Las presuntas acciones criminales por parte de una mujer y dos menores de edad quedaron al descubierto tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación. Los tres son señalados de haber sembrado el terror entre conductores de buses en Soacha, municipio de Cundinamarca. Llamadas, dineros y amenazas hacen parte de este caso que expuso el ente judicial y cuyo proceso apenas inicia para los detenidos.
La mujer, mayor de edad, fue identificada como Yisseth Daniela De Diego Zarate y fue asegurada como medida preventiva en un centro carcelario conforme avanza el proceso judicial en su contra. Los nombres de los dos menores de edad no fueron revelados por los derechos que tienen como adolescentes, pero se conoció que ambos tienen apenas 16 años de edad y fueron enviados a cumplir internamiento preventivo.
Así habrían sembrado el terror entre transportadores
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los dos jóvenes y la mujer habrían participado en amenazas y exigencias económicas de las que fueron blanco al menos 20 conductores de transporte en Soacha durante los dos últimos meses. Las víctimas habrían llenado las arcas de los señalados criminales al ceder a sus exigencias y pagarles una tarifa semanal para que les permitieran trabajar y buscarse el pan del día, mientras que en el fondo temían por las posibles represalias que les planteaban sus victimarios. Los hechos ocurrían en el paradero de una ruta que presta el servicio de transporte a distintos barrios de Soacha.
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En la audiencia, el fiscal narró una ocasión en la que Zarate y una adolescente actuaron de manera coordinada el pasado 28 de septiembre para exigirle pagos a un conductor informal, a cambio de que pudiera seguir desempeñando su trabajo. “Para respaldar dicha exigencia, le manifestaron pertenecer a una organización criminal y le facilitaron un teléfono celular mediante el cual se comunicó con un hombre que se identificó como el jefe de la organización, quien le exigió el suministro del número del jefe de ruta y posteriormente impuso el pago de 50 mil pesos por cada vehículo que operara en el sector, advirtiendo que quienes no efectuaran el pago no podrían trabajar y que sus vidas correrían peligro”, explicó. “En horas de la noche, ustedes regresaron al lugar acompañadas de un hombre que se movilizaba en motocicleta y reiteraron la exigencia económica, señalando que el dinero debía ser entregado a más tardar el 2 de octubre del año 2026 y que a partir de esa fecha todos los conductores debían cancelar semanalmente la cuota impuesta bajo las mismas amenazas de impedirles trabajar y atentar contra su integridad”.
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El ente judicial compiló elementos materiales probatorios que dieron muestra de que, al parecer, las víctimas eran abordadas para obtener los números de celular de otros conductores que hacían el mismo trayecto. Los blancos de las presuntas extorsiones presuntamente recibían llamadas en las que la otra persona del otro lado de la línea se identificaba como supuesto integrante de un grupo delincuencial. Para poder trabajar, les exigían a los conductores pagos que oscilaban entre los 22.000 y los 50.000 pesos colombianos, solo por vehículo.
La Fiscalía reveló que uno de los adolescentes tenía la tarea de vigilar a los transportadores y controlar la entrega de los dineros que obtenían a partir de las presuntas extorsiones. De hecho, los tres señalados fueron aprehendidos en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional cuando estaban recibiendo una suma de 300.000 pesos. Una vez estuvieron en manos de la justicia, un fiscal de la Fiscalía Seccional Cundinamarca les imputó el delito de extorsión agravada. Los procesados no aceptaron los cargos.
María Paula Rodríguez Rozo
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