La historia entre el odontólogo cartagenero Carlos Parra, de 46 años, y Natalia Vidales, influencer de contenido gastronómico y excandidata al Reinado del Mar Bolívar, comenzó en el año 2022. Tras cinco meses de noviazgo y un año de convivencia, la pareja contrajo matrimonio. En noviembre de 2023, la pareja recibió la noticia del embarazo. Sin embargo, la convivencia empezó a deteriorarse a los tres meses de gestación debido a fuertes discusiones de pareja. Parra admitió la existencia de altercados verbales en el hogar. Tras estos episodios, la mujer abandonó la residencia conyugal para trasladarse a la casa de sus padres. Séptimo Día conoció detalles de lo que vino después. A partir de la separación, el conflicto escaló a instancias legales. Luego, Vidales presentó una denuncia por presunta violencia intrafamiliar ante la Comisaría Primera de Cartagena. No obstante, el odontólogo rechazó categóricamente las acusaciones: “No existía ninguna violencia para con ella, porque jamás existió. No hay pruebas, no hay absolutamente más nada”.Las medidas de la Comisaría de FamiliaEl 11 de junio de 2024, la Comisaría de Familia Zona Norte emitió un auto donde determinó que no existió violencia física ni económica por parte de Parra, señalando que se trataba de agresiones verbales mutuas. En consecuencia, el despacho ordenó una medida de protección temporal para ambas partes y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.Como parte del proceso penal, Vidales fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 6 de agosto de 2024, cinco días antes del parto. Los informes periciales concluyeron que la mujer no presentó incapacidad médico-legal, huellas de maltrato físico reciente ni secuelas psicológicas vinculadas a los hechos denunciados.Parra denunció que durante la etapa final del embarazo la comunicación fue cortada por completo. “Me tenía bloqueado de WhatsApp y de llamada. Yo veía que todo estaba transformándose en algo muy oscuro, algo muy tenebroso, sabía que no iba a ver a mi hijo”, relató sobre el distanciamiento.Registro el niño como "madre soltera"El 11 de agosto de 2024 nació el menor en el Hospital Serena del Mar de Cartagena. Parra aseguró que se enteró del nacimiento al día siguiente por intermedio de una persona allegada. Al acudir al centro médico, el personal le impidió el ingreso alegando una orden de restricción familiar. No obstante, la defensa técnica del padre aclaró que no existía ninguna orden judicial o administrativa que le impidiera ver a su hijo.Adicionalmente, Parra descubrió que el recién nacido fue inscrito en la notaría sin sus apellidos. Según las denuncias penales instauradas por su defensa, Vidales registró al niño como madre soltera afirmando desconocer el paradero del padre. La situación fue corregida diez días después, cuando Parra tramitó el reconocimiento formal de paternidad tras demostrar el pago continuo de cuotas alimentarias desde la gestación.Ante la imposibilidad de acordar visitas voluntarias, Parra acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y posteriormente instauró una acción de tutela. El fallo ordenó un ciclo inicial de visitas virtuales programado para el 4 de diciembre de 2024. La diligencia no se materializó debido a que la madre no se conectó a la llamada, argumentando ante los funcionarios temores por su seguridad.Posteriormente, el 13 de marzo de 2025, el Juzgado Octavo de Familia de Cartagena fijó un régimen presencial de visitas quincenales en un centro zonal del ICBF. A pesar de la orden judicial, Parra sostuvo que las diligencias se dilataron de forma sistemática. El 28 de agosto de 2025, las partes firmaron un divorcio por mutuo acuerdo en el que se reafirmó el esquema de visitas.El único encuentro presencial entre Carlos Parra y su hijo se produjo el 13 de septiembre de 2025 en las instalaciones del ICBF en Cali, cuando el menor tenía un año, un mes y dos días de nacido. “Fue un momento mágico”, expresó Parra, quien precisó la duración del contacto: “fueron solamente 2 horas 45 o 2 horas y 40 minutos”.¿Falsificación de documentos?Doce días después del encuentro presencial, Parra recibió información que indicaba que el menor había permanecido fuera del país durante más de ocho meses sin su consentimiento. De acuerdo con las certificaciones emitidas por Migración Colombia, el niño salió del territorio nacional rumbo a España por el aeropuerto El Dorado y reingresó el 26 de agosto de 2025 por Cali.Para autorizar la salida del menor se presentó ante las autoridades migratorias una escritura pública presuntamente otorgada en la Notaría Sexta de Cartagena. Parra negó rotundamente haber firmado autorización alguna: “No es mi firma. Falsificaron mi firma. Yo nunca voy a firmar un documento donde le voy a dar la salida del país a mi hijo”.Por su parte, la notaria sexta de Cartagena, Marta Méndez, ratificó la falsedad del documento público presentado ante los controles migratorios: “Es totalmente falso. Ese año ni siquiera llegamos a este número de escrituras. Esta no es mi firma”. Méndez advirtió además sobre la proliferación de tramitadores en el centro histórico de la ciudad dedicados a la falsificación de firmas notariales para trámites de menores.Ante las irregularidades detectadas en el documento de salida, la Notaría Sexta de Cartagena y la defensa de Carlos Parra interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal en contra de Natalia Vidales. Germán Pérez, abogado penalista de la defensa de Parra, enfatizó el objetivo de las acciones legales: “No es una persecución que se está ejerciendo en contra de la señora Natalia, es la única herramienta que el señor Carlos Parra tiene hoy para defenderse de las acusaciones injustas que está haciendo la señora Natalia para evitar que el señor vea a su hijo”.En paralelo, se tramita un incidente de desacato y acciones legales por la falta de respuesta detallada de Migración Colombia respecto a los controles aplicados al momento del chequeo del menor. Asimismo, el proceso por presunta violencia intrafamiliar se encuentra en etapa de juicio oral ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena.Actualmente, al cumplirse dos años del nacimiento del menor, Carlos Parra continúa requiriendo a las autoridades judiciales el cumplimiento de los esquemas de visita decretados por los jueces de familia. Parra concluyó sobre el tiempo transcurrido lejos de su hijo: “Me he perdido de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, de su primer llanto. Me he perdido de su primer abrazo”.Natalia Vidales no accedió a conceder una entrevista al equipo de Séptimo Día, a pesar de que el programa se comunicó con ella en repetidas ocasiones para conocer su versión de los hechos.
Marelbys Meza pasó de niñera de Laura Sarabia, quien fue una de las personas más cercanas al gobierno de Gustavo Petro, a ser testigo protegido. Cuenta cómo llegó a la casa de la Entonces jefe de gabinete, por recomendación de Armando Benedetti y su esposa y del escándalo en el que terminó por la supuesta pérdida de una alta suma de dinero.
