Miembros de la sala de instrucción de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia realizaron una inspección al Ministerio de Hacienda en medio del escándalo de la UNGRD.¿Qué busca la Corte Suprema en el Ministerio de Hacienda?Se quiere establecer si hay trazabilidad de los contratos que se habrían entregado u ofrecido a los seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que ya rindieron indagatoria ante el alto tribunal: Liliana Bitar, Julián Ramírez, Juan Diego Muñoz, Karen Manrique, Wadith Manzur y Juan Pablo Gallo.Según conoció Noticias Caracol en vivo, se hizo una inspección especial en uno de los computadores para definir la situación jurídica de estos parlamentarios, salpicados por Olmedo López, exdirector de la UNGRD.Por ese mismo caso, Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones que supuestamente entregó coimas al expresidente de la Cámara Andrés Calle, asiste este miércoles 11 de diciembre a una audiencia donde la juez tercera de Control de Garantías de Bogotá define si la envía a la cárcel.Antecedentes del caso de corrupción de la UNGRDLas cabezas del entramado son Olmedo López y Sneyder Pinilla, a los que el presidente Gustavo Petro nombró como director y subdirector de la unidad.El pasado 12 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra cinco congresistas y un exrepresentante a la Cámara por su presunta vinculación con la corrupción en la UNGRD, destapada en febrero pasado por la prensa al ponerse en evidencia los sobrecostos de decenas de carrotanques comprados para abastecer de agua a La Guajira.(Lea también: Después de 10 meses de estar parqueados, carrotanques en La Guajira empiezan a operar)Entre los señalados figura Ricardo Bonilla, quien dimitió recientemente al Ministerio de Hacienda y, según la Fiscalía General de la Nación, fue determinante, en coordinación con Olmedo López, para la adjudicación de tres contratos por 92.000 millones de pesos (unos 20,7 millones de dólares).María Alejandra Benavides, quien fue asesora del exfuncionario, declaró ante la Fiscalía y habló de un pacto entre el exministro de Hacienda, el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo para destrabar la aprobación de créditos internacionales para la nación comprando congresistas.(Lea también: Audios de María Alejandra Benavides sobre Ricardo Bonilla, Velasco y Jaime Ramírez)Benavides le contó al ente acusador detalles de una operación exprés en diciembre de 2023 para aprobar en menos de diez días los multimillonarios créditos que necesitaba el gobierno. Según ella, para conseguirlo, tres altos funcionarios del gobierno habrían hecho un pacto para comprar congresistas a través de contratos con la UNGRD por 92.000 millones de pesos.La Corte Suprema de Justicia también abrió una investigación contra los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle por este caso.El senador Name, de la Alianza Verde, y el representante Calle, del Partido Liberal, fueron acusados de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.En mayo pasado, el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla reveló que el dinero de la UNGRD fue usado en 2023 para pagar millonarias coimas a Name y Calle.
