A la sombra de los expedientes judiciales que salpican la administración del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle y a su hermano Miguel Quintero, emerge la figura de Johny Jaramillo, un comerciante de oro con operaciones en Colombia, República Dominicana y Ecuador. Jaramillo fue candidato al Congreso por el Partido de la U en el año 2018 y, posterior a las elecciones locales de 2019, fue nombrado en 2020 como miembro independiente del consejo directivo de la Agencia APP de Medellín. Sin embargo, las investigaciones revelan que sus tentáculos en la administración pública iban mucho más allá de este organismo consultivo.
Una exhaustiva declaración entregada a la Fiscalía General de la Nación en febrero de 2024 por Diana Paola Toro, exdirectora del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (INDER), sacó a la luz pública cómo el empresario habría cooptado el manejo presupuestal y contractual de la entidad deportiva, cuyo presupuesto sobrepasaba los 500.000 millones de pesos.
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En su comparecencia judicial, Toro relató que Jaramillo justificaba abiertamente el control que ejercía sobre las decisiones del INDER señalando que obedecía a un compromiso derivado de la financiación electoral. La exfuncionaria reprodujo ante los fiscales las palabras textuales que el comerciante repetía ante los miembros de la entidad: "Él siempre decía: 'Yo estoy aquí porque yo me lo gané. Yo me lo gané porque yo invertí en la campaña del alcalde'. Él siempre decía que le había dado al alcalde para su campaña 1000 millones de pesos y que la condición que él había puesto era que le había dicho al alcalde que si ganaba le diera o la Secretaría de Educación o le diera al INDER".
Según Toro, la única restricción emitida por el entonces alcalde Quintero para avalar la designación directiva radicó en aspectos de perfil profesional: "la única condición que el alcalde le puso era que tenía que ser una directora mujer y que tenía que ser profesional en el área".
La "oficina paralela" de la 33 y el nexo con Metroparques
El testimonio describe la existencia de una sede paralela del INDER, ubicada en el décimo piso de un edificio sobre la avenida 33 de Medellín, donde funcionaban las instalaciones de la comercializadora de oro Golden Platino Colombia (Goldpac). Dicha firma registró ventas de oro por casi 230.000 millones de pesos entre 2019 y 2022. Desde esas oficinas privadas se acordaban las contrataciones y reuniones institucionales. Toro mencionó que "los operadores primero se reunían siempre con Johnny, digamos que a cerrar el negocio. Allá iban, o sea, todos los operadores, allá iba gente hasta de las ligas a pedirle cosas a Johnny, todo el mundo que quisiera hacer algo en el INDER se presentaba en Ofixxe".
Toro sostuvo, además, que la operación se articulaba directamente con el entorno familiar del exalcalde: "Los negocios eran entre Johny Jaramillo y Miguel Quintero, ¿por qué? Porque Jhony tenía el Inder y Miguel Quintero tenía Metroparques, que era con quien se estaba haciendo todos los contratos interadministrativos".
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A través de esta alianza, se suscribió un convenio interadministrativo por 22.000 millones de pesos entre el INDER y Metroparques. El acuerdo, objeto de imputación por falta de justificación presupuestal, terminó derivando la ejecución en la firma Cyan Eventos, señalada por los investigadores de haber generado sobrecostos cercanos a los 4.000 millones de pesos. Frente a este contrato, la exdirectora testificó: "Casi que prácticamente todo se hizo por interadministrativo y el que lo ejecutaba era Metroparques y Metroparques lo hacía digamos era que contrataba para para todos estos servicios a Cyan. Los operadores primero se reunían siempre con Jhony, digamos que a cerrar el negocio. Y ya Johnny soltaba y los que se encargaban ya de ahí en adelante de sacar adelante el negocio era Camilo Londoño y Yuberth Ordoñez... O sea, yo ni quiera los conocí, o sea, yo ni siquiera les vi las caras, jamás me reuní, ni siquiera hablé con ellos".
