Las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta de denuncia para casos de maltrato animal en Colombia y el mundo. Videos sin censura han dejado en evidencia a maltratadores de animales que, en el peor de los casos, son dueños o trabajadores de guarderías o fundaciones caninas que deberían velar por el bienestar de estos animales.Según la ley colombiana, el maltrato animal está tipificado como un delito y puede dar penas de prisión de 12 a 36 meses a quien cause la muerte o lesiones a animales. Séptimo Día conoció las denuncias de varias personas contra lugares que supuestamente velan por el bienestar de mascotas y animales rescatados, pero cuyas condiciones supondrían realmente maltrato para estos.Denuncian maltrato en fundación de animalesA través de videos, animalistas y voluntarios han denunciado a la fundación Rufo Salvando Vidas, la cual tiene sede en Suba, en el norte de Bogotá, y asegura ser un espacio en el que se rescatan perros y se promueve el apadrinamiento y adopción de estos, por el aparente mal estado en el que viven los animales dentro de su predio. Uno de los videos más llamativo en las plataformas digitales muestra el momento en el que, aparentemente, un perro se está "comiendo" a otro que murió en el lugar.El video en cuestión fue publicado por Julio Triviño, un hombre que aseguró haber evidenciado el mal estado en el que viven los perros que están en la fundación. "El video se realizó porque acompañé a mi hijo a unas de las canchas de fútbol que está ubicada cerca a esta fundación y lo graba un papá que estuvo ahí en un partido. Cuando lo publiqué la señora trata de explicarme por qué el perro se comió al otro perro. Dice que colgaron un perro porque se había muerto una noche antes y el otro lo alcanzó. Entonces sí hay un problema administrativo", explicó.La señora a la que se refiere Triviño es Andrea Clavijo, quien es la representante de la fundación y, según datos de los denunciantes y de las redes sociales del lugar, tiene en su poder a más de 100 caninos, entre ellos algunos con discapacidades. La mujer, ante las cámaras de Séptimo Día, negó las acusaciones que surgieron por el video de Triviño y las que surgieron hace un año cuando varios voluntarios acudieron al lugar en medio de una inundación que sufrieron en sus instalaciones, ubicadas cerca de un complejo deportivo.Las otras denuncias las realizaron Camilo Jaramillo, Paola Andrea Pinzón y Sandra Silvera Ortíz, quienes acudieron como voluntarios y aseguraron encontrarse con un panorama desolador. Los voluntarios aseguraron que al llegar notaron que muchos de los caninos estaban "desnutridos y deshidratados" y otros que al parecer pasaban "encadenados las 24 horas del día". Sandra Silvera detalló que "como era un terreno fangoso, llevamos materiales para meter tubería y estibas para que los animales no estuvieran en el barro, pero lo que nos encontramos fue animales tomando agua de sus heces, animales cuyas uñas estaban destruidas por los hongos. Vimos que no había alimento, pese a que la semana anterior habíamos llevado dos toneladas".También señalaron que vieron a Andrea Clavijo golpear a uno de los caninos mientras estaba allí. "Esas son mentiras, ellos hicieron un video y se dan cuenta que los perros se iban a agarrar, yo me agaché y le di [una palmada] en la boca a la perra, no le hice más", señaló la representante de la fundación y agregó que en el lugar tampoco hay espacio para almacenar tanta comida, por lo que en esa ocasión decidieron llevarla hasta la casa de otro voluntario.Por su parte, la voluntaria Paola Andrea Pinzón señaló que ese día se conmovió particularmente por el estado de desnutrición en el que encontró a Valeria, una perra criolla a la que decidió adoptar y Sandra Silvera agregó que otros perros en mal estado fueron trasladados a otros hogares y recibieron atención veterinaria. Pero Clavijo negó que los voluntarios hayan sacado animales en mal estado de su fundación. "Lo que se llevaron fue perros de raza porque los vieron bonitos, gordos y en buen estado", aseguró.¿Qué hacen las autoridades con estos casos?En Bogotá, la autoridad para estos casos es el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Séptimo Día llevó ante el director Antonio Hernández las denuncias contra la fundación Rufo Salvando Vidas para establecer si tenían conocimiento sobre esta situación. Hernández indicó que las quejas que han recibido al respecto "tienen que ver con el espacio no es el más adecuado, son muchos animales y muchos presentan un estado de salud que no es el mejor".El director del IDPYBA detalló que tras las denuncias fueron a la fundación para verificar la situación y, en ese momento, "encontramos seis animales que ella entregó porque se dio cuenta que no tenía las condiciones ni las capacidades para brindarles protección. [Esto] puede representarse como maltrato". A pesar de esto, la fundación sigue operando y manteniendo a decenas de perros en su poder en condiciones que no son las más apropiadas para garantizar su bienestar.Andrea Padilla, senadora reconocida por su activismo animal explicó que "maltrato animal es toda conducta que vulnere el bienestar de un ser sintiente, no solamente es el golpe, es el maltrato por acción, también por negligencia, el hacinamiento también es maltrato". Agregó que, en este tipo de situaciones, lo que se debe hacer es "intervenir con una oferta social y apoyar a esta persona. La Alcaldía debería hacerse responsable".Sin embargo, Antonio Hernández explicó que el motivo por el que como autoridades no le han quitado los animales a la fundación Rufo Salvando Vidas es "porque nosotros consideramos que de nada sirve quitar animales cuando están en un lugar en el cual tienen resguardo, alimentación y cuidado. Lo que hay que buscar es mejorar las condiciones de este tipo de lugares. Si una persona de estas maltrata, no genera condiciones seguras para el animal, tenemos que intervenir".Los voluntarios y animalistas siguen esperando que sus denuncian tengan un efecto definitivo para garantizar la mejora de condiciones de los animales que permanecen en la fundación Rufo Salvando Vidas, mientras esta sigue operando y recibiendo donaciones.