Deisy Guanaro nació hace 39 años en una vereda campesina del departamento de Casanare y, lamentablemente, su infancia quedó marcada por el conflicto armado en Colombia. Un año antes de su secuestro, grupos armados se llevaron a sus dos hermanos, quienes en ese momento tenían 13 y 14 años, y posteriormente supo que fueron asesinados. "A mí no me gusta esa palabra reclutamiento, me gusta es como es: secuestro", subrayó en entrevista con Los Informantes.Deisy Guanaro recuerda, como si hubiera sido ayer, la noche en la que fue secuestrada cuando apenas tenía 10 años: alrededor de las 9:00 p.m., una camioneta blanca de platón llegó a su vivienda y, pese a las desesperadas súplicas de su madre, los guerrilleros la subieron al vehículo a la fuerza. Las palabras de su mamá, así como la imagen de ella de rodillas en la carretera en medio de la oscuridad, se le quedaron para siempre: "No, esto es increíble. Ella no es una mujer adulta, ella es una niña, tiene 10 años, va a cumplir 11. Por Dios santísimo, no se lleven mi hija. Vióleme a mí, por favor. Vióleme a mí, yo entrego mi cuerpo, pero no se lleve mi bebé", les decía a los sujetos, que hicieron caso omiso y se la llevaron.Los horrores que vivióTras ser trasladada en un recorrido que duró varios días junto a un grupo de aproximadamente 40 niños y niñas reclutados en diversas veredas, fue llevada al campamento general del Frente 28 de las Farc. Allí le asignaron el alias de ‘Yira’ y hasta le prohibieron llorar.Antes de cumplir los 11 años y sin haberse desarrollado físicamente, fue sometida a un procedimiento médico forzado para la colocación de un anticonceptivo intrauterino conocido como la T de cobre. La agresión fue ejecutada en la montaña por dos hombres y una mujer: “Yo perdí el conocimiento, yo sentía que no podía respirar porque el dolor era en la cadera. Ella me dice: 'Colóquese los pantalones, no va a llorar y se va para su caleta'. Me desgarraron, yo siempre digo que me desgarraron no solo el útero, sino me desgarraron el alma".¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAApenas ocho días después del procedimiento, padeciendo una severa hemorragia, fue víctima de abuso sexual por parte de un combatiente de aproximadamente 50 años. Ese día, el agresor la abordó indicándole "a partir de esta noche usted va a ser mi socia" y hacia las 7:00 p.m. la llevó a su cambuche y la violentó. Además, el sujeto le tatuó su nombre en la piel para marcar la agresión: “todos los días veía ese nombre y me recordaba el daño que me habían hecho”.De los abusos al ICBF Cuenta, además, que Griselda Lobo, más conocida con el alias de Sandra Ramírez y quien luego de la firma de la paz se convirtió en senadora de la República, preparaba a las niñas para que guerrilleros cometieran todo tipo de vejámenes. Un día, “en brasier y calzones, nos dice esa señora ‘empiecen a desfilar por el lado’ donde estaban todos los borrachos drogados de los comandantes de los bloques y del secretariado en ese entonces de las Farc y, desafortunadamente, ese día me escoge a mí Pablo Catatumbo, el que ahora lo vemos como honorable congresista”, reveló agregando que no fue una sola vez, sino que este tipo de violaciones “asquerosas y humillantes” ocurrieron en varias ocasiones. Por ello, años después denunció ante la JEP a la congresista.Deisy Guanaro estuvo en las garras de las Farc desde el año 1996 hasta el 2001 y en un enfrentamiento en el que la mandaron, junto a otros niños que lamentablemente murieron, como ‘carne de cañón’ finalmente fue rescatada por el Ejército y, posteriormente, enviada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en donde le ayudaron a sanar sus heridas físicas y emocionales.Hoy, tiene tres hijos, logró reencontrase con su madre y su padre muchos años después, pero no pudo quedarse en el pueblo en el que ellos viven porque, de nuevo, la amenazaron para salir de allí. Armada de valor para enfrentarse a su pasado, su historia es la voz de mujeres que se ven reflejada en ella. 24 años después, regresó al ICBF, el lugar que fue su casa cuando logró salir de la selva, y ahora es asesora de la dirección general: “yo no quiero ver más niños reclutados, porque yo fui una niña de esas”.“Aquí el que debe sentir vergüenza es el abusador, porque ese es el secreto de los victimarios, la vergüenza de sus víctimas. Cuando uno siente vergüenza, no denuncia”, puntualizó.
El departamento de Sucre se sumió en el dolor y la indignación tras confirmarse el trágico destino de Armando Luis Rivero Manjarrés, un reconocido rector de colegio, gestor cultural, periodista y locutor de radio de 44 años. La desaparición del líder social, reportada el 12 de julio de 2024, activó una intensa búsqueda que develó un escalofriante entramado familiar. Séptimo Día conoció detalles de la investigación y habló con algunos de los señalados.James Chamorro Manjarrés, hermano del profesor, describió el profundo vacío que dejó su pérdida: "Fue prácticamente mi padre de crianza, a pesar de que él no tuvo hijo biológico. Él crio a mis hermanos, a otro primo y a mí". Asimismo, su sobrina Miriam Toscano Rivera resaltó sus valores: "Él es una persona demasiado educada, fue una persona muy recta en sus cosas y siempre quería que fuéramos así rectos y que estudiáramos".La última imagen con vida de Rivero se registró en Sincelejo, cuando salía en su camioneta gris acompañado de su hijastro, Yofran Orozco Perea, de 26 años.Al día siguiente de su desaparición, el 13 de julio la camioneta apareció incinerada en zona rural de Tuchín, Córdoba, un hallazgo que descompensó a Juana Perea, su pareja y mamá de Yofran Orozco: "Una experiencia muy horrible porque, o sea, yo nunca llegué a pensar que lo iba a encontrar así o que yo lo iba a ver así nunca mi vida".El rastreo telefónico que rompió la coartadaEl 17 de julio de 2024, cinco días después de su desaparición, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del profesor bajo un puente en el corregimiento de San Luis, Sampués. La necropsia confirmó que el docente murió tras recibir varios impactos de bala en el costado izquierdo.Entonces, la clave para resolver el crimen estuvo en el rastreo técnico de las empresas de telefonía celular. Los investigadores de la Sijín descubrieron que, a pesar de asegurar que se encontraba en su casa, el teléfono celular de Yofran Orozco arrojó actividad en el punto exacto y a la hora en que se abandonó el cadáver. Adicionalmente, el rastreo probó que el joven ya coordinaba llamadas para planificar la repartición de los bienes de su padrastro antes de confirmarse su hallazgo.Tanto el joven como su madre fueron capturados el 1 de octubre de 2024.La cruda confesión tras las rejasAunque inicialmente no aceptó los cargos ante los juzgados, Yofran Orozco terminó por confesar su autoría en una audiencia judicial: "Quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle perdón público a mi madre, a Dios; que todas las personas que participaron para su ejecución, incluyéndome, pagaremos el precio de nuestro error".Recientemente, desde la cárcel de Sincelejo, Orozco rompió el silencio ante las cámaras de Séptimo Día y detalló las motivaciones de su crimen, atribuyéndolo a supuestos abusos pasados y celos: "Es un cúmulo que se puede dar de celos, no de celos de amor, sino un cúmulo de celos, de traición, de esa situación que fue lo que ocasionó la maximización de querer matarlo".El proceso continúa en etapa de juicio y mientras él está recluido en una cárcel, su mamá quedó en libertad por vencimiento de términos, al igual que otros tres posibles implicados. Entre tanto, la familia de la víctima clama para que el caso no quede impune.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses rechazó la difusión de fotografías de los cuerpos de las personas que murieron durante el operativo realizado el pasado 4 de septiembre en Riohacha, La Guajira, y aclaró que las imágenes que circulan en redes sociales no fueron tomadas dentro de sus instalaciones ni corresponden a material captado por personal de la entidad.A través de un comunicado publicado este 8 de septiembre en redes sociales, Medicina Legal se refirió a las fotografías que han comenzado a circular en diferentes plataformas digitales y señaló que estas no fueron obtenidas por servidores, contratistas o personas vinculadas al Instituto.La precisión se conoce luego del operativo en el que murió alias Bendito Menor, identificado como Naín Andrés Pérez Toncel, señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachenca. En el mismo procedimiento también murió Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, quien era señalada como compañera sentimental del cabecilla y como integrante de la estructura criminal.La entidad fue enfática al cuestionar la publicación y circulación de las imágenes de las personas fallecidas. Según explicó, este tipo de contenido afecta la dignidad humana, vulnera la privacidad de las víctimas y puede generar un impacto adicional en sus familiares y seres queridos.“El Instituto rechaza de manera categórica la difusión y exposición de imágenes de personas fallecidas”, señaló Medicina Legal en su comunicado.La institución recordó además que sus actuaciones se desarrollan bajo protocolos técnicos, éticos y de confidencialidad. Estos procedimientos buscan garantizar el respeto por los cuerpos que permanecen bajo su custodia, así como la protección de la información relacionada con las actuaciones forenses.Por ello, Medicina Legal hizo un llamado a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales para que eviten compartir fotografías o cualquier otro material gráfico que pueda vulnerar los derechos de las personas fallecidas y de sus familias.