Ante un juez de control de garantías se realizará la audiencia de legalización de captura e imputación contra 19 agentes activos de la policía que fueron capturados por hacer parte de las redes de microtráfico en el centro de Medellín.
El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez condenó el hecho de que personas vinculadas a la policía estén favoreciendo la ilegalidad: “Son hechos grotescos que quienes ostenten la autoridad para defender la vida, la honra y los bienes, coloquen al servicio su investidura, y sus competencias y su instrumento al servicio de la delincuencia”.
El director Nacional de la Policía, General Rodolfo Palomino, explicó que más de un año fue necesario para recolectar el material probatorio que vincula a los uniformados con integrantes de organizaciones criminales encargadas de distribuir y comercializar estupefacientes.
Los operativos realizados por las autoridades en Medellín no pararon allí, según el vicealcalde de Gobernabilidad, Luis Fernando Suárez, el accionar de la Fiscalía y la Policía, sólo en la ciudad, dejó a más de 74 presuntos integrantes de bandas delincuenciales capturados en las últimas horas.
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“Recordemos que hubo un operativo muy importante, 20 capturas; un operativo contundente liderado por la Dijín, 46 capturas; al mismo tiempo un operativo en la comuna 8, ocho capturas”, afirmó Suaréz.
La desarticulación de grupos criminales también dio sus frutos en el municipio de Apartadó, Urabá Antioqueño, donde fueron capturadas otras 17 personas vinculadas al denominado “Clan Úsuga”, dijo el director nacional contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Nación, Álvaro Sarmiento.
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Según Sarmiento, fueron: “tres operaciones contundentes, contra organizaciones criminales en el departamento de Antioquia y municipio de Medellín. Importante destacar que en el municipio de Apartadó se llevaron a cabo 17 capturas contra una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes”.
Los patrulleros y los dos subintendentes capturados, y dejados a disposición de las autoridades judiciales, deberán responder por los delitos de concusión, prevaricato y concierto para delinquir.