El propósito de vida de Jaqueline Rivera, diseñadora y madre de dos hijos, cambió en febrero de 2018, cuando Camilo Rodríguez acabó con la vida de su hija Tamara Rivera, de tan solo 18 años, y escapó de las autoridades. Jaqueline le prometió a su hija, el mismo día que se llevó a cabo su funeral, que no descansaría hasta encontrar a su feminicida y llevarlo a responder por su crimen, además le aseguro que lo haría en menos de un año.La tarea no era sencilla, al hombre parecía que se lo había tragado la tierra. Pero aunque ella desconocía su paradero, no se rindió y pasó meses siguiéndole el rastro con publicaciones en redes sociales, hablando con personas que lo habían visto y recopilando información sobre su nuevo estilo de vida. Y lo logró, en enero de 2019, gracias a toda la labor de inteligencia que ella realizó sin conocimiento alguno, pero con el poder del amor maternal, llevó a las autoridades a detenerlo en otro país.Jaqueline Rivera no confiaba en el novio de su hija"Ella era muy alegre, súper espontánea, de esas personas que todo lo resuelve, decía 'yo puedo, yo lo hago'. Esa niña llena de energía soñaba con aprender muchos idiomas y viajar por el mundo". Así recuerda Jaqueline a su hija Tamara o 'Tammy', una joven a la que se le acabaron los sueños con sus 18 años recién cumplidos, luego de que el hombre con el que había sostenido una tormentosa relación la asesinara en su casa en Cali.El responsable fue Camilo Rodríguez, un hombre seis años mayor que Tamara que se dedicaba a manejar Uber en la ciudad y se había ganado la confianza de la joven hasta el punto de empezar una relación amorosa. Cuando Tamara se lo presentó a su mamá, ella le dijo que no le daba confianza, algo extraño porque Jaqueline asegura que "a mí no me cae mal nadie". Sin embargo, sus dudas no hicieron mayor peso y el noviazgo continuó, pero a los cuatro meses notó que algo estaba mal con su hija. Jaqueline Rivera confirmó sus sospechas, Camilo maltrataba a Tamara, y por eso la llevó a interponer una denuncia. A pesar del proceso legal iniciado, Tamara decidió volver con él y con el tiempo también regresaron los golpes, en total lo demandaron por agresión y violencia de género tres veces. Camilo no solo maltrataba y manipulaba a Tamara, quien sentía que no podía salir de esa relación, sino que también llamaba a Jaqueline para amenazarla por haberlo denunciado.Así ocurrió hasta que, finalmente, Tammy decidió dar por terminada definitivamente su relación con Camilo. Ante el temor de que el hombre regresara a la vida de su hija, Jaqueline tomó la decisión de cambiarse de casa y, en medio de eso, recibieron una noticia que les dio alivio. Camilo llamó a su hija para despedirse. "Le dice: 'Me voy para Bogotá, lo siento, la embarré contigo y no puedo estar acá', y se fue en enero"; pero todo era una farsa.Unas semanas después, el 22 de febrero de 2018, cuando se suponía que Camilo Rodríguez ya no estaba viviendo en Cali, Tamara le avisó a su mamá que saldría a la calle a hacer una diligencia, pero nunca más regreso. "Yo sentí que se me oprimía el pecho, había algo que me decía que algo pasó", recordó Jaqueline Rivera ese día, cuando salió corriendo en busca de su hija presintiendo que lo peor había pasado."Cuando llegué metí la llave y esa reja se abrió, miré al piso y encontré la pulsera de ella. Corrí al patio, miré por la ventana y la vi en el suelo. La toqué y estaba fría, eso es duro porque usted queda como en una burbuja, yo salí corriendo a un CAI cerca y les grité: 'mi hija está muerta, Camilo la mató'", detalló.Así fue la cacería del feminicida de su hijaLa muerte de Tamara Rivera en Cali empezó a ser investigada por las autoridades en Cali, con Camilo Rodríguez como principal sospechoso ante los señalamientos de la madre de la víctima. Sin embargo, se desconocía el paradero del sujeto que semanas atrás les había dicho que se mudaría a Bogotá. Días más tarde se llevó a cabo el funeral de la joven y su mamá decidió convertirse en una especie de investigadora judicial, para honrar la vida de su hija. "Le hice una promesa y le dije que se la iba a cumplir. Que yo iba a encontrar a Camilo y que lo iba a encontrar antes de un año, costara lo que me costara. Y se volvió mi obsesión. Aprendí a saber cómo escribía, a saber cómo se expresaba. Empecé a analizarlo cuadro a cuadro".En medio de su dolor, y mientras pensaba cómo iniciar su búsqueda, Camilo Rodríguez tuvo la sangre fría de llamarla y hacerle parecer que él no estaba enterado de la muerte de Tamara. Por recomendación de los investigadores, Jaqueline tuvo que hacer de tripas corazón y hablar con él como si nada hubiera pasado. "Me dice: 'Hace rato no hablo con Tammy ¿ella dónde estará? Tammy no me contesta y me parece muy raro, y yo estoy preocupado porque ella ha estado saliendo con un tipo que es medio raro y a mí me da miedo que le haga algo'".Indignada y destrozada, la madre de Tamara decidió acudir a las redes sociales para pedir ayuda para dar con el paradero de Camilo. Como pudo consiguió fotos recientes de él y de cada uno de sus tatuajes, sus datos personales y