Hace más de tres meses, 99 integrantes de los llamados Comandos de Frontera, liderados por Geovany Andrés Rojas, alias Araña, suscribieron un acuerdo de paz con el gobierno del expresidente Gustavo Petro, entregaron las armas y se concentraron en una zona temporal ubicada en el sur de Putumayo. Sin embargo, el cambio de gobierno los dejó en una situación de incertidumbre, luego de que la administración de Abelardo de la Espriella diera por terminados los diálogos con los grupos armados ilegales y planteara como alternativa el sometimiento a la justicia. Esta decisión provocó la salida de algunos integrantes, mientras más de 60 permanecen en el espacio territorial. Recientemente, el Gobierno Nacional extendió por dos meses más su permanencia en la zona, hasta donde se desplazó un equipo de Noticias Caracol para conocer sus condiciones de vida y recoger sus testimonios.
El escenario de esta concentración es la vereda Betania, zona rural del municipio del Valle del Guamuez, una zona selvática del Putumayo históricamente golpeada por el control territorial de grupos guerrilleros, disidencias, la violencia paramilitar y la economía de la coca. Hasta allí llegaron el pasado 19 de junio 99 excombatientes a bordo de dos helicópteros, acompañados incluso por sus mascotas. Se instalaron en una finca de seis hectáreas bajo el marco de la Resolución 053, respaldada por la MAPP/OEA y países garantes, la cual fijó un tránsito de diez meses para prepararlos hacia la vida civil. En el predio se levantó una aldea de 23 casas blancas con techos azules para 200 personas. En un acto de paz, entregaron sus fusiles en cajas de madera para ser fundidos e incineraron sus uniformes.
"La libertad es única"
Sin embargo, el panorama cambió drásticamente tras la firma de la Resolución 346 por Abelardo de la Espriella, quien puso fin a la mesa de diálogos de paz. La posterior extradición a Estados Unidos de su máximo comandante, alias Araña, desató una desbandada al monte en la que 36 personas abandonaron el lugar, dejando a 63 excombatientes en un encierro donde, dicen ellos, no se les permite salir ni al río. Entre quienes permanecen está Robinson, alias 'El Paisa', un veterano con 20 años en la guerrilla que pasó por las FARC, estuvo privado de la libertad en la cárcel de Chiquinquirá e hizo parte del proceso de desminado humanitario en 2016. Ante el confinamiento actual, 'El Paisa' reflexionó diciendo que "la libertad es única. Usted entre paredes es el olvido, totalmente. Si el Estado olvida al pueblo, en la cárcel lo olvidan todos". Pese al desencanto, ratificó su meta de desmovilizarse: "A mí me gustaba esto, pero la meta mía, mi mentalidad, era entregar mi fusil".
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En las casas blancas también habitan jóvenes cuyas vidas quedaron marcadas por el conflicto a temprana edad. Natalia, de 29 años, y su pareja Wilson, de 24, un campesino ecuatoriano reclutado a los ocho años cuando quería ser enfermero. La trayectoria de Wilson está atravesada por el dolor de haber visto morir a su hermana en combate hace tres años en Puerto Guzmán. Recuerda que ella le dijo antes de fallecer: "Sálvate y cuando tengas la posibilidad de salir de acá te vas. Quiero que estés con mi mamá y con mis otras hermanitas". Cumpliendo esa promesa, Wilson dejó las armas: "Decidí dejar las armas por el motivo de seguir estudiando, seguir ejerciendo mi carrera como enfermero, pero acá en la vida civil y reencontrarme con mi familia".
“Respeten nuestras vidas”: excombatientes
Frente a la incertidumbre, la comunidad de excombatientes envió un mensaje al Ejecutivo: "Hemos tomado una decisión de valientes... lo que más pedimos es que respeten nuestras vidas porque esta decisión que tomamos la tomamos fue por todas nuestras familias porque queremos ir a casa".
El desacuerdo central radica en la exigencia gubernamental de sometimiento a la justicia sin garantías de transición legal. Arbey, de 36 años, quien recorrió todo el espectro de la violencia en Colombia, pues por grupos guerrilleros, paramilitares, pandillas urbanas y el Ejército Nacional antes de integrar los Comandos de Frontera, rechazó esa condición: "Nosotros no podemos someternos porque el que se somete es la persona que se entrega, que se desmoviliza, que tiene que sapear. Eso es someterse. Nosotros no”.
Por su parte, alias El Paisa sostuvo que “yo no me voy a someter, yo ya vengo de una cárcel. Nosotros no somos grupos delincuenciales, somos grupos alzados al margen de la ley en defensa de un territorio".
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Aunque alias Araña envió una orden desde la cárcel instándolos a continuar en el predio, los excombatientes temen ser arrestados: "Así no nos den el apoyo económico, pero que nos ayuden con la situación jurídica para poder uno movilizarse libremente. Le tememos a que pronto lleguemos a un retén y nos digan: 'Bueno, usted trabajó en un grupo armado ilegal, entonces vámonos para la cárcel'". Mientras corre la prórroga de dos meses, más de 60 personas aguardan una salida legal para retornar a sus hogares sin volver a las armas.