Casos que conmocionaron al país y hoy tienen respuesta: la caída de una red trasnacional de tráfico de migrantes, la condena a un temible asesino serial de ancianos, la demolición de una obra ilegal en Bogotá y más. Vea el seguimiento completo de Séptimo Día.
Aurelio Cheveroni llegó a la televisión colombiana a finales de los años noventa como uno de los personajes principales del programa infantil Club 10, transmitido por Caracol Televisión. Con su tono irreverente, coqueto y sarcástico, el lobo marcó a varias generaciones de televidentes. Tras permanecer guardado en un baúl durante años, el personaje regresó a la televisión como jurado e invitado especial en formatos como Yo me llamo y Yo me llamo Mini. Sin embargo, la manera tan natural en que se mueve y gesticula hizo que durante décadas nadie se imaginara cómo funciona en realidad.A diferencia de lo que se especuló entre el público, el muñeco no funciona mediante sistemas de robótica, hologramas o inteligencia artificial. La versión original del títere fue confeccionada en un taller en Estados Unidos con fibra de vidrio, látex, espuma y peluche. Inicialmente el personaje era rosado, pero tras el desgaste del material en las grabaciones y la falta de tela de ese mismo tono, la producción debió reemplazarlo por peluche rojo. Para explicar el cambio de apariencia en pantalla, los creativos inventaron una historia en la que el lobo mudaba de piel.Aurelio Cheveroni es un títere de guante. Fernando Rojas, actor de 56 años nacido en el municipio de Belén de los Andaquíes, en el Caquetá, es el encargado de darle voz, carácter y movimiento a la parte superior del cuerpo. Al revelar en Los Informantes cómo funciona el personaje, Fernando Rojas explicó: "Esto no es más que un títere, miren, esto es un guante. Es un guante. Exactamente. Realmente es un títere común y corriente como es Archivaldo, como es la rana René, Alf", dijo.Una patineta y cinco horas acostado: así funciona Aurelio CheveroniEl proceso para dar vida al personaje en el estudio exige una preparación física rigurosa. Fernando Rojas realiza antes de cada jornada un calentamiento inspirado en los monjes budistas, el cual incluye estiramientos, mantras y música japonesa. Esta rutina le permite despejar la mente y enfocarse por completo en la interpretación del lobo.Durante las jornadas de rodaje, que se extienden entre cinco y seis horas continuas, el actor debe permanecer acostado sobre una patineta adaptada especialmente para el trabajo. En esa postura, mantiene ambos brazos levantados durante todo la grabación: una mano manipula la cabeza y la boca del lobo, mientras que la otra opera el brazo del muñeco. De manera simultánea, un asistente de producción se encarga de mover la cola del personaje desde la parte de atrás.Esta postura genera un alto desgaste en la espalda y los brazos del actor. Al finalizar las grabaciones, Rojas termina con calambres, adormecimiento corporal y dolores musculares. El segundo secreto: un traje a medida para tomas de cuerpo enteroAunque la técnica de guante resuelve los planos medios y primeros planos en el estudio, el personaje requería desplazarse, correr y revolcarse en tomas de cuerpo entero. Para lograr que el lobo caminara frente a las cámaras en planos generales, la producción acudió a un segundo actor.Se trata de Ángel Leal, un artista de 40 años y 1,13 metros de estatura que cuenta con dos décadas de trayectoria en el espectáculo. Leal trabajó anteriormente en espectáculos de enanos toreros, montajes teatrales, el programa Sábados Felices y el show de Juanpis González. Para las escenas de acción y riesgo, el equipo confeccionó un disfraz completo de Aurelio Cheveroni diseñado a la medida exacta de su cuerpo y estatura.Para Ángel Leal, vestir el traje del lobo representó cumplir un anhelo de la infancia mientras veía la televisión en su casa. Al recordar sus deseos de niño y su trabajo el proyecto, Ángel Leal afirmó: "Siento que alguna vez lo soñé cuando era muy niño. Yo decía: 'Uy, tan chévere ser como el lobito.' Todos los fines de semana, los sábados en la mañana, uno prendía la televisión y veía la franja infantil Club 10".Aurelio Cheveroni, un icono en la pantalla colombianaLa articulación entre el trabajo de Fernando Rojas y Ángel Leal consolidó la permanencia del personaje durante más de 25 años en producciones audiovisuales. La combinación de técnica titiritera, destreza física y vestuario a medida mantiene vigente el legado del lobo feroz en la televisión.Aurelio Cheveroni no solo conquistó a los niños de su época, sino también a los adultos que hoy lo recuerdan con nostalgia. Su estilo divertido, sarcástico y carismático le ha permitido conectar con distintas generaciones, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos de la televisión colombiana.
El atroz feminicidio de María Camila Potosí y el asesinato de su bebé en gestación fue un crimen que conmocionó al país en el mes de julio de 2026. María Camila Potosí tenía 20 años y ocho meses de gestación cuando desapareció en la ciudad de Cali. La joven trabajaba de manera independiente y vivía en el barrio Polvorines junto a su abuela María y su pareja, Cristian Moncayo. En su hogar, María Camila elaboraba la decoración hecha a mano para el baby shower de su primera hija, a quien llamaría Alahia.Semanas antes, María Camila conoció en su barrio a Yulieth Angulo, una mujer que aseguraba estar embarazada y que buscó ganarse su confianza. Angulo comenzó a visitar la vivienda de la joven, aunque la abuela de María Camila sintió desconfianza desde el primer día. Al recordar ese encuentro, la abuela María contó: "Yo todas las amigas que ella traía me gustaba. Yo las trataba, yo le servía, yo las invitaba, pero esa niña no me dio buena espina porque ella la miraba mucho".Sin sospechar las intenciones de ella, María Camila le ofreció su amistad y ayuda, manteniendo una relación cercana con ella.Cámaras de seguridad y chats manipulados: las últimas horas de María CamilaEl 16 de julio, María Camila salió de su casa por la mañana para cuidar a un familiar enfermo y asistir a un control prenatal. A las cuatro de la tarde, cámaras de seguridad registraron el momento en que la joven subió a la parte trasera de una motocicleta conducida por Yulieth Angulo. Esa fue la última vez que se le vio con vida.En la habitación de la víctima quedaron sus objetos personales, prendas de vestir y las letras de papel que recortaba para el festejo de su bebé. Al día siguiente, Angulo fue a la casa de la joven a decir que no sabía nada de ella. La abuela la cuestionó de inmediato: "Le dije yo: 'Y niña, ¿usted dónde me tiene a Camila? ¿Qué hizo a Camila? ¿A quién se la entregó?' Ella dijo: 'No, yo no sé, yo no tengo a Camila. Yo ayer la dejé en la panadería. Ella se iba a comprar una mazamorra'".El celular de María Camila permaneció apagado hasta la tarde del sábado 18 de julio. A partir de ese momento, Alba Gómez, madre de la joven que trabajaba en España, comenzó a recibir mensajes desde el número de su hija. En los textos, los captores intentaron hacer creer que la joven se había ido voluntariamente con una expareja. La familia dudó de la veracidad de los mensajes porque quien respondía se negaba a enviar notas de voz o contestar videollamadas.Para Alba Gómez, asimilar la trágica pérdida de su hija ha sido un proceso desgarrador. Al recordarla, la madre dijo en Los Informantes: "A veces pensamos que como si algo esto no hubiera pasado, o sea, querer como pensar en otra cosa. Y bueno, yo ahí la recuerdo, me pongo a mirar y se me hace como que la viera llegar con su risa, o sea, una niña feliz, pero ya después uno vuelve a la realidad y solamente pensar lo que le hicieron es algo inexplicable. Es horrible", señaló muy conmovida.Un crimen de $4 millones: la hipótesis de la Fiscalía sobre el ataqueEl domingo 20 de julio, cuatro días después de su desaparición, el cuerpo de María Camila fue hallado a orillas del río Meléndez. Las investigaciones de la Fiscalía establecieron que Yulieth Angulo fingió un embarazo para acercarse a la joven y robarle a su bebé.Angulo llevó a María Camila hasta una casa en el barrio Alto Polvorines. En el lugar, cuatro hombres de la banda delincuencial Los Santa atacaron a la joven, le infligieron 22 heridas con arma cortopunzante y le realizaron una cesárea artesanal para extraerle a la bebé. La extracción forzada causó la muerte de la recién nacida, y el crimen habría sido pagado por cuatro millones de pesos.Alba Gómez relató el impacto de conocer la brutalidad sufrida por su hija: "Que eran 22 puñaladas que le metieron a la niña más la cesárea artesanal, como dicen que le hicieron para sacarle su bebé. Yo no entiendo y yo siempre tengo eso aquí de todo el dolor que ella sintió, cada que le metían esos cuchillos...". Con profunda impotencia, la madre cuestionó: "Y si yo lo tuviera de frente, les haría esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me lo hicieron es niña, ¿qué les hizo ella para que le hicieran eso?".Implicados enfrentan hasta 60 años de cárcel sin beneficiosEl 30 de julio, las autoridades hallaron el cuerpo de la bebé Alahia enterrado junto a pertenencias de su madre. Ese día fueron capturados Yulieth Angulo y los cuatro hombres señalados de integrar la banda Los Santa.La Fiscalía les imputó feminicidio, secuestro, desaparición forzada y alteración de elemento material probatorio. Los procesados no aceptaron los cargos. Un juez los envió a la cárcel, donde enfrentan hasta 60 años de prisión sin beneficios.