detalló en una publicación que ese hombre era el asesino de su hija. Como sucede con este tipo de denuncias en plataformas digitales, rápidamente se hizo viral y algunas personas le aseguraron haberlo visto en Bogotá. El mismo Camilo volvió a comunicarse con ella ante la viralidad de la publicación. "Yo publiqué su foto, sus datos, le explicaba a la gente que ese sujeto asesinó a mi hija. Me llamó y me dijo: 'me voy a entregar a la Fiscalía de Bogotá, yo cometí un error y pienso pagarlo'. Luego empieza a insultarme". Pero Camilo nunca se entregó y desapareció del panorama otra vez; sin embargo, la voluntad, terquedad y el amor de Jaqueline por su hija era más perseverante.Jaqueline no paraba de publicar la información de Camilo y enviársela a personas en Bogotá, último lugar en el que lo habían visto. Por varios meses su búsqueda no daba resultados, pero nunca desfalleció. "En la noche hacía redes sociales, en el día trabajaba. No bajé la guardia en ningún momento" y para ese entonces sufrió un accidente en su moto, lo que la incapacitó un tiempo en su casa con "todo el tiempo del mundo" para continuar con su cacería."Un día de la nada llegó el mensaje que estaba esperando. Alguien me escribe que él salió hacia Ecuador con unos migrantes venezolanos". Al darse cuenta que Camilo ya había salido del país, Jaqueline no se detuvo, trasladó su búsqueda y empezó a enviar la información a personas en ese país, específicamente en las ciudades más cercanas a la frontera. Tras algunas semanas de silencio, finalmente recibió un nuevo mensaje de una persona que le aseguró haberlo visto en un parque en Lago Agrio, en la frontera ecuatoriana, pero no sabía si Camilo seguía allí o había cruzado la frontera hacia Perú.En medio de su labor de persecución a través de las redes sociales, en varias ocasiones la publicación de Jaqueline llamó tanto la atención que el mismo Camilo se comunicaba con ella a través de perfiles falsos. "Varias veces me encontré con que hizo perfiles con otros nombres y me escribía para sacarme información de cómo iba el proceso. Yo aprendí a ver él cómo se expresa, cómo habla, cómo escribe y yo lo identificaba. Yo le decía: 'Camilo, ya no le dé más vueltas a esto, o usted se entrega o yo lo encuentro'".Fue por eso que cuando recibió en su buzón de mensajes una foto en primer plano de Camilo Rodríguez, preguntándole si ese era el hombre que ella buscaba, sospechó de inmediato. Por fortuna, en esta ocasión quien estaba del otro lado del chat era un policía peruano que le confirmó sus sospechas, Camilo solo había estado de paso en Lago Agrio, Ecuador, y ahora estaba en Chiclayo, Perú. Para que ella confiara en él, le explicó cómo había conseguido esa foto del colombiano. "Me dijo: 'Yo soy policía aquí en Perú, mi tía tiene un restaurante y él viene a desayunar acá'. Entonces lo que él dejó su celular en la vitrina y cuando Camilo se sentó a pedir, él le tomó la foto".Jaqueline, que se había convertido en la sombra de Camilo, ahora tenía unos ojos en el Perú que estaban atentos a los movimientos de Rodríguez. De esta manera se enteró que Camilo se había establecido en el Perú con otra identidad, la de Johan Sebastián Mena Gutiérrez, y que, además, ya tenía una nueva pareja, mujer a la que también estaba maltratando y cuya familia ya lo había denunciado. "Logré averiguar dónde vivía, dónde trabajaba, a qué hora entraba a trabajar, dónde desayunaba, dónde almorzaba, dónde cenaba, me convertí en su sombra".Entonces la mujer se comunicó con la estación de Policía en Chiclayo y le envió al capitán Saavedra toda la información que tenía de Camilo, pero se encontró con un problema cuando el oficial le preguntó si el sujeto tenía circular roja de Interpol. Esto significó un nuevo retraso para su plan, pues a Camilo solo lo estaban buscando en Colombia. Jaqueline no había llegado tan lejos para nada, por lo que gracias a un investigador privado, consiguió que en diciembre de ese año se emitiera la circular roja contra Camilo, tuvo que esperar 45 días.Así las cosas, el 18 de enero recibió la mejor noticia: el operativo se había llevado a cabo y Camilo Rodríguez había sido capturado en Chiclayo. En ese momento lo detuvieron por falsedad en documento público y le informaron que la justicia colombiana lo exigía para que pagara por el feminicidio de Tamara Rivera. Jaqueline le había cumplido a su hija la promesa que le había hecho en su tumba, pero todavía no podía cantar victoria, pues faltaba el proceso de extradición.Debido a la burocracia entre ambos países, tardaron 10 meses en enviar a Camilo Rodríguez de Perú a Colombia. Pero una vez estuvo en territorio nacional, la justicia colombiana lo condenó a 375 meses en prisión, 35 años que actualmente apaga en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.Aunque el dolor por la pérdida de su hija sigue intacto y nada podría ayudarla a recuperarla, hoy en día Jaqueline Rivera vive tranquila por haberle cumplido a su hija de 18 años la promesa que le hizo el día de su funeral y haber conseguido justicia para que ella no se convirtiera en una cifra más de impunidad.