La Corte Suprema de Justicia ordenó una prueba grafológica en el caso de la congresista Karen Manrique, vinculada en la presunta recepción de dádivas a cambio de conceptos favorables para créditos requeridos por el Gobierno nacional.En las últimas horas se inspeccionó la oficina de la representante a la Cámara con el fin de buscar documentos con su letra y poder compararlo con una lista de congresistas que, según Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), la funcionaria escribió en una libreta.La defensa de la representante Karen Manrique aseguró que lo escrito en dicha libreta pertenece a otra persona.(Lea también: Corte Suprema allanó oficina de la congresista Karen Manrique por escándalo en la UNGRD)De acuerdo con las declaraciones de Olmedo López, Marique fue la coordinadora de los congresistas que, al parecer, iban al Ministerio de Hacienda en busca de la contraprestación para emitir los conceptos.¿Qué dijo Karen Manrique sobre acusaciones?Frente a las acusaciones de Olmedo López, la representante a la Cámara se pronunció desde su redes sociales el pasado 19 de julio y dijo: "Me duele que por esa razón y justo previo a las elecciones de mesas directivas, cuando una de las pocas mujeres representantes de una minoría en las curules de víctimas y de un territorio apartado y golpeado por la violencia, que vivimos con mayor rigor las mujeres, como lo es el departamento de Arauca, esté viendo esta infamia que busca desprestigiar el acompañamiento que he realizado, pero por encima de ello mi nombre, que es el único capital con que cuento, que he construido paso a paso”.Karen Manrique fue citada el 2 de diciembre por la Corte Suprema de Justicia a indagatoria. El abogado de la congresista, Andrés Garzón, aseguró que ella guardará silencio hasta no conocer cuáles con las indicaciones que se hacen. También aseguró el defensor que "no hubo ningún contrato, no se desembolsó un peso, ni hay ningún dinero embolatado para el país", además de que "la representante Karen Manrique actuó debidamente autorizada por la ley".El abogado añadió que “ya se demostrará en el curso de la investigación que no se cometió ningún delito y que las actuaciones de la representante Karen Manrique estuvieron apegadas a la ley”.Acerca de Olmedo López, el abogado Garzón sostuvo que “él ha hecho uso de su derecho a guardar silencio para no declarar en este expediente y no ser interrogado por los abogados. Todo lo que ha dicho por fuera será elemento de juicio para el país”.(Lea también: Presidente Gustavo Petro sale en defensa del minhacienda Ricardo Bonilla en medio del caso de UNGRD)
Este jueves 5 de diciembre, en la posesión del magistrado de la Sala Penal José Joaquín Urbano no se plasmó la firma del presidente de la República, sino la del presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, quien reconoció que se trata de un acto simbólico de dependencia de la justicia.“Lo que convierte esa determinación en un hito trascendental radica en el elocuente mensaje de reivindicación del respeto, la independencia y la autonomía del poder judicial. Sin lugar a duda, este acto formal de posesión entroniza la dignidad de la justicia, con lo cual naturalmente se fortalecen los pilares de una democracia cuya legitimidad y vocación de permanencia en el porvenir penden indisociablemente de unos poderes equilibrados”, expresó Chaverra.(Lea también: Presidente Petro le entregó a Pepe Mujica la Orden de Boyacá en Uruguay)Dijo también Chaverra que este es un mensaje para la justicia: “Constituye un acto de respeto hacia las instituciones que representamos y hacia la ciudadanía, que confía en nosotros para defender su derecho. Si unidos preservamos y defendemos la autonomía y la independencia judicial, nuestra democracia estará siempre a salvo”.Presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, aclaró si hay ruptura de relaciones con el presidente Petro El presidente de la Corte aclaró que no se trata de una fractura en las relaciones con el presidente de la República, Gustavo Petro.“Esto no es ni rebeldía ni desunión, por cuanto lo que se hace con el acto de hoy es aplicación de un mandato de la ley estatutaria que la Corte Constitucional lo consideró exequible condicionado, generando también una oportunidad para que la posesión se realice en el seno de la propia Corte”, complementó Chaverra.Con esta posesión se está estrenando un reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, que avaló la posibilidad que un magistrado de cualquier corte se pueda posicionar ante su propia corporación, ante el presidente o, incluso, ante un notario.A esta posición no se presentó la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.
