Este mes se cumplen cinco años del crimen del estilista Mauricio Leal y de su madre, Marleny Hernández, asesinados en su casa de La Calera en noviembre de 2021. Por estos hechos, Jhonier Leal, hermano e hijo de las víctimas, fue condenado a 55 años de prisión tras comprobarse que el movil del asesinato fue económico.Sobre la forma en que intentó apoderarse de la herencia, Elmer Montaña, abogado de las víctimas, explicó en el programa Expediente Final de Caracol Televisión: “Jhonier le infligió unas heridas en el abdomen antes de causarle las heridas que le produjeron la muerte con el propósito de que Mauricio firmara un documento en donde dejaba como herederos a su hermano y a sus sobrinos”.Situación de los bienes administrados por la SAETodo el patrimonio del estilista fue objeto de medidas cautelares de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación, debido a indagaciones sobre el origen de los recursos. Según los reportes presentados en la investigación de Expediente Final, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) administra los siguientes bienes:Una casa en un conjunto residencial en La CaleraUn apartamento en el norte de BogotáDos vehículos de alta gama marca Mercedes-Benz y una motocicletaUna cuenta bancaria con un saldo superior a 1.620 millones de pesosDos sociedades comerciales vinculadas a su peluquería y a su proyecto musicalEl deterioro de las propiedades de Mauricio LealEl informe de Expediente Final evidenció que la prolongada administración del Estado y el desuso han generado pérdidas económicas y desgaste en los inmuebles. La vivienda de La Calera ha permanecido desocupada durante este periodo, lo que ha provocado afectaciones en su estructura. Asimismo, la propiedad acumula deudas por concepto de cuotas de administración que superan los $100 millones de pesos. Además, el reporte indicó que existen saldos pendientes por pagar en los lotes del cementerio donde descansan los restos de las víctimas.Los reclamos familiares sobre los bienesDe acuerdo con ley colombiana, se inhabilita a quien haya sido condenado por el homicidio de un familiar para recibir su herencia. Con base en esta norma, Carlos Andrés García, medio hermano de Mauricio y quien se encuentra recluido en la cárcel de Jamundí por otro proceso judicial, inició trámites legales para ser declarado el único heredero legítimo. Sobre la relación familiar tras el crimen de su madre y hermano, García señaló en entrevista para Expediente Final que para él no existe la palabra perdón: "Así como él mató a mi familia, él para mí se murió como hermano”.Por su parte, la abogada Erika Sanguinetti, apoderada de Carlos Andrés García, declaró ante los micrófonos de Expediente Final: “Nosotros a través de una solicitud les solicitamos nos informaran qué ha pasado con estos bienes, nos han negado la información”. Actualmente, el trámite permanece suspendido a la espera de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resuelva la apelación de segunda instancia sobre la condena penal contra Jhonier Leal.
El programa Los Informantes de Caracol Televisión fue distinguido en la más reciente entrega de los Premios de Periodismo Simón Bolívar. La directora del informativo dominical María Elvira Arango y la productora Silvia Santamaría recibieron el prestigioso galardón en la categoría de Mejor Entrevista en Televisión por la historia titulada 'Una jueza valiente'.Al recibir el reconocimiento, María Elvira Arango señaló: "El premio Simón Bolívar es un honor, un gran reconocimiento y una responsabilidad enorme. Lo recibo a nombre de todo el equipo de Los Informantes, son los mejores: gracias por el apoyo, el cariño y el trabajo serio".La investigación judicial que expuso el paramilitarismo en ColombiaEl informe premiado cuenta la labor de Martha Lucía González, quien a sus 29 años asumió como Jueza Segunda de Orden Público durante el mandato del presidente Virgilio Barco. A los tres días de su posesión, debió investigar la masacre de 42 personas en las fincas Honduras y La Negra, en Turbo, Antioquia, y posteriormente la masacre de Mejor Esquina, en Córdoba.Sobre su motivación para asumir los despachos en esa época de violencia, González relató: "No, no tuve miedo. Tenía ganas de hacer algo. Yo escuchaba que los jueces no hacen nada, que los jueces no trabajan. Yo decía: 'Yo voy a trabajar y voy a mostrar, voy a hacerlo bien'". A partir de interrogatorios, la funcionaria vinculó a miembros del Batallón Voltígeros y descubrió la red de adiestramiento paramilitar en el Magdalena Medio, financiada por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha.Amenazas, atentados y el impacto del exilioTras expedir órdenes de captura contra los capos del narcotráfico, jefes paramilitares y oficiales implicados, la jueza recibió constantes amenazas. Ante el riesgo contra su vida, el Gobierno dispuso su traslado al exterior como cónsul en Indonesia. Como represalia, la red criminal perpetró un atentado en Bogotá en el que fue asesinado su padre, el abogado Álvaro González Santana.Al recordar el hecho, González manifestó: "A mí no me pudieron matar porque me sacaron al exilio como cónsul de Colombia en Indonesia. Entonces como no pudieron atentar contra mí se desquitaron con mi papá. Me mataron en vida". Tras cuatro décadas de exilio, durante una breve visita a Colombia para un homenaje la jueza dio esta entrevista a Los Informantes.Todos los Premios Simón Bolívar ganados por Caracol TelevisiónEsta distinción formó parte de un total de cuatro Premios de Periodismo Simón Bolívar entregados a Caracol Televisión. La lista completa de galardones obtenidos por esta casa periodística:1. Mejor Entrevista en Televisión: Otorgado a Los Informantes (María Elvira Arango y Silvia Santamaría) por el reportaje 'Una jueza valiente'.2. Mejor Investigación en Video: Obtenido por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol (Ricardo Calderón y Johanna Álvarez) por el trabajo 'Los archivos secretos de Calarcá'.3. Mejor Noticia en Video: Concedido a la Unidad Investigativa de Noticias Caracol por 'Los espías colombianos de Putin'.4. Mejor Noticia en Audio: Ganado por Blu Radio (liderado por Ricardo Ospina y un equipo de 16 periodistas) por el cubrimiento de la captura de Nicolás Maduro en Caracas.