Colombia se enfrenta hoy a una preocupante realidad frente a la seguridad de la comunidad trans y de las personas con identidades de género diversas, donde la violencia y la intolerancia continúan cobrando vidas. El crimen de Sara Millerey González es un recordatorio de la desprotección que vive la comunidad LGBTIQ+ en el territorio nacional. Diego Guauque de Séptimo Día investigó.El caso de Sara Millerey en AntioquiaEn su infancia, se caracterizó por ser alegre, cariñosa y muy cercana a las actividades religiosas de su comunidad. Su tío, Juan Camilo González, recuerda con afecto que en su niñez ella era una persona servicial: "era alegre, le gustaba mucho las cosas de Dios".Desde temprana edad, Sara comenzó a manifestar y afirmar su identidad de género femenina, expresando abiertamente quién era y su deseo de ser llamada como Sara Millerey, de acuerdo con el relato de su tío.A diferencia de muchos otros casos de la población trans en el país, quienes frecuentemente sufren el rechazo y abandono de sus familias, Sara Millerey contó con un apoyo incondicional en su hogar. Su tío destaca que en su familia nunca existió discriminación.El ataque en Bello que indignó al paísUn viernes a las tres de la tarde, una vecina se comunicó con Juan Camilo González para alertarlo sobre el ataque que había sufrido su sobrina. La investigación judicial posterior reveló la gravedad y la premeditación con la que se ejecutó la agresión. Saúl León, abogado penalista de la familia de la víctima, explicó cómo se desarrollaron los hechos dentro del inmueble al que fue conducida por la fuerza.Según el abogado Saúl León, "básicamente quienes asesinaron a Sara Millerey son sicarios en el municipio de Bello, Antioquia". El jurista también señaló que "hay evidencia en el expediente que acredita que cuando los agresores toman a Sara le gritan improperios, vulgaridades. todo derivado de su identidad de género. Y todo esto ocurre mientras la golpean y mientras le quitan la vida prácticamente".Esta agresión estuvo relacionado por prejuicios sobre la diversidad. León señaló que los atacantes ejercían un dominio armado en el barrio y que, "derivado de ello, eh en este control territorial ilegal que hacían estos sujetos en ese municipio, pues consideraban que esto era inapropiado socialmente".Después de golpearla y causarle múltiples fracturas, los cinco agresores trasladaron a Sara Millerey hasta la quebrada La García y la arrojaron a la corriente. Según la denuncia de la defensa, el horror continuó después de que la víctima cayó al agua, ya que los atacantes permanecieron armados en el sitio para impedir que fuera socorrida.Varios vecinos del sector se alarmaron ante la escena. Al ver a Sara atrapada en la corriente, dos habitantes de la zona decidieron intervenir. Los vecinos formaron un lazo humano dentro del agua para sostener a la víctima, impidiendo que el cauce la arrastrara.Poco después, unidades del cuerpo de bomberos lograron ingresar al área a través de una vivienda.Investigación y el reclamo por los implicados prófugosAunque fue rescatada con vida de la quebrada La García, Sara Millerey González Borja falleció el 6 de abril de 2025 en un hospital de Medellín debido a la gravedad de las lesiones internas y las fracturas. Su violento asesinato desató indignación y una rápida movilización de las autoridades competentes.El proceso judicial ha avanzado de forma parcial en la identificación y captura de los autores materiales del crimen. La defensa de la familia confirmó que el expediente penal señala a un total de cinco sospechosos de participar en el homicidio. El abogado Saúl León habló del el estado actual de las detenciones: "Son dos sujetos oriundos de Medellín y de Bello, Antioquia. Están privados de la libertad en la cárcel El Pedregal de Medellín".No obstante, los otros tres implicados en el asesinato de Sara Millerey continúan en libertad. Al ser consultado sobre las razones por las cuales no se ha completado la totalidad de las órdenes de captura, el abogado León indicó que "no ha sido posible su ubicación" por parte de los investigadores judiciales.
El terremoto del pasado 10 de agosto, con epicentro en el departamento del Chocó, sacudió a la ciudad de Cali con gran violencia debido a las condiciones de su suelo blando, compuesto por sedimentos de río. El movimiento telúrico destruyó por completo 24 edificaciones de la ciudad y dejó agrietadas a más de un centenar. Los Informantes visitó la zona.Entre todos estos puntos críticos, la estructura que registró el mayor saldo de víctimas mortales fue el edificio residencial Torres del Limonar, ubicado en el sur de la capital vallecaucana. En las labores de remoción de escombros de esta estructura trabajaron de manera conjunta el cuerpo de bomberos, la Armada Nacional, la Policía y un equipo de expertos rescatistas internacionales. Durante las primeras horas, las familias de los desaparecidos mantuvieron la esperanza de hallar personas con vida. Sin embargo, los equipos de rescate se enfrentaron a un obstáculo médico y físico severo conocido como el síndrome de aplastamiento. Diversas víctimas atrapadas lograban entablar conversaciones bajo la estructura colapsada, pero al levantarse las losas de concreto que las presionaban, las toxinas acumuladas en sus músculos ingresaban repentinamente al torrente sanguíneo, provocando infartos fulminantes de inmediato. Según el registro de la emergencia, la gravedad de esta situación llevó a que algunos familiares manifestaran su deseo de que no se removieran las pesadas piedras para poder continuar conversando con sus seres queridos.La mujer que rescata fotos y recuerdos en las ruinasEn medio de esta tragedia, Johana Sánchez, una caleña de 41 años, madre y contratista sin ningún tipo de entrenamiento en labores de socorro, decidió acudir de manera voluntaria a la zona del desastre.A pesar de no vivir en el edificio colapsado ni conocer a ninguna de las víctimas, Johana evadió la prohibición de su familia para ingresar a la zona de impacto. Su llegada se produjo un martes, camuflada en un vehículo de carga pesada justo cuando se agotaban las 72 horas críticas de búsqueda de sobrevivientes determinadas por los protocolos internacionales.Al ingresar a la zona restringida, Johana relata cómo inició su labor voluntaria de apoyo: "Había un militar ahí y yo le dije, 'Buenas.' Y me entré y ahí mismo le dije a una persona, 'Me presta un casco y me puse a a coger piedras y a mirar por los huequitos si encontraba alguien. Yo vine a salvar vidas, o sea, a tratar de sacar la ayudar a sacar la gente, pero no no se pudo".Aunque la misión inicial de rescatar personas con vida no resultó, la atención de Johana se desvió hacia una dimensión diferente de la catástrofe al observar pequeños objetos cubiertos de polvo y escombros. El momento clave que