El pasado 3 de mayo una tragedia conmocionó a los habitantes de Popayán y a todo el país, luego de que en medio de un evento de entretenimiento con Monster Trucks, uno de estos gigantescos vehículos se abalanzara sobre el público, dejando tres personas sin vida y decenas de heridos. ¿Qué errores hubo en la organización del evento y quién debe responder a las familias damnificadas?Los Monster Truck o camiones monstruo se han convertido a nivel mundial en una de las atracciones extremas de acrobacias que atrae a personas de todas las generaciones. Sin embargo, en Colombia son pocas las regulaciones para este tipo de vehículos y para los eventos en los que realizan sus arriesgadas maniobras. A pesar de esto, en mayo de este año las redes sociales de los payaneses se llenaron de una atractiva publicidad que prometía una tarde familiar para disfrutar de estos carros manejados por expertos.Los errores en el evento de Monster Truck en PopayánEn cuestión de segundos, lo que sería una tarde de diversión y adrenalina para las familias de Popayán, se convirtió en una de las tragedias más grandes de los últimos años. Tres personas perdieron la vida, dos de ellos eran menores de edad, y otros 40 asistentes resultaron gravemente heridos luego de que el vehículo llamado 'La dragona', conducido por la experta Sonia Segura, perdiera el control y terminara arrollando a parte del público que se encontraba en el lote del Boulevard Rose.Cuatro meses después, algunos de los asistentes que sobrevivieron al incidente, señalaron que desde el ingreso al lugar todo anunciaba una posible tragedia. Dilan Matías Pichincha, uno de los asistentes menores de edad, señaló a Séptimo Día que al llegar al evento notó que no se parecía a la publicidad que vio en redes sociales ni al tipo de lugares en los que se suele realizar estos eventos en otros países. "Yo vi que no era tan seguro. En las redes yo veía que [esos eventos] eran en un estadio, las personas estaban arriba y ellos pasaban por debajo", aseguró el niño que fue con sus abuelos.Luciana Fierro, de 12 años, asistió al evento junto a su hermana mayor María Camila, quien falleció a causa del incidente. Ella también resaltó que "el lugar del evento era muy pequeño, el carro solo podía dar una vuelta y ya. Para esos vehículos tan grandes, la distancia era muy poca".Todos ellos adquirieron sus entradas tras ver en redes sociales la publicidad del evento que prometía acrobacias y adrenalina de la mano de estos increíbles vehículos pocas veces vistos en el país y, además, asegurando que contaban con "todos los protocolos de seguridad" y la autorización de las autoridades. También les dio confianza ver que una de las conductoras contratadas por DB Entretenimiento y Colombia Monsters, promotores del evento, era Sonia Segura, una de las únicas mujeres en Latinoamérica autorizada para manejar estos vehículos.Tal y como lo señalaron los asistentes, en los videos de redes sociales se puede observar que el público del evento no solo estaba ubicado en el suelo a la misma altura de los monster truck, vehículos que pueden pesar más de cinco toneladas, sino que ademas estaban a escasos dos metros de distancia y lo único que los protegía era una valla metálica de un metro de alto. Luego de realizar algunas maniobras en el pequeño espacio mientras conducía 'La dragona', sobre las 5:00 de la tarde Sonia Segura perdió el control del monster truck, que también se prendió en llamas, y se fue sobre los asistentes. El carro nunca se detuvo, solo un poste de energía contra el que chocó al final del lote y justo antes de la vía principal logró detener su trayectoria. ¿Por qué las autoridades habilitaron este evento?El abogado Fabián Naranjo representa a 22 de las víctimas de esta tragedia y advirtió que hubo varias inconsistencias y errores desde la planeación del evento que, de haberse corregido, se habría evitado el fatal desenlace. Detrás del evento estaban empresarios con experiencia en eventos masivos en la ciudad, pero quien radicó la solicitud de autorización ante la Alcaldía fue Blanca Nury Meneses, mientras su esposo, Daniel Sandoval, sería es el que estuvo a cargo de la organización.Una de las primeras inconsistencias, según el abogado, es que en la solicitud de permisos, Blanca Nury calificó el evento bajo la normativa de artes escénicas. A pesar de ese error evidente desde el primer momento, el evento de Monster Truck fue habilitado por la Secretaría de Gobierno, la oficial de Gestión de Riesgo y la Alcaldía Local bajo las normas de un espectáculo público de artes escénicas, sin exigir los protocolos de seguridad necesarios para lo que realmente iba a suceder en el lote de Boulevard Rose. "Son deportes extremos, de alto impacto, requieren escenarios propicios y requisitos diferentes. El evento nunca debió haberse realizado porque el escenario no era propicio para eso", indicó el abogado Fabián Naranjo. Tal y como lo notaron Dilan y Luciana, dos de los menores que resultaron heridos en el evento, el principal error era la distancia de los asistentes de los vehículos y la barrera de protección mínima. Séptimo Día consultó con uno de los pilotos que hace parte de la Asociación Americana de Monster Truck en Estados Unidos, quien vio las imágenes del evento en Popayán y coincidió con los sobrevivientes. "No creo que nadie deba estar al mismo nivel de los Monster Trucks, deben estar arriba en las graderías con muros de contención. Es demasiado peligroso", sobre el evento en la capital del Cauca resaltó que "no tienen las barreras correctas, no tienes muros de concreto. tienen una pequeña valla de aluminio y a toda esa gente sentada ahí. Obviamente esa valla no va a detener un camión de 10.000 libras".También resaltó que en el lugar había presencia de cinco socorristas y tan solo una ambulancia para atender en caso de alguna emergencia. Julián Prado, director de la Cruz Roja del Cauca, explicó que se había informado que al evento asistirían mil personas y que tenían entendido que era una "exhibición" de estos vehículos. Sin embargo, al lote del Boulevard Rose recibió a cerca de tres mil asistentes.De la misma forma, los Bomberos de Popayán resaltaron que emitieron un permiso para el evento que, en primera medida, se iba a realizar el 26 de abril, pero debido a cuestiones de orden público este fue aplazado para el 3 de mayo. Para esta nueva fecha, según detallaron los bomberos, en ningún momento se les solicitó hacer una revisión del lugar para alertar sobre posibles riesgos.Por otro lado, sobre el incidente con el monster truck conducido por Sonia Segura, las investigaciones arrojan que se trató de una posible falla mecánica, pero todavía se está a la espera de un peritaje técnico que establezca qué falló específicamente. El abogado Fabián Naranjo señaló que, previo al evento, nadie realizó una revisión a los vehículos contratados para el evento. Séptimo Día intentó contactar a los organizadores del evento para conocer su versión, pero a través de sus abogados detallaron que se niegan a dar declaraciones. Igualmente, se intentó contactar a Sonia Segura, la conductora con gran experiencia en Monster Trucks que también es investigada como posible responsable por lo ocurrido, pero ella designó a su abogado Mauricio Ospina para responder por su vinculación al evento. "El papel que ella juega en esto es la conducción del monster Truck", el cual le entregó la empresa Colombia Monsters, de la cual ella figura como representante legal suplente.La Fiscalía ya inició su investigación para determinar si hay o no responsabilidad por parte de la conductora. También a quienes desde la administración municipal autorizaron la realización del evento; este programa intentó comunicarse con el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz; con el secretario de Gobierno, Reinel Polanía y con el jefe de la oficina de Gestión de Riesgos, Jair Flores, pero no fue posible concretar ninguna entrevista con ellos.
