El grupo de Acuerdos Fundamentales, que reúne a las principales asociaciones médicas y científicas del país y representa a más de 350 mil médicos y profesionales de la salud, expresó su preocupación por el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) fijada por el Gobierno nacional en un 5,34%.
Para entender mejor esta preocupación, la doctora Clemencia Mayorga, vocera del grupo de Acuerdos Fundamentales, explicó varias incógnitas de la situación en diálogo con Noticias Caracol.
¿Por qué la medida resulta insuficiente para cubrir los costos del sistema de salud?
“Nosotros venimos alertando desde antes de que el Gobierno fijara este aumento de la UPC en la necesidad de hacer un estudio técnico independiente serio que pueda decirnos realmente la suficiencia o no de los recursos de la UPC para el sistema de salud, porque es que tenemos una realidad y es que las frecuencias de uso, el envejecimiento de la población, las nuevas tecnologías, los nuevos medicamentos y los nuevos procedimientos que se incluyen año a año representan unos costos incrementales en el sistema de salud y se suma a ello el aumento del salario mínimo por encima del 9%”.
“El Gobierno nos dice que solamente aumenta 1,3% por nuevas tecnologías y medicamentos sin tener en cuenta lo demás. El mismo Gobierno está fijando metas, en eso estamos de acuerdo, para aumentar la cobertura de ciertos programas; pero todo esto sin recursos suficientes no se hace y lo que podemos estar viendo es la agudización de esa crisis que se va a representar inmediatamente en las clínicas y hospitales y por esa vía van a tener que cerrar sus puertas, cerrar servicios y despedir trabajadores” .
¿Qué consecuencias podrían traer los adversarios para la sostenibilidad de clínicas y hospitales?
“Es incomprensible que el Gobierno diga que son las EPS las que van a ser afectadas con esta decisión cuando hoy existe el giro directo y el Gobierno tiene el control de más del 50% de la población afiliada mediante el manejo de EPS que están intervenidas por el mismo Gobierno y en las cuales aplica el giro directo a las clínicas y hospitales. No es cierto que los afectados vayan a ser las EPS, simple y llanamente van a ser las clínicas y hospitales”.
¿Qué llamado están haciendo al Gobierno nacional?
“Le estamos pidiendo al Gobierno nacional que reconsidere y recalcule esta UPC. No podemos pasar el año 2025 con este incremento, pero, además, le estamos pidiendo a la Corte Constitucional garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos y por esa vía le estamos pidiendo que tome medidas cautelares al respecto”.
¿Qué relevancia tiene el informe de la ADRES sobre el incremento de la UPC?
“La ADRES es el banco de la salud y no tiene por qué hacer estudios de suficiencia técnica sobre recursos suficientes o no del sistema de salud. Lo que conocimos de la ADRES fue un comunicado de prensa, pero no conocemos estudio de suficiencia. No tiene la capacidad ni tiene las funciones constitucionales para hacerlo; quien tiene que hacerlo es el Ministerio de Salud con los actores del sistema a través de un estudio juicioso de información que está determinado y que debe corregir. La Corte Constitucional tiene claro el tema y seguramente va a entrar a mirar cada uno de esos aspectos”.
¿Es posible que el Gobierno atienda ese llamado de más de 350.000 profesionales del sector salud?
“Esperamos que sí, confiamos en que el Gobierno nacional, más allá de una posición ideológica, realmente aceptamos que hay que hacer una revisión de esa cifra porque es que de otra manera volvemos al punto: lo que veremos durante todo el año es cierres de servicios, aumento en las quejas que ya de hecho se están viendo, en las barreras de acceso y en el número de tutelas; y volvemos al tema de cierre de servicios, despido de trabajadores, mayor aumento de los tiempos, porque es que esto es un círculo vicioso. Esperamos que el gobierno sea responsable en esta decisión y la reconsidere porque de otra manera no habrá forma de decir que no tuvieron la posibilidad de hacer una revisión”.
¿Cuántos hospitales y clínicas han cerrado hasta el momento?
“958, según el registro especial de prestadores de servicios de salud, que es el registro oficial del ministerio en el último año. Eso es una cifra inmensa; hemos visto el cierre de servicios de ginecología y obstetricia, y recientemente vimos el cierre de salas de parto de un hospital tan grande e importante como el Hospital San Ignacio. Entonces, viendo un deterioro. Hubo un aumento en el número de quejas y de tutelas en 2024, es decir, van al alza y la mayoría de esas quejas y tutelas son por barreras de acceso para los pacientes porque no encuentran citas, encuentran los servicios cerrados y esto demora la atención porque no hay medicamentos e insumos suficientes y los pacientes se están quejando de que en la mayoría de los casos no reciben sus medicamentos completos”.
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