El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, seccional Cundinamarca, entregó nuevos detalles del caso de Donovan Balanta en donde se ejecutó la captura de cuatro integrantes de la Policía Nacional. Entre los detenidos figura un mayor de la institución, quien ejercía como comandante del Comando de Atención Inmediata (CAI) de Cazucá, ubicado en el municipio de Soacha. Junto al oficial, las autoridades efectuaron la detención de tres patrulleros que participaban en las labores de vigilancia y patrullaje en el sector.
Adicionalmente, las autoridades informaron que un quinto policía adelanta negociaciones con la Fiscalía para concretar su entrega voluntaria a la justicia. Por su parte, los organismos de investigación mantienen la búsqueda de otros dos uniformados que cuentan con orden de captura vigente. En total, el expediente judicial registra a siete efectivos policiales implicados en el caso.
#LoÚltimo | Capturan a policías implicados en la muerte de Donovan Balanta. Esto es lo que se conoce.
— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 19, 2026
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Reconstrucción de los hechos en el barrio Caracolí
El suceso registrado el 20 de septiembre de 2026 inició en el barrio Caracolí. En el punto divisorio entre la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, y el municipio de Soacha, se presentó un procedimiento policial en vía pública. Según las declaraciones entregadas por los familiares de la víctima, Donovan Balanta regresaba a su lugar de residencia. Durante el recorrido, el ciudadano presenció la retención de un conocido por parte de los integrantes de la patrulla.
En medio de la intervención de los uniformados, el joven lanzó una botella. Posteriormente, los efectivos de la institución persiguieron a Balanta. La versión de los habitantes y allegados señala que los policías inmovilizaron al ciudadano en el suelo e hicieron uso de elementos de sujeción tipo esposas. Asimismo, las denuncias indican el uso de un dispositivo de descarga eléctrica tipo táser en el pecho de la persona retenida.
Tras la inmovilización, la patrulla trasladó al detenido hacia la Estación de Policía de Soacha. Durante la permanencia en las instalaciones o en el trayecto de movilización, Balanta presentó una pérdida del conocimiento. Los agentes remitieron al ciudadano al Hospital Cardiovascular de Soacha, centro médico al cual ingresó sin signos vitales.
Perfil de la víctima y demandas de la familia
Donovan Balanta tenía 34 años de edad al momento de su fallecimiento. El ciudadano laboraba en la planta de un laboratorio farmacéutico y adelantaba estudios en la carrera de criminalística. En el ámbito familiar, era padre de dos hijas y asumía el sostenimiento económico de su madre. La familia de la víctima desmintió la versión inicial de la institución policial respecto a la existencia de una riña previa en el lugar. La madre, Marlini Paz, y la hermana, Ana Ruth Tovar, señalaron ante las autoridades la ocurrencia de actos de agresión física.
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Igualmente, los familiares y miembros de la comunidad del sector sostienen que el procedimiento policial incluyó tratos discriminatorios motivados por la pertenencia étnica de la víctima. A raíz de estos acontecimientos, los habitantes de la zona han organizado jornadas de protesta, marchas y reuniones comunitarias para solicitar celeridad en las actuaciones de los jueces y fiscales.
Pronunciamiento de las instituciones y organismos de derechos humanos
La Policía Metropolitana de Bogotá comunicó en un principio la separación de los cargos y la apertura de investigaciones disciplinarias internas para determinar la responsabilidad de los uniformados. En los primeros reportes oficiales, la institución atribuyó la intervención al control de un altercado público y argumentó el uso de la fuerza reglamentaria ante la alteración de las personas detenidas.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía General de la Nación el desarrollo de un proceso penal exhaustivo para esclarecer la causa exacta del deceso. El organismo de control instó a verificar si la actuación policial incorporó criterios de perfilamiento racial o uso desmedido de la fuerza durante la detención.
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En sus observaciones, la Defensoría citó los reportes del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley de las Naciones Unidas (EMLER). Este organismo internacional ha documentado en Colombia patrones de uso desproporcionado de la fuerza y verificación de identidad dirigida a personas afrodescendientes.
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