Las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta de denuncia para casos de maltrato animal en Colombia y el mundo. Videos sin censura han dejado en evidencia a maltratadores de animales que, en el peor de los casos, son dueños o trabajadores de guarderías o fundaciones caninas que deberían velar por el bienestar de estos animales.Según la ley colombiana, el maltrato animal está tipificado como un delito y puede dar penas de prisión de 12 a 36 meses a quien cause la muerte o lesiones a animales. Séptimo Día conoció las denuncias de varias personas contra lugares que supuestamente velan por el bienestar de mascotas y animales rescatados, pero cuyas condiciones supondrían realmente maltrato para estos.Denuncian maltrato en fundación de animalesA través de videos, animalistas y voluntarios han denunciado a la fundación Rufo Salvando Vidas, la cual tiene sede en Suba, en el norte de Bogotá, y asegura ser un espacio en el que se rescatan perros y se promueve el apadrinamiento y adopción de estos, por el aparente mal estado en el que viven los animales dentro de su predio. Uno de los videos más llamativo en las plataformas digitales muestra el momento en el que, aparentemente, un perro se está "comiendo" a otro que murió en el lugar.El video en cuestión fue publicado por Julio Triviño, un hombre que aseguró haber evidenciado el mal estado en el que viven los perros que están en la fundación. "El video se realizó porque acompañé a mi hijo a unas de las canchas de fútbol que está ubicada cerca a esta fundación y lo graba un papá que estuvo ahí en un partido. Cuando lo publiqué la señora trata de explicarme por qué el perro se comió al otro perro. Dice que colgaron un perro porque se había muerto una noche antes y el otro lo alcanzó. Entonces sí hay un problema administrativo", explicó.La señora a la que se refiere Triviño es Andrea Clavijo, quien es la representante de la fundación y, según datos de los denunciantes y de las redes sociales del lugar, tiene en su poder a más de 100 caninos, entre ellos algunos con discapacidades. La mujer, ante las cámaras de Séptimo Día, negó las acusaciones que surgieron por el video de Triviño y las que surgieron hace un año cuando varios voluntarios acudieron al lugar en medio de una inundación que sufrieron en sus instalaciones, ubicadas cerca de un complejo deportivo.Las otras denuncias las realizaron Camilo Jaramillo, Paola Andrea Pinzón y Sandra Silvera Ortíz, quienes acudieron como voluntarios y aseguraron encontrarse con un panorama desolador. Los voluntarios aseguraron que al llegar notaron que muchos de los caninos estaban "desnutridos y deshidratados" y otros que al parecer pasaban "encadenados las 24 horas del día". Sandra Silvera detalló que "como era un terreno fangoso, llevamos materiales para meter tubería y estibas para que los animales no estuvieran en el barro, pero lo que nos encontramos fue animales tomando agua de sus heces, animales cuyas uñas estaban destruidas por los hongos. Vimos que no había alimento, pese a que la semana anterior habíamos llevado dos toneladas".También señalaron que vieron a Andrea Clavijo golpear a uno de los caninos mientras estaba allí. "Esas son mentiras, ellos hicieron un video y se dan cuenta que los perros se iban a agarrar, yo me agaché y le di [una palmada] en la boca a la perra, no le hice más", señaló la representante de la fundación y agregó que en el lugar tampoco hay espacio para almacenar tanta comida, por lo que en esa ocasión decidieron llevarla hasta la casa de otro voluntario.Por su parte, la voluntaria Paola Andrea Pinzón señaló que ese día se conmovió particularmente por el estado de desnutrición en el que encontró a Valeria, una perra criolla a la que decidió adoptar y Sandra Silvera agregó que otros perros en mal estado fueron trasladados a otros hogares y recibieron atención veterinaria. Pero Clavijo negó que los voluntarios hayan sacado animales en mal estado de su fundación. "Lo que se llevaron fue perros de raza porque los vieron bonitos, gordos y en buen estado", aseguró.¿Qué hacen las autoridades con estos casos?En Bogotá, la autoridad para estos casos es el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Séptimo Día llevó ante el director Antonio Hernández las denuncias contra la fundación Rufo Salvando Vidas para establecer si tenían conocimiento sobre esta situación. Hernández indicó que las quejas que han recibido al respecto "tienen que ver con el espacio no es el más adecuado, son muchos animales y muchos presentan un estado de salud que no es el mejor".El director del IDPYBA detalló que tras las denuncias fueron a la fundación para verificar la situación y, en ese momento, "encontramos seis animales que ella entregó porque se dio cuenta que no tenía las condiciones ni las capacidades para brindarles protección. [Esto] puede representarse como maltrato". A pesar de esto, la fundación sigue operando y manteniendo a decenas de perros en su poder en condiciones que no son las más apropiadas para garantizar su bienestar.Andrea Padilla, senadora reconocida por su activismo animal explicó que "maltrato animal es toda conducta que vulnere el bienestar de un ser sintiente, no solamente es el golpe, es el maltrato por acción, también por negligencia, el hacinamiento también es maltrato". Agregó que, en este tipo de situaciones, lo que se debe hacer es "intervenir con una oferta social y apoyar a esta persona. La Alcaldía debería hacerse responsable".Sin embargo, Antonio Hernández explicó que el motivo por el que como autoridades no le han quitado los animales a la fundación Rufo Salvando Vidas es "porque nosotros consideramos que de nada sirve quitar animales cuando están en un lugar en el cual tienen resguardo, alimentación y cuidado. Lo que hay que buscar es mejorar las condiciones de este tipo de lugares. Si una persona de estas maltrata, no genera condiciones seguras para el animal, tenemos que intervenir".Los voluntarios y animalistas siguen esperando que sus denuncian tengan un efecto definitivo para garantizar la mejora de condiciones de los animales que permanecen en la fundación Rufo Salvando Vidas, mientras esta sigue operando y recibiendo donaciones.
El propósito de vida de Jaqueline Rivera, diseñadora y madre de dos hijos, cambió en febrero de 2018, cuando Camilo Rodríguez acabó con la vida de su hija Tamara Rivera, de tan solo 18 años, y escapó de las autoridades. Jaqueline le prometió a su hija, el mismo día que se llevó a cabo su funeral, que no descansaría hasta encontrar a su feminicida y llevarlo a responder por su crimen, además le aseguro que lo haría en menos de un año.La tarea no era sencilla, al hombre parecía que se lo había tragado la tierra. Pero aunque ella desconocía su paradero, no se rindió y pasó meses siguiéndole el rastro con publicaciones en redes sociales, hablando con personas que lo habían visto y recopilando información sobre su nuevo estilo de vida. Y lo logró, en enero de 2019, gracias a toda la labor de inteligencia que ella realizó sin conocimiento alguno, pero con el poder del amor maternal, llevó a las autoridades a detenerlo en otro país.Jaqueline Rivera no confiaba en el novio de su hija"Ella era muy alegre, súper espontánea, de esas personas que todo lo resuelve, decía 'yo puedo, yo lo hago'. Esa niña llena de energía soñaba con aprender muchos idiomas y viajar por el mundo". Así recuerda Jaqueline a su hija Tamara o 'Tammy', una joven a la que se le acabaron los sueños con sus 18 años recién cumplidos, luego de que el hombre con el que había sostenido una tormentosa relación la asesinara en su casa en Cali.El responsable fue Camilo Rodríguez, un hombre seis años mayor que Tamara que se dedicaba a manejar Uber en la ciudad y se había ganado la confianza de la joven hasta el punto de empezar una relación amorosa. Cuando Tamara se lo presentó a su mamá, ella le dijo que no le daba confianza, algo extraño porque Jaqueline asegura que "a mí no me cae mal nadie". Sin embargo, sus dudas no hicieron mayor peso y el noviazgo continuó, pero a los cuatro meses notó que algo estaba mal con su hija. Jaqueline Rivera confirmó sus sospechas, Camilo maltrataba a Tamara, y por eso la llevó a interponer una denuncia. A pesar del proceso legal iniciado, Tamara decidió volver con él y con el tiempo también regresaron los golpes, en total lo demandaron por agresión y violencia de género tres veces. Camilo no solo maltrataba y manipulaba a Tamara, quien sentía que no podía salir de esa relación, sino que también llamaba a Jaqueline para amenazarla por haberlo denunciado.Así ocurrió hasta que, finalmente, Tammy decidió dar por terminada definitivamente su relación con Camilo. Ante el temor de que el hombre regresara a la vida de su hija, Jaqueline tomó la decisión de cambiarse de casa y, en medio de eso, recibieron una noticia que les dio alivio. Camilo llamó a su hija para despedirse. "Le dice: 'Me voy para Bogotá, lo siento, la embarré contigo y no puedo estar acá', y se fue en enero"; pero todo era una farsa.Unas semanas después, el 22 de febrero de 2018, cuando se suponía que Camilo Rodríguez ya no estaba viviendo en Cali, Tamara le avisó a su mamá que saldría a la calle a hacer una diligencia, pero nunca más regreso. "Yo sentí que se me oprimía el pecho, había algo que me decía que algo pasó", recordó Jaqueline Rivera ese día, cuando salió corriendo en busca de su hija presintiendo que lo peor había pasado."Cuando llegué metí la llave y esa reja se abrió, miré al piso y encontré la pulsera de ella. Corrí al patio, miré por la ventana y la vi en el suelo. La toqué y estaba fría, eso es duro porque usted queda como en una burbuja, yo salí corriendo a un CAI cerca y les grité: 'mi hija está muerta, Camilo la mató'", detalló.Así fue la cacería del feminicida de su hijaLa muerte de Tamara Rivera en Cali empezó a ser investigada por las autoridades en Cali, con Camilo Rodríguez como principal sospechoso ante los señalamientos de la madre de la víctima. Sin embargo, se desconocía el paradero del sujeto que semanas atrás les había dicho que se mudaría a Bogotá. Días más tarde se llevó a cabo el funeral de la joven y su mamá decidió convertirse en una especie de investigadora judicial, para honrar la vida de su hija. "Le hice una promesa y le dije que se la iba a cumplir. Que yo iba a encontrar a Camilo y que lo iba a encontrar antes de un año, costara lo que me costara. Y se volvió mi obsesión. Aprendí a saber cómo escribía, a saber cómo se expresaba. Empecé a analizarlo cuadro a cuadro".En medio de su dolor, y mientras pensaba cómo iniciar su búsqueda, Camilo Rodríguez tuvo la sangre fría de llamarla y hacerle parecer que él no estaba enterado de la muerte de Tamara. Por recomendación de los investigadores, Jaqueline tuvo que hacer de tripas corazón y hablar con él como si nada hubiera pasado. "Me dice: 'Hace rato no hablo con Tammy ¿ella dónde estará? Tammy no me contesta y me parece muy raro, y yo estoy preocupado porque ella ha estado saliendo con un tipo que es medio raro y a mí me da miedo que le haga algo'".Indignada y destrozada, la madre de Tamara decidió acudir a las redes sociales para pedir ayuda para dar con el paradero de Camilo. Como pudo consiguió fotos recientes de él y de cada uno de sus tatuajes, sus datos personales y