El pasado 3 de mayo una tragedia conmocionó a los habitantes de Popayán y a todo el país, luego de que en medio de un evento de entretenimiento con Monster Trucks, uno de estos gigantescos vehículos se abalanzara sobre el público, dejando tres personas sin vida y decenas de heridos. ¿Qué errores hubo en la organización del evento y quién debe responder a las familias damnificadas?Los Monster Truck o camiones monstruo se han convertido a nivel mundial en una de las atracciones extremas de acrobacias que atrae a personas de todas las generaciones. Sin embargo, en Colombia son pocas las regulaciones para este tipo de vehículos y para los eventos en los que realizan sus arriesgadas maniobras. A pesar de esto, en mayo de este año las redes sociales de los payaneses se llenaron de una atractiva publicidad que prometía una tarde familiar para disfrutar de estos carros manejados por expertos.Los errores en el evento de Monster Truck en PopayánEn cuestión de segundos, lo que sería una tarde de diversión y adrenalina para las familias de Popayán, se convirtió en una de las tragedias más grandes de los últimos años. Tres personas perdieron la vida, dos de ellos eran menores de edad, y otros 40 asistentes resultaron gravemente heridos luego de que el vehículo llamado 'La dragona', conducido por la experta Sonia Segura, perdiera el control y terminara arrollando a parte del público que se encontraba en el lote del Boulevard Rose.Cuatro meses después, algunos de los asistentes que sobrevivieron al incidente, señalaron que desde el ingreso al lugar todo anunciaba una posible tragedia. Dilan Matías Pichincha, uno de los asistentes menores de edad, señaló a Séptimo Día que al llegar al evento notó que no se parecía a la publicidad que vio en redes sociales ni al tipo de lugares en los que se suele realizar estos eventos en otros países. "Yo vi que no era tan seguro. En las redes yo veía que [esos eventos] eran en un estadio, las personas estaban arriba y ellos pasaban por debajo", aseguró el niño que fue con sus abuelos.Luciana Fierro, de 12 años, asistió al evento junto a su hermana mayor María Camila, quien falleció a causa del incidente. Ella también resaltó que "el lugar del evento era muy pequeño, el carro solo podía dar una vuelta y ya. Para esos vehículos tan grandes, la distancia era muy poca".Todos ellos adquirieron sus entradas tras ver en redes sociales la publicidad del evento que prometía acrobacias y adrenalina de la mano de estos increíbles vehículos pocas veces vistos en el país y, además, asegurando que contaban con "todos los protocolos de seguridad" y la autorización de las autoridades. También les dio confianza ver que una de las conductoras contratadas por DB Entretenimiento y Colombia Monsters, promotores del evento, era Sonia Segura, una de las únicas mujeres en Latinoamérica autorizada para manejar estos vehículos.Tal y como lo señalaron los asistentes, en los videos de redes sociales se puede observar que el público del evento no solo estaba ubicado en el suelo a la misma altura de los monster truck, vehículos que pueden pesar más de cinco toneladas, sino que ademas estaban a escasos dos metros de distancia y lo único que los protegía era una valla metálica de un metro de alto. Luego de realizar algunas maniobras en el pequeño espacio mientras conducía 'La dragona', sobre las 5:00 de la tarde Sonia Segura perdió el control del monster truck, que también se prendió en llamas, y se fue sobre los asistentes. El carro nunca se detuvo, solo un poste de energía contra el que chocó al final del lote y justo antes de la vía principal logró detener su trayectoria. ¿Por qué las autoridades habilitaron este evento?El abogado Fabián Naranjo representa a 22 de las víctimas de esta tragedia y advirtió que hubo varias inconsistencias y errores desde la planeación del evento que, de haberse corregido, se habría evitado el fatal desenlace. Detrás del evento estaban empresarios con experiencia en eventos masivos en la ciudad, pero quien radicó la solicitud de autorización ante la Alcaldía fue Blanca Nury Meneses, mientras su esposo, Daniel Sandoval, sería es el que estuvo a cargo de la organización.Una de las primeras inconsistencias, según el abogado, es que en la solicitud de permisos, Blanca Nury calificó el evento bajo la normativa de artes escénicas. A pesar de ese error evidente desde el primer momento, el evento de Monster Truck fue habilitado por la Secretaría de Gobierno, la oficial de Gestión de Riesgo y la Alcaldía Local bajo las normas de un espectáculo público de artes escénicas, sin exigir los protocolos de seguridad necesarios para lo que realmente iba a suceder en el lote de Boulevard Rose. "Son deportes extremos, de alto impacto, requieren escenarios propicios y requisitos diferentes. El evento nunca debió haberse realizado porque el escenario no era propicio para eso", indicó el abogado Fabián Naranjo. Tal y como lo notaron Dilan y Luciana, dos de los menores que resultaron heridos en el evento, el principal error era la distancia de los asistentes de los vehículos y la barrera de protección mínima. Séptimo Día consultó con uno de los pilotos que hace parte de la Asociación Americana de Monster Truck en Estados Unidos, quien vio las imágenes del evento en Popayán y coincidió con los sobrevivientes. "No creo que nadie deba estar al mismo nivel de los Monster Trucks, deben estar arriba en las graderías con muros de contención. Es demasiado peligroso", sobre el evento en la capital del Cauca resaltó que "no tienen las barreras correctas, no tienes muros de concreto. tienen una pequeña valla de aluminio y a toda esa gente sentada ahí. Obviamente esa valla no va a detener un camión de 10.000 libras".También resaltó que en el lugar había presencia de cinco socorristas y tan solo una ambulancia para atender en caso de alguna emergencia. Julián Prado, director de la Cruz Roja del Cauca, explicó que se había informado que al evento asistirían mil personas y que tenían entendido que era una "exhibición" de estos vehículos. Sin embargo, al lote del Boulevard Rose recibió a cerca de tres mil asistentes.De la misma forma, los Bomberos de Popayán resaltaron que emitieron un permiso para el evento que, en primera medida, se iba a realizar el 26 de abril, pero debido a cuestiones de orden público este fue aplazado para el 3 de mayo. Para esta nueva fecha, según detallaron los bomberos, en ningún momento se les solicitó hacer una revisión del lugar para alertar sobre posibles riesgos.Por otro lado, sobre el incidente con el monster truck conducido por Sonia Segura, las investigaciones arrojan que se trató de una posible falla mecánica, pero todavía se está a la espera de un peritaje técnico que establezca qué falló específicamente. El abogado Fabián Naranjo señaló que, previo al evento, nadie realizó una revisión a los vehículos contratados para el evento. Séptimo Día intentó contactar a los organizadores del evento para conocer su versión, pero a través de sus abogados detallaron que se niegan a dar declaraciones. Igualmente, se intentó contactar a Sonia Segura, la conductora con gran experiencia en Monster Trucks que también es investigada como posible responsable por lo ocurrido, pero ella designó a su abogado Mauricio Ospina para responder por su vinculación al evento. "El papel que ella juega en esto es la conducción del monster Truck", el cual le entregó la empresa Colombia Monsters, de la cual ella figura como representante legal suplente.La Fiscalía ya inició su investigación para determinar si hay o no responsabilidad por parte de la conductora. También a quienes desde la administración municipal autorizaron la realización del evento; este programa intentó comunicarse con el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz; con el secretario de Gobierno, Reinel Polanía y con el jefe de la oficina de Gestión de Riesgos, Jair Flores, pero no fue posible concretar ninguna entrevista con ellos.