El pasado 3 de mayo una tragedia conmocionó a los habitantes de Popayán y a todo el país, luego de que en medio de un evento de entretenimiento con Monster Trucks, uno de estos gigantescos vehículos se abalanzara sobre el público, dejando tres personas sin vida y decenas de heridos. ¿Qué errores hubo en la organización del evento y quién debe responder a las familias damnificadas?Los Monster Truck o camiones monstruo se han convertido a nivel mundial en una de las atracciones extremas de acrobacias que atrae a personas de todas las generaciones. Sin embargo, en Colombia son pocas las regulaciones para este tipo de vehículos y para los eventos en los que realizan sus arriesgadas maniobras. A pesar de esto, en mayo de este año las redes sociales de los payaneses se llenaron de una atractiva publicidad que prometía una tarde familiar para disfrutar de estos carros manejados por expertos.Los errores en el evento de Monster Truck en PopayánEn cuestión de segundos, lo que sería una tarde de diversión y adrenalina para las familias de Popayán, se convirtió en una de las tragedias más grandes de los últimos años. Tres personas perdieron la vida, dos de ellos eran menores de edad, y otros 40 asistentes resultaron gravemente heridos luego de que el vehículo llamado 'La dragona', conducido por la experta Sonia Segura, perdiera el control y terminara arrollando a parte del público que se encontraba en el lote del Boulevard Rose.Cuatro meses después, algunos de los asistentes que sobrevivieron al incidente, señalaron que desde el ingreso al lugar todo anunciaba una posible tragedia. Dilan Matías Pichincha, uno de los asistentes menores de edad, señaló a Séptimo Día que al llegar al evento notó que no se parecía a la publicidad que vio en redes sociales ni al tipo de lugares en los que se suele realizar estos eventos en otros países. "Yo vi que no era tan seguro. En las redes yo veía que [esos eventos] eran en un estadio, las personas estaban arriba y ellos pasaban por debajo", aseguró el niño que fue con sus abuelos.Luciana Fierro, de 12 años, asistió al evento junto a su hermana mayor María Camila, quien falleció a causa del incidente. Ella también resaltó que "el lugar del evento era muy pequeño, el carro solo podía dar una vuelta y ya. Para esos vehículos tan grandes, la distancia era muy poca".Todos ellos adquirieron sus entradas tras ver en redes sociales la publicidad del evento que prometía acrobacias y adrenalina de la mano de estos increíbles vehículos pocas veces vistos en el país y, además, asegurando que contaban con "todos los protocolos de seguridad" y la autorización de las autoridades. También les dio confianza ver que una de las conductoras contratadas por DB Entretenimiento y Colombia Monsters, promotores del evento, era Sonia Segura, una de las únicas mujeres en Latinoamérica autorizada para manejar estos vehículos.Tal y como lo señalaron los asistentes, en los videos de redes sociales se puede observar que el público del evento no solo estaba ubicado en el suelo a la misma altura de los monster truck, vehículos que pueden pesar más de cinco toneladas, sino que ademas estaban a escasos dos metros de distancia y lo único que los protegía era una valla metálica de un metro de alto. Luego de realizar algunas maniobras en el pequeño espacio mientras conducía 'La dragona', sobre las 5:00 de la tarde Sonia Segura perdió el control del monster truck, que también se prendió en llamas, y se fue sobre los asistentes. El carro nunca se detuvo, solo un poste de energía contra el que chocó al final del lote y justo antes de la vía principal logró detener su trayectoria. ¿Por qué las autoridades habilitaron este evento?El abogado Fabián Naranjo representa a 22 de las víctimas de esta tragedia y advirtió que hubo varias inconsistencias y errores desde la planeación del evento que, de haberse corregido, se habría evitado el fatal desenlace. Detrás del evento estaban empresarios con experiencia en eventos masivos en la ciudad, pero quien radicó la solicitud de autorización ante la Alcaldía fue Blanca Nury Meneses, mientras su esposo, Daniel Sandoval, sería es el que estuvo a cargo de la organización.Una de las primeras inconsistencias, según el abogado, es que en la solicitud de permisos, Blanca Nury calificó el evento bajo la normativa de artes escénicas. A pesar de ese error evidente desde el primer momento, el evento de Monster Truck fue habilitado por la Secretaría de Gobierno, la oficial de Gestión de Riesgo y la Alcaldía Local bajo las normas de un espectáculo público de artes escénicas, sin exigir los protocolos de seguridad necesarios para lo que realmente iba a suceder en el lote de Boulevard Rose. "Son deportes extremos, de alto impacto, requieren escenarios propicios y requisitos diferentes. El evento nunca debió haberse realizado porque el escenario no era propicio para eso", indicó el abogado Fabián Naranjo. Tal y como lo notaron Dilan y Luciana, dos de los menores que resultaron heridos en el evento, el principal error era la distancia de los asistentes de los vehículos y la barrera de protección mínima. Séptimo Día consultó con uno de los pilotos que hace parte de la Asociación Americana de Monster Truck en Estados Unidos, quien vio las imágenes del evento en Popayán y coincidió con los sobrevivientes. "No creo que nadie deba estar al mismo nivel de los Monster Trucks, deben estar arriba en las graderías con muros de contención. Es demasiado peligroso", sobre el evento en la capital del Cauca resaltó que "no tienen las barreras correctas, no tienes muros de concreto. tienen una pequeña valla de aluminio y a toda esa gente sentada ahí. Obviamente esa valla no va a detener un camión de 10.000 libras".También resaltó que en el lugar había presencia de cinco socorristas y tan solo una ambulancia para atender en caso de alguna emergencia. Julián Prado, director de la Cruz Roja del Cauca, explicó que se había informado que al evento asistirían mil personas y que tenían entendido que era una "exhibición" de estos vehículos. Sin embargo, al lote del Boulevard Rose recibió a cerca de tres mil asistentes.De la misma forma, los Bomberos de Popayán resaltaron que emitieron un permiso para el evento que, en primera medida, se iba a realizar el 26 de abril, pero debido a cuestiones de orden público este fue aplazado para el 3 de mayo. Para esta nueva fecha, según detallaron los bomberos, en ningún momento se les solicitó hacer una revisión del lugar para alertar sobre posibles riesgos.Por otro lado, sobre el incidente con el monster truck conducido por Sonia Segura, las investigaciones arrojan que se trató de una posible falla mecánica, pero todavía se está a la espera de un peritaje técnico que establezca qué falló específicamente. El abogado Fabián Naranjo señaló que, previo al evento, nadie realizó una revisión a los vehículos contratados para el evento. Séptimo Día intentó contactar a los organizadores del evento para conocer su versión, pero a través de sus abogados detallaron que se niegan a dar declaraciones. Igualmente, se intentó contactar a Sonia Segura, la conductora con gran experiencia en Monster Trucks que también es investigada como posible responsable por lo ocurrido, pero ella designó a su abogado Mauricio Ospina para responder por su vinculación al evento. "El papel que ella juega en esto es la conducción del monster Truck", el cual le entregó la empresa Colombia Monsters, de la cual ella figura como representante legal suplente.La Fiscalía ya inició su investigación para determinar si hay o no responsabilidad por parte de la conductora. También a quienes desde la administración municipal autorizaron la realización del evento; este programa intentó comunicarse con el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz; con el secretario de Gobierno, Reinel Polanía y con el jefe de la oficina de Gestión de Riesgos, Jair Flores, pero no fue posible concretar ninguna entrevista con ellos.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró la extinción de dominio sobre seis bienes relacionados con el cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez conocido con el nombre artístico de Charlie Zaa. El valor de estos bienes asciende los 20.000 millones de pesos y la determinación está relacionada con una investigación que bus establecer si estas propiedades fueron adquiridas con recursos provenientes del extinto bloque del Tolima de las Autodefensas.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA¿Por qué declararon extinción de dominio a bienes de Charlie Zaa?Este expediente se originó en medio de versiones entregadas por integrantes de la estructura paramilitar. El artista, por su parte, ha negado los señalamientos y ha defendido que su patrimonio es producto de más de 30 años de trabajo en el gremio de la música. Además, ha sostenido que parte los recursos para adquirir sus propiedades han salido de las regalías generadas por su música.Con esta decisión, los seis bienes a los que se le hicieron extinción de dominio quedan en manos del Estado colombiano y su destino estará ligado a mecanismos de reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Cabe mencionar que esta extinción de dominio no está relacionada con la compulsa de copias que ya está en la Fiscalía General de la Nación, donde se investiga si hubo o no algún vínculo del cantante con el grupo paramilitar.Las propiedades están avaluadas en 23.755 millones de pesos.