Portar el uniforme del Ejército Nacional es motivo de orgullo para muchos colombianos y sus familiares. Ese fue el caso de Jhon Franklin Quintero Figueroa durante los 25 años que hizo parte de la institución; sin embargo, eso terminó el día que descubrió que su hermano de 28 años había sido asesinado por sus propios compañeros y presentado como un guerrillero muerto en combate.Hoy en día, la historia de su hermano hace parte de los miles de casos de falsos positivos por los que responden exmilitares ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Jhon y su mamá María Tránsito Figueroa han escuchado los detalles de los momentos de horror por los que pasó su ser querido antes de perder la vida en las voces de los responsables que ahora les piden perdón. Pero como si eso no fuera suficiente, su tragedia fue doble.La traición de una institución"Duré 25 años y medio en el Ejército, llegué hasta el grado de sargento primero", recuerda Jhon ante las cámaras de Los Informantes su carrera militar que, en su momento, lo llenó de orgullo. Pero todo cambió el 29 de diciembre de 2006, mientras se encontraba de servicio en un batallón en Ubalá, Cundinamarca, cuando recibió una llamada en la que le dieron una de las peores noticias: su hermano Alexander Quintero Figueroa había sido asesinado.Con cada detalle que su mamá le daba al otro lado de la línea el "baldado de agua fría" era cada vez más fuerte. "Cuando le pregunté 'Mamá, ¿qué pasó?', ella me dijo: 'el Ejército lo mató'". En medio del dolor, crecieron también las dudas y la indignación, pues Alexander fue presentado por los militares como un supuesto explosivista de las antiguas FARC, un guerrillero dado de baja en combate. Jhon y doña María Tránsito sabían que eso era imposible e hicieron todo lo posible por demostrarlo, arriesgando incluso sus vidas.Alexander Quintero tenía 28 años y vivía en Granada, Meta, donde se rebuscaba su jornal diario con diferentes labores. Para ese momento estaba recién separado y su mayor propósito era brindarle lo mejor a sus cinco hijos menores de edad. A diferencia de su hermano mayor, Alexander había decidido no prestar servicio militar porque siempre le tuvo miedo a las armas y, además, no quería estar lejos de sus hijos. Según un vecino de Alexander, un día antes de su muerte un hombre lo buscó y le ofreció $50.000 por hacer un trabajo. Ese día no se supo nada más de Quintero, pero al día siguiente su foto apareció en los informes del Ejército Nacional, anunciando que habían dado de baja a un guerrillero de las FARC.Jhon Quintero decidió hacer uso de sus credenciales como militar activo y empezó a indagar sobre lo que había pasado con su hermano, todo apuntaba a un falso positivo. Tuvo acceso al informe oficial, firmado por el mayor Jorge Bermeo, en el que "lo mostraban como NN, habían fotos de cómo quedó ahí, le habían puesto unas botas de caucho, unos elementos explosivos y un revolver. Yo ahí reconocí que era mi hermano".Pero sus preguntas encendieron las alarmas entre los uniformados responsables, quienes incluso intentaron convencerlo de que su hermano efectivamente era un guerrillero. Indignados, Jhon y su mamá decidieron interponer una denuncia, mientras también reclamaban en el batallón que les entregaran el cuerpo de Alexander para darle sepultura. En ese momento iniciaron las amenazas en su contra. "Hubo una amenaza al hijo mío, que si seguíamos escarbando que no le fuera a pasar lo mismo que al hermano", recuerda doña María Tránsito. En medio de la zozobra se dieron cuenta que hombres en moto y militares los estaban buscando por todo el pueblo, motivo por el que tuvieron que pasar la noche en la funeraria con la que habían contratado el servicio para el traslado del cuerpo de su familiar. En la madrugada del día siguiente, Jhon salió rumbo a Bogotá esperando que ningún militar lo encontrara, allá esperaría a su mamá, a sus cinco sobrinos y al cuerpo de su hermano para todos juntos salir hacia Santander. Doña María Tránsito tuvo que ser fuerte sola y reclamar el cuerpo de su hijo de 28 años en el batallón, pero llevarlo a Bogotá no sería una labor sencilla, pues algunos militares hacían preguntas en Granada para saber cuándo sería el traslado."El ataúd nos lo entregaron apuntillado, sellado y el niño más chiquito nos preguntaba que cuándo se iba a despertar el papá. Hasta eso nos arrebataron, la oportunidad de verle la cara a nuestro familiar por última vez", asegura Jhon, recordando que lograron enterrar el cuerpo en su pueblo natal en Santander después de esa odisea. Pero ahí no terminaron sus indagaciones, al cabo de dos años regresó al batallón de Granada, Meta, y descubrió que la muerte de su hermano había sido maquillada. "Lo acomodaron como una emboscada porque así sí cabe la posibilidad de que, a ese guerrillero, como decían ellos, le pegaron 17 impactos, porque muchos dispararon".Verdad y justiciaHan pasado casi 20 años del asesinato de Alexander Quintero, un civil al que el Ejército hizo pasar por un guerrillero en sus informes. Después de todo este tiempo, su caso ingresó a la Jurisdicción Especial de Paz y en medio de las audiencias de la misma, Jhon y su mamá han podido conocer los dolorosos detalles de su muerte a través de las declaraciones de algunos de los responsables: Jorge Eliécer Bermeo Meneses, mayor (r) del Ejército, y Wbeimar Alfonso Angarita Peñaranda, capitán (r) del Ejército.En las audiencias descubrieron que Alexander Quintero fue víctima de una maniobra popular entre los uniformados. La noche del 28 de diciembre de 2006, el padre de cinco niños fue amarrado y transportado en el baúl de un taxi hasta un punto de la vía en el que lo esperaban unos militares. Pero en medio del camino, apareció una pequeña esperanza, un retén de la Policía frenó el vehículo y revisó el maletero. Los policías vieron al joven amordazado en el baúl y alertaron al mayor Bermeo, indicándole que uno de sus sargentos llevaba a un hombre amarrado. Sin embargo, la respuesta del mayor fue: "Hermano, no se ponga a mariquiar que el sargento sacó un guerrillero de ese pueblo. Entonces déjelo que siga". Y así fue, los policías cerraron el baúl y dejaron seguir a los militares hasta el lugar en el que el pelotón esperaba a la víctima para asesinarla. Al escuchar estas versiones, Jhon solo puede pensar en lo que debió sentir su hermano en ese momento. "Yo creo que cuando él vio a los policías, sintió una luz de esperanza, pensó que los policías iban a evitar que lo mataran. Pero después de que cerraron el capó y él escuchó 'sigan', supo que ya no había nada que hacer". Un soldado testigo de los hechos también narró que Alexander alcanzó a hacer una última petición: "Él dijo que no lo mataran, que él era padre de cinco niños y que tenía un hermano militar, pero no le hicieron caso".Una tragedia dobleLa tragedia de la familia Quintero Figueroa se duplicó hace tan solo un año con una coincidencia aterradora. Jersey Alexander Quintero, el hijo mayor de Alexander que tenía solo 7 años cuando este fue asesinado, perdió la vida de una manera similar a la de su padre.Jersey creció junto a su tío, viéndolo como una figura a seguir, por lo que cuando creció también se convirtió en militar. En 2025, una banda criminal dedicada a la extorsión secuestró al joven militar de 26 años, lo trasladaron amarrado en el baúl de un carro hasta un paraje en Soacha y lo acribillaron. "El hijo mayor de mi hermano murió de la misma manera de mi hermano Alexander, amarrado, amordazado y humillado", señala Jhon.Los responsables por el asesinato de Alexander Quintero han confesado y se espera que casi dos décadas después de este episodio vergonzoso de las Fuerzas Militares, esta familia como muchas otras tengan algo de justicia.
Tras cumplirse tres años del feminicidio de Ana María Serrano, ocurrido el 12 de septiembre de 2023 en México, su madre, Ximena Céspedes, publicó un video en su cuenta de Instagram para actualizar la situación del proceso penal. En el mensaje expuso la frustración de la familia debido a la imposibilidad de dar inicio al juicio en contra del presunto responsable, su exnovio Allan Gil.El señalado permanece en prisión preventiva desde septiembre de 2023; sin embargo, el proceso judicial ha sufrido continuas interrupciones. La madre de Ana María señaló: "No hemos podido llegar a juicio porque la defensa ha hecho todo lo posible por alargar el proceso a punta de recursos y de amparos".A pesar de los constantes retrasos, la madre de la joven estudiante resaltó que los jueces y magistrados han actuado conforme a derecho. Hasta la fecha, todas las apelaciones e impugnaciones presentadas por los abogados del acusado han sido resueltas en favor de Ana María.Maniobras legales de la defensa y solicitudes de libertadDe acuerdo con lo revelado por Ximena Céspedes, la representación legal del imputado solicitó un cambio en las medidas cautelares con el propósito de que pueda seguir el proceso fuera de la cárcel.La madre de Ana María Serrano también hizo un llamado a las autoridades para que continúen aplicando la ley con rigor e imparcialidad. Asimismo, señaló: "Como dijo mi papá hace unos días, si fuera tan inocente seguramente iría a juicio más pronto".El proceso judicial acumula un historial de varias audiencias canceladas. En algunas ocasiones la defensa justificó los retrasos argumentando que no tuvo tiempo suficiente para revisar el expediente o cambiando de abogados a última hora.El crimen de Ana María Serrano que conmocionó a Colombia y MéxicoEn 2024, Los Informantes viajó a la Ciudad de México para entrevistar a la familia Serrano. Ana María Serrano, de 18 años y de nacionalidad colombiana, vivía en una zona exclusiva de la capital mexicana cuando fue asesinada en su casa. El día de los hechos, el 12 de septiembre de 2023, sus padres se encontraban en un viaje de aniversario por Europa.Las investigaciones oficiales determinaron que el señalado habría ingresado a la casa aprovechando que la joven se encontraba sola. Tras perpetrar el ataque, el sospechoso presuntamente manipuló el teléfono celular de Ana María para enviar mensajes falsos a su madre, pretendiendo simular un suicidio. Las cámaras de seguridad del conjunto residencial registraron sus ingresos y salidas del lugar.La madre de Ana María describió el dolor tras la tragedia: "todas las mañanas apenas me despierto mi primer pensamiento es la pude haber salvado, ese pensamiento no se me quita, o sea, y todos los días me tengo que repetir a mí misma que no había nada que hacer". Las autoridades descartaron la hipótesis de un suicidio e iniciaron la investigación bajo el protocolo de feminicidio, dada la relación sentimental previa entre la víctima y el presunto agresor.El legado de la Fundación NanáAntes del crimen, Ana María acababa de ingresar a la carrera de Medicina y soñaba con especializarse en cardiología. Su vocación de servicio se consolidó tras participar en misiones médicas en el departamento del Vichada, Colombia, en compañía de su tío, el exministro de Hacienda y hoy vicepresidente José Manuel Restrepo.En Los Informantes, Restrepo recordó el compromiso de su sobrina hacia las personas atendidas en dichas jornadas. Tras la pérdida, la familia convirtió el luto en una plataforma de prevención mediante la creación de la Fundación Naná. La organización busca educar a jóvenes y familias sobre las señales de alerta en relaciones violentas, tales como el control, los celos y el aislamiento. Las madre de Ana María señaló que la fundación cumplirá dos años de labores educativas y de acompañamiento en la región.La familia Serrano Céspedes sigue exigiendo que finalicen las dilaciones y se inicio al juicio definitivo.
La historia entre el odontólogo cartagenero Carlos Parra, de 46 años, y Natalia Vidales, influencer de contenido gastronómico y excandidata al Reinado del Mar Bolívar, comenzó en el año 2022. Tras cinco meses de noviazgo y un año de convivencia, la pareja contrajo matrimonio. En noviembre de 2023, la pareja recibió la noticia del embarazo. Sin embargo, la convivencia empezó a deteriorarse a los tres meses de gestación debido a fuertes discusiones de pareja. Parra admitió la existencia de altercados verbales en el hogar. Tras estos episodios, la mujer abandonó la residencia conyugal para trasladarse a la casa de sus padres. Séptimo Día conoció detalles de lo que vino después. A partir de la separación, el conflicto escaló a instancias legales. Luego, Vidales presentó una denuncia por presunta violencia intrafamiliar ante la Comisaría Primera de Cartagena. No obstante, el odontólogo rechazó categóricamente las acusaciones: “No existía ninguna violencia para con ella, porque jamás existió. No hay pruebas, no hay absolutamente más nada”.Las medidas de la Comisaría de FamiliaEl 11 de junio de 2024, la Comisaría de Familia Zona Norte emitió un auto donde determinó que no existió violencia física ni económica por parte de Parra, señalando que se trataba de agresiones verbales mutuas. En consecuencia, el despacho ordenó una medida de protección temporal para ambas partes y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.Como parte del proceso penal, Vidales fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 6 de agosto de 2024, cinco días antes del parto. Los informes periciales concluyeron que la mujer no presentó incapacidad médico-legal, huellas de maltrato físico reciente ni secuelas psicológicas vinculadas a los hechos denunciados.Parra denunció que durante la etapa final del embarazo la comunicación fue cortada por completo. “Me tenía bloqueado de WhatsApp y de llamada. Yo veía que todo estaba transformándose en algo muy oscuro, algo muy tenebroso, sabía que no iba a ver a mi hijo”, relató sobre el distanciamiento.Registro el niño como "madre soltera"El 11 de agosto de 2024 nació el menor en el Hospital Serena del Mar de Cartagena. Parra aseguró que se enteró del nacimiento al día siguiente por intermedio de una persona allegada. Al acudir al centro médico, el personal le impidió el ingreso alegando una orden de restricción familiar. No obstante, la defensa técnica del padre aclaró que no existía ninguna orden judicial o administrativa que le impidiera ver a su hijo.Adicionalmente, Parra descubrió que el recién nacido fue inscrito en la notaría sin sus apellidos. Según las denuncias penales instauradas por su defensa, Vidales registró al niño como madre soltera afirmando desconocer el paradero del padre. La situación fue corregida diez días después, cuando Parra tramitó el reconocimiento formal de paternidad tras demostrar el pago continuo de cuotas alimentarias desde la gestación.Ante la imposibilidad de acordar visitas voluntarias, Parra acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y posteriormente instauró una acción de tutela. El fallo ordenó un ciclo inicial de visitas virtuales programado para el 4 de diciembre de 2024. La diligencia no se materializó debido a que la madre no se conectó a la llamada, argumentando ante los funcionarios temores por su seguridad.Posteriormente, el 13 de marzo de 2025, el Juzgado Octavo de Familia de Cartagena fijó un régimen presencial de visitas quincenales en un centro zonal del ICBF. A pesar de la orden judicial, Parra sostuvo que las diligencias se dilataron de forma sistemática. El 28 de agosto de 2025, las partes firmaron un divorcio por mutuo acuerdo en el que se reafirmó el esquema de visitas.El único encuentro presencial entre Carlos Parra y su hijo se produjo el 13 de septiembre de 2025 en las instalaciones del ICBF en Cali, cuando el menor tenía un año, un mes y dos días de nacido. “Fue un momento mágico”, expresó Parra, quien precisó la duración del contacto: “fueron solamente 2 horas 45 o 2 horas y 40 minutos”.¿Falsificación de documentos?Doce días después del encuentro presencial, Parra recibió información que indicaba que el menor había permanecido fuera del país durante más de ocho meses sin su consentimiento. De acuerdo con las certificaciones emitidas por Migración Colombia, el niño salió del territorio nacional rumbo a España por el aeropuerto El Dorado y reingresó el 26 de agosto de 2025 por Cali.Para autorizar la salida del menor se presentó ante las autoridades migratorias una escritura pública presuntamente otorgada en la Notaría Sexta de Cartagena. Parra negó rotundamente haber firmado autorización alguna: “No es mi firma. Falsificaron mi firma. Yo nunca voy a firmar un documento donde le voy a dar la salida del país a mi hijo”.Por su parte, la notaria sexta de Cartagena, Marta Méndez, ratificó la falsedad del documento público presentado ante los controles migratorios: “Es totalmente falso. Ese año ni siquiera llegamos a este número de escrituras. Esta no es mi firma”. Méndez advirtió además sobre la proliferación de tramitadores en el centro histórico de la ciudad dedicados a la falsificación de firmas notariales para trámites de menores.Ante las irregularidades detectadas en el documento de salida, la Notaría Sexta de Cartagena y la defensa de Carlos Parra interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal en contra de Natalia Vidales. Germán Pérez, abogado penalista de la defensa de Parra, enfatizó el objetivo de las acciones legales: “No es una persecución que se está ejerciendo en contra de la señora Natalia, es la única herramienta que el señor Carlos Parra tiene hoy para defenderse de las acusaciones injustas que está haciendo la señora Natalia para evitar que el señor vea a su hijo”.En paralelo, se tramita un incidente de desacato y acciones legales por la falta de respuesta detallada de Migración Colombia respecto a los controles aplicados al momento del chequeo del menor. Asimismo, el proceso por presunta violencia intrafamiliar se encuentra en etapa de juicio oral ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena.Actualmente, al cumplirse dos años del nacimiento del menor, Carlos Parra continúa requiriendo a las autoridades judiciales el cumplimiento de los esquemas de visita decretados por los jueces de familia. Parra concluyó sobre el tiempo transcurrido lejos de su hijo: “Me he perdido de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, de su primer llanto. Me he perdido de su primer abrazo”.Natalia Vidales no accedió a conceder una entrevista al equipo de Séptimo Día, a pesar de que el programa se comunicó con ella en repetidas ocasiones para conocer su versión de los hechos.
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió este jueves 17 de septiembre a cinco nuevos magistrados de la Sala Especial de Instrucción, con lo que se completan las vacantes existentes en esta dependencia de la alta corporación. El proceso de selección contó inicialmente con 450 aspirantes, entre ellos 190 mujeres y 260 hombres. Con la elección, la Corte busca garantizar la continuidad del funcionamiento de la Sala Especial de Instrucción, encargada de adelantar las investigaciones contra congresistas.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA¿Cuál es la importancia de la Sala Especial de Instrucción?La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia es una de las instancias más importantes del sistema de justicia penal colombiano porque se encarga de investigar a los congresistas y, cuando encuentra mérito, acusarlos ante otra sala de la propia Corte. Y es que en Colombia, los congresistas no son investigados penalmente por la Fiscalía como cualquier ciudadano. Por su fuero, las investigaciones por delitos que se les atribuyan corresponden a la Corte Suprema. En el caso de los congresistas, esa función está específicamente en la Sala Especial de Instrucción. Por ejemplo, si un senador o representante es señalado de corrupción, cohecho, enriquecimiento ilícito o cualquier otro delito, esta Sala puede abrir una investigación, practicar pruebas y determinar si existe fundamento para formular una acusación.¿Quiénes son los nuevos magistrados?Los cinco juristas cuentan con experiencia en distintas áreas del derecho penal y en entidades de la Rama Judicial y el Ministerio Público.Andrea Nataly Bermúdez Sánchez es abogada y ha desarrollado buena parte de su trayectoria en el Ministerio Público. Se desempeñó como procuradora judicial en asuntos penales y también como procuradora delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales.Patricia del Socorro Hernández Zambrano tiene experiencia en la Fiscalía General de la Nación. Ha ocupado cargos como fiscal delegada ante tribunales superiores y, desde 2025, se desempeña como fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.Javier Fernando Fonseca Alvarado es abogado especializado en derecho penal y cuenta con experiencia como litigante y consultor en asuntos relacionados con el derecho penal financiero y bursátil. También ha ejercido como conjuez de la Sala Especial de Instrucción y fue subdirector de la Fiscalía General de la Nación.Susana Quiroz Hernández tiene trayectoria en la Rama Judicial y experiencia en el área penal. Además, hizo parte de la lista de candidatos considerada para ocupar la vacante que dejó el magistrado César Augusto Reyes Medina.Adriana Cecilia Alarcón Gallego cuenta con más de 20 años de experiencia en la Rama Judicial. Durante su trayectoria ha sido asistente y abogada auxiliar de magistrado, magistrada encargada y magistrada auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación previa contra el senador Iván Cepeda Castro para establecer si hubo irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025, en la que el excandidato ganó con el 65,09 % de los votos frente a frente al 28,83 % que obtuvo la exministra Carolina Corcho. (Lea también: El Pacto Histórico presentó el 'Gabinete por la vida': así lo explicaron Petro y Cepeda)¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATASegún el documento, el alto tribunal indagará los aportes que hicieron el empresario Javier Antonio Pérez Páez y la compañía Samat Publicidad -116 millones y 609 millones respectivamente-, con lo que presuntamente se habrían sobrepasado los límites de finaciación. Sin embargo, aclara el despacho que para establecer si las presuntas irregularidades denunciadas se presentaron, se ordenó de oficio la práctica de varias pruebas y declaraciones.La decisión que había emitido el CNE sobre el casoEn una resolución dada a conocer el 18 de agosto, el Consejo Nacional Electoral indicó que “se ABSTIENE DE INICIAR una investigación administrativa contra IVÁN CEPEDA CASTRO por la presunta infracción del régimen de financiación, en el marco de las consultas populares celebradas el 26 de octubre de 2025”. Según el CNE, “del análisis conjunto de los medios de prueba allegados a la foliatura no se encuentra acreditado que SAMAT PUBLICIDAD S.A.S. y JAVIER ANTONIO PÉREZ PÁEZ hubiesen realizado donaciones a la campaña de IVÁN CEPEDA, o que por vía de un crédito se quisiese ocultar la donación”.Precisa que “no encuentra esta Corporación que los aportes atribuidos a SAMAT PUBLICIDAD S.A.S. y a JAVIER ANTONIO PÉREZ PÁEZ desconozcan el régimen de financiación de campañas; razón por la que, no habiéndose acreditado a partir del material probatorio allegado una posible infracción, no existe mérito para iniciar la investigación administrativa sancionatoria ni para formular cargos contra el candidato IVÁN CEPEDA CASTRO, razón por la cual esta Corporación se abstendrá de iniciar investigación administrativa y dispondrá la terminación de la actuación” por lo que se abstuvo “de iniciar investigación administrativa contra IVÁN CEPEDA CASTRO por la presunta infracción del régimen de financiación”.NOTICIAS CARACOL
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia emitió un pronunciamiento oficial respaldado en la sentencia SL702-2026 (bajo la ponencia del magistrado Luis Benedicto Herrera Díaz y correspondiente a la radicación 05001-31-05-017-2021-00476-01). La Corte aclaró la validez probatoria de las capturas de pantalla de WhatsApp impresas en procesamientos laborales. A través de una precisión jurisprudencial, el alto tribunal definió bajo qué condiciones estas imágenes constituyen prueba documental y cuál es su alcance real frente a las pretensiones de trabajadores y empleadores.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)En esta decisión se precisaron los siguientes aspectos sustanciales para el derecho laboral procesal:Naturaleza jurídica: Las impresiones en papel o copias físicas de mensajes y chats de WhatsApp se clasifican formalmente como prueba documental, en los términos del inciso primero del artículo 243 del Código General del Proceso (CGP).Distinción procesal: No se tratan directamente de un mensaje de datos o emisión electrónica pura bajo la Ley 527 de 1999, al ser presentadas en formato físico impreso.Requisito de ausencia de tachadura: Aunque el soporte físico carezca de firma, si no es desconocido ni tachado por la parte contra la cual se aduce, conserva su validez y constituye prueba calificada en casación laboral.Eficacia probatoria condicionada: La asignación de la categoría de prueba documental no equivale al reconocimiento automático de los hechos demandados. El valor probatorio final depende estrictamente del contenido específico y la presencia de respuestas concretas en la conversación.Para que una captura de pantalla aportada a un expediente sea valorada eficazmente por un juez laboral, se deben diferenciar tres conceptos jurídicos independientes que estableció la Sala Laboral:Admisibilidad y naturaleza documental: Clasificación del soporte físico según el artículo 243 del CGP. Al aportarse impreso, ingresa al proceso como documento válido.Autenticidad: Condición conferida al no ser tachado, desconocido ni objetado por la contraparte durante las etapas procesales correspondientes.Suficiencia / Eficacia probatoria: Capacidad del contenido de la conversación para demostrar un hecho controvertido (ej. autorización de un jefe, aceptación de una orden o existencia de subordinación).De acuerdo con el criterio de la Corte, un pantallazo que contiene un mensaje enviado unilateralmente por el trabajador, pero que no registra respuesta, asentimiento o confirmación por parte del empleador, no configura una confesión ni demuestra la autorización del hecho que se pretende probar.Si requiere presentar impresiones de chats de WhatsApp dentro de una demanda o contestación laboral ante la justicia ordinaria, siga esta metodología para garantizar su fuerza demostrativa: Conserve la trazabilidad digital originaria: Mantenga el chat original activo en la aplicación WhatsApp del dispositivo móvil. No elimine el historial ni las copias de seguridad por si el juzgado requiere una inspección judicial o un peritaje informático.Imprima la secuencia completa: Evite recortar mensajes aislados. Imprima la conversación completa donde aparezcan claramente reflejados los números de contacto, nombres, fechas y las respuestas de ambas partes.Aporte la copia física como documento: Presente la impresión adjunta a la demanda indicando su calidad de prueba documental en virtud del artículo 243 del CGP.Demuestre la bilateralidad de la comunicación: Verifique que en el texto impreso conste de manera explícita la aceptación, orden o respuesta de la contraparte, y no solo el envío del mensaje emisor.Solicite la ratificación o desconozca expresamente: En caso de ser la parte demandada y detectar alteraciones en la imagen presentada, desconozca explícitamente el documento en la contestación para restarle la calidad de prueba calificada.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
Juan Francisco Gómez, más conocido como Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira, condenado a 55 años de cárcel por homicidio y concierto para delinquir, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad Picaleña, en Ibagué, después de que por instrucción del presidente Abelardo de la Estrella, el Inpec adelantara una inspección en su antigua celda ubicada en La Dorada, Caldas, donde encontraron al menos un teléfono celular.El traslado del político se dio después de la visita del jefe de Estado a la Corte Suprema de Justicia, donde los magistrados pudieron expresarle su preocupación por su seguridad y la de sus familias después del hallazgo de un impacto de bala en la oficina de un procurador delegado ante el alto tribunal, ubicada en la Procuraduría General de la Nación en Bogotá.¿Por qué relacionan a Kiko Gómez con el disparo en la Procuraduría?El procurador delegado ante la Corte Suprema que encontró el disparo en su oficina fue Pedro Luis Bonilla, quien lleva casos de la sala penal. Uno de esos era el de Kiko Gómez, a quien le revocaron la absolución por homicidio agravado.El magistrado José Joaquín Urbano Martínez le envió una carta a Carlos Roberto Solórzano Garavito, presidente de la Sala Penal, para expresarle su preocupación por denuncias recientes relacionados con dicho proceso. Según la misiva, “la semana pasada, en varias plataformas virtuales, circuló una información según la cual ‘un poderoso asesino guajiro -hoy preso y con varias condenas en última instancia-, les pidió a los miembros de su familia renunciar a los cargos públicos que ocupan y radicarse en Italia, donde tiene nacionalidad. Les explicó que él ya ordenó los prontos asesinatos de tres personas y no quiere que sus parientes más cercanos estén al alcance de la justicia colombiana cuando ello ocurra’. Con ocasión de esta información, el miércoles 26 de agosto, la Procuradora Judicial II Gloria Guzmán Duque, quien presentó una de las demandas de casación contra la absolución proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, acudió a mi oficina para compartirme la profunda preocupación que tenía por su seguridad personal y por la de los funcionarios judiciales que intervenimos en ese proceso”.También escribió que Bonilla le había comentado “que la semana pasada, en su oficina, ubicada en el piso 26 de la sede de la PGN, apareció una bala disparada, lo que le generó gran preocupación. Además, me informó que esta semana, al llegar a su oficina, encontró dos ventanas rotas y evidencia de dos disparos de fusil”, por lo que Urbano cree que “existe la posibilidad de que los Magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Gómez Cerchar. Además, porque me parece necesario y urgente que la Dirección de Protección de la Policía Nacional los conozca e incremente las medidas de protección necesarias para garantizar nuestra seguridad y la de nuestras familias”.Antes del encuentro con los magistrados, De la Espriella escribió en X que había “recibido la preocupación expresada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia frente a la seguridad de sus magistrados. He dado instrucciones a la Policía Nacional y a la UNP para reforzar de inmediato todas las medidas necesarias para garantizar su protección. Y envío un mensaje inequívoco: lo que es con la Sala Penal de la Corte es conmigo. Quien se mete con la Corte, se mete con el Presidente de la República. En Colombia nadie puede amenazar, intimidar o pretender doblegar a un magistrado o a un juez y creer que no habrá consecuencias. A quien lo intente le caerá todo el peso de la ley. Sea quien sea que esté detrás de estas amenazas -Kiko Gómez o cualquier otro- será identificado, perseguido y llevado ante la justicia. Que quede claro cómo son las cosas con este Gobierno: las instituciones se respetan, a los jueces se les garantiza su independencia y la justicia no se intimida”.Los representantes de Kiko Gómez reaccionaron a esos señalamientos, manifestado “la absoluta ajenidad del señor JUAN FRANCISCO GÓMEZ CERCHAR frente a lo acontecido. Negamos de manera categórica cualquier participación, autoría, determinación, vínculo o relación suya con tales hechos, al punto de que ni siquiera tuvo conocimiento de su ocurrencia”.NOTICIAS CARACOL
El pasado 31 de agosto, un procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia descubrió un disparo en la ventana de su oficina, en la Procuraduría General de la Nación. El funcionario, que fue identificado como Pedro Luis Bonilla, llevaba casos de la sala penal del alto tribunal. Uno de esos era uno relacionado con Juan Francisco Gómez, más conocido como Kiko Gómez, ex gobernador de La Guajira y a quien le fue revocada la absolución por homicidio agravado, por lo que fue sentenciado a más de 31 años de cárcel. (Lea también: Investigan impacto de bala en el edificio de la Procuraduría: hay una hipótesis del disparo)En la información preliminar, las autoridades señalaron que el funcionario no ha recibido algún tipo de amenaza, por lo que se descartaba que se tratara de un atentado contra su vida.Sin embargo, el magistrado José Joaquín Urbano Martínez le envió una carta a Carlos Roberto Solórzano Garavito, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para expresarle su inquietud por la gravedad de lo ocurrido y por información que conoció que estaría relacionado con el exembajador.Días antes del disparo en la ventana apareció una bala en la oficina del procurador delegadoSegún la misiva del magistrado, en abril de 2026 se revocó la absolución dada por el Tribunal Superior de Bogotá a Kiko Gómez y lo condenó “por el delito de homicidio agravado, motivo por el cual él deberá pagar una pena de 31años y 8 meses de prisión. Hasta este momento, esa sentencia dictada por unanimidad por la Sala de Casación Penal está vigente, aunque es posible que, luego, por virtud de alguna acción de tutela, quede sin efectos”.Sin embargo, continuó, “la semana pasada, en varias plataformas virtuales, circuló una información según la cual ‘un poderoso asesino guajiro -hoy preso y con varias condenas en última instancia-, les pidió a los miembros de su familia renunciar a los cargos públicos que ocupan y radicarse en Italia, donde tiene nacionalidad. Les explicó que él ya ordenó los prontos asesinatos de tres personas y no quiere que sus parientes más cercanos estén al alcance de la justicia colombiana cuando ello ocurra’. Con ocasión de esta información, el miércoles 26 de agosto, la Procuradora Judicial II Gloria Guzmán Duque, quien presentó una de las demandas de casación contra la absolución proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, acudió a mi oficina para compartirme la profunda preocupación que tenía por su seguridad personal y por la de los funcionarios judiciales que intervenimos en ese proceso”.A esto se suma lo ocurrido con el procurador delegado Bonilla que, según el magistrado Urbano, “me comentó que la semana pasada, en su oficina, ubicada en el piso 26 de la sede de la PGN, apareció una bala disparada, lo que le generó gran preocupación. Además, me informó que esta semana, al llegar a su oficina, encontró dos ventanas rotas y evidencia de dos disparos de fusil”, que son los hechos que se conocieron recientemente.Según la carta del togado, “existe la posibilidad de que los Magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Gómez Cerchar. Además, porque me parece necesario y urgente que la Dirección de Protección de la Policía Nacional los conozca e incremente las medidas de protección necesarias para garantizar nuestra seguridad y la de nuestras familias”.El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenís Gómez, recibió la comunicación del magistrado José Joaquín Urbano Martínez e inmediatamente tuvo una comunicación con la encargada de seguridad del alto tribunal y la Dirección de Protección de la Policía Nacional para solicitar que se tomen de inmediato las correspondientes medidas de protección que garanticen la seguridad de los magistrados.NOTICIAS CARACOL
La Corte Suprema de Justicia informó que le abrió una investigación a la senadora Isabel Zuleta para determinar si incurrió en el delito de abuso de función pública durante un operativo que se realizó en la cárcel La Picota de Bogotá en julio de 2025. La Sala de Instrucción “indaga si su participación en estos hechos se ajustó al ámbito de actuación previsto en las resoluciones que determinaron sus funciones”, explicó el alto tribunal. Asimismo, citó a indagatoria a la congresista. (Lea también: Trasladan a 103 “peligrosos criminales” de la cárcel de Itagüí a otras prisiones de máxima seguridad)¿Qué hechos se indagan en este caso?De acuerdo con lo dado a conocer por el alto tribunal, “la actuación busca establecer si su participación en un operativo realizado el 10 de julio de 2025 en la cárcel La Picota de Bogotá excedió las funciones y competencias que le fueron asignadas al ser designada Coordinadora del Gobierno nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá, mediante Resoluciones 452 de 2024 y 123 de 2026, expedidas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz”.Añade que “la senadora ingresó al centro penitenciario junto con funcionarios de la Fiscalía, en un procedimiento en el que fue incautada un arma de fuego a partir de información suministrada por Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá”, exlíder de la banda La Inmaculada y que fue extraditado en febrero de 2026 a Estados Unidos, donde enfrenta los delitos de concierto para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína, concierto para traficar y distribuir cocaína con la intención, y fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína.NOTICIAS CARACOL
En la más reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de abrir investigación contra la exrepresentante Gloria Arizabaleta se dan detalles de cómo supuestamente se configuró un entramado a cambio de dinero y favores políticos. La exparlamentaria habría amenazado al presidente Gustavo Petro con ordenar su suspensión antes de publicar el polémico auto por el cual fue apartada de su rol legislativo. El expediente de 46 páginas del alto tribunal recolectó las pruebas por las que se abrió el proceso a la otrora presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por la posible comisión de los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto. (Lea también: Esto dicen expertos y congresistas sobre la resolución que pide suspender al presidente Petro)Tras decidir abrir investigación formal, la sala de instrucción de la Corte Suprema citó a indagatoria el miércoles 2 de septiembre a la excongresista del Pacto Histórico. Alejandro Carranza, abogado del jefe de Estado, señaló a Noticias Caracol que radicarán "la demanda de Constitución en parte civil y vamos a mostrarle al honorable magistrado todo lo que han venido haciendo, cómo buscan afectar a la víctima, cómo atacan al denunciante, cómo tergiversan filtrando la información para solicitarle que adopte medidas, entre ellas, obviamente, la medida de aseguramiento".Las presuntas amenazas de Gloria Arizabaleta contra PetroEn el auto de la Corte Suprema se lee: "Gloria Elena Arizabaleta Corral, en primer lugar, habría realizado solicitudes o exigencias al ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, y al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego; en este último caso, de manera indirecta a través de su abogado, Pedro Alejandro Carranza Cepeda. En ambas situaciones, las solicitudes o exigencias presentadas tendrían un vínculo con la adopción de decisiones y el curso de actuaciones contra el presidente de la República en el seno de la Comisión de Investigación y Acusaciones".El documento señala que tras la elección de Arizabaleta como presidenta de la Comisión de Acusaciones, en 2025, se reunió en cuatro ocasiones con el defensor del jefe de Estado, a quien le pedía hacer de vehículo o puente para acercarla al gobierno. Las peticiones de la excongresista, dice el texto del alto tribunal, estaban encaminadas a cerrar los procesos contra el presidente antes del cambio de gobierno.Con el ministro de Hacienda se reunió el 5 de febrero y, según el testimonio del funcionario, lo que ella buscaba eran "millones y un acuerdo corrupto a cambio de votos favorables en la Comisión de Acusaciones", petición en la que habría insistido el 13 de mayo, cuando coincidieron en una sesión en el Congreso.Una de las reuniones entre Carranza y Arizabaleta fue en la Casa de Nariño, también en febrero, con la directora del Dapre, Nhora Mondragón, quien aseguró que la exparlamentaria del Pacto Histórico le había pedido nombrar a una persona en un cargo directivo de la Fiduprevisora, haciendo alusión a un acuerdo político. La funcionaria manifestó que le recibió la hoja de vida, pero que finalmente se designó a otra persona.El auto contiene también chats entre el abogado defensor del presidente y la excongresista, en el que Gloria Arizabaleta le entregó el borrador de una decisión que se preparaba en la comisión sobre un proceso contra Petro. Hablaron, además, de un proceso de compulsa de copias contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez, en donde Carranza se ofrecía a realizarle el documento. El abogado afirma que la congresista le insistió en todos los encuentros que le sirviera como puente con el gobierno, expresando su molestia por la poca respuesta por parte del ministro de Hacienda.Fue en la última reunión, del 8 de junio, cuando Arizabaleta le habría comentado la intención de suspender al presidente si no negociaban: "El testigo Carranza Cepeda aseguró que Arizabaleta Corral, durante la reunión, (…) recordó que en el pasado ella radicó un salvamento de voto en dicha actuación, con el sentido de solicitar que el presidente fuera llevado a juicio: ‘Usted ya sabe; usted tiene que hablar o tienen que buscar los votos (...) busquen los votos; si ustedes no arreglan, nosotros lo llevamos a juicio’".Dos días después, el 10 de junio, se conoció el polémico auto que ordenaba suspender al jefe de Estado. Por ese documento, sin validez jurídica según expertos, la representante fue suspendida provisionalmente por la Procuraduría General de la Nación, que le abrió investigación por el aparente abusivo ejercicio de funciones parlamentarias, pues la decisión de suspender al presidente requiere todo un proceso que inicia en la Comisión de Acusaciones y termina en el Senado. Fue entonces que el presidente Petro la denunció, acusándola de extorsionista.NOTICIAS CARACOL
En entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado hablaron sobre las expectativas que tiene sobre el gobierno de Abelardo de la Espriella y las tensiones que se han registrado con el gobierno saliente de Gustavo Petro.
Por primera vez, los presidentes de las tres más importantes cortes de Colombia -Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado-, se sentaron al tiempo para hablar, sin tapujos, sobre la transición de gobierno que se avecina en el país. Los magistrados dialogaron francamente con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, sobre el estado en el que quedaron las relaciones de la rama judicial con el poder ejecutivo, tras cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, y de las expectativas que tienen frente a la administración entrante con Abelardo de la Espriella. (Lea también: ¿Dónde queda el Palacio de San Carlos y cuál es su historia? Sería sede de De la Espriella en Bogotá)Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, expresó que “esperaría con este nuevo Gobierno que haya un diálogo armónico, institucional, porque es mejor así para la ciudadanía, para que el Estado funcione y para la justicia misma que se haga posible esa colaboración armónica institucional. También que haya un respeto real por las instituciones y la justicia. (…) Esperamos que esa sea la dinámica durante estos cuatro años”.Por su parte, Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, reconoció que “siempre hay tensiones entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, ese no es un tema de estos momentos, esto ocurre cuando hay que ejercer competencias donde se ejerce un control sobre las atribuciones dadas al Ejecutivo”, refiriéndose a los momentos en que deben declarar la inconstitucionalidad de algún decreto, por lo que subrayó que “respetamos las competencias ajenas con la misma vehemencia con que defendemos las propias”.Alberto Montaña, presidente del Consejo de Estado, agregó frente a lo dicho por su par que “es legítimo que se hagan críticas; sin embargo, una cosa en no estar de acuerdo con una decisión y otra cosa es no cumplir”, explicando que las decisiones “tienen que ser cumplidas” aunque “a veces no les gustan a los gobiernos, pero deben ser acatadas”.¿El Gobierno Petro respetó los límites de los poderes públicos?El magistrado Lenis, “los gobernantes deben comprender que deben gobernar con controles” y “ningún poder público puede ser ejercido sin límites y sin control”, por lo que instó a “los gobernantes a respetar las competencias de los otros poderes públicos”, asegurando que cuando se toma una “decisión frente a una acción de poder público, Ejecutivo o Legislativo, no se debe entender que es un obstáculo a la democracia. Por el contrario, también es para defender otros valores democráticos importantes”. Por otro lado, recordó el “hecho desafortunado” en que se bloqueó la salida de los magistrados cuando estaban eligiendo al fiscal que reemplazaría a Francisco Barbosa. Respecto al Gobierno actual, consideró que “no se facilitó ese diálogo institucional de manera armónica, eso fue tensionante”.La togada Meneses reiteró que siempre hay tensiones con los gobiernos, “pero acá lo importante es que cada uno de los integrantes de las ramas del poder público deben actuar conforme lo señala la Constitución y la ley. De manera que en estos cuatro años lo que ha quedado evidente es que tenemos una institucionalidad sólida y una justicia comprometida con respetar las garantías del Estado Social y democrático de Derecho”.El presidente del Consejo de Estado manifestó que “sería contraevidente decir que hubo unas relaciones armónicas por completo” porque “la rama judicial en general tuvo que hacer manifestaciones públicas llamando a la cordura y al respeto por las decisiones judiciales”. En el caso de su despacho, incluso “hubo una solicitud de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la cual le pusimos de presente a la comisión esas reacciones del presidente”, ya que “decir que se está haciendo un golpe de Estado por parte de los jueces, hacer señalamientos que deslegitiman la autoridad judicial, como si nosotros nos debiéramos a un electorado y no a la Constitución y a la ley, en materia de designación, que el Consejo de Estado tome la decisión de anular la designación de alguien y a los pocos días se profiera un decreto cambiando los requisitos para que esa persona siga ahí, en mi opinión no son reacciones normales ni deseables”.¿Qué debe tener una reforma a la justicia?El presidente de la Corte Suprema recordó la propuesta del ministro de Justicia designado, Iván Cancino, “como eliminar algunas de las audiencias para tratar de que sea más celera y como funciona el procedimiento abreviado penal. Esa es una discusión que podemos dar. Pero no se trata de eliminar una audiencia sino de hacer una reforma a todo el procedimiento, porque esa audiencia está conectada con otras etapas y otras prerrogativas del proceso penal, eso implicará una reforma más integral”. Agregó que espera que “la justicia sea más cercana y más oportuna, y que los métodos alternativos de solución de conflictos sean más efectivos”.En el concepto del magistrado Montaña “debemos ser muy prudentes porque son reformas que tienen que ver con nosotros”, pero “también debemos ser participativos en los problemas y en lo estructural” como “la congestión, donde hay que tomar medidas”, refiriéndose a “los jueces individuales, que este año cumplen 20 años de creación, ellos sí se han congestionado más. Entonces nada hacemos si en la alta corte se genera una descongestión y abajo se está congestionando más”, señalando que hay jueces que tienen 5.000 procesos.La presidenta de la Corte Constitucional habló de las tutelas, indicando que reciben a diario, en promedio, 5.650. “Cada mes hay dos magistrados que se seleccionan aleatoriamente para hacer parte de una sala de selección y tenemos que revisar un rango que va aproximadamente entre 80.000 y 100.000 tutelas” al mes para decidir cuáles se van a seleccionar, explicó. Por ello acuden al Consejo Superior de la Judicatura y actualmente hay “226.000 tutelas pendientes por radicar para hacer la selección”, agregó. También se refirió al tema del derecho a la salud, el segundo que más tutelas tiene, el primero es de petición.¿Qué ha significado la JEP?“Significó un consenso nacional en esa búsqueda por lograr la paz”, expresó el magistrado Lenis, quien señaló que “la JEP tiene unos plazos y es prudente esperar que se cumplan esos plazos para que cumpla su misión”, considerando que “la JEP viene actuando, hay unos logros que se pueden mirar, pueden ser intangibles: han identificado cuerpos, se los han entregado a sus familiares; ha facilitado construcción de verdad en medio de las circunstancias del conflicto armado, ha facilitado la reconciliación”, reconociendo que “viene un poco lento”. Agregó: “Cuando se cumplan esos plazos, vamos a mirar si es momento de hacer la prórroga como lo establece la Constitución”.El magistrado Montaña indicó que “para terminarla, para acabarla, para reformarla, se van a necesitar reformas constitucionales, no bastará una reforma legal”, y manifestó que “la justicia transicional no es una política de Gobierno, es una política de Estado”, por lo que “es un compromiso de todos los órganos del poder público y no solamente del Ejecutivo”. (Lea también: JEP le respondió a Abelardo de la Espriella y lo invitó a una reunión para presentar resultados)NOTICIAS CARACOL
En un fallo que sienta un precedente histórico para el mundo laboral en Colombia, la Corte Suprema de Justicia ha dejado en claro que el retiro anticipado de las cesantías no es un cheque en blanco para el trabajador.Según la reciente providencia del alto tribunal, no demostrar que el dinero retirado se invirtió en los fines estrictamente permitidos por la ley constituye una falta grave, la cual otorga al empleador la facultad legal de terminar el contrato de trabajo con justa causa.Esta decisión surge ante la necesidad de proteger la naturaleza de las cesantías, que están concebidas como un ahorro para momentos de desempleo o para inversiones específicas que mejoren la calidad de vida del empleado en áreas críticas.¿Cuál es el caso que sienta el precedente?De acuerdo con la Corte, el caso que sienta el precedente tiene que ver con un trabajador de una empresa tecnológica solicitó un retiro parcial de cesantía por 100 millones de pesos para compra de vivienda; con posterioridad, no hubo una legalización de la operación, entendida esta como una acreditación de la destinación del dinero a la compra efectiva de vivienda o a alguna otra de las transacciones autorizadas legalmente; el trabajador fue requerido para tal efecto en múltiples ocasiones y, ante el silencio, fue llamado a descargos, pero en ninguna de esas oportunidades demostró la debida utilización de los dineros.Marjorie Zúñiga, magistrada ponente de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, explicó en Noticias Caracol que el organismo busca combatir es el uso fraudulento, definido como aquel escenario donde un trabajador solicita el pago parcial para un fin (como la compra de un inmueble), pero termina destinando el dinero a una situación distinta o, simplemente, no presenta los soportes que acrediten la inversión.Lo que debe tener en cuenta al retirar sus cesantíasPara evitar consecuencias legales que puedan poner en riesgo su estabilidad laboral, Zúñiga indicó los siguientes puntos clave que todo trabajador debe observar rigurosamente:Destinación única y exclusiva: la ley es taxativa en cuanto a los motivos para el retiro anticipado. Actualmente, solo se permite la solicitud de estos fondos para dos propósitos: vivienda (ya sea para compra de inmueble o para realizar mejoras y remodelaciones) y educación. Cualquier uso fuera de este espectro se considera una infracción a la normativa vigente.La obligación de informar y demostrar: no basta con obtener el dinero; el trabajador tiene la obligación legal de comunicar al empleador en qué invirtió los recursos una vez hecho uso de ellos. Es imperativo que el uso final corresponda exactamente con lo que se solicitó inicialmente a la empresa o al fondo.Carga de la prueba (soportes): el empleado es el responsable de aportar las pruebas documentales de la inversión. Entre los documentos válidos se encuentran los soportes de obra (en caso de remodelación), escrituras o contratos de compraventa y recibos de pago de matrícula de instituciones educativas debidamente reconocidas.Cuidado con las prácticas fraudulentas: Zúñiga reveló que es común encontrar casos donde los trabajadores presentan contratos de prestación de servicios falsos, por ejemplo, con maestros de obra para remodelaciones que nunca se llevan a cabo. Estas maniobras son detectables por los jueces y son el principal detonante de los despidos avalados por la Corte.Facultad de verificación del empleador: el fallo subraya que la empresa no es un ente pasivo en este proceso. El empleador tiene el derecho y la potestad de exigir toda la documentación necesaria para determinar si los recursos fueron invertidos correctamente o si, por el contrario, existió un engaño por parte del subordinado.La magistrada Zúñiga anotó que se trata de que quede clara la transparencia en las relaciones laborales y que los recursos de las cesantías deben ser utilizados exclusivamente para lo que la norma ha destinado.NOTICIAS CARACOL
Al menos 112 líderes sociales fueron asesinados en Colombia entre enero y agosto pasado, informó este domingo la Defensoría del Pueblo que advirtió que en ese periodo también hubo 86 masacres que dejaron 326 víctimas mortales."Defender derechos es un derecho. Las personas lideresas protegen el territorio y su trabajo no debe ser estigmatizado ni convertirse en un factor de riesgo para su vida e integridad", señaló la Defensoría del Pueblo en un boletín.Según ese organismo, de los líderes asesinados, 91 eran hombres y 21 mujeres. Con 21 casos, el departamento con el mayor número de víctimas mortales es el Cauca (suroeste), donde opera el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC; la guerrilla del Ejército Liberación Nacional (ELN) y otros grupos narcotraficantes.En cuanto a las masacres, la Defensoría aseguró que han ocurrido en 23 de los 32 departamentos colombianos y que "Cauca, Antioquia y Valle del Cauca concentran el mayor número de casos".De igual forma, el organismo estatal señaló que entre enero y agosto pasados fueron asesinados 10 excombatientes que firmaron el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016.En mayo pasado, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alertó que las consecuencias del conflicto armado en Colombia alcanzaron en 2025 el nivel "más grave de la última década", con un fuerte aumento de desplazamientos, confinamientos, desapariciones y víctimas de explosivos.Según el balance anual del CICR, el año pasado al menos 235.619 personas fueron desplazadas de manera individual, 87.069 lo hicieron en movimientos masivos y 176.730 permanecieron confinadas por acciones de grupos armados.Frente a 2024, todos los indicadores aumentaron de forma significativa: el desplazamiento individual creció un 100 %, el desplazamiento masivo un 111 %, el confinamiento un 99 %, las víctimas de artefactos explosivos un 34 % y las nuevas desapariciones documentadas por el CICR un 22 %, según el informe. AGENCIA EFE
Canadá derrotó este sábado por 1-0 a Chile en un amistoso disputado en Toronto gracias a un gol de Jonathan David en el minuto 12, en un encuentro en el que la selección sudamericana terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo.El conjunto canadiense, dirigido por Jesse Marsch, salió con mayor intensidad y desde los primeros minutos encerró a Chile en su campo. Cyle Larin tuvo la primera ocasión clara en el minuto 11 con un remate a corta distancia que fue bloqueado por el portero chileno, Lawrence Vigouroux.Jonathan David aprovechó el balón suelto para marcar con la izquierda desde muy cerca y colocar el 1-0.Chile reaccionó y Darío Osorio obligó a Dayne St. Clair a intervenir con un disparo desde fuera del área. El guardameta canadiense también intervino posteriormente para desviar un balón de Gonzalo Tapia.La situación se complicó para los visitantes en el tramo final de la primera parte. Gabriel Suazo vio una amarilla en el minuto 29 y, después de que a Chile se le anulara un gol por fuera de juego de Tapia en el 34, Lucas Cepeda fue expulsado con roja directa en el 35.Pese a jugar con diez, Chile tuvo una oportunidad antes del descanso por medio de César Pérez, cuyo disparo desde fuera del área se marchó alto.El panorama empeoró todavía más para los de Nicolás Córdova nada más comenzar la segunda mitad. Suazo recibió la segunda amarilla en el minuto 50 y dejó a Chile con nueve jugadores.Canadá pasó entonces a controlar el encuentro y Marsch refrescó el equipo con la entrada de Stephen Eustáquio, Promise David, Jovan Ivanisevic y Liam Millar poco después de la hora de juego. Chile respondió con varios cambios para reorganizarse pese a su inferioridad numérica.Los locales, sin embargo, no consiguieron sentenciar. Eustáquio probó a Vigouroux desde fuera del área y Millar también obligó al guardameta chileno a intervenir en el minuto 90. Chile incluso dispuso de una última oportunidad en el añadido, cuando St. Clair detuvo un cabezazo de Francisco Salinas.El encuentro terminó 1-0 y Canadá conservó la ventaja obtenida en la primera parte frente a una selección chilena que disputó los últimos cuarenta minutos con nueve futbolistas.
El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre un operativo desarrollado en la vereda El Cadillo, en el municipio de Tello, Huila, que dejó como resultado la muerte de alias Robinson Gutiérrez y la captura de otros tres integrantes de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia.De acuerdo con la información entregada por el mandatario a través de su cuenta oficial de X, en la operación participaron de manera conjunta el Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea.“Hace pocos minutos, en la vereda El Cadillo, en Tello (Huila), una operación del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea golpeó a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez”, señaló De la Espriella.El presidente identificó a Robinson Gutiérrez como cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro y confirmó que fue dado de baja durante el operativo.¿Qué dijo el presidente sobre alias Robinson y el caso de Miguel Uribe?De la Espriella aseguró que el hombre estaba implicado en el crimen y manifestó "No dejaré de exigir que se establezca toda la verdad sobre ese crimen”, afirmó el mandatario.La información entregada por el presidente corresponde a un resultado preliminar. De la Espriella aclaró que las autoridades todavía adelantan labores de verificación sobre lo ocurrido durante la operación en Tello. "Ampliaré la información una vez concluya la verificación”, indicó.Por esta razón, los detalles sobre el operativo y las circunstancias en las que murió Robinson Gutiérrez están sujetos a la información que entreguen posteriormente las autoridades.¿Quién era alias Robinson Gutiérrez?Según los reportes citados por las autoridades, detrás del alias Robinson Gutiérrez estaba Miguel Orlando Guzmán González, quien habría ocupado diferentes funciones dentro de la estructura Teófilo Forero Castro.Las autoridades señalan que en 2024 habría asumido el manejo de los recursos económicos de la organización y posteriormente habría ejercido funciones relacionadas con las finanzas y la orientación política de la estructura.Su trayectoria también estaría relacionada con la antigua Columna Móvil Teófilo Forero. De acuerdo con los reportes, en 2021 habría participado en operaciones contra la Fuerza Pública y para ese momento habría hecho parte del círculo de confianza de alias El Paisa.Robinson Gutiérrez también era señalado por las autoridades de estar relacionado con actividades como extorsiones y amenazas contra comunidades agriculturas, reclutamiento de menores entre otros actos delictivos.En su mensaje, el presidente sostuvo que el cabecilla dirigía este tipo de actividades en la región. “Robinson dirigía extorsiones y amenazas contra campesinos, el reclutamiento de menores y acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública en Huila y Caquetá”, manifestó.Además de la muerte de Robinson Gutiérrez, el operativo dejó tres personas capturadas, de acuerdo con el reporte entregado por el presidente.Las autoridades continuarán con la verificación de los resultados del procedimiento y, según anunció el presidente, se entregará información adicional una vez finalicen esas labores.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
El Mundial de ciclismo de ruta de 2026 marcó un momento especial para Nairo Quintana. Este domingo 27 de septiembre, el corredor colombiano disputó, en Montreal, Canadá, su último Campeonato Mundial con la Selección Colombia, en una jornada que representó el cierre de una etapa dentro de su extensa trayectoria deportiva."Feliz, bien, contento de estar aquí, en mi último Mundial", expresó Nairo en la previa de la competencia, recordando que su primera participación en una Copa del Mundo ocurrió hace 17 años.El boyacense también destacó la posibilidad de compartir esta última cita mundialista con una nueva generación de corredores colombianos. "Hace 17 años, hice mi primera participación en una Copa del Mundo y, ahora, terminar con todos los jóvenes, me da alegría. Representar a mi país es lindo", señaló.Para Nairo Quintana, además, llevar los colores de Colombia siempre ha tenido un significado especial por la pasión que existe en el país por este deporte. "La representación de Colombia en las carreras siempre es grande. Es un país que respira y vive ciclismo. Por eso, están aquí", afirmó.Sin embargo, la participación en Montreal no será la última carrera profesional de Nairo. El propio ciclista había adelantado que, después del Mundial, solamente le quedaría una competencia antes de poner punto final a su carrera."Con el Movistar Team haré mi última carrera, la próxima semana, en Italia. No podemos decir dónde, pero lo comunicaremos en su momento", explicó.Sin embargo, días atrás, en entrevista con Georgia 'Goga' Ruiz Sandoval, Nairo Quintana reveló cuál será finalmente ese último compromiso: el Giro dell’Emilia, que se disputará el sábado 3 de octubre en Italia.De esta manera, el Mundial de Montreal será su última participación con Colombia, mientras que el Giro dell’Emilia marcará el último capítulo de su carrera profesional con el Movistar Team.
Luego de la compleja cirugía a corazón abierto a la que fue sometido, Lucas Murillo volvió a dirigirse a las personas que han seguido su historia. En un video, el pequeño contó que ya despertó y habló sobre cómo avanza su recuperación después de la intervención realizada en la Fundación Cardiovascular.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA“Buenas noches, pues estoy bien, ya me hicieron la cirugía y también me duele un poco”, dijo Lucas al comenzar su mensaje.El menor explicó que recibe medicamentos para controlar las molestias y que también comenzó algunas de las actividades propias de su recuperación. Según relató, está realizando terapia y los profesionales de salud lo ayudan a caminar. Lucas también habló sobre su alimentación y explicó que en algunas ocasiones recibe alimentos o medicamentos a través de una sonda gastrointestinal mientras permanece dormido.El pequeño cerró su mensaje agradeciendo el acompañamiento de quienes han estado pendientes de su proceso y pidió que continúen rezando por su recuperación. “Y si siguen rezando por mí, pronto voy allá, allá, pronto voy a Cúcuta”, expresó.¿Qué cirugía le realizaron a Lucas Murillo? Lucas fue sometido a una cirugía de Fontan, un procedimiento de alta complejidad realizado a corazón abierto. La intervención se llevó a cabo en la Fundación Cardiovascular, ubicada en Floridablanca, Santander, después de que el menor llegara desde Cúcuta para recibir atención especializada.De acuerdo con la explicación entregada por el doctor Albert Guerrero, líder del Servicio de Cirugía Cardiovascular Pediátrica de la Fundación Cardiovascular, durante el procedimiento se conectaron las venas que vienen de la parte inferior del cuerpo con la rama pulmonar derecha, con el objetivo de permitir que la sangre llegue a las arterias de los pulmones.La intervención se extendió durante al menos ocho horas y posteriormente Lucas fue trasladado a cuidados intensivos, donde permaneció bajo vigilancia permanente del equipo médico.Tras la cirugía, su madre, Andrea García, contó que el niño ya había despertado y que incluso pudo comunicarse con ella. “Mamá, tengo sed”, fue una de las frases que le dijo después de despertar, según relató la mujer.Las primeras 72 horas después de la cirugía Aunque el equipo médico reportó una evolución favorable después de la intervención, los especialistas habían advertido que las primeras 72 horas serían una etapa fundamental para observar la recuperación de Lucas.El doctor Albert Guerrero explicó que el menor tuvo una buena noche y que su evolución era favorable, aunque señaló que el equipo médico debía mantener una vigilancia permanente durante esos primeros días.“Estos primeros 3 días pues son los más complejos y hay que estar muy encima de él”, explicó el especialista. La familia también pidió a las personas que han acompañado la historia del menor que continúen con sus oraciones durante esta etapa.Lucas se hizo conocido a nivel nacional después de publicar un video en el que pidió ayuda para acceder al tratamiento que necesitaba. En ese momento, el niño explicó que llevaba más de un año esperando atención para su condición cardíaca.“Yo no quiero morir. Soy muy inteligente en el colegio, me va bien en el colegio, quiero seguir aprendiendo”, dijo entonces. El menor nació con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, una cardiopatía congénita en la que el lado izquierdo del corazón no se desarrolla adecuadamente. Antes de la cirugía de Fontan, Lucas ya había sido sometido a otros procedimientos a corazón abierto, entre ellos una cirugía de Glenn.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co