La Corte Suprema de Justicia llamó a declaración bajo juramento al presidente de la República, Gustavo Petro, dentro del proceso de los seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria, involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).La petición la hizo la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, específicamente el magistrado Misael Rodríguez, quien ha recibido en diligencia de indagatoria a todos los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.Lo que la alta corte investiga es que ellos habrían entregado unos conceptos de créditos a favor del Gobierno nacional y esto en contraprestación a unos contratos.(Lea también: El ministro Ricardo Bonilla habla en medio del escándalo de la UNGRD: "Voy a asumir la defensa")Esta declaración a la que fue llamado el presidente Petro será mediante un cuestionario, debido al fuero del mandatario, ya que no se le puede llamar a declarar de manera presencial. El jefe de Estado no declarará como indiciado sino en calidad de testigo.El cuestionario será elaborado por la Corte Suprema de Justicia y será enviado al mandatario para que él responsa qué sabe de todo lo que se ha denunciado hasta el momento, en torno al escándalo de corrupción de la UNGRD.Ahora se dará traslado de este cuestionario a los abogados de los investigados para que formulen sus inquietudes. Una vez esto se haga, se enviará el cuestionario al presidente de la República.Esta información se conoce tras la indagatoria del representante a la Cámara Wadith Manzur, quien renunció en las últimas horas a la Comisión de Crédito Público, se acogió a su derecho de guardar silencio y, además, pidió la declaración de Olmedo López, exdirector de la UNGRD.Dentro de este proceso se llamó a declarar a la exasesora de Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, Alejandra Benavides.¿Qué dijo María Alejandra Benavides sobre Ricardo Bonilla?María Alejandra Benavides, exasesora del ministro Ricardo Bonilla, le contó a la Fiscalía General de la Nación detalles sobre un supuesto pacto entre el ministro de Hacienda, el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo para destrabar la aprobación de créditos internacionales para la nación comprando congresistas. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló los audios de la audiencia.De acuerdo con el relato de Benavides, para conseguirlo, tres altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro habrían hecho un pacto para sobornar congresistas, a través de contratos con la UNGRD por 92.000 millones de pesos.La versión de Benavides ratifica lo que en audiencias han dicho Olmedo López y Sneyder Pinilla, lo cual compromete al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al exministro del Interior Juan Fernando Velasco y al asesor presidencial, Jaime Ramírez Cobo.En los audios revelados por Noticias Caracol, María Alejandra Benavides dijo que “el ministro Velasco me llama al celular. Me dice: ‘María Alejandra, ¿cómo van los temas?’. Y yo digo: ‘¿Qué está haciendo el ministro Velasco llamándome?’. Yo le dije: ‘ministro, estoy esperando la instrucción del ministro Bonilla’. Y esto me lleva a un día que es clave. Quiero que realmente lo resalten porque para mí es el día más importante de esto. En esta interparlamentaria del 6 de diciembre votan un solo crédito”.La carrera contra el tiempo, según la exasesora de Bonilla, comenzó el 6 de diciembre de 2023. El gobierno necesitaba que la comisión interparlamentaria de crédito público, compuesta por congresistas, diera su aprobación a créditos internacionales que sumaban más de 1.000 millones de dólares. Sin embargo, ese día los congresistas solo aprobaron uno de los siete créditos.Para conseguir la aprobación de los créditos restantes, se convocó a una reunión de última hora en el Ministerio de Hacienda, con la presencia del jefe de esa cartera, Ricardo Bonilla, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor presidencial, Jaime Ramírez Cobo. Según Benavides, el acuerdo al que se llegó fue acelerar la aprobación de los congresistas mediante contratos en la unidad de gestión de riesgo.