¿Por qué investigan a Charlie Zaa?A Charlie Zaa lo investigan por presuntos vínculos con recursos del extinto Bloque Tolima de las AUC y por la posible adquisición de bienes con dinero proveniente de esa organización paramilitar.La investigación surgió a partir de declaraciones de exintegrantes del grupo armado y busca determinar si algunas propiedades asociadas al cantante fueron compradas con recursos ilegales o si él tuvo conocimiento del origen de esos dineros. En julio de 2026, la Fiscalía General de la Nación ocupó varios bienes vinculados al artista, entre ellos un centro comercial, dos discotecas y un hotel, dentro de un proceso de extinción de dominio. Según el ente investigador, estos activos estarían relacionados con operaciones para ocultar recursos del Bloque Tolima. En esa oportunidad, el artista Charlie Zaa publicó en sus redes sociales un comunicado diciendo que "el proceso relacionado con algunos bienes de mi familia continúa en trámite. No existe una sentencia en mi contra, no existe una decisión judicial que haya declarado ilícito nuestro patrimonio y no existe una decisión definitiva de extinción de dominio. La defensa apenas comienza a ejercer plenamente su derecho a presentar las pruebas que demostrarán el origen completamente lícito de nuestros bienes".Agregó el cantante que “he comparecido siempre ante las autoridades con total transparencia y continuaré colaborando con la justicia colombiana cada vez que sea requerido. Confío plenamente en el debido proceso, en la presunción de inocencia y en que será la evidencia —y no los titulares— la que permita establecer la verdad".CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, celebró este lunes las medidas adoptadas en Colombia para la reparación a las víctimas diez años después de la firma del Acuerdo de Paz, incluyendo la participación de exjefes de las antiguas FARC-EP y del Ejército en la búsqueda de restos de desaparecidos. "Estas medidas están contribuyendo a promover los derechos de las víctimas del devastador conflicto armado del país, y allanan el camino hacia una paz y una seguridad sostenibles", subrayó en un comunicado Türk, quien también destacó en particular cómo antiguos responsables de las FARC-EP y del Ejército trabajan juntos en el cementerio de San Antonio de Padua, en Pitalito, para localizar e identificar a personas desaparecidas y entregar sus restos a las familias. "Esta colaboración conjunta entre antiguos adversarios es una poderosa contribución a la verdad, la reparación y la sanación de familias afectadas por el conflicto", agregó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl proyecto forma parte de las medidas establecidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia de transición creado por el Acuerdo de Paz de 2016. Bajo el marco legal establecido por la JEP, personas acusadas de graves crímenes y violaciones de derechos humanos que hayan reconocido su responsabilidad pueden cumplir sanciones restaurativas en lugar de penas de prisión, como por ejemplo la mencionada participación en las labores de búsqueda de desaparecidos. "Esto no puede ser un esfuerzo aislado", alertó el alto comisionado, quien destacó que es fundamental que los mecanismos de justicia y reparación establecidos en virtud del Acuerdo de Paz continúen desarrollándose.Esta declaración se conoce luego de que el canciller colombiano, Ómar Bula, afirmó la semana pasada en Naciones Unidas que el Ejecutivo "remoldeará" lo suscrito en el acuerdo en función de las prioridades que ha dado el presidente Abelardo de la Espriella, quien considera que en Colombia no hay conflicto armado. Sin embargo, el Gobierno se comprometió a fortalecer la articulación institucional con la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el organismo encargado de revisar que se implemente el acuerdo.De la Espriella ha sido uno de los más fervientes opositores al acuerdo de paz con las FARC y su política de seguridad está más enfocada a la confrontación armada, que a las negociaciones con los grupos ilegales. Cabe señalar que el Gobierno de turno no puede derogar el acuerdo firmado en 2016.El primer acuerdo con las FARC cumple 10 añosHace 10 años, el entonces presidente, Juan Manuel Santos, y el último comandante de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, firmaron en Cartagena el primer acuerdo de paz, texto que seis días después fue rechazado en un plebiscito y modificado en las siguientes semanas por el Congreso. La firma de ese documento, con el que las partes buscaban poner fin a más de medio siglo de conflicto armado, fue la semilla de la ilusión de paz que tiene Colombia y la base del acuerdo que el Gobierno y las FARC volvieron a firmar el 24 de noviembre de ese año, que trae los cambios hechos por el legislativo, que es el que hoy se sigue implementando.El acuerdo fue firmado por Santos y Londoño, conocido en su época de guerrillero como Timochenko, en el Centro de Convenciones ante unos 2.500 invitados, entre víctimas, excombatientes, políticos, miembros de la sociedad civil y representantes de la comunidad internacional que asistieron a la ceremonia. "Al terminar este conflicto, termina el último y el más viejo conflicto armado del Hemisferio Occidental. Por eso celebra la región y celebra el planeta, porque hay una guerra menos en el mundo y es la de Colombia", afirmó Santos (2010-2018) ese día.Uno de los momentos más recordados del acto del 26 de septiembre de 2016 fue el susto para todos los presentes pero principalmente para Londoño, que estaba en la parte final de su discurso cuando un avión Kfir causó un estruendo al romper la barrera del sonido volando a baja altura por todo el centro del escenario. "Bueno, esta vez venían a saludar la paz y no a descargar bombas", expresó Londoño al referirse a la experiencia de guerra que dejaron atrás con la firma del acuerdo de paz.El acuerdo pasó de 297 páginas en la versión firmada en septiembre a 310 en la de noviembre, al acoger 56 de los 57 temas abordados en las reuniones entre el Gobierno y promotores del 'no' en el plebiscito, liderados por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). Sin embargo, los cambios que hubo entre los dos textos fueron más cosméticos que profundos y entre ellos destacaba, por ejemplo, que el primer acuerdo no obligaba de manera explícita y detallada a la guerrilla a entregar un inventario exhaustivo de sus bienes y activos de forma inmediata para reparar materialmente a las víctimas, mientras que el segundo sí.El acuerdo definitivo también estableció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional creado por el acuerdo, está diseñado para funcionar diez años, que se cumplen en 2028, con la posibilidad de una prórroga de 10 más, mientras que en el primer acuerdo no se determinó un límite de tiempo.EFE
El Ministerio de Defensa reaccionó a la denuncia de la madre de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, un joven de 18 años que se encuentra entre los siete muertos que se reportaron tras el operativo militar contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en Santa Marta, en el que fue abatido alias Cholo y presuntamente resultó herido alias Pinocho. (Lea también: ¿Quién era alias Cholo, cabecilla abatido por la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Magdalena?)¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa madre del joven, a las afueras del Instituto de Medicina Legal de Barranquilla, donde estaban los cuerpos de los presuntos criminales, negó que su hijo perteneciera a un grupo armado. "Es un niño, solo 18 años. No pertenecía a nada, solo era un obrero", dijo la mujer en un video divulgado en redes sociales, quien también aseguró que su hijo estaba vestido de civil y no portaba armas.Entre tanto, organizaciones de víctimas de ejecuciones de civiles por parte de policías y miembros de las Fuerzas Militares, que en Colombia son conocidos como falsos positivos, pidieron este jueves "justicia para Ricardo Andrés Rodríguez Martínez". "No era guerrillero, volvimos a los falsos positivos para sacar pecho que están ganando la guerra", manifestó en X la organización Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo), en un mensaje dirigido al presidente Abelardo de la Espriella.La operación contra las ACSN fue realizada el 21 de septiembre en el sector de Quebrada del Sol, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y dejó siete muertos y tres capturados, según el balance divulgado por De la Espriella. Entre los fallecidos estaba José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, señalado por la Fuerza Pública como segundo cabecilla y responsable financiero del grupo criminal, que en represalia causó alteraciones en el orden públicos en Santa Marta y otras zonas del Magdalena y La Guajira.Corresponde a la Fiscalía y Medicina Legal esclarecer la totalidad de los hechos: MindefensaTras la denuncia de esta madre de familia, desde el Ministerio de Defensa se emitió un comunicado de cuatro puntos en el que informó:De acuerdo con el proceso de verificación a cargo de las autoridades competentes, se identificó como fallecido durante la reciente operación contra el grupo narcoterrorista Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) o Los Pachenca, a Ricardo Andrés Rodríguez Martínez. (Lea también: Las zonas de dominio de Los Pachenca en el Caribe y la estrategia del Gobierno para enfrentarlos)Respecto a este individuo, adulto de 18 años de edad, ninguna fuente de la Fuerza Pública ha afirmado que fuera hijo de alias Pinocho. Por tanto, las versiones que atribuyen tales declaraciones a la institucionalidad carecen de veracidad o sustento oficial y solo buscan desinformar.En el marco del Estado Social de Derecho, corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los peritos de Medicina Legal esclarecer la totalidad de los hechos, así como establecer motivos y actividades de personas presentes en la zona donde se desarrolló el despliegue militar.El Ministerio de Defensa Nacional reitera su plena colaboración con la justicia, reafirma su compromiso con la verdad y rechaza la invención de versiones irresponsables para distorsionar la realidad de los hechos y confundir a la ciudadanía a partir de las actuaciones legítimas del Estado.NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
