Después de más de cuatro décadas, aún no se sabe con certeza qué paso con un grupo de estudiantes víctimas de desaparición forzada a finales de los años 70 y principios de los 80.
Hoy los que piden justicia son los hijos, los hermanos y los nietos de ocho estudiantes de la Universidad Nacional detenidos, desaparecidos y torturados por lo que en su momento se conoció como una alianza criminal entre el Movimiento Muerte a Secuestradores, en cabeza del narcotráfico, y el F2, la Policía secreta.
“Fueron en su mayoría personas jóvenes, estigmatizadas por agentes e instituciones formalmente representantes de un Estado de derecho, pero que jamás se ciñeron al derecho. Si privaron de la libertad, si fingieron que investigaban delitos, si engañaban con falsificadas protecciones de la ley o de las víctimas, ninguna de sus diligencias siguió trámites legales”, expresó en un discurso Javier Giraldo, defensor de derechos humanos.
Como un acto de justicia y una medida de un poco de reparación, por primera vez la Universidad Nacional de Colombia otorgó ocho grados honoríficos y simbólicos a estudiantes víctimas de desaparición forzada.
Teresa San Juan, hermana de Alfredo y Humberto San Juan, desaparecidos el 8 de marzo de 1982, y algunos de quienes dibujaron la emblemática imagen de Ernesto Che Guevara en el campus universitario, esperó por este tipo de reparación 42 años.
“Cuarenta años de lucha, 40 años de búsqueda, 40 años recorriendo los periódicos, 40 años recorriendo las calles con carteles”, recordó Teresa San Juan.
Carlos Armando Joya, hermano de Edilbrando, estudiante y cerrajero desaparecido el 13 de siempre de 1982, dice que su hermano tenía que presentar un examen, pero nunca llegó.
“Yo vine a preguntar con los compañeros y los profesores qué había sucedido y empecé a enterarme de cosas que no tenía idea. Ya había algunos estudiantes desaparecidos, otros mismos de los que estamos aquí nombrando, el caso Colectivo 82, y Edilbrando fue el último de los estudiantes”, contó Joya.
Cuarenta años de una escandalosa impunidad, dicen las familias. Padres que se cansaron de recorrer las calles pidiendo justicia. Sin embardo, hoy ninguno está vivo para recibir este reconocimiento.
“Yo aspiro a no morirme sin conocer la verdad, yo quiero la verdad y quiero justicia”, dice Nancy García Villamizar, hermana de estudiante desaparecido.
“Llegaron al taller, entraron y se identificaron como miembros del F2 y dijeron que lo iban a llevar para una investigación. Mis primos trabajaban con mi papá e intentaron detenerlo porque lo llevaban hombres fuertemente armados y se lo llevaron, lo subieron a una camioneta panel ese día y de ahí no hemos vuelto a saber nada de él”, recordó Martha Ospina, hija de uno de los estudiantes desaparecidos.
Hace 30 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado responsable de estas desapariciones y hace dos años fueron declarados crímenes de lesa humanidad. Todo esto ocurrió en el marco del Estatuto de Seguridad, entre 1978 y 1982.
Rafael Barrios, cofundado del Cajar, asegura que “son agentes del Estado los que perpetraron está desaparición forzada”.
Estas son algunas de las familias de lo que se conoce como el Colectivo 82, quizás el primer caso de desaparición forzada colectiva de la que se tiene registro en Colombia, los mismos que encabezaron las marchas de los claveles blancos.
“La gente salía consternada viéndonos a nosotros haciendo esto porque decían: ‘¿Pero si en Colombia no hay desaparecidos? ¿Cómo así?’. Y nosotros le decíamos: ‘Sí hay desaparecidos. Mírelos, aquí están, son ellos, son mis hermanos, mírelos’”, manifiesta Carlos Armando Joya.
Un precedente para la historia, una herida que no se cierra, un grado que solo será póstumo cuando las familias reciban los cuerpos de sus seres queridos.
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