“Fiscal, en esa reunión se acuerda que quien tiene que empezar a moverse con la Unidad de Gestión del Riesgo es el ministro Velasco, cuando era ministro. Recuerdo que yo me sentaba en esas reuniones, yo no participaba, yo estaba ahí porque el ministro me lo pedía, pero no participaba. Tampoco quería. Pero Bonilla y Velasco hablaron. Y el ministro Bonilla le dijo: ‘Usted tiene que ayudarme, usted tiene que hacer algo también’. El ministro Velasco accedió. Jaime Ramírez Cobo, como enlace de la presidencia, y como el enlace más alto respecto a todos los otros enlaces del Gobierno Nacional, también tenía que intervenir ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, declaró María Alejandra Benavides ante la Fiscalía General de la Nación.Fiscalía pide medida de aseguramiento contra Sandra OrtizLa Fiscalía General de la Nación reveló varias de las pruebas que demostrarían la responsabilidad de la exconsejera para la Regiones Sandra Ortiz, en la presunta entrega de dineros al entonces presidente del Senado, Iván Name. El ente investigador pidió medida de aseguramiento contra la exfuncionaria del Gobierno nacional.Las fechas clave en este proceso contra Sandra Ortiz, reveladas por la Fiscalía, inician el 21 de septiembre del 2023, con una reunión en la Casa de Nariño, justo antes de un consejo de ministros, donde, según el ente investigador, comenzaron las presiones indebidas de Sandra Ortiz a Olmedo López para la entrega del dinero que, al parecer, iba a ser entregado a Iván Name.Además, Sandra Ortiz habría solicitado una adición a un contrato en el Atlántico por 11.000 millones de pesos.En una supuesta conversación que Sandra Ortiz tuvo con Olmedo López ese 21 de septiembre de 2023, también se habría pactado un desayuno entre López e Iván Name, desayuno que habría sido ordenado por Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, y que se habría llevado a cabo el 25 de septiembre de 2023, con el propósito de generar confianza en el expresidente del Senado y garantizarle la entrega de los 3.000 millones de pesos.Dicho desayuno entre Olmedo López e Iván Name se habría llevado a cabo en la famosa habitación 2312 del hotel Tequendama.Las siguientes fechas que investigan la Corte Suprema son: el 12 de octubre, cuando, supuestamente, se hizo la primera entrega de 1.500 millones de pesos a Name y el 13 de octubre, cuando se hizo otra entrega de 1.500 millones de pesos.Ante las pruebas presentadas, la Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Sandra Ortiz. Se espera que el miércoles 11 de diciembre se retome la audiencia, en donde se va a reiniciar con la intervención de los abogados de Ortiz. Además, quedan pendientes las intervenciones de la Procuraduría y de las víctimas acreditadas en el proceso.Con estos elementos, la juez deberá analizar las pruebas y tomar una decisión, en lo posible, antes del 20 de diciembre de 2024, que es cuando comienza el receso judicial en Colombia.¿Ricardo Bonilla va a renunciar?A propósito del escándalo de corrupción de la UNGRD, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, respondió a los cuestionamientos del periodismo de si va a renunciar o no a su cargo en la cartera.“Voy a asumir la defensa y lo que se está diciendo tiene mucha especulación en términos de que aquí no hay cupos sindicativos ni compra de congresistas”, manifestó el alto funcionario.Y es que tras las declaraciones de María Alejandra Benavides, el abogado del ministro de Hacienda sostuvo que “estamos separando peras de manzanas. Se ha dicho que el ministro favoreció tres contratos por 92.000 millones de pesos para conseguir votos de la Comisión de Crédito Público. En las audiencias que tuvo la defensa ante el Tribunal de Bogotá, logramos avalar pruebas que señalan lo siguiente: no hubo contratos y, por lo tanto, no se entregó un solo peso. El ministro no se entiende con ningún contratista, se trató de proyectos tramitados antes de ser ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, y lo que hizo, como hace con todos los proyectos, fue el seguimiento sobre la marcha de estos proyectos”.La defensa del ministro de Hacienda sostiene que las declaraciones de la exasesora María Alejandra Benavidez contradicen las pruebas que han recabado en el Tribunal Superior de Bogotá y ante la Corte Suprema de Justicia. Según ellos, se ha realizado una búsqueda selectiva de datos, y esto es lo que pretenden demostrar ante las dos fiscales encargadas de este megaescándalo.Hasta el momento, la Fiscalía no ha indicado cuándo se citará a la defensa del ministro y al propio Ricardo Bonilla.(Lea también: Wadith Manzur se presentó a indagatoria ante la Corte Suprema por escándalo UNGRD y guardó silencio)