detalló en una publicación que ese hombre era el asesino de su hija. Como sucede con este tipo de denuncias en plataformas digitales, rápidamente se hizo viral y algunas personas le aseguraron haberlo visto en Bogotá. El mismo Camilo volvió a comunicarse con ella ante la viralidad de la publicación. "Yo publiqué su foto, sus datos, le explicaba a la gente que ese sujeto asesinó a mi hija. Me llamó y me dijo: 'me voy a entregar a la Fiscalía de Bogotá, yo cometí un error y pienso pagarlo'. Luego empieza a insultarme". Pero Camilo nunca se entregó y desapareció del panorama otra vez; sin embargo, la voluntad, terquedad y el amor de Jaqueline por su hija era más perseverante.Jaqueline no paraba de publicar la información de Camilo y enviársela a personas en Bogotá, último lugar en el que lo habían visto. Por varios meses su búsqueda no daba resultados, pero nunca desfalleció. "En la noche hacía redes sociales, en el día trabajaba. No bajé la guardia en ningún momento" y para ese entonces sufrió un accidente en su moto, lo que la incapacitó un tiempo en su casa con "todo el tiempo del mundo" para continuar con su cacería."Un día de la nada llegó el mensaje que estaba esperando. Alguien me escribe que él salió hacia Ecuador con unos migrantes venezolanos". Al darse cuenta que Camilo ya había salido del país, Jaqueline no se detuvo, trasladó su búsqueda y empezó a enviar la información a personas en ese país, específicamente en las ciudades más cercanas a la frontera. Tras algunas semanas de silencio, finalmente recibió un nuevo mensaje de una persona que le aseguró haberlo visto en un parque en Lago Agrio, en la frontera ecuatoriana, pero no sabía si Camilo seguía allí o había cruzado la frontera hacia Perú.En medio de su labor de persecución a través de las redes sociales, en varias ocasiones la publicación de Jaqueline llamó tanto la atención que el mismo Camilo se comunicaba con ella a través de perfiles falsos. "Varias veces me encontré con que hizo perfiles con otros nombres y me escribía para sacarme información de cómo iba el proceso. Yo aprendí a ver él cómo se expresa, cómo habla, cómo escribe y yo lo identificaba. Yo le decía: 'Camilo, ya no le dé más vueltas a esto, o usted se entrega o yo lo encuentro'".Fue por eso que cuando recibió en su buzón de mensajes una foto en primer plano de Camilo Rodríguez, preguntándole si ese era el hombre que ella buscaba, sospechó de inmediato. Por fortuna, en esta ocasión quien estaba del otro lado del chat era un policía peruano que le confirmó sus sospechas, Camilo solo había estado de paso en Lago Agrio, Ecuador, y ahora estaba en Chiclayo, Perú. Para que ella confiara en él, le explicó cómo había conseguido esa foto del colombiano. "Me dijo: 'Yo soy policía aquí en Perú, mi tía tiene un restaurante y él viene a desayunar acá'. Entonces lo que él dejó su celular en la vitrina y cuando Camilo se sentó a pedir, él le tomó la foto".Jaqueline, que se había convertido en la sombra de Camilo, ahora tenía unos ojos en el Perú que estaban atentos a los movimientos de Rodríguez. De esta manera se enteró que Camilo se había establecido en el Perú con otra identidad, la de Johan Sebastián Mena Gutiérrez, y que, además, ya tenía una nueva pareja, mujer a la que también estaba maltratando y cuya familia ya lo había denunciado. "Logré averiguar dónde vivía, dónde trabajaba, a qué hora entraba a trabajar, dónde desayunaba, dónde almorzaba, dónde cenaba, me convertí en su sombra".Entonces la mujer se comunicó con la estación de Policía en Chiclayo y le envió al capitán Saavedra toda la información que tenía de Camilo, pero se encontró con un problema cuando el oficial le preguntó si el sujeto tenía circular roja de Interpol. Esto significó un nuevo retraso para su plan, pues a Camilo solo lo estaban buscando en Colombia. Jaqueline no había llegado tan lejos para nada, por lo que gracias a un investigador privado, consiguió que en diciembre de ese año se emitiera la circular roja contra Camilo, tuvo que esperar 45 días.Así las cosas, el 18 de enero recibió la mejor noticia: el operativo se había llevado a cabo y Camilo Rodríguez había sido capturado en Chiclayo. En ese momento lo detuvieron por falsedad en documento público y le informaron que la justicia colombiana lo exigía para que pagara por el feminicidio de Tamara Rivera. Jaqueline le había cumplido a su hija la promesa que le había hecho en su tumba, pero todavía no podía cantar victoria, pues faltaba el proceso de extradición.Debido a la burocracia entre ambos países, tardaron 10 meses en enviar a Camilo Rodríguez de Perú a Colombia. Pero una vez estuvo en territorio nacional, la justicia colombiana lo condenó a 375 meses en prisión, 35 años que actualmente apaga en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.Aunque el dolor por la pérdida de su hija sigue intacto y nada podría ayudarla a recuperarla, hoy en día Jaqueline Rivera vive tranquila por haberle cumplido a su hija de 18 años la promesa que le hizo el día de su funeral y haber conseguido justicia para que ella no se convirtiera en una cifra más de impunidad.
