Las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta de denuncia para casos de maltrato animal en Colombia y el mundo. Videos sin censura han dejado en evidencia a maltratadores de animales que, en el peor de los casos, son dueños o trabajadores de guarderías o fundaciones caninas que deberían velar por el bienestar de estos animales.Según la ley colombiana, el maltrato animal está tipificado como un delito y puede dar penas de prisión de 12 a 36 meses a quien cause la muerte o lesiones a animales. Séptimo Día conoció las denuncias de varias personas contra lugares que supuestamente velan por el bienestar de mascotas y animales rescatados, pero cuyas condiciones supondrían realmente maltrato para estos.Denuncian maltrato en fundación de animalesA través de videos, animalistas y voluntarios han denunciado a la fundación Rufo Salvando Vidas, la cual tiene sede en Suba, en el norte de Bogotá, y asegura ser un espacio en el que se rescatan perros y se promueve el apadrinamiento y adopción de estos, por el aparente mal estado en el que viven los animales dentro de su predio. Uno de los videos más llamativo en las plataformas digitales muestra el momento en el que, aparentemente, un perro se está "comiendo" a otro que murió en el lugar.El video en cuestión fue publicado por Julio Triviño, un hombre que aseguró haber evidenciado el mal estado en el que viven los perros que están en la fundación. "El video se realizó porque acompañé a mi hijo a unas de las canchas de fútbol que está ubicada cerca a esta fundación y lo graba un papá que estuvo ahí en un partido. Cuando lo publiqué la señora trata de explicarme por qué el perro se comió al otro perro. Dice que colgaron un perro porque se había muerto una noche antes y el otro lo alcanzó. Entonces sí hay un problema administrativo", explicó.La señora a la que se refiere Triviño es Andrea Clavijo, quien es la representante de la fundación y, según datos de los denunciantes y de las redes sociales del lugar, tiene en su poder a más de 100 caninos, entre ellos algunos con discapacidades. La mujer, ante las cámaras de Séptimo Día, negó las acusaciones que surgieron por el video de Triviño y las que surgieron hace un año cuando varios voluntarios acudieron al lugar en medio de una inundación que sufrieron en sus instalaciones, ubicadas cerca de un complejo deportivo.Las otras denuncias las realizaron Camilo Jaramillo, Paola Andrea Pinzón y Sandra Silvera Ortíz, quienes acudieron como voluntarios y aseguraron encontrarse con un panorama desolador. Los voluntarios aseguraron que al llegar notaron que muchos de los caninos estaban "desnutridos y deshidratados" y otros que al parecer pasaban "encadenados las 24 horas del día". Sandra Silvera detalló que "como era un terreno fangoso, llevamos materiales para meter tubería y estibas para que los animales no estuvieran en el barro, pero lo que nos encontramos fue animales tomando agua de sus heces, animales cuyas uñas estaban destruidas por los hongos. Vimos que no había alimento, pese a que la semana anterior habíamos llevado dos toneladas".También señalaron que vieron a Andrea Clavijo golpear a uno de los caninos mientras estaba allí. "Esas son mentiras, ellos hicieron un video y se dan cuenta que los perros se iban a agarrar, yo me agaché y le di [una palmada] en la boca a la perra, no le hice más", señaló la representante de la fundación y agregó que en el lugar tampoco hay espacio para almacenar tanta comida, por lo que en esa ocasión decidieron llevarla hasta la casa de otro voluntario.Por su parte, la voluntaria Paola Andrea Pinzón señaló que ese día se conmovió particularmente por el estado de desnutrición en el que encontró a Valeria, una perra criolla a la que decidió adoptar y Sandra Silvera agregó que otros perros en mal estado fueron trasladados a otros hogares y recibieron atención veterinaria. Pero Clavijo negó que los voluntarios hayan sacado animales en mal estado de su fundación. "Lo que se llevaron fue perros de raza porque los vieron bonitos, gordos y en buen estado", aseguró.¿Qué hacen las autoridades con estos casos?En Bogotá, la autoridad para estos casos es el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Séptimo Día llevó ante el director Antonio Hernández las denuncias contra la fundación Rufo Salvando Vidas para establecer si tenían conocimiento sobre esta situación. Hernández indicó que las quejas que han recibido al respecto "tienen que ver con el espacio no es el más adecuado, son muchos animales y muchos presentan un estado de salud que no es el mejor".El director del IDPYBA detalló que tras las denuncias fueron a la fundación para verificar la situación y, en ese momento, "encontramos seis animales que ella entregó porque se dio cuenta que no tenía las condiciones ni las capacidades para brindarles protección. [Esto] puede representarse como maltrato". A pesar de esto, la fundación sigue operando y manteniendo a decenas de perros en su poder en condiciones que no son las más apropiadas para garantizar su bienestar.Andrea Padilla, senadora reconocida por su activismo animal explicó que "maltrato animal es toda conducta que vulnere el bienestar de un ser sintiente, no solamente es el golpe, es el maltrato por acción, también por negligencia, el hacinamiento también es maltrato". Agregó que, en este tipo de situaciones, lo que se debe hacer es "intervenir con una oferta social y apoyar a esta persona. La Alcaldía debería hacerse responsable".Sin embargo, Antonio Hernández explicó que el motivo por el que como autoridades no le han quitado los animales a la fundación Rufo Salvando Vidas es "porque nosotros consideramos que de nada sirve quitar animales cuando están en un lugar en el cual tienen resguardo, alimentación y cuidado. Lo que hay que buscar es mejorar las condiciones de este tipo de lugares. Si una persona de estas maltrata, no genera condiciones seguras para el animal, tenemos que intervenir".Los voluntarios y animalistas siguen esperando que sus denuncian tengan un efecto definitivo para garantizar la mejora de condiciones de los animales que permanecen en la fundación Rufo Salvando Vidas, mientras esta sigue operando y recibiendo donaciones.
El propósito de vida de Jaqueline Rivera, diseñadora y madre de dos hijos, cambió en febrero de 2018, cuando Camilo Rodríguez acabó con la vida de su hija Tamara Rivera, de tan solo 18 años, y escapó de las autoridades. Jaqueline le prometió a su hija, el mismo día que se llevó a cabo su funeral, que no descansaría hasta encontrar a su feminicida y llevarlo a responder por su crimen, además le aseguro que lo haría en menos de un año.La tarea no era sencilla, al hombre parecía que se lo había tragado la tierra. Pero aunque ella desconocía su paradero, no se rindió y pasó meses siguiéndole el rastro con publicaciones en redes sociales, hablando con personas que lo habían visto y recopilando información sobre su nuevo estilo de vida. Y lo logró, en enero de 2019, gracias a toda la labor de inteligencia que ella realizó sin conocimiento alguno, pero con el poder del amor maternal, llevó a las autoridades a detenerlo en otro país.Jaqueline Rivera no confiaba en el novio de su hija"Ella era muy alegre, súper espontánea, de esas personas que todo lo resuelve, decía 'yo puedo, yo lo hago'. Esa niña llena de energía soñaba con aprender muchos idiomas y viajar por el mundo". Así recuerda Jaqueline a su hija Tamara o 'Tammy', una joven a la que se le acabaron los sueños con sus 18 años recién cumplidos, luego de que el hombre con el que había sostenido una tormentosa relación la asesinara en su casa en Cali.El responsable fue Camilo Rodríguez, un hombre seis años mayor que Tamara que se dedicaba a manejar Uber en la ciudad y se había ganado la confianza de la joven hasta el punto de empezar una relación amorosa. Cuando Tamara se lo presentó a su mamá, ella le dijo que no le daba confianza, algo extraño porque Jaqueline asegura que "a mí no me cae mal nadie". Sin embargo, sus dudas no hicieron mayor peso y el noviazgo continuó, pero a los cuatro meses notó que algo estaba mal con su hija. Jaqueline Rivera confirmó sus sospechas, Camilo maltrataba a Tamara, y por eso la llevó a interponer