A mediados de abril la Fiscalía llegó a un acuerdo con la defensa de Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, dos de los principales responsables de la quiebra de Interbolsa, para que colaboraran con la justicia y les otorgó el principio de oportunidad.
“He dicho, e insisto en eso, para la Fiscalía es importante que se entienda que este principio de oportunidad no implica impunidad y es porque finalmente el principio se está concediendo solamente por un delito, el delito de captación masiva y habitual de dinero”, indicó Alexandra Ladino, fiscal del caso.
Sin embargo, ahora las víctimas están pidiendo que no se presente este principio de oportunidad ante los jueces y que sea el electo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien lo avale o lo rechace, pues no habría reparación efectiva, ni tampoco nueva información que contribuya al proceso.
“No tiene cabida y no tiene sentido que sean las cabezas quienes testifiquen en contra de mandos medios e inclusive bajos. Eso es un despropósito, es un absurdo y por supuesto desnaturaliza la figura del principio de oportunidad”, señala Majer Nayi Abushihab.
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Pero la Fiscalía señaló que es fundamental la colaboración de Ortiz y Jaramillo, porque pese a la investigación aún no sabe cómo se invirtieron los dineros de cientos de inversionistas en paraísos fiscales y cómo se constituyeron las empresas fachada en esos lugares.
“La información que ellos nos dan nos permite obtener en Colombia toda la información de cómo se desarrollaron las actividades en el exterior, cómo participaron cada una de estas sociedades, tanto en Bahamas como en Islas Vírgenes Británicas, como en Panamá, en Curazao”, apunta Ladino.
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Las víctimas de Interbolsa y el fondo Premium piden una reparación superior a los 300 mil millones de pesos, sin embargo el dinero recuperado apenas alcanza los $65 mil millones.