¿Qué pasó en el operativo contra ‘Bendito Menor’?El operativo ocurrió en Riohacha el 4 de septiembre, después de labores de inteligencia que permitieron ubicar al señalado cabecilla en una vivienda. El material señala que las autoridades desplegaron comandos e investigadores y que, durante el procedimiento, ‘Bendito Menor’, su pareja y sus escoltas habrían respondido con disparos. Posteriormente, las autoridades confirmaron la muerte del cabecilla.Según los reportes, Pérez Toncel era señalado de coordinar actividades relacionadas con narcotráfico y extorsión en sectores de La Guajira y Magdalena, además de ser señalado como dinamizador del reclutamiento de menores y responsable de homicidios y torturas.La información también señala que ‘La Bebecita’ cumplía funciones dentro de la estructura criminal. De acuerdo con lo expuesto, era encargada de realizar pagos de nómina, coordinar el frente cuando ‘Bendito Menor’ estaba ausente y dar órdenes relacionadas con actividades de la organización.El llamado previo de la Defensoría sobre la dignidad de los fallecidosEl pronunciamiento de Medicina Legal se conoce pocos días después de que la Defensoría del Pueblo hiciera un llamado relacionado con la exposición pública de cuerpos tras otra operación militar, esta vez en Guaviare.La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó la manera en que fueron presentados públicamente los cuerpos de personas fallecidas durante la Operación Azarías y sostuvo que la actuación del Estado debe mantener los límites establecidos por la Constitución y el derecho internacional humanitario. “La muerte no puede ser una forma de exhibir autoridad”, afirmó la funcionaria.En ese caso, la Defensoría señaló que las imágenes y los símbolos utilizados por las instituciones públicas tienen importancia porque transmiten a la sociedad los valores que representa el Estado. Marín Ortiz también sostuvo que los cuerpos de las personas fallecidas no deberían convertirse en parte de la escenografía de una declaración pública.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
El llamado de la Defensoría del Pueblo al Gobierno nacional a no competir con los grupos armados ilegales por demostrar quién alcanza mayor nivel de crueldad generó un cruce de mensajes entre la administración de Abelardo de la Espriella y ese organismo. Luego de la escalada de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y organizaciones criminales, la Defensoría, en un primer mensaje, cuestionó la decisión de De la Espriella de mostrarse caminando entre los cadáveres embolsados de 23 supuestos disidentes de las antiguas Farc muertos en días pasados en una operación militar en el departamento del Guaviare. "El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o con quién convierte la muerte en demostración de poder", dijo este domingo la defensora, Iris Marín, quien agregó que "nuestro país lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflictos armados y criminalidad organizada. Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes".De la Espriella, quien prometió "mano dura" en temas de seguridad, aseguró la semana pasada que "la paz verdadera se construye con la fuerza de las armas y las leyes de la República" y ratificó que derrotará al crimen sin diálogo, ya sea "por la razón o por la fuerza". El presidente repitió entonces la imagen del Guaviare el viernes cuando presentó ante la prensa cuatro cuerpos cubiertos con lonas blancas, resultado de un operativo policial en Riohacha, en La Guajira, contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en el que murió uno de sus líderes, Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor.La Defensoría, en su pronunciamiento de este domingo, insistió en que "las imágenes y los símbolos del poder público también importan" y que "no deberíamos normalizar que los cuerpos de personas muertas hagan parte de la escenografía de una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad". Marín explicó que no desconoce ni cuestiona la legitimidad de las operaciones militares sino más bien la manera en cómo el "Estado ejerce el poder y comunica sus resultados", pues "incluso en la guerra existen límites" y los muertos deben ser "respetados y tratados dignamente".Marín indicó que recibieron información sobre un portal denominado 'Las Bajas del Tigre', que no se ha confirmado que sea una página oficial, en el que se cuentan los muertos y otros resultados de las operaciones militares desde la posesión de De la Espriella, el pasado 7 de agosto. "El Estado no necesita parecerse a quienes combate para demostrar su fortaleza. Su autoridad se afirma cuando enfrenta con decisión a quienes amenazan a la población, pero conserva los límites que impone la Constitución, la ley y sobre todo la humanidad", concluyó la Defensoría.¿Qué respondió el Gobierno nacional?Este mismo domingo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió al pronunciamiento de la Defensoría. Lara aseguró que si bien la Defensoría "es una aliada institucional que respetamos y valoramos" y que "cuenta con todo el compromiso del Gobierno Nacional", desde el Ejecutivo lamentan lo que consideran "una triste equivocación". A juicio del Gobierno nacional, "equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad (...) no corresponde". "El Estado cumple un deber constitucional de combatir a los criminales que ejercen el terror contra nuestros compatriotas en amplias zonas del país. Queremos contar con la Defensoría para combatir a quienes matan con drones, reclutan niños y ejercen terror y barbarie contra la población. Necesitamos su voz con toda su fuerza", agregó el ministro del Interior, quien agregó que "Colombia está poniendo fin al cinismo de la Paz Total", refiriéndose a la política de negociación que intetó poner en marcha el expresidente Gustavo Petro. "Seguiremos haciendo cumplir la ley. Queremos contar con la Defensoría como aliada de las víctimas y de nuestra misión de protegerlas y liberarlas del régimen de terror del crimen", puntualizó Lara.El nuevo pronunciamiento de la DefensoríaLa respuesta de el ministro Lara generó una nueva reacción de la defensora Marín, quien este lunes escribió que desde ese organismo confían "en que el Presidente y el Gobierno puedan reflexionar sobre la forma en que comunican los resultados operacionales, como solicité en mi pronunciamiento". Y que, mientras tanto, avancen "de inmediato en el seguimiento de las alertas tempranas en las zonas priorizadas" como había acordado."La alianza y la colaboración institucional son fundamentales para abordar con seriedad el crítico diagnóstico que hemos advertido en materia de uso de drones, reclutamiento, expansión territorial de los grupos que participan en el conflicto armado y la criminalidad organizada, confinamiento, desplazamiento forzado y, en general, los crímenes contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que estos grupos comenten sistemáticamente normalizando el crimen y banalizando el respeto a la dignidad humana", señaló la defensora este lunes, al tiempo que enfatizó en que desde ese organismo están listos "para avanzar de inmediato y trabajar conjuntamente en las acciones que permitan prevenir nuevas vulneraciones y proteger a la población".En su primer mes de Gobierno, De la Espriella ha centrado su atención en la confrontación de guerrillas, grupos armados y narcotraficantes. Su Gobierno, de hecho, prepara una "lista terrorista" que dice que le permitirá actuar con más celeridad y recursos contra los grupos armados. El propio presidente anunció que el Ejército había detenido en este primer mes a nueve criminales (miembros del Tren de Aragua, las disidencias de las Farc, el Eln y bandas armadas) y matado a cerca de 40 personas, presuntos integrantes de una disidencia de las Farc y de un grupo criminal. Este domingo aseguró que en su primer mes las Fuerzas Armadas se han incautado de 49.379 kilos de estupefacientes y 1.485 armas de fuego, además de erradicar 1.321 hectáreas de coca.No obstante, desde que De la Espriella es presidente al menos seis menores de edad han muerto en bombardeos del Ejército a campamentos de distintas guerrillas, según Medicina Legal, en principio víctimas del reclutamiento forzoso. En días pasados, cuando un juzgado le prohibió al Gobierno este tipo de acciones si se sospecha que puede haber menores de edad involucrados, el Ejecutivo anunció que apelaría el fallo por "absurdo e inconstitucional".WILLIAM MORENO HERNÁNDEZCOORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Estado colombiano para que mantenga los límites establecidos por la Constitución y el derecho internacional humanitario en medio de las operaciones contra grupos armados ilegales. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó la manera en que fueron presentados públicamente los cuerpos de personas que murieron durante la Operación Azarías, desarrollada en el Guaviare.En un pronunciamiento, Marín Ortiz se refirió a las imágenes en las que el presidente de la República aparece caminando entre cuerpos ubicados en tulas blancas, después del operativo militar. Según el reporte oficial citado por la funcionaria, durante la operación murieron 23 integrantes de estructuras de alias Iván Mordisco, entre ellos algunos mandos de esa organización. Medicina Legal estableció que dos de las personas fallecidas eran menores de edad.