una denuncia. A pesar del proceso legal iniciado, Tamara decidió volver con él y con el tiempo también regresaron los golpes, en total lo demandaron por agresión y violencia de género tres veces. Camilo no solo maltrataba y manipulaba a Tamara, quien sentía que no podía salir de esa relación, sino que también llamaba a Jaqueline para amenazarla por haberlo denunciado.Así ocurrió hasta que, finalmente, Tammy decidió dar por terminada definitivamente su relación con Camilo. Ante el temor de que el hombre regresara a la vida de su hija, Jaqueline tomó la decisión de cambiarse de casa y, en medio de eso, recibieron una noticia que les dio alivio. Camilo llamó a su hija para despedirse. "Le dice: 'Me voy para Bogotá, lo siento, la embarré contigo y no puedo estar acá', y se fue en enero"; pero todo era una farsa.Unas semanas después, el 22 de febrero de 2018, cuando se suponía que Camilo Rodríguez ya no estaba viviendo en Cali, Tamara le avisó a su mamá que saldría a la calle a hacer una diligencia, pero nunca más regreso. "Yo sentí que se me oprimía el pecho, había algo que me decía que algo pasó", recordó Jaqueline Rivera ese día, cuando salió corriendo en busca de su hija presintiendo que lo peor había pasado."Cuando llegué metí la llave y esa reja se abrió, miré al piso y encontré la pulsera de ella. Corrí al patio, miré por la ventana y la vi en el suelo. La toqué y estaba fría, eso es duro porque usted queda como en una burbuja, yo salí corriendo a un CAI cerca y les grité: 'mi hija está muerta, Camilo la mató'", detalló.Así fue la cacería del feminicida de su hijaLa muerte de Tamara Rivera en Cali empezó a ser investigada por las autoridades en Cali, con Camilo Rodríguez como principal sospechoso ante los señalamientos de la madre de la víctima. Sin embargo, se desconocía el paradero del sujeto que semanas atrás les había dicho que se mudaría a Bogotá. Días más tarde se llevó a cabo el funeral de la joven y su mamá decidió convertirse en una especie de investigadora judicial, para honrar la vida de su hija. "Le hice una promesa y le dije que se la iba a cumplir. Que yo iba a encontrar a Camilo y que lo iba a encontrar antes de un año, costara lo que me costara. Y se volvió mi obsesión. Aprendí a saber cómo escribía, a saber cómo se expresaba. Empecé a analizarlo cuadro a cuadro".En medio de su dolor, y mientras pensaba cómo iniciar su búsqueda, Camilo Rodríguez tuvo la sangre fría de llamarla y hacerle parecer que él no estaba enterado de la muerte de Tamara. Por recomendación de los investigadores, Jaqueline tuvo que hacer de tripas corazón y hablar con él como si nada hubiera pasado. "Me dice: 'Hace rato no hablo con Tammy ¿ella dónde estará? Tammy no me contesta y me parece muy raro, y yo estoy preocupado porque ella ha estado saliendo con un tipo que es medio raro y a mí me da miedo que le haga algo'".Indignada y destrozada, la madre de Tamara decidió acudir a las redes sociales para pedir ayuda para dar con el paradero de Camilo. Como pudo consiguió fotos recientes de él y de cada uno de sus tatuajes, sus datos personales y detalló en una publicación que ese hombre era el asesino de su hija. Como sucede con este tipo de denuncias en plataformas digitales, rápidamente se hizo viral y algunas personas le aseguraron haberlo visto en Bogotá. El mismo Camilo volvió a comunicarse con ella ante la viralidad de la publicación. "Yo publiqué su foto, sus datos, le explicaba a la gente que ese sujeto asesinó a mi hija. Me llamó y me dijo: 'me voy a entregar a la Fiscalía de Bogotá, yo cometí un error y pienso pagarlo'. Luego empieza a insultarme". Pero Camilo nunca se entregó y desapareció del panorama otra vez; sin embargo, la voluntad, terquedad y el amor de Jaqueline por su hija era más perseverante.Jaqueline no paraba de publicar la información de Camilo y enviársela a personas en Bogotá, último lugar en el que lo habían visto. Por varios meses su búsqueda no daba resultados, pero nunca desfalleció. "En la noche hacía redes sociales, en el día trabajaba. No bajé la guardia en ningún momento" y para ese entonces sufrió un accidente en su moto, lo que la incapacitó un tiempo en su casa con "todo el tiempo del mundo" para continuar con su cacería."Un día de la nada llegó el mensaje que estaba esperando. Alguien me escribe que él salió hacia Ecuador con unos migrantes venezolanos". Al darse cuenta que Camilo ya había salido del país, Jaqueline no se detuvo, trasladó su búsqueda y empezó a enviar la información a personas en ese país, específicamente en las ciudades más cercanas a la frontera. Tras algunas semanas de silencio, finalmente recibió un nuevo mensaje de una persona que le aseguró haberlo visto en un parque en Lago Agrio, en la frontera ecuatoriana, pero no sabía si Camilo seguía allí o había cruzado la frontera hacia Perú.En medio de su labor de persecución a través de las redes sociales, en varias ocasiones la publicación de Jaqueline llamó tanto la atención que el mismo Camilo se comunicaba con ella a través de perfiles falsos. "Varias veces me encontré con que hizo perfiles con otros nombres y me escribía para sacarme información de cómo iba el proceso. Yo aprendí a ver él cómo se expresa, cómo habla, cómo escribe y yo lo identificaba. Yo le decía: 'Camilo, ya no le dé más vueltas a esto, o usted se entrega o yo lo encuentro'".Fue por eso que cuando recibió en su buzón de mensajes una foto en primer plano de Camilo Rodríguez, preguntándole si ese era el hombre que ella buscaba, sospechó de inmediato. Por fortuna, en esta ocasión quien estaba del otro lado del chat era un policía peruano que le confirmó sus sospechas, Camilo solo había estado de paso en Lago Agrio, Ecuador, y ahora estaba en Chiclayo, Perú. Para que ella confiara en él, le explicó cómo había conseguido esa foto del colombiano. "Me dijo: 'Yo soy policía aquí en Perú, mi tía tiene un restaurante y él viene a desayunar acá'. Entonces lo que él dejó su celular en la vitrina y cuando Camilo se sentó a pedir, él le tomó la foto".Jaqueline, que se había convertido en la sombra de Camilo, ahora tenía unos ojos en el Perú que estaban atentos a los movimientos de Rodríguez. De esta manera se enteró que Camilo se había establecido en el Perú con otra identidad, la de Johan Sebastián Mena Gutiérrez, y que, además, ya tenía una nueva pareja, mujer a la que también estaba maltratando y cuya familia ya lo había denunciado. "Logré averiguar dónde vivía, dónde trabajaba, a qué hora entraba a trabajar, dónde desayunaba, dónde almorzaba, dónde cenaba, me convertí en su sombra".Entonces la mujer se comunicó con la estación de Policía en Chiclayo y le envió al capitán Saavedra toda la información que tenía de Camilo, pero se encontró con un problema cuando el oficial le preguntó si el sujeto tenía circular roja de Interpol. Esto significó un nuevo retraso para su plan, pues a Camilo solo lo estaban buscando en Colombia. Jaqueline no había llegado tan lejos para nada, por lo que gracias a un investigador privado, consiguió que en diciembre de ese año se emitiera la circular roja contra Camilo, tuvo que esperar 45 días.Así las cosas, el 18 de enero recibió la mejor noticia: el operativo se había llevado a cabo y Camilo Rodríguez había sido capturado en Chiclayo. En ese momento lo detuvieron por falsedad en documento público y le informaron que la justicia colombiana lo exigía para que pagara por el feminicidio de Tamara Rivera. Jaqueline le había cumplido a su hija la promesa que le había hecho en su tumba, pero todavía no podía cantar victoria, pues faltaba el proceso de extradición.Debido a la burocracia entre ambos países, tardaron 10 meses en enviar a Camilo Rodríguez de Perú a Colombia. Pero una vez estuvo en territorio nacional, la justicia colombiana lo condenó a 375 meses en prisión, 35 años que actualmente apaga en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.Aunque el dolor por la pérdida de su hija sigue intacto y nada podría ayudarla a recuperarla, hoy en día Jaqueline Rivera vive tranquila por haberle cumplido a su hija de 18 años la promesa que le hizo el día de su funeral y haber conseguido justicia para que ella no se convirtiera en una cifra más de impunidad.