redefinió su labor ocurrió tras observar un peluche entre las piedras. Al ver que otra persona intentaba desecharlo considerándolo inservible, Johana intervino diciendo: "No, señora, eso no es basura. Lo que para usted es basura, para otra persona es lo más importante que le queda, un recuerdo".A partir de ese instante, Johana Sánchez inició un proceso minucioso de clasificación de pertenencias personales que abarcaba zapatos, llaves, diplomas, relojes, carteras y cartas familiares. Ante la gran acumulación de objetos rescatados, diseñó un método de organización basado en los perfiles ocupacionales y profesionales de las víctimas. Al entrevistarse con los familiares que acudían al lugar, Johana indagaba por las profesiones de los fallecidos para ubicar sus pertenencias en sectores específicos.De acuerdo con Johana, la efectividad de su método sorprendió a los sobrevivientes: "Yo se quedan aterrados porque dice, '¿Usted cómo sabía que esto era de mi mamá?' Y yo le dije, 'Porque su mamá, por ejemplo, su mamá, ¿qué era?' Ah, la señora trabaja en estética. Entonces empezaba".De igual manera, logró agrupar todas las herramientas de ferretería correspondientes a un propietario de la Torre A identificado como don Miguel. Entre esos papeles, descubrió una carta redactada en el año 2011, la cual contenía un mensaje íntimo de afecto dirigido a su esposa e hijos que estuvo guardado durante quince años. El documento fue entregado a su hijo precisamente el día del cumpleaños de don Miguel.La maleta de fotos de la familia PatiñoUno de los procesos de identificación más emotivos del desastre fue el del periodista y presentador José Fernando Patiño, quien viajó desde Bogotá tras enterarse del colapso del apartamento de su padre de 78 años, Darío Patiño Rivera, situado en el apartamento 304. El rescate del cuerpo se concretó el martes en la noche tras una ardua labor de los rescatistas. José Fernando identificó a su padre ingresando a un estrecho espacio con la ayuda de un socorrista. El reconocimiento físico se efectuó por partes: la parte trasera de su pierna, su talón, una calva en la coronilla y un lunar en la axila.Tras el funeral, José Fernando regresó a las ruinas del edificio con el propósito específico de recuperar la memoria familiar. En ese momento, relata que recurrió a la ayuda espiritual de su padre: "le dije, 'Pa, entre tantas cosas ayúdame a buscar nuestros recuerdos.' Tú puedes creer que lo primero que encontramos fue una maleta donde dijeron, 'Ahí hay fotos'". Al recibir el equipaje que había sido clasificado por Johana y los voluntarios, José Fernando Patiño estuvo muy agradecido: "Esto es todo. Esto es todo lo que necesito". La recuperación de ese archivo fotográfico devolvió a la memoria de la familia.La clasificación de Johana Sánchez demostró que los objetos de valor estrictamente material perdían toda relevancia para los dolientes frente a la carga sentimental de las imágenes. Tal fue el caso de la hija de una pareja que falleció abrazada bajo las placas de concreto.Al intentar Johana hacerle entrega de joyas de plata y una costosa colección de lentes de sol pertenecientes a su madre, la joven de 30 años las rechazó de inmediato para centrar su petición únicamente en las fotos.La única ocasión en la que Johana Sánchez interrumpió su labor y se quebró emocionalmente ocurrió tras acompañar a una madre que permaneció dos días y dos noches sin dormir en el campamento improvisado, esperando el rescate de sus hijos Valentina y Juan.Cuando los cuerpos sin vida de ambos jóvenes fueron localizados bajo el concreto pesado, Johana se aisló del campamento y se encerró a llorar sola.A pesar de las constantes sugerencias del equipo de profesionales en psicología del duelo que asisten la emergencia, quienes le recomiendan diariamente retirarse para proteger su salud mental ante la saturación de dolor, Johana permanece firme en el lugar.Actualmente, todas las pertenencias, fotos, diplomas, relojes y anillos recuperados por Johana Sánchez y los voluntarios civiles han sido trasladados de forma segura a una bodega oficial para que los familiares puedan identificarlos y reclamarlos.
El presidente Abelardo de la Espriella dio detalles de cómo funcionará el bloque anticorrupción que instalará su gobierno, el cual hizo parte de sus promesas de campaña. En una alocución este domingo 30 de agosto, indicó que este bloque operará directamente desde su despacho, y funcionará junto con un grupo élite conformado por la Policía judicial, la Fiscalía, Inteligencia del Ejército, Contraloría, Procuraduría, Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), DIAN y cooperación internacional."Hay corruptos enquistados en el Estado. Tenemos información clave sobre eso. Yo personalmente les voy a caer y pronto, queridos compatriotas, les voy a estar informando sobre los resultados. Vamos a iniciar una cruzada como nunca antes se ha hecho contra la corrupción. Que caiga quien caiga. Y quiero reiterar lo que dije en campaña. Voy a perseguir la corrupción venga de donde venga. He prohibido, y lo repito públicamente que cualquier persona de mi entorno familiar o mis amigos acudan al gobierno a intermediar o buscar influir en trámite alguno. No tolero la corrupción y la voy a castigar", aseguró De la Espriella. En otra parte de su discurso, dijo que junto con su equipo "seguimos encontrando corrupción, irregularidades, prácticas repugnantes que durante años se enquistaron en la mayoría de entidades del Estado. Y vamos a seguir buscando, revisando y actuando sin importar quién esté detrás. No llegamos a administrar lo que está mal ni a convivir con la corrupción. Llegamos a poner orden, recuperar los recursos de los colombianos y devolverle dignidad al servicio público. Sé que la tarea es enorme y difícil, pero también sé que vamos a salir de esto. Vamos a limpiar la casa, a reconstruir la confianza y a demostrar que Colombia puede tener un estado que trabaje para su gente y no para los intereses de unos pocos. No vamos a parar hasta lograrlo. Vamos a encontrar todos los robos". El Presidente también anunció la creación del Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión. Esta nueva fuerza operativa unificará las capacidades tácticas y estratégicas del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, trabajando en articulación directa con la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial.El Jefe de Estado detalló que se exige la integración de labores de inteligencia, investigación criminal y capacidad desplegable para identificar, ubicar, capturar y judicializar a quienes atenten contra la tranquilidad de comerciantes, empresarios, transportadores, campesinos y familias en todo el territorio nacional. “Al extorsionista lo vamos a buscar donde esté. Se acabó convertir el miedo de los colombianos en el negocio de los criminales”, puntualizó. Asimismo, se refirió al fin de la política de la 'paz total' que creó el expresidente Gustavo Petro: "He decidido poner fin a tres procesos de falsa paz, de falso diálogo mediante la expedición de nueve resoluciones que terminan los espacios adelantados con las estructuras vinculadas a alias Calarcá, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano relacionada con los denominados Comandos de Frontera y con las Autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. He tomado esta decisión porque no existe una voluntad real y verificable de paz, mucho menos de reinserción a la vida civil o de sometimiento serio a la justicia que justifique mantener esas farsas". LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