Este miércoles 23 de septiembre, en Senado de la República fue negada la moción de censura al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora. Con 65 votos por el no y 17 por sí, en el Congreso no se aprobó la moción impulsada por el Pacto Histórico tras la muerte de tres menores de edad durante un bombardeo el pasado 27 de agosto en zona rural de El Retorno, departamento de Guaviare, contra las disidencias de alias Calarcá.Esta votación que hundió la moción de censura contra Mora se convirtió en un nuevo triunfo del gobierno De la Espriella después de que el pasado 15 de septiembre se hundiera también la moción de censura contra Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, quien fue criticado por un viaje que llevó a cabo con su familia a Santa Marta en medio de la emergencia que vivía Colombia tras el terremoto del pasado 10 de agosto.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA“Es difícil determinar la edad de un joven desde los 15 años": MindefensaEl día martes se llevó a cabo en la Cámara de Representantes el debate de moción de censura contra el ministro Mora y él en su intervención dijo que “este es un Ejército y una fuerza pública que respeta a los menores de edad, pero desafortunadamente cuando hacen parte de un grupo armado, cuando ostentan armas ilegales, cuando están en un campamento en función continua de combate, el Derecho Internacional Humanitario establece que pierden esa protección. Es una cruda realidad. Y nos duele que así sea, pero así es el conflicto que liberamos en Colombia hace 60 años dentro de un marco del derecho de la guerra que está contemplado. Y en el mundo miles de países han sufrido esta tragedia”.Agregó Mora que “es muy difícil determinar la edad de un joven desde los 15 años en adelante. La contextura física de un joven de 15 años puede ser superior a que usa uno de 20, 18, 25; es muy difícil. Y un agente de inteligencia que recopila un proceso de inteligencia no puede llegar a pedirle a cada uno de los del grupo, ‘muéstreme su cédula, su tarjeta de identidad para saberlo’. Él hace una inspección general, hay un procedimiento de inteligencia que eso es un trabajo de la inteligencia que está dentro del marco de la ley de inteligencia. Entonces, cuando Medicina Legal determina los menores de edad, es cuando yo salgo a dar declaraciones y establezco que dentro de los muertos en desarrollo de esta operación hay tres menores de edad. Y ahí repetimos nuevamente nuestra posición. Todo menor de edad reclutado es una víctima, por supuesto, y lamentamos profundamente su utilización en la guerra por los grupos armados que lo reclutan, los arman, los entrenan y lo llevan a un campamento y después lo llevan a combatir o a cometer actos de crímenes. quienes reclutan son los culpables y yo no puedo llegar ante la opinión pública ocultar esta gran realidad y la tengo que decir siempre dentro del marco constitucional y en este caso el DIH”."Reclutamiento de menores no puede ser incentivo para grupos armados"Finalmente, el Mora mencionó que “el reclutamiento de menores de edad no puede convertirse en un incentivo para los grupos armados organizados y mucho menos para los cabecillas. Esto es claro y esto debemos reflexionar porque lo que estamos haciendo lo que hace es incentivar a que estos bandidos, estos cabecillas vean en eso una manera de protegerse. La mejor manera para atacar el reclutamiento de menores de edad en la guerra que estamos librando con contra los narcoterroristas es arreciar contra ellos, es ser contundentes contra ellos, es arrebatarles el control territorial que eron durante 4 años le concedieron. Es no permitirles la libertad de acción, el tiempo y el espacio para seguir reclutando menores de edad en nuestras veredas, en nuestros municipios. Es llevarlos a través de una presión constante hacia la profundidad de la selva y allá bombardearlos como hemos hecho. Aquí no los hemos bombardeado en medio de la población civil, los hemos bombardeado en medio de las pesas selva donde se ocultan cuando la presión de la fuerza los lleva a sus ratoneras”.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
Abelardo de la Espriella cumple este lunes un mes en la presidencia de Colombia entre anuncios, guiños y polémicas, con una intensa agenda atravesada por su "mano de hierro" en el conflicto armado y su respuesta al gran terremoto que golpeó el país el 10 de agosto. Ya en su toma de posesión dio unas pinceladas de lo que iban a ser los primeros pasos del autodenominado "el tigre" al frente del Gobierno colombiano: intervención de un rabino, un pastor, y un sacerdote; presencia de destacados líderes de la ultraderecha latinoamericana; fuerte manejo de los símbolos, comunicación centralizada y un discurso ante militares dentro de un destacamento. Pero el presidente colombiano apenas tuvo tiempo para desplegar planes y promesas porque menos de tres días después de la toma de posesión debió enfrentar un terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado al menos 331 muertos y 4.519 heridos.De la Espriella mantuvo una actividad frenética en los primeros días, viajando a los lugares más afectados, reuniéndose con líderes locales, y recabando entre los empresarios locales y países amigos ayuda para la búsqueda de supervivientes y financiación para la reconstrucción. De un lado, el presidente logró mostrarse cercano, con las mangas de la camisa arremangadas, dispuesto a ayudar a los damnificados, a la vez que hábil para aunar voluntades y lograr importantes donaciones, empezando por los 26,5 millones de dólares comprometidos en total por Washington. De otro lado, De la Espriella fue criticado por lanzar balones con propaganda de su partido a un grupo de damnificados en Buenaventura y por pasar las ofertas de ayuda por un filtro ideológico, dejando fuera -por ejemplo- a un reputado equipo de rescatistas mexicanos.Casi cuatro semanas después del terremoto, De la Espriella y su Gobierno deben comenzar a aterrizar las promesas de reconstrucción y materializar la recuperación de las regiones más afectadas, algunas de ellas lastradas por un subdesarrollo endémico. Su manejo de la crisis será clave para la percepción social de su mandato. Le esperan, según cifras oficiales, 36.336 viviendas destruidas y 201.010 dañadas, así como daños en 400 centros de salud, 4.292 centros educativos, 5.600 centros comunitarios, 468 vías y 5 aeropuertos, 140 acueductos y 104 puentes, entre otros efectos del terremoto.El conflicto armadoEn la última semana, conforme descendía la emergencia inicial del terremoto, De la Espriella ha concentrado su atención -y su prolija actividad en redes sociales, por donde fluye la mayor parte de la comunicación oficial- en la confrontación de guerrillas, grupos armados y narcotraficantes. Esta semana habló de "la fuerza de las armas y de las leyes", prometió "mano de hierro" y su Gobierno avanzó la preparación de una lista terrorista que permitirá al Ejecutivo actuar con más celeridad y recursos contra los grupos armados.El propio presidente anunció que el Ejército había detenido en este primer mes a nueve criminales (miembros del Tren de Aragua, las disidencias de las Farc, el Eln y bandas armadas) y matado a cerca de 40 personas, presuntos integrantes de una disidencia de las Farc y de un grupo criminal. Además, De la Espriella aseguró este domingo que en su primer mes, las Fuerzas Armadas se han incautado de 49.379 kilos de estupefacientes y 1.485 armas de fuego, además de erradicar 1.321 hectáreas de coca.Significativamente, Presidencia envió en los últimos días a los medios dos videos en los que el presidente aparecía entre cadáveres embolsados, lo que generó una controversia a la que el mandatario parece inmune. El mensaje es de tolerancia cero.Hay más ejemplos. Desde que De la Espriella es presidente al menos seis menores han muerto en bombardeos del ejército a campamentos de distintas