Colombia se enfrenta hoy a una preocupante realidad frente a la seguridad de la comunidad trans y de las personas con identidades de género diversas, donde la violencia y la intolerancia continúan cobrando vidas. El crimen de Sara Millerey González es un recordatorio de la desprotección que vive la comunidad LGBTIQ+ en el territorio nacional. Diego Guauque de Séptimo Día investigó.El caso de Sara Millerey en AntioquiaEn su infancia, se caracterizó por ser alegre, cariñosa y muy cercana a las actividades religiosas de su comunidad. Su tío, Juan Camilo González, recuerda con afecto que en su niñez ella era una persona servicial: "era alegre, le gustaba mucho las cosas de Dios".Desde temprana edad, Sara comenzó a manifestar y afirmar su identidad de género femenina, expresando abiertamente quién era y su deseo de ser llamada como Sara Millerey, de acuerdo con el relato de su tío.A diferencia de muchos otros casos de la población trans en el país, quienes frecuentemente sufren el rechazo y abandono de sus familias, Sara Millerey contó con un apoyo incondicional en su hogar. Su tío destaca que en su familia nunca existió discriminación.El ataque en Bello que indignó al paísUn viernes a las tres de la tarde, una vecina se comunicó con Juan Camilo González para alertarlo sobre el ataque que había sufrido su sobrina. La investigación judicial posterior reveló la gravedad y la premeditación con la que se ejecutó la agresión. Saúl León, abogado penalista de la familia de la víctima, explicó cómo se desarrollaron los hechos dentro del inmueble al que fue conducida por la fuerza.Según el abogado Saúl León, "básicamente quienes asesinaron a Sara Millerey son sicarios en el municipio de Bello, Antioquia". El jurista también señaló que "hay evidencia en el expediente que acredita que cuando los agresores toman a Sara le gritan improperios, vulgaridades. todo derivado de su identidad de género. Y todo esto ocurre mientras la golpean y mientras le quitan la vida prácticamente".Esta agresión estuvo relacionado por prejuicios sobre la diversidad. León señaló que los atacantes ejercían un dominio armado en el barrio y que, "derivado de ello, eh en este control territorial ilegal que hacían estos sujetos en ese municipio, pues consideraban que esto era inapropiado socialmente".Después de golpearla y causarle múltiples fracturas, los cinco agresores trasladaron a Sara Millerey hasta la quebrada La García y la arrojaron a la corriente. Según la denuncia de la defensa, el horror continuó después de que la víctima cayó al agua, ya que los atacantes permanecieron armados en el sitio para impedir que fuera socorrida.Varios vecinos del sector se alarmaron ante la escena. Al ver a Sara atrapada en la corriente, dos habitantes de la zona decidieron intervenir. Los vecinos formaron un lazo humano dentro del agua para sostener a la víctima, impidiendo que el cauce la arrastrara.Poco después, unidades del cuerpo de bomberos lograron ingresar al área a través de una vivienda.Investigación y el reclamo por los implicados prófugosAunque fue rescatada con vida de la quebrada La García, Sara Millerey González Borja falleció el 6 de abril de 2025 en un hospital de Medellín debido a la gravedad de las lesiones internas y las fracturas. Su violento asesinato desató indignación y una rápida movilización de las autoridades competentes.El proceso judicial ha avanzado de forma parcial en la identificación y captura de los autores materiales del crimen. La defensa de la familia confirmó que el expediente penal señala a un total de cinco sospechosos de participar en el homicidio. El abogado Saúl León habló del el estado actual de las detenciones: "Son dos sujetos oriundos de Medellín y de Bello, Antioquia. Están privados de la libertad en la cárcel El Pedregal de Medellín".No obstante, los otros tres implicados en el asesinato de Sara Millerey continúan en libertad. Al ser consultado sobre las razones por las cuales no se ha completado la totalidad de las órdenes de captura, el abogado León indicó que "no ha sido posible su ubicación" por parte de los investigadores judiciales.
El terremoto del pasado 10 de agosto, con epicentro en el departamento del Chocó, sacudió a la ciudad de Cali con gran violencia debido a las condiciones de su suelo blando, compuesto por sedimentos de río. El movimiento telúrico destruyó por completo 24 edificaciones de la ciudad y dejó agrietadas a más de un centenar. Los Informantes visitó la zona.Entre todos estos puntos críticos, la estructura que registró el mayor saldo de víctimas mortales fue el edificio residencial Torres del Limonar, ubicado en el sur de la capital vallecaucana. En las labores de remoción de escombros de esta estructura trabajaron de manera conjunta el cuerpo de bomberos, la Armada Nacional, la Policía y un equipo de expertos rescatistas internacionales. Durante las primeras horas, las familias de los desaparecidos mantuvieron la esperanza de hallar personas con vida. Sin embargo, los equipos de rescate se enfrentaron a un obstáculo médico y físico severo conocido como el síndrome de aplastamiento. Diversas víctimas atrapadas lograban entablar conversaciones bajo la estructura colapsada, pero al levantarse las losas de concreto que las presionaban, las toxinas acumuladas en sus músculos ingresaban repentinamente al torrente sanguíneo, provocando infartos fulminantes de inmediato. Según el registro de la emergencia, la gravedad de esta situación llevó a que algunos familiares manifestaran su deseo de que no se removieran las pesadas piedras para poder continuar conversando con sus seres queridos.La mujer que rescata fotos y recuerdos en las ruinasEn medio de esta tragedia, Johana Sánchez, una caleña de 41 años, madre y contratista sin ningún tipo de entrenamiento en labores de socorro, decidió acudir de manera voluntaria a la zona del desastre.A pesar de no vivir en el edificio colapsado ni conocer a ninguna de las víctimas, Johana evadió la prohibición de su familia para ingresar a la zona de impacto. Su llegada se produjo un martes, camuflada en un vehículo de carga pesada justo cuando se agotaban las 72 horas críticas de búsqueda de sobrevivientes determinadas por los protocolos internacionales.Al ingresar a la zona restringida, Johana relata cómo inició su labor voluntaria de apoyo: "Había un militar ahí y yo le dije, 'Buenas.' Y me entré y ahí mismo le dije a una persona, 'Me presta un casco y me puse a a coger piedras y a mirar por los huequitos si encontraba alguien. Yo vine a salvar vidas, o sea, a tratar de sacar la ayudar a sacar la gente, pero no no se pudo".Aunque la misión inicial de rescatar personas con vida no resultó, la atención de Johana se desvió hacia una dimensión diferente de la catástrofe al observar pequeños objetos cubiertos de polvo y escombros. El momento clave que redefinió su labor ocurrió tras observar un peluche entre las piedras. Al ver que otra persona