Portar el uniforme del Ejército Nacional es motivo de orgullo para muchos colombianos y sus familiares. Ese fue el caso de Jhon Franklin Quintero Figueroa durante los 25 años que hizo parte de la institución; sin embargo, eso terminó el día que descubrió que su hermano de 28 años había sido asesinado por sus propios compañeros y presentado como un guerrillero muerto en combate.Hoy en día, la historia de su hermano hace parte de los miles de casos de falsos positivos por los que responden exmilitares ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Jhon y su mamá María Tránsito Figueroa han escuchado los detalles de los momentos de horror por los que pasó su ser querido antes de perder la vida en las voces de los responsables que ahora les piden perdón. Pero como si eso no fuera suficiente, su tragedia fue doble.La traición de una institución"Duré 25 años y medio en el Ejército, llegué hasta el grado de sargento primero", recuerda Jhon ante las cámaras de Los Informantes su carrera militar que, en su momento, lo llenó de orgullo. Pero todo cambió el 29 de diciembre de 2006, mientras se encontraba de servicio en un batallón en Ubalá, Cundinamarca, cuando recibió una llamada en la que le dieron una de las peores noticias: su hermano Alexander Quintero Figueroa había sido asesinado.Con cada detalle que su mamá le daba al otro lado de la línea el "baldado de agua fría" era cada vez más fuerte. "Cuando le pregunté 'Mamá, ¿qué pasó?', ella me dijo: 'el Ejército lo mató'". En medio del dolor, crecieron también las dudas y la indignación, pues Alexander fue presentado por los militares como un supuesto explosivista de las antiguas FARC, un guerrillero dado de baja en combate. Jhon y doña María Tránsito sabían que eso era imposible e hicieron todo lo posible por demostrarlo, arriesgando incluso sus vidas.Alexander Quintero tenía 28 años y vivía en Granada, Meta, donde se rebuscaba su jornal diario con diferentes labores. Para ese momento estaba recién separado y su mayor propósito era brindarle lo mejor a sus cinco hijos menores de edad. A diferencia de su hermano mayor, Alexander había decidido no prestar servicio militar porque siempre le tuvo miedo a las armas y, además, no quería estar lejos de sus hijos. Según un vecino de Alexander, un día antes de su muerte un hombre lo buscó y le ofreció $50.000 por hacer un trabajo. Ese día no se supo nada más de Quintero, pero al día siguiente su foto apareció en los informes del Ejército Nacional, anunciando que habían dado de baja a un guerrillero de las FARC.Jhon Quintero decidió hacer uso de sus credenciales como militar activo y empezó a indagar sobre lo que había pasado con su hermano, todo apuntaba a un falso positivo. Tuvo acceso al informe oficial, firmado por el mayor Jorge Bermeo, en el que "lo mostraban como NN, habían fotos de cómo quedó ahí, le habían puesto unas botas de caucho, unos elementos explosivos y un revolver. Yo ahí reconocí que era mi hermano".Pero sus preguntas encendieron las alarmas entre los uniformados responsables, quienes incluso intentaron convencerlo de que su hermano efectivamente era un guerrillero. Indignados, Jhon y su mamá decidieron interponer una denuncia, mientras también reclamaban en el batallón que les entregaran el cuerpo de Alexander para darle sepultura. En ese momento iniciaron las amenazas en su contra. "Hubo una amenaza al hijo mío, que si seguíamos escarbando que no le fuera a pasar lo mismo que al hermano", recuerda doña María Tránsito. En medio de la zozobra se dieron cuenta que hombres en moto y militares los estaban buscando por todo el pueblo, motivo por el que tuvieron que pasar la noche en la funeraria con la que habían contratado el servicio para el traslado del cuerpo de su familiar. En la madrugada del día siguiente, Jhon salió rumbo a Bogotá esperando que ningún militar lo encontrara, allá esperaría a su mamá, a sus cinco sobrinos y al cuerpo de su hermano para todos juntos salir hacia Santander. Doña María Tránsito tuvo que ser fuerte sola y reclamar el cuerpo de su hijo de 28 años en el batallón, pero llevarlo a Bogotá no sería una labor sencilla, pues algunos militares hacían preguntas en Granada para saber cuándo sería el traslado."El ataúd nos lo entregaron apuntillado, sellado y el niño más chiquito nos preguntaba que cuándo se iba a despertar el papá. Hasta eso nos arrebataron, la oportunidad de verle la cara a nuestro familiar por última vez", asegura Jhon, recordando que lograron enterrar el cuerpo en su pueblo natal en Santander después de esa odisea. Pero ahí no terminaron sus indagaciones, al cabo de dos años regresó al batallón de Granada, Meta, y descubrió que la muerte de su hermano había sido maquillada. "Lo acomodaron como una emboscada porque así sí cabe la posibilidad de que, a ese guerrillero, como decían ellos, le pegaron 17 impactos, porque muchos dispararon".Verdad y justiciaHan pasado casi 20 años del asesinato de Alexander Quintero, un civil al que el Ejército hizo pasar por un guerrillero en sus informes. Después de todo este tiempo, su caso ingresó a la Jurisdicción Especial de Paz y en medio de las audiencias de la misma, Jhon y su mamá han podido conocer los dolorosos detalles de su muerte a través de las declaraciones de algunos de los responsables: Jorge Eliécer Bermeo Meneses, mayor (r) del Ejército, y Wbeimar Alfonso Angarita Peñaranda, capitán (r) del Ejército.En las audiencias descubrieron que Alexander Quintero fue víctima de una maniobra popular entre los uniformados. La noche del 28 de diciembre de 2006, el padre de cinco niños fue amarrado y transportado en el baúl de un taxi hasta un punto de la vía en el que lo esperaban unos militares. Pero en medio del camino, apareció una pequeña esperanza, un retén de la Policía frenó el vehículo y revisó el maletero. Los policías vieron al joven amordazado en el baúl y alertaron al mayor Bermeo, indicándole que uno de sus sargentos llevaba a un hombre amarrado. Sin embargo, la respuesta del mayor fue: "Hermano, no se ponga a mariquiar que el sargento sacó un guerrillero de ese pueblo. Entonces déjelo que siga". Y así fue, los policías cerraron el baúl y dejaron seguir a los militares hasta el lugar en el que el pelotón esperaba a la víctima para asesinarla. Al escuchar estas versiones, Jhon solo puede pensar en lo que debió sentir su hermano en ese momento. "Yo creo que cuando él vio a los policías, sintió una luz de esperanza, pensó que los policías iban a evitar que lo mataran. Pero después de que cerraron el capó y él escuchó 'sigan', supo que ya no había nada que hacer". Un soldado testigo de los hechos también narró que Alexander alcanzó a hacer una última petición: "Él dijo que no lo mataran, que él era padre de cinco niños y que tenía un hermano militar, pero no le hicieron caso".Una tragedia dobleLa tragedia de la familia Quintero Figueroa se duplicó hace tan solo un año con una coincidencia aterradora. Jersey Alexander Quintero, el hijo mayor de Alexander que tenía solo 7 años cuando este fue asesinado, perdió la vida de una manera similar a la de su padre.Jersey creció junto a su tío, viéndolo como una figura a seguir, por lo que cuando creció también se convirtió en militar. En 2025, una banda criminal dedicada a la extorsión secuestró al joven militar de 26 años, lo trasladaron amarrado en el baúl de un carro hasta un paraje en Soacha y lo acribillaron. "El hijo mayor de mi hermano murió de la misma manera de mi hermano Alexander, amarrado, amordazado y humillado", señala Jhon.Los responsables por el asesinato de Alexander Quintero han confesado y se espera que casi dos décadas después de este episodio vergonzoso de las Fuerzas Militares, esta familia como muchas otras tengan algo de justicia.
Tras cumplirse tres años del feminicidio de Ana María Serrano, ocurrido el 12 de septiembre de 2023 en México, su madre, Ximena Céspedes, publicó un video en su cuenta de Instagram para actualizar la situación del proceso penal. En el mensaje expuso la frustración de la familia debido a la imposibilidad de dar inicio al juicio en contra del presunto responsable, su exnovio Allan Gil.El señalado permanece en prisión preventiva desde septiembre de 2023; sin embargo, el proceso judicial ha sufrido continuas interrupciones. La madre de Ana María señaló: "No hemos podido llegar a juicio porque la defensa ha hecho todo lo posible por alargar el proceso a punta de recursos y de amparos".A pesar de los constantes retrasos, la madre de la joven estudiante resaltó que los jueces y magistrados han actuado conforme a derecho. Hasta la fecha, todas las apelaciones e impugnaciones presentadas por los abogados del acusado han sido resueltas en favor de Ana María.Maniobras legales de la defensa y solicitudes de libertadDe acuerdo con lo revelado por Ximena Céspedes, la representación legal del imputado solicitó un cambio en las medidas cautelares con el propósito de que pueda seguir el proceso fuera de la cárcel.La madre de Ana María Serrano también hizo un llamado a las autoridades para que continúen aplicando la ley con rigor e imparcialidad. Asimismo, señaló: "Como dijo mi papá hace unos días, si fuera tan inocente seguramente iría a juicio más pronto".El proceso judicial acumula un historial de varias audiencias canceladas. En algunas ocasiones la defensa justificó los retrasos argumentando que no tuvo tiempo suficiente para revisar el expediente o cambiando de abogados a última hora.El crimen de Ana María Serrano que conmocionó a Colombia y MéxicoEn 2024, Los Informantes viajó a la Ciudad de México para entrevistar a la familia Serrano. Ana María Serrano, de 18 años y de nacionalidad colombiana, vivía en una zona exclusiva de la capital mexicana cuando fue asesinada en su casa. El día de los hechos, el 12 de septiembre de 2023, sus padres se encontraban en un viaje de aniversario por Europa.Las investigaciones oficiales determinaron que el señalado habría ingresado a la casa aprovechando que la joven se encontraba sola. Tras perpetrar el ataque, el sospechoso presuntamente manipuló el teléfono celular de Ana María para enviar mensajes falsos a su madre, pretendiendo simular un suicidio. Las cámaras de seguridad del conjunto residencial registraron sus ingresos y salidas del lugar.La madre de Ana María describió el dolor tras la tragedia: "todas las mañanas apenas me despierto mi primer pensamiento es la pude haber salvado, ese pensamiento no se me quita, o sea, y todos los días me tengo que repetir a mí misma que no había nada que hacer". Las autoridades descartaron la hipótesis de un suicidio e iniciaron la investigación bajo el protocolo de feminicidio, dada la relación sentimental previa entre la víctima y el presunto agresor.El legado de la Fundación NanáAntes del crimen, Ana María acababa de ingresar a la carrera de Medicina y soñaba con especializarse en cardiología. Su vocación de servicio se consolidó tras participar en misiones médicas en el departamento del Vichada, Colombia, en compañía de su tío, el exministro de Hacienda y hoy vicepresidente José Manuel Restrepo.En Los Informantes, Restrepo recordó el compromiso de su sobrina hacia las personas atendidas en dichas jornadas. Tras la pérdida, la familia convirtió el luto en una plataforma de prevención mediante la creación de la Fundación Naná. La organización busca educar a jóvenes y familias sobre las señales de alerta en relaciones violentas, tales como el control, los celos y el aislamiento. Las madre de Ana María señaló que la fundación cumplirá dos años de labores educativas y de acompañamiento en la región.La familia Serrano Céspedes sigue exigiendo que finalicen las dilaciones y se inicio al juicio definitivo.