guerrillas, según el Instituto de Medicina Legal, víctimas en principio del reclutamiento forzoso. Pero cuando un juzgado le prohibió al Gobierno este tipo de acciones si se sospecha que puede haber menores involucrados, el Ejecutivo anunció que apelaría un "fallo absurdo e inconstitucional".También ha apelado el Gobierno la decisión de otro juzgado que le requirió pedir perdón por haber empleado en su investidura el lema "Viva Cristo Rey", frase que pone en duda la neutralidad del Estado, y desde entonces De la Espriella no acaba discurso ni mensaje en redes sociales sin repetirlo.Estados Unidos e IsraelEn el ámbito internacional destaca el alineamiento de De la Espriella con Estados Unidos, con quien Colombia ha suscrito un acuerdo en materia de seguridad que le reportará 1.000 millones de dólares en asistencia. Está previsto además que este martes De la Espriella reciba en Barranquilla al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para avanzar en la lucha contra el llamado narcoterrorismo, analizar el reparto de la ayuda tras el terremoto y estudiar cómo estrechar lazos económicos y comerciales.También se ha acercado la Colombia de De la Espriella a Israel -después de que su predecesor, Gustavo Petro, rompió relaciones tachando de genocidio la guerra en Gaza- y ha reconocido los Altos del Golán como territorio israelí. Tel Aviv, a cambio, mandó rescatistas tras el terremoto. De igual forma, Colombia ha denominado como marroquí todo el territorio del Sáhara Occidental, agradando a Rabat, otro estrecho aliado estadounidense. EFE
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Estado colombiano para que mantenga los límites establecidos por la Constitución y el derecho internacional humanitario en medio de las operaciones contra grupos armados ilegales. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó la manera en que fueron presentados públicamente los cuerpos de personas que murieron durante la Operación Azarías, desarrollada en el Guaviare.En un pronunciamiento, Marín Ortiz se refirió a las imágenes en las que el presidente de la República aparece caminando entre cuerpos ubicados en tulas blancas, después del operativo militar. Según el reporte oficial citado por la funcionaria, durante la operación murieron 23 integrantes de estructuras de alias Iván Mordisco, entre ellos algunos mandos de esa organización. Medicina Legal estableció que dos de las personas fallecidas eran menores de edad.“El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel”, manifestó la defensora, al señalar que la obligación estatal de enfrentar militarmente a los grupos armados debe cumplirse dentro de los límites constitucionales y del derecho internacional humanitario.La funcionaria aclaró que su reflexión no busca desconocer el deber de la Fuerza Pública de proteger a la población ni cuestionar por sí mismas las operaciones militares legítimas. Su preocupación está relacionada, explicó, con la manera en que el Estado ejerce el poder y comunica los resultados de sus operaciones.“Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”, dijo la defensora.Para la Defensoría, las imágenes y los símbolos utilizados por las instituciones públicas tienen relevancia porque transmiten mensajes a la sociedad sobre los valores que representa el Estado.“No deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”, señaló Marín Ortiz.La defensora recordó que Colombia lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflicto armado y criminalidad organizada, escenarios en los que la muerte de civiles y combatientes ha sido recurrente.En ese contexto, afirmó que los grupos armados ilegales pueden actuar con crueldad y desconocer las reglas básicas de humanidad, pero sostuvo que el Estado no debe responder utilizando las mismas formas. “Ese lenguaje de quienes prefieren la muerte a la vida no puede convertirse en el lenguaje del Estado”, expresó.En su pronunciamiento, la Defensoría también hizo referencia al derecho a la vida y a las restricciones que deben observar las autoridades incluso durante operaciones militares.Marín Ortiz explicó que la Constitución reconoce la vida como un derecho fundamental de aplicación inmediata y de carácter inviolable. Sin embargo, señaló que el ordenamiento jurídico contempla situaciones específicas en las que puede producirse una privación de la vida, como la legítima defensa o la baja de combatientes en determinadas circunstancias de un conflicto armado, de acuerdo con el derecho internacional humanitario.En todos los casos, sostuvo, la privación de la vida no puede ser arbitraria y debe estar sometida a criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.La funcionaria también recordó que el derecho internacional humanitario establece límites incluso durante la guerra. Entre ellos está el deber de respetar y tratar dignamente a las personas fallecidas.Por esa razón, la Defensoría señaló que una acción militar puede ser legal y necesaria, pero eso no elimina la obligación de preservar la dignidad humana.Advertencia sobre medir la seguridad por el número de bajasOtro de los puntos abordados por la defensora fue la existencia de un portal denominado “Las Bajas del Tigre”, del cual aclaró que no se ha confirmado que sea una página oficial. Según explicó, allí se registran muertos y otros resultados operacionales desde la posesión del nuevo presidente.Marín Ortiz pidió cautela frente a este tipo de indicadores y recordó que Colombia ya vivió las consecuencias de una política en la que los resultados militares eran evaluados a partir del número de bajas en combate.La defensora hizo referencia a los llamados falsos positivos, hechos que actualmente son objeto de juzgamiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La funcionaria aclaró que no estaba afirmando que los cuerpos presentados tras la Operación Azarías respondieran a esa lógica. Sin embargo, planteó la necesidad de utilizar indicadores más amplios para evaluar la seguridad.Según su planteamiento, la seguridad debería medirse también por los derechos garantizados y las vidas salvadas, especialmente las de la población civil que permanece expuesta a las acciones de grupos criminales.“El poder del Estado no se mide únicamente por su capacidad de imponerse por la fuerza, sino por los símbolos con los que se presenta ante la sociedad”, afirmó.La defensora concluyó que el Estado no necesita parecerse a los grupos armados que combate para demostrar su fortaleza. “Defender la dignidad cuando se trata de quienes consideramos adversarios es precisamente cuando demostramos que la dignidad humana es un principio y no solo una declaración en todo tiempo y lugar”, finalizó.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Dos municipios del Cauca se encuentran en el centro de la atención por acciones armadas contra la Fuerza Pública registradas de manera simultánea. De acuerdo con los reportes conocidos a esta hora, una base militar de Inzá, en el oriente del departamento, es atacada con ráfagas de fusil y explosivos, mientras que la subestación de Policía de El Carmelo, en Cajibío, fue blanco de un ataque con drones cargados con explosivos.En Inzá, los reportes preliminares de testigos indican que disidencias de las Farc estarían atacando la base militar ubicada en este municipio. La acción incluiría ráfagas de fusil y el lanzamiento de explosivos contra la unidad militar.Ante la situación, los uniformados respondieron al ataque. Hasta el momento, la información disponible no reporta un balance de personas heridas como consecuencia de estos hechos. Además, en el municipio de Cajibío se registró otra acción contra la Fuerza Pública. La subestación de Policía de El Carmelo fue atacada con drones cargados de explosivos, según los reportes conocidos.La situación vuelve a poner a la población civil en medio de acciones armadas que se desarrollan en zonas donde permanecen comunidades. Por ahora, tampoco se reportan heridos en este punto. Se espera que las autoridades brinden más información en las próximas horas.Las autoridades mantienen la atención sobre lo ocurrido en ambos municipios mientras se conocen mayores detalles de las acciones y de sus posibles afectaciones.Otros ataques contra la Fuerza PúblicaLos hechos registrados en Inzá y Cajibío se conocen apenas horas después de otros ataques contra integrantes de la Fuerza Pública en Norte de Santander, ocurridos durante la noche del viernes 4 de septiembre.En esa región, la estación de Policía del corregimiento de Guamalito, en el municipio de El Carmen, fue atacada en una acción atribuida al ELN. Las imágenes conocidas posteriormente mostraron parte de la infraestructura destruida, con el techo afectado y escombros en diferentes sectores del lugar.De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Defensa, el ataque contra Guamalito ocurrió de manera simultánea con una acción contra el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, donde está ubicado el Batallón de Infantería N.° 15 General Francisco de Paula Santander.Según la entidad, integrantes del ELN utilizaron aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos que impactaron dentro de la unidad militar. Tras el ataque, las tropas activaron los protocolos de seguridad y realizaron una maniobra para asegurar el perímetro y verificar la posible existencia de nuevas amenazas.Durante esa operación se produjo un combate de encuentro con integrantes del ELN. Como consecuencia de estos hechos murieron el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlo Marrugo Manjarrez. Además, una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana resultó afectada.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
