La región Pacífico de Colombia se está quedando sin niños a causa del reclutamiento forzado de menores y las medidas drásticas que están tomando tanto las familias como los propios niños. Esta fue la alerta que emitió la defensora Iris Marín ante los medios de comunicación nacionales este 13 de octubre, desde las instalaciones del Congreso de la República, en Bogotá. Este diagnóstico viene respaldado por el informe Buen futuro en el Pacífico colombiano, que presentó la Defensoría del Pueblo y que analizó la trayectoria de la salud mental, la conducta suicida y la respuesta institucional para los menores de edad en municipios del litoral Pacífico.
La defensora estuvo en el Congreso hablando sobre la paridad de género en las altas cortes, pero la funcionaria consideró necesario reiterar un llamado para evidenciar la fuerte crisis de salud mental que viven los niños, niñas y adolescentes en el litoral Pacífico. Día a día, los menores se ven expuestos a dinámicas de violencia de género, racismo estructural y dinámicas del conflicto armado que terminan repercutiendo en su salud mental y desembocan en graves decisiones para prevenir que sean reclutados. Y es que, según la Defensoría del Pueblo, entre 2021 y 2025 se han registrado al menos 1.533 intentos de suicidio, una cifra que viene en aumento en regiones como el Chocó, el Pacífico Medio y el litoral Pacífico de Nariño. La región registró en estos cuatro años 122 muertes por suicidio.
Pero Marín enfatiza también en que muchos de los niños están intentando atentar contra su vida o autolesionarse para evitar ser reclutados por estructuras criminales. “Nosotros vemos en el Pacífico diferentes formas de protección. Una de estas es autolesionarse para evitar el reclutamiento. En otros casos, sencillamente las familias sacan a los menores de edad de la comunidad y las comunidades empiezan a estar un poco vaciadas de menores de edad, para evitar que estén en riesgo de reclutamiento. O incluso, también mayores de edad, porque jóvenes de hasta los 28 años no quieren terminar en la guerra y terminan saliendo del territorio”, explicó la defensora del pueblo.
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El informe de la Defensoría explica que municipios como Tumaco y Buenaventura, así como territorios del Chocó, todavía registran altos niveles de desplazamiento forzado, amenazas y reclutamiento. Todo este panorama no solo impacta en la salud mental, sino también en la percepción de futuro que hay en las comunidades afectadas por el flagelo de la violencia.
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El reclutamiento ilícito de menores en cifras
Solo en el primer semestre de 2026, la Defensoría ya tenía registro de 51 casos de reclutamiento forzado de menores de edad. Norte de Santander, Cauca y Antioquia son los departamentos con más reportes. El ELN y las disidencias de las Farc son los grupos ilegales que más casos registran de reclutamiento ilícito. En 2025, la Defensoría documentó 410 casos en total; el Estado Mayor Central fue el presunto responsable del 42,7 % de los reclutamientos.
¿Por qué los grupos armados ilegales reclutan niños?
El reclutamiento ilícito de menores es una estrategia de los victimarios que explota las vulnerabilidades de sus víctimas en favor de la estructura. Un informe de la ONU publicado en 2024 señala que un niño es reclutado cada 20 horas, en promedio, por grupos armados en Colombia. Entre los factores que inciden están la pobreza, la falta de educación, la insuficiencia de servicios sociales y la ausencia del Estado en los territorios.
A menudo, los menores se ven obligados a sumarse a las filas para ayudar a sus familias, escapar de la violencia en sus hogares o porque son objeto de amenazas. En las filas, señalan organismos internacionales, son adoctrinados, utilizados para distintas tareas e instrumentalizados.
María Paula Rodríguez Rozo
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