La historia entre el odontólogo cartagenero Carlos Parra, de 46 años, y Natalia Vidales, influencer de contenido gastronómico y excandidata al Reinado del Mar Bolívar, comenzó en el año 2022. Tras cinco meses de noviazgo y un año de convivencia, la pareja contrajo matrimonio. En noviembre de 2023, la pareja recibió la noticia del embarazo. Sin embargo, la convivencia empezó a deteriorarse a los tres meses de gestación debido a fuertes discusiones de pareja. Parra admitió la existencia de altercados verbales en el hogar. Tras estos episodios, la mujer abandonó la residencia conyugal para trasladarse a la casa de sus padres. Séptimo Día conoció detalles de lo que vino después. A partir de la separación, el conflicto escaló a instancias legales. Luego, Vidales presentó una denuncia por presunta violencia intrafamiliar ante la Comisaría Primera de Cartagena. No obstante, el odontólogo rechazó categóricamente las acusaciones: “No existía ninguna violencia para con ella, porque jamás existió. No hay pruebas, no hay absolutamente más nada”.Las medidas de la Comisaría de FamiliaEl 11 de junio de 2024, la Comisaría de Familia Zona Norte emitió un auto donde determinó que no existió violencia física ni económica por parte de Parra, señalando que se trataba de agresiones verbales mutuas. En consecuencia, el despacho ordenó una medida de protección temporal para ambas partes y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.Como parte del proceso penal, Vidales fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 6 de agosto de 2024, cinco días antes del parto. Los informes periciales concluyeron que la mujer no presentó incapacidad médico-legal, huellas de maltrato físico reciente ni secuelas psicológicas vinculadas a los hechos denunciados.Parra denunció que durante la etapa final del embarazo la comunicación fue cortada por completo. “Me tenía bloqueado de WhatsApp y de llamada. Yo veía que todo estaba transformándose en algo muy oscuro, algo muy tenebroso, sabía que no iba a ver a mi hijo”, relató sobre el distanciamiento.Registro el niño como "madre soltera"El 11 de agosto de 2024 nació el menor en el Hospital Serena del Mar de Cartagena. Parra aseguró que se enteró del nacimiento al día siguiente por intermedio de una persona allegada. Al acudir al centro médico, el personal le impidió el ingreso alegando una orden de restricción familiar. No obstante, la defensa técnica del padre aclaró que no existía ninguna orden judicial o administrativa que le impidiera ver a su hijo.Adicionalmente, Parra descubrió que el recién nacido fue inscrito en la notaría sin sus apellidos. Según las denuncias penales instauradas por su defensa, Vidales registró al niño como madre soltera afirmando desconocer el paradero del padre. La situación fue corregida diez días después, cuando Parra tramitó el reconocimiento formal de paternidad tras demostrar el pago continuo de cuotas alimentarias desde la gestación.Ante la imposibilidad de acordar visitas voluntarias, Parra acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y posteriormente instauró una acción de tutela. El fallo ordenó un ciclo inicial de visitas virtuales programado para el 4 de diciembre de 2024. La diligencia no se materializó debido a que la madre no se conectó a la llamada, argumentando ante los funcionarios temores por su seguridad.Posteriormente, el 13 de marzo de 2025, el Juzgado Octavo de Familia de Cartagena fijó un régimen presencial de visitas quincenales en un centro zonal del ICBF. A pesar de la orden judicial, Parra sostuvo que las diligencias se dilataron de forma sistemática. El 28 de agosto de 2025, las partes firmaron un divorcio por mutuo acuerdo en el que se reafirmó el esquema de visitas.El único encuentro presencial entre Carlos Parra y su hijo se produjo el 13 de septiembre de 2025 en las instalaciones del ICBF en Cali, cuando el menor tenía un año, un mes y dos días de nacido. “Fue un momento mágico”, expresó Parra, quien precisó la duración del contacto: “fueron solamente 2 horas 45 o 2 horas y 40 minutos”.¿Falsificación de documentos?Doce días después del encuentro presencial, Parra recibió información que indicaba que el menor había permanecido fuera del país durante más de ocho meses sin su consentimiento. De acuerdo con las certificaciones emitidas por Migración Colombia, el niño salió del territorio nacional rumbo a España por el aeropuerto El Dorado y reingresó el 26 de agosto de 2025 por Cali.Para autorizar la salida del menor se presentó ante las autoridades migratorias una escritura pública presuntamente otorgada en la Notaría Sexta de Cartagena. Parra negó rotundamente haber firmado autorización alguna: “No es mi firma. Falsificaron mi firma. Yo nunca voy a firmar un documento donde le voy a dar la salida del país a mi hijo”.Por su parte, la notaria sexta de Cartagena, Marta Méndez, ratificó la falsedad del documento público presentado ante los controles migratorios: “Es totalmente falso. Ese año ni siquiera llegamos a este número de escrituras. Esta no es mi firma”. Méndez advirtió además sobre la proliferación de tramitadores en el centro histórico de la ciudad dedicados a la falsificación de firmas notariales para trámites de menores.Ante las irregularidades detectadas en el documento de salida, la Notaría Sexta de Cartagena y la defensa de Carlos Parra interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal en contra de Natalia Vidales. Germán Pérez, abogado penalista de la defensa de Parra, enfatizó el objetivo de las acciones legales: “No es una persecución que se está ejerciendo en contra de la señora Natalia, es la única herramienta que el señor Carlos Parra tiene hoy para defenderse de las acusaciones injustas que está haciendo la señora Natalia para evitar que el señor vea a su hijo”.En paralelo, se tramita un incidente de desacato y acciones legales por la falta de respuesta detallada de Migración Colombia respecto a los controles aplicados al momento del chequeo del menor. Asimismo, el proceso por presunta violencia intrafamiliar se encuentra en etapa de juicio oral ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena.Actualmente, al cumplirse dos años del nacimiento del menor, Carlos Parra continúa requiriendo a las autoridades judiciales el cumplimiento de los esquemas de visita decretados por los jueces de familia. Parra concluyó sobre el tiempo transcurrido lejos de su hijo: “Me he perdido de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, de su primer llanto. Me he perdido de su primer abrazo”.Natalia Vidales no accedió a conceder una entrevista al equipo de Séptimo Día, a pesar de que el programa se comunicó con ella en repetidas ocasiones para conocer su versión de los hechos.
La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la decisión del Gobierno nacional de retirar a Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition) y pidió garantizar que esta determinación no implique una reducción en la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl pronunciamiento fue divulgado un día después de que la Cancillería informara sobre la salida de Colombia del mecanismo internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la decisión fue adoptada después de un análisis en el que se determinó que la participación en la coalición no era prioritaria y sostuvo que el retiro no afecta los derechos protegidos en el país.Frente a esta determinación, la Defensoría señaló que el Gobierno nacional tiene la facultad de establecer las prioridades y estrategias de la política exterior, pero indicó que estas deben mantener correspondencia con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos.Defensoría pide información sobre la decisiónLa entidad anunció que solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores información sobre el alcance y los fundamentos de la salida de Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos. En su pronunciamiento, la Defensoría manifestó preocupación por el mensaje que una decisión de esta naturaleza puede transmitir en un contexto en el que, según indicó, persisten situaciones de discriminación, estigmatización y violencia por prejuicio contra personas LGBTIQ+.“Los derechos de las personas LGBTIQ+ no pertenecen a una ideología ni a un gobierno: son derechos reconocidos constitucional e internacionalmente y su protección es un deber del Estado”, señaló la entidad. La Defensoría también insistió en que las obligaciones relacionadas con la igualdad y la no discriminación trascienden los periodos de gobierno y deben mantenerse como compromisos permanentes del Estado colombiano.Las cifras sobre violencia contra personas LGBTIQ+Como parte de su pronunciamiento, la Defensoría citó información reportada por la Fiscalía General de la Nación y recogida por la propia entidad sobre asesinatos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH). Según esos datos, durante 2025 se registraron 74 asesinatos, de los cuales 27 correspondieron a transfeminicidios.Para 2026, con corte al 19 de agosto, se habían reportado 31 asesinatos, incluidos 17 transfeminicidios, de acuerdo con la información mencionada por la Defensoría. La entidad utilizó estas cifras para señalar la importancia de las señales institucionales frente a la discriminación y la violencia por prejuicio.La Defensoría del Pueblo también pidió que cualquier modificación en la actuación internacional del Estado colombiano relacionada con esta materia preserve los espacios de participación y diálogo con las organizaciones de la sociedad civil.Además, planteó la necesidad de valorar los posibles impactos de las decisiones de política exterior sobre las personas cuyos derechos deben ser protegidos. “La política exterior también puede ser una herramienta para la protección de los derechos humanos”, sostuvo la entidad.La Defensoría señaló que mantendrá abiertos los canales de diálogo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y ofreció su acompañamiento técnico para valorar los posibles impactos de la decisión sobre los derechos de las personas LGBTIQ+.Por su parte, la Cancillería ha sostenido que la salida de la coalición no representa una afectación de los derechos de esta población y ha señalado que Colombia cuenta con protección constitucional, políticas públicas, normas y decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con las personas protegidas por su orientación sexual.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses rechazó la difusión de fotografías de los cuerpos de las personas que murieron durante el operativo realizado el pasado 4 de septiembre en Riohacha, La Guajira, y aclaró que las imágenes que circulan en redes sociales no fueron tomadas dentro de sus instalaciones ni corresponden a material captado por personal de la entidad.A través de un comunicado publicado este 8 de septiembre en redes sociales, Medicina Legal se refirió a las fotografías que han comenzado a circular en diferentes plataformas digitales y señaló que estas no fueron obtenidas por servidores, contratistas o personas vinculadas al Instituto.La precisión se conoce luego del operativo en el que murió alias Bendito Menor, identificado como Naín Andrés Pérez Toncel, señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachenca. En el mismo procedimiento también murió Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, quien era señalada como compañera sentimental del cabecilla y como integrante de la estructura criminal.La entidad fue enfática al cuestionar la publicación y circulación de las imágenes de las personas fallecidas. Según explicó, este tipo de contenido afecta la dignidad humana, vulnera la privacidad de las víctimas y puede generar un impacto adicional en sus familiares y seres queridos.