intentaba desecharlo considerándolo inservible, Johana intervino diciendo: "No, señora, eso no es basura. Lo que para usted es basura, para otra persona es lo más importante que le queda, un recuerdo".A partir de ese instante, Johana Sánchez inició un proceso minucioso de clasificación de pertenencias personales que abarcaba zapatos, llaves, diplomas, relojes, carteras y cartas familiares. Ante la gran acumulación de objetos rescatados, diseñó un método de organización basado en los perfiles ocupacionales y profesionales de las víctimas. Al entrevistarse con los familiares que acudían al lugar, Johana indagaba por las profesiones de los fallecidos para ubicar sus pertenencias en sectores específicos.De acuerdo con Johana, la efectividad de su método sorprendió a los sobrevivientes: "Yo se quedan aterrados porque dice, '¿Usted cómo sabía que esto era de mi mamá?' Y yo le dije, 'Porque su mamá, por ejemplo, su mamá, ¿qué era?' Ah, la señora trabaja en estética. Entonces empezaba".De igual manera, logró agrupar todas las herramientas de ferretería correspondientes a un propietario de la Torre A identificado como don Miguel. Entre esos papeles, descubrió una carta redactada en el año 2011, la cual contenía un mensaje íntimo de afecto dirigido a su esposa e hijos que estuvo guardado durante quince años. El documento fue entregado a su hijo precisamente el día del cumpleaños de don Miguel.La maleta de fotos de la familia PatiñoUno de los procesos de identificación más emotivos del desastre fue el del periodista y presentador José Fernando Patiño, quien viajó desde Bogotá tras enterarse del colapso del apartamento de su padre de 78 años, Darío Patiño Rivera, situado en el apartamento 304. El rescate del cuerpo se concretó el martes en la noche tras una ardua labor de los rescatistas. José Fernando identificó a su padre ingresando a un estrecho espacio con la ayuda de un socorrista. El reconocimiento físico se efectuó por partes: la parte trasera de su pierna, su talón, una calva en la coronilla y un lunar en la axila.Tras el funeral, José Fernando regresó a las ruinas del edificio con el propósito específico de recuperar la memoria familiar. En ese momento, relata que recurrió a la ayuda espiritual de su padre: "le dije, 'Pa, entre tantas cosas ayúdame a buscar nuestros recuerdos.' Tú puedes creer que lo primero que encontramos fue una maleta donde dijeron, 'Ahí hay fotos'". Al recibir el equipaje que había sido clasificado por Johana y los voluntarios, José Fernando Patiño estuvo muy agradecido: "Esto es todo. Esto es todo lo que necesito". La recuperación de ese archivo fotográfico devolvió a la memoria de la familia.La clasificación de Johana Sánchez demostró que los objetos de valor estrictamente material perdían toda relevancia para los dolientes frente a la carga sentimental de las imágenes. Tal fue el caso de la hija de una pareja que falleció abrazada bajo las placas de concreto.Al intentar Johana hacerle entrega de joyas de plata y una costosa colección de lentes de sol pertenecientes a su madre, la joven de 30 años las rechazó de inmediato para centrar su petición únicamente en las fotos.La única ocasión en la que Johana Sánchez interrumpió su labor y se quebró emocionalmente ocurrió tras acompañar a una madre que permaneció dos días y dos noches sin dormir en el campamento improvisado, esperando el rescate de sus hijos Valentina y Juan.Cuando los cuerpos sin vida de ambos jóvenes fueron localizados bajo el concreto pesado, Johana se aisló del campamento y se encerró a llorar sola.A pesar de las constantes sugerencias del equipo de profesionales en psicología del duelo que asisten la emergencia, quienes le recomiendan diariamente retirarse para proteger su salud mental ante la saturación de dolor, Johana permanece firme en el lugar.Actualmente, todas las pertenencias, fotos, diplomas, relojes y anillos recuperados por Johana Sánchez y los voluntarios civiles han sido trasladados de forma segura a una bodega oficial para que los familiares puedan identificarlos y reclamarlos.
Los sueños que por años se construyeron en cada rincón de la escuela del Cadillal, en el Páramo de Pisba, escriben su mejor historia. Son días de felicidad, de sorpresas, de mucho amor, pero sobre todo de esperanza para sus dos únicos estudiantes: los hermanitos Fuentes y la profesora Johana. La historia de los únicos dos estudiantes de la escuela en el Páramo de Pisba, los hermanitos Ángel David y William Javier, y su profesora Johana Sora trascendió barreras y llegó a muchos corazones que han puesto su granito de arena para mejorar las condiciones de los pequeños. Así ha cambiado la vida de los estudiantes en la escuela del Páramo de PisbaDel antiguo lugar no queda nada; su techo ahora se aprecia desde lo lejos y, al llegar, el encanto de su sede permite encontrar una nueva realidad. “Mi escuela antes era oscura, sin pintar, sin canchas y ahora quedó linda”, dijo Ángel David Fuentes, estudiante de la Institución Educativa Juan José Rondón, sede Cadillal. “Nos ha tocado muy duro, nos hemos esforzado mucho; pero todo esto ha traído muchísimas bendiciones porque ya tenemos una escuela renovada”, aseguró Johana Sora, docente de la escuela en el Páramo de Pisba. El Cadillal ya tiene lo que soñó y por primera vez se conectaron con el mundo gracias a la llegada del internet. “Ahora ya me puedo comunicar todos los días con mi esposo, con mi hijo, con mis hermanas, mis hermanos, mis papás”, acotó la docente.Marcela Blanco, asesora de infraestructura educativa de la Gobernación de Boyacá, indicó que “en esta vereda nunca habían tenido la posibilidad de tener internet y para estos niños va a ser superimportante”. Pero no fue el único sueño cumplido; también llegó por primera vez al Páramo de Pisba un grupo de funcionarios de la Fundación Operación Sonrisa. “A eso venimos, a conocer un poco más de Ángel en su contexto, conocer su dinámica familiar, en qué condiciones está, cómo está Ángel y qué ha pasado en los últimos años que no lo hemos visto”, explicó Julián David Corredor, integrante de la fundación. Pronto será la tercera cirugía de Ángel David y la conectividad tendrá un papel importante en su recuperación, ya que las terapias se podrán realizar de forma virtual. “Eso nos ayuda a saltar barreras como es el desplazamiento; hoy lo vivimos, para poder llegar acá fue mucha travesía”, dijo María del Pilar Medina, miembro de la fundación. Hoy sus corazones están llenos de la gratitud que se pinta en el rostro de quienes dan magia a esta escuela en zona rural de Tasco, en Boyacá. “Yo le agradezco a todos los que nos cambiaron nuestras vidas”, mencionó William Fuentes, estudiante de la escuela rural. El Cadillal abrirá sus puertas el próximo lunes y sus izadas de bandera y clases reciben a Nicol, la nueva estudiante de esta escuela que nos enseñó a entender, a través de esta historia, que el corazón de quienes sirven lo hará siempre.