Las autoridades capturaron en un cantón militar de Bogotá al coronel Carlos Didier Pérez Amorocho, requerido por presuntos vínculos con organizaciones criminales y crímenes relacionados con narcotráfico y terrorismo. El Ejército informó en un comunicado sobre "la captura de un Oficial Superior activo del Ejército Nacional", aunque no reveló su identidad. Una fuente castrense confirmó este jueves que se trata de Pérez Amorocho.Al coronel se le requiere por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, así como explosivos.De acuerdo con la información conocida, los hechos investigados estarían relacionados con los periodos 2019-2020 y 2024-2025, cuando el coronel estuvo al frente del Batallón de Operaciones Terrestres No 29 y de la Fuerza de Despliegue Rápido No 2, respectivamente.La hipótesis de los investigadores señala que durante esos periodos el oficial habría recibido sumas de dinero de organizaciones armadas ilegales como contraprestación por distintas actuaciones. El coronel quedó a disposición de las autoridades, que deberán avanzar en el proceso de judicialización y determinar su eventual responsabilidad en los hechos investigados.Renuncia el defensor de Ocaña por investigación de supuestas filtraciones al grupo ELNEl defensor del Pueblo de Ocaña, Norte de Santander, Ever Pallares Baene, renunció al cargo luego de que se conociera una investigación en su contra por presunta filtración de información a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), confirmo este jueves la Defensoría del Pueblo."La entidad tuvo conocimiento de que las autoridades investigan conductas presuntamente atribuibles al Defensor Regional de Ocaña, razón por la cual el funcionario presentó su renuncia al cargo", señaló la Defensoría en un comunicado. La entidad agregó: "La renuncia permite preservar la confianza institucional y que la acción judicial se desarrolle sin ningún tipo de interferencia. Para tal fin, brindaremos toda la colaboración que nos sea requerida por las autoridades".Según Noticias RCN, la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra el funcionario tras una denuncia de que desde la Defensoría Regional de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, supuestamente se filtró "información reservada sobre líderes sociales", que "coincide con un mensaje amenazante" atribuido al ELN que fue recibido en febrero de 2025 por un defensor de derechos humanos.La información periodística añade que la amenaza, supuestamente del Frente de Guerra Nororiental del ELN, "contenía detalles precisos de su labor humanitaria y jurídica, datos que —según el denunciante— solo conocían en tiempo real la Defensoría y el Ejército Nacional".Pallares Baene respondió que el denunciante es una persona que ha revelado supuestas amenazas del ELN y que la Defensoría siempre ha estado atenta a darle la protección necesaria. "Soy transparente y estoy en disposición de presentarme a la Fiscalía para que haga la investigación correspondiente", dijo en una conversación telefónica y añadió que su decisión de presentar su renuncia, efectiva a partir del próximo 25 de agosto, ya la había tomado para no estar inhabilitado para competir en las elecciones municipales y regionales de octubre de 2027.El funcionario se refirió además a cuestionamientos a su trabajo como defensor del pueblo por sus vínculos familiares con Amanda Pallares, nombre de pila de alias Silvana Guerrero, cabecilla del Frente de Guerra Nororiental del ELN, y dijo: "nadie tiene la culpa de tener los primos que tiene". "Dicen que esa señora tiene 30 años en la guerrilla y yo tengo 40 años de edad, es decir, que cuando se metió al ELN yo tenía solo diez años", afirmó.Al respecto, la Defensoría del Pueblo señaló que "ha actuado bajo la convicción de que los vinculas de consanguinidad con personas que han cometido crímenes y causado daños irreparables a la población civil no permiten atribuir a una persona las conductas de sus familiares".Pallares Baene defendió además su gestión como defensor regional del pueblo en la entrega de personas secuestradas por la guerrilla, que ha sido igualmente cuestionada, y señaló que todas las misiones humanitarias en las que ha participado fueron avaladas por sus superiores y siempre estuvo acompañado por otro funcionario de la Defensoría, delegados de la iglesia católica y de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.Finalmente, recordó que fue él quien proyectó en noviembre de 2024 la Alerta Temprana 026 en la que la Defensoría del Pueblo advirtió de la inminencia de una guerra por el control territorial en la región del Catatumbo entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC, que comenzó en enero de 2025 y dejó más de un centenar de muertos y más de 60.000 campesinos desplazados. "En esa alerta se pidieron medidas para frenar esa guerra pero las instituciones poco hicieron, mientras que nosotros, como Defensoría, nos encargamos de sacar a la gente de la zona de combates y buscarles refugio", manifestó.AGENCIA EFEEDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien quedó vinculado al escándalo de corrupción de la UNGRD, queda en libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia, tras la decisión adoptada en una acción de tutela presentada por el exfuncionario ante la Sala de Casación Penal de la corporación. De todas formas, seguirá vinculado el caso. Velasco quedó vinculado a este polémico caso ya que es señalado de presuntamente gestionar y modificar contratos a favor de congresistas para asegurar respaldos desde las cámaras a las reformas del Gobierno nacional de turno, que se configura en los delitos de presunto concierto para delinquir e interés ilícito en celebración de contactos. A pesar del fallo, el exministro sigue ligado al proceso penal para definir su responsabilidad.Velasco estaba recluido en una guarnición militar de Cali. La última vez que el Tribunal Superior había dejado en firme la medida de aseguramiento data del 30 de abril del presente año, cuando la magistrada encargada del caso determinó que Velasco podría influir en el proceso de investigación sobre el polémico entramado que involucró recursos de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres.¿Cuál es el argumento de la Corte Suprema de Justicia para esta decisión?El fallo de la Sala está amparando el derecho fundamental al debido proceso de Velasco, basándose en que se configura un defecto sustantivo por la falta de aplicación de algunos apartes fijados en el Código de Procedimiento Penal. Y es que el alto tribunal determinó que hubo una violación cuando un juez de control de garantías impuso una medida de aseguramiento e invadió facultades exclusivas de la Fiscalía, que como ente acusador solicitó la detención domiciliaria.¿Qué pasará con Luis Fernando Velasco y su papel en el proceso?El fallo ordena a una magistrada con función de control de garantías que, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del fallo, profiera una nueva determinación sobre la solicitud de medida de aseguramiento que había elevado la Fiscalía, atendiendo las consideraciones que puso la Corte en la providencia.Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, quien fue ministro de Hacienda, fueron señalados por la Fiscalía de haber sido las cabezas de un “pacto criminal” al intentar hacer pasar las reformas por el Congreso a cambio de ofertas de 79 proyectos de la Ungrd e Invías, que rondaban el medio billónde pesos. Solo siete de ellos fueron ejecutados. En palabras de la magistrada Alexandra Rosero, que envió a los ex altos funcionarios a la cárcel, “habrían integrado desde posiciones de liderazgo un acuerdo criminal organizado, orientado a la comisión reiterada de delitos contra la administración pública".María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
Carlos Caicedo fue condenado y sentenciado a cárcel por nueve años en un fallo de primera instancia por un caso que data de 2014, cuando Caicedo fue alcalde de Santa Marta. Esta polémica es conocida por los samarios como el “caso Mamatoco” y le dejó a la ciudad varios centros de salud reducidos a escombros y con la fama de ser los elefantes blancos que dejó la administración de Caicedo.Carlos Eduardo Caicedo Omar es un político reconocido por su paso por la Alcaldía de Santa Marta (2012-2015), la Gobernación del Magdalena (2020-2023) y su aspiración para llegar a la Presidencia de Colombia. Pero el nombre del fundador del movimiento Fuerza Ciudadana también suena en otros hechos que son materia de investigación por las autoridades. De seis procesos en curso, este es el primero en el que el político samario es condenado.¿Qué es el caso Mamatoco?Para quien no conoce Santa Marta, Mamatoco es uno de los barrios de la ciudad. Durante su administración, Caicedo planteó un proyecto que modernizaría la red pública de salud asistencial. El contrato suscrito contemplaba el mantenimiento y adecuación de los centros de salud Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, por un valor de más de 6.500 millones de pesos y que tendría un plazo de ejecución de 10 meses.La primera irregularidad que menciona el fallo condenatorio en los hechos es que Caicedo expidió un acuerdo por el cual autorizó al gerente de la Empresa Social del Estado Alejandro Próspero Reverend a “realizar los negocios jurídicos pertinentes para la intervención de la infraestructura de los puestos de salud”. Pero en este paso faltó algo sumamente crucial: todo se hizo sin que el funcionario autorizado hubiese presentado los estudios previos de rigor exigidos por el manual de contratación de la entidad. Saltarse esta fase en el conducto regular, sin cumplir los requisitos, significó desconocer los principios de la función administrativa del artículo 209 de la Constitución Nacional.La reconstrucción probatoria dejó de manifiesto que la Junta Directiva de la entidad llevaba dos años solicitando la actualización técnica del manual antes de aprobar licitaciones de gran envergadura, requerimiento que fue desatendido por la presidencia del organismo (que asumía Carlos Caicedo en ese entonces).La sentencia también señala que Caicedo “dispuso de manera ilícita de los recursos públicos, permitiendo que la sociedad contratista Mediredes SAS se apropiara de sumas que desbordaban ampliamente el valor de las obras efectivamente ejecutadas”, cuando se le giró un valor aproximado de 4.000 millones de pesos del erario público. Y realmente solo se ejecutaron 1.500 millones de pesos. En el proceso se observó un detrimento patrimonial de más de 5.000 millones de pesos.Todas estas acciones desembocaron en grandes afectaciones a la salud pública, ya que los centros de salud mencionados fueron demolidos. Esto interrumpió la atención médica en el municipio y también afectó los ingresos de la Empresa Social del Estado por concepto de prestación de servicios.Los delitos que cometió Carlos Caicedo y la pena que tendrá que pagarUna jueza de conocimiento del Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá profirió un fallo de primera instancia que condenó al político Carlos Caicedo a 117 meses de prisión (nueve años y nueve meses) y a pagar una cuantiosa multa de 4.400 millones de pesos, tras comprobar su responsabilidad por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. Durante este periodo, no podrá ejercer cargos públicos. Para este caso no hay opción de que Caicedo reciba casa por cárcel como beneficio, pero su defensa sí tiene la oportunidad de apelar.El tribunal concluyó que Caicedo actuó con dolo, ya que aprobó la contratación sabiendo que la falta de estudios previos viciaba de ilegalidad el proceso y que ordenar el desembolso del anticipo y de los pagos parciales facilitaría que el contratista se apropiara de los recursos sin cumplir con las condiciones pactadas.¿Qué otros casos tiene Caicedo en su contra?Entre otros expedientes abiertos en contra de Carlos Caicedo, se encuentra el caso de la remodelación del Coliseo de Gaira. La Fiscalía General de la Nación formuló acusación formal contra el exmandatario al detectar un esquema de contratación defectuoso. El contrato inicial, suscrito el 28 de octubre de 2015 por $2.682 millones de pesos y con un plazo original de dos meses, requirió cinco prórrogas y adiciones presupuestales que elevaron el costo total a más de 6.900 millones de pesos, registrando un detrimento patrimonial estimado en 690 millones de pesos.Otro proceso aborda las presuntas irregularidades en la construcción de unos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y tres ludotecas, también planteados cuando fue alcalde de Santa Marta. El proyecto, según la Fiscalía, tendría varias fallas en la etapa precontractual, sobrecostos y obras inconclusas. Este expediente se encuentra en etapa de juicio y formulación de la acusación por parte del ente acusador.A inicios de julio de este año se conocieron denuncias públicas contra el excandidato, que lo señalarían de haber cometido presuntos actos de violencia contra una menor de edad y su madre en 2023. Esta se suma a otras denuncias de presunto acoso sexual que revelaron varias mujeres. Al respecto, la ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque, pidió a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia que investiguen las denuncias interpuestas.