Colombia se enfrenta hoy a una preocupante realidad frente a la seguridad de la comunidad trans y de las personas con identidades de género diversas, donde la violencia y la intolerancia continúan cobrando vidas. El crimen de Sara Millerey González es un recordatorio de la desprotección que vive la comunidad LGBTIQ+ en el territorio nacional. Diego Guauque de Séptimo Día investigó.El caso de Sara Millerey en AntioquiaEn su infancia, se caracterizó por ser alegre, cariñosa y muy cercana a las actividades religiosas de su comunidad. Su tío, Juan Camilo González, recuerda con afecto que en su niñez ella era una persona servicial: "era alegre, le gustaba mucho las cosas de Dios".Desde temprana edad, Sara comenzó a manifestar y afirmar su identidad de género femenina, expresando abiertamente quién era y su deseo de ser llamada como Sara Millerey, de acuerdo con el relato de su tío.A diferencia de muchos otros casos de la población trans en el país, quienes frecuentemente sufren el rechazo y abandono de sus familias, Sara Millerey contó con un apoyo incondicional en su hogar. Su tío destaca que en su familia nunca existió discriminación.El ataque en Bello que indignó al paísUn viernes a las tres de la tarde, una vecina se comunicó con Juan Camilo González para alertarlo sobre el ataque que había sufrido su sobrina. La investigación judicial posterior reveló la gravedad y la premeditación con la que se ejecutó la agresión. Saúl León, abogado penalista de la familia de la víctima, explicó cómo se desarrollaron los hechos dentro del inmueble al que fue conducida por la fuerza.Según el abogado Saúl León, "básicamente quienes asesinaron a Sara Millerey son sicarios en el municipio de Bello, Antioquia". El jurista también señaló que "hay evidencia en el expediente que acredita que cuando los agresores toman a Sara le gritan improperios, vulgaridades. todo derivado de su identidad de género. Y todo esto ocurre mientras la golpean y mientras le quitan la vida prácticamente".Esta agresión estuvo relacionado por prejuicios sobre la diversidad. León señaló que los atacantes ejercían un dominio armado en el barrio y que, "derivado de ello, eh en este control territorial ilegal que hacían estos sujetos en ese municipio, pues consideraban que esto era inapropiado socialmente".Después de golpearla y causarle múltiples fracturas, los cinco agresores trasladaron a Sara Millerey hasta la quebrada La García y la arrojaron a la corriente. Según la denuncia de la defensa, el horror continuó después de que la víctima cayó al agua, ya que los atacantes permanecieron armados en el sitio para impedir que fuera socorrida.Varios vecinos del sector se alarmaron ante la escena. Al ver a Sara atrapada en la corriente, dos habitantes de la zona decidieron intervenir. Los vecinos formaron un lazo humano dentro del agua para sostener a la víctima, impidiendo que el cauce la arrastrara.Poco después, unidades del cuerpo de bomberos lograron ingresar al área a través de una vivienda.Investigación y el reclamo por los implicados prófugosAunque fue rescatada con vida de la quebrada La García, Sara Millerey González Borja falleció el 6 de abril de 2025 en un hospital de Medellín debido a la gravedad de las lesiones internas y las fracturas. Su violento asesinato desató indignación y una rápida movilización de las autoridades competentes.El proceso judicial ha avanzado de forma parcial en la identificación y captura de los autores materiales del crimen. La defensa de la familia confirmó que el expediente penal señala a un total de cinco sospechosos de participar en el homicidio. El abogado Saúl León habló del el estado actual de las detenciones: "Son dos sujetos oriundos de Medellín y de Bello, Antioquia. Están privados de la libertad en la cárcel El Pedregal de Medellín".No obstante, los otros tres implicados en el asesinato de Sara Millerey continúan en libertad. Al ser consultado sobre las razones por las cuales no se ha completado la totalidad de las órdenes de captura, el abogado León indicó que "no ha sido posible su ubicación" por parte de los investigadores judiciales.
El terremoto del pasado 10 de agosto, con epicentro en el departamento del Chocó, sacudió a la ciudad de Cali con gran violencia debido a las condiciones de su suelo blando, compuesto por sedimentos de río. El movimiento telúrico destruyó por completo 24 edificaciones de la ciudad y dejó agrietadas a más de un centenar. Los Informantes visitó la zona.Entre todos estos puntos críticos, la estructura que registró el mayor saldo de víctimas mortales fue el edificio residencial Torres del Limonar, ubicado en el sur de la capital vallecaucana. En las labores de remoción de escombros de esta estructura trabajaron de manera conjunta el cuerpo de bomberos, la Armada Nacional, la Policía y un equipo de expertos rescatistas internacionales. Durante las primeras horas, las familias de los desaparecidos mantuvieron la esperanza de hallar personas con vida. Sin embargo, los equipos de rescate se enfrentaron a un obstáculo médico y físico severo conocido como el síndrome de aplastamiento. Diversas víctimas atrapadas lograban entablar conversaciones bajo la estructura colapsada, pero al levantarse las losas de concreto que las presionaban, las toxinas acumuladas en sus músculos ingresaban repentinamente al torrente sanguíneo, provocando infartos fulminantes de inmediato. Según el registro de la emergencia, la gravedad de esta situación llevó a que algunos familiares manifestaran su deseo de que no se removieran las pesadas piedras para poder continuar conversando con sus seres queridos.La mujer que rescata fotos y recuerdos en las ruinasEn medio de esta tragedia, Johana Sánchez, una caleña de 41 años, madre y contratista sin ningún tipo de entrenamiento en labores de socorro, decidió acudir de manera voluntaria a la zona del desastre.A pesar de no vivir en el edificio colapsado ni conocer a ninguna de las víctimas, Johana evadió la prohibición de su familia para ingresar a la zona de impacto. Su llegada se produjo un martes, camuflada en un vehículo de carga pesada justo cuando se agotaban las 72 horas críticas de búsqueda de sobrevivientes determinadas por los protocolos internacionales.Al ingresar a la zona restringida, Johana relata cómo inició su labor voluntaria de apoyo: "Había un militar ahí y yo le dije, 'Buenas.' Y me entré y ahí mismo le dije a una persona, 'Me presta un casco y me puse a a coger piedras y a mirar por los huequitos si encontraba alguien. Yo vine a salvar vidas, o sea, a tratar de sacar la ayudar a sacar la gente, pero no no se pudo".Aunque la misión inicial de rescatar personas con vida no resultó, la atención de Johana se desvió hacia una dimensión diferente de la catástrofe al observar pequeños objetos cubiertos de polvo y escombros. El momento clave que redefinió su labor ocurrió tras observar un peluche entre las piedras. Al ver que otra persona intentaba desecharlo considerándolo inservible, Johana intervino diciendo: "No, señora, eso no es basura. Lo que para usted es basura, para otra persona es lo más importante que le queda, un recuerdo".A partir de ese instante, Johana Sánchez inició un proceso minucioso de clasificación de pertenencias personales que abarcaba zapatos, llaves, diplomas, relojes, carteras y cartas familiares. Ante la gran acumulación de objetos rescatados, diseñó un método de organización basado en los perfiles ocupacionales y profesionales de las víctimas. Al entrevistarse con los familiares que acudían al lugar, Johana indagaba por las profesiones de los fallecidos para ubicar sus pertenencias en sectores específicos.De acuerdo con Johana, la efectividad de su método sorprendió a los sobrevivientes: "Yo se quedan aterrados porque dice, '¿Usted cómo sabía que esto era de mi mamá?' Y yo le dije, 'Porque su mamá, por ejemplo, su mamá, ¿qué era?' Ah, la señora trabaja en estética. Entonces empezaba".De igual manera, logró agrupar todas las herramientas de ferretería correspondientes a un propietario de la Torre A identificado como don Miguel. Entre esos papeles, descubrió una carta redactada en el año 2011, la cual contenía un mensaje íntimo de afecto dirigido a su esposa e hijos que estuvo guardado durante quince años. El documento fue entregado a su hijo precisamente el día del cumpleaños de don Miguel.La maleta de fotos de la familia PatiñoUno de los procesos de identificación más emotivos del desastre fue el del periodista y presentador José Fernando Patiño, quien viajó desde Bogotá tras enterarse del colapso del apartamento de su padre de 78 años, Darío Patiño Rivera, situado en el apartamento 304. El rescate del cuerpo se concretó el martes en la noche tras una ardua labor de los rescatistas. José Fernando identificó a su padre ingresando a un estrecho espacio con la ayuda de un socorrista. El reconocimiento físico se efectuó por partes: la parte trasera de su pierna, su talón, una calva en la coronilla y un lunar en la axila.Tras el funeral, José Fernando regresó a las ruinas del edificio con el propósito específico de recuperar la memoria familiar. En ese momento, relata que recurrió a la ayuda espiritual de su padre: "le dije, 'Pa, entre tantas cosas ayúdame a buscar nuestros recuerdos.' Tú puedes creer que lo primero que encontramos fue una maleta donde dijeron, 'Ahí hay fotos'". Al recibir el equipaje que había sido clasificado por Johana y los voluntarios, José Fernando Patiño estuvo muy agradecido: "Esto es todo. Esto es todo lo que necesito". La recuperación de ese archivo fotográfico devolvió a la memoria de la familia.La clasificación de Johana Sánchez demostró que los objetos de valor estrictamente material perdían toda relevancia para los dolientes frente a la carga sentimental de las imágenes. Tal fue el caso de la hija de una pareja que falleció abrazada bajo las placas de concreto.Al intentar Johana hacerle entrega de joyas de plata y una costosa colección de lentes de sol pertenecientes a su madre, la joven de 30 años las rechazó de inmediato para centrar su petición únicamente en las fotos.La única ocasión en la que Johana Sánchez interrumpió su labor y se quebró emocionalmente ocurrió tras acompañar a una madre que permaneció dos días y dos noches sin dormir en el campamento improvisado, esperando el rescate de sus hijos Valentina y Juan.Cuando los cuerpos sin vida de ambos jóvenes fueron localizados bajo el concreto pesado, Johana se aisló del campamento y se encerró a llorar sola.A pesar de las constantes sugerencias del equipo de profesionales en psicología del duelo que asisten la emergencia, quienes le recomiendan diariamente retirarse para proteger su salud mental ante la saturación de dolor, Johana permanece firme en el lugar.Actualmente, todas las pertenencias, fotos, diplomas, relojes y anillos recuperados por Johana Sánchez y los voluntarios civiles han sido trasladados de forma segura a una bodega oficial para que los familiares puedan identificarlos y reclamarlos.