La Corte Suprema de Justicia acaba de llamar como testigo a María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Esto se debe a que, al parecer, la mujer habría sido la encargada de coordinar reuniones y recibir a varios congresistas alrededor del escándalo de la UNGRD. La exfuncionaria actualmente adelanta un proceso de colaboración con la Fiscalía General de la Nación y la Corte ha pedido su declaración. Lo anterior debido a que, tal como lo reveló la unidad investigativa de Noticias Caracol, todo parecería indicar que el ministro Bonilla conocía de estos encuentros con los congresistas.(Lea también: Wadith Manzur se presentó a indagatoria ante la Corte Suprema por escándalo UNGRD y guardó silencio)Y es que el magistrado instructor que tiene la investigación contra los 6 congresistas que hacían parte de la comisión interparlamentaria dijo que ella debía comparecer, por lo que la mujer deberá presentarse el próximo jueves 5 de diciembre en las instalaciones del Palacio de Justicia.Debe tenerse en cuenta que Benavides podría optar por no declarar ante la Corte Suprema de Justicia, pues actualmente adelanta un proceso de colaboración con el ente acusador que no ha terminado, pues la mujer continúa dando información y las declaraciones correspondientes contra otras personas acusadas. ¿Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sabía sobre escándalo de la UNGRD?Acorde con las más recientes declaraciones de Benavides, divulgadas por Noticias Caracol, el ministro Ricardo Bonilla conocía sobre las irregularidades que se estaban llevando a cabo con dineros de la UNGRD: "El ministro Velasco me llama al celular. Me dice: ‘María Alejandra, ¿cómo van los temas?’. Y yo digo: ‘¿Qué está haciendo el ministro Velasco llamándome?’. Yo le dije: ‘ministro, estoy esperando la instrucción del ministro Bonilla’. Y esto me lleva a un día que es clave. Quiero que realmente lo resalten porque para mí es el día más importante de esto. En esta interparlamentaria del 6 de diciembre votan un solo crédito”, dice uno de los audios de la declaración de la mujer a la Fiscalía. Por su parte, la cabeza de la cartera se pronunció a través de sus redes sociales oficiales, con la siguiente afirmación: "confío en demostrar que eventualmente puedo cometer errores pero no delitos", dijo Bonilla.Los demás congresistas que se vieron involucrados en esta situación han mantenido su inocencia. No obstante, estos también se encuentran rindiendo indagatoria ante la Corte.
El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Diego Corredor, dialogó con Noticias Caracol en vivo sobre las relaciones del alto tribunal con el jefe de Estado, Gustavo Petro, la propuesta de elegir a los jueces por voto popular y la percepción que tienen los ciudadanos sobre el sistema de justicia en Colombia.¿Cómo va la relación con el Gobierno de Gustavo Petro?El magistrado fue claro en decir que “nuestro sistema jurídico está sentado en la independencia de los poderes públicos. Nosotros respetamos al Ejecutivo, entendemos que es la posición que puede emitir el Ejecutivo o el señor presidente de la República, pero lo importante es que se respete la independencia judicial, la autonomía de los jueces en aras de llevar a que haya una sociedad mucho más armónica, que es la que necesitamos en este momento en el país”.(Lea también: ¿Hay distanciamiento entre el presidente Petro y la Corte Suprema de Justicia?)Un magistrado pide ser posesionado ante la corte y no ante el presidente Petro, ¿es un rompimiento entre el Ejecutivo y la justicia?