Dos policías investigados por apropiarse de explosivos para venderlos fueron enviados a la cárcel

Así lo indicó la Fiscalía tras determinar que los uniformados se habían apoderado de los elementos y simularon su destrucción.

El ente investigador indicó que Luis Fernando Matínez Grajales, de 38 años de edad, y el patrullero retirado Arley Chavarro Santanilla, de 34 años, fueron cobijados con medida de aseguramiento intramuros, tras ser capturados el pasado 1 de octubre por este caso.

Los hechos se remontan a febrero de 2017 cuando la Fiscalía General de la Nación ordenó el allanamiento en el barrio El Volador ubicado en el noroccidente de Medellín. Allí las autoridades encontraron 288 barras del explosivo Indugel, 11 granadas de fragmentación, un revólver, 3.700 detonadores y 4 rollos de mecha lenta.  

De acuerdo a la investigación se pudo establecer que los elementos incautados hacían parte de otros procesos judiciales y la Fiscalía había ordenado su destrucción, sin embargo además de que los explosivos nunca fueron destruidos varios uniformados presentaron actas donde se afirmaba lo contrario.

Para el momento que ocurrieron los hechos, Martínez Grajales y Chavarro Santanilla hacían parte del grupo antiexplosivos de la Sijín de la Policía de Antioquia, ambos fueron capturados el pasado lunes en Bogotá.

Por este caso ya habían sido detenidos el patrullero Ferney Nicolás Cardona Cortés y el particular Juan Diego Viana López, quienes en su momento llegaron un acuerdo judicial y fueron sentenciados a 6 años de prisión.

A Martínez le imputaron cargos por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, mientras que Chavarro deberá responder por falsedad ideológica en documento público, dos delitos de peculado por apropiación y conservación de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, ya que lo señalan también de sustraer granadas de fragmentación que figuraban como evidencia de otra investigación, según la Fiscalía.

Ninguno de los dos se allanó a los cargos que les imputó un fiscal de la Dirección Especializada contra la Criminalidad Organizada. 

Foto: Archivo Colprensa