La Fiscalía General de la Nación judicializó al teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y a los sargentos segundos Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna, señalados de, al parecer, recibir dinero de una estructura del Clan del Golfo en Antioquia a cambio de suministrar información reservada relacionada con operativos y movimientos de tropas del Ejército Nacional.De acuerdo con la investigación, los tres uniformados, quienes estuvieron adscritos al Batallón Rifles de Caucasia (Antioquia) y al Batallón de Infantería de Selva No. 48 ‘Prócer Manuel Rodríguez Torices’, en el sur de Bolívar, habrían hecho parte de una red dedicada a obtener y filtrar información estratégica sobre las acciones militares adelantadas contra esa organización criminal. Según la Fiscalía, esta estructura operó entre enero de 2022 y febrero de 2025 y contó con la intermediación de Teresa Jaramillo Giraldo, alias La Tía, quien ya fue condenada por estos hechos.Gobierno anuncia giro en estrategia contra grupos criminales: "Serán tratados como terroristas"Las pruebas contra los militaresLas pruebas recopiladas por el ente acusador indican que el 2 de enero de 2022, cuando tenía el grado de subteniente, Bravo Olaya habría recibido un millón de pesos por intermedio de un militar retirado para alertar posteriormente sobre los desplazamientos de las tropas bajo su mando en zona rural de Ayapel, Córdoba.Asimismo, la Fiscalía sostiene que Sicacha López habría aceptado pagos a cambio de compartir información relacionada con las operaciones militares en las que participaba. En el caso de Henao Luna, las autoridades lo señalan de haber recibido dinero por entregar datos privilegiados sobre los movimientos de la escuadra que comandaba, presuntamente después de recibir una llamada de un suboficial retirado el 14 de abril de 2022.Los procesados fueron capturados en operativos realizados por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional en Cali (Valle del Cauca), el corregimiento de Buenavista, en Distracción (La Guajira), y Yopal (Casanare).Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó, de acuerdo con su presunta participación en los hechos, los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado. Sicacha López aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia, mientras que Bravo Olaya y Henao Luna fueron enviados a un centro carcelario con medida de aseguramiento intramural.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
En entrevista con Noticias Caracol, la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó este lunes un alarmante diagnóstico de la crisis de derechos humanos en Colombia, fundamentado en el informe institucional titulado "Decisiones impostergables en derechos humanos". Marín advirtió sobre la expansión de los grupos armados ilegales, el uso indiscriminado de nuevas tecnologías en el conflicto, cifras históricas de cultivos ilícitos y el reclutamiento forzado de menores de edad. Sobre ese último punto, de hecho, la ONG Human Right Watch (HRW) le pidió al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que adopte medidas para acabar con el aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados -unos 1.500 desde 2021- que consta precisamente en ese informe de la Defensoría del Pueblo.El reclutamiento infantil es el aspecto más desgarrador expuesto por la defensora del Pueblo, en especial el incremento sistemático del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de todos los grupos armados. La funcionaria denunció que estas estructuras criminales están empleando redes sociales para persuadir y seducir a menores de edad ofreciéndoles bienes materiales como tenis, celulares y motocicletas. "Es otro de los indicadores más dolorosos del crecimiento de los grupos armados, que están usando de una manera sistemática menores de edad (...) También el uso de nuevos mecanismos pues para seducir a estos menores de edad, por ejemplo a través de las redes sociales, donde además les ofrecen tenis, celulares, motos y terminan persuadiéndolos".Esta situación azota severamente a las comunidades étnicas de regiones como el Cauca, donde cerca del 50% de los menores reclutados son indígenas, y al sumar a la población afrodescendiente, la cifra asciende al 56-58%. Marín denunció que muchos de estos niños son trasladados lejos de sus hogares para ser utilizados como primera línea de combate o quedar expuestos a bombardeos y alertó sobre un preocupante subregistro en las cifras oficiales. "Estamos muy convencidos de que esto no obedece a una disminución de la práctica sino a una reducción de la denuncia de parte de las comunidades -explicó la defensora-. Estamos viendo cada vez más menores de edad que mueren en combates entre los grupos, como este año en Guaviare en bombardeos en los últimos años son decenas la cantidad de niños que han muerto en bombardeos, pero el subregistro es enorme".La defensora se refirió también a otros puntos, como la expansión de grupos criminales, el uso de drones con explosivos y las alertas tempranas que emite ese organismo.De acuerdo con la radiografía de esa entidad, el panorama de seguridad en las regiones muestra dinámicas complejas e intensificadas por disputas territoriales que terminan afectando directamente a la población civil. Al analizar las causas de esta preocupante realidad, la defensora señaló que en el territorio confluyen principalmente tres factores de violencia organizada. "Colombia está en una situación bastante delicada, tiene presencia de al menos tres tipos de dinámicas : na es la herencia del paramilitarismo, que está conformada por los autodenominados Gaitanistas y los Conquistadores de la Sierra; una segunda dinámica que son las disidencias y desertores de las extintas Farc, y una tercera dinámica que es Eln principalmente, además de la criminalidad organizada", comentó Marín en este noticiero.La defensora explicó que el crecimiento de estas estructuras armadas, en especial de las disidencias y desertores de las Farc, obedece en parte a "retrasos históricos en llegar a las zonas que en su momento dejaron a través de inversión social" y al poco cumplimiento del acuerdo de paz. De igual forma, destacó que el grupo con mayor expansión territorial actualmente es el Clan del Golfo (autodenominados Gaitanistas), una organización dedicada a economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y la extorsión. Estas disputas y luchas por el control han disparado las cifras de masacres en el país, convirtiendo al presente año en el de mayor cantidad de estos eventos violentos desde 2018.Una de las mutaciones más alarmantes en los métodos de combate de los grupos armados ilegales es el uso creciente de tecnologías no tripuladas, específicamente drones cargados con explosivos, los cuales han generado desplazamientos y zozobra en regiones como el Cauca, Catatumbo y Antioquia.Frente a esta letal estrategia, Marín fue enfática al exigir el cese inmediato de su uso y condenar estas acciones de cara al derecho internacional humanitario. "Hay una obligación de los grupos armados de no usar estos artefactos explosivos que muchas veces se dirigen de manera indiscriminada y se causan daños a la población civil. Este es un crimen de guerra, nosotros lo hemos manifestado así en diferentes oportunidades", alertó la defensora en Noticias Caracol. De igual forma, instó a que la fuerza pública fortalezca e implemente de manera prioritaria tecnologías antidrones para salvaguardar a las comunidades atrapadas en medio de las hostilidades.Por otro lado, con un registro que supera las 261.000 hectáreas de cultivos de coca en el país, la Defensoría reconoce que los cultivos de uso ilícito constituyen un pilar clave del conflicto armado. Al ser consultada sobre la propuesta gubernamental de realizar aspersiones aéreas mediante bioderbicidas de alta generación, la defensora llamó a la precaución, la transparencia y al estricto cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Al respecto, la funcionaria expuso la ruta que el Gobierno debe seguir si decide emplear este mecanismo. "Si se va a acudir a la erradicación forzada por diferentes formas, por ejemplo la versión aérea tiene que agotarse primero tras vías y también hacer pública y transparente cuál es esa sustancia para garantizar que no vaya a generar daños a la salud y seguir la jurisprudencia de la Corte Constitucional", afirmó.No obstante, Marín subrayó la necesidad de entender este fenómeno como una profunda problemática social: "Los campesinos y las campesinas en estas zonas del territorio requieren alternativas que sean sostenibles para su economía y la erradicación es un primer paso pero es insuficiente para realmente resolver el problema de fondo".Actualmente, el organismo mantiene vigentes 120 alertas tempranas en Colombia, incluyendo una reciente alerta emitida para la capital del Cauca, en Popayán, debido a la amenaza y presencia de grupos al margen de la ley tanto en zonas rurales como urbanas. No obstante, la funcionaria criticó la falta de efectividad práctica del Estado frente a estas advertencias. Aunque el sistema de indicadores de la Defensoría muestra que aproximadamente el 50% de las recomendaciones técnicas de las alertas se cumplen, Marín advirtió que la calidad de esta respuesta gubernamental es limitada y superficial. "Muchas veces las acciones que más se cumplen son las de hacer reuniones o sacar directivas pero no las que tienen un impacto más digamos práctico operacional y dinámico en el territorio", detalló la defensora, quien en entrevista con Noticias Caracol propuso también coordinar una articulación intersectorial de alto nivel con el Ministerio del Interior para que las acciones estatales protejan estratégicamente a la población antes de que se consumen los riesgos advertidos.NOTICIAS CARACOL
