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAPor otro lado, las autoridades evalúan "las condiciones meteorológicas y topográficas" para "iniciar las maniobras de salvamento y recuperación" de los ocupantes, precisa el comunicado de la Aeronáutica Civil. Un equipo de bomberos alcanzó a llegar a 36km de distancia, vía terrestre, pero se les ordenó retornar.“Llevaban esperanza”La Patrulla Aérea Civil Colombiana, Colmédica y la Clínica del Country, entidades con las que trabajaba la misión médica, se pronunciaron sobre la situación de sus compañeros y voluntarios y el momento que atraviesan, ya que “nos duele profundamente que una jornada concebida para servir y llevar esperanza, hoy nos tenga en esta incertidumbre. Hasta ahora, no contamos con información confirmada sobre el estado de nuestros compañeros y voluntarios que se encontraban a bordo de la aeronave. Nuestra prioridad absoluta está con ellos, sus familias y todas las personas que hacen parte de nuestra comunidad”.María Victoria Guzmán, Sandy García, Julissa Figueredo y Perla Álvarez, que viajaban con el piloto Mehmet Canyaka, brindaban “atención a cerca de 600 personas en una de las zonas afectadas” por el terremoto del 10 de agosto que devastó regiones en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. Destacan que esta misión “hacía parte de una iniciativa de responsabilidad social que se ha desarrollado conjuntamente durante más de diez años, llevando servicios de salud a comunidades vulnerables”. (Lea también: ¿Quiénes son las ocupantes que viajaban en la aeronave desaparecida en Chocó? Estos son sus nombres)“Permanecemos atentos a la evolución de la situación, acompañando a sus familias y confiando en que los esfuerzos de las autoridades y organismos de búsqueda permitan tener noticias favorables. Agradecemos a las autoridades, organismos de socorro y a todas las personas que participan en las labores de búsqueda y atención, así como a quienes nos han acompañado con sus mensajes de solidaridad, oración y esperanza”, finalizaron.De acuerdo con la Fuerza Aeroespacial, "se realizó la búsqueda de la aeronave sobre la vereda (aldea) Oscordó, Pueblo Rico, Risaralda. Aproximadamente sobre las 7:30 a.m. nuestra aeronave UH-60 Black Hawk localizó en inmediaciones al Parque Nacional Natural Tatamá, indicios correspondientes a la aeronave".NOTICIAS CARACOL
La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) informó que sigue de manera puntual al fútbol profesional en México por posibles prácticas monopólicas y anticompetitivas reportadas por medios de comunicación y aficionados."Tras analizar los eventos ocurridos en los últimos meses, la Autoridad Investigadora determinó que cuenta con indicios suficientes para abrir formalmente una investigación de oficio por posibles prácticas monopólicas en el mercado de fútbol profesional en México. Hoy se publicó el acuerdo de inicio correspondiente", escribió la CNA a través de un comunicado.La Comisión Nacional Antimonopolio, creada como tal en 2025, es el organismo del Gobierno de México encargado de vigilar que las empresas compitan de forma justa y encargada de castigar a los monopolios.Entre los antecedentes que sigue la CNA está la sanción que en 2021 la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emitió contra los equipos de la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por prácticas monopólicas.En aquella ocasión, la Liga y la FMF recibieron una multa de la Cofece, predecesora de la CNA, por 177.6 millones de pesos (más de 8.8 millones de dólares de aquel momento).En el comunicado compartido por la CNA se menciona que investigará conductas que tienen que ver con abusos de poder de mercado que afecten la competencia financiera de este deporte en el país, al tiempo que enunció las posibles sanciones a las podrían hacerse merecedores los organismos implicados."El inicio de esta investigación no prejuzga sobre la existencia de una práctica monopólica. En caso de que, tras el procedimiento de investigación y, en su caso, el procedimiento subsecuente, se acredite la responsabilidad de algún agente económico, el Pleno de la CNA puede imponer sanciones de hasta el 10 por ciento de sus ingresos anuales y ordenar la corrección o supresión de la práctica anticompetitiva", concluyó el escrito de la CNA.Según datos de la Comisión Nacional Antimonopolio, México es el segundo país del mundo con más aficionados al fútbol; moviliza aproximadamente 250.000 personas cada fin de semana.Para muestra, la final de la Copa del Mundo 2026 tuvo solo en este país una audiencia estimada de más de 30.5 millones de personas.