La Agencia Nacional de Minería confirmó que en la madrugada de este lunes fueron hallados dos cuerpos en medio de las labores de búsqueda y rescate tras la grave emergencia que se registró en una mina ubicada en jurisdicción de Tasco, Boyacá.Vea, también: “Me había dicho que ahí era buenísimo para trabajar”: amigo de un fallecido tras explosión en minaLa explosión al interior de la mina el pasado sábado dejó 15 trabajadores desaparecidos. La cifra de víctimas mortales asciende a 13 y se continúa en la búsqueda de dos personas más.Uno de los cuerpos hallados recientemente ya fue entregado al CTI. Entretanto, se espera la llegada de personal especializado para el levantamiento del segundo cadáver, que se encuentra a 100 metros del socavón.Otras noticias: Atacante de Nickol Valentina, niña asesinada por robarle el celular en Bucaramanga, aceptó cargosSegún autoridades, la explosión se habría generado por la acumulación de gas metano en la mina.En lo que va corrido del año, en el departamento de Boyacá se han registrado 11 accidentes mineros que dejan más de 28 víctimas.
Al menos tres de los diez muertos en un bombardeo contra una disidencia de las extintas Farc en el departamento del Guaviare, realizado el jueves 27 de agosto por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, son menores de edad, confirmaron este domingo las autoridades forenses. Esa información fue constatada este lunes por el Ministerio de Defensa. "Tres de los 10 combatientes ilegales en función continua de combate muertos en desarrollo de la operación militar son menores de edad (dos de 15 años y uno de 16 años)", se lee en el comunicado, que da cuenta, además, de una persona capturada y "un menor de edad recuperado y con sus derechos restablecidos" en el operativo."Nueve de los diez cuerpos fueron identificados y uno continúa en abordaje forense debido al estado en el que se encuentra. De los nueve cuerpos identificados cuatro son femeninos; cinco, masculinos y tres, menores de edad", expresó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en un comunicado. El ataque fue ejecutado el jueves pasado en una zona rural y los muertos, según el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, pertenecían al Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una disidencia de las Farc que lidera Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.Sobre los tres menores de edad, el Gobierno nacional afirmó: "Su reclutamiento y utilización por parte de grupos armados constituye una grave violación al DIH y un crimen de guerra. Rechazamos categóricamente esta práctica y trabajaremos con el Ministerio de Justicia y demás entidades competentes para fortalecer la protección de los menores, perseguir las redes de reclutamiento y sancionar a quienes los instrumentalizan".De la Espriella, que asumió la Presidencia hace tres semanas, ha prometido mano dura contra los grupos armados ilegales y contra la delincuencia en general. El pasado viernes, su Gobierno emitió unas resoluciones que ponen fin a las conversaciones con tres grupos armados ilegales, entre esos el EMBF, "por ausencia de voluntad de paz".El departamento del Guaviare, ubicado en el suroriente del país entre la Orinoquía y la Amazonía, ha sido históricamente una zona de presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas. En enero de 2026, enfrentamientos entre facciones de las disidencias de las Farc en el mismo departamento dejaron 26 muertos.En el operativo del 27 de agosto, según el Ministerio de Defensa, fueron incautados 19 fusiles, 7 ametralladoras, 184 minas antipersona, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones, entre otros elementos.Desde la Fiscalía habían confirmado el jueves que Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo, cabecilla principal de la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc, cayó en ese operativo. Por 'Urías Perdomo', mano derecha de alias Calarcá, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 400 millones de pesos. Sin embargo, entre los cuerpos aún no aparece el de Agudelo Salazar. De la Espriella, ese día más temprano, anunció que al menos ocho guerrilleros del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) habían muerto en el bombardeo militar en el departamento del Guaviare, cifra que aumentó a 10. El mandatario calificó como "golpe contundente" la operación "contra las estructuras criminales de la facción del narcoterrorista alias Calarcá", alias de Alexander Díaz Mendoza, jefe del EMBF.Alerta por el aumento de niños y niñas reclutadosLa ONG Human Right Watch (HRW) pidió el lunes pasado a De la Espriella que adopte medidas para acabar con el aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados en el país, que calculó son unos 1.500 desde 2021. Entre 2020 y 2025, los grupos armados reclutaron con mayor frecuencia a niños de entre 15 y 16 años, muestran datos de la Defensoría del Pueblo, que recogió un informe publicado ese día por HRW.Según el Ministerio de Defensa, entre enero de 2016 y octubre de 2025 la edad media de reclutamiento fue 15 años tanto para niños como para niñas. Sin embargo, más del 30% de los casos reportados involucraron a niños de entre 10 y 14 años y los funcionarios de protección infantil informaron a HRW de que han tenido conocimiento de un número creciente de niños más pequeños reclutados, incluyendo algunos de tan solo nueve o diez años.La defensora del pueblo, Iris Marín, aseguró durante la presentación del informe que es necesario que el Gobierno "atienda los riesgos de reclutamiento de grupos armados" y que centre la respuesta a esta problemática en la atención a las víctimas.NOTICIAS CARACOL