La ONG Human Right Watch (HRW) ha pedido al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que adopte medidas para acabar con el aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados en el país -unos 1.500 desde 2021- que consta en un informe hecho público este lunes a partir de datos de la Defensoría del Pueblo.El documento, titulado "Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá", establece que las cifras oficiales disponibles indican un fuerte aumento de casos desde 2023 y que los grupos armados disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están detrás de la gran mayoría de los casos denunciados."Los grupos armados en Colombia están reclutando niños con impunidad, ya que los sistemas de protección están fallando y las redes sociales se han convertido en un medio de reclutamiento más eficaz", dice en el reporte Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, que añade que "cada niño reclutado es un indicio del fracaso del gobierno".HRW pide al flamante Ejecutivo de 'El tigre' que fortalezca la política pública sobre prevención del reclutamiento de menores, asegure un presupuesto suficiente y refuerce la coordinación institucional y los sistemas de control y alerta temprana.La ONG también pide ayuda en Colombia al Congreso, a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo, a los operadores de redes sociales y a los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y de países europeos.Perfil de los niños reclutadosEntre 2020 y 2025, los grupos armados reclutaron con mayor frecuencia a niños de entre 15 y 16 años, muestran datos de la Oficina de la Defensoría del Pueblo que recoge el informe.Según el Ministerio de Defensa, entre enero de 2016 y octubre de 2025 la edad media de reclutamiento fue 15 años tanto para niños como para niñas.Sin embargo, más del 30 % de los casos reportados involucraron a niños de entre 10 y 14 años y los funcionarios de protección infantil informaron a HRW de que han tenido conocimiento de un número creciente de niños más pequeños reclutados, incluyendo algunos de tan solo 9 o 10 años.La ONG denuncia que, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el reclutamiento de menores de 15 años puede considerarse un crimen de guerra.La Defensoría del Pueblo estima que, de media, el 60 % de los niños reclutados entre 2020 y 2025 eran varones y el 40 % eran niñas, aunque desde 2021 la proporción de niñas ha ido en aumento.Además, el reclutamiento infantil afecta de manera especial a las comunidades indígenas, ya que casi cinco de cada diez casos entre 2021 y 2025 correspondían a niños de estos colectivos.Métodos de reclutamientoHRW detalla en el informe que "los grupos armados y criminales se han aprovechado de la pobreza, la exclusión social y las barreras a la educación para reclutar niños con promesas de poder, dinero y prestigio" y que en los últimos tiempos han comenzado a usar cada vez más las redes sociales para las captaciones.Según la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo de justicia transicional para el conflicto armado en Colombia, casi la mitad (el 44 %) de los niños reclutados en 2025 lo fueron a través de redes o plataformas como TikTok y Facebook.El informe relata que lo más habitual es alejar a los menores de sus zonas de origen para evitar fugas y romper los lazos con sus familias y entornos.Además, detalla las labores que se les encargan: los niños son utilizados para el manejo de drones y la participación en combate, mientras que las niñas están particularmente expuestas a la violencia sexual.HRW realizó 184 entrevistas con funcionarios gubernamentales, trabajadores humanitarios, líderes indígenas y comunitarios, miembros de organizaciones de derechos humanos y de la infancia, y funcionarios estatales colombianos de protección infantil para realizar el informe. EFE
La Selección de Paraguay ha cosechado elogios en las últimas horas después de haber derrotado a su similar de Colombia, por la mínima diferencia en la ciudad de Nueva Jersey, en Estados Unidos y en el marco de la fecha FIFA, la primera posterior al Mundial 2026. Los de Gustavo Alfaro aprovecharon una desconcentración defensiva de los colombianos y se llevaron la victoria en la noche del viernes pasado en el Sports Illustrated Stadium.Y en ese sentido, varios medios de la ciudad de Asunción hicieron sus análisis del compromiso internacional y dejaron en evidencia algunas de las falencian en el inicio de un nuevo proceso del seleccionado que dirige Néstor Lorenzo.Así, ABC Color, por ejempló consignó que "la nueva Colombia ya se encuentra sin el peso jerárquico de referentes que recientemente dieron un paso al costado, tales como los volantes de creación James Rodríguez o Juanfer Quintero".Ya del compromiso en particular, se indicó que en el segundo tiempo los guaraníes salieron a la cancha con una nueva disposición y cobraron por ventanilla. "Paraguay se animó en el complemento, se impulsaron a adelantar metros en terreno adversario, y lograron inaugurar el marcador en los primeros compases".Mientras tanto el diario 'La Nación' tituló así: "Otro gran triunfo" y le dio desarrollo a la noticia "la ventaja sacudió a Colombia y relajó a la Albirroja por contados pasajes. Así, tocó sufrir en ocasiones puntuales, porque el rival generó más fútbol, pero se logró mantener la ventaja". Para'Última Hora' para el rival de Paraguay se presentó una situación influyente. "Colombia, que también está probando alternativas, prescindió de su máxima figura Luis Díaz para estos encuentros y lo extrañó en este compromiso".¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia y dónde ver EN VIVO en TV?La Selección Colombia deberá pasar la pagina y comenzar a pensar en el tercer duelo de la fecha FIFA, que será el próximo martes 6 de octubre frente a Perú, en Miami. El balón se moverá a las 6:45 de la tarde y se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol, en www.golcaracol.com, en el canal de Youtube de Gol Caracol y también en la plataforma Ditu.
Al menos 17 personas murieron y otras siete resultaron heridas en la madrugada de este sábado 3 de octubre, tras un accidente de tránsito ocurrido cerca del pueblo de Salama, en el condado de Makueni, Kenia. En el siniestro estuvieron involucrados dos camiones, un bus y varios automóviles, según informó la Policía keniana.El accidente ocurrió después de la medianoche en la carretera que conecta la capital, Nairobi, con la ciudad portuaria de Mombasa. Según medios locales, el conductor de uno de los camiones invadió el carril contrario para adelantar a otros vehículos y, en ese momento, chocó contra la parte trasera de otro camión.El impacto hizo que el conductor perdiera el control del camión, que posteriormente colisionó lateralmente con otros dos vehículos que circulaban en sentido contrario. Al girar bruscamente hacia el otro carril, el camión chocó de frente contra un bus.17 personas fallecieron en el siniestroDoce pasajeros del bus y su conductor, así como los conductores de los camiones y otros tres pasajeros murieron en el lugar del accidente."Instamos a los automovilistas a que tengan precaución en las carreteras. Hay demasiadas personas que perder", dijo el comandante de la policía regional del este, Stephen Chebe.El presidente de Kenia, William Ruto, se mostró "profundamente afligido" por este accidente, y confirmó que entre las víctimas se encuentran peregrinos de la iglesia católica de San Matías Mulumba, parroquia de Mikindani, quienes viajaban al Santuario Nacional en Subukia para el Día Nacional de Oración."Nuestras más sentidas condolencias a las familias, amigos, feligreses y toda la comunidad católica que lloran esta dolorosa pérdida... Nos unimos a ellos en este momento difícil y rezamos para que Dios les conceda fuerza, consuelo y paz", escribió Ruto en su cuenta de X.Y añadió: “También rezamos por la pronta recuperación de los heridos en el accidente. Que las almas de los fallecidos descansen en paz eterna”.Kenia suele sufrir un elevado número de accidentes de tráfico con víctimas mortales, lo que en parte se debe al mal estado de muchos vehículos y carreteras.