La Fiscalía General de la Nación judicializó al teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y a los sargentos segundos Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna, señalados de, al parecer, recibir dinero de una estructura del Clan del Golfo en Antioquia a cambio de suministrar información reservada relacionada con operativos y movimientos de tropas del Ejército Nacional.De acuerdo con la investigación, los tres uniformados, quienes estuvieron adscritos al Batallón Rifles de Caucasia (Antioquia) y al Batallón de Infantería de Selva No. 48 ‘Prócer Manuel Rodríguez Torices’, en el sur de Bolívar, habrían hecho parte de una red dedicada a obtener y filtrar información estratégica sobre las acciones militares adelantadas contra esa organización criminal. Según la Fiscalía, esta estructura operó entre enero de 2022 y febrero de 2025 y contó con la intermediación de Teresa Jaramillo Giraldo, alias La Tía, quien ya fue condenada por estos hechos.Gobierno anuncia giro en estrategia contra grupos criminales: "Serán tratados como terroristas"Las pruebas contra los militaresLas pruebas recopiladas por el ente acusador indican que el 2 de enero de 2022, cuando tenía el grado de subteniente, Bravo Olaya habría recibido un millón de pesos por intermedio de un militar retirado para alertar posteriormente sobre los desplazamientos de las tropas bajo su mando en zona rural de Ayapel, Córdoba.Asimismo, la Fiscalía sostiene que Sicacha López habría aceptado pagos a cambio de compartir información relacionada con las operaciones militares en las que participaba. En el caso de Henao Luna, las autoridades lo señalan de haber recibido dinero por entregar datos privilegiados sobre los movimientos de la escuadra que comandaba, presuntamente después de recibir una llamada de un suboficial retirado el 14 de abril de 2022.Los procesados fueron capturados en operativos realizados por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional en Cali (Valle del Cauca), el corregimiento de Buenavista, en Distracción (La Guajira), y Yopal (Casanare).Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó, de acuerdo con su presunta participación en los hechos, los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado. Sicacha López aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia, mientras que Bravo Olaya y Henao Luna fueron enviados a un centro carcelario con medida de aseguramiento intramural.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
En entrevista con Noticias Caracol, la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó este lunes un alarmante diagnóstico de la crisis de derechos humanos en Colombia, fundamentado en el informe institucional titulado "Decisiones impostergables en derechos humanos". Marín advirtió sobre la expansión de los grupos armados ilegales, el uso indiscriminado de nuevas tecnologías en el conflicto, cifras históricas de cultivos ilícitos y el reclutamiento forzado de menores de edad. Sobre ese último punto, de hecho, la ONG Human Right Watch (HRW) le pidió al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que adopte medidas para acabar con el aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados -unos 1.500 desde 2021- que consta precisamente en ese informe de la Defensoría del Pueblo.El reclutamiento infantil es el aspecto más desgarrador expuesto por la defensora del Pueblo, en especial el incremento sistemático del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de todos los grupos armados. La funcionaria denunció que estas estructuras criminales están empleando redes sociales para persuadir y seducir a menores de edad ofreciéndoles bienes materiales como tenis, celulares y motocicletas. "Es otro de los indicadores más dolorosos del crecimiento de los grupos armados, que están usando de una manera sistemática menores de edad (...) También el uso de nuevos mecanismos pues para seducir a estos menores de edad, por ejemplo a través de las redes sociales, donde además les ofrecen tenis, celulares, motos y terminan persuadiéndolos".Esta situación azota severamente a las comunidades étnicas de regiones como el Cauca, donde cerca del 50% de los menores reclutados son indígenas, y al sumar a la población afrodescendiente, la cifra asciende al 56-58%. Marín denunció que muchos de estos niños son trasladados lejos de sus hogares para ser utilizados como primera línea de combate o quedar expuestos a bombardeos y alertó sobre un preocupante subregistro en las cifras oficiales. "Estamos muy convencidos de que esto no obedece a una disminución de la práctica sino a una reducción de la denuncia de parte de las comunidades -explicó la defensora-. Estamos viendo cada vez más menores de edad que mueren en combates entre los grupos, como este año en Guaviare en bombardeos en los últimos años son decenas la cantidad de niños que han muerto en bombardeos, pero el subregistro es enorme".La defensora se refirió también a otros puntos, como la expansión de grupos criminales, el uso de drones con explosivos y las alertas tempranas que emite ese organismo.De acuerdo con la radiografía de esa entidad, el panorama de seguridad en las regiones muestra dinámicas complejas e intensificadas por disputas territoriales que terminan afectando directamente a la población civil. Al analizar las causas de esta preocupante realidad, la defensora señaló que en el territorio confluyen principalmente tres factores de violencia organizada. "Colombia está en una situación bastante delicada, tiene presencia de al menos tres tipos de dinámicas : na es la herencia del paramilitarismo, que está conformada por los autodenominados Gaitanistas y los Conquistadores de la Sierra; una segunda dinámica que son las disidencias y desertores de las extintas Farc, y una tercera dinámica que es Eln principalmente, además de la criminalidad organizada", comentó Marín en este noticiero.La defensora explicó que el crecimiento de estas estructuras armadas, en especial de las disidencias y desertores de las Farc, obedece en parte a "retrasos históricos en llegar a las zonas que en su momento dejaron a través de inversión social" y al poco cumplimiento del acuerdo de paz. De igual forma, destacó que el grupo con mayor expansión territorial actualmente es el Clan del Golfo (autodenominados Gaitanistas), una organización dedicada a economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y la extorsión. Estas disputas y luchas por el control han disparado las cifras de masacres en el país, convirtiendo al presente año en el de mayor cantidad de estos eventos violentos desde 2018.Una de las mutaciones más alarmantes en los métodos de combate de los grupos armados ilegales es el uso creciente de tecnologías no tripuladas, específicamente drones cargados con explosivos, los cuales han generado desplazamientos y zozobra en regiones como el Cauca, Catatumbo y Antioquia.Frente a esta letal estrategia, Marín fue enfática al exigir el cese inmediato de su uso y condenar estas acciones de cara al derecho internacional humanitario. "Hay una obligación de los grupos armados de no usar estos artefactos explosivos que muchas veces se dirigen de manera indiscriminada y se causan daños a la población civil. Este es un crimen de guerra, nosotros lo hemos manifestado así en diferentes oportunidades", alertó la defensora en Noticias Caracol. De igual forma, instó a que la fuerza pública fortalezca e implemente de manera prioritaria tecnologías antidrones para salvaguardar a las comunidades atrapadas en medio de las hostilidades.Por otro lado, con un registro que supera las 261.000 hectáreas de cultivos de coca en el país, la Defensoría reconoce que los cultivos de uso ilícito constituyen un pilar clave del conflicto armado. Al ser consultada sobre la propuesta gubernamental de realizar aspersiones aéreas mediante bioderbicidas de alta generación, la defensora llamó a la precaución, la transparencia y al estricto cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Al respecto, la funcionaria expuso la ruta que el Gobierno debe seguir si decide emplear este mecanismo. "Si se va a acudir a la erradicación forzada por diferentes formas, por ejemplo la versión aérea tiene que agotarse primero tras vías y también hacer pública y transparente cuál es esa sustancia para garantizar que no vaya a generar daños a la salud y seguir la jurisprudencia de la Corte Constitucional", afirmó.No obstante, Marín subrayó la necesidad de entender este fenómeno como una profunda problemática social: "Los campesinos y las campesinas en estas zonas del territorio requieren alternativas que sean sostenibles para su economía y la erradicación es un primer paso pero es insuficiente para realmente resolver el problema de fondo".Actualmente, el organismo mantiene vigentes 120 alertas tempranas en Colombia, incluyendo una reciente alerta emitida para la capital del Cauca, en Popayán, debido a la amenaza y presencia de grupos al margen de la ley tanto en zonas rurales como urbanas. No obstante, la funcionaria criticó la falta de efectividad práctica del Estado frente a estas advertencias. Aunque el sistema de indicadores de la Defensoría muestra que aproximadamente el 50% de las recomendaciones técnicas de las alertas se cumplen, Marín advirtió que la calidad de esta respuesta gubernamental es limitada y superficial. "Muchas veces las acciones que más se cumplen son las de hacer reuniones o sacar directivas pero no las que tienen un impacto más digamos práctico operacional y dinámico en el territorio", detalló la defensora, quien en entrevista con Noticias Caracol propuso también coordinar una articulación intersectorial de alto nivel con el Ministerio del Interior para que las acciones estatales protejan estratégicamente a la población antes de que se consumen los riesgos advertidos.NOTICIAS CARACOL
