El pasado 20 de septiembre de 2026, Donovan Balanta, un hombre afrodescendiente de 34 años, falleció tras un procedimiento de la Policía Nacional realizado en el barrio Caracolí, en el límite entre la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá) y el municipio de Soacha.
Donovan trabajaba en un laboratorio farmacéutico, estudiaba criminalística, era padre de dos hijas y sostenía a su madre. Según el testimonio de su hermana, Ana Ruth Tobar, el joven regresaba a su vivienda cuando presenció que los uniformados sometían violentamente a un amigo dentro de un vehículo policial.
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Tras lanzar una botella por inercia ante la agresión, varios agentes lo persiguieron, sometieron en el suelo y esposaron. La familia y miembros de la comunidad denuncian que los policías le infligieron golpes y le aplicaron descargas repetidas con un dispositivo táser directamente en el pecho, causándole un colapso cardíaco. Posteriormente, fue trasladado por la misma patrulla al Hospital Cardiovascular de Soacha, a donde llegó sin signos vitales.
Los reclamos de la familia: racismo y exigencia de cárcel
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Ante este trágico suceso, sus familiares y habitantes del sector han encabezado marchas, plantones pacíficos y velatones para exigir justicia. La madre de la víctima, Marlini Paz, y Ana Ruth Tovar, hermana, señalan que Donovan sufrió actos de tortura y brutalidad policial marcados por la discriminación racial, manifestando que la fuerza pública actuó con sesgo por el simple hecho de ser personas afrodescendientes.
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La familia enfatizó en rechazar que la respuesta institucional se limite a suspensiones administrativas; exigen que los policías involucrados sean investigados, juzgados e ingresados a prisión por la justicia ordinaria. Asimismo, desmintieron que el incidente haya iniciado por una riña y recordaron que Donovan era un ciudadano amigable y trabajador sin problemas con la ley.
El pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia emitió un pronunciamiento en el que expresó su solidaridad con la familia y el derecho que les asiste de conocer la verdad sobre los hechos. La entidad solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación exhaustiva que permita esclarecer las responsabilidades penales y verificar si durante el procedimiento se incurrió en perfilamiento y discriminación racial.
Asimismo, instó a la Policía Nacional a avanzar en las investigaciones disciplinarias internas observando el debido proceso y los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. El organismo señaló que en Colombia persisten problemáticas de racismo estructural y sistémico, haciendo referencia a los hallazgos presentados por el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley de las Naciones Unidas (EMLER), el cual documentó un patrón recurrente de perfilamiento racial y uso desmedido de la fuerza contra jóvenes afrodescendientes en el país.
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Actualmente, siete uniformados de la Policía Metropolitana de Soacha fueron apartados de sus cargos mientras cursan las indagaciones disciplinarias y penales correspondientes.
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