Coacción política y desvío de recursos al baloncesto profesional
La declaración detalla que Jaramillo, valiéndose del jefe jurídico del INDER, Yuberth Ordóñez, y del contratista y exrepresentante a la Cámara Juan Camilo Londoño, montó una estructura de presión política sobre la nómina oficial para favorecer las aspiraciones electorales de Londoño: "Jhony empezó a, por medio de Camilo y Yuberth, empezaron a obligar a las personas a ir una a unas reuniones políticas. Johnny diseñó como un programa de lo pasaban por WhatsApp, como un link, y la gente se tenía que meter en ese link y poner sus datos, los datos de sus familias, dirección, teléfono, lugar de votación, puesto de votación... el que no fuera a las reuniones de Camilo Londoño… lo echaban del INDER y después de eso ya empezaron fue a pedirles plata”.
El quiebre definitivo de Toro al frente de la entidad se produjo a raíz de la transferencia ilimitada de recursos públicos hacia el club de baloncesto profesional Tigrillos (Academia de la Montaña), comprado por Jaramillo a través de su socio Juan Felipe Gallego Giraldo. Las pesquisas señalan que el equipo recibió en total 3.100 millones de pesos en apoyos del INDER durante el cuatrienio.
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Explicando los desacuerdos que la llevaron a renunciar, Toro declaró: "Yo con el contrato que tuve más problemas que esa fue como el florero Llorente porque ese fue como la gota que rebosó la copa, fue el apoyo a Tigrillos, ese apoyo económico que le daban a Tigrillos. Ese fue como lo que reventó la relación". Cuando empezó: la plata para pasarle la plata a Tigrillos, que primero que 300 millones, luego que 800, luego quería 1.500, luego quería 2.000... Y en esa parte del presupuesto, en ese ítem, nos hacía falta plata. Y aún así Jhony pedía que le teníamos que entregar 1000 millones de pesos a tigrillos y yo decía: 'Pero cómo le vamos a regalar'. Resulta que a los fisioterapeutas no le pagaban, que a los entrenadores no le pagaban, que al asistente no le pagaban y yo decía, 'Pero ¿por qué no le pagan si se le dio una plata de apoyo económico...?' Finalmente, la plata que se le daba a Tigrillos no estaba llegando a Tigrillos y a sus funciones, sino que le estaba llegando a los bolsillos de Jhony".
Alertas ignoradas y ambiente de temor
Antes de dimitir, la exfuncionaria puso al tanto de las anomalías al exalcalde Daniel Quintero y al exsecretario de Gobierno Esteban Restrepo. Pese a la gravedad de los hechos, la instrucción consistió en eliminar la evidencia pública que los vinculaba. "Esteban le llamó la atención a Johnny y le dijo, o pues que cómo se le ocurría y que por qué me estaba pidiendo pues también pasarle tanta plata y todo el rollo y que además él aparecía en todas las redes que borrara todo eso. (...) Apenas Esteban le dijo eso, Johnny borró absolutamente todo lo que tenía que ver con él y con Tigrillos".
Finalmente, la testigo fundamentó ante los investigadores el ambiente de coerción que impidió denunciar tempranamente estas irregularidades: "Todos le tienen miedo a Johnny. Todos. Todo el mundo le tiene miedo a Johnny. Que Johnny siempre ha dicho, pues, por ejemplo, los comentarios que él hacía era que él le gustaba embolsar a los enemigos, que así era como él se quitaba los enemigos de encima. Y la gente que lo conoce, como dicen por ahí del bajo mundo, que lo distingue, dicen que que él tiene muertos encima y que Johnny es una persona mala".
Supuestos nexos entre Johny Jaramillo y el régimen de Nicolás Maduro
La comercializadora de oro del excandidato al congreso Jhony Jaramillo, con sede en Medellín, exportaba, según los registros oficiales, a una empresa italiana investigada por presuntas transacciones de oro fraudulentas y por negocios con lingotes de oro del régimen de Nicolás Maduro, quien hoy está detenido en Estados Unidos.
El caso de Johny Jaramillo refleja un inusual e inmediato ascenso económico. En el año 2014, Jaramillo solicitaba empleo mediante una carta dirigida a la Gobernación de Antioquia, en la cual expresaba su precaria situación: "Actualmente, paso por una situación económica muy difícil y no he podido sacar adelante mis negocios y además me he quedado sin fuentes de ingresos". No obstante, en 2015 invirtió 300 millones de pesos para constituir la sociedad Golden Platino Colombia SAS (Goldpac) en Medellín.
