¿Quiénes son? Esto se sabe de los 8 líderes sociales y religiosos hallados en fosa común en Guaviare

Un calvario vivieron las familias de ocho habitantes de la vereda Puerto Nuevo, en zona rural del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare, desde el pasado 14 de abril, cuando se confirmó la desaparición de estas personas, entre quienes había pastores, madres y feligreses de dos iglesias evangélicas. En reiteradas ocasiones, y con una campaña de búsqueda en redes sociales, clamaron durante meses por su liberación. La incertidumbre y dolor se hicieron aún más grande este martes luego de que la Fiscalía General de la Nación informó que, con el acompañamiento de hombre del Ejército Nacional, logró recuperar los cuerpos sin vida de este grupo de personas. Los hallaron en una fosa común en esa misma región del país, asediada por la violencia a manos de grupos armados ilegales.

El ente investigador reveló que, según el reconocimiento preliminar de los familiares, las ocho víctimas fueron identificadas como Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hérnandez, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón. Las fotografías de las víctimas circulaban en un cartel que sus familias habían difundido para exigir su liberación. En un collage, con fondos amarillo, azul y rojo de la bandera de Colombia se ven las caras de estas personas, entre ellas padres de niños de 4, 5 y 10 años de edad. "El hallazgo se originó en la activación de mecanismos de búsqueda urgente el pasado mes de abril, ante la denuncia que dio cuenta de la citación de estas personas por parte del frente primero ‘Armando Ríos’ de las disidencias de las FARC que operan en esa región", señala la Fiscalía en un comunicado.

Las disidencias los citaron: así fue la desaparición

La comunidad del caserío Agua Bonita Media llevaba meses denunciando la desaparición de estas ocho personas. Según testimonios recogidos por las autoridades, y como lo informó la Fiscalía este martes, los hechos se remontan al pasado 4 abril de 2025, cuando dos de las víctimas fueron citadas en la vereda Puerto Nuevo por integrantes del frente primero ‘Armando Ríos’ de las disidencias de las FARC. Tres días después, es decir el 7 de abril, también fueron llamadas las seis personas restantes, con el fin de ser "interrogadas" sobre la posible presencia o creación de otro grupo delincuencial en la zona, puntualmente de la guerrilla del ELN. Al llegar al punto, según la comunidad, fueron apartados de sus acompañantes, a quienes les aseguraron que los líderes sociales y religiosos regresarían en horas de la tarde. Pero eso nunca ocurrió y desde entonces no había rastro de su paradero. La Fiscalía señaló que, días después de las retenciones, las ocho personas supuestamente fueron trasladadas a un predio abandonado.

Según la investigación, los victimarios al parecer recibieron la orden desde el círculo de confianza de alias Iván Mordisco, principal cabecilla del Estado Mayor Central (EMC) -la mayor disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, financiada principalmente con el narcotráfico-, para evitar la posible conformación de una célula del ELN en la región. "Esta situación aparentemente se da por el origen de algunos de ellos; son de origen araucano, y en esa paranoia criminal, los victimarios asumen que son integrantes del ELN intentando ingresar al departamento", le contó a Blu radio Raúl González, fiscal delegado para la criminalidad organizada, quien detalló que las víctimas "fueron obligadas a cavar su propia fosa antes de ser ejecutados".

Cabe mencionar que el Guaviare vive una ola de violencia por la ofensiva del EMC, que se enfrentan con otros grupos armados -otra disidencia de las FARC, la comandada por alias Calarcá- y con las autoridades por el control del territorio. La población de la zona es víctima de extorsiones y amenazas por parte de esta disidencia. En junio, por ejemplo, los insurgentes ordenaron un confinamiento que afectó a cerca de 50.000 personas con restricciones como prohibición de la movilidad y toque de queda por una semana. Un pastor le contó a medios locales que en Calamar los grupos armados imponen los horarios en los que se pueden adelantar las actividades y en el caso de los cultos deben llevarse a cabo antes de las 6 p.m., pues está prohibido transitar en las calles después de esa hora.

En días pasados una comisión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) acompañó la liberación de otras dos personas secuestradas en ese departamento, y desde entonces se había conocido posibles pistas del paradero de estos ocho líderes sociales y religiosos. Los hombres armados le habría entregado a la comisión humanitaria información clave para dar lo que para ese momento ya se temía era una fosa común en la que los cuerpos estaban sepultados.

De momento, las disidencias de las FARC no han emitido un pronunciamiento sobre este caso. La Gobernación del Guaviare había ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permitiera dar con el paradero de las ocho víctimas. Autoridades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Regional, la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército participaron en dos consejos de seguridad solicitados por el gobernador de ese departamento, Yeison Rojas, y por el alcalde de Calamar, Farid Camilo Castaño, para evaluar la situación de orden público.

Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, expresó este martes su "más profundo rechazo ante el atroz hallazgo" de los cuerpos. "Estos hechos son una grave afrenta al derecho a la vida, a la libertad religiosa y al trabajo espiritual y comunitario que tantas personas adelantan en regiones históricamente golpeadas por la violencia", afirmó el mandatario, quien hizo "un llamado urgente a las instituciones del Estado a redoblar esfuerzos para proteger a quienes lideran desde la fe, desde el cuidado del otro, desde la paz".

A principios de junio, la Defensoría del Pueblo alertó sobre "personas desaparecidas y menores de edad reclutados y asesinados" en los últimos meses. El EMC también estuvo detrás de más de 20 ataques simultáneos en el suroeste del país. El presidente Petro intentó negociar la paz con la disidencia, pero "Iván Mordisco" abandonó los diálogos en abril de 2024. Organizaciones civiles cuestionaron la continuidad de esos diálogos sin garantías reales para las comunidades. "Exigimos al Estado que no continúe dialogando con actores armados que en la mesa hablan de paz, pero en las regiones solo ofrecen guerra y zozobra", afirmó, por ejemplo, la ONG Corporación Ambiental Amazonía Verde.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL