Iván Cantú, de 50 años, fue ejecutado en Texas, Estados Unidos, tras ser condenado a muerte en 2001 por los asesinatos de su primo, James Mosqueda, y la prometida de este, Amy Kitchen.
"A las familias Kitchen y Mosqueda, quiero que sepan que nunca maté a James y Amy. Y si lo hubiera hecho, si hubiera sabido quién lo hizo, hubieran sido los primeros en saber cualquier información que ayudase a hacer justicia", dijo Cantú, minutos antes de recibir la inyección letal en una prisión de Huntsville, al norte de Houston.
Las autoridades estatales le negaron sus pedidos de clemencia pese a las evidencias que fueron apareciendo para una posible nueva investigación del caso.
Su entonces pareja, Amy Boettcher, actualmente fallecida, testificó que él había admitido su culpa y que la llevó a la casa de Mosqueda para mostrarle los cuerpos y buscar drogas. El hermano de Boettcher también lo acusó, pero luego se retractó.
Entre las pruebas en el juicio, se mostró un pantalón con sangre de las víctimas que fue encontrado en el bote de basura de la cocina de Cantú. Sus abogados sostenían que Boettcher mintió y que otra persona colocó allí la prenda, que no era del acusado. Incluso el presidente del jurado que lo condenó pidió luego una mayor investigación.
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Cantú culpó de los asesinatos a un narcotraficante a quien su primo le debía dinero.
La Conferencia de Obispos Católicos de Texas había instado a que se detuviera la ejecución debido a "serias incertidumbres" en el caso.
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En tanto, la actriz Jane Fonda compartió en sus redes sociales un video de su colega Martin Sheen, un opositor a la pena de muerte, quien llamó a firmar una petición instando al gobernador de Texas, Greg Abbott, a conceder una suspensión de la ejecución de Cantú.
La estrella de telerrealidad Kim Kardashian también había pedido al gobernador conceder una prórroga "para dar tiempo a que se evalúen nuevas pruebas" y no se ejecutara "a un hombre condenado injustamente".
No hallaron una vía
En otro caso, la ejecución en Idaho del asesino en serie convicto Thomas Creech, de 73 años, fue suspendida después de que un equipo médico tratara repetidas veces y sin éxito de inyectarle la sustancia letal.
Creech estuvo atado a una mesa en la cámara de ejecución durante una hora mientras intentaron establecer una vía intravenosa para administrarle las drogas que acabarían con su vida, dijeron funcionarios de la prisión y testigos.
El director del Departamento Correccional de Idaho (IDOC), Josh Tewalt, dijo que la ejecución fue cancelada después del fracaso de ocho intentos de colocar una vía en los brazos y piernas de Creech.
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"No tenemos una idea de los plazos ni de los próximos pasos" para un nuevo intento de ejecución, indicó Tewalt a la prensa en la Institución de Máxima Seguridad de Idaho, al sur de la capital, Boise.
Brenda Rodríguez, reportera de la estación de televisión local KTVB, señaló que Creech no parecía haber sentido dolor intenso, aunque en un momento comentó que le "dolían un poco las piernas".
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"Cuando se detuvo la ejecución, él simplemente estaba mirando hacia arriba", dijo Rodríguez, periodista autorizada a participar como testigo de la ejecución. "También se sintió como si estuviera casi aliviado", agregó.
Creech, que ha estado en el corredor de la muerte durante más de 40 años y que iba a ser la primera persona ejecutada en Idaho en más de una década, fue condenado a muerte por asesinar a su compañero de celda en 1981. Ya purgaba sentencia por otros cinco asesinatos, aunque afirmó haber cometido decenas más.
En noviembre de 2022, las autoridades de Alabama también fallaron al intentar aplicarle una inyección letal al asesino convicto Kenneth Smith. Ante ello, optaron por ejecutarlo en enero de este año mediante inhalación de nitrógeno, en medio de reclamos de organizaciones humanitarias que consideran el método una tortura.
Según una reciente encuesta Gallup, el 53% de los estadounidenses apoya la pena de muerte para alguien condenado por asesinato.
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La pena capital ha sido abolida en 23 estados de Estados Unidos, mientras que los gobernadores de Arizona, California, Ohio, Oregón, Pensilvania y Tennessee han suspendido su uso.
En 2023, hubo 24 ejecuciones en Estados Unidos, todas ellas realizadas mediante inyección letal.
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