La ONG Human Right Watch (HRW) ha pedido al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que adopte medidas para acabar con el aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados en el país -unos 1.500 desde 2021- que consta en un informe hecho público este lunes a partir de datos de la Defensoría del Pueblo.El documento, titulado "Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá", establece que las cifras oficiales disponibles indican un fuerte aumento de casos desde 2023 y que los grupos armados disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están detrás de la gran mayoría de los casos denunciados."Los grupos armados en Colombia están reclutando niños con impunidad, ya que los sistemas de protección están fallando y las redes sociales se han convertido en un medio de reclutamiento más eficaz", dice en el reporte Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, que añade que "cada niño reclutado es un indicio del fracaso del gobierno".HRW pide al flamante Ejecutivo de 'El tigre' que fortalezca la política pública sobre prevención del reclutamiento de menores, asegure un presupuesto suficiente y refuerce la coordinación institucional y los sistemas de control y alerta temprana.La ONG también pide ayuda en Colombia al Congreso, a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo, a los operadores de redes sociales y a los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y de países europeos.Perfil de los niños reclutadosEntre 2020 y 2025, los grupos armados reclutaron con mayor frecuencia a niños de entre 15 y 16 años, muestran datos de la Oficina de la Defensoría del Pueblo que recoge el informe.Según el Ministerio de Defensa, entre enero de 2016 y octubre de 2025 la edad media de reclutamiento fue 15 años tanto para niños como para niñas.Sin embargo, más del 30 % de los casos reportados involucraron a niños de entre 10 y 14 años y los funcionarios de protección infantil informaron a HRW de que han tenido conocimiento de un número creciente de niños más pequeños reclutados, incluyendo algunos de tan solo 9 o 10 años.La ONG denuncia que, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el reclutamiento de menores de 15 años puede considerarse un crimen de guerra.La Defensoría del Pueblo estima que, de media, el 60 % de los niños reclutados entre 2020 y 2025 eran varones y el 40 % eran niñas, aunque desde 2021 la proporción de niñas ha ido en aumento.Además, el reclutamiento infantil afecta de manera especial a las comunidades indígenas, ya que casi cinco de cada diez casos entre 2021 y 2025 correspondían a niños de estos colectivos.Métodos de reclutamientoHRW detalla en el informe que "los grupos armados y criminales se han aprovechado de la pobreza, la exclusión social y las barreras a la educación para reclutar niños con promesas de poder, dinero y prestigio" y que en los últimos tiempos han comenzado a usar cada vez más las redes sociales para las captaciones.Según la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo de justicia transicional para el conflicto armado en Colombia, casi la mitad (el 44 %) de los niños reclutados en 2025 lo fueron a través de redes o plataformas como TikTok y Facebook.El informe relata que lo más habitual es alejar a los menores de sus zonas de origen para evitar fugas y romper los lazos con sus familias y entornos.Además, detalla las labores que se les encargan: los niños son utilizados para el manejo de drones y la participación en combate, mientras que las niñas están particularmente expuestas a la violencia sexual.HRW realizó 184 entrevistas con funcionarios gubernamentales, trabajadores humanitarios, líderes indígenas y comunitarios, miembros de organizaciones de derechos humanos y de la infancia, y funcionarios estatales colombianos de protección infantil para realizar el informe. EFE
13 cuerpos más fueron encontrados en un cementerio de Pitalito, Huila, en un trabajo conjunto entre 10 integrantes de la fuerza pública, imputados por asesinatos y desapariciones forzadas, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Con este hallazgo, ya serían 54 cuerpos de personas no identificadas recuperados en el camposanto. Los comparecientes, que ya reconocieron su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), participaron en las labores que permitieron la recuperación de los restos que estaban en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito.La información fue dada a conocer por la JEP, que explicó que los comparecientes apoyaron la cuarta fase de intervención forense liderada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), desarrollada entre el 10 y el 19 de junio como parte de las acciones para esclarecer el paradero de víctimas del conflicto armado. Según los expedientes que señalaron este lugar como uno de interés, las personas que reposan allí provenían de municipios del sur del Huila como Acevedo, Suaza, Timaná, Palestina, San Agustín, Isnos, Pitalito, Oporapa, Saladoblanco, Tarqui y La Plata, así como de Puracé (Coconuco) y Santa Rosa, en Cauca.De acuerdo con la JEP, el apoyo de los comparecientes fue clave para adecuar el terreno donde trabajó el equipo forense. Los militares retiraron 15 toneladas de guadua, una labor necesaria para limpiar y preparar el área de excavación. La jurisdicción señaló que las labores se realizaron en condiciones complejas, debido a la densa vegetación y a las características del suelo. Durante toda la intervención, los comparecientes permanecieron bajo restricción efectiva de derechos y libertades, con monitoreo y verificación permanente por parte de la JEP.Tres cuerpos tienen orientación de identidadEntre los 13 cuerpos recuperados durante esta cuarta fase, tres cuentan con orientación de identidad, lo que significa que la información recopilada hasta ahora permite formular una hipótesis sólida sobre quiénes podrían ser las víctimas. No obstante, esa información deberá ser confirmada mediante los procedimientos forenses correspondientes.La JEP indicó que los trabajos realizados por los comparecientes fueron voluntarios y anticipados, por lo que podrán ser valorados por el Tribunal para la Paz como parte del cumplimiento anticipado de la sanción propia que eventualmente les sea impuesta cuando se profiera la sentencia.Según el balance entregado por la Jurisdicción Especial para la Paz, de los 54 cuerpos recuperados en el cementerio San Antonio de Padua, nueve personas ya han sido identificadas y entregadas dignamente a sus familiares. Las entregas se han realizado a familias de los departamentos de Huila, Caquetá, Cauca, Putumayo, Cesar y Valle del Cauca, en el marco de los esfuerzos de búsqueda humanitaria para esclarecer casos de desaparición ocurridos durante el conflicto armado.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
En redes sociales surgió una polémica a raíz de un video en el que se ve a alias Bendito Menor, presunto cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, paseando entre una caravana de motos por las calles de Riohacha. La acción fue calificada por muchos como un desafío a la autoridad, y es que este es uno de los criminales más buscados en el Caribe colombiano.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Identificado como Naín Andrés Pérez Toncel, es señalado como uno de los comandantes paramilitares de este grupo, que vive en constante disputa con el Clan del Golfo. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos. Las Ascn se mueven sobre todo entre los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y hasta Norte de Santander, esto después de un repliegue del Clan del Golfo.Alias Bendito Menor reapareció para celebrar en las calles poco después de la victoria de la Selección Colombia en el partido contra Ghana, según confirmaron las autoridades a Noticias Caracol. En un video grabado por uno de sus cómplices, se le puede ver a Pérez Toncel encabezando una caravana de aproximadamente 20 personas a bordo de motocicletas que transitaron por las calles de Riohacha, La Guajira. Las autoridades confirmaron que, en efecto, se trataba de este jefe criminal después de comparar los tatuajes en sus brazos. Al cabecilla se le observa en compañía de una mujer, quien sería su pareja sentimental, identificada como alias “Bebecita”.“Bendito Menor” tiene cuentas abiertas en redes sociales, donde publica videos ostentando dinero y armas. De allí surgió el video que ha causado polémica. Según Insight Crime, las Ascn controlan corredores del narcotráfico y dirigen redes de extorsión. Pérez, por su parte, es señalado de homicidio, según el boletín de la Policía Nacional.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