Hay alerta por la seguridad vial en las carreteras colombianas debido a la manipulación celulares mientras se conduce. De acuerdo con cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el porcentaje de conductores distraídos por el uso de celulares en vehículos livianos aumentó, pasando de representar un 11 % en el año 2022 a un 25,03 % en 2026. Esta creciente imprudencia estaría siendo una de las causas más recurrentes de siniestralidad y fallecimientos en el país. Séptimo Día investigó.Los especialistas consultados por el programa de Caracol Televisión señalaron que el uso del teléfono al manejar desencadena cuatro clases de distracción: visual, motora, auditiva y cognitiva. Al desviar la atención hacia la pantalla o atender una llamada, la capacidad de reacción del conductor disminuye drásticamente ante cualquier eventualidad sobre la vía. Si bien las normas de tránsito en Colombia sancionan esta conducta con comparendos y multas económicas, las autoridades de tránsito reconocen la complejidad técnica para sorprender a los infractores en flagrancia o certificar que esta sea la causa exacta de un siniestro.Trágico antecedente de Kbeto Zuleta en 2023Para esta investigación, Séptimo Día se reunió con el cantante vallenato Kbeto Zuleta dos días antes del siniestro en el que perdió una pierna, y habló con él y su equipo de un angustioso momento que habían vivido el 9 de enero de 2023. En aquella fecha, el bus en el que se movilizaba la agrupación tras cumplir compromisos musicales en Santander se vio involucrado en un choque fatal en inmediaciones del municipio de Codazzi, Cesar. En ese caso, un motociclista que manipulaba su teléfono celular perdió la vida.Esteban Bolaño, manager de la agrupación y testigo de lo sucedido dentro del automotor, detalló en Séptimo Día cómo, según él, ocurrió la imprudencia del conductor de la moto: "El señor venía hablando por celular, manejando con el celular aquí (entre el hombro y su oreja) …Él gira, saca la moto... El chófer del bus le pita para que tenga precaución, pero el señor como que se aturdió y en vez de frenar lo que hizo fue acelerar".Los vehículos chocaron, la cabeza del motociclista, que no llevaba casco, golpeó el panorámico del bus y el hombre terminó debajo del vehículo de pasajeros, falleciendo instantáneamente en el lugar de los hechos.En este hecho, varios integrantes del grupo sufrieron contusiones y heridas menores por la ruptura de cristales. Reflexionando sobre el hecho, Bolaño sostuvo: "hubo una persona fallecida. A veces uno no tiene la culpa, la tiene la culpa la otra persona. Ya es una lección de vida que uno aprende o aprende". Por su parte, Kbeto Zuleta valoró haber salido ileso de aquel impacto y expresó: "Dios es tan grande que me salvó de esa mala hora". Y el cantante también aprovechó para dejar una reflexión: "gracias a Dios nunca en mi vida me ha pasado nada. Es un llamado de atención para toda la gente, incluido yo". Ante el riesgo inminente al que se exponen miles de conductores en las carreteras, Zuleta instó a crear conciencia masiva manifestando: "Sería bueno hacer una campaña que nos ayude a concientizarnos, una campaña bien fuerte a nivel nacional".Nuevo siniestro Kbeto ZuletaDos días después de conceder la entrevista a Séptimo Día, Kbeto Zuleta y los integrantes de su conjunto sufrieron otro grave accidente de tránsito mientras transitaban por las carreteras del Cesar, cerca del municipio de Bosconia. El choque dejó un saldo trágico con la muerte de tres colaboradores de su agrupación musical y mantuvo al cantante vallenato en delicado estado de salud; perdió una pierna.Frente a la gravedad de este nuevo siniestro cuyas causas permanecen bajo investigación oficial, Séptimo Día extiende un mensaje de solidaridad, pronta recuperación y apoyo para Kbeto Zuleta y los músicos heridos, expresando también sentidas condolencias a las familias de los integrantes fallecidos en las vías.El debate por endurecer las penasEn la actualidad, el Código Nacional de Tránsito cataloga estos accidentes mayoritariamente como eventos involuntarios u homicidios culposos en caso de víctimas mortales, imponiendo sanciones predominantemente monetarias.Sin embargo, voces parlamentarias y representantes de víctimas piden modificar drásticamente el marco legal vigente. Autoridades y analistas concluyen que sin leyes contundentes ni herramientas efectivas de fotodetección en las vías, la manipulación de pantallas al volante continuará cobrando vidas inocentes en el territorio nacional.
Desde 2008, después de la liquidación de DMG se han repartido más de 500 bienes entre 194 mil afectados y, según la agente liquidadora, faltan por adjudicar menos de 10 predios. Sin embargo, lo que debía ser una reparación terminó siendo un dolor de cabeza para quienes alguna vez invirtieron en esta pirámide. Los Informantes conoció historias de deudas increíbles.Cuando a Juan Carlos Suárez su contador lo llamó para hablar de la declaración de renta y le preguntó si había comprado tres inmuebles, uno en Unicentro, Bogotá, y dos lotes en el Atlántico, supo que algo muy extraño estaba pasando. Tras revisar su información tributaria, se enteró de que invertir en DMG y comprar un computador hace 18 años seguía pasándole factura.A este hombre le adjudicaron 2 lotes y un apartamento del que solo es dueño de 15x15 centímetros, ni si quiera una baldosa de tamaño promedio, pues son 4.290 personas las propietarias de este mismo predio que, además, debe impuestos.María Mercedes Perry, agente liquidadora de DMG, explicó en Los Informantes que “la reglamentación para esta clase de procesos indica que cuando un bien que es de la entidad en liquidación está para la venta y no se puede vender dentro de los dos meses siguientes a los que se aprueba su inventario se debe adjudicar entre los afectados”. Por ello, la cantidad de propietarios de este apartamento.¿Qué era DMG y qué pasó?DMG era la pirámide de David Murcia Guzmán, una de las mayores captadoras ilegales de dinero en la historia de Colombia. A quienes invertían en esa pirámide les prometían triplicar los ingresos a los 6 meses, aumentar las ganancias por cada referido que llevara y les entregaban una tarjeta con la que podían comprar televisores, neveras, lavadoras y todo tipo de electrodomésticos o muebles que vendía el mismo conglomerado, era un negocio redondo.El 17 de noviembre de 2008 DMG fue intervenida y, luego, Los afectados fueron citados en El Campín para entregarles un poco más de 200 mil pesos de la venta de algunos de los bienes de David Murcia Guzmán y de sus socios. Al acreditarse como afectados, los nombres fueron incluidos en la lista de repartición de los bienes que no lograron venderse y quienes no quisieran recibir nada debían avisar los días siguientes a la adjudicación, aunque pocos lo supieron.El apartamento con más dueñosJustamente, Los Informantes conoció la historia de Juan Carlos, uno de los 4.290 dueños de un apartamento ubicado en un conjunto residencial en Bogotá. La solución al problema de tantas personas sería que un copropietario encontrara a todos los demás y le comprara a cada uno su parte, el 0.023%. Una misión casi imposible.Y el dolor de cabeza es cada vez mayor, pues por el pedazo del predio que tiene a su nombre en Bogotá, avaluada en 160 mil pesos, Juan Carlos debe aproximadamente 1 millón de pesos de impuestos, sanciones e intereses.“No me siento reparado, me siento frustrado, muy aburrido con todo eso”, enfatizó Juan Carlos en Los Informantes.También hay historias de quienes tienen propiedades compartidas en Girardot o hasta en la última calle del suroriente de Bogotá.Entre tanto, David Murcia paga una pena de 22 años de cárcel por lavado de activos y captación ilegal de dinero.