“El Instituto rechaza de manera categórica la difusión y exposición de imágenes de personas fallecidas”, señaló Medicina Legal en su comunicado.La institución recordó además que sus actuaciones se desarrollan bajo protocolos técnicos, éticos y de confidencialidad. Estos procedimientos buscan garantizar el respeto por los cuerpos que permanecen bajo su custodia, así como la protección de la información relacionada con las actuaciones forenses.Por ello, Medicina Legal hizo un llamado a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales para que eviten compartir fotografías o cualquier otro material gráfico que pueda vulnerar los derechos de las personas fallecidas y de sus familias.¿Qué pasó en el operativo contra ‘Bendito Menor’?El operativo ocurrió en Riohacha el 4 de septiembre, después de labores de inteligencia que permitieron ubicar al señalado cabecilla en una vivienda. El material señala que las autoridades desplegaron comandos e investigadores y que, durante el procedimiento, ‘Bendito Menor’, su pareja y sus escoltas habrían respondido con disparos. Posteriormente, las autoridades confirmaron la muerte del cabecilla.Según los reportes, Pérez Toncel era señalado de coordinar actividades relacionadas con narcotráfico y extorsión en sectores de La Guajira y Magdalena, además de ser señalado como dinamizador del reclutamiento de menores y responsable de homicidios y torturas.La información también señala que ‘La Bebecita’ cumplía funciones dentro de la estructura criminal. De acuerdo con lo expuesto, era encargada de realizar pagos de nómina, coordinar el frente cuando ‘Bendito Menor’ estaba ausente y dar órdenes relacionadas con actividades de la organización.El llamado previo de la Defensoría sobre la dignidad de los fallecidosEl pronunciamiento de Medicina Legal se conoce pocos días después de que la Defensoría del Pueblo hiciera un llamado relacionado con la exposición pública de cuerpos tras otra operación militar, esta vez en Guaviare.La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó la manera en que fueron presentados públicamente los cuerpos de personas fallecidas durante la Operación Azarías y sostuvo que la actuación del Estado debe mantener los límites establecidos por la Constitución y el derecho internacional humanitario. “La muerte no puede ser una forma de exhibir autoridad”, afirmó la funcionaria.En ese caso, la Defensoría señaló que las imágenes y los símbolos utilizados por las instituciones públicas tienen importancia porque transmiten a la sociedad los valores que representa el Estado. Marín Ortiz también sostuvo que los cuerpos de las personas fallecidas no deberían convertirse en parte de la escenografía de una declaración pública.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
El llamado de la Defensoría del Pueblo al Gobierno nacional a no competir con los grupos armados ilegales por demostrar quién alcanza mayor nivel de crueldad generó un cruce de mensajes entre la administración de Abelardo de la Espriella y ese organismo. Luego de la escalada de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y organizaciones criminales, la Defensoría, en un primer mensaje, cuestionó la decisión de De la Espriella de mostrarse caminando entre los cadáveres embolsados de 23 supuestos disidentes de las antiguas Farc muertos en días pasados en una operación militar en el departamento del Guaviare. "El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o con quién convierte la muerte en demostración de poder", dijo este domingo la defensora, Iris Marín, quien agregó que "nuestro país lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflictos armados y criminalidad organizada. Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes".De la Espriella, quien prometió "mano dura" en temas de seguridad, aseguró la semana pasada que "la paz verdadera se construye con la fuerza de las armas y las leyes de la República" y ratificó que derrotará al crimen sin diálogo, ya sea "por la razón o por la fuerza". El presidente repitió entonces la imagen del Guaviare el viernes cuando presentó ante la prensa cuatro cuerpos cubiertos con lonas blancas, resultado de un operativo policial en Riohacha, en La Guajira, contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en el que murió uno de sus líderes, Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor.La Defensoría, en su pronunciamiento de este domingo, insistió en que "las imágenes y los símbolos del poder público también importan" y que "no deberíamos normalizar que los cuerpos de personas muertas hagan parte de la escenografía de una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad". Marín explicó que no desconoce ni cuestiona la legitimidad de las operaciones militares sino más bien la manera en cómo el "Estado ejerce el poder y comunica sus resultados", pues "incluso en la guerra existen límites" y los muertos deben ser "respetados y tratados dignamente".Marín indicó que recibieron información sobre un portal denominado 'Las Bajas del Tigre', que no se ha confirmado que sea una página oficial, en el que se cuentan los muertos y otros resultados de las operaciones militares desde la posesión de De la Espriella, el pasado 7 de agosto. "El Estado no necesita parecerse a quienes combate para demostrar su fortaleza. Su autoridad se afirma cuando enfrenta con decisión a quienes amenazan a la población, pero conserva los límites que impone la Constitución, la ley y sobre todo la humanidad", concluyó la Defensoría.¿Qué respondió el Gobierno nacional?Este mismo domingo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió al pronunciamiento de la Defensoría. Lara aseguró que si bien la Defensoría "es una aliada institucional que respetamos y valoramos" y que "cuenta con todo el compromiso del Gobierno Nacional", desde el Ejecutivo lamentan lo que consideran "una triste equivocación". A juicio del Gobierno nacional, "equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad (...) no corresponde". "El Estado cumple un deber constitucional de combatir a los criminales que ejercen el terror contra nuestros compatriotas en amplias zonas del país. Queremos contar con la Defensoría para combatir a quienes matan con drones, reclutan niños y ejercen terror y barbarie contra la población. Necesitamos su voz con toda su fuerza", agregó el ministro del Interior, quien agregó que "Colombia está poniendo fin al cinismo de la Paz Total", refiriéndose a la política de negociación que intetó poner en marcha el expresidente Gustavo Petro. "Seguiremos haciendo cumplir la ley. Queremos contar con la Defensoría como aliada de las víctimas y de nuestra misión de protegerlas y liberarlas del régimen de terror del crimen", puntualizó Lara.El nuevo pronunciamiento de la DefensoríaLa respuesta de el ministro Lara generó una nueva reacción de la defensora Marín, quien este lunes escribió que desde ese organismo confían "en que el Presidente y el Gobierno puedan reflexionar sobre la forma en que comunican los resultados operacionales, como solicité en mi pronunciamiento". Y que, mientras tanto, avancen "de inmediato en el seguimiento de las alertas tempranas en las zonas priorizadas" como había acordado."La alianza y la colaboración institucional son fundamentales para abordar con seriedad el crítico diagnóstico que hemos advertido en materia de uso de drones, reclutamiento, expansión territorial de los grupos que participan en el conflicto armado y la criminalidad organizada, confinamiento, desplazamiento forzado y, en general, los crímenes contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que estos grupos comenten sistemáticamente normalizando el crimen y banalizando el respeto a la dignidad humana", señaló la defensora este lunes, al tiempo que enfatizó en que desde ese organismo están listos "para avanzar de inmediato y trabajar conjuntamente en las acciones que permitan prevenir nuevas vulneraciones y proteger a la población".En su primer mes de Gobierno, De la Espriella ha centrado su atención en la confrontación de guerrillas, grupos armados y narcotraficantes. Su Gobierno, de hecho, prepara una "lista terrorista" que dice que le permitirá actuar con más celeridad y recursos contra los grupos armados. El propio presidente anunció que el Ejército había detenido en este primer mes a nueve criminales (miembros del Tren de Aragua, las disidencias de las Farc, el Eln y bandas armadas) y matado a cerca de 40 personas, presuntos integrantes de una disidencia de las Farc y de un grupo criminal. Este domingo aseguró que en su primer mes las Fuerzas Armadas se han incautado de 49.379 kilos de estupefacientes y 1.485 armas de fuego, además de erradicar 1.321 hectáreas de coca.No obstante, desde que De la Espriella es presidente al menos seis menores de edad han muerto en bombardeos del Ejército a campamentos de distintas guerrillas, según Medicina Legal, en principio víctimas del reclutamiento forzoso. En días pasados, cuando un juzgado le prohibió al Gobierno este tipo de acciones si se sospecha que puede haber menores de edad involucrados, el Ejecutivo anunció que apelaría el fallo por "absurdo e inconstitucional".WILLIAM MORENO HERNÁNDEZCOORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Estado colombiano para que mantenga los límites establecidos por la Constitución y el derecho internacional humanitario en medio de las operaciones contra grupos armados ilegales. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó la manera en que fueron presentados públicamente los cuerpos de personas que murieron durante la Operación Azarías, desarrollada en el Guaviare.En un pronunciamiento, Marín Ortiz se refirió a las imágenes en las que el presidente de la República aparece caminando entre cuerpos ubicados en tulas blancas, después del operativo militar. Según el reporte oficial citado por la funcionaria, durante la operación murieron 23 integrantes de estructuras de alias Iván Mordisco, entre ellos algunos mandos de esa organización. Medicina Legal estableció que dos de las personas fallecidas eran menores de edad.“El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel”, manifestó la defensora, al señalar que la obligación estatal de enfrentar militarmente a los grupos armados debe cumplirse dentro de los límites constitucionales y del derecho internacional humanitario.La funcionaria aclaró que su reflexión no busca desconocer el deber de la Fuerza Pública de proteger a la población ni cuestionar por sí mismas las operaciones militares legítimas. Su preocupación está relacionada, explicó, con la manera en que el Estado ejerce el poder y comunica los resultados de sus operaciones.“Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”, dijo la defensora.Para la Defensoría, las imágenes y los símbolos utilizados por las instituciones públicas tienen relevancia porque transmiten mensajes a la sociedad sobre los valores que representa el Estado.“No deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”, señaló Marín Ortiz.La defensora recordó que Colombia lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflicto armado y criminalidad organizada, escenarios en los que la muerte de civiles y combatientes ha sido recurrente.En ese contexto, afirmó que los grupos armados ilegales pueden actuar con crueldad y desconocer las reglas básicas de humanidad, pero sostuvo que el Estado no debe responder utilizando las mismas formas. “Ese lenguaje de quienes prefieren la muerte a la vida no puede convertirse en el lenguaje del Estado”, expresó.En su pronunciamiento, la Defensoría también hizo referencia al derecho a la vida y a las restricciones que deben observar las autoridades incluso durante operaciones militares.Marín Ortiz explicó que la Constitución reconoce la vida como un derecho fundamental de aplicación inmediata y de carácter inviolable. Sin embargo, señaló que el ordenamiento jurídico contempla situaciones específicas en las que puede producirse una privación de la vida, como la legítima defensa o la baja de combatientes en determinadas circunstancias de un conflicto armado, de acuerdo con el derecho internacional humanitario.En todos los casos, sostuvo, la privación de la vida no puede ser arbitraria y debe estar sometida a criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.La funcionaria también recordó que el derecho internacional humanitario establece límites incluso durante la guerra. Entre ellos está el deber de respetar y tratar dignamente a las personas fallecidas.Por esa razón, la Defensoría señaló que una acción militar puede ser legal y necesaria, pero eso no elimina la obligación de preservar la dignidad humana.Advertencia sobre medir la seguridad por el número de bajasOtro de los puntos abordados por la defensora fue la existencia de un portal denominado “Las Bajas del Tigre”, del cual aclaró que no se ha confirmado que sea una página oficial. Según explicó, allí se registran muertos y otros resultados operacionales desde la posesión del nuevo presidente.Marín Ortiz pidió cautela frente a este tipo de indicadores y recordó que Colombia ya vivió las consecuencias de una política en la que los resultados militares eran evaluados a partir del número de bajas en combate.La defensora hizo referencia a los llamados falsos positivos, hechos que actualmente son objeto de juzgamiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La funcionaria aclaró que no estaba afirmando que los cuerpos presentados tras la Operación Azarías respondieran a esa lógica. Sin embargo, planteó la necesidad de utilizar indicadores más amplios para evaluar la seguridad.Según su planteamiento, la seguridad debería medirse también por los derechos garantizados y las vidas salvadas, especialmente las de la población civil que permanece expuesta a las acciones de grupos criminales.“El poder del Estado no se mide únicamente por su capacidad de imponerse por la fuerza, sino por los símbolos con los que se presenta ante la sociedad”, afirmó.La defensora concluyó que el Estado no necesita parecerse a los grupos armados que combate para demostrar su fortaleza. “Defender la dignidad cuando se trata de quienes consideramos adversarios es precisamente cuando demostramos que la dignidad humana es un principio y no solo una declaración en todo tiempo y lugar”, finalizó.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
La emergencia humanitaria que atraviesa la subregión del San Juan, en Chocó, se ha agravado por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y los efectos que dejó el terremoto de magnitud 7,4, cuyo epicentro se ubicó en inmediaciones de San José del Palmar. La Defensoría del Pueblo alertó sobre la situación que afecta a las comunidades de los municipios de Sipí y Nóvita, donde los enfrentamientos entre el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y el ELN han generado desplazamientos y riesgo de confinamiento para la población civil.La situación representa una preocupación adicional debido a que estas comunidades también han tenido que afrontar las consecuencias de la emergencia sísmica registrada en el departamento. La convergencia de ambas situaciones incrementa la vulnerabilidad de las poblaciones étnicas, entre ellas las agrupadas en el Consejo Comunitario ACADESAN y el pueblo indígena Emberá.De acuerdo con la información recopilada por la Defensoría, desde el 10 de agosto de 2026 se registró la presencia de presuntos integrantes del EGC en la comunidad de San Agustín, en Sipí, donde permanecieron durante tres días. Durante ese periodo, los habitantes tuvieron dificultades para desarrollar normalmente sus actividades agropecuarias, pesqueras y forestales, además de sus prácticas ancestrales Posteriormente, durante un recorrido realizado el 19 de agosto, la Defensoría conoció el riesgo de desplazamiento forzado y confinamiento generado por los combates entre el ELN y el Clan del Golfo.La situación afecta a seis comunidades étnicas de Nóvita y Sipí, con un total aproximado de 405 familias, equivalentes a 1.366 personas, que fueron evacuadas hacia la comunidad de Barranco y el municipio de Istmina.A esta situación se sumó un ataque ocurrido el 23 de agosto, cuando un artefacto aéreo no tripulado cargado con explosivos improvisados fue accionado y afectó a tres civiles: dos hombres y una mujer, quienes resultaron heridos.Como consecuencia de este hecho, 90 familias, correspondientes a 118 personas, se desplazaron hacia las poblaciones vecinas de Barranco, Charco Largo y Charco Hondo. La Defensoría del Pueblo advirtió que la combinación de los hechos violentos y la emergencia provocada por el terremoto aumenta las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades del San Juan, especialmente de la población indígena y afrodescendiente. Ya se cuentan 384 familias afectadas, y más de 1.300 personas.El llamado de la Defensoría del PuebloLa entidad pidió a los grupos armados que respeten estrictamente las normas del derecho internacional humanitario y se abstengan de emprender acciones que pongan en riesgo la vida, integridad, movilidad y bienes de las comunidades. Asimismo, pide a las autoridades que den garantía a las comunidades para que haya ocndicines seguras para el desplazamiento desde las zonas afectadas, se activen las rutas de atención humanitaria y mantengan monitoreo permanente.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
En entrevista con Noticias Caracol, la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó este lunes un alarmante diagnóstico de la crisis de derechos humanos en Colombia, fundamentado en el informe institucional titulado "Decisiones impostergables en derechos humanos". Marín advirtió sobre la expansión de los grupos armados ilegales, el uso indiscriminado de nuevas tecnologías en el conflicto, cifras históricas de cultivos ilícitos y el reclutamiento forzado de menores de edad. Sobre ese último punto, de hecho, la ONG Human Right Watch (HRW) le pidió al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que adopte medidas para acabar con el aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados -unos 1.500 desde 2021- que consta precisamente en ese informe de la Defensoría del Pueblo.El reclutamiento infantil es el aspecto más desgarrador expuesto por la defensora del Pueblo, en especial el incremento sistemático del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de todos los grupos armados. La funcionaria denunció que estas estructuras criminales están empleando redes sociales para persuadir y seducir a menores de edad ofreciéndoles bienes materiales como tenis, celulares y motocicletas. "Es otro de los indicadores más dolorosos del crecimiento de los grupos armados, que están usando de una manera sistemática menores de edad (...) También el uso de nuevos mecanismos pues para seducir a estos menores de edad, por ejemplo a través de las redes sociales, donde además les ofrecen tenis, celulares, motos y terminan persuadiéndolos".Esta situación azota severamente a las comunidades étnicas de regiones como el Cauca, donde cerca del 50% de los menores reclutados son indígenas, y al sumar a la población afrodescendiente, la cifra asciende al 56-58%. Marín denunció que muchos de estos niños son trasladados lejos de sus hogares para ser utilizados como primera línea de combate o quedar expuestos a bombardeos y alertó sobre un preocupante subregistro en las cifras oficiales. "Estamos muy convencidos de que esto no obedece a una disminución de la práctica sino a una reducción de la denuncia de parte de las comunidades -explicó la defensora-. Estamos viendo cada vez más menores de edad que mueren en combates entre los grupos, como este año en Guaviare en bombardeos en los últimos años son decenas la cantidad de niños que han muerto en bombardeos, pero el subregistro es enorme".La defensora se refirió también a otros puntos, como la expansión de grupos criminales, el uso de drones con explosivos y las alertas tempranas que emite ese organismo.De acuerdo con la radiografía de esa entidad, el panorama de seguridad en las regiones muestra dinámicas complejas e intensificadas por disputas territoriales que terminan afectando directamente a la población civil. Al analizar las causas de esta preocupante realidad, la defensora señaló que en el territorio confluyen principalmente tres factores de violencia organizada. "Colombia está en una situación bastante delicada, tiene presencia de al menos tres tipos de dinámicas : na es la herencia del paramilitarismo, que está conformada por los autodenominados Gaitanistas y los Conquistadores de la Sierra; una segunda dinámica que son las disidencias y desertores de las extintas Farc, y una tercera dinámica que es Eln principalmente, además de la criminalidad organizada", comentó Marín en este noticiero.La defensora explicó que el crecimiento de estas estructuras armadas, en especial de las disidencias y desertores de las Farc, obedece en parte a "retrasos históricos en llegar a las zonas que en su momento dejaron a través de inversión social" y al poco cumplimiento del acuerdo de paz. De igual forma, destacó que el grupo con mayor expansión territorial actualmente es el Clan del Golfo (autodenominados Gaitanistas), una organización dedicada a economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y la extorsión. Estas disputas y luchas por el control han disparado las cifras de masacres en el país, convirtiendo al presente año en el de mayor cantidad de estos eventos violentos desde 2018.Una de las mutaciones más alarmantes en los métodos de combate de los grupos armados ilegales es el uso creciente de tecnologías no tripuladas, específicamente drones cargados con explosivos, los cuales han generado desplazamientos y zozobra en regiones como el Cauca, Catatumbo y Antioquia.Frente a esta letal estrategia, Marín fue enfática al exigir el cese inmediato de su uso y condenar estas acciones de cara al