El Tribunal Administrativo de Antioquia emitió un auto por el cual le ordena a la Presidencia de la República y a los ministerios de Defensa e Interior que diseñen e implementen un plan urgente para proteger a la población de Briceño, Antioquia; un municipio que ha estado expuesto a enfrentamientos entre grupos ilegales y hechos de violencia, como el asesinato del periodista Mateo Pérez. El plazo otorgado por el alto tribunal al Gobierno nacional es de 30 días.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Esta decisión surgió a partir de una acción popular que fue interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, la cual sigue pendiente de una decisión de fondo. El departamento de Antioquia entró al proceso para respaldar esta causa con el propósito de solicitar las medidas cautelares urgentes que están destinadas a proteger a la población de Briceño ante lo que ha sido identificado como una grave crisis humanitaria y de orden público. Y es que el contexto que enfrenta el municipio fue evidenciado por la Defensoría del Pueblo, que emitió la alerta temprana de 019 de 2025, en la que advierte sobre los riesgos inminentes que pesan sobre este territorio.(Le puede interesar: JEP entrega restos de víctimas desaparecidas hace más de 25 años: avance en el esclarecimiento)La violencia que vive la gente en Briceño, Antioquia: “Presiones directas sobre los civiles”En el documento de la Defensoría queda consignado que el mismo fue emitido por los graves riesgos de violaciones de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, derivados de la confrontación armada entre el Frente 36 del Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de los Bloques y el Frente (EMBF), grupo disidente de las extintas FARC-EP, y las autodenominadas ‘Guerrillas Campesinas Los Cabuyos’; así como la exacerbación de las confrontaciones entre el Frente 36 y el Clan del Golfo. Y es que los enfrentamientos entre estos grupos, que toman lugar en zona rural y urbana, están implicando “presiones directas sobre los civiles”.La problemática a raíz de este contexto violento ha sido tal, que en un informe de la Oficina de las Naciones Unidas que fue emitido en mayo de 2026 hay referencia directa sobre las consecuencias del conflicto en Briceño, que desembocan en desplazamientos forzados masivos recurrentes, confinamientos, restricciones a la movilidad, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, presencia de artefactos explosivos y ataques a bienes civiles. El Tribunal en su decisión señala que los argumentos que originaron la alerta no han sido superados, sino que las condiciones de riesgo persisten.Lo que debe hacer el Gobierno nacional en un plazo de 30 díasCon el auto del Tribunal Administrativo, Presidencia y los ministerios de Defensa e Interior contarán con un plazo máximo de 30 días siguientes a la ejecutoria de la decisión para diseñar e implementar un plan transitorio de intervención urgente en el municipio de Briceño, teniendo en cuenta la alerta emitida por la Defensoría. Además, cuentan con 10 días hábiles para remitir al municipio “el número de activos necesarios” del Ejército y Policía Nacional para contener “la peligrosidad de la región”. Otra medida ordenada es que se conforme un Consejo de Seguridad extraordinario, de manera temporal y hasta que culmine el proceso, que tendrá la misión de hacer un plan de protección.Dentro de 15 días hábiles, el despacho del tribunal deberá ser informado por diferentes entidades si cumplieron con las recomendaciones hechas en la alerta de la Defensoría y deberán decir todo lo que se haya hecho hasta entonces.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó a sus familias los restos de tres víctimas de desaparición forzada, recuperados en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, más de dos décadas después de que desaparecieran durante el conflicto armado, informó este sábado la entidad.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)La JEP explicó que los cuerpos fueron ubicados en zonas rurales del corregimiento de San José de Apartadó, "gracias a información suministrada por integrantes de las extintas FARC en versiones voluntarias y diligencias judiciales realizadas dentro del Caso 04", que investiga los crímenes cometidos durante el conflicto en la subregión de Urabá.¿Qué se sabe de los restos de las víctimas?Las víctimas fueron identificadas como Luis Eduardo Aguirre, agricultor y líder comunitario desaparecido el 10 de julio de 2001; Humberto Palacios Palacios, trabajador del campo dedicado al aserrío de madera, desaparecido el 19 de octubre de 2000, y una tercera persona cuya identidad permanece bajo reserva por decisión de la jurisdicción. Los restos fueron entregados a sus familiares el pasado 12 de junio.Según la JEP, la recuperación de los cuerpos fue resultado de labores de contrastación, inspecciones judiciales y verificaciones en terreno adelantadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF). Mientras que la identificación fue posible mediante análisis antropológicos y cotejos genéticos realizados junto con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y los familiares de las víctimas.La jurisdicción señaló que estas entregas constituyen un avance en el esclarecimiento de desapariciones forzadas ocurridas en Urabá y reflejan la importancia de los aportes de verdad realizados por excombatientes sometidos a ese tribunal para localizar a personas desaparecidas durante el conflicto armado.AGENCIA EFEEDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
Un soldado muerto y cuatro militares más heridos dejó un ataque con drones lanzado por la guerrilla del Eln en área rural de El Tarra, en Norte de Santander, que hace parte de la zona del Catatumbo. (Lea también: Defensoría alerta desplazamiento masivo en el Catatumbo: 784 personas abandonaron sus hogares)De acuerdo con el comunicado emitido por el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, de la Segunda División del Ejército Nacional, los hechos ocurrieron “en el marco del desarrollo de operaciones militares orientadas al control territorial, (cuando) tropas del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11, que se encontraban en área rural del municipio de El Tarra, Norte de Santander, fueron objeto de un ataque terrorista por integrantes del GAO ELN, quienes emplearon aeronaves no tripuladas modificadas con artefactos explosivos”.El ataque terrorista se dio “cuando los soldados permanecían en inmediaciones del sector realizando operaciones militares en pro de la seguridad de la población civil”.Por el atentado con drones murió el soldado profesional José Mariano Dumaza Conchave y cuatro militares más resultaron heridos. Los uniformados fueron evacuados hacia la ciudad de Cúcuta para recibir atención médica especializada.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Quién era el soldado asesinado?El Ejército manifestó su rechazo categórico por “el uso de drones acondicionados con explosivos por parte de los grupos armados organizados, práctica terrorista que vulnera los derechos humanos e infringe el derecho internacional humanitario, poniendo en riesgo no solo a la Fuerza Pública, sino también a la población civil”.El militar asesinado era oriundo del Alto Baudó, Chocó, y hacía 9 años prestaba servicio a la institución castrense, que anunció la activación de los “protocolos institucionales y el acompañamiento integral a su familia, brindando apoyo permanente en esta difícil situación”.“Como institución seguiremos desarrollando operaciones militares sostenidas y contundentes contra el GAO ELN, estructura responsable de reiterados actos violentos que alteran la tranquilidad, seguridad y bienestar de los habitantes del Catatumbo y de la Fuerza Pública”, señaló el Ejército.Reclutamiento forzado de grupos ilegalesEn medio del conflicto armado, la Defensoría del Pueblo informó que por lo menos 51 menores de edad fueron víctimas de reclutamiento forzado entre enero y mayo de 2026 por parte de grupos armados ilegales en Colombia. Detalló que los departamentos con más casos registrados son Norte de Santander, Cauca y Antioquia.El informe apuntó que de los 51 menores reclutados el 65 % son niños y adolescentes hombres, mientras que el 35 % restante son niñas y adolescentes mujeres. De este total de víctimas, el 17 % pertenece a alguna población indígena, el 12 % son afrocolombianos y el 71 % no se identifica con ningún grupo étnico. Según esta entidad, el reclutamiento de menores de edad aumentó en los últimos años: entre enero y diciembre de 2025 se identificaron 410 casos, de los cuales el 57 % son niños y adolescentes.La Defensoría detalló que entre los grupos armados ilegales presuntamente responsables de estos delitos destacan el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, que concentra un 23,5 % de casos; el Ejército de Liberación Nacional (Eln) con 23,5 %; el Estado Mayor Central con 21,6 %; y otras disidencias de las Farc con 21,6 %. POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