La representante a la Cámara por Antioquia Verónica Estrada, del partido Pacto Histórico, fue denunciada por una presunta falsedad en documento público y fraude procesal, esto relacionado con su título de pregrado de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional, sede Medellín, y de su tarjeta profesional. La hoy congresista presentó un diploma que no corresponden con los que son expedidos por la universidad y no aparece en los registros como egresada.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)La senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, denunció en su momento a Juliana Guerrero, quien después fue condenada por el delito de fraude procesal tras falsificar sus títulos universitarios para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes en el Gobierno de Gustavo Petro. Pedraza también investigó los documentos de Estrada y habló sobre este nuevo caso de presuntos títulos falsos durante la administración pasada, ya que la congresista por Antioquia tuvo un contrato con la Dian en 2025 por un valor de $78 millones."Aquí la responsabilidad es fundamentalmente del partido político. ¿Cómo es posible que hayan decidido avalar a la representante Verónica (Estrada) después de que ella tenía, por lo que también estoy viendo en redes sociales, al parecer un proceso penal por falsificación de su tarjeta profesional? Obviamente la Universidad Nacional es muy difícil que pueda estar revisando quién hace con Canva una imagen de sus diplomas, pero aquí la responsabilidad fundamental está en cabeza del proyecto político del Pacto Histórico", comenzó diciendo Pedraza.La senadora explicó que los delitos en los que habría incurrido Estrada son falsedad en documento público, por el título de pregrado y la tarjeta profesional, y fraude procesal por la firma de un contrato con la Dian sin cumplir con los requisitos de ley. "Esto es una situación demasiado grave y yo pues me atrevo a ponerle política a esta conversación. Es claro que esta es la curul que le pertenecía al exdirector de la Dian porque lamentablemente al parecer en las listas del Pacto Histórico, partido al que no pertenezco, lo que empezó a ocurrir fue que los poderosos de los puestos y de los contratos lanzaron sus candidatos en la lista cerrada para ponerles sus propios votos", añadió Pedraza.Jennifer Pedraza explicó que la situación alrededor de Verónica Estrada inició luego de una intervención en el Congreso por parte de la representante que evidenció "falta de rigor". En ese momento se encontraba en canciller Omar Bula, quien de acuerdo con una investigación de Casa Macondo, también presento irregularidades en su hoja de vida, por lo que la senadora resalta de "indignante" y "transversal" las irregularidades en los títulos para acceder a contratos o cargos públicos. "En el gobierno de Petro y en el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Nosotros también hemos destapado como la ministra de las Culturas, Paola Holguín, presentó dos maestrías en sus redes sociales cuyo título también es inexistente (...) A raíz de esta intervención de la representante Verónica (Estrada), obviamente surgen un montón de cuestionamientos e iniciamos con nuestra revisión", agregó.El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) indicó en una resolución "que denegó en primera instancia la expedición de Matrícula Profesional a LUZ VERONICA ESTRADA HOLGUIN", debido a que luego de que ella solicitara su tarjeta profesional y la entidad hiciera la validación de los documentos no se encontró que se hubiera egresado del programa, ni figuraba en la base de egresados de la Universidad Nacional. Por su parte, Verónica Botero Fernández, entonces decana de la facultad de Minas de la Universidad Nacional, aseguró que su firma no coincide en el diploma presentado por Estrada y que sospechó de su preparación real al hablar de los minerales en la forma en la que lo ha hecho.La senadora Pedraza explicó que tras las revelaciones la investigación tendrá que pasar a la Corte Suprema de Justicia. "Verónica, la representante del Pacto Histórico por Antioquia, tiene que renunciar a su curul, no tiene ningún tipo de presentación que ella siga ostentando un fuero, que ella siga siendo representante del pueblo antioqueño, que se esmera y que se esfuerza para salir adelante como para que ella no siga ocupando su espacio", enfatizó.La Universidad Nacional dio a conocer que "ante la circulación pública de un documento presentado como un acta de grado expedida", no encontraron "registros que acreditaran la condición de egresada de la señora Luz Verónica Estrada Holguín del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia". Asimismo, la institución "estableció que la copia del registro de diplomas presentada para verificación no había sido expedida por la Universidad en dicha sede" y que "presentó la denuncia correspondiente y continuará impulsando su trámite ante las autoridades competentes".MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
La edad de una persona no determina si está en condiciones de tomar decisiones sobre sus bienes o firmar documentos. Así lo reiteró la Corte Suprema de Justicia al estudiar el caso de una mujer de 81 años, cuyo fallo permitió revivir varios contratos que había firmado. La decisión abrió nuevamente la discusión sobre la autonomía de los adultos mayores y los prejuicios que enfrentan al realizar trámites legales.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)Según lo explicó la Corte una persona no puede ser considerada incapaz de celebrar negocios, firmar escrituras o tomar decisiones sobre su patrimonio únicamente por ser adulta mayor.El alto tribunal señaló que para desconocer la voluntad de una persona debe existir evidencia que demuestre que no tomó una decisión con conocimiento y voluntad. Es decir, no basta con hacer suposiciones relacionadas con su edad o con su condición de adulto mayor.¿Qué decidió la Corte Suprema sobre la adulta mayor ?El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia luego de que se cuestionara la validez de varios contratos suscritos por una mujer de 81 años. Al revisar el asunto, el tribunal revivió esos acuerdos y reiteró que la edad, por sí sola, no constituye una razón para desconocer los actos jurídicos de una persona.La decisión también recordó que los adultos mayores no tienen que demostrar permanentemente que conservan sus capacidades para poder ejercer sus derechos.En ese sentido, durante el informe se explicó que una persona mayor no debe cargar con un certificado de lucidez mental para realizar trámites o formalizar acuerdos. La presunción de capacidad jurídica implica que cada ciudadano conserva su autonomía, independientemente de los años que tenga.¿Un adulto mayor puede firmar contratos y escrituras?"Si usted es una persona mayor cumplir años no lo vuelve incapaz de firmar un contrato, un testamento o una escritura. Dijo Patricia Guzmán, magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema. Rocío Franco, periodista de Noticias Caracol, habló con el médico geriatra Robinson Cuadros sobre si una perona adulta mayor puede estar impedida para decidir estos casos y explicó que no se debe presumir incapacidad jurídica únicamente por un diagnóstico o por la edad de una persona.El experto indicó que es importante acompañar estos procesos para establecer si las decisiones se están tomando libremente o si existen factores como presión familiar, engaños o intereses de terceros.Por su parte, el expresidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, explicó el alcance de esta determinación y recordó que la legislación colombiana presume la capacidad jurídica de todas las personas."Este fallo tiene un significado muy grande porque pone de relieve y le muestra al país cómo la capacidad jurídica de las personas, sobre todo hablando de las personas maduras, es una presunción de la ley", señaló.El exmagistrado hizo referencia a la Ley 1996 de 2019, que reconoce la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad y establece mecanismos para garantizar el ejercicio de sus derechos.Tejeiro también aclaró que pueden existir situaciones excepcionales en las que una persona presente una disminución de sus capacidades cognitivas. Sin embargo, esa condición debe demostrarse y no puede darse por sentada debido a la edad."El ordenamiento jurídico colombiano presume la plena capacidad de las personas aún hasta su muerte", concluyó..Desde el ámbito notarial también se recordó que la edad no es un impedimento para realizar trámites. La labor de los notarios consiste en verificar que las personas puedan manifestar de manera inequívoca su voluntad.Mauricio García Herreros, notario 12 de Bogotá afirmó que estos casos los ha visto incluso en personas de 90 años con "una lucidez mental estupenda envidiable y tambien tenemos casos con personas incluso menores que su lucidez mental no es la misma".HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió un incidente de medida correctiva en contra de la directora administrativa del Senado, Astrid Salamanca, por no haber permitido inicialmente la inspección judicial en las oficinas del Congreso para observar la contratación relacionada con Deicy Jiménez, quien denunció al expresidente Gustavo Petro.