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, denunció este miércoles al presidente Gustavo Petro por cuatro delitos ante la Comisión de Acusación. La acción la tomó luego de los rifirrafes con el mandatario por presuntos hechos de corrupción que involucrarían a Juliana Guerrero, una joven cercana al jefe de Estado y envuelta en un escándalo por irregularidades con su título universitario.Tras las declaraciones de Rodríguez, Petro realizó declaraciones en las cuales señaló que la denunciará penalmente: "El ataque desarrollado por Angie es calumnioso y su respuesta será la acción penal". En entrevista con Blu Radio, Rodríguez mencionó que Petro es su “mayor victimario” y lo denunció por peculado por aplicación oficial diferente; constreñimiento ilegal; injuria y calumnia, y tráfico de influencias.Luego de estas nuevas polémicas dentro del gobierno Petro, el exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, habló con Noticias Caracol sobre su posición frente al escándalo de Juliana Guerrero y el supuesto entramado relacionado con ofrecer contratos estatales a cambio de millonarias sumas de dinero.En primer lugar, dijo que siente “mucho pesar de la forma como los escándalos de corrupción causan enorme daño reputacional al Pacto Histórico y a todos sus miembros. A la vez siento rabia porque el odio que esto genera lo recogemos quienes actuamos con decencia en la política”."Estúpidos y estúpidas se han querido enriquecer de la forma más rápida posible"De acuerdo con Bolívar, “una manada de estúpidos y estúpidas se han querido enriquecer de la forma más rápida posible, que es una herencia que tenemos del narcotráfico de enriquecerse fácil, y lo hacen a través del Estado”.Más adelante, mencionó que ha “querido al político, pero no vuelvo a defender personas, sino voy a defender causas”, explicando que hay varias causas que hay que defender en el país, como la justicia social, la paz y el medioambiente.Sobre las declaraciones de Angie Rodríguez, indicó que es difícil creerle porque, “quienes hemos estado cerca del presidente Petro, conocemos su carácter y él jamás nos ha maltratado, no sé si esa sea la excepción”, indicó.Describió a Petro como una persona que escucha, dice las cosas cuando tiene que decirlas con energía, pero sin maltratar. “En ningún consejo de ministros hubo maltrato hacia alguna persona. Él tiene un carácter frentero, dice las cosas directas, pero eso no es maltrato”, añadió.En cuanto a la defensa de Petro a Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, otra exfuncionaria nombrada por Angie Rodríguez, dijo que el mandatario las invitó a denunciar a esos contratistas y que el Estado no se ha visto lesionado porque ningún ministerio accedió a esos contratos y por eso están reclamando el dinero que dieron por el lobby. “Le falta contundencia en decir: hasta aquí llegaron y se tienen que ir”, señaló. También agregó que Guerrero renunció a los dos días al cargo en la Universidad del Cesar.NOTICIAS CARACOL
Carlos Caicedo, ex gobernador del Magdalena (2020-2023) y ex alcalde de Santa Marta (2012-2015), acaba de ser condenado y será enviado a la cárcel por un caso de corrupción en un proyecto, iniciado en 2014 y que costó más de 6.000 millones de pesos. Para ese entonces, el político ejercía su cargo como mandatario de la capital del Magdalena. Con este fallo, se determina que el exmandatario si tuvo responsabilidad penal en el proceso. En la audiencia de lectura del fallo, un juez de conocimiento señaló que en las acciones del entonces alcalde hubo un detrimento a la salud pública.La audiencia de lectura del fallo inicialmente estaba programada para el 22 de junio, pero el despacho encargado decidió aplazarla por problemas de agendas de algunos de los actores procesales. En ese sentido, la diligencia quedó para este martes 29 de julio a las 9:00 a. m. Pero este no es el único proceso que cursa contra Caicedo; el sistema judicial colombiano tiene al menos seis casos vigentes, solo que este es el primero en el que se emite una sentencia condenatoria.¿Qué es lo que se investigaba en el caso de Carlos Caicedo?Los hechos que son materia de investigación tienen relación directa con una iniciativa que buscaba modernizar el centro de salud de Mamatoco. Este proyecto costó alrededor de 6.500 millones de pesos. Para la juez del caso no hubo rigor en la licitación y la adjudicación de lo que prometía ser un megaproyecto, pero que al final generó la destrucción -o demolición- de cinco centros hospitalarios, específicamente los de: Mamatoco, Taganga, La Paz, Bastidas y Candelaria. Los medios regionales reportan que los escombros quedaron siendo elefantes blancos a la vista de los samarios. A juicio de la togada, no solo hubo detrimento del erario público, sino también una afectación a la salud de los ciudadanos. Carlos Caicedo fue condenado a prisiónEl fallo en sentido condenatorio considera que Caicedo es responsable de este caso en calidad de coautor por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con peculado por apropiación agravado. La condena se fundamenta en que hubo una actuación dolosa (de forma deliberada, consciente) que terminó afectando el patrimonio público de los samarios. La juez decidió dar lectura a la sentencia en esta misma diligencia, en la que condenó a Carlos Caicedo a 117 meses de cárcel, que se traducen a nueve años, por estos delitos. Además tendrá que pagar una multa de 4.400 millones de pesos y quedará inhabilitado para ejercer funciones durante estos nueve años. El fallo señala que Caicedo no es acreedor de ningún tipo de mecanismo sustitutivo, eso quiere decir que no tendrá beneficio de casa por cárcel. Así las cosas, queda que se emita la orden e captura correspondiente. La decisión tiene cabida a recursos de apelación, que se espera que ejerza la defensa del político samario.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
Wadith Manzur, senador electo, continúa insistiendo en posesionarse ante el Congreso de la República, a pesar de estar preso por su presunta participación en el escándalo de la UNGRD. Este 28 de julio se conoció, por voz del presidente del Senado de la República, Honorio Henríquez, que el exrepresentante a la Cámara envió una nueva solicitud a la cámara alta relacionada con la posesión de su cargo.Manzur fue capturado en marzo de este año, después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara