Visión de la ONU sobre el fuero militar desinforma, dice Gobierno

Bedoya rechazó así las declaraciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, sobre la reforma al Fuero Militar y dijo que sus apreciaciones "desinforman".
El funcionario se refirió a las declaraciones de Pillay sobre este nuevo esquema de la justicia especializada militar en el "Examen Periódico Universal" (EPU) al que se somete Colombia en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y aclaró ciertos puntos.
El viceministro señaló en primer lugar que el objetivo de esta reforma constitucional aprobada en diciembre fue "modernizar la justicia penal militar y otorgar a nuestros militares y policías (...) reglas claras para el cumplimiento de su misión y un marco uniforme para la investigación y juzgamiento de sus actuaciones".
Explicó que quedan excluidas "expresa y taxativamente" de la nueva Justicia Penal Militar "los crímenes de lesa humanidad, los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado", que quedarán en manos de la justicia ordinaria.
"Visto lo anterior, no es cierto, tal y como algunos medios de comunicación nacionales presentan su respuesta en las entrevistas publicadas el día de ayer, que las ejecuciones extrajudiciales y las violaciones sexuales serán conocidas por la justicia penal militar", apuntó.
Bedoya parafraseó a Pillay: "si el Gobierno realmente busca justicia para las víctimas y una paz duradera, la reforma debe caerse" y consideró esta sentencia como "subjetiva y desconsiderada", al remarcar que el fuero funcionará sobre la premisa de "cero impunidad".
"En ese sentido lamentamos sus apreciaciones que, además de ser imprecisas y por provenir de alguien que goza de su credibilidad y liderazgo a nivel global, desinforman a los medios de comunicación y a la opinión pública en un tema que el Estado colombiano ha trabajado con total responsabilidad", agregó.
Los representantes de Naciones Unidas en Colombia han criticado esta reforma desde su discusión en el Congreso y el Gobierno ha expuesto en numerosas ocasiones las razones por las cuáles impulsaron la iniciativa.
"Llama la atención el desconocimiento que sus afirmaciones reflejan sobre este tema", opinó antes de reiterar la disposición del Gobierno colombiano a "mantener y fortalecer" los lazos de cooperación con las Naciones Unidas en Colombia.
Por su parte, el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, ratificó en Ginebra que "cualquier reforma" de la Justicia en su país "no tiene como propósito la impunidad y menos la violación de los derechos humanos".
El informe final adoptado este viernes en el EPU contiene 160 recomendaciones, de las que Colombia aceptó 126, bajo la consideración de que ya está implementando 120 de ellas.
La delegación colombiana dijo que toma nota de otras ocho y que las consultará con el presidente Juan Manuel Santos, en casos como la sugerencia de constituir una Comisión de la Verdad en un futuro próximo.