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl alto tribunal escuchará en descargos a la funcionaria para determinar si aquí se obstruyó o no a la justicia. Salamanca tiene que justificar la razón por la cual no permitió inicialmente la práctica de la diligencia y, de no dar una explicación satisfactoria, podría darse compulsa penal y disciplinaria contra ella. Para esta última, la sanción puede ser, en caso de imponerse, arresto de 1 a 30 días.Sobre el caso de Deicy Jiménez, el presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, Carlos Roberto Solórzano, manifestó en su momento que “lo importante es entrar a determinar las implicaciones desde el punto de vista penal de lo que pueda existir en materia de si hubo contratos con dineros del Estado”. Recalcó que “los servidores públicos tenemos que ser dignos en lo público y en lo privado”.¿Qué se sabe sobre los contratos de Deicy Jiménez?La mujer ya ha declarado ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y ante la Fiscalía General de la Nación, a la que Jiménez le entregó el celular en el que estarían cada una de las pruebas de sus supuestos encuentros íntimos con el expresidente Petro. (Lea también: Deicy Jiménez tras diligencia en Fiscalía y video con Petro: "No vine a hacer espectáculo")Sobre este caso, la exsenadora María José Pizarro señaló en un comunicado que, durante el tiempo en que fue vicepresidenta del Senado (2023-2024), conoció a la señalada como una contratista de la Vicepresidencia. “Su vinculación y la prestación de sus servicios se dieron en condiciones normales y no estuvieron sujetas a nada distinto que su vinculación laboral”, indicó, explicando que “jamás supe de ningún tipo de relación íntima con el entonces Presidente” Petro y recalcando que “mi relación con el expresidente ha sido de mutuo respeto: una relación política y de vínculo histórico”. (Lea también: Mujeres del Pacto Histórico del Congreso reaccionan frente a denuncia de Deicy Jiménez contra Petro)Respecto a los contratos dados a Jiménez, Noticias Caracol conoció un chat en el que Petro habría ordenado mantenerle uno que ya tenía uno con el Ministerio del Interior y que habría sido renovado tras la solicitud del exmandatario.NOTICIAS CARACOL
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 28 años y 3 meses de cárcel dictada contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por el caso de los 12 Apóstoles.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl sentenciado había presentado una acción de tutela contra la Sala de Casación Penal del alto tribunal “con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y libertad personal, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada”, señaló el fallo de la Sala de Casación Civil.La Corte Suprema resolvió “CONFIRMAR el fallo impugnado de conformidad con la parte motiva de esta providencia” y “REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.Los hechos por los que condenaron a Santiago UribeEl ganadero fue hallado culpable de los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambos agravados, por ayudar en la creación de Los 12 Apóstoles, un grupo paramilitar del municipio de Yarumal, en Antioquia. Según la justicia colombiana, estos delincuentes llevaron “a cabo un plan para asesinar y exterminar de forma sistemática personas consideradas como indeseables y presuntos auxiliadores de grupos subversivos que operaban en la región norte del departamento de Antioquia, especialmente en los municipios de Yarumal, Campamento y Valdivia". (Lea también: "No he sido asesino": Uribe antes de indagatoria en la Fiscalía por masacres de La Granja y El Aro)Además, el hermano del expresidente fue acusado de estar implicado en el asesinato de Camilo Barrientos, cometido en 1994 en esa población. La víctima, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades, conducía un bus escalera y cubría la ruta entre Campamento y Yarumal cuando fue asesinado por dos sicarios que le propinaron varios disparos con arma de fuego. Había sido señalado por el grupo criminal dirigido por Santiago Uribe Vélez como "auxiliador de la guerrilla" de las Farc, ya que, presuntamente, "facilitaba la entrega de alimentos, logística y botas de campaña". También fue señalado del crimen de Jorge Yubán Ceballos, un campesino asesinado en Campamento ese mismo año.POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
Este es el primer chat que se conoce en el que el expresidente Gustavo Petro, desde su celular, habría dado la orden de mantenerle un contrato en el Ministerio del Interior a Deicy Jiménez, la mujer que denunció que así le pagaron por favores sexuales. Se trata de una comunicación de diciembre de 2025 entre el entonces presidente con Angie Rodríguez, directora del Dapre en ese momento.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAA las 10:30 de la mañana, Rodríguez le escribió al mandatario: “El martes me dan en el Congreso de la República la máxima distinción, una condecoración por mi trabajo. La condecoración orden de la democracia Simón Bolívar, en el grado Gran Cruz”.Once minutos después envió otro mensaje que decía: “También fui admitida oficialmente al doctorado en estudios políticos con la Universidad Externado y me felicitaron por mi propuesta de tesis”.Durante más de dos horas el expresidente no hizo comentario alguno. Solo hasta la 1:06 de la tarde le respondió a Angie Rodríguez para enviarle un PDF marcado como Deicy Jiménez. El documento iba acompañado con el siguiente mensaje: “Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato de mininterior”. Frente a esa orden, Angie Rodríguez le contestó: “Perfecto señor presidente”.Desde que la revista Semana reveló el testimonio de Deicy Jiménez, Petro ha negado a través de sus redes sociales haber pagado favores sexuales con contratos. El último de estos episodios ocurrió el 4 de noviembre, después de que la mujer revelara un video íntimo con el exjefe de Estado, quien contestó que "nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme. (...) Lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno".No obstante, el chat confirmaría que sí habría existido una orden directa del entonces presidente para mantenerle un contrato a Deicy Jiménez. Por el contexto de la comunicación, queda claro que ocurrió días previos a la condecoración otorgada a Angie Rodríguez por la Cámara de Representantes el 17 de diciembre de 2025.Para ese momento, Deicy Jiménez tenía en ejecución un contrato por 11 millones de pesos con el Ministerio del Interior, firmado en agosto de 2025, el cual terminaba el 31 de diciembre de ese mismo año. La orden de Petro para mantener el contrato se habría cumplido, pues a la mujer le firmaron uno nuevo el 23 de enero 2026 por 30 millones de pesos. Estos contratos se suman a otros que Jiménez había firmado con otras entidades como la Superintendencia de Vigilancia y el Congreso.Este chat confirmaría las denuncias de Deicy Jiménez y de Angie Rodríguez. Esta última, desde hace varias semanas, se ha referido públicamente a la existencia de una supuesta red de mujeres. Incluso, aseguró que producto de sus denuncias la intentaron envenenar desde el propio gobierno Petro.En conversación con este medio, Manuel Villanueva, el abogado de Angie Rodríguez, aseguró que le entregó a la Fiscalía los resultados de un examen toxicológico realizado en España, que confirmaría esa versión del intento de envenenamiento.