El fútbol colombiano este domingo terminó con un escándalo sucedido en el estadio Palmaseca de Cali, en donde el compromiso entre Cali y Bucaramanga terminó con enfrentamientos entre jugadores de los dos clubes y con un intento de invasión de la cancha por parte de algunos hinchas locales, que se mostraron salidos de casillas por lo visto en el terreno de juego.Y en ese orden de ideas, en la rueda de prensa se presentaron algunas explicaciones de parte de los protagonistas, tal y como sucedió con el entrenador Rafael Dudamel."Es una pena que no podamos hablar de fútbol acá, que haya ocurrido esto, hay roles dentro de un terreno de juego, con grandes jugadores, pero es vergonzozo lo que ha visto todo el país. A falta de dos minutos, nuestra gente estaba molesta por el resultado, tuvo que intervenir la seguridad, ya quedaban dos minutos, es una vergüenza lo que ha hecho mi colega, ha pateado una pelota, después se fue a la mitad de la cancha, ahí de paso agrede a Keiner Sandoval", explicó en primera instancia el entrenador de los vallecaucanos en la rueda de prensa posterior al compromiso.Ya a los pocos instantes y sin pausa, Dudamel siguió y apunto que "es una pena lo sucedido, ojalá el informe arbitral sea severo, esto es anti-todo. La parte externa estaba caliente, pero también hay una provocación, lo vieron así ustedes, la transmisión es muy clara, así se dio por terminado el partido, acá hay una insatisfacción de la situación, muy complicado así. Eso mismo hace un poco lo vi desde afuera". El timonel de los azucareros terminó su discurso con optimismo y dijo que "nos quedan 13 partidos por delante, este plantel se encuentra lleno de ganadores y vamos a seguir luchando".Así las cosas, la controversia no faltó en la fecha dominical y ahora se espera qué pasará con el informe arbitral.
En el departamento del Tolima, la emergencia por incendios forestales se agudiza. Bomberos, organismos de socorro y la comunidad siguen al frente de la atención para acabar con las llamas. Uno de los que se enfrenta a las feroces llamas es Neymar Galeano, un niño de 13 años a quien le duele cómo las montañas son consumidas por el fuego. Este menor de San Luis se ha convertido en símbolo de solidaridad ante una crisis que cumple 29 días en el departamento. La emergencia ha consumido más de 50.000 hectáreas, afectando a 2.660 productores agrícolas y ganaderos. Las pérdidas superan los 134.000 millones de pesos, con cultivos arrasados y más de 30.000 bovinos sin alimento por la quema de pastizales. Focos activos como el de la finca La Altamira, a un kilómetro de Payandé, evidencian la gravedad de la situación.Ante unos 11 incendios activos en municipios como Suárez, San Luis, Armero y Guamo, la intervención comunitaria ha sido vital. Los campesinos enfrentan las llamas con herramientas rústicas, mientras la gobernación despliega asistencia alimentaria (silo y heno) para el ganado de los productores. En esta tarea se cuenta con el apoyo de la Universidad del Tolima, el Comité de Ganaderos y donaciones de empresarios para mitigar el impacto ambiental y social.Así descubrieron a dos personas que fueron capturadas en Tolima por el delito de incendio en veredaEn medio de esta emergencia resalta la historia de Neymar. A pesar de su corta edad, el joven se unió activamente a las labores de mitigación. Con un fumigador a la espalda y en bicicleta, recorre diariamente el cerro para apagar los focos de calor que amenazan con expandirse. "Ya prácticamente dos semanas. Desde el lunes antepasado comencé yo ayudándole a mi papá a ayudar a apagar", explicó Neymar en Noticias Caracol. "Me duele ver todo esto quemado"Su motivación nace de un profundo sentido de protección hacia la naturaleza y los animales. En sus jornadas recientes, rescató un pájaro afectado: "Me duele ver todo esto por así quemado, por los animales. Inclusive, me llevé ahorita un animal, un ave que saqué y que se está asfixiada por el humo", señala conmovido.La tarea no es fácil para Neymar, quien realiza este esfuerzo con recursos limitados. Al principio no contaba con herramientas adecuadas: "Al principio no fue con esto (el fumigador) sino fue cargando agua en tarros, llevándole agua hasta los cerros", recuerda. Posteriormente, obtuvo un equipo prestado, aunque esto le supuso una preocupación adicional: "Este fumigador me lo prestaron. Lo pienso mucho cuando lo saco porque pues uno nunca sabe si se llega a dañar. Tiene que pagarlo uno".Para desplazarse, depende de la generosidad familiar: "Yo me transporto en la cicla que es de mi papá, porque yo no tengo porque a mí se me dañó. Entonces, esa es la que me presta mi papá para andar", detalla.Su madre, Marcela, apoya su vocación a pesar de los riesgos: "A pesar de que en estos momentos estamos pasando por esta situación, él ha tenido la valentía de colaborar, de poner su granito de arena, no en cosas materiales ni cosas económicas, pero ha puesto su actitud", expresó."Mi abuela me dijo que ayudara"La convicción de Neymar proviene de las enseñanzas de su abuela, cuyo recuerdo mantiene vivo en cada jornada: "Me siento muy feliz porque pues antes de fallecer mi abuela me decía que ayudara; que si algún día pasaba algo, ayudara, que uno nunca sabe más adelante si le pueda pasar algo a uno y lo vengan a ayudar". Gracias a esta voluntad, el joven se mantiene firme ayudando a proteger su territorio.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: MilografiasESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN Y REPORTERÍA DE ESTEBAN BEJARANO, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL
Hace un algunos minutos, se presentó una polémica situación en el estadio Palmaseca, durante los últimos minutos en el duelo entre Cali y Atlético Bucaramanga, por la octava jornada de la Liga BetPlay. Más allá del empate 1-1 que se presentó en el estadio Palmaseca, en los instantes finales todo fue confusión, improperios, empujones, protagonistas exaltados y salidos de casillas; mientras que en las tribunas se observaron los hechos con asombro, además de que algunos hinchas de la tribuna sur también se enfrentaron con algunos efectivos policiales.Los ánimos se fueron caldeando en los minutos finales, con enfrentamientos entre futbolistas de bando y bando ante algunas fricciones y acciones de faltas, y choques de juego. Y el tema se hizo aún más complicado cuando le fue decretada una pena máxima a favor de los 'azucareros', que a la postre fue capitalizada por Leyser Chaverra, cuando los visitantes protestaron de manera airada.Según los reportes de la transmisión oficial de la Liga del fútbol colombiano, el entrenador Pablo Peirano, de los santandereanos, se metió a la cancha para protestar y alertar por el tema del intento de invasión del terreno de juego por parte de algunos seguidores locales. Esto, según asistentes al estadio, se habría presentado antes del penalti, que se decretó a favor de los dueños de casa."En un momento fueron muchos los actores que estaban en la cancha. Jugadores de Cali y Bucaramanga enfrentados, se les veía entre improperios y algunos manotazos. Incluso, el árbitro alcanzó a mostrar tarjetas, un par de ellas rojas. Entonces fue claro que esto no terminó bien y nuevamente, otros hinchas se tuvieron que ir corriendo de las otras gradas, con nervios y tensión", expresó un seguidor consultado por Gol Caracol.Hay que recordar que en la fecha pasada, en el estadio El Campín seguidores de las barras radicales de Santa Fe y América invadieron la cancha, armaron una batalla campal y el duelo se tuvo que detener por cerca de una hora.
Una investigación desarrollada durante cerca de un año permitió judicializar a tres personas dentro de la operación denominada OISEC 26DESAB009 “LOS DEL CABLE”. El operativo estuvo bajo la dirección de la Fiscalía Primera Local de Subachoque y El Rosal, con el trabajo investigativo de la SIJIN del Departamento de Policía Sabana (Desab), el aporte de inteligencia de SIPOL, la participación de la Policía Nacional y sus unidades territoriales, y el acompañamiento institucional de la Alcaldía Municipal de Subachoque. El proceso permitió materializar tres órdenes judiciales de captura, incautar un vehículo vinculado a la investigación y consolidar elementos materiales probatorios frente al delito de hurto calificado y agravado. Durante varios meses, propietarios de fincas y viviendas rurales de Subachoque reportaron hechos con características similares: ingreso a predios, intervención de instalaciones eléctricas, corte y extracción de cableado y posterior sustracción del cobre.La reiteración de los casos planteó una pregunta fundamental: ¿se trataba de hechos independientes o detrás de ellos podía existir una misma dinámica delictiva? Uno de los elementos diferenciadores del caso fue la utilización conjunta de herramientas tradicionales de Policía Judicial y técnicas de análisis criminal y tecnológico."Esta fue una investigación perfecta. Bajo las correspondientes órdenes y controles judiciales se adelantaron entrevistas y declaraciones; análisis de registros videográficos y elaboración de fotogramas; búsquedas selectivas en bases de datos; obtención de registros de comunicaciones –CDR–; análisis de llamadas entrantes y salientes; datos de abonados, IMSI e IMEI; análisis de celdas de telefonía móvil; correlaciones temporales y geográficas; consultas especializadas; individualización de personas y vehículos, y análisis criminal de recurrencia", indicó el alcalde de Subachoque, Jorge Alberto Camacho Lizarazo.La información entregada por los operadores de telecomunicaciones fue sometida a los respectivos protocolos de embalaje, rotulado y cadena de custodia, con el propósito de preservar su integridad como elemento material probatorio. Entre los registros estudiados se encontraba información técnica correspondiente al 29 de noviembre de 2025, fecha central de uno de los hechos investigados.Posteriormente se realizó un análisis LINK, mediante una herramienta especializada que permite representar y estudiar las relaciones entre personas, lugares, eventos y comunicaciones. La metodología permitió contrastar cada pieza de información: una comunicación con una fecha; esa fecha con un lugar; el lugar con una celda de telefonía; una persona con un vehículo; y ese vehículo con registros audiovisuales, testimoniales y denuncias.La forma en la que operaba la banda criminalEl avance investigativo permitió identificar una modalidad caracterizada por la selección de inmuebles rurales, ingreso a predios, corte de acometidas eléctricas, extracción del cableado para obtener el cobre y utilización de vehículos como apoyo para el desplazamiento y transporte del material. Los elementos recaudados permitieron establecer, incluso, una presunta división funcional de tareas: mientras algunos participantes ingresaban a los predios para cortar y extraer el cable, otros cumplían labores relacionadas con logística, movilidad y vigilancia.Uno de los testimonios obtenidos durante el proceso describió funciones de transporte y vigilancia, corte del cable y extracción del material a través de potreros, además de la utilización de una camioneta para movilizar personas y cable de cobre. La investigación advirtió también una condición de vulnerabilidad: varios de los inmuebles afectados eran propiedades rurales cuyos dueños permanecían temporalmente fuera del municipio, circunstancia que podía hacer que los hurtos fueran descubiertos horas o incluso días después de ocurridos.En diciembre de 2025, ante la reiteración de los hurtos, la Administración Municipal anunció una recompensa de hasta $5 millones por información efectiva que contribuyera a identificar y capturar a los responsables. De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía, integrantes de la red de cooperantes entregaron datos bajo reserva que posteriormente fueron verificados y contrastados por las autoridades competentes.NOTICIAS CARACOL DIGITAL