“Esa es una posibilidad que se estableció en la ley. Se habilita al magistrado a que escoja si quiere posesionarse ante el señor presidente de la República, ante el señor presidente de la corporación o, inclusive, ante un notario público. El doctor (José Joaquín) Urbano Martínez ha solicitado a la corte, o que es su deseo, hacerlo ante la Sala Plena de la corte y simplemente se está cumpliendo con uno de los supuestos traídos en la ley”, explicó Corredor.Insistió en que “es la aplicación de uno de los supuestos previstos en la misma ley que hace pocos días sancionó el señor presidente”.¿Le suena o no le suena la propuesta de la elección popular de jueces?“No suena en absoluto. Eso no suena ni siquiera a nivel latinoamericano. Inclusive, recientemente en un foro al cual asistí en Brasilia, se manifestaron los países iberoamericanos en contra de esa idea, porque es el rompimiento de la independencia judicial y, por lo tanto, ello podría poner en peligro el Estado de derecho y la independencia de los poderes públicos. Desde esa perspectiva, debemos manifestar nuestra oposición a ese tipo de medidas o a ese tipo de iniciativas, por cuanto repito, rompe con el marco democrático”, subrayó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia.Muchos sectores señalan que la justicia tiene parte de responsabilidad en los problemas de criminalidad, ¿qué responde?Según Corredor, “parte del problema no es la justicia, el problema está en la sociedad. Es decir, estos problemas afloran en la sociedad, que es una sociedad que yo califico como una sociedad enferma; obviamente llega a la justicia, obviamente la justicia está congestionada, no da abasto la justicia. Estamos abocados a unos índices muy altos de delitos de celebración indebida de contratos, de peculado, de cohechos, de concusiones, en fin, que es también preocupante. Entonces es obvio que sí hay una gran acumulación de hechos punibles, pues esas conductas punibles van a ser conocidas por el mismo número de jueces que ha habido en Colombia en los últimos años, no se ha ampliado desde los últimos 15 o 20 años el número de jueces ni de magistrados en el país. Entonces eso ya de por sí genera que se esté presentando esa congestión”.(Lea también: Presidente de la Corte Suprema señaló que reformas no pueden estar "a merced de gustos")
El exsenador del Partido de la U, Musa Besaile, quedó en libertad, luego de la decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Montería. El político estaba cumpliendo una condena de seis años y siete meses de prisión por su participación en el denominado Cartel de la Toga. Besaile fue acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias de servidor público, peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer. De acuerdo con información preliminar, mediante boleta No. 6705, el pasado viernes, se concedió el beneficio de libertad condicional al exfuncionario. El juzgado de Montería decidió, mediante auto interlocutorio, acumular jurídicamente las penas de Besaile. Así las cosas, la condena quedó en 168 meses y 9 días en total, por los delitos de los que fue acusado. Corte Suprema había enviado a la cárcel a Musa BesaileEn julio pasado, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Musa Besaile por sus acciones en el Cartel de la Toga al encontrar que el excongresista había pagado 600 millones de pesos para entorpecer una medida de aseguramiento en su contra por un proceso relacionado con la parapolítica en el alto tribunal. Sumado a su pena que debía ser cumplida en prisión, Besaile tampoco podrá volver a ejercer cargos y/o funciones públicas durante seis años, 11 meses y tres días; y deberá pagar una multa por daños y perjuicios de $1.545.608.310. Dicho valor tendrá que ser cancelado en su totalidad en un término no superior a 12 meses a favor del departamento de Córdoba.La sentencia de la Corte indica que el excongresista "aceptó los cargos por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación".Besaile estaba recluido en una guarnición militar en Montería debido a que su defensa alegó que primaba la seguridad del político. "Se solicitó por acercamiento familiar, por razones de salud, pues sufre problemas cardíacos y de depresión. En ningún momento para trabajar en política. Él está alejado de eso desde que se encuentra privado de su libertad”, mencionó Hernando Bocanegra, abogado de Musa Besaile, cuando se produjo el traslado de Besaile a la guarnición en 2023.