“Lo que advierte es que efectivamente a la doctora Angie se le suministraron una serie de fármacos que pudieron haber terminado con la vida de ella. Ella tuvo que acudir a un laboratorio en el extranjero y el laboratorio practicó la prueba. Nosotros ayer le dijimos eso a la Fiscalía General de la Nación mediante un oficio y estamos esperando que la Fiscalía haga la solicitud formal a través de los organismos diplomáticos para traer esa prueba a Colombia”, declaró.Según el documento, obtenido por Noticias Caracol, se trató de una prueba que dio positivo para tres sustancias que “pueden generar efectos tóxicos, pero son sustancias que tienen un margen terapéutico muy alto”, explicó Miguel Tolosa, toxicólogo y farmacólogo clínico del Hospital Infantil Universitario San José.Este examen, sumado al chat de Gustavo Petro, son las piezas más recientes de un escándalo que está investigando la justicia por el presunto uso de recursos públicos para pagos por servicios sexuales.¿Qué entregó Deicy Jiménez a la Fiscalía?Este jueves, la mujer estuvo por más de nueve horas en el búnker de la Fiscalía reunida con investigadores del CTI a quienes les entregó su celular, en el que estarían cada una de las pruebas de sus supuestos encuentros íntimos con el expresidente Petro. (Lea también: Deicy Jiménez publicó video de un encuentro con Gustavo Petro y el expresidente respondió)El dispositivo será sometido a una extracción forense con el propósito de recuperar y analizar la información que pueda resultar relevante para la investigación. Jiménez asistió con su nueva abogada, Dina Luz Malo, tras la renuncia por amenazas de su anterior defensor Felipe Caballero. También la acompañó un magistrado instructor de la Corte Suprema de Justicia.De otro lado, el abogado Alejandro Carranza, representante del expresidente Petro, ha pedido que los elementos de prueba sean sometidos a verificaciones técnicas para establecer su autenticidad, origen y contexto. Insistió en que su cliente goza de la presunción de inocencia y negó que hubiera utilizado contratos estatales para obtener favores sexuales.La Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección a la Secretaría del Senado para revisar los contratos que estarían a nombre de Deicy Jiménez. En medio de estas indagaciones, el presidente de la Sala de Casación Penal de ese tribunal, Carlos Roberto Solórzano, manifestó que “lo importante es entrar a determinar las implicaciones desde el punto de vista penal de lo que pueda existir en materia de si hubo contratos con dineros del Estado”. Recalcó que “los servidores públicos tenemos que ser dignos en lo público y en lo privado”.Entretanto, la Fiscalía también citó a diligencia de entrevista al director del Dapre, Carlos Andrés Ríos. La diligencia estaría prevista para el próximo 18 de noviembre.UNIDAD INVESTIGATIVANOTICIAS CARACOL
Tras tres horas y media, terminó este jueves la diligencia de Deicy Jiménez, contratista de la pasada administración que presentó denuncias contra el expresidente Gustavo Petro. La mujer rindió declaración ante la Corte Suprema de Justicia, donde habló sobre la existencia de una supuesta red de contratos a cambio de favores sexuales que previamente denunció en entrevista con un medio de comunicación y dio pie a que el tema pasara a instancias legales. Jiménez había sido citada por el alto tribunal para dar extensión a las denuncias proferidas contra el exmandatario y contra la exsenadora María José Pizarro, que apuntarían a una supuesta instrumentalización de mujeres que posteriormente obtuvieron contratos.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATADurante la audiencia, Jiménez guardó silencio frente a varias de las preguntas formuladas tanto por la Corte como por la defensa de Gustavo Petro. Entre los temas sobre los que no respondió está la presunta compra de una droga que, según se ha planteado, tendría como destino al exjefe de Estado. A pesar de la falta de respuestas, a lo que sí se comprometió a hacer la contratista fue entregar su teléfono celular, el cual será inspeccionado por la Policía Judicial. (Le puede interesar: Presidente De la Espriella anuncia militarización inmediata en Cúcuta por orden público en la ciudad)El abogado de Jiménez, Felipe Caballero, aseguró que ella continuará declarando cada vez que sea llamada, a pesar de las amenazas en su contra. Además, sostuvo que la contratista ha hablado de una superintendente. Por su parte, la defensa del exmandatario, mencionado en las declaraciones, afirmó sentirse tranquila con lo escuchado en la diligencia. Indicó que Petro emprendió una acción judicial contra Jiménez por haber aportado, según él, documentos falsos para su contratación.La defensa de Petro, a cargo del abogado Alejandro Carranza, también informó que presentó una denuncia penal contra el director del DAPRE, a quien acusa de supuestamente interrogar a funcionarias que trabajaron en el Gobierno de Petro para que declaren en contra del expresidente. Según el abogado, toda esta situación ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. La próxima audiencia quedó agendada para el próximo 3 de noviembre en horas de la tarde.El caso de Jiménez llamó la atención de otros órganos de control, como la Procuraduría General de la Nación, que ordenó la apertura de una indagación previa después de que la denunciante hablara sobre presuntas irregularidades en la contratación estatal de mujeres que llegaron a cargos públicos, así como de presunto acoso y violencia basada en género que habría ocurrido durante el paso de Gustavo Petro por la Casa de Nariño. Por el momento, solo se busca encontrar quiénes serían los posibles responsables de estos casos y determinar si hay elementos que sean considerados suficientes para avanzar hacia una investigación disciplinaria.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, en conversación con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, habló sobre los principales retos a los que se enfrenta la Justicia en Colombia, la situación actual de la JEP en medio de las críticas que ha recibido y las políticas del nuevo gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Esto dio a conocer.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por vinculos con el grupo paramilitar Los 12 apóstoles. El alto tribunal negó la tutela que había presentado su defensa para intentar dejar sin efectos la condena de 28 años y tres meses de prisión que pesa en su contra. El apoderado legal de Uribe había argumentado que durante el proceso se habían vulnerado derechos fundamentales como el debido proceso, la libertad, la igualdad y el acceso a la administración de justicia. Pero la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema concluyó que no existió esa vulneración y negó el amparo solicitado. Con esta decisión, la Corte deja en firme la condena contra Santiago Uribe, quien fue declarado responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado en un proceso relacionado con el grupo paramilitar conocido como Los 12 apóstoles. Esta condena había sido confirmada por la Sala de Casación Penal de la propia Corte Suprema después de que el Tribunal Superior de Antioquia lo declaró responsable.En junio ese mismo alto tribunal ratificó la condena de 28 años y tres meses de cárcel. La Sala Penal del alto tribunal confirmó la decisión del Tribunal Superior de Antioquia, que en segunda instancia determinó que Santiago Uribe fue el líder y dirigente del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, al cual se le atribuyen varios homicidios, entre ellos los de Camilo Barrientos, conductor de una chiva en Yarumal, en Antioquia, y Jorge Yubán Ceballos. El caso contra el hermano del expresidente Uribe llegó a la Corte Suprema el 27 de marzo y tuvo como ponente al magistrado Gerson Chaverra.La defensa del ganadero Uribe estuvo encabezada por el abogado Jaime Granados, quien es también el letrado del exmandatario en sus casos judiciales y dijo en varias oportunidades que en el proceso hubo falsos testigos e incluso manipulación mediática. El expresidente Uribe, entre tanto, ha sido denunciado por sus presuntos vínculos con los paramilitares en sus años como gobernador de Antioquia (1995-1997), incluida una que lo relaciona indirectamente con la masacre de El Aro, en la que fueron asesinados 17 campesinos en octubre de 1997.NOTICIAS CARACOL