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Los registros financieros mostraron un disparo exponencial en sus ventas de oro. En 2016 comercializó 1.573 millones de pesos, suma que escaló a 9.370 millones en 2017. Posteriormente, tras modificar su razón social a Ancesters Stone, la firma reportó ventas acumuladas por 230.000 millones de pesos entre 2019 y 2022.
El nexo entre Medellín, Italia y el régimen venezolano
El comprador exclusivo en el exterior durante la época dorada de la compañía fue la firma italiana Esposito Preziosi SRL, con sede en Roma. Según investigaciones de la prensa italiana, los representantes de esta empresa enfrentan juicios por integrar una red de sociedades fantasma dedicada a facturar transacciones ficticias de oro, evadir impuestos, lavar activos y simular una quiebra fraudulenta.
Reportajes periodísticos de Armando Info e Infobae revelaron que en 2019 Esposito Preziosi SRL participó en una millonaria transacción con lingotes de oro procedentes del régimen de Nicolás Maduro. La firma adquirió el metal precioso con el cual la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) pagó 460 millones de dólares a la proveedora de alimentos Casilo Commodities Italia SPA, operación que contó con la mediación del exfutbolista Diego Armando Maradona como lobista. Esposito Preziosi se declaró en quiebra tras traspasar sus activos a otra sociedad sin cancelar el importe de los lingotes venezolanos.
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Pese a estos antecedentes internacionales, la comercializadora de Johny Jaramillo realizó 40 operaciones de exportación de oro desde Colombia hacia Esposito Preziosi entre 2019 y 2022. El flujo comercial cayó a cero en 2022, cuando las autoridades italianas arrestaron a ocho implicados e incautaron bienes por 133 millones de euros.
El oro como motor del lavado y coimas políticas
Sobre la convergencia entre minería, criminalidad y poder público, el analista Daniel Rico, director de la firma C-Análisis, explicó que “el oro cumple dos funciones fundamentales para el crimen organizado. Primero, permite manejar grandes volúmenes en las transacciones. O sea, una operación de oro pueden ser varios millones de dólares, a lo que si lo hacen con casinos o con chance o con otros sectores tradicionales, no logran esos volúmenes. Segundo, el oro tiene una gran aceptación en el sector financiero, las exportaciones de oro quedan fácilmente legalizadas. Entonces, un traficante que necesita legalizar o un político corrupto que necesita legalizar los activos, a través del oro puede lograr una transparencia en el maneja de esos recursos y acceder al sistema financiero muy rápidamente".
Rico advirtió además sobre la alta vulnerabilidad institucional en la regulación internacional del metal:"Crear una comercializadora de oro es sencillo, hacer exportaciones de oro es muy sencillo... Y es una compuerta abierta para el movimiento de este dinero activo criminal, que sirve no solamente para multiplicar las ganancias de la corrupción sino como mecanismo de lavado muy rapido".
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"Tanto para los contratistas corruptos del Estado como para los operadores de corrupción, líderes políticos, personas que son electas, y que reciben coimas, el oro se vuelve moneda de cambio ya sea en oro físico o en exportaciones ficticias de oro que pueden cobrar en otros países".
Influencia en la contratación pública de Medellín
El entramado de Jaramillo también salpicó la gestión del exalcalde Daniel Quintero en Medellín. En entrevista, Diana Toro, exdirectora del Instituto de Recreación y Deporte de Medellín (INDER), testificó cómo Jaramillo ejercía influencia sobre la contratación pública desde la misma oficina desde donde gestionaba su negocio de oro:
"Aquí era como donde trabajaba todos los temas de de su empresa como el oro... todo el mundo que quisiera hacer algo en el INDER se presentaba en Offix. O sea, allá fue muchísima gente. Los que siempre se reunían con los operadores como a hacer los negocios, primero pues se tenían que reunir con Johnny por lo general en Office que yo tuviera conocimiento".
Toro señaló que las presiones para otorgar financiación pública a proyectos deportivos vinculados a Jaramillo (como el club Tigrillos) derivaron finalmente en su renuncia: "Finalmente ese fue como la gota que revocó la copa porque de ahí yo ya por no querer firmar un apoyo económico para Tigrillos fue que yo ya finalmente le entregué el cargo al alcalde".
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Hoy, el nombre de Johny Jaramillo figura en los expedientes judiciales de la Fiscalía General de la Nación.