Nairo Quintana puso fin este sábado a su carrera profesional a los 36 años de edad tras participar en el Giro de Emilia y cerrar una trayectoria deportiva que lo convirtió en uno de los mejores escaladores del mundo y en la que ganó los títulos del Giro de Italia de 2014 y la Vuelta a España en 2016.A sus 36 años, 'Naironman', como le dicen sus seguidores, se bajó de la bicicleta con la certeza de devolver la grandeza al ciclismo colombiano y de que lo ganó casi todo, excepto el Tour de Francia, que se le escapó en 2013 y 2015, cuando fue subcampeón, y en 2018, año en el que ocupó el tercer lugar.El ciclista culminó además su carrera en el Movistar Team, el equipo al que volvió en 2024 y con el que ganó todo lo que pudo entre 2012 y 2019 bajo la dirección del español Eusebio Unzué.Este año, el colombiano disputó su última temporada y su principal victoria la consiguió al ganar la última etapa y el título de la Vuelta a Asturias en abril pasado, que fue además su primera victoria en una carrera en cuatro años.Espíritu de superaciónQuintana nació el 4 de febrero de 1990 en Tunja, una ciudad ubicada a más 2.800 metros sobre el nivel del mar en el corazón de la Cordillera Oriental de los Andes.Desde niño fue un superdotado para la bicicleta y con 18 años tenía un nivel físico prodigioso. Según su descubridor, el exdirector español Vicente Belda, "en la bici era un chaval con desparpajo".La historia de Quintana tiene mucho que ver con el espíritu de superación, pues el colombiano ha repetido a lo largo de su carrera que su vida es como la de cualquiera, aunque la popularidad en su país y en el entorno de cada carrera le obligó a cambiar sus hábitos.Para él nada como su tierra y su familia para estar tranquilo y ponerse a punto para la temporada. Sus padres y sus hermanos fueron imprescindibles en su trayectoria.Un éxito tras otroQuintana debutó como profesional en el equipo Boyacá es para Vivirla en 2009 y al año siguiente fue fichado por el Colombia es Pasión, con el que ganó su primer título: el Tour del Porvenir de 2010.Sus dotes extraordinarios para la alta montaña llamaron la atención de la élite del ciclismo y en 2012 dio el salto a Europa de la mano del Movistar y de Unzué, con quienes forjó una relación exitosa que comenzó con los títulos de la Vuelta a Murcia, la Ruta del Sur y el Giro de Emilia en su primera temporada.En el 2013, Quintana explotó. Los títulos de las vueltas al País Vasco y a Burgos acompañaron el éxito conseguido en el Tour de Francia, en el que fue subcampeón, ganó la camiseta de mejor escalador y de mejor joven.Ese nivel alto lo mantuvo durante varios años en la élite, lo que le permitió convertirse en 2014 en el primer colombiano en ganar el Giro de Italia, una gesta que solamente repitió Egan Bernal en 2021.Su palmarés lo engrosaron los títulos del Tour de San Luis (2014), la Vuelta a Burgos (2014) y la Tirreno-Adriático (2015).Sin embargo, lo mejor estaba por llegar, pues en 2015 repitió el segundo lugar en el Tour de Francia y en 2016 tuvo el mejor año de su carrera en el que se coronó campeón de la Volta a Cataluña, el Tour de Romandía y la Ruta del Sur y fue tercero del Tour.La cereza del pastel llegó el 11 de septiembre cuando, vestido con la camiseta roja de líder, cruzó en Madrid la meta de la última etapa de la Vuelta a España y le ganó el título a Froome, en la que fue la mayor hazaña de su carrera.Salida del Movistar y ocasoEn 2019, la relación entre Quintana y la escuadra española ya estaba desgastada, por lo que decidieron partir caminos y el colombiano fichó por el Arkea-Samsic, un equipo menor.Con los franceses, su mejor resultado fue en el Tour de Francia de 2022, en el que terminó sexto, pero fue descalificado dos semanas más tarde por haber dado positivo por tramadol, un producto prohibido por la UCI aunque no dopante, por lo que no fue sancionado.El Arkea-Samsic decidió apartarlo de la competencia y salió de esa escuadra en 2023, año en el que estuvo sin equipo.En 2024, el Movistar decidió ficharlo de nuevo y terminó segundo en la etapa reina del Giro de Italia.En esta última fase, Quintana se convirtió en gregario y en una fuente de apoyo para sus compañeros, por lo que se baja de la bicicleta con la satisfacción de ser uno de los deportistas más importantes de la historia de Colombia.
Una mujer fue judicializada por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en el engaño y sometimiento de cuatro mujeres, entre ellas varias adolescentes, que viajaron desde Medellín hasta Villavicencio con la expectativa de trabajar como meseras y que, según la investigación, terminaron siendo víctimas de explotación sexual.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALos hechos habrían ocurrido entre el 27 de abril y el 8 de mayo de 2024 en la capital del Meta. De acuerdo con el ente investigador, María Ofelia Ortiz Gil sería la responsable de recibir a las mujeres y conducirlas hasta un establecimiento de comercio que sería de su propiedad.Según la Fiscalía, al llegar al lugar, las mujeres habrían sido informadas de que debían realizar actividades sexuales y permanecer en el establecimiento hasta altas horas de la noche, hasta que se retirara el último cliente.La investigación también señala que las afectadas habrían permanecido encerradas y bajo vigilancia mediante cámaras de seguridad. Además, Ortiz Gil presuntamente controlaba sus movimientos, les proporcionaba alojamiento y establecía los valores que debían cobrar tanto por las bebidas alcohólicas como por los actos sexuales.La situación fue advertida luego de que la madre de una de las adolescentes alertara a las autoridades sobre lo ocurrido y permitiera establecer su ubicación. Posteriormente, las acciones adelantadas por las autoridades permitieron llegar hasta el establecimiento y rescatar a las cuatro víctimas.La Fiscalía destacó que las mujeres habían viajado desde Medellín hasta Villavicencio luego de recibir una oferta para trabajar como meseras. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, una vez llegaron al lugar las condiciones habrían cambiado y habrían sido sometidas a actividades sexuales.Fiscalía imputó a la mujer por trata de personas agravadaUn fiscal de la Seccional Meta imputó a María Ofelia Ortiz Gil el delito de trata de personas agravado, en relación con los hechos investigados. La procesada no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía. Posteriormente, una juez de control de garantías determinó que deberá cumplir una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia mientras continúa el proceso judicial.La Fiscalía señaló que las afectadas habrían sido sometidas a condiciones de encierro, vigilancia y control durante su permanencia en el establecimiento. La investigación busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y la presunta responsabilidad de Ortiz Gil.El caso se originó a partir de la alerta realizada por la madre de una de las adolescentes, una acción que permitió ubicar a las mujeres y posteriormente adelantar el procedimiento que terminó con su rescate.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
El martes 29 de septiembre, una tragedia conmocionó a una familia en Texas, Estados Unidos, luego de que una niña de 4 años fuera hallada sin vida. Según las autoridades, su madre habría acabado con la vida de la menor pocas horas después de perder una batalla legal por la custodia.Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:45 de la tarde, cuando las autoridades recibieron una alerta por detonaciones de arma de fuego provenientes del tercer piso de un edificio.Al parecer, algunas personas que se encontraban en el lugar forzaron la entrada de una habitación para averiguar qué estaba sucediendo.Cuando la Policía local llegó a la vivienda, encontró el cuerpo sin vida de la niña, quien presentaba signos de violencia física y una herida de arma de fuego.La madre habría intentado quitarse la vidaEn la vivienda también se encontraba la madre de la menor, quien, según las autoridades, habría intentado quitarse la vida con un arma cortopunzante y mediante el consumo de sustancias tóxicas.La mujer presentaba heridas de gravedad, por lo que fue atendida por personal médico, que intentó estabilizarla.Posteriormente, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial bajo custodia policial. Sin embargo, de acuerdo con las autoridades del Departamento de Policía de Houston, falleció debido a la gravedad de las lesiones que se habría ocasionado.Una tragedia por disputa de una custodiaSegún las autoridades, los hechos ocurrieron pocas horas después de que un juez le otorgara al padre de la menor el derecho exclusivo y temporal de decidir sobre el lugar de residencia de la niña, así como sobre su atención médica y educación.La decisión judicial también establecía que la madre solo podía compartir con su hija mediante visitas supervisadas.