derecho internacional humanitario. "Hay una obligación de los grupos armados de no usar estos artefactos explosivos que muchas veces se dirigen de manera indiscriminada y se causan daños a la población civil. Este es un crimen de guerra, nosotros lo hemos manifestado así en diferentes oportunidades", alertó la defensora en Noticias Caracol. De igual forma, instó a que la fuerza pública fortalezca e implemente de manera prioritaria tecnologías antidrones para salvaguardar a las comunidades atrapadas en medio de las hostilidades.Por otro lado, con un registro que supera las 261.000 hectáreas de cultivos de coca en el país, la Defensoría reconoce que los cultivos de uso ilícito constituyen un pilar clave del conflicto armado. Al ser consultada sobre la propuesta gubernamental de realizar aspersiones aéreas mediante bioderbicidas de alta generación, la defensora llamó a la precaución, la transparencia y al estricto cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Al respecto, la funcionaria expuso la ruta que el Gobierno debe seguir si decide emplear este mecanismo. "Si se va a acudir a la erradicación forzada por diferentes formas, por ejemplo la versión aérea tiene que agotarse primero tras vías y también hacer pública y transparente cuál es esa sustancia para garantizar que no vaya a generar daños a la salud y seguir la jurisprudencia de la Corte Constitucional", afirmó.No obstante, Marín subrayó la necesidad de entender este fenómeno como una profunda problemática social: "Los campesinos y las campesinas en estas zonas del territorio requieren alternativas que sean sostenibles para su economía y la erradicación es un primer paso pero es insuficiente para realmente resolver el problema de fondo".Actualmente, el organismo mantiene vigentes 120 alertas tempranas en Colombia, incluyendo una reciente alerta emitida para la capital del Cauca, en Popayán, debido a la amenaza y presencia de grupos al margen de la ley tanto en zonas rurales como urbanas. No obstante, la funcionaria criticó la falta de efectividad práctica del Estado frente a estas advertencias. Aunque el sistema de indicadores de la Defensoría muestra que aproximadamente el 50% de las recomendaciones técnicas de las alertas se cumplen, Marín advirtió que la calidad de esta respuesta gubernamental es limitada y superficial. "Muchas veces las acciones que más se cumplen son las de hacer reuniones o sacar directivas pero no las que tienen un impacto más digamos práctico operacional y dinámico en el territorio", detalló la defensora, quien en entrevista con Noticias Caracol propuso también coordinar una articulación intersectorial de alto nivel con el Ministerio del Interior para que las acciones estatales protejan estratégicamente a la población antes de que se consumen los riesgos advertidos.NOTICIAS CARACOL
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió este miércoles en Quibdó, una de las ciudades estremecidas por el terremoto de magnitud 7,4 del lunes, que la falta de un censo impide establecer el número real de damnificados y dificulta la atención de miles de familias. Durante un recorrido por los sectores afectados de Quibdó, capital del departamento del Chocó, Marín dijo que, aunque las autoridades locales dieron por finalizadas las labores de búsqueda y rescate, la emergencia entra ahora en una etapa en la que es necesario determinar con precisión el número de personas damnificadas y sus necesidades. "Es urgente tomar los censos porque no hay realmente una estimación de cuántas son las personas afectadas, cuántas personas no tienen en este momento dónde dormir", manifestó la defensora a EFE.Las autoridades de Quibdó han confirmado nueve personas muertas en la ciudad como consecuencia del terremoto y en el departamento son 13 los fallecidos, mientras avanzan en la evaluación de los daños y en el registro de las familias afectadas. La cifra de muertos a nivel nacional por el terremoto ascendió este miércoles a 265 y la de heridos a 3.494, mientras que 496 personas permanecen desaparecidas, informó hoy el presidente, Abelardo de la Espriella, quien declaró la "emergencia económica" para afrontar la crisis provocada por el terremoto. Sin embargo, la defensora reconoció que existe una disparidad entre las cifras manejadas por el Gobierno nacional y las informadas desde las regiones, una diferencia que, a su juicio, solo podrá resolverse con un censo.El terremoto tuvo su epicentro en inmediaciones del municipio de San José del Palmar, precisamente en el departamento de Chocó, según el Servicio Geológico Colombiano. Para Marín, una de las principales preocupaciones está en la capacidad de respuesta del sistema sanitario porque en Quibdó, por ejemplo, el Hospital San Francisco de Asís, el principal de la ciudad, tiene una sobreocupación del 160%. Aunque cuenta con una planta eléctrica, el hospital necesita garantizar una conectividad estable para evitar problemas en la prestación del servicio, además de acceso continuo a internet.En cuanto a los damnificados que han quedado sin vivienda, la defensora explicó que fue habilitado como albergue un coliseo de la ciudad, pero consideró que sus condiciones todavía son precarias para atender a todas las familias.La funcionaria también llamó la atención sobre la suspensión de las clases y las afectaciones registradas en la Universidad Tecnológica del Chocó, el principal claustro de educación superior del departamento, además de pedir que se habiliten mecanismos de atención psicosocial, especialmente para niños, niñas y adolescentes afectados por el terremoto.La Defensoría también pidió verificar la situación de 32 asentamientos indígenas y de comunidades de otros municipios del Chocó sobre los que todavía no existe información suficiente.EFE
Al menos tres campesinos resultaron heridos en un bombardeo ejecutado en la madrugada de este martes contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una zona rural del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, informó la Defensoría del Pueblo."Entre las personas heridas se encuentran tres civiles campesinos, incluida una mujer de 44 años, que resultaron heridas producto del bombardeo llevado a cabo durante la madrugada de hoy", señaló la Defensoría en un comunicado, en el que indicó que sus equipos en la zona acompañan a los afectados.El organismo señaló que el bombardeo tuvo lugar en la aldea El Sinaí, en el municipio de San Calixto, que hace parte de la región del Catatumbo, una de las más golpeadas por el conflicto armado en Colombia. Según la Defensoría, los hechos también provocaron desplazamientos forzados hacia el municipio de El Tarra, donde las autoridades verifican la situación para constatar posibles afectaciones a la población civil. "Este hecho evidencia nuevamente los graves riesgos que enfrenta la población civil en el contexto del conflicto armado en la región del Catatumbo y exige una respuesta preventiva y humanitaria oportuna", advierte la entidad.El bombardeo es el primero realizado durante el Gobierno del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien en la medianoche del lunes anunció que había terminado una reunión con la cúpula militar en la que había ordenado una operación que, según afirmó, traería "muy buenas noticias para el país". De la Espriella anunció tanto en su discurso de investidura como antes de posesionarse una política de mano dura contra las organizaciones armadas y criminales y aseveró que "la opción del diálogo está completamente agotada", en referencia a las negociaciones de paz con grupos guerrilleros y bandas criminales emprendidas por varios de sus antecesores. “La era del ‘tigre’ será contundente y certera contra el crimen”, anticipó en su primer discurso. Durante el Gobierno de Gustavo Petro, las Fuerzas Militares ejecutaron 25 bombardeos. Para sus primeros 90 días de Gobierno, De la Espriella se ha propuesto capturar a diez cabecillas de bandas criminales. EFE
La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por los recientes hechos de violencia registrados entre el 7 y el 8 de agosto en distintas regiones del país e hizo un llamado a prevenir una escalada del conflicto armado. A través de un comunicado, la entidad advirtió sobre los ataques, hostigamientos y hechos relacionados con artefactos explosivos ocurridos en 11 departamentos, con mayor intensidad en Cauca y Nariño.Además de otros eventos reportados en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare. Según el pronunciamiento, la situación requiere una respuesta integral por parte del Estado, especialmente en el inicio del nuevo Gobierno, con medidas que combinen acciones de seguridad, prevención y protección de las comunidades.En el comunicado divulgado a través de su cuenta oficial en X, la Defensoría señaló que los hechos registrados en esos dos días continúan siendo objeto de verificación en cuanto a sus circunstancias y posibles responsables.No obstante, indicó que durante un corto periodo se reportaron hostigamientos y ataques con armas de fuego, drones y artefactos explosivos, dirigidos principalmente contra instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura, vías y corredores estratégicos en las regiones afectadas.La entidad precisó que la información disponible hasta el momento "no permite afirmar que se trate de una ofensiva nacional coordinada", aunque sí advirtió que estos hechos responden "a dinámicas territoriales y actores diversos en un escenario de fragmentación de las estructuras armadas".Preocupación por los riesgos para la población civilLa Defensoría alertó que varios de estos hechos ocurrieron en cabeceras municipales o en sectores cercanos a viviendas, establecimientos comerciales y vías utilizadas diariamente por las comunidades.De acuerdo con la entidad, algunas de estas acciones ya han generado afectaciones a la población civil y restricciones en la movilidad. Otro de los aspectos que destacó el organismo es el uso reiterado de drones y artefactos explosivos, una modalidad que, recordó, ya había sido advertida por el Sistema de Alertas Tempranas.En ese sentido, señaló que este tipo de acciones "están transformando las condiciones de la confrontación armada en diferentes territorios" y advirtió que su utilización en zonas pobladas o cercanas a bienes civiles incrementa el riesgo de efectos indiscriminados, por lo que insistió en la necesidad de extremar las medidas de precaución para proteger a quienes no participan en las hostilidades.El llamado de la Defensoría al nuevo GobiernoLa Defensoría reiteró que la población civil no puede ser puesta en riesgo durante el desarrollo del conflicto armado. Por ello, recordó a los grupos armados ilegales que deben respetar las normas del derecho internacional humanitario y las obligaciones encaminadas a proteger a las personas que no participan en las hostilidades.En su pronunciamiento exigió "respetar estrictamente los principios de distinción, precaución y proporcionalidad establecidos por el derecho internacional humanitario", además de "abstenerse de realizar acciones que puedan producir efectos indiscriminados o poner en riesgo a la población civil".Asimismo, pidió "cesar cualquier conducta que afecte la vida, la integridad, la movilidad y los demás derechos de las comunidades".La entidad enfatizó que estas obligaciones adquieren una relevancia aún mayor cuando se emplean medios y métodos de guerra cuyos efectos pueden alcanzar zonas habitadas, recordando que la presencia de un objetivo militar en un entorno poblado no elimina el deber de proteger a las personas y bienes civiles cercanos.En el comunicado, la Defensoría también hizo un llamado para que, desde el comienzo del nuevo Gobierno, se fortalezca una respuesta estatal integral.La entidad sostuvo que "resulta fundamental fortalecer desde estos primeros días una respuesta estatal integral que combine las acciones necesarias en materia de seguridad del sector defensa, con acciones de prevención integral y la protección de las personas y comunidades".Además, destacó que las capacidades institucionales, las advertencias territoriales y las recomendaciones emitidas por el Sistema de Alertas Tempranas son herramientas que permiten anticipar escenarios de riesgo y orientar respuestas oportunas, ajustadas a las necesidades de cada territorio.Finalmente, la Defensoría del Pueblo aseguró que continuará monitoreando la evolución de estos hechos y sus impactos humanitarios, al insistir en que la prioridad debe ser proteger a la población civil y evitar que las comunidades sean quienes terminen asumiendo las consecuencias de la violencia.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
