El expediente del congresista Carlos Carreño, de Comunes, que habría exigido dinero a su UTL

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol revela el expediente reservado contra el representante a la Cámara por el Partido Comunes Carlos Carreño, quien era conocido con el alias de Sergio Marín en las filas de las extintas Farc. El congresista está siendo investigado por presuntamente cobrar parte del salario a los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). El caso puso en la mira de la justicia no solo al parlamentario, también a su partido, que surgió del acuerdo de paz con la antigua guerrilla.

El representante, quien fue parte del Bloque Oriental de las Farc durante 20 años, podría enfrentar pena de cárcel y perder la curul que obtuvo gracias al acuerdo de paz, ya que en los próximos días, la Corte Suprema de Justicia decidirá si le impone medida de aseguramiento. Otros congresistas del Partido Comunes también están siendo investigados por prácticas similares, convirtiendo este caso en una "papa caliente" para la colectividad de cara a las próximas elecciones.

Desde asesores hasta conductores, los que debían dar cuota

Hoteles, estudios profesionales y hasta ropa son algunos de los gastos que el político habría cubierto con dinero que, según la investigación, provendría del bolsillo de varios de los funcionarios de su UTL y no de sus cuentas personales. Así lo evidencian documentos y declaraciones reservadas ante la Corte Suprema de Justicia de antiguos colaboradores.

La declaración más importante es la de su propia asistente, Irene Amado, sobrina de Griselda Lobo, alias ‘Sandra Ramírez’ y quien es la viuda de ‘Tirofijo’, fundador de las Farc.

La mujer relató cómo Carreño supuestamente les decía: "Dígame quién no quiere dar la plata porque aquí estos contratos son contratos de libre nombramiento y remoción. Yo los puedo sacar en el momento que sea".

Irene Amado se encuentra en el exilio en Houston, Estados Unidos, debido a las amenazas que denuncia haber sufrido por denunciar al representante Carreño. Se convirtió en la mano derecha del congresista gracias a su cercanía con la viuda de ‘Tirofijo’. Como asistente, llevó una contabilidad paralela de los dineros que, según ella, se veían obligados a pagar los miembros del despacho del congresista.

"Una orden directa de Carlos Alberto Carreño desde el inicio. Y él jamás llegó a decirnos: ‘Ustedes están de acuerdo en que...’, no, eso no fue así", afirmó. Añadió que las personas que no aportaban "tenían diferencias con el representante" y "un llamado de atención".

Victoria Nariño (identificada como Marilyn Millán, parte del comité de finanzas del Partido Comunes y luego de la UTL de Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada) también fue mencionada por Amado, quien dijo a la magistrada de la Corte Suprema que les dijeron "que se iba a hacer recaudo, que nos iba a pedir cuota del salario a cada uno y que esos dineros se iban a destinar como en beneficio de lo que hacía el partido por las personas".

La exfuncionaria enfatizó que el dinero era un supuesto aporte para sufragar los gastos del Partido Comunes y que ella fue la encargada de recaudar los recursos de sus compañeros y entregarlos a la bancada. "El partido funciona por comisiones. Había una comisión de finanzas. En esa comisión de finanzas rotaron varias personas: estuvo Victoria Nariño, estuvo Sáenz, José Sáenz también estuvo en esa comisión", detalló Irene, explicando que a Victoria Nariño le entregó los recursos los primeros meses.

Asimismo, reveló que tenía la orden de Carlos Alberto Carreño de que no quedaran soportes de esos pagos y cuando la magistrada del caso le preguntó por qué, respondió: "Porque él, creo que muy dentro de sí, sabía que no era correcto".

Una tabla entregada por la testigo a la Corte Suprema registra los pagos que, según ella, el congresista asignaba a cada integrante de la UTL. Desde los asesores principales hasta los conductores debían cancelar. Los asesores Nivel I, con un salario de aproximadamente 8 millones de pesos, habrían tenido que entregar 3.640.000 pesos, casi el 50 por ciento de su sueldo. Estos cobros se habrían extendido incluso a los conductores, con un salario de 2.700.000 pesos y quienes debían sacar 200.000 pesos mensuales para el congresista.

La testigo explicó qué sucedía si se atrasaban con los pagos. Citó el caso de Diego Méndez, quien "se atrasaba 7 y 8 meses". En una ocasión, Carreño preguntó cuánto debía Méndez, quien tuvo que ponerse al día aportando una cifra considerable. Amado también se atrasó una vez y tuvo que compensar los pagos al mes siguiente.

Méndez reconoció ante el alto tribunal que había realizado los pagos, pero, según él, fue de manera voluntaria para aportar al partido político en su calidad de militante.

Sin embargo, Nicolás Farfán, exregistrador delegado para lo Electoral, aclaró que "a los integrantes de las unidades de trabajo legislativas de los congresistas, en su calidad de servidores públicos, les está prohibido hacer donaciones o contribuciones al funcionamiento de los partidos o movimientos políticos, y también contribuciones a las campañas electorales".