Un niño de 10 años murió en zona rural de Tibú, Norte de Santander, luego de que lanzaran un dron con explosivos en medio de los combates entre el Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc en la zona.Los hechos, en los que también resultaron heridas cuatro personas, fueron reportados en el kilómetro 25 de la vereda Gaitán.Las imágenes compartidas por la comunidad en las redes sociales dan cuenta de cómo una vivienda quedó reducida a escombros por los combates entre los grupos ilegales, que se mantienen en la zona, cerca de la frontera con Venezuela.Poco después se conoció que un joven de 17 años y una bebé de 2 también resultaron gravemente heridos.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Situación de orden público en Norte de SantanderUn informe publicado a mediados de mayo pasado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) indicó que el desplazamiento de personas se duplicó 2025 en Colombia respecto al año anterior.Al menos 322.688 ciudadanos se desplazaron mientras "los enfrentamientos armados se intensificaron" en "zonas pobladas o cerca de viviendas" civiles, apuntó el documento.El departamento más afectado fue Norte de Santander, donde los enfrentamientos a principios de 2026 entre el Eln y las disidencias obligaron a miles de personas a huir de sus casas. (Lea también: Los últimos minutos de Cristian Herrera y drama que vive equipo periodístico: “Estamos escondidos”)El informe también señaló el masivo aumento del confinamiento de personas, una práctica común de los grupos armados que prohíben la movilidad de comunidades enteras. También subió en un 34 % el número de muertos y heridos por ataques con artefactos explosivos como drones, usados habitualmente por guerrilleros contra la fuerza pública y también civiles.La Cruz Roja afirmó que la población civil fue víctima de "homicidios, desapariciones, amenazas, reclutamiento, uso y utilización de menores de edad, violencia sexual" en zonas con presencia de grupos armados y en 2025 registró 845 presuntas violaciones al derecho internacional humanitario.NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP
Los colombianos fueron a las urnas este 31 de mayo para decidir quién será el próximo presidente de Colombia en el marco de las elecciones. Los comicios fueron antecedidos por advertencias de la Misión de Observación Electoral (MOE) y otros entes en materia de riesgos electorales a lo largo y ancho del territorio nacional. Y es que un total de 386 municipios en el país tienen alertas ante un contexto de violencia. Para la defensora del Pueblo, Iris Marín, esto genera una “preocupación central (...) sobre la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones en el país”.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)“El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, dijo Marín. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo votaron los departamentos que concentran alertas por riesgo de violencia en el territorio nacional?La MOE señaló en el más reciente Mapa de riesgo por factores de violencia, actualizado el pasado 29 de mayo, que Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca “presentan el mayor número de municipios en riesgo extremo”. Luego están Arauca y Guaviare, que tiene la totalidad de sus municipios en riesgo."Como presidente no acepto los resultados del preconteo": Petro tras las elecciones¿Cómo votaron los departamentos con mayor riesgo por violencia?Los cuatro departamentos tuvieron una participación que oscila entre el 50 y casi 60 % de los votantes habilitados para acudir a las urnas.Cauca: participaron 696.725 de 1.075.975 personas habilitadas (64,75 %). Más de 19.00 votos fueron inválidos en el territorio. En el departamento ganó la campaña de Iván Cepeda con 462.690 votos (68,33 %) y le siguió Abelardo de la Espriella con 131.175 (19,37 %).Antioquia: tuvo la mayoría de votos a favor de la campaña del movimiento Defensores de la Patria. Allí sufragaron 3.209.520 de 5.448.240 colombianos habilitados. De La Espriella se quedó con 1’723.406 (54,36 %). Le siguió Cepeda, del Pacto Histórico con menos de la mitad de los votos: 805.652 (25,41 %)Norte de Santander: la mayoría de los votos se fueron a favor del abogado, quien fue favorecido por el 70,61 % del electorado. Los votos hacia la dupla del Pacto Histórico concentraron solo el 17,42 %. Allí participaron 741.692 colombianos de 1’369.050.Valle del Cauca: 2’133.237 personas de 3’793.190 acudieron a las urnas. En el preconteo, Cepeda lideró el voto con 1.119.914 (53,17 %). De La Espriella quedó de segundo con 710.909 (33,75 %)¿Cómo estuvo la participación de Arauca y Guaviare?En Arauca acudieron menos de la mitad de las personas habilitadas para sufragar en las elecciones presidenciales (45,61 %). De ese total, 50.613 votantes marcaron el tarjetón a favor de Abelardo De La Espriella. 34.097 decidieron su voto por Iván Cepeda. El orden de los candidatos se repitió en Guaviare, donde acudió la mitad del electorado (34.951 de 69.304).Paloma Valencia anuncia su apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vueltaCabe recordar que, por ejemplo, integrantes de la estructura Jhon Linares del bloque Jorge Suárez Briceño habrían instalado explosivos improvisados en pasos obligados de las zonas rurales del Meta y Guaviare. Esto, según el Ejército, con el propósito de poner en riesgo a civiles y afectar las elecciones de este domingo. María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
El presidente Abelardo de la Espriella probó cómo es viajar en el metro de Bogotá, que, según el alcalde Carlos Fernando Galán, ya tiene un avance de más del 81 % en la primera línea, que entraría en operación en el primer trimestre de 2028. (Lea también: Metro de Bogotá ya tiene fecha de estreno: alcalde Galán reveló cuándo abrirá al público)“Hoy el presidente De la Espriella se subió al Metro de Bogotá. Le mostramos de primera mano el avance de una obra que va a transformar la movilidad de Bogotá”, expresó el mandatario capitalino al compartir un video del viaje junto al mandatario de Colombia. Y añadió: “Seguimos trabajando para que el sueño de la ciudad sea realidad”.Galán explicó que ahora la línea 1, con más de 17 kilómetros de viaducto construidos de los 23,9 kilómetros del tramo, comienza una de sus fases más complejas: la integración de todos los sistemas que permitirán la operación segura y eficiente del metro, ya que, además de la construcción física del viaducto y las estaciones, se deben articular los trenes, rieles, sistemas de comunicación, automatización, energía y el patio taller. “Ese es el reto en el que estamos entrando”.La reacción del presidente al subir al metro“Parece mentira estar montando el metro en Bogotá, es como estar en otro lado”, aseguró ya sentado en uno de los vagones. El alcalde lo invitó a ir a la parte frontal para que viera cómo operaba el sistema de transporte y De la Espriella comentó: “No lo puedo creer”. Asimismo, en sus redes sociales expresó: “Visitando el avance de la obra más trascendental para la capital, la primera línea del Metro de Bogotá”.El recorrido del jefe de Estado en el metro de Bogotá empezó en el sur de la ciudad, en la estación 2 hasta la 4 y regresaron a la estación número 1 de Gibraltar. Al presentar a la gerente de Bogotá, Clara Lucía Sandoval, el mandatario había manifestado su interés porque también se haga realidad la construcción de la línea 4. (Lea también: Metro de Bogotá: concluyen construcción de puente ferroviario que representó reto de la ingeniería)En un breve discurso que ofreció desde una de las plataformas, De la Espriella reiteró “mi compromiso de terminar la línea 1, avanzar en las líneas 2 y 3 y empezar a pensar en la línea 4, tenemos que hacerlo. La capital colombiana necesita una red de metro sólida y suficiente. Una ciudad de esta dimensión, de esta importancia no puede seguir perdiendo millones de horas de vida todos los años por cuenta de las dificultades en el desplazamiento”. (Lea también: Cómo votar por la voz del Metro de Bogotá: conozca el nuevo ‘Vocímetro’; link oficial)POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
La jornada de este miércoles 2 de septiembre de 2026 arranca con las miradas puestas en las tómbolas del Chontico Día, una de las opciones predilectas de la ciudadanía a la hora de probar su suerte. Bajo la constante supervisión de las autoridades de control de juegos de suerte y azar en Colombia, el sorteo busca entregar una jornada más de alegrías económicas a sus miles de seguidores habituales.Módulo de información oficial: Resultado del díaA la espera de la lectura final de las balotas y la validación por parte del comité técnico, este es el espacio reservado para la publicación de la combinación ganadora:Sorteo: Chontico DíaFecha: Miércoles, 2 de septiembre de 2026Número Ganador de 4 Cifras: Serie / Quinta Balota: (Actualización en curso: Los datos se verificarán una vez concluya la transmisión en vivo por la señal regional de Telepacífico y los concesionarios emitan el acta oficial de escrutinio).Guía práctica para el apostador: mecánica y montos de apuestaA diferencia de las loterías tradicionales, el chance ofrece un abanico dinámico de posibilidades de victoria ajustado al tipo de riesgo que desee asumir cada participante.Para participar basta con ser mayor de edad y acudir a cualquier red concesionaria autorizada a nivel nacional (como SuperGIROS, Gane o Paga Todo). El usuario escoge una cifra que varía entre 1 y 4 dígitos, determinando con libertad el monto a invertir.Monto mínimo: Se puede realizar una apuesta legal desde solo $500 pesos.Monto máximo sugerido: $25.000 pesos por tiquete.Plan de PremiosLos incentivos económicos se calculan sobre el valor neto de la apuesta (descontando el IVA correspondiente del 19%):Directo 4 CifrasCoincidencias exactas en orden de izquierda a derecha4.500 veces lo apostadoCombinado 4 CifrasMismos cuatro números en cualquier orden308 veces lo apostadoDirecto 3 CifrasCoincidencia en las tres últimas cifras en orden400 veces lo