En los documentos secretos de la DNI hay una relación de hackers al servicio de la agencia de inteligencia de la Presidencia. Entre ellos, sobresale este nombre: Carlos Oyola, un ingeniero de sistemas que ingresó a la entidad en febrero de 2024. De hecho, parte de su papel dentro de la agencia quedó descrito en los informes internos de la entidad. "Hackeó entidades del Estado para que contrainteligencia tuviese acceso a las bases de datos, las cuales alojó en una nube y perdió esa información. El exdirector de contrainteligencia lo puso a disposición del exdirector general Jorge Lemus, quien lo reubicó en el grupo de tecnología", señala el documento.
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Estando en ese grupo, según los documentos de la propia DNI, habría asumido una misión clave durante las pasadas elecciones: "Lidera la red que realizaría el trabajo para cambiar resultados de la votación del 21 de junto con otros integrantes ejecutarían los ataques contra la Registraduría".
Para el momento en que Oyola supuestamente estaba ejecutando esta misión, tenía una orden de captura emitida por un juez el 7 de mayo de 2026, tres semanas antes de la primera vuelta presidencial. Es decir, mientras era buscado por la justicia contaba con la protección de la agencia de inteligencia de la Presidencia, lo cual le habría permitido esquivar la persecución de las autoridades. Incluso, horas antes de la primera vuelta presidencial, no es claro quién le avisó de un allanamiento de la Fiscalía al apartamento fachada de la DNI en donde se encontraba y escapó antes de que entrara el CTI. En el lugar dejó abandonados computadores, celulares y otros dispositivos.
¿Quién es Carlos Oyola y cómo llegó a la DNI?
Carlos Oyola, nacido en Neiva, se vinculó en septiembre del 2018 como asistente de la unidad de trabajo legislativo del exsenador y exrepresentante liberal Rodrigo Villalba Mosquera, actual gobernador del Huila. En los registros judiciales le aparecen a Oyola denuncias por violencia intrafamiliar y una en el 2022 por un presunto intento de fraude informático junto a su hermano gemelo Cristian Oyola, investigación que nunca prosperó en la Fiscalía de Neiva.
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Pero los verdaderos líos judiciales de Oyola comenzaron en junio de 2023, cuando una profesora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia descubrió que había falsificado las notas para graduarse de la especialización de gestión pública y para aprobar una maestría de Gobierno y Políticas Públicas. Así lo señala el acta del consejo académico: "Encontramos que este estudiante tiene algunas inconsistencias en su historial académico, no solo en la maestría; sino también en el programa cursado de especialización en gestión pública".
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Esta situación terminó en un proceso en la Fiscalía por acceso abusivo informático; es decir, por hackear los sistemas de la universidad, falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir. Uno de los títulos cuestionados de Oyola aparece entre los soportes que entregó para la firma de un contrato supervisado por el entonces contralor delegado para la defensa Luis Eduardo Parra, con vigencia de dos meses y firmado en octubre de 2022. Lo llamativo es que acreditó una supuesta especialización en Gestión Pública de la que se graduó el 25 de noviembre de 2022, un mes después de la firma del contrato.
El año siguiente, en enero de 2023, Carlos Oyola consiguió un contrato con el Fondo Colombia en paz, que depende del Dapre. De ahí saltó a la DNI en febrero del 2024. Entre sus actividades en la agencia de inteligencia, según los documentos, se incluía "coordinar activistas digitales, bodegueros y hackers". En el informe también hay una llamativa anotación: "Sostuvo reuniones con la fiscal Luz Adriana Camargo".
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En un informe de septiembre pasado enviado a la Presidencia de la República desde la DNI, Oyola aparece asociado con un proyecto para desarrollar el Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (Siic versión 2), la plataforma a través de la cual deberían haber quedado registradas todas las misiones de trabajo de la entidad. El preocupante hallazgo, según advierte el informe, afirma que: "No entregó nada y presuntamente fue víctima del hurto del equipo de cómputo en el que estaba desarrollando el sistema". De un hecho tan grave como este, no existe denuncia en la Fiscalía.
Que un hacker estuviera vinculado a la agencia de inteligencia de la Presidencia mientras tenía una orden de captura vigente y que, además, se le pierda la base de datos más importante de la entidad son hechos que revelan que ese organismo fue usado para transgredir la ley.
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Así lo afirma Juan Carlos Restrepo, exinspector de la DNI: “Permitir el ingreso de una persona que no solo no cumpla los requisitos, sino que además sea una persona perseguida por la justicia y que la misma inteligencia dirección de inteligencia no haga nada, ni siquiera por denunciarlo, es una falta adicional. Es decir, ahí hay partiendo por el final una omisión de denuncia”. Restrepo agregó que "en vez de preocuparse en la seguridad nacional, podían estar interesados en hackear, interferir de alguna manera en el proceso electoral".
Lo cierto es que el hacker de la DNI eludió a la Fiscalía durante los últimos seis meses, incluyendo el periodo electoral que pretendía afectar. El viernes 6 de noviembre fue capturado por el hackeo a la UNAD, el menor de los problemas que tiene este hombre que guarda algunos de los secretos de lo que ocurrió en la agencia de inteligencia de la Presidencia. Y lo más absurdo de toda esta historia es que hasta su detención Oyola seguía siendo un funcionario activo de la DNI.
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De esta historia solo quedan interrogantes: ¿qué ha hecho la Fiscalía con los dispositivos incautados al hacker en mayo en donde posiblemente estaba la información del intento de hackeo a la registraduría?, ¿cómo esquivó durante los últimos seis meses una orden de captura?, ¿por qué los directores de la DNI han mantenido vinculado a la entidad a un hombre con requerimientos judiciales?, ¿la Fiscal general conocía al hacker?
Para dar respuesta a muchos de estos interrogantes, Noticias Caracol consultó a varios expresidentes para preguntarles sobre el informe de la DNI en donde se afirma que existió un a plan de esa agencia de inteligencia para instalar micrófonos y GPS en sus esquemas de seguridad. Sin embargo, ninguno quiso referirse al tema públicamente. Este medio también buscó a los dos últimos directores de la DNI del gobierno Petro: Rafael Guarín y Jorge Lemus, pero no se obtuvo respuesta. A través de su oficina de prensa, también se contactó a la fiscal Luz Adriana Camargo, pero tampoco hubo respuesta.
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