La Corte Constitucional dio vía libre al Acuerdo de Escazú. Este es el primer acuerdo regional de América Latina y el Caribe sobre el medio ambiente. Pero, además, el primero en el mundo con disposiciones específicas destinadas a proteger a los defensores de asuntos ambientales.
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¿Cuál es el impacto del Acuerdo de Escazú en Colombia y qué significa este exactamente?
Para responder esa pregunta, Noticias Caracol en Vivo
habló con la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad.
“Lo que haces Escazú es que reconoce el derecho de las ciudadanías de acceder a la información ambiental, participar en las decisiones ambientales y con el acceso a la información, tener la capacidad de defender el medio ambiente, pero también la obligación del Estado de defender a aquellos que defienden el medio ambiente, que muchas veces se enfrentan a situaciones amenazantes”, empezó explicando la ministra Muhamad.
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Preguntada sobre a quiénes más va a beneficiar este acuerdo y cuáles van a ser concretamente las medidas que se van a tomar para garantizar la protección de los defensores ambientales, Muhamad manifestó que “realmente beneficia a toda la ciudadanía, porque genera el derecho de participación a todos aquellos interesados en decisiones ambientales".
"Para la ruta de implementación del Acuerdo de Escazú hay un primer punto y es el compromiso del Sistema Nacional Ambiental de hacer la información ambiental disponible de forma tal que la ciudadanía puede acceder ella con facilidad, dar participación en decisiones como el licenciamiento ambiental, trabajar con la justicia para que precisamente el tema de delitos ambientales, pero también el reconocimiento en la justicia de situaciones de vulneración ambiental, sean reconocidos y puedan ser tramitados. Y tendremos, además, todo un proceso de ruta de defensores ambientales y de derechos humanos", explicó.
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Añadió que todo esto lo han "empezado a trabajar ya desde hace dos años. Hay trabajo muy importante. Por ejemplo, la resolución que obliga ya a varias industrias a partir del año 2025 a publicar los componentes químicos que ponen sobre el agua, el suelo y también sobre el aire. Es un avance importante porque va a hacer que la información de estos impactos ambientales sea pública. Así que es una agenda transversal de todo el Gobierno y por eso desde ya se está constituyendo una comisión intersectorial para abordar el tema de Escazú”.
¿Qué responsabilidades tiene de ahora en adelante el Estado colombiano?
De las responsabilidades que tiene el Estado colombiano con este acuerdo, Muhamad aseguró: “Entramos a ser parte ahora sí, como Estado pleno, al tratado internacional de Escazú y eso nos hace una parte del tratado. Este año, por ejemplo, fuimos a la COP de Escazú como observadores, pero con la ratificación de la Corte ya somos Estado pleno. Eso nos permite acceder de forma plena a las herramientas de soporte desde la comunidad internacional que tendrá el Estado colombiano, pero también nos obliga a empezar a generar reportes oficiales sobre los avances de Escazú. Porque un tratado internacional lo que nos hace es corresponsables ante el mundo, en este caso ante los países de América Latina, frente a las acciones del Estado y los avances de los derechos de acceso a la información y la justicia ambiental en Colombia”.
Finalmente, la ministra se refirió a qué tan diferente es este a otros acuerdos como los que se van a lograr en la COP16, el importante evento de biodiversidad que se acerca.
“Tiene similitudes, en el sentido que es un tratado internacional, que ya con el aval de la Corte se vuelve parte de nuestro bloque de constitucionalidad, de nuestro bloque normativo, y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento y nos hace corresponsables ante el mundo. Pero lo concreto de Escazú es que pone de presente el tema de los derechos humanos en el proceso de gestión y las decisiones ambientales. Y por eso yo lo llamaría un tratado complementario a las otras convenciones ambientales de las que somos parte, como la de biodiversidad, la de clima y la de desertificación, pero genera un mecanismo parecido al que tiene la COP de biodiversidad o el Tratado de Biodiversidad, en donde somos un Estado parte con responsabilidad frente a otros estados del mundo, donde nos comprometemos ante el mundo frente a los derechos humanos en la defensa ambiental”, puntualizó Muhamad.
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