Una operación de las Fuerzas Militares contra el grupo armado organizado residual (GAOr) Frente 33, facción señalada de pertenecer a la estructura de alias Calarcá, dejó cuatro de sus integrantes muertos y tres soldados heridos en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. Las acciones militares se desarrollaron desde las 10 de la noche del sábado 10 de octubre, de acuerdo con el Ministerio de Defensa. La cartera del Gobierno rechazó el reclutamiento de menores, pero al mismo tiempo continúa el debate sobre la pertinencia de ejecutar bombardeos donde muy posiblemente hay menores de edad.
Entre las cuatro personas que murieron durante la operación hay tres hombres y una mujer de 16 años. Según la información del Instituto Nacional de Medicina Legal citada por las Fuerzas Militares, la adolescente se encontraba en función continua de combate al momento de los hechos.
El operativo se llevó a cabo luego de que labores de inteligencia permitieran identificar campamentos, un búnker y zonas acondicionadas con artefactos explosivos improvisados. Ante las condiciones encontradas, las autoridades determinaron utilizar el componente aéreo y posteriormente desplegar unidades terrestres para asegurar y registrar el área. Durante las acciones en tierra, tres soldados resultaron heridos por la activación de un campo minado en inmediaciones de uno de los campamentos. El comunicado no precisó la gravedad de las lesiones ni entregó detalles adicionales sobre su estado de salud.
Según el Ministerio de Defensa, la operación tenía como objetivo proteger a las comunidades rurales de Tibú frente a las acciones armadas del Frente 33 y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en esta zona de Norte de Santander.
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Las autoridades señalaron que la confrontación entre estos grupos ha dejado viviendas destruidas por ataques con drones cargados con explosivos. También advirtieron sobre la presencia de campos minados que representan un riesgo tanto para los habitantes de la región como para los integrantes de la Fuerza Pública que adelantan operaciones en el territorio. El Ministerio de Defensa indicó que las afectaciones a las viviendas mencionadas habían sido registradas antes de la operación militar del 10 de octubre.
Como resultado de la operación, las Fuerzas Militares reportaron la incautación de diez fusiles, una ametralladora, una pistola y un revólver. También fueron encontrados 57 cargadores, 3.867 cartuchos de diferentes calibres, dos miras ópticas, material de intendencia y tres teléfonos celulares. Durante el registro del terreno, las unidades militares localizaron tres campamentos con capacidad aproximada para 36 integrantes de la estructura armada, tres áreas preparadas con artefactos explosivos improvisados y un búnker. Además, hallaron cinco brazaletes alusivos a las FARC.
El debate sobre el reclutamiento de menores y los bombardeos, que vienen desde gobiernos anteriores
Tras el resultado del operativo, el ministro de Defensa reiteró el rechazo del Gobierno al reclutamiento y la instrumentalización de menores de edad por parte de grupos armados ilegales, una práctica que, según señaló, los expone directamente a las hostilidades.
La presencia de una adolescente de 16 años entre las personas muertas vuelve a poner sobre la mesa el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de estructuras armadas que operan en el Catatumbo y en el resto del territorio nacional. También recuerda los cuestionamientos a los bombardeos que han surgido desde distintos sectores. Desde la administración pasada, la defensora del pueblo, Iris Marín, no solo señaló el fracaso en la prevención de este delito, sino que también puso en discusión la pertinencia de los bombardeos contra grupos ilegales cuando puede ser previsible la presencia de menores de edad en los campamentos.
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Marín dijo que la primera responsabilidad por la muerte de los menores recae sobre los reclutadores, pero recalcó que tanto la Fuerza Pública como el Gobierno deben evaluar sus estrategias. “Yo entiendo que los bombardeos son una posibilidad y una herramienta del DIH (Derecho Internacional Humanitario), pero yo me pregunto: si tenemos cuatro bombardeos donde lo que ha hecho es subir la cifra de niños, niñas y adolescentes [muertos], ¿no debe un Estado suspender y evaluar qué es lo que está pasando?”, dijo ante el entonces ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
Las Fuerzas Militares aseguraron que la operación se planeó con medidas para proteger a la población civil y bajo los principios de distinción, proporcionalidad y precaución contemplados en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
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Finalmente, el Gobierno nacional reiteró que continuará desarrollando operaciones para defender el territorio y mantener el orden constitucional, en el marco de la Constitución, la ley y las normas del Derecho Internacional Humanitario.
María Paula Rodríguez Rozo
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