En Coveñas, el presidente Abelardo de la Espriella encabezó una jornada de gobierno para Sucre en la que anunció medidas de seguridad y habló de los recursos que recibirá el departamento. Durante el encuentro con las autoridades locales, el presidente se refirió directamente al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y le recordó que su administración estará bajo especial vigilancia por los antecedentes e investigaciones que lo rodean.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)"Todo Sincelejo lo sabe. Todo Sucre lo sabe lo que usted ha hecho con la plata del pueblo sincelejano", se escucha decir al presidente De la Espriella durante el encuentro en Coveñas. El mandatario cuestionó la situación judicial del alcalde. "¿Usted cree que yo soy la clase de presidente que va a permitir las prácticas que usted ha hecho aquí en Sincelejo? ¿Usted cree que yo voy a permitir que usted siga haciendo lo que sabe hacer que es politiquería? Y no es nada personal. Simplemente explíqueme cómo confiar en una persona que como usted tiene 13 procesos por corrupción, tiene un video en donde indica cómo robarse el PAE y además de eso está llamado a juicio en la Corte Suprema de Justicia por enriquecimiento ilícito", añadió el jefe de Estado, mientras le hablaba directamente al alcalde.¿Cuáles son los antecedentes del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña?Yahir Acuña es investigado por la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con el grupo paramilitar "Los Rastrojos", por la posible comisión de delitos relacionados con el concierto para delinquir agravado. El alto tribunal, por otra parte, lo citó en junio de este año a indagatoria por enriquecimiento ilícito de servidor público por un supuesto incremento patrimonial que no estaría justificado por el periodo de 2010 al 2018 cuando fue representante a la Cámara. En noviembre del año pasado, la Procuraduría Nacional le abrió una indagación previa, además por posibles irregularidades con el Programa de Alimentación Escolar de Sincelejo. Por esta razón, el presidente dijo que no permitirá que tenga acceso a los recursos que destine la nación."Bajo el esquema suyo de corrupción, yo no trabajo. Y si usted cree que puede seguir incurriendo en esas prácticas, sepa que llegó alguien que se lo va a impedir y que me voy a concentrar en ello (...) Esta plata, señor alcalde, la voy a cuidar y para cuidarla tengo que tenerla alejada de su control y se lo digo de frente para que quede claro. Entonces, busquemos una fórmula porque bajo ninguna circunstancia voy a dejar que usted ponga las manos sobre esa plata", le añadió el presidente a su mensaje al alcalde de la capital de Sucre.En su advertencia, el jefe de Estado señaló que los recursos públicos son sagrados y que cada peso será cuidado con rigor, dijo, para destinarlo a obras, soluciones y también a la ciudadanía. Sobre este pronunciamiento ha dicho el presidente que entonces se va a hacer un seguimiento directo de primera mano sobre este tipo de recursos ante lo que considera sería una amenaza por parte de este alcalde de la ciudad de Sincelejo. El alcalde de Sincelejo sí respondió al mensaje del presidente y aseguró que el video publicado por el mandatario está “editado y manipulado”.“Un alcalde es intimidado con fusiles en cabeza de civiles (...) Tuve que levantar mis manos, porque hombres armados se colocaban detrás de mí. Y decir que lo que usted dijera era lo que había que hacer en ese espacio”, aseguró Acuña en un video compartido en sus redes sociales. El sincelejano aseguró que De La Espriella “se ha ido por el país a maltratar a todo aquel que no es afín” y le pidió respetar la presunción de inocencia, mencionándole procesos de actuales funcionarios del gobierno: “no hay investigados buenos, ni investigados malos”.El plan anticorrupción del Gobierno De la EspriellaEl presidente De la Espriella también dio detalles de las medidas contra la corrupción que está implementando su gobierno. Dijo que la actual magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, a quien designará como secretaria de Transparencia, tendrá varias tareas, entre las que se encuentran vigilar los contratos, anticipos, adiciones, patrimonios, sociedades, beneficiarios reales y movimientos financieros."La Secretaría de Transparencia es un alto consejero de la Presidencia que está encargado justamente de la coordinación de las políticas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, pero la Secretaría de Transparencia no tiene funciones ni de investigación ni de juzgamiento", explicó el analista político Gabriel Cifuentes. El presidente también confirmó que agentes encubiertos ayudarán a detectar posibles actos de corrupción en la administración pública."El presidente está haciendo alusión seguramente a personas que gozan de su confianza y que le ayudarán entregándole información pertinente para la toma de decisiones ya propiamente. Hablando de agentes encubiertos, pareciera más una figura que compete a las autoridades judiciales, cierto, y a las autoridades que buscan y hacen investigaciones y acusaciones, y ahí sí ya podría generarnos un poco de ruido", añadió el también analista Juan Falkonerth.Por su parte, Cifuentes agregó lo que no puede hacer el Gobierno nacional: "Juzgar. Eso es una tarea que le compete a los jueces, y la investigación corresponderá a la Fiscalía. Pero sin lugar a dudas, el impulso del apoyo político, la formulación de una política integral para manejar los casos de corrupción, transparentar la información pública, generar datos abiertos y también transparentar las relaciones entre el Congreso y el Gobierno".Justamente, frente a las medidas contra la corrupción, desde la Sociedad de Activos Especiales se pronunciaron frente al allanamiento a las oficinas de la entidad. "La información advertida sobre una posible manipulación de los sistemas de información de la Sociedad de Activos Especiales, que podría incluir la eliminación de cuentas, correos electrónicos, archivos y otra información institucional, eventualmente estaría siendo ocultada a la nueva administración designada por el Gobierno nacional", aseguraron desde la Presidencia de la República. Se espera que esta semana se posesione la magistrada Cristina Lombana como secretaria de Transparencia del Gobierno nacional.EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL*Con reportería de Juan Sebastián Cortés Bernal y Alejandro Cortés Giraldo
