
Las organizaciones de productores de arroz en Colombia anunciaron un paro nacional arrocero a partir del 14 de julio, en respuesta a lo que califican como una crisis insostenible para el sector y el incumplimiento de acuerdos pactados con el Gobierno tras el paro de marzo de este año.
En un comunicado conjunto, Dignidad Agropecuaria Colombiana, Dignidad Arrocera Nacional y Arroceros Colombianos denunciaron la caída drástica de los precios en diciembre de 2024 y junio de 2025, mientras los costos de producción siguen en aumento. Según el gremio, estos “bajonazos” han configurado un desastre económico para miles de cultivadores.
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“Nos resistimos a desaparecer. El arroz es el único cultivo semestral que abastece el consumo interno”, advirtieron los voceros del movimiento, al invitar a otros sectores de la economía, autoridades locales y ciudadanía a respaldar su protesta. El sector también señaló a la industria molinera, acusándola de funcionar como un duopolio que “arrincona a la pequeña y mediana industria” mientras mantiene precios elevados para el consumidor. Asimismo, criticaron la “alcahuetería gubernamental” frente a un contrabando sin control que golpea la producción local.
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Otro de los puntos críticos del reclamo es el incumplimiento de la promesa de revisar y renegociar los Tratados de Libre Comercio (TLC), que según el gremio obligan a importar arroz a pesar de la capacidad de producción nacional.
El gremio aseguró que no cederán sin llegar a las garantías
El paro anunciado será de carácter indefinido y se mantendrá hasta que se encuentren soluciones concretas para el sector. Los cultivadores sostienen que la protesta será pacífica y civilizada, en defensa del derecho a producir, de la seguridad alimentaria, de la soberanía económica y del interés nacional.
El arroz se cultiva en más de 200 municipios del país y es uno de los principales productos de la canasta básica colombiana, por lo que las organizaciones advirtieron sobre el impacto económico y social que podría tener un paro prolongado si no se atienden sus demandas.
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Las organizaciones convocantes reiteraron su llamado al diálogo, pero subrayaron que ya no hay margen para más incumplimientos.
LAURA CAMILA RAMOS CONDE
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