Pese a sanción, empresas que hicieron trampa en licitaciones continúan contratando con el Estado

Diana Nassif y su sobrino Gustavo Domínguez enfrentan un juicio, pero sus empresas tienen aún contratos. Lo peor es que no parece haber fórmula para impedirlo.

“Se acaba de terminar la audiencia en el ministerio. Mauricio Parada y Aaron me dijeron: 'Eliminados los otros…qué labor tan h.p., lo quiero felicitar. Mañana tómense un tinto con nosotros'".

Diana Nassif: "Ja, ja, ja. ¿alguien más se presentó?"

Domínguez: “Cuando la demanda salga, si tiene efecto, tú y yo estaremos bajo tumba…".

Esta conversación corresponde a un acuerdo turbio entre contratistas sancionados en 2015 por la Superintendencia de Industria y Comercio, pues integraron un cartel para hacerse a millonarios contratos de instalación de cámaras de seguridad en varias cárceles.

“El Estado, a través de la Fiscalía, estaba prácticamente en vivo conociendo los audios de la planeación y ejecución de este proceso de corrupción en contratación”, dice Óscar Ortiz, exzar anticorrupción y denunciante.

Aunque hoy los interlocutores, la empresaria sucreña Diana Nassif y su sobrino Gustavo Domínguez, enfrentan un juicio penal, las empresas de su círculo -Interseg y Soluciones Integrales S.A.- tienen contratos con entidades del estado, entre ellas Fonade, que está en la mira de la Contraloría.

Lo inquietante del caso es que es que no parece haber fórmula para impedirlo. Legalmente no estarían inhabilitados porque todavía no hay sanción penal en su contra.

“La sanción que ocurre por estos hechos es netamente administrativa. Es una sanción pecuniaria normalmente, pero no tienen ningún efecto para contratar con el Estado, ni efectos disciplinarios ni penales. Solamente y exclusivamente de orden administrativo que pueden incluir multas", indica Juan David Botero, director de Colombia Compra Eficiente.

Sin embargo, el hombre que durante la época de los hechos actuaba como zar anticorrupción del Gobierno cree otra cosa.

“Independientemente de que aún no tenga una condena penal o una inhabilidad jurídica, los servidores públicos debieron haber demostrado un mínimo deber de diligencia. No simplemente a partir de principios, sino de un mandato específico de una ley de lavado de activos que obliga a los rectores de procesos de contratación a conocer a los contratistas”, señala Óscar Ortiz.

Pero el Gobierno advierte que no va quedarse cruzado de brazos y piensa impulsar una reforma legal para que sus sanciones también valgan como antecedentes.

"Sería necesario y así lo ha propuesto también el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, que una vez exista la sanción administrativa pueda darse también la condición de inhabilidad para contratar con el Estado", dice Botero.

Si es cierto que la contratación pública es la principal fuente de corrupción, entonces habrá que construir diques de contención.