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, planteó la necesidad de abrir un debate sobre un posible aumento de la edad de pensión en Colombia y su eventual unificación para hombres y mujeres, argumentando que los cambios demográficos obligan a revisar el sistema. Actualmente, la edad de jubilación es de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.Según el magistrado, el incremento en la esperanza de vida tiene consecuencias directas sobre la sostenibilidad financiera del sistema pensional. “Tenemos que la expectativa de vida ha aumentado. Eso para el sistema pensional tiene efectos porque es entonces pagar las pensiones durante un mayor tiempo. Si aumenta la expectativa de vida, pues el sistema va a tener que pagar más años, pero también la gente aumenta la expectativa de poder trabajar más”.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEn ese contexto, Lenis señaló que “una de las herramientas que podría utilizarse para eso es ampliar la edad. Normalmente, en el mundo hoy se están otorgando pensiones (no es tan generalizado) más o menos entre 65, 67 y 68 años. Un promedio que podríamos decir en el mundo es de 65 años”.Presidente de la Corte Suprema propone que hombres y mujeres se pensionen a la misma edadEl presidente de la Corte también propuso equiparar la edad de retiro entre hombres y mujeres. Sobre este punto, afirmó que “las mujeres, en el sistema de ahorro individual, reciben una pensión de menor valor porque tienen que esforzarse más para reunir el capital para financiar ese mismo valor de pensión”.Expertos consideran que la discusión es necesaria. Andrés Felipe Izquierdo, gerente de Integral Soluciones Pensionales, sostuvo que el tema debe analizarse debido a “la drástica disminución en la tasa de natalidad en nuestro país, cada vez nacen menos niños y nuestra tasa de reemplazo generacional está por debajo de los mínimos necesarios para poder garantizar que los sistemas de pensiones, como los conocemos hoy, sigan funcionando”.Sin embargo, otros especialistas creen que cualquier modificación debe evaluarse en el momento adecuado. Diana Milena Vargas, abogada experta en pensiones, afirmó en Noticias Caracol que “sí es necesario. ¿Es el momento oportuno? Tal vez no por el momento coyuntural que estamos viviendo en donde está entrando en vigencia una reforma pensional que ya trae unos cambios estructurales”.Por su parte, Iván Daniel Jaramillo, exviceministro de Empleo y Pensiones, indicó que eventuales cambios en la edad de jubilación “deben ser acompañados por estudios técnicos que aconsejen o no las modificaciones de los parámetros, tal cual se establece en la cabeza de la comisión técnica”.Actualmente, Colombia figura entre los países de la región con una de las edades de pensión más bajas, junto con Panamá, en contraste con naciones como Argentina, Chile y Brasil.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) abrió investigaciones administrativas y formuló cargos contra varios operadores de telecomunicaciones por el presunto incumplimiento de sus obligaciones legales para atenuar o restringir las señales en establecimientos penitenciarios y carcelarios del país.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa información fue divulgada en un comunicado de prensa de la Presidencia de la República. Según el documento, las actuaciones buscan establecer si las empresas adoptaron las medidas técnicas necesarias para impedir las comunicaciones no autorizadas desde los centros de reclusión.Uno de los casos involucra a Starlink Colombia S.A.S., luego de que durante un operativo en la cárcel La Picota, en Bogotá, fueran encontradas seis antenas de esta compañía, junto con cientos de dispositivos de comunicación no autorizados.Posteriormente, verificaciones técnicas del Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones (CMIC) del MinTIC identificaron conexiones a internet mediante redes wifi provistas por Starlink en cuatro establecimientos penitenciarios: La Picota, en Bogotá; Bellavista, en Bello, Antioquia; Acacías, en Meta, y Las Heliconias, en Florencia, Caquetá.Investigaciones contra cuatro operadores móvilesEl MinTIC también abrió investigaciones administrativas y formuló cargos contra Partners Telecom Colombia S.A.S. (WOM), Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movistar), Comunicación Celular S.A. (Comcel - Claro) y la Unión Temporal Colombia Móvil – Colombia Telecomunicaciones (Tigo).En estos casos, las actuaciones están relacionadas con el presunto incumplimiento de las obligaciones de eliminación o restricción de señales móviles en la cárcel La Picota.De acuerdo con el comunicado, durante los operativos realizados en ese establecimiento fueron encontrados 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM, seis antenas Starlink y 38 módems, entre otros elementos electrónicos.La obligación de restringir las señales en las cárceles está contemplada en el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, adicionado por la Ley 1709 de 2014. Esta disposición establece deberes para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones frente a las señales que cubren los establecimientos penitenciarios.¿Qué sanciones podrían enfrentar los operadores?Según la Presidencia, si se comprueban los incumplimientos, las empresas investigadas podrían enfrentar sanciones que contemplan multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en su equivalencia legal aplicable, suspensión temporal de operaciones e incluso cancelación de licencias, autorizaciones o permisos, según corresponda.El Gobierno aclaró que las investigaciones se adelantarán con garantía del debido proceso y el derecho de defensa de las compañías involucradas. Por tanto, se recalca que la apertura de estas actuaciones no significa que los operadores hayan sido declarados responsables.Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre el tema en su cuenta de X y aseguró que dio instrucciones para utilizar las herramientas legales y tecnológicas disponibles con el propósito de impedir las comunicaciones ilegales desde las cárceles.“Las cárceles son para cumplir condenas, no para dirigir el crimen”, escribió el mandatario. También sostuvo que las tarjetas SIM utilizadas ilegalmente desde las prisiones deben ser desactivadas y que las conexiones satelitales no autorizadas deben ser restringidas.El Gobierno señaló que mantendrá la vigilancia sobre los operadores y las obligaciones que tienen frente al control de las comunicaciones en los centros de reclusión.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
El soldado Estivinson José Epieyú Pushaina es la víctima mortal que dejó el ataque con explosivos contra las instalaciones del Batallón Especial, Energético y Vial N.° 2, ubicado en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. El Ejército Nacional confirmó su fallecimiento y reportó que otros 12 militares resultaron heridos durante la acción. ¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa información sobre su identidad fue divulgada por la Primera División del Ejército, a través de un comunicado de la Décima Brigada, unidad que rechazó el atentado y señaló que las instalaciones militares fueron atacadas mediante rampas adecuadas para el lanzamiento de dispositivos explosivos improvisados.La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, también confirmó que el soldado fallecido pertenecía a un pueblo indígena. En sus declaraciones conocidas por Noticias Caracol, lamentó lo ocurrido y señaló que entre los uniformados heridos también hay militares indígenas. "Desafortunadamente, este ataque cobarde nos deja por saldo un soldado fallecido, perteneciente además a un pueblo indígena".Así habría sido el ataque contra el batallón en CesarEn el más reciente informe de este noticiero se conocieron nuevos detalles sobre la forma en que se habría ejecutado el atentado. Inicialmente, se habló de la posible utilización de drones; sin embargo, el Ejército confirmó que los explosivos fueron lanzados mediante rampas instaladas para ese propósito.Según la información entregada por la gobernadora del Cesar al noticiero, el ataque se habría realizado desde un camión tipo furgón que estaba ubicado en la vía pública. La mandataria indicó que, de acuerdo con el reporte conocido por las autoridades departamentales, en el vehículo fueron instalados 10 explosivos, de los cuales tres detonaron.La situación también obligó al cierre de una vía principal en el sector, mientras las autoridades adelantan las labores para garantizar la seguridad. De acuerdo con el reporte, mediante un dron fotográfico se identificó que todavía hay alrededor de siete artefactos explosivos sin detonar.La gobernadora explicó que, una vez conocieron lo ocurrido, activaron la red hospitalaria del departamento para atender a los uniformados afectados. Por ahora se sabe que los 12 heridos reciben atención en diferentes centros asistenciales: algunos en el hospital de La Jagua de Ibirico, otros en Codazzi, tres en Valledupar y uno en Chiriguaná.Por su parte, la Primera División del Ejército reiteró su rechazo al ataque e hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita identificar a los responsables. La institución indicó que está habilitada la línea 107 contra el terrorismo para recibir información.