Ente de control investiga si la funcionaria habría incurrido en un detrimento patrimonial al firmar un contrato con empresa cuestionada por chuzadas.
La medida hace parte del proceso de responsabilidad fiscal que abrió la Contraloría por considerar que Gloria Astrid Álvarez presuntamente habría incurrido en un detrimento de más de dos mil millones tras la firma de un millonario contrato con la empresa BRG.
Se trata de multinacional cuya representación en Colombia estaba a cargo de Laude Fernández,
vinculado al escándalo de las chuzadas a los pilotos sindicalistas de Avianca, el director general de Enel en Colombia, Lucio Rubio, y contra el abogado Felipe Jaramillo, estos dos últimos contraparte en un litigio jurídico contra el mismo Grupo Energía de Bogotá.
Aunque el Grupo Energía de Bogotá ha defendido el contrato con BRG, la Contraloría ha decidido embargarle el sueldo Astrid Álvarez, quien estudia acciones legales frente a esta medida del ente de control fiscal.