“El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel”, manifestó la defensora, al señalar que la obligación estatal de enfrentar militarmente a los grupos armados debe cumplirse dentro de los límites constitucionales y del derecho internacional humanitario.La funcionaria aclaró que su reflexión no busca desconocer el deber de la Fuerza Pública de proteger a la población ni cuestionar por sí mismas las operaciones militares legítimas. Su preocupación está relacionada, explicó, con la manera en que el Estado ejerce el poder y comunica los resultados de sus operaciones.“Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”, dijo la defensora.Para la Defensoría, las imágenes y los símbolos utilizados por las instituciones públicas tienen relevancia porque transmiten mensajes a la sociedad sobre los valores que representa el Estado.“No deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”, señaló Marín Ortiz.La defensora recordó que Colombia lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflicto armado y criminalidad organizada, escenarios en los que la muerte de civiles y combatientes ha sido recurrente.En ese contexto, afirmó que los grupos armados ilegales pueden actuar con crueldad y desconocer las reglas básicas de humanidad, pero sostuvo que el Estado no debe responder utilizando las mismas formas. “Ese lenguaje de quienes prefieren la muerte a la vida no puede convertirse en el lenguaje del Estado”, expresó.En su pronunciamiento, la Defensoría también hizo referencia al derecho a la vida y a las restricciones que deben observar las autoridades incluso durante operaciones militares.Marín Ortiz explicó que la Constitución reconoce la vida como un derecho fundamental de aplicación inmediata y de carácter inviolable. Sin embargo, señaló que el ordenamiento jurídico contempla situaciones específicas en las que puede producirse una privación de la vida, como la legítima defensa o la baja de combatientes en determinadas circunstancias de un conflicto armado, de acuerdo con el derecho internacional humanitario.En todos los casos, sostuvo, la privación de la vida no puede ser arbitraria y debe estar sometida a criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.La funcionaria también recordó que el derecho internacional humanitario establece límites incluso durante la guerra. Entre ellos está el deber de respetar y tratar dignamente a las personas fallecidas.Por esa razón, la Defensoría señaló que una acción militar puede ser legal y necesaria, pero eso no elimina la obligación de preservar la dignidad humana.Advertencia sobre medir la seguridad por el número de bajasOtro de los puntos abordados por la defensora fue la existencia de un portal denominado “Las Bajas del Tigre”, del cual aclaró que no se ha confirmado que sea una página oficial. Según explicó, allí se registran muertos y otros resultados operacionales desde la posesión del nuevo presidente.Marín Ortiz pidió cautela frente a este tipo de indicadores y recordó que Colombia ya vivió las consecuencias de una política en la que los resultados militares eran evaluados a partir del número de bajas en combate.La defensora hizo referencia a los llamados falsos positivos, hechos que actualmente son objeto de juzgamiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La funcionaria aclaró que no estaba afirmando que los cuerpos presentados tras la Operación Azarías respondieran a esa lógica. Sin embargo, planteó la necesidad de utilizar indicadores más amplios para evaluar la seguridad.Según su planteamiento, la seguridad debería medirse también por los derechos garantizados y las vidas salvadas, especialmente las de la población civil que permanece expuesta a las acciones de grupos criminales.“El poder del Estado no se mide únicamente por su capacidad de imponerse por la fuerza, sino por los símbolos con los que se presenta ante la sociedad”, afirmó.La defensora concluyó que el Estado no necesita parecerse a los grupos armados que combate para demostrar su fortaleza. “Defender la dignidad cuando se trata de quienes consideramos adversarios es precisamente cuando demostramos que la dignidad humana es un principio y no solo una declaración en todo tiempo y lugar”, finalizó.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
La emergencia humanitaria que atraviesa la subregión del San Juan, en Chocó, se ha agravado por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y los efectos que dejó el terremoto de magnitud 7,4, cuyo epicentro se ubicó en inmediaciones de San José del Palmar. La Defensoría del Pueblo alertó sobre la situación que afecta a las comunidades de los municipios de Sipí y Nóvita, donde los enfrentamientos entre el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y el ELN han generado desplazamientos y riesgo de confinamiento para la población civil.La situación representa una preocupación adicional debido a que estas comunidades también han tenido que afrontar las consecuencias de la emergencia sísmica registrada en el departamento. La convergencia de ambas situaciones incrementa la vulnerabilidad de las poblaciones étnicas, entre ellas las agrupadas en el Consejo Comunitario ACADESAN y el pueblo indígena Emberá.De acuerdo con la información recopilada por la Defensoría, desde el 10 de agosto de 2026 se registró la presencia de presuntos integrantes del EGC en la comunidad de San Agustín, en Sipí, donde permanecieron durante tres días. Durante ese periodo, los habitantes tuvieron dificultades para desarrollar normalmente sus actividades agropecuarias, pesqueras y forestales, además de sus prácticas ancestrales Posteriormente, durante un recorrido realizado el 19 de agosto, la Defensoría conoció el riesgo de desplazamiento forzado y confinamiento generado por los combates entre el ELN y el Clan del Golfo.La situación afecta a seis comunidades étnicas de Nóvita y Sipí, con un total aproximado de 405 familias, equivalentes a 1.366 personas, que fueron evacuadas hacia la comunidad de Barranco y el municipio de Istmina.A esta situación se sumó un ataque ocurrido el 23 de agosto, cuando un artefacto aéreo no tripulado cargado con explosivos improvisados fue accionado y afectó a tres civiles: dos hombres y una mujer, quienes resultaron heridos.Como consecuencia de este hecho, 90 familias, correspondientes a 118 personas, se desplazaron hacia las poblaciones vecinas de Barranco, Charco Largo y Charco Hondo. La Defensoría del Pueblo advirtió que la combinación de los hechos violentos y la emergencia provocada por el terremoto aumenta las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades del San Juan, especialmente de la población indígena y afrodescendiente. Ya se cuentan 384 familias afectadas, y más de 1.300 personas.El llamado de la Defensoría del PuebloLa entidad pidió a los grupos armados que respeten estrictamente las normas del derecho internacional humanitario y se abstengan de emprender acciones que pongan en riesgo la vida, integridad, movilidad y bienes de las comunidades. Asimismo, pide a las autoridades que den garantía a las comunidades para que haya ocndicines seguras para el desplazamiento desde las zonas afectadas, se activen las rutas de atención humanitaria y mantengan monitoreo permanente.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
En entrevista con Noticias Caracol, la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó este lunes un alarmante diagnóstico de la crisis de derechos humanos en Colombia, fundamentado en el informe institucional titulado "Decisiones impostergables en derechos humanos". Marín advirtió sobre la expansión de los grupos armados ilegales, el uso indiscriminado de nuevas tecnologías en el conflicto, cifras históricas de cultivos ilícitos y el reclutamiento forzado de menores de edad. Sobre ese último punto, de hecho, la ONG Human Right Watch (HRW) le pidió al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que adopte medidas para acabar con el aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados -unos 1.500 desde 2021- que consta precisamente en ese informe de la Defensoría del Pueblo.El reclutamiento infantil es el aspecto más desgarrador expuesto por la defensora del Pueblo, en especial el incremento sistemático del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de todos los grupos armados. La funcionaria denunció que estas estructuras criminales están empleando redes sociales para persuadir y seducir a menores de edad ofreciéndoles bienes materiales como tenis, celulares y motocicletas. "Es otro de los indicadores más dolorosos del crecimiento de los grupos armados, que están usando de una manera sistemática menores de edad (...) También el uso de nuevos mecanismos pues para seducir a estos menores de edad, por ejemplo a través de las redes sociales, donde además les ofrecen tenis, celulares, motos y terminan persuadiéndolos".Esta situación azota severamente a las comunidades étnicas de regiones como el Cauca, donde cerca del 50% de los menores reclutados son indígenas, y al sumar a la población afrodescendiente, la cifra asciende al 56-58%. Marín denunció que muchos de estos niños son trasladados lejos de sus hogares para ser utilizados como primera línea de combate o quedar expuestos a bombardeos y alertó sobre un preocupante subregistro en las cifras oficiales. "Estamos muy convencidos de que esto no obedece a una disminución de la práctica sino a una reducción de la denuncia de parte de las comunidades -explicó la defensora-. Estamos viendo cada vez más menores de edad que mueren en combates