También habrían hecho trabajos de universidad para Carreño

Según la declaración de Irene Amado, el dinero pagado por los integrantes de la UTL de Carlos Carreño no siempre habría sido destinado al Partido Comunes. Se presume que el congresista habría utilizado estos fondos para cubrir gastos personales y campañas políticas.

La asistente detalló ante la Corte Suprema de Justicia cómo usó los recursos: compró cinco camisas bordadas para la campaña del representante, pagando con el dinero de los aportes. También se mencionaron pagos de mensualidades para acceder a una cadena de hoteles (Decameron) y pagos para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) por $36.000, así como otros registros de $826.000 y $1.986.000 para "pago universidad intersemestral SM" y "pago semestre SM", siendo SM las iniciales de ‘Sergio Marín’.

Ricardo Vargas, uno de los asesores de la UTL con el más alto rango salarial, declaró ante el alto tribunal: "Él se echaba la plata al bolsillo, diciéndolo coloquialmente. Lo que yo le entregué, lo vi con mis propios ojos cuando se lo guardaba". Según sus estimaciones, entregó más de 10 millones de pesos en efectivo durante su tiempo en el Congreso. Tras renunciar, pidió a las autoridades investigar al representante por las irregularidades.

Un chat entre Irene Amado y Laura Molano, otra integrante de la UTL, revela que el congresista, incluso, hacía que sus subordinados le hicieran los trabajos de la universidad. Amado explicó que crearon un grupo llamado Las Lamparitas para dividirse las materias, ya que "Sergio (Carlos Carreño) quería matricular todo, ver la mayor cantidad de materias, lo máximo permitido".

La contabilidad de pagos de la UTL llevada por la asistente de Carreño también muestra varios giros destinados, al parecer, a gastos de publicidad y aportes a campañas políticas, lo cual también prohíbe la ley para funcionarios públicos. Un registro de $2.300.000 con las siglas SM (Sergio Marín) en octubre de 2019, durante las elecciones regionales, fue entregado directamente al congresista, quien afirmó que era "para la campaña".

La corte indaga si el representante Carreño incluso ascendió de cargo a algunos integrantes de su UTL para cobrarles un mayor porcentaje del sueldo en época de campañas electorales. Laura Molano afirmó que sus aportes siempre fueron voluntarios, pero reconoció que "teníamos que tener un colchón para la campaña".

Otro ítem que llamó la atención de la corte es un pago de $500.000 para la compra de cascos y gafas que, según Irene, era para una manifestación del 11 de junio de 2021, fecha en la que el país vivía el estallido social durante el gobierno de Iván Duque.

¿Carreño amenazó a su UTL?

La primera parte de este escándalo se conoció en agosto de 2024, cuando Blu Radio reveló un audio del representante a la Cámara hablando sobre cómo cobraba porcentajes del sueldo a miembros de su UTL: "Yo le dije a Wilson, bueno, lo contratamos ahí pero una parte de lo que usted se va a ganar para que se la dé al 'Tubo', que es otro que está fundido. Yo le hablé en ese momento como de 5 millones. Dije, bueno gordo, pase por ahí 1 millón, 1 millón 200, millón y medio. Pero alguien que gana 5 millones, pues quitarle el millón y medio. Pero bueno, como todos están llevados".

Poco tiempo después, la Corte Suprema inició una investigación contra Carreño que lleva casi un año. Durante ese tiempo, una decena de testigos han declarado, muchos de los cuales afirmaron haber sido amenazados por el congresista para evitar que revelaran los cobros irregulares. Irene Amado relató que Carreño los reunió y les advirtió que "si eso salía a la luz, que si seguían las acusaciones contra él, (...) que si él tenía que ir a la cárcel, que él se volvía peor allá y que él salía y que se llevaba por delante al que fuera. Y que él sabía dónde vivían nuestras familias".

El representante fue llamado a indagatoria, pero se acogió a su derecho a guardar silencio. Consultado por Noticias Caracol, a través de su abogado negó haber hecho exigencias de dinero a los miembros de su UTL. Aseguró que los aportes fueron hechos por voluntad propia para las actividades sociales del político y señaló que las denuncias en su contra provienen de tres antiguos colaboradores con quienes tuvo diferencias laborales.

También se buscó a Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes, quien por motivos de salud no dio ninguna declaración.

Este escándalo estalla en un momento crucial para el Partido Comunes, cuyos congresistas están terminando su segundo periodo, producto del acuerdo de paz con las Farc. Esto significa que tendrán que ir a las urnas el próximo año y competir por votos con todos los partidos, ya que el acuerdo les concedió diez curules (cinco en Senado y cinco en Cámara) por ocho años, que terminan en 2026.

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