Han pasado dos años y dos meses desde que Jennifer Andrea Plazas fue asesinada con un arma corto punzante y luego lanzada desde la venta de su apartamento en la localidad de Suba. Tras varias audiencias y un proceso largo, Andrés Gómez Uriza fue condenado, pero la familia de la deportista quedó sorprendida con la decisión.
“Después de la noticia de la sentencia del asesino de mi hermana, que va a recibir 26 años de castigo, como víctimas nos sentimos defraudas”, manifestó Ana María Plazas, hermana de la víctima.
Y es que, según la familia de Jennifer, son varias las fallas que presentó la Fiscalía en el escrito de acusación, por lo que el delito de feminicidio agravado pasó a ser simple.
“El juez hizo un llamado vehemente a la Fiscalía para que sus funcionarios operen de manera diligente y que las víctimas no quedemos con la sensación de injusticia”, añadió Ana María Plazas.
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El penalista Ricardo Burgos considera que la decisión del juez se ajustó en derecho a lo presentado por la fiscal del caso.
“Si hubiese sido agravado su pena hubiera sido alrededor de los 40 años, pero aclaremos, es una circunstancia que por principio de progresividad y de congruencia solo depende de la Fiscalía General de la Nación, quien olvida, al parecer, hacer lo mismo que se hizo en la imputación”, explicó el abogado.
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Casos como estos prendieron las alertas.
“En los últimos meses hemos visto cómo los fiscales hacen acuerdos previos a la imputación de cargos con las defensas de quienes cometen estos delitos. Es un deber estatal no solamente castigar el feminicidio, sino garantizar que no se vuelva a repetir”, comentó Yamile Roncancio, directora de la Fundación Feminicidios Colombia.
El representante de víctimas, la Procuraduría y Fiscalía apelaron la condena de 26 años contra Andrés Gómez Uriza y ahora será la Sala Penal del Tribunal de Bogotá quien confirme, derogue o aumente la pena.