Colectivo 82: exintegrantes de la Policía fueron acusados de la desaparición de los jóvenes

El Colectivo 82 es el nombre por el que es conocido un caso de desaparición forzada en hechos ocurridos entre marzo y septiembre de 1982. En ese entonces 14 personas fueron detenidas, torturadas y desaparecidas en el marco de una investigación realizada por personal de la DIPEC al mando del coronel de la Policía Nacional Nacin Yanine Díaz por el secuestro y asesinato de los tres hijos del narcotraficante Jader Álvarez.

Las familias de los desaparecidos se unieron para conformar el Colectivo 82 y velar por el primer caso de desaparición forzada colectiva que se tiene registro en el país. En 1991, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado fue responsable por el secuestro y desaparición de las víctimas. 40 años después de los hechos, la Fiscalía 52 especializada en Derechos Humanos declaró como crimen de lesa humanidad la desaparición.

Este martes la Fiscalía General de la Nación dio una nueva actualización sobre el caso al acusar a 14 exmiembros de la Policía Nacional de la desaparición. "Al valorar las pruebas que obran en el expediente del caso denominado como ‘Colectivo 82’, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos encontró méritos para emitir resolución de acusación", explicó la entidad en un comunicado.

La investigación de la Fiscalía, que se reactivó a partir una acción de revisión ordenada por la Corte Suprema de Justicia el 22 de junio de 2011, evidenció que miembros de la extinta División de Investigación, Policía Judicial y Estadística Criminal (DIPEC) se habrían reunido con el ‘Grupo muerte a Secuestradores’ (MAS), organización paramilitar que tenía como fin enfrentar a las exguerrillas de las Farc y el M-19. Los miembros de la fuerza pública trabajaron en conjunto con el grupo criminal para rescatar a los tres menores de edad secuestrados, hijos del narcotraficante mencionado. 14 personas fueron retenidas en ese accionar y luego desaparecidas.

Los acusados son el brigadier general en retiro Nacin Yanine Díaz, los oficiales en retiro Jorge Alipio Vanegas Torres, Ernesto Condia Garzón, Miguel Rodrigo Torrado Badillo, Jairo Otálora Durán y Luis Ángel Perdomo Perdomo; los suboficiales en retiro José Alirio Velásquez Garzón, Jaime Helí Colmenares Botero y Josué Rafael Cobos Silva; y los agentes en retiro Henry Espitia Díaz, Benedicto Lara, Adrián Villamizar Jaimes, José David Quesada y Jorge Eliécer Barbosa Sánchez.

La Fiscalía les impuso a los acusados una medida de aseguramiento de detención preventiva "como presuntos responsables del delito de desaparición forzada agravada, la cual se hará efectiva en los lugares de residencia de los procesados (...) Teniendo en cuenta que se trata de un delito de ejecución permanente, puesto que 42 años después de los hechos se desconoce el paradero de la mayoría de las víctimas, adicional a la acusación, el fiscal del caso dispuso la detención preventiva de los procesados para 'evitar la continuación de la actividad delictual'”.

Grados simbólicos para los jóvenes desaparecidos

El 17 de abril de 2024 la Universidad Nacional entregó un grado simbólico a ocho de los jóvenes quienes se encontraban estudiando en esa institución en el momento de su desaparición. Las familias que componen el colectivo presentaron un protocolo a la Universidad para que reconocieran el trayecto académico de los desaparecidos. Tomaron como referencia el primer grado honorífico que otorgó la Universidad Distrital al joven desaparecido Alfredo Sanjuán.

“Este grado significa para nosotros una lucha por ese reconocimiento. La Universidad en el inicio no quería reconocer que eran estudiantes, nos decían que habían cancelado semestres, y luchamos mucho para que ese reconocimiento se diera. Comprobamos que sí estaban estudiando. Presentamos los carnés, las notas, los certificados, todo eso nos sirvió para que la institución reconociera que eran estudiantes”, dijo Teresa Sanjuán a Colombia+20 de El Espectador.

MATEO MEDINA ESCOBAR