En la antesala de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que hizo un llamado a reafirmar la democracia, el pluralismo y el ejercicio pacífico del derecho a la protesta durante la jornada de este 7 de agosto.El mensaje fue publicado a través de la cuenta oficial de la entidad en la red social X y está dirigido tanto a quienes participarán en las manifestaciones convocadas para este día como a las autoridades encargadas de garantizar el orden público y los derechos fundamentales.El saludo de la DefensoríaEn el comunicado, la entidad señaló: "El día de hoy se posesiona el nuevo Presidente de la República, Abelardo de la Espriella. Como cada cuatro años en nuestro país, después del proceso electoral se da inicio a un nuevo periodo de Gobierno. Saludamos al nuevo Presidente en este día".Al mismo tiempo, indicó que para esta jornada algunos sectores convocaron manifestaciones públicas debido a diferencias políticas y sociales con el nuevo Gobierno. Frente a ese escenario, la entidad recordó que la protesta social constituye un derecho fundamental y una expresión de la participación democrática.En su pronunciamiento manifestó que "estas son expresiones del pluralismo democrático. La protesta social es un derecho fundamental y una expresión de derechos de participación democrática, cuenta con garantías constitucionales y debe desarrollarse pacíficamente".Asimismo, informó que, en cumplimiento de su mandato constitucional, hará acompañamiento a las movilizaciones anunciadas en diferentes regiones del país. "De ser necesario, si se presentan tensiones, promoveremos el diálogo social como la mejor forma de atenderlas y mediaremos para prevenir su escalamiento a disturbios o hechos de violencia", indicó la entidad.Equipos estarán presentes en los puntos de concentraciónLa Defensoría también informó que desplegó equipos en las jornadas de movilización y en los Puestos de Mando Unificado (PMU), con el propósito de realizar seguimiento a la garantía de los derechos humanos durante el desarrollo de la jornada.La entidad reiteró además un llamado tanto a los manifestantes como a las autoridades encargadas del manejo de la seguridad. "Invitamos a quienes participarán en las manifestaciones a ejercer su derecho de manera pacífica, y a las autoridades a garantizar el derecho a la protesta y actuar con pleno respeto por las normas que rigen la acción del Estado en la contención de disturbios o violencia que se puedan desencadenar, privilegiando siempre el diálogo", expresó.A partir de las 3:00 de la tarde, Colombia vivirá el cambio de mando presidencial con la posesión de Abelardo de la Espriella para el periodo 2026-2030. La ceremonia se llevará a cabo en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali y contará con la asistencia del rey Felipe VI de España, así como de los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura, además de otras delegaciones internacionales invitadas al acto oficial.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Este miércoles 23 de septiembre, la Selección Colombia femenina Sub-20 se enfrentará con Corea del Norte, en la semifinal del Mundial de Polonia, que organiza la FIFA y en un duelo que podría resultar histórico para nuestro país. El equipo que dirige Carlos Paniagua viene de vencer de manera agónica a Nigeria, con un gol de Valerin Loboa, y llega a ese compromiso con la moral en alto. Además de eso, las nuestras eliminaron también a las anfitrionas de la Copa del Mundo, dando un batacazo.En la previa del crucial compromiso, que será a las 11:30 de la mañana, la FIFA le dedicó un amplio espacio a las semifinalistas y ahí no faltó el seleccionado colombiano, que ha tenido como jugadoras destacadas a Luisa Agudelo, Juana Ortegón, Mariana Silva, la propia Lobia y Sintia Cabezas."Colombia se ha recuperado notablemente desde aquella derrota ante sus rivales asiáticos, demostrando garra y calidad a partes iguales para superar a los anfitriones y luego a Nigeria en la fase eliminatoria, en ambas ocasiones por un solo gol", se leyó en la referida nota.Además de eso, a renglón seguido se agregó que "lo que sí es seguro es que necesitarán toda esa valentía, y algunos momentos de auténtica inspiración, para impedir que los tricampeones alcancen otra final".Cabe destacar que las norcoreanas derrotaron a Colombia en la fase de grupos por un 3-0 y son grandes favoritas, adicional que llegan "han marcado 13 goles y no han encajado ninguno en sus cinco partidos disputados hasta la fecha. Es el único equipo que queda en el torneo con una defensa impecable".El concepto de Sintia Cabezas antes de la semifinal con Corea del Norte"Vamos paso a paso. Claro, poco a poco, como nos dice el entrenador. Pero por supuesto que merecemos estar aquí, y merecemos mucho más. Estamos motivadas", dijo Cabezas en la previa de la semifinal.
La autopsia de Presley Gerber, el hijo de la modelo Cindy Crawford, ya ha sido completada, pero no se ha podido determinar la causa de su fallecimiento, por lo que habrá que realizar pruebas y estudios adicionales. El Departamento del Médico Forense (DME) del Condado de Los Ángeles, encargado del caso, informó en un comunicado de la finalización de la autopsia de Gerber, quien falleció el pasado fin de semana a los 27 años en un centro de rehabilitación en Los Ángeles.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAMuerte de Presley Gerber sigue siendo un misterioSegún el comunicado, el DME se encuentra en las etapas iniciales de la investigación sobre la muerte del modelo y, por el momento, dispone de información limitada sobre el suceso. "Un médico forense adjunto realizó un examen ayer y la causa y la manera en que murió han quedado pendientes de determinación; esto significa que se solicitaron pruebas y/o estudios adicionales para poder llegar a una conclusión", agrega la nota.Indica además que "debido a que la investigación sobre el fallecimiento está en curso, el DME no puede divulgar qué pruebas o estudios se solicitaron. Los casos pendientes de determinación pueden tardar algunos meses en esclarecer la causa de la muerte", precisó. "Gerber fue declarado fallecido a las 09:45 hora local del 20 de septiembre de 2026 por los paramédicos que acudieron al lugar. El Departamento de Policía de Santa Mónica es la agencia encargada de la investigación", según el DME.Presley Gerber, hijo de Crawford y el empresario Rande Gerber, siguió los pasos de su madre y comenzó a modelar en su adolescencia tras firmar con la agencia IMG Models. A lo largo de su carrera desfiló para firmas de moda como Burberry, Dolce & Gabbana y Moschino.Debutó en las pasarelas a los 16 años, en un desfile de Moschino celebrado en Los Ángeles. En 2018 vivió uno de los momentos más mediáticos de su carrera, al protagonizar junto a su madre un anuncio de Pepsi para el Super Bowl, en el que ambos rindieron homenaje al comercial que la supermodelo había protagonizado en 1992.En 2023, durante su participación en el pódcast "Studio 22", habló sobre el uso de sus plataformas para concienciar sobre la salud mental, describiendo este tema como "una parte muy importante de mi vida". Impulsó su propia iniciativa, "Mental Health Mondays" (Lunes de Salud Mental), y colaboró con organizaciones no gubernamentales, incluida "A Sense of Home" —una organización benéfica de Los Ángeles dedicada a ayudar a personas sin hogar—.El pasado mes de diciembre, Gerber publicó un video en Instagram en el que hablaba sobre los medicamentos que consumía, incluidos antidepresivos y Xanax para los ataques de pánico.EFEÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
El gobierno de Abelardo de la Espriella no ha logrado establecer cómo se distribuirá la plata que aprobó el Congreso de la República en el presupuesto para el 2027. Además, el Ministerio de Hacienda rechazó más de 600 proposiciones que para los congresistas son claves para garantizar los recursos de las regiones, impulsar la inversión e incluso fortalecer algunos organismos de control. Este martes habrá plenaria para tratar dicho tema.Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, habló con Noticias Caracol y se refirió a qué está en riesgo si el Gobierno no aprueba dichas proposiciones. “Aquí se trata de unas iniciativas del Congreso. No es la primera vez que llegan a un presupuesto centenares de proposiciones, pero digamos que lo que está haciendo falta aquí también es preguntarle al Gobierno en qué va a consistir el plan. Entendemos que dejen muchas de estas proposiciones que tienen compromisos fiscales como constancia, pero sí hay unos temas y unos ejes trascendentales en el país, hay unos grandes interrogantes en los recursos que se necesitan para salud, en los recursos que está pidiendo Defensa, en los recursos que también ahora con el terremoto necesita el Ministerio de Vivienda”.