Incluyen a alias ‘Maracuyá’ en la Lista Clinton y le expropian bienes por valor de 1 billón de pesos

Dos personas más fueron sancionas por la OFAC: Ruth García Rojas, de Puerto Asís, Putumayo; y Wilton César Hernández Durango, de Medellín.
Javier García Rojas, alias ‘Maracuyá’, es acusado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office Of Foreign Assets Control, OFAC) de la Oficina del Tesoro de ser un presunto narcotraficante que trabajaba de la mano de José Bayron Piedrahíta Ceballos, el ‘Patrón’ de los narcotraficantes que habría brindado apoyo a La Oficina, y quien fue capturado en septiembre del 2017.
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García Rojas sería el dueño de unos lotes ubicados entre Pasacaballos y Mamonal, en Cartagena (Bolívar), avaluados en 1 billón de pesos, y que las autoridades en las últimas horas afectaron con extinción de dominio por haber sido presuntamente conseguidos con dineros ilícitos.
Según un comunicado de la Fiscalía colombiana, alias ‘Maracuyá’ es “un presunto narcotraficante que, hasta el momento, habría evadido cualquier acción judicial en su contra y parecía imperceptible para las autoridades, pero que haría parte de la estructura criminal conocida como La Oficina”.
Con relación a los costosos lotes, el comunicado asegura que “los predios serían de la Sociedad Agroconstrucciones S.A.S., de la cual García Rojas es el representante legal; y de Construcciones Modernas S.A., una firma a cargo de un supuesto testaferro de alias ‘Maracuyá’.
Otros dos en la lista
En la Lista Clinton fueron incluidos también Ruth García Rojas, hermana de Javier García Rojas, y Wilton César Hernández Durango.
Este último fue un investigador estrella de la Fiscalía, clave en las pesquisas durante el proceso de Justicia y Paz que permitió conocer la verdad en el actuar del Bloque Mineros de las Autodefensas. Renunció en 2013 a la Fiscalía luego de más de 20 años de servicio.
Frente a la decisión de Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), de sancionarlo, Hernández Durango manifestó a Noticias Caracol lo siguiente:
“Mi labor en la defensa y la recolección de pruebas como investigador, se convirtió para las agencias en un malestar (impidiendo el legítimo derecho al trabajo y a la defensa de un ciudadano)”.
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