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El coltán es mucho más que una simple roca: es la base de la nanotecnología moderna y el corazón invisible que energiza dispositivos de uso cotidiano. Este mineral es altamente codiciado en el mercado global debido a sus componentes clave: el niobio y el tantalio, metales con un punto de fusión excepcionalmente alto. El tántalo, por ejemplo, alcanza su fase líquida alrededor de los 3.000 grados Celsius, mientras que el niobio lo hace cerca de los 2.000 grados Celsius. Estas propiedades lo hacen crucial no solo para celulares, tabletas y carros eléctricos, sino también para la fabricación de armamento militar avanzado.Expertos señalan que el control sobre estos metales estratégicos puede determinar el desarrollo tecnológico de una nación. Esta importancia geopolítica ha convertido su extracción ilegal en Colombia en una "bomba de tiempo" que amenaza con destruir la tierra y agudizar el conflicto interno.Aunque la existencia de coltán en el ancestral escudo guayanés, que atraviesa parte de Colombia, Venezuela, Brasil y las Guayanas, se conoce desde 2009, en la Orinoquía no existe una sola mina legal operando a escala comercial. Este vacío estatal ha sido rápidamente ocupado por estructuras criminales, transformando el negocio en una fuente de ingresos difícil de rastrear, perfecto para financiar actividades ilícitas.En la Orinoquía, la minería ilegal de coltán y oro se ha convertido en el sustento económico del ELN y de estructuras disidentes como la Segunda Marquetalia. Estos grupos armados, según el brigadier general Rafael Olaya, comandante de la Fuerza Naval de la Orinoquía, "están ejerciendo esa actuación criminal sobre todo lo que sea economías ilícitas", señaló en Los Informantes.El modus operandi de la minería ilegalEl negocio del coltán no solo es violento, sino también altamente rentable, comparable con el narcotráfico. Los grupos armados controlan la explotación de los yacimientos, decidiendo quién puede o no extraer el mineral, las rutas de tráfico y la forma en que se mueve la mercancía. El general Olaya afirmó:"Yo creo que la analogía más práctica es con la que más duro hemos vivido durante tantos años de conflicto que es el narcotráfico, pero esa es la mejor analogía para poder hablar de la minería porque los grupos así no estén directamente involucrados con la explotación ilícita de esos yacimientos mineros sí son los que controlan esa explotación".La extracción se realiza de forma manual en los afluentes de los ríos. Los mineros, a menudo instrumentalizados, utilizan bateas para separar el material. Este trabajo es extenuante: de 20 kilogramos de material de río, apenas se obtienen unos 300 gramos de coltán.La desigualdad en la cadena de valor es abismal. Mientras que el minero recibe entre $26.000 y $50.000 pesos colombianos por kilogramo en el sitio de extracción, el acopiador que lo vende en el exterior puede obtener entre 400 y 600 dólares por kilo. Este margen hace que el coltán sea un activo más rentable que la misma coca.La sofisticada ingeniería del contrabandoUna vez extraído, el proceso de blanqueo del coltán es sofisticado y organizado. Para borrar su origen ilícito, las organizaciones criminales nombran el mineral de distintas formas: "arenas negras", "tierras raras" o "polimetales". El objetivo es mezclar el coltán extraído ilegalmente con títulos legales de minería de subsistencia.El mineral es acopiado en puntos calientes de la frontera, como Manabén, y luego emprende rutas fluviales y terrestres. Los cargamentos salen de Inírida y Guaviare, toman carreteras hacia Villavicencio y Bogotá, o son transportados en tractomulas hasta Puerto Gaitán y Puerto López.La carga final viaja a puertos de exportación como Cartagena o Buenaventura. Lo más alarmante es que, al llegar a su destino, la mercancía lleva toda la documentación legal y los papeles en regla. La Fuerza Naval, a pesar de las incautaciones millonarias, que han superado los 1.2 billones de pesos solo en Vichada, y alcanzaron un valor de 4.7 millones de dólares en un solo decomiso de 13.7 toneladas en Manabén en diciembre de 2024, se encuentra con severas limitaciones.El material pasa frente a las fuerzas armadas, que quedan "desarmados jurídicamente ante eso" debido al complejo marco legal y a la justificación de los envíos con documentación aparentemente legal. La única forma de verificar si un cargamento es coltán y determinar su procedencia exacta requiere espectrómetros y equipos de laboratorio especializados que solo existen lejos, en la Facultad de Geología de la Universidad Nacional, a casi 700 kilómetros de Inírida.Impacto invisible: la amenaza a la salud y el ecosistemaLa minería ilegal no solo desangra la economía y financia la guerra, sino que también amenaza la vida humana y el patrimonio natural del país.El coltán es un material peligroso para los mineros debido a que incorpora elementos químicos como el uranio y el torio, haciéndolo radiactivo. La exposición prolongada a esta radiactividad invisible conlleva un alto riesgo de contraer enfermedades graves, como el cáncer. Un exminero, que fue entrevistado sin revelar su identidad por motivos de seguridad, señaló el peligro:"El coltán sí es una piedra que da plata, pero es una piedra muy peligrosa por todos los sentidos tanto como para la gente del monte, como para la ley y para la salud también porque eso bota un químico que el único animal que se le acerca es el murciélago", dijo.A nivel ambiental, la minería ilegal deforesta, destruye y contamina los ríos con mercurio. Esta actividad está desangrando la Reserva Natural Puinawai, un territorio protegido de 1.9 millones de hectáreas en Guainía y Vichada, considerada la madre de la humanidad en lengua puinave, y hogar de docenas de comunidades indígenas y especies emblemáticas."Hay una ambigüedad porque identificamos la necesidad del coltán en la producción de tecnología y de muchos bienes que requiere la sociedad, eso es indudable, pero esa explotación ha conllevado siempre a través de violencias, guerras, sangre y deterioro social", señaló Carlos Martínez, secretario de Gobierno de Guainía.La falta de un ordenamiento minero claro permite que esta "nueva guerra tecnológica" continúe entregando la riqueza natural de la Orinoquía a grupos criminales, mientras el mundo enciende sus pantallas con este material.*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.

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Gustavo Sastoque, exfuncionario del CTI, dice que fue víctima de un montaje judicial. FARC admitió recientemente estar tras el homicidio.