Estaba tras las rejas por corrupción, pero un fallo judicial de la Corte Suprema de Brasil, aprobado este jueves, le permitió salir.
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva vestido con una camiseta negra y una chaqueta de traje, levantó el puño en el aire cuando salió de la sede de la Policía Federal en la ciudad sureña de Curitiba y fue rápidamente acosado por simpatizantes y periodistas.
El histórico líder de la izquierda salió sonriente de la sede de la Policía Federal, donde cumplía su pena desde abril de 2018, y fue rodeado por una multitud enardecida de partidarios que lo aclamaba.
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva prometió "seguir luchando para mejorar la vida del pueblo brasileño" y apuntó contra las políticas del presidente Jair Bolsonaro, en un mitin momentos después de ser liberado de la cárcel de Curitiba.
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"Aparte de seguir luchando para mejorar la vida del pueblo brasileño, de luchar para que esos tipos no sigan entregado el país, quiero mostrar el lado mentiroso" de las instituciones judiciales que "trabajan para criminalizar a la izquierda", dijo da Silva, ante centenares de fervorosos partidarios.
Su compañera sentimental, Rosángela da Silva, con quien anunció que se casaría una vez libre, lo abrazó apenas salió del recinto.
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Un juez de ejecución de penas determinó poco antes que ya "no existen fundamentos para la ejecución de la sentencia", después de que la Corte Suprema decidiera este jueves que nadie puede ser encarcelado mientras tenga recursos legales disponibles.
La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, afirmó previamente que Lula tiene la intención de agradecer a las personas que realizan una vigilia de apoyo en Curitiba desde hace 580 días y que una de sus primeras actividades previstas será visitar el Sindicato de los Metalúrgicos de las afueras de Sao Paulo donde inició su carrera política.
La decisión de la Corte Suprema debe llevar a los tribunales a examinar la situación de unas 5.000 personas. No todas serán sin embargo liberadas, porque los casos de mayor peligrosidad tendrían dictada prisión preventiva.
Luz de esperanza
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Un abogado de Lula, Cristiano Zanin, dijo que el expresidente (2003-2010) "está muy sereno". "La decisión de la Corte Suprema le dio una luz de esperanza de que pueda haber justicia. Nuestra batalla jurídica, nuestro foco, es obtener la nulidad del proceso", agregó.
Lula fue condenado como beneficiario de un apartamento en el litoral de Sao Paulo, ofrecido por una constructora a cambio de contratos en Petrobras.
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Pero el exsindicalista niega los cargos y se considera víctima de una manipulación judicial para impedirle presentarse a los comicios presidenciales de 2018, en los que resultó elegido el ultraderechista Jair Bolsonaro.
Su postura ganó fuerza cuando Bolsonaro designó ministro de Justicia al juez Sergio Moro, emblema de la operación anticorrupción Lava Jato y autor de la primera condena contra el expresidente (2003-2010).
Moro afirmó este viernes que la decisión de la Corte Suprema "debe ser respetada", pero sostuvo que "continuará" defendiendo la prisión después de una condena en segunda instancia. "El Congreso puede, de todos modos, modificar la Constitución o la ley" para permitirlo de nuevo, agregó.
Impacto político
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Según analistas, Lula en libertad fortalecerá tanto al PT como, paradójicamente, a Bolsonaro, que supo captar el odio de una parte del electorado hacia el exlíder sindical, prometiendo incluso hacer que el exmandatario se "pudra en la cárcel".
"Para Bolsonaro es una buena noticia, porque refuerza la polarización ideológica que lo eligió. Veremos a Lula más presente en el escenario político y eso permitirá que Bolsonaro refuerce su papel de líder del campo anti-PT", dijo el analista Thomaz Favaro, de Control Risks.
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Bolsonaro hasta ahora no reaccionó, pero sí dos de sus hijos.
"Miles de presos serán liberados (...) generarán graves consecuencias sociales y económicas internas y externas", escribió el concejal Carlos Bolsonaro.
También el diputado Eduardo Bolsonaro criticó la nueva situación a la que se ve confrontada el poder judicial, aunque entre los 4.895 posibles beneficiarios de la decisión del STF muchos permanecerán en la cárcel, en régimen de prisión preventiva, debido a su peligrosidad.