Guatemala prohíbe la entrada a colombiano jefe de la comisión internacional contra la impunidad

La orden de vetar a Iván Velásquez fue emitida por el propio presidente Jimmy Morales, quien lo considera una “amenaza pública”.
La orden se emite cuatro días después de anunciar que no renovará el mandato de esa misión de la ONU.
Velásquez, quien se encuentra en Estados Unidos, estaba en la mira del gobierno desde hace un año luego de que, junto con la exfiscal Thelma Aldana, pidiera levantar los fueros a Morales para investigarlo por presunto financiamiento ilícito en su campaña electoral de 2015.
El gobierno guatemalteco anunció la prohibición del regreso del comisionado en un comunicado donde indica que el mandatario tomó la decisión por recomendación del Consejo de Seguridad Nacional al considerar que el exjuez "atenta contra el orden y la seguridad pública".
El documento señala que la presencia del jefe de la Cicig afecta la "gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz en el país".
Velásquez, una figura clave en la lucha contra la corrupción, viajó el lunes para sostener reuniones en Washington y Nueva York, confirmó la Cicig.
Morales, un excómico de televisión, sorprendió el viernes a la población al anunciar rodeado de militares y policías que no renovaría el mandato de la Cicig, que vence el 3 de setiembre de 2019.
Durante la campaña, Morales prometió que ampliaría hasta 2021 la vigencia de la Cicig, que venía renovando su mandato cada dos años.
Según la nota, el presidente comunicó al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, su decisión y le solicitó la designación de un sustituto de Veláquez para completar el mandato de la Cicig.
Stephane Dujarric, portavoz de Guterres, dijo en un comunicado que el jefe de la ONU "tiene serias dudas" sobre la decisión de Morales y le pidió a Velásquez que "continúe al frente de la Cicig desde fuera de Guatemala hasta que haya más claridad sobre la situación".
Los arrebatos del presidente
La fuerte discrepancia de Morales con Velásquez lo llevó hace un año a intentar sin éxito expulsarlo del país tras declararlo persona non grata.
Su pedido, rechazado por la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial, surgió luego de que la Cicig y la Fiscalía acusaron a Morales de financiamiento ilegal de la campaña electoral del partido derechista FCN-Nación, que llevó a Morales al poder.
Activistas y el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, presentaron amparos ante la CC para que se cumpla sus fallos de hace un año que le prohíben a Morales expulsar a Velásquez, y se permita su retorno a Guatemala.
En tanto, la fiscal general, Consuelo Porras, se limitó a indicar en un boletín que "el Ministerio Público procederá (...) ante cualquier situación que dé lugar a la comisión de hechos delictivos" para preservar "el estado de derecho". 
La nueva decisión contra la Cicig se da una semana después de que la Fiscalía y el organismo de la ONU volvieran a pedir levantar la inmunidad a Morales.
Sin embargo, el enojo del mandatario con Velásquez se remonta a febrero de 2016, un mes después de asumir el cargo, cuando se inició un proceso penal contra un hijo y un hermano suyo por evasión fiscal.
La entidad anticorrupción cobró relevancia de la mano de Velásquez en abril de 2015, tras destapar casos de corrupción de alto impacto, entre ellos un fraude en las aduanas que obligó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), actualmente preso a la espera de juicio.
El gobierno recordó que desde agosto del año pasado promovió en la ONU un diálogo para buscar una solución por las preocupaciones que tenía sobre la actuación de Velásquez al frente de la Cicig, pero fue infructuoso.
Golpe a la democracia
Varios sectores criticaron la decisión presidencial, que consideran que atenta contra la gobernabilidad y la aplicación de la justicia.
"Es un duro golpe para el sistema democrático dentro del cual todos estamos luchando contra la corrupción, y plantea un retroceso de la forma en la que se hace política en Guatemala", dijo a la Edy Lux, coordinador legal de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.
Lux aconsejó al presidente recapacitar al considerar que "se están alterando los órdenes constitucionales".
"La comunidad internacional se ha manifestado con mucha preocupación de lo que está sucediendo y podrían existir sanciones específicas por parte de los gobiernos si esto continúa de esta manera", advirtió.
El director adjunto para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Daniel Wilkinson, fue más lejos al considerar que la prohibición de ingresar a Velásquez "requiere una fuerte reacción de la comunidad internacional".
"La Unión Europea y el Congreso de Estados Unidos deberían suspender la asistencia internacional al país, incluyendo a las fuerzas armadas. Es un día triste para Guatemala", señaló Wilkinson.
Por su lado, el excanciller guatemalteco Gabriel Orellana (2000-2002) dijo a la prensa que "el presidente ha cometido un grave error porque no se ha puesto a considerar la trascendencia que esto tienen en el mundo".
La Cicig fue creada por un convenio con la ONU en 2006 y empezó a funcionar un año después. Desde entonces ha participado en la investigación importantes casos de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, entre otras.
Le puede interesar:
Guatemala no renovará la comisión anticorrupción de la ONU