La Corte Constitucional acaba de ordenarle al Ministerio de Salud la actualización de la resolución a través de la cual los colombianos pueden acceder a la eutanasia. Esto debido a que, según la misma entidad, las EPS están solicitando requisitos adicionales a los establecidos por la norma para quienes desearan acceder a este procedimiento. Con dicha actualización, las entidades de salud mencionadas no podrán exigir que quienes deseen acceder a esta alternativa tengan que demostrar requisitos no válidos según las leyes vigentes. Lo anterior se debe a que la Corte cuestionó que, al parecer, las EPS estaban exigiendo signos terminales o de agonía para concederles a sus pacientes el acceso a esta práctica.(Vea también: Él es Javier Acosta, hincha de Millos que recibirá eutanasia: "Así se despide un grande")Las anteriores exigencias, afirma la Corte, desconocen que la sentencia C-233 de 2021 le hizo modificaciones a la jurisprudencia al hacer la precisión de que "el derecho a morir dignamente es aplicable en favor de las personas que afrontan una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable que genera intenso sufrimiento".Y es que, derivado de esta modificación, la eutanasia ya no solo es aplicable para personas con enfermedades terminales. No obstante, como la resolución 971 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social no ha sido actualizada, muchas entidades han limitado el acceso de este servicio a sus pacientes.Dicha decisión derivó del caso de una mujer de 66 años, quien decidió someterse a este procedimiento debido al intenso dolor físico y psicológico que sufría luego de haberse sometido a un tratamiento oncológico. Pese a esto, la institución prestadora del servicio de salud le “negó el acceso al procedimiento de eutanasia con base en razones contrarias a los lineamientos definidos por la jurisprudencia constitucional". (Lea también: Eutanasia en Colombia: esto es lo que dice la ley, a propósito del caso de Javier Acosta)Por lo anterior, la Corte, a través de un comunicado, se pronunció al respecto y aseguró que “la institución hizo una valoración indebida del consentimiento expresado por la accionante para finalizar con su vida en condiciones de dignidad pues, ante el progreso de la enfermedad grave e incurable, no era posible exigir una manifestación de la voluntad al margen del dolor extremo que padecía, porque esta era la motivación principal de su solicitud”.Con base en este caso, la entidad ordenó “dictar una medida que asegure la eficacia de los derechos de las personas que buscan acceder a una muerte digna y, por lo tanto, se elimine la barrera que ha generado la aplicación de la Resolución 971 de 2021 que, al no haber sido actualizada, se encuentra al margen de los parámetros fijados por la Corte Constitucional”.
La Corte Suprema de Justicia absolvió a León Fredy Muñoz, embajador de Colombia en Nicaragua, quien había sido señalado de llevar 346 gramos de cocaína en un maletín, el cual le fue incautado en el aeropuerto de Rionegro, en Antioquia, en mayo de 2018, tras haber sido elegido congresista.Aunque la Fiscalía General de la Nación había pedido una pena de prisión de 9 a 11 años, durante la audiencia el alto tribunal declaró a León Fredy Muñoz “inocente del cargo como autor de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes al procesado”.“No soy consumidor, jamás en la vida he consumido”: León Fredy MuñozTras ser declarado inocente, el embajador insistió ante medios como Noticias Caracol en vivo en que “no tengo que ver con eso”.“Efectivamente fue un montaje, lo dijimos desde el principio, es que, ¿quién va a llevar cocaína de Bogotá para Medellín? Cuando eso yo era recién electo congresista, me iba a ganar 35 millones de pesos y esa droga valía 500 mil pesos. No era ni para consumir porque se demostró que no soy consumidor, jamás en la vida he consumido y jamás en la vida voy a narcotraficar con 146 gramos de cocaína”, dijo el diplomático.“Y peor aún, si ustedes siguen el proceso, encontraron esa, pero al año y medio siguiente encontraron 200 gramos más en ese mismo maletín. Son cosas que uno se pregunta: ¿quién está detrás de eso?, ¿por qué hacen este tipo de cosas? Y después de año y medio, 200 gramos más, es una cosa absurda”, añadió León Fredy Muñoz.El pasado 27 de agosto, en el último día de su juicio, el embajador de Colombia en Nicaragua juró “por mi madrecita, que se fue hace cinco meses, que sufrió con todo esto, que eso no era mío”.Lo que pasó en 2018 con León Fredy MuñozEn mayo de 2018, cuando era congresista electo, el ahora embajador fue capturado en el aeropuerto de Rionegro, Antioquia, luego de que le hallaran cocaína en su equipaje. Fue liberado pocos días después de su captura y se posesionó como legislador de la Cámara de Representantes para el periodo 2018-2022. Poco después de la llegada al poder de Petro, en septiembre de 2022, fue nombrado embajador en Nicaragua.En julio de 2023, la Cancillería colombiana lo citó tras su participación en una marcha de apoyo al presidente Daniel Ortega, en momentos en que ambos países esperaban una decisión de la Corte Internacional de Justicia en La Haya sobre el espacio marítimo de las islas colombianas de San Andrés y Providencia.