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Cinco presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) murieron durante una operación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en zona rural de Dagua, Valle del Cauca, según informó el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta de X. De acuerdo con la publicación, el operativo, denominado Neptuno, se llevó a cabo en la vereda La Elsa y estuvo dirigido contra el frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez de esa guerrilla, estructura que, según el mandatario, es comandada por alias Bertha. ¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEn el mensaje, De la Espriella señaló que, además de los cinco integrantes dados de baja, las autoridades incautaron seis fusiles, un arma corta, 41 proveedores, 1.300 cartuchos y 14 artefactos explosivos.El presidente también se refirió a la cabecilla de esta estructura y recordó que por información que permita su captura se ofrece una recompensa de hasta 787 millones de pesos. En su publicación, De la Espriella relacionó al frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez con varios hechos violentos registrados en el suroccidente del país. Según indicó, a esta estructura se le atribuyen 68 homicidios selectivos, 72 casos de reclutamiento de menores, 55 extorsiones, 18 desplazamientos forzados y 10 atentados.Asimismo, señaló a sus integrantes de estar relacionados con la incineración de seis tractocamiones en la vía Loboguerrero–Buenaventura y de afectar a 300 familias en el municipio de Dagua.Tras informar sobre los resultados del operativo, el presidente aseguró que la instrucción a la Fuerza Pública es continuar las acciones contra las estructuras armadas ilegales en el territorio. “Mantener la ofensiva, recuperar el control territorial y acabar con las estructuras narcoterroristas que amenazan a nuestros campesinos, comerciantes y transportadores”, escribió.Finalmente, De la Espriella felicitó a los soldados y policías que participaron en el procedimiento y presentó la operación como parte de las acciones de la Fuerza Pública contra el ELN en el suroccidente colombiano.Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, resaltó el compromiso de los uniformados en el operativo. "La valentía, entrega y compromiso de nuestros soldados y policías nunca han estado en duda; por el contrario, han sido nuestra fortaleza y quienes han defendido al Valle. Pero hoy ellos tampoco están solos". Afirmó.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Tres personas murieron y 36 permanecen desaparecidas después de que un incendio se desatara en una fábrica de productos de dulces y confitería situada en el oeste de Indonesia, cerca de la capitalina Yakarta, informaron este domingo las autoridades del archipiélago. ¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALas instalaciones de la empresa Fonusa Agung Mulia –filial de UNIFAM, uno de los principales grupos del sector indonesio de alimentos y bebidas–, situadas en la provincia de Banten, colindante con la de Yakarta, comenzaron a arder sobre las las 17:00 hora local (10:00 GMT) del sábado, indicó la agencia de búsqueda y rescate de país (Basarnas) en un comunicado."El incendio persiste en varias áreas" de la planta y "los bomberos continúan con las labores de extinción y enfriamiento", recoge el texto.Los rescatistas, junto con personal de la Cruz Roja de Indonesia, continúan sus labores de búsqueda y evacuación de las víctimas.Según el último balance de las autoridades, tres personas han perdido la vida en el incendio y 36 permanecen desaparecidas, mientras que otras 15 han sobrevivido.Cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros hospitalarios: dos al Hospital Hermina y otras dos a la Clínica Modern.Imágenes del lugar difundidas por Basarnas muestran el interior de la fábrica calcinado, con maquinaria quemada, plástico derretido y algunos focos de fuego aún activos."El proceso de búsqueda y respuesta sigue en curso" y los equipos de rescate "están realizando los máximos esfuerzos para localizar a las víctimas, priorizando en todo momento la seguridad del personal desplegado en el terreno", afirmó el jefe de la sección de Operaciones y Alerta de Basarnas en Banten, Rizky Dwianto. AGENCIA EFE
Un soldado murió y otros 12 militares resultaron heridos tras un ataque con explosivos contra las instalaciones del Batallón Especial, Energético y Vial N.° 2, ubicado en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. La información fue confirmada por la Primera División del Ejército Nacional, que rechazó el hecho y anunció que las autoridades buscan establecer quiénes estarían detrás de la acción.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa víctima fue identificada como el soldado Estivinson José Epieyú Pushaina, a quien la institución recordó como un “héroe por siempre”. Los otros 12 uniformados lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la red hospitalaria del departamento, donde reciben atención médica, según el reporte oficial.A través de un comunicado, la Décima Brigada, unidad orgánica de la Primera División, explicó que las instalaciones militares fueron atacadas mediante el uso de rampas adecuadas para el lanzamiento de dispositivos explosivos improvisados.La institución calificó lo ocurrido como una acción criminal y señaló que representa una vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los derechos humanos.Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció a través de las redes sociales, en su mensaje mostró su rechazo ante los hechos. "Este y todos los ataques contra nuestra Fuerza Pública y la población civil los narcoterroristas los van a pagar con sangre. Cada acción criminal tendrá una respuesta contundente, más fuerte, letal e implacable". Escribió.¿Cómo ocurrió el ataque en La Jagua de Ibirico?De acuerdo con lo conocido hasta el momento, el ataque se habría registrado hacia las 11:00 de la noche del sábado 21 de noviembre. Los reportes preliminares mencionaron el posible uso de drones con explosivos y un carro bomba. Sin embargo, el comunicado oficial del Ejército no detalló como se ejecutó el ataque.En medio de la emergencia, el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leo Hernández, solicitó, por medio de sus redes sociales, apoyo de los centros asistenciales de municipios cercanos para atender a los heridos. “Por favor, necesitamos ambulancias de los hospitales cercanos”, pidió el mandatario local.Alcaldía decretó toque de queda por 24 horasTras los hechos, la Administración Municipal expidió el Decreto N.° 0122 del 22 de noviembre de 2026, mediante el cual adoptó medidas extraordinarias y transitorias de seguridad y orden público.Entre las disposiciones se encuentra un toque de queda de 24 horas, que comenzó a las 12:00 de la medianoche del domingo 22 de noviembre. La Alcaldía explicó que la medida busca proteger la vida y la integridad de los habitantes ante los hechos violentos registrados contra las instalaciones militares.Por su parte, la Primera División del Ejército invitó a la ciudadanía a entregar información que permita identificar a los responsables y prevenir nuevos ataques. Para ello, recordó que está habilitada la línea 107 contra el terrorismo. Hasta el momento, las autoridades no han atribuido oficialmente la autoría del ataque a un grupo armado específico. Sin embargo, en esta región del Cesar se ha reportado anteriormente presencia e influencia de estructuras del Clan del Golfo y del ELN, además de redes de delincuencia común y extorsión.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co