entre los grupos, como este año en Guaviare en bombardeos en los últimos años son decenas la cantidad de niños que han muerto en bombardeos, pero el subregistro es enorme".La defensora se refirió también a otros puntos, como la expansión de grupos criminales, el uso de drones con explosivos y las alertas tempranas que emite ese organismo.De acuerdo con la radiografía de esa entidad, el panorama de seguridad en las regiones muestra dinámicas complejas e intensificadas por disputas territoriales que terminan afectando directamente a la población civil. Al analizar las causas de esta preocupante realidad, la defensora señaló que en el territorio confluyen principalmente tres factores de violencia organizada. "Colombia está en una situación bastante delicada, tiene presencia de al menos tres tipos de dinámicas : na es la herencia del paramilitarismo, que está conformada por los autodenominados Gaitanistas y los Conquistadores de la Sierra; una segunda dinámica que son las disidencias y desertores de las extintas Farc, y una tercera dinámica que es Eln principalmente, además de la criminalidad organizada", comentó Marín en este noticiero.La defensora explicó que el crecimiento de estas estructuras armadas, en especial de las disidencias y desertores de las Farc, obedece en parte a "retrasos históricos en llegar a las zonas que en su momento dejaron a través de inversión social" y al poco cumplimiento del acuerdo de paz. De igual forma, destacó que el grupo con mayor expansión territorial actualmente es el Clan del Golfo (autodenominados Gaitanistas), una organización dedicada a economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y la extorsión. Estas disputas y luchas por el control han disparado las cifras de masacres en el país, convirtiendo al presente año en el de mayor cantidad de estos eventos violentos desde 2018.Una de las mutaciones más alarmantes en los métodos de combate de los grupos armados ilegales es el uso creciente de tecnologías no tripuladas, específicamente drones cargados con explosivos, los cuales han generado desplazamientos y zozobra en regiones como el Cauca, Catatumbo y Antioquia.Frente a esta letal estrategia, Marín fue enfática al exigir el cese inmediato de su uso y condenar estas acciones de cara al derecho internacional humanitario. "Hay una obligación de los grupos armados de no usar estos artefactos explosivos que muchas veces se dirigen de manera indiscriminada y se causan daños a la población civil. Este es un crimen de guerra, nosotros lo hemos manifestado así en diferentes oportunidades", alertó la defensora en Noticias Caracol. De igual forma, instó a que la fuerza pública fortalezca e implemente de manera prioritaria tecnologías antidrones para salvaguardar a las comunidades atrapadas en medio de las hostilidades.Por otro lado, con un registro que supera las 261.000 hectáreas de cultivos de coca en el país, la Defensoría reconoce que los cultivos de uso ilícito constituyen un pilar clave del conflicto armado. Al ser consultada sobre la propuesta gubernamental de realizar aspersiones aéreas mediante bioderbicidas de alta generación, la defensora llamó a la precaución, la transparencia y al estricto cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Al respecto, la funcionaria expuso la ruta que el Gobierno debe seguir si decide emplear este mecanismo. "Si se va a acudir a la erradicación forzada por diferentes formas, por ejemplo la versión aérea tiene que agotarse primero tras vías y también hacer pública y transparente cuál es esa sustancia para garantizar que no vaya a generar daños a la salud y seguir la jurisprudencia de la Corte Constitucional", afirmó.No obstante, Marín subrayó la necesidad de entender este fenómeno como una profunda problemática social: "Los campesinos y las campesinas en estas zonas del territorio requieren alternativas que sean sostenibles para su economía y la erradicación es un primer paso pero es insuficiente para realmente resolver el problema de fondo".Actualmente, el organismo mantiene vigentes 120 alertas tempranas en Colombia, incluyendo una reciente alerta emitida para la capital del Cauca, en Popayán, debido a la amenaza y presencia de grupos al margen de la ley tanto en zonas rurales como urbanas. No obstante, la funcionaria criticó la falta de efectividad práctica del Estado frente a estas advertencias. Aunque el sistema de indicadores de la Defensoría muestra que aproximadamente el 50% de las recomendaciones técnicas de las alertas se cumplen, Marín advirtió que la calidad de esta respuesta gubernamental es limitada y superficial. "Muchas veces las acciones que más se cumplen son las de hacer reuniones o sacar directivas pero no las que tienen un impacto más digamos práctico operacional y dinámico en el territorio", detalló la defensora, quien en entrevista con Noticias Caracol propuso también coordinar una articulación intersectorial de alto nivel con el Ministerio del Interior para que las acciones estatales protejan estratégicamente a la población antes de que se consumen los riesgos advertidos.NOTICIAS CARACOL
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió este miércoles en Quibdó, una de las ciudades estremecidas por el terremoto de magnitud 7,4 del lunes, que la falta de un censo impide establecer el número real de damnificados y dificulta la atención de miles de familias. Durante un recorrido por los sectores afectados de Quibdó, capital del departamento del Chocó, Marín dijo que, aunque las autoridades locales dieron por finalizadas las labores de búsqueda y rescate, la emergencia entra ahora en una etapa en la que es necesario determinar con precisión el número de personas damnificadas y sus necesidades. "Es urgente tomar los censos porque no hay realmente una estimación de cuántas son las personas afectadas, cuántas personas no tienen en este momento dónde dormir", manifestó la defensora a EFE.Las autoridades de Quibdó han confirmado nueve personas muertas en la ciudad como consecuencia del terremoto y en el departamento son 13 los fallecidos, mientras avanzan en la evaluación de los daños y en el registro de las familias afectadas. La cifra de muertos a nivel nacional por el terremoto ascendió este miércoles a 265 y la de heridos a 3.494, mientras que 496 personas permanecen desaparecidas, informó hoy el presidente, Abelardo de la Espriella, quien declaró la "emergencia económica" para afrontar la crisis provocada por el terremoto. Sin embargo, la defensora reconoció que existe una disparidad entre las cifras manejadas por el Gobierno nacional y las informadas desde las regiones, una diferencia que, a su juicio, solo podrá resolverse con un censo.El terremoto tuvo su epicentro en inmediaciones del municipio de San José del Palmar, precisamente en el departamento de Chocó, según el Servicio Geológico Colombiano. Para Marín, una de las principales preocupaciones está en la capacidad de respuesta del sistema sanitario porque en Quibdó, por ejemplo, el Hospital San Francisco de Asís, el principal de la ciudad, tiene una sobreocupación del 160%. Aunque cuenta con una planta eléctrica, el hospital necesita garantizar una conectividad estable para evitar problemas en la prestación del servicio, además de acceso continuo a internet.En cuanto a los damnificados que han quedado sin vivienda, la defensora explicó que fue habilitado como albergue un coliseo de la ciudad, pero consideró que sus condiciones todavía son precarias para atender a todas las familias.La funcionaria también llamó la atención sobre la suspensión de las clases y las afectaciones registradas en la Universidad Tecnológica del Chocó, el principal claustro de educación superior del departamento, además de pedir que se habiliten mecanismos de atención psicosocial, especialmente para niños, niñas y adolescentes afectados por el terremoto.La Defensoría también pidió verificar la situación de 32 asentamientos indígenas y de comunidades de otros municipios del Chocó sobre los que todavía no existe información suficiente.EFE
Al menos tres campesinos resultaron heridos en un bombardeo ejecutado en la madrugada de este martes contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una zona rural del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, informó la Defensoría del Pueblo."Entre las personas heridas se encuentran tres civiles campesinos, incluida una mujer de 44 años, que resultaron heridas producto del bombardeo llevado a cabo durante la madrugada de hoy", señaló la Defensoría en un comunicado, en el que indicó que sus equipos en la zona acompañan a los afectados.El organismo señaló que el bombardeo tuvo lugar en la aldea El Sinaí, en el municipio de San Calixto, que hace parte de la región del Catatumbo, una de las más golpeadas por el conflicto armado en Colombia. Según la Defensoría, los hechos también provocaron desplazamientos forzados hacia el municipio de El Tarra, donde las autoridades verifican la situación para constatar posibles afectaciones a la población civil. "Este hecho evidencia nuevamente los graves riesgos que enfrenta la población civil en el contexto del conflicto armado en la región del Catatumbo y exige una respuesta preventiva y humanitaria oportuna", advierte la entidad.El bombardeo es el primero realizado durante el Gobierno del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien en la medianoche del lunes anunció que había terminado una reunión con la cúpula militar en la que había ordenado una operación que, según afirmó, traería "muy buenas noticias para el país". De la Espriella anunció tanto en su discurso de investidura como antes de posesionarse una política de mano dura contra las organizaciones armadas y criminales y aseveró que "la opción del diálogo está completamente agotada", en referencia a las negociaciones de paz con grupos guerrilleros y bandas criminales emprendidas por varios de sus antecesores. “La era del ‘tigre’ será contundente y certera contra el crimen”, anticipó en su primer discurso. Durante el Gobierno de Gustavo Petro, las Fuerzas Militares ejecutaron 25 bombardeos. Para sus primeros 90 días de Gobierno, De la Espriella se ha propuesto capturar a diez cabecillas de bandas criminales. EFE