Gabriel Calle Demoya y su hijo Gabriel, padre y hermano del representante Andrés Calle, expresidente de la Cámara, asistieron este viernes 15 de noviembre a la Corte Suprema de Justicia, luego de que se dijera que parte de las supuestas coimas que recibió el congresista, con dinero que salió de la UNGRD, fue a parar a las campañas políticas de estos dos políticos.“Se demostrará la inocencia de mi hermano Andrés Calle”El hermano del representante dijo en Noticias Caracol en vivo, antes de comenzar la diligencia, que “hoy van a empezar a caer una a una, y con pruebas, las mentiras que han venido diciendo el señor Olmedo López y el señor Sneyder Pinilla. Incoherencias con el único fin de construir un relato para evadir su responsabilidad penal”.Gabriel, quien fue candidato a la Gobernación de Córdoba y ahora funge como diputado, sostuvo que llegaba a declarar, en calidad de testigo, “con total tranquilidad”. “Agradezco la oportunidad que nos brinda la Corte Suprema de Justicia para demostrar la inocencia de mi hermano Andrés Calle”.El hermano de Andrés Calle aseveró que el exdirector y el exsubdirector de la UNGRD “le han mentido a la justicia y al país. Es totalmente falso que a mi campaña a la gobernación o a la campaña de mi padre a la alcaldía haya entrado un solo peso de dineros públicos y mucho menos de dineros ilícitos. Eso lo vamos a demostrar con pruebas y no con falsos testimonios”.“Mis cuentas están públicas y claras, cada donación, cada peso que llegó a la campaña, que se inició por firmas, honorable, con la juventud de a pie”, manifestó el diputado.Andrés Calle le recriminó a su padre por postularse a Alcaldía de MontelíbanoGabriel Calle Demoya sostuvo por su parte que “han querido enlodar su nombre (el de Andrés Calle). Está claro que yo jamás recibí un peso de Olmedo, mucho menos cuando mi campaña estaba enredada porque el Partido Liberal, en cabeza de Fabio Amín, no me querían entregar el aval, me lo entregó faltando un día para cerrar las inscripciones”.Sobre el dinero que entró a su campaña para la alcaldía, afirmó que “está probado de algunos pequeños aportantes de mi movimiento político, El camino correcto, de un préstamo bancario y de mis empresas, que tengo más de 34 años de ser distribuidor de combustible”.Según él, Andrés Calle le recriminó por postularse a la Alcaldía de Montelíbano, pues le comentó: “Papá, si usted me estimara a mí no aspirara, por culpa suya casi pierdo ser presidente”.Padre e hijo declararon en calidad de testigos en medio del proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción de la UNGRD, por el que Olmedo López y Sneyder Pinilla han salpicado a importantes políticos del país.Por este escándalo también declaró este jueves la hija del senador Iván Name, la concejal María Clara Name, que también defendió la inocencia de su papá. "Las cuentas de mi campaña son de público conocimiento, se encuentran en los diferentes aplicativos y allí están desagregados los diferentes aportes, préstamos, eventos y demás que hemos realizado e hicimos para mi campaña al Concejo de Bogotá", sostuvo.