apostadoCombinado 3 CifrasMismos tres números en cualquier orden83 veces lo apostadoLa Pata (2 Cifras)Coincidencia en las últimas dos cifras50 veces lo apostadoLa Uña (1 Cifra)Coincidencia en la última cifra5 veces lo apostadoProtocolo Legal: ¿Cómo efectivizar el cobro del premio?Si al contrastar su tiquete con el boletín emitido hoy resulta favorecido, es determinante seguir una serie de pasos administrativos para asegurar la recepción del dinero sin inconvenientes:Verificación y custodia del comprobante: El tiquete emitido por la terminal es un título valor al portador. Manténgalo libre de humedad, tachaduras, enmendaduras o roturas, ya que cualquier alteración es causal de anulación.Procedimiento para cobros menores: Si la cifra obtenida no supera los límites fijados por la norma tributaria para la retención en la fuente (menos de 48 UVT), puede acercarse de inmediato a cualquier punto de venta habilitado portando su cédula de ciudadanía original para recibir el pago en efectivo.Procedimiento para cobros mayores: En ganancias de cuantías elevadas (especialmente aquellas que superen las 182 UVT), la reclamación se gestiona en las sedes administrativas de la empresa concesionaria. El ganador deberá radicar su cédula original, fotocopia legible, Registro Único Tributario (RUT) actualizado y una certificación de cuenta bancaria. Por normas de seguridad y bancarización, el pago se efectúa mediante transferencia o cheque, aplicando la deducción del impuesto por ganancias ocasionales que dicta la ley colombiana.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
El papa León XIV sostuvo una charla telefónica con el presidente Abelardo de la Espriella durante este miércoles 2 de septiembre, confirmó la Santa Sede, quien indicó que durante el diálogo abordaron la situación de Colombia tras el terremoto de 7,4 del 10 de agosto que dejó más de 300 personas muertas, cerca de 4.500 heridas y por lo menos 406.963 damnificadas."Durante la conversación, el Santo Padre ha reiterado su solidaridad con todos aquellos que sufren las duras consecuencias del reciente sismo que ha afectado a Colombia, en particular con las familias de los fallecidos, los heridos, los equipos de rescate y al personal humanitario", informó la oficina de prensa de la Santa Sede en un comunicado. (Lea también: Ofrecen financiación de vivienda con tasas desde el 8% en zonas afectadas por el terremoto)Desde el Gobierno nacional, se informó que la conversación duró alrededor de 20 minutos y allí, "el Santo Padre manifestó su respaldo y cercanía con el pueblo colombiano frente a la compleja situación que enfrenta el país. Asimismo, transmitió sus sentidas condolencias por las pérdidas humanas y aseguró sus oraciones por las víctimas, sus familias y las comunidades afectadas".Agrega el comunicado que el jefe de Estado "agradeció sinceramente las palabras del sumo pontífice y su valioso acompañamiento espiritual en este momento de dolor para la nación". El Gobierno nacional dijo que acogía "este mensaje como un importante gesto de fraternidad y esperanza para una ciudadanía que se mantiene unida en la atención de la emergencia y en la posterior reconstrucción de las zonas afectadas".Hay necesidades “urgentes” en Colombia, según MSFPor otro lado, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió que tres semanas después del terremoto que devastó el centro-oeste de Colombia aún persisten necesidades "urgentes" en comunidades del Pacífico, especialmente en el municipio de Buenaventura y el departamento del Chocó. "A diferencia de otras emergencias, los efectos del terremoto en Colombia no se concentraron en un único lugar. Las afectaciones se dieron en territorios aparentemente cercanos pero separados por ríos y montañas, lo que ha dificultado la respuesta", expresó la jefa de misión de MSF en Colombia, Siham Hajaj, citada en un comunicado. (Lea también: ¿Qué es un "enjambre sísmico"? El SGC explicó qué ocurre con la actividad sísmica en Chocó)Añadió que también han visto diferencias importantes en la atención "entre zonas con mayor presencia institucional y otras históricamente desatendidas, incluidas comunidades indígenas y afrodescendientes", en una referencia al departamento del Chocó, señalando que en algunas zonas de los municipios de Quibdó y Medio Baudó, así como en Buenaventura, el terremoto profundizó necesidades en temas como salud, pobreza y presencia de grupos armados.Por esa razón, la organización desplegó clínicas móviles en Buenaventura, ciudad que tiene el principal puerto de Colombia en el Pacífico; Quibdó y Medio Baudó. "En estos territorios, muchas comunidades enfrentan una doble o incluso triple afectación: además de las consecuencias del terremoto, viven en contextos marcados por el conflicto armado, limitaciones estructurales en los servicios de salud y, en algunos casos, nuevos eventos climáticos", explicó la jefa de misión. En el caso del Medio Baudó, por ejemplo, comunidades indígenas enfrentaron inundaciones provocadas por la crecida súbita del río Baudó apenas dos días después del sismo, agravando aún más las condiciones de vida de la población.Igualmente, MSF advirtió que sus equipos han identificado que uno de los problemas tras el sismo está relacionado con salud mental, pues hay ciudadanos con reacciones de ansiedad, estrés agudo, hipervigilancia, insomnio y miedo persistente ante posibles réplicas e incertidumbre del futuro personal y familiar. "En mi comunidad se cayeron tres casas por completo y las otras quedaron ladeadas. A mí me quedó la cabeza como descontrolada, me levanto y siento que me caigo. La gente dice que algo va a pasar", expresó a MSF la indígena Blanca Lucila, de la comunidad embera.AGENCIA EFEEDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
El lateral brasileño Rodinei abandonó el Olympiacos griego y volvió a su país natal para jugar en el Santos de Neymar con un contrato por una temporada y media, es decir, hasta finales de 2027, según anunció este miércoles el club paulista.El defensa de 34 años reforzará a un Santos que actualmente lucha para mantenerse en la primera división del Campeonato Brasileño, aunque aún está vivo en la Copa de Brasil y la Copa Sudamericana."Es una enorme felicidad poder vestir la camiseta de un club gigantesco como el Santos. Llego con muchas ganas y sabiendo la responsabilidad que supone vestir esta camiseta", declaró el nuevo fichaje en declaraciones a la disciplina albinegra.Rodinei viene de una etapa exitosa en el Olympiacos, uno de los grandes clubes del fútbol heleno, en el que se hizo con la titularidad y ganó cuatro títulos, entre ellos la 'Conference League' en 2024.Además, se proclamó campeón de la Liga griega, la Copa de Grecia y la Supercopa, además de ser elegido en dos ocasiones en el once ideal de la temporada doméstica (2023 y 2024).Ahora pone fin a su paso por el fútbol griego como el segundo brasileño que más partidos ha jugado en la historia del Olympiacos, con 157 encuentros, apenas por detrás del ídolo santista Giovanni (169).Rodinei empezó su carrera profesional en el modesto Avaí para luego recalar en Corinthians, Ponte Preta y Flamengo, donde vivió sus mejores años.A lo largo de seis temporadas en el equipo de Río de Janeiro -con un periodo de cesión entre medias en Internacional- lo ganó todo: dos Libertadores, una Liga, una Copa de Brasil y dos Campeonatos Cariocas.Su fichaje por el Santos se une al de Arthur Melo, exjugador de FC Barcelona, Girona y Juventus, para esta recta final del curso.Ambas contrataciones se concretaron después de que el club de Pelé pagara un 'Transfer Ban' de la FIFA a raíz de una deuda de unos 12 millones de reales (2,3 millones de dólares / 2 millones de euros) que arrastraba con el AS Mónaco.El Santos pudo levantar la sanción gracias al apoyo de NR Sports, la empresa familiar que gestiona la carrera de Neymar y que inyectó de manera "inmediata" los recursos necesarios a cambio de una serie de compromisos comerciales.
La duodécima etapa de la Vuelta a España 2026 que se disputa este jueves entre Vera y Calar Alto, de 166,6 km y 4.568 metros de desnivel entra en la montaña almeriense con una auténtica prueba de fuego para los favoritos.El primer gran combate entre el líder Enric Mas y los aspirantes a la roja se van a medir en el encadenado final con Velefique (1a, 13,1 km al 7,2 con tramos del 15) y Calar Alto, con la meta a 2.100 metros de altitud después de una subida de 16,9 km al 5,6 de media con máximas del 18.Como aperitivos de la jornada los altos del Cabecico (3a, 8,3 km al 3,3), Cóbdar (3a, 4,9 km al 4,5) y el Collado García (2a, 18,5 km al 2,4), idóneos para los que se animen a una fuga. Cita importante para los hombres de la general. Disputa por la roja. Por todo lo alto.Enric Mas saldrá a defender la roja en un escenario que no le trae buenos recuerdos al ciclista balear, ya que en 2017, estando enfermo, entró en meta junto a su entonces compañero y actual masajista Juanjo Lobato.Esta vez llegará de lider, defendiendo una renta de 1,18 sobre el esloveno Primoz Roglic y de 1.39 sobre el austríaco Felix Gall.Perfil y altimetría de la etapa 12 de la Vuelta a España 2026Hora y dónde ver la etapa 12 de la Vuelta a España 2026Fecha: jueves 3 de septiembre.Hora de inicio de carrera: 6:07 a.m. (hora Colombia)Hora de inicio de transmisión: 6:30 a.m. (hora Colombia).Transmisión: Caracol Televisión, Ditu y Caracol Sports.