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAAgregó Meisel que “dentro del mismo Gobierno hay varios gabinetes con solicitudes al mismo Ministerio. Entonces, lo que le estamos pidiendo al Ministro de Hacienda es que amplíe la información y ver cómo vamos nosotros a atender tantas cosas que le duelen al país, porque también hay un tema de regionalizados que preocupa mucho, que todos los departamentos se están dando cuenta de que hay una reducción en las asignaciones desde el presupuesto nacional. Entonces, aquí no hay otra cosa que compartir la misma intención que hemos tenido, que es ayudar al Gobierno. Aquí estamos prestos. Le hemos dicho al Gobierno: ‘Queremos construir con ustedes el mejor presupuesto posible, en medio de las dificultades fiscales que sabemos’ y que somos conscientes de eso, por lo menos un sector del país como el que yo represento”.Finalmente, señaló el senador que lo que se busca es que “el Gobierno exponga con más profundidad lo que tiene pensado hacer para nosotros también ayudarlo. Nosotros queremos ayudar a que al Gobierno le vaya bien, pero para eso tenemos que conocer más partes del plan. Y creo que esto ha tenido como unas dificultades en la transmisión de información y es justamente a lo que nosotros hacemos el llamado, a que se logre evolucionar”."No está contemplanda la atención al terremoto": oposiciónLa otra cara de la moneda está por el lado de la oposición. El representante a la Cámara Marco Hincapié, coordinador ponente del Pacto Histórico, dijo en Noticias Caracol que “identificamos que en ninguna parte del proyecto del presupuesto aparecía la palabra terremoto. En ninguna parte de las 249 páginas que contiene este proyecto de ley estaba contemplando la atención al terremoto. Ese es uno de los puntos que más nos preocupa a nosotros como bancada de oposición, como bancada del Pacto Histórico. El siguiente punto es la variación de la inversión regionalizada, donde casi todo el país está en rojo, casi todo el país está en rojo, salvo cinco departamentos de Colombia. Esto significa que la inversión en las regiones va a ser inferior a la de este año”.Añadió Hincapié que “hay una preocupación y es que los órganos del de control de Colombia pues estuvieron acá en el Congreso de la República, estuvimos en varias jornadas de trabajo y ellos expresaron su preocupación, como lo hizo el registrador nacional, que dice que le faltan 360,000 millones de pesos. El Consejo Nacional Electoral, que tiene un recorte de 900.000 millones de pesos, la Fiscalía que tan solo tiene 6 billones de pesos y esto solo le alcanzaría para funcionar la mitad del otro año, como lo dijo la Fiscal General de la Nación. Y son unas preocupaciones por los órganos de control.El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Felipe Lemos Uribe, advirtió que les faltaban cerca de 200.000 millones de pesos para las elecciones del próximo año. Sobre el riesgo de dejar desfinanciados los organismos de control, el representante señaló que “este es un riesgo que nunca se ha visto en nuestro país. No se tienen en cuenta las diferentes ramas del poder público, donde vemos también que la Rama Judicial ha hablado de que está desfinanciada como tal en este presupuesto y vemos que el Consejo Nacional Electoral, que tiene el otro año una misión muy importante junto con la Registraduría, que son las elecciones del 2027, alcaldías, gobernaciones, consejos municipales y las asambleas departamentales, pues no van a tener los recursos suficientes para poder ejecutar las elecciones en octubre del otro año”.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
El departamento de Boyacá atraviesa una delicada emergencia ambiental producto de un grave incendio forestal en el municipio de Chíquiza, cuyas llamas avanzan de forma continua a través del territorio. Esta conflagración ha tomado diversas laderas y amenaza de manera directa al Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, un estratégico ecosistema protegido que se sitúa en la parte posterior de la montaña principal.La rápida propagación del fuego en esta zona montañosa deja hasta el momento un saldo de al menos 100 hectáreas completamente devastadas en la región. El impacto de las llamas trasciende la masa forestal y golpea severamente la calidad de vida y la salud de las comunidades rurales contiguas. Las densas columnas de humo desplegadas por el viento han deteriorado la calidad del aire a tal punto que respirar cerca de los focos de la conflagración resulta sumamente difícil para los campesinos que habitan en los sectores aledaños.Adicionalmente, la destrucción del manto vegetal perjudica directamente la red hídrica local, toda vez que en este macizo montañoso se concentran múltiples nacimientos de agua esenciales que abastecen a los ríos de la zona. A la emergencia ambiental se suma la angustia de las familias campesinas por la pérdida de las zonas destinadas al pastoreo y mantenimiento de su ganado, pilar fundamental de su economía comunitariaSegún relatos de los propios habitantes, la tragedia se desencadenó a raíz de quemas irresponsables provocadas por la intervención humana que se salieron de control. Las labores para contener el fuego se han visto fuertemente obstaculizadas por la complejidad geográfica, ya que lo apartado y abrupto del terreno dificulta significativamente el despliegue de los equipos de socorro hacia los puntos más críticos del incendio.Incendio en Villa de Leyva obligó evacuaciones y mantiene en alerta a BoyacáLa emergencia que comenzó durante el fin de semana en el cerro San Marcos, en Villa de Leyva, es considerada una de las conflagraciones forestales de mayor magnitud que ha enfrentado el país en los últimos días. De acuerdo con reportes de las autoridades conocidos este lunes, el incendio completó más de 30 horas de actividad continua y llegó a afectar cerca de 290 hectáreas, mientras los fuertes vientos dificultaban las labores de control.La situación obligó a realizar evacuaciones preventivas en hoteles, viviendas y otros sectores cercanos a las llamas, especialmente en zonas como La Castellana, donde los organismos de socorro reforzaron las acciones para evitar que el fuego alcanzara áreas habitadas. Además, se desplegaron recursos terrestres y aéreos para contener la emergencia, incluyendo el apoyo de helicópteros y decenas de socorristas.Las autoridades también declararon la calamidad pública para facilitar la atención de la emergencia y coordinar la respuesta institucional. Sin embargo, el comportamiento del viento favoreció la reactivación de varios focos y permitió que las llamas continuaran avanzando por las montañas de la provincia, hasta extenderse hacia jurisdicción de Chíquiza, donde ahora existe preocupación por la afectación de las zonas boscosas y de los ecosistemas asociados al Santuario de Flora y Fauna de Iguaque.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
El mundo de Once Human nunca ha sido precisamente un lugar tranquilo. Desde su lanzamiento en 2024, la supervivencia en este universo marcado por la contaminación de Stardust ha obligado a los jugadores a explorar, construir y enfrentarse a amenazas que convierten cada zona en un nuevo reto.Ahora, el juego está a punto de llevar esa idea a un escenario completamente diferente.El océano se convierte en el siguiente gran territorio por explorar, pero no se trata simplemente de añadir agua al mapa. La nueva propuesta busca modificar la forma en que los jugadores se desplazan, construyen sus bases y administran sus recursos, conectando diferentes tipos de supervivencia en una misma experiencia.La expansión también plantea una amenaza que va más allá de los peligros habituales. Bajo las aguas existe un misterio relacionado con una antigua entidad conocida como The Sunken Lord, una presencia que convierte al océano en algo más que un simple escenario.Las aguas estarán acompañadas por islas misteriosas, faros con comportamientos depredadores y otros peligros que obligarán a los jugadores a prestar atención a lo que encuentran durante sus recorridos.En medio de este escenario aparece Malla, una navegante enigmática que asegura haber muerto ahogada en numerosas ocasiones. A través de su diario, advierte sobre seis reglas que serán fundamentales para sobrevivir en el océano.Estas reglas forman parte del misterio que rodea a la expansión y anticipan algunos de los peligros que encontrarán quienes se atrevan a explorar las nuevas regiones.Pero el cambio más importante no está solamente en lo que habita bajo el agua.El océano se convertirá en una nueva base de supervivenciaStarry Studio confirmó que Isles of Abyss, la nueva expansión oceánica de Once Human, llegará globalmente el 22 de octubre de 2026, aunque en horario del Pacífico estará disponible desde el 21 de octubre.La actualización será gratuita y llegará simultáneamente a PC, dispositivos móviles, PlayStation 5 y Xbox Series X/S, con juego cruzado y progresión cruzada entre las plataformas.El estudio presenta Isles of Abyss como la mayor actualización de contenido de Once Human desde su lanzamiento en 2024. Su principal novedad será la incorporación de un sistema de construcción naval que permitirá crear embarcaciones personalizadas y convertirlas en auténticas bases móviles.Los jugadores podrán construir y mejorar diferentes tipos de barcos, desde pequeñas embarcaciones diseñadas para desplazarse con agilidad hasta enormes fortalezas marítimas. Estas estructuras podrán funcionar como base, taller y plataforma de artillería.La construcción también tendrá un componente estratégico. El diseño elegido para cada embarcación determinará la manera en que los jugadores podrán afrontar los peligros que encuentren durante sus viajes, por lo que la personalización del barco tendrá una relación directa con la supervivencia.Tres capas para sobrevivir entre tierra y marLa expansión no limitará la exploración a navegar sobre la superficie.La experiencia estará dividida en tres niveles conectados de supervivencia: desplazarse por aguas peligrosas, explorar islas misteriosas y sumergirse bajo el océano en busca de tesoros y recursos acuáticos.Cada una de estas actividades estará vinculada con la progresión general del jugador. Los recursos encontrados en una zona podrán alimentar las necesidades de otras, creando una dinámica en la que tierra y océano estarán conectados dentro del sistema de supervivencia.El mapa incluirá además cinco regiones oceánicas diferentes, cada una integrada en este nuevo escenario marítimo.Sin embargo, el océano no será presentado como un espacio seguro para simplemente recolectar recursos. La presencia de The Sunken Lord y los peligros descritos por Malla forman parte de una amenaza que estará presente durante la exploración.Los jugadores deberán enfrentarse a elementos que pueden ocultar su verdadera naturaleza, incluyendo islas vivientes disfrazadas y faros depredadores. Estos peligros estarán relacionados con las seis reglas de supervivencia reveladas como parte de la campaña de lanzamiento.Una expansión que llegará a varias plataformas al mismo tiempoIsles of Abyss estará disponible como actualización gratuita para los jugadores de Once Human el 22 de octubre, con lanzamiento simultáneo en PC, móviles y consolas.La compatibilidad entre plataformas permitirá mantener el progreso y jugar junto a usuarios de diferentes sistemas gracias a sus funciones de cross-play y cross-progression.Además, los suscriptores de Xbox Game Pass podrán continuar accediendo a Once Human y disfrutar de la expansión desde su lanzamiento.Con esta actualización, el juego amplía su propuesta de supervivencia hacia un escenario donde construir una base ya no significa necesariamente quedarse en tierra. Los barcos podrán convertirse en hogares, talleres y herramientas para avanzar por territorios que hasta ahora estaban fuera del alcance de la experiencia.El 22 de octubre marcará así la llegada de una nueva etapa para Once Human, con un océano que no solo amplía el mundo disponible, sino que introduce una nueva forma de explorar, construir y sobrevivir.¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.