La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por los recientes hechos de violencia registrados entre el 7 y el 8 de agosto en distintas regiones del país e hizo un llamado a prevenir una escalada del conflicto armado. A través de un comunicado, la entidad advirtió sobre los ataques, hostigamientos y hechos relacionados con artefactos explosivos ocurridos en 11 departamentos, con mayor intensidad en Cauca y Nariño.Además de otros eventos reportados en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare. Según el pronunciamiento, la situación requiere una respuesta integral por parte del Estado, especialmente en el inicio del nuevo Gobierno, con medidas que combinen acciones de seguridad, prevención y protección de las comunidades.En el comunicado divulgado a través de su cuenta oficial en X, la Defensoría señaló que los hechos registrados en esos dos días continúan siendo objeto de verificación en cuanto a sus circunstancias y posibles responsables.No obstante, indicó que durante un corto periodo se reportaron hostigamientos y ataques con armas de fuego, drones y artefactos explosivos, dirigidos principalmente contra instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura, vías y corredores estratégicos en las regiones afectadas.La entidad precisó que la información disponible hasta el momento "no permite afirmar que se trate de una ofensiva nacional coordinada", aunque sí advirtió que estos hechos responden "a dinámicas territoriales y actores diversos en un escenario de fragmentación de las estructuras armadas".Preocupación por los riesgos para la población civilLa Defensoría alertó que varios de estos hechos ocurrieron en cabeceras municipales o en sectores cercanos a viviendas, establecimientos comerciales y vías utilizadas diariamente por las comunidades.De acuerdo con la entidad, algunas de estas acciones ya han generado afectaciones a la población civil y restricciones en la movilidad. Otro de los aspectos que destacó el organismo es el uso reiterado de drones y artefactos explosivos, una modalidad que, recordó, ya había sido advertida por el Sistema de Alertas Tempranas.En ese sentido, señaló que este tipo de acciones "están transformando las condiciones de la confrontación armada en diferentes territorios" y advirtió que su utilización en zonas pobladas o cercanas a bienes civiles incrementa el riesgo de efectos indiscriminados, por lo que insistió en la necesidad de extremar las medidas de precaución para proteger a quienes no participan en las hostilidades.El llamado de la Defensoría al nuevo GobiernoLa Defensoría reiteró que la población civil no puede ser puesta en riesgo durante el desarrollo del conflicto armado. Por ello, recordó a los grupos armados ilegales que deben respetar las normas del derecho internacional humanitario y las obligaciones encaminadas a proteger a las personas que no participan en las hostilidades.En su pronunciamiento exigió "respetar estrictamente los principios de distinción, precaución y proporcionalidad establecidos por el derecho internacional humanitario", además de "abstenerse de realizar acciones que puedan producir efectos indiscriminados o poner en riesgo a la población civil".Asimismo, pidió "cesar cualquier conducta que afecte la vida, la integridad, la movilidad y los demás derechos de las comunidades".La entidad enfatizó que estas obligaciones adquieren una relevancia aún mayor cuando se emplean medios y métodos de guerra cuyos efectos pueden alcanzar zonas habitadas, recordando que la presencia de un objetivo militar en un entorno poblado no elimina el deber de proteger a las personas y bienes civiles cercanos.En el comunicado, la Defensoría también hizo un llamado para que, desde el comienzo del nuevo Gobierno, se fortalezca una respuesta estatal integral.La entidad sostuvo que "resulta fundamental fortalecer desde estos primeros días una respuesta estatal integral que combine las acciones necesarias en materia de seguridad del sector defensa, con acciones de prevención integral y la protección de las personas y comunidades".Además, destacó que las capacidades institucionales, las advertencias territoriales y las recomendaciones emitidas por el Sistema de Alertas Tempranas son herramientas que permiten anticipar escenarios de riesgo y orientar respuestas oportunas, ajustadas a las necesidades de cada territorio.Finalmente, la Defensoría del Pueblo aseguró que continuará monitoreando la evolución de estos hechos y sus impactos humanitarios, al insistir en que la prioridad debe ser proteger a la población civil y evitar que las comunidades sean quienes terminen asumiendo las consecuencias de la violencia.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
En la antesala de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que hizo un llamado a reafirmar la democracia, el pluralismo y el ejercicio pacífico del derecho a la protesta durante la jornada de este 7 de agosto.El mensaje fue publicado a través de la cuenta oficial de la entidad en la red social X y está dirigido tanto a quienes participarán en las manifestaciones convocadas para este día como a las autoridades encargadas de garantizar el orden público y los derechos fundamentales.El saludo de la DefensoríaEn el comunicado, la entidad señaló: "El día de hoy se posesiona el nuevo Presidente de la República, Abelardo de la Espriella. Como cada cuatro años en nuestro país, después del proceso electoral se da inicio a un nuevo periodo de Gobierno. Saludamos al nuevo Presidente en este día".Al mismo tiempo, indicó que para esta jornada algunos sectores convocaron manifestaciones públicas debido a diferencias políticas y sociales con el nuevo Gobierno. Frente a ese escenario, la entidad recordó que la protesta social constituye un derecho fundamental y una expresión de la participación democrática.En su pronunciamiento manifestó que "estas son expresiones del pluralismo democrático. La protesta social es un derecho fundamental y una expresión de derechos de participación democrática, cuenta con garantías constitucionales y debe desarrollarse pacíficamente".Asimismo, informó que, en cumplimiento de su mandato constitucional, hará acompañamiento a las movilizaciones anunciadas en diferentes regiones del país. "De ser necesario, si se presentan tensiones, promoveremos el diálogo social como la mejor forma de atenderlas y mediaremos para prevenir su escalamiento a disturbios o hechos de violencia", indicó la entidad.Equipos estarán presentes en los puntos de concentraciónLa Defensoría también informó que desplegó equipos en las jornadas de movilización y en los Puestos de Mando Unificado (PMU), con el propósito de realizar seguimiento a la garantía de los derechos humanos durante el desarrollo de la jornada.La entidad reiteró además un llamado tanto a los manifestantes como a las autoridades encargadas del manejo de la seguridad. "Invitamos a quienes participarán en las manifestaciones a ejercer su derecho de manera pacífica, y a las autoridades a garantizar el derecho a la protesta y actuar con pleno respeto por las normas que rigen la acción del Estado en la contención de disturbios o violencia que se puedan desencadenar, privilegiando siempre el diálogo", expresó.A partir de las 3:00 de la tarde, Colombia vivirá el cambio de mando presidencial con la posesión de Abelardo de la Espriella para el periodo 2026-2030. La ceremonia se llevará a cabo en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali y contará con la asistencia del rey Felipe VI de España, así como de los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura, además de otras delegaciones internacionales invitadas al acto oficial.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Desde ese organismo señalaron que el feminicidio constituye la manifestación más extrema de las violencias basadas en género. “Prevenir estas violencias exige identificar e interrumpir esas violencias antes de que produzcan daños irreparables”, indicaron.La violencia de género en Colombia ha alcanzado niveles por los cuales la Defensoría del Pueblo elevó un llamado a las instituciones para que den respuesta inmediata. El caso de María Camila Potosí, en Cali, se convirtió en el foco de un complejo panorama que evidencia la violencia extrema que viven las mujeres.María Camila Potosí, una joven de apenas 21 años, fue hallada sin vida el pasado 20 de julio a orillas del río Meléndez, en Cali, Valle del Cauca. Sin embargo, la atrocidad del crimen escaló a niveles inimaginables al revelarse que la víctima tenía ocho meses de embarazo y que, tras el hallazgo del cuerpo, el bebé que esperaba no se encontraba en su vientre.Este detalle ha obligado a la Defensoría del Pueblo a exigir una actuación "especialmente urgente". Para esta institución, no se trata solo de un homicidio; existe un bebé cuyo paradero es desconocido y cuya protección debe ser prioridad absoluta para la Fiscalía General de la Nación.Las autoridades judiciales han sido instadas a no descartar ninguna hipótesis investigativa, incluyendo la posibilidad de que el crimen esté vinculado a redes delictivas más complejas.Avances judiciales y recompensas millonariasEn el ámbito de la investigación judicial, la presión ciudadana y la gravedad del hecho han llevado a una movilización institucional sin precedentes en la región. Las autoridades del Valle del Cauca y la Alcaldía de Santiago de Cali han incrementado la recompensa por información clave a 250 millones de pesos. De este monto, 50 millones fueron aportados por la Gobernación y 200 millones adicionales por la administración municipal.A pesar de que no se han reportado capturas hasta el momento, las investigaciones preliminares han permitido identificar a cuatro personas que estarían sindicadas por este crimen.Defensoría alerta de que el feminicidio no es un hecho aisladoEl caso de María Camila no es la única tragedia que ha sacudido a Colombia en las últimas semanas. Se suma a una trágica lista de víctimas recientes que incluyen a María Alejandra Castaño en el Tolima, Yasleidis Martínez en el Cesar, y Herianny Montilla, una adolescente de 16 años asesinada en Barranquilla.Estos crímenes, según la Defensoría, son la manifestación más extrema de patrones de control, amenazas y aislamiento que restringen la autonomía de las mujeres. La entidad ha hecho un llamado vehemente para evitar interpretaciones que reduzcan estos actos a simples "problemas de pareja" o incidentes de "intolerancia". Por el contrario, se exige profundizar en el análisis de patrones de macrocriminalidad y fortalecer los mecanismos de valoración del riesgo para evitar que las señales de alerta terminen en daños irreparables.La Defensoría insta a las autoridades nacionales y territoriales a revisar sus protocolos de protección para que sean libres de estereotipos de género.NOTICIAS CARACOL
La serie de Apple TV 'Widow's Bay' arrasó este lunes en la 78º edición de los Emmy al alzarse con seis premios, que se suman a los ocho logrados en la ceremonia de los galardones creativos, en una gala que honró la memoria de estrellas de Hollywood como Dolly Parton, Rob Reiner y Catherine O’Hara.Con 14 estatuillas en total, la sátira de terror, que debutaba en esta edición, logró el premio a mejor proyecto de comedia, superando a 'Hacks', su mayor contrincante; mientras que su protagonista, Matthew Rhys, obtuvo el Emmy a mejor actor de comedia.También arrasaron en los apartados a mejor actor y actriz de reparto, para Kate O'Flynn y Stephen Root, respectivamente, así como mejor guión y mejor dirección para una serie de comedia.Por su parte, la serie médica 'The Pitt', la miniserie 'DTF St. Louis' y el espectáculo del Super Bowl del puertorriqueño Bad Bunny quedaron empatadas con siete galardones en total cada uno.'The Pitt' se llevó por segundo año consecutivo el Emmy a mejor proyecto en el apartado de drama, con Noah Wyle, de nuevo, como ganador en la categoría a mejor actor, mientras que 'DTF St. Louis', de HBO, conquistó el apartado a mejor miniserie.Jean Smart, Sally Field y Matthew Rhys hacen historiaLa noche contó con varios hitos como el de Rhys, quien se convirtió en el primer actor en la historia de los Emmy en ganar en dos categorías a mejor actor principal, tanto por 'Widow's Bay' como por la miniserie 'The Beast in Me'.Jean Smart ganó su quinto Emmy (y el octavo de su carrera) como la diva de la comedia Deborah Vance, convirtiéndose en la primera intérprete femenina en alzarse con un premio a mejor actriz por cada temporada de la serie de comedia 'Hacks'.Por su parte, Sally Field obtuvo el galardón a mejor actriz de una miniserie o película por 'Remarkably Bright Creatures', consolidándose como la más longeva en obtener este premio en dicha categoría.La 78º edición de los Emmy también destacó por el homenaje a la partida de grandes estrellas de Hollywood, como Parton, O’Hara y Reiner, quienes recibieron tributos en honor a su memoria por parte de varias celebridades, como Sally Field, Macaulay Culkin o Jamie Lee Curtis.Asimismo, Michael J. Fox protagonizó uno de los momentos más emotivos de la gala tras recibir el premio humanitario Bob Hope, que reconocía su labor altruista en el impulso de la investigación de la enfermedad de Parkinson.'Euphoria', 'The Bear' y 'Stranger Things' se despiden sin gloriasAlgunas de las series que en otras ediciones brillaron por el impacto que generaron en la televisión durante los últimos años y que se despedían en esta edición como 'Euphoria' y 'Stranger Things', pasaron por estos premios sin pena ni gloria.Incluso de 'The Bear' se fue con las manos vacías. Su última y quinta temporada solo logró un Emmy, de los 8 a los que aspiraba, a mejor actor invitado para el fallecido Rob Reiner.Tampoco reconocieron el talento latino. El actor guatemalteco-estadounidense Oscar Isaac ('Beef'), que aspiraba al Emmy a mejor actor de miniserie, fue derrotado por Rhys en 'The Beast In Me', mientras que el colombiano Carlos Manuel Vesga ('Pluribus') perdió en la categoría de mejor actor de serie de drama.Apenas hubo menciones políticas en esta edición. Quizás la más llamativa fue la de Alan Cummings, quien tras ganar el premio a mejor serie de competencia de telerrealidad por 'The Traitors', invitó a las audiencias a registrarse a votar para las próximas elecciones de medio mandato estadounidenses de noviembre.Entre los asistentes a este evento destacó el britanico Tom Holland, acompañando a Zendaya, así como la colombiana Sofía Vergara, quien hizo entrega de uno de los galardones.Y uno de los momentos más sorprendentes fue cuando apareció en pantalla la estrella estadounidense Taylor Swift para hacer una parodia junto a parte del elenco de 'Law & Order'.
Una mujer en Escocia contó que estuvo a solo cuatro semanas de casarse con el hombre que la había sometido durante meses a violencia física y psicológica. Según relató a la BBC de forma anónima, la intervención de sus familiares, amigos y de la Policía de Escocia terminó evitando que la boda se llevara a cabo y, según ella misma considera, pudo haberle salvado la vida.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl hombre, Christopher Malcolm, fue recientemente condenado a 16 años de prisión después de ser declarado culpable de delitos cometidos contra cuatro mujeres en localidades escocesas de Lothian y Moray. Los hechos se remontan a 2008, cuando una de las víctimas aún era adolescente. Malcolm, de 37 años, presentó una apelación contra su condena.La mujer contó que conoció a Malcolm a través de Tinder, a finales de agosto de 2023. El primer encuentro fue un café seguido de un paseo y, en ese momento, lo recuerda como "encantador y divertido". Sin embargo, la relación avanzó rápidamente: durante la primera semana conoció a los padres de él, meses después comenzaron a vivir juntos y para Navidad ya estaban comprometidos."Cuando estábamos felices, era como si fuera mi mejor amigo", recordó. Con el paso del tiempo, la relación comenzó a estar marcada por el control. Según su relato, Malcolm insistió en que eliminara sus redes sociales para que la relación fuera "solo entre nosotros". También le impedía contestar las llamadas de su familia cuando estaba en casa, escondía o le quitaba el teléfono y llegó a presentarse en su trabajo para exigirle que se marchara antes de terminar su jornada.La mujer aseguró que sabía que, si no obedecía, tendría una "noche horrible" al regresar a casa. Esa situación también afectó su relación con el trabajo, una parte de su vida que, según dijo, había perdido.La violencia se volvió cada vez más frecuenteLa violencia física apareció posteriormente y, de acuerdo con su testimonio, fue aumentando con el tiempo hasta presentarse aproximadamente cada dos fines de semana.En uno de los episodios que relató, Malcolm permaneció durante tres días en lo que ella describió como "modo ataque". Durante ese periodo, destrozó un sofá con una cuchilla y amenazó con suicidarse.La mujer también contó que en diferentes ocasiones él se sentaba sobre su pecho y la estrangulaba mientras se burlaba de ella y la amenazaba con más violencia. Uno de esos ataques le provocó lesiones permanentes y desfiguración.En otro episodio, Malcolm le fracturó la muñeca y le impidió acudir a un hospital. Como consecuencia, actualmente tiene dificultades para sostener incluso un libro con una mano. Durante esa discusión, según recordó, él gritó: "Las mujeres siempre intentan controlar mi vida".La mujer también relató que fue abusada sexualmente en más de una ocasión, incluso cuando había un niño en la vivienda. Después de uno de esos episodios, aseguró que Malcolm la obligó a sentarse en el suelo frente al menor y disculparse por el susto que le había causado.También describió momentos en los que sentía que la personalidad de él cambiaba de manera repentina. En otras ocasiones, dijo, Malcolm le hacía saber que un episodio de violencia estaba por comenzar."Los días que se portaba mal, lo primero que hacía era poner heavy metal a las 6 de la mañana", relató. Según explicó, él sabía que aquello le afectaba y lo utilizaba como una forma de intimidación: "prepárate para lo que va a pasar hoy".La mujer aseguró que permanecer en la relación se convirtió, en muchas ocasiones, en una manera de evitar que la violencia empeorara. "Uno empieza a insensibilizarse porque se da cuenta de que no hay nada que pueda hacer", afirmó.También explicó que denunciarlo no le parecía una opción mientras él siguiera en libertad. "Te sientes un poco atrapada porque sabes que si se lo cuentas a alguien, te dirán que te vayas, pero no estás en una posición en la que sientas que puedes irte", dijo.Sus familiares comenzaron a pedir ayudaMientras la mujer permanecía en la relación, sus familiares y amigos comenzaron a preocuparse cada vez más por su seguridad. Según el relato, intentaron ayudarla sin imponerle una decisión. Sus seres queridos le dejaron claro que la querían, que deseaban verla a salvo y que consideraban que Malcolm no era un buen hombre, pero también le dijeron que cualquier decisión debía ser suya.Su hermana incluso le escribió una carta en la que explicó por qué no podía asistir a la boda y expresó el temor de no volver a verla. Sin que la mujer lo supiera, cuatro personas denunciaron por separado sus preocupaciones ante la Policía de Escocia. Los familiares y amigos también entregaron pruebas, entre ellas mensajes de texto y fotografías de las lesiones.Malcolm fue arrestado en septiembre de 2024 y posteriormente quedó en libertad bajo fianza. Sin embargo, las pruebas continuaron acumulándose y los investigadores pidieron a la mujer que entregara su propio testimonio.Según contó, los agentes fueron directos con ella sobre el peligro que podía representar continuar en esa situación. "Me dijeron: 'Si no declaras, te encontraremos en una cuneta al borde de la carretera'", recordó.Finalmente, presentó un informe completo sobre las violaciones, agresiones y abusos que había sufrido. Para entonces, faltaban apenas cuatro semanas para la boda.Tras un juicio en el que participaron 56 testigos, Malcolm fue declarado culpable de delitos contra cuatro mujeres y recibió una condena de 16 años de prisión."Estuve a semanas de casarme con un violador en serie. Mis seres queridos me salvaron la vida". Explicó.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
El exministro venezolano Alex Saab, a quien Estados Unidos señala como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, tiene prevista para este martes una audiencia en una corte federal de Miami, en la que se espera que "cambie su declaración de culpabilidad", lo que implicaría admitir los cargos en su contra.La diligencia representa un giro significativo en el proceso judicial que enfrenta por presunto lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas y ocultamiento del origen de fondos, luego de su deportación desde Venezuela en mayo pasado.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATADe acuerdo con un breve aviso publicado este lunes en el sistema judicial estadounidense, la audiencia se celebrará este martes ante la jueza Kathleen M. Williams en una corte federal de Miami.El comunicado no precisó si Saab alcanzó algún acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, como suele ocurrir en este tipo de procedimientos.El pasado 24 de julio, Saab se declaró "no culpable" de los cargos que enfrenta ante la justicia estadounidense. Según el documento judicial, el juicio con jurado que estaba programado para iniciar el próximo 16 de noviembre y extenderse durante dos semanas quedó "cancelado".Saab, de 54 años y nacido en Colombia, compareció por primera vez ante tribunales estadounidenses el 18 de mayo, dos días después de haber sido deportado desde Venezuela.Considerado uno de los aliados más cercanos de Maduro, Saab ya había sido procesado anteriormente en Estados Unidos por cargos relacionados con lavado de dinero.Tras ser arrestado en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a territorio estadounidense, recuperó su libertad en 2023 durante la administración del expresidente Joe Biden (2021-2025), como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.Más tarde regresó a Caracas, donde fue designado ministro de Industrias y Producción Nacional.¿Cuándo fue capturado Alex Saab?Su deportación a Estados Unidos ocurrió después de la operación realizada por autoridades estadounidenses el pasado 3 de enero, que culminó con la captura de Maduro en Caracas. El exmandatario permanece actualmente en Nueva York enfrentando cargos vinculados con narcotráfico.El juicio contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, está programado para junio de 2027 en una corte federal de Nueva York.
La Lotería de Cundinamarca tiene programada para este lunes 14 de septiembre de 2026 una nueva jornada, en la que se pondrá en juego un plan de premios superior a los $28.071 millones. Uno de sus principales atractivos es el premio mayor de $10.000 millones, que se obtiene cuando coinciden las cuatro cifras del número ganador y la serie correspondiente. Los recursos obtenidos a través de sus ventas generan transferencias destinadas a la salud pública, tanto en el departamento como dentro del sistema nacional, de acuerdo con las disposiciones que regulan este tipo de juegos.Resultado de la Lotería de Cundinamarca de hoyEl sorteo de este lunes todavía no se ha realizado, por lo que las cifras permanecen pendientes de publicación.Serie: 9019Número del sorteo: 333Una vez termine la jornada, estos datos podrán ser comparados con el billete adquirido.¿Cuánto entrega la Lotería de Cundinamarca?El plan de premios contempla diferentes categorías y montos, de acuerdo con las coincidencias obtenidas y las condiciones establecidas para cada premio.,Entre los principales premios se encuentran:Balsa Millonaria: $500 millones con serie.Tunjo de Oro: $300 millones con serie.Guaca Secreta: $100 millones con serie.Tres Tesoros: tres premios de $50 millones con serie.20 Tesoros: premios de $20 millones con serie.35 Tesoros: premios de $10 millones con serie.Además de estas categorías, existen premios asociados con coincidencias parciales de las cifras del premio mayor. Los valores dependen también de si la serie coincide con la ganadora.Por ejemplo, acertar la última cifra puede representar un premio de $40.000 cuando coincide la serie y de $5.000 cuando la serie es diferente. El plan también incluye categorías relacionadas con las dos primeras cifras, las dos últimas y determinadas combinaciones de tres números.¿Qué día y a qué hora juega? La Lotería de Cundinamarca realiza normalmente sus sorteos los lunes a las 11:15 de la noche. Cuando un lunes es festivo, la jornada se traslada al siguiente día hábil.¿Cómo saber si el billete es ganador? Para comprobar un posible premio no basta con revisar únicamente las cuatro cifras. Es necesario verificar que coincidan los datos correspondientes al número ganador, la serie y el número del sorteo.Por ello, se recomienda conservar el billete y revisar la información oficial antes de comenzar cualquier proceso de reclamación.¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Cundinamarca?El billete ganador debe mantenerse en buenas condiciones, ya que es el comprobante necesario para acreditar el premio.Cuando el valor del premio es superior a $10 millones, el pago se realiza directamente en las oficinas de la Lotería de Cundinamarca. Para adelantar este procedimiento se solicita presentar el billete ganador, la cédula de ciudadanía, el Registro Único Tributario (RUT) y una certificación bancaria, además de completar la documentación requerida.En el caso de premios inferiores a $10 millones, el cobro puede efectuarse a través de puntos de distribución autorizados, siguiendo las condiciones establecidas para cada caso.Antes de entregar el billete o iniciar cualquier trámite, es fundamental comprobar que todos los datos coincidan con el resultado oficial del sorteo de este lunes 7 de septiembre.NOTICIAS CARACOL
Este lunes 14 de septiembre de 2026 se realizan nuevos sorteos de la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y Baloto, juegos de azar que entregan diferentes premios y cuentan con mecanismos distintos para definir a sus ganadores. En el caso de las loterías tradicionales, los jugadores deben revisar no solo el número de cuatro cifras, sino también la serie cuando corresponda.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALotería de CundinamarcaLa Lotería de Cundinamarca tiene programado para este lunes un nuevo sorteo, en el que está en juego diferentes premios secos.Resultado del premio mayor:Número ganador: 9019Serie: 333Premio mayor: $10.000 millonesEl sorteo está programado para las 11:15 de la noche. Además del premio mayor, los participantes pueden revisar los resultados de los diferentes secos incluidos en el plan de premios.Lotería del TolimaLa Lotería del Tolima también tendrá este lunes una nueva jornada, con un premio mayor de $3.500 millones, además de otros premios distribuidos en diferentes categorías.Resultado del premio mayor:Número ganador: 6845Serie: 051Premio mayor: $3.500 millonesEl sorteo se realiza habitualmente a las 10:30 p. m. y los jugadores deben conservar el billete o la fracción para verificar posteriormente si obtuvieron algún premio.Baloto y Revancha Baloto y Baloto Revancha también tienen una nueva jornada este lunes 14 de septiembre. Para esta fecha, el acumulado de Baloto es de $58.400 millones, mientras que Revancha cuenta con $2.000 millones.Resultado BalotoNúmeros ganadores: 31 - 20 - 03 - 05 -10Super Balota: 08Resultado Baloto RevanchaNúmeros ganadores: 04 -17 -29 - 12 -15Super Balota: 16A diferencia de las loterías tradicionales, Baloto se juega con cinco números y una Super Balota. Los resultados de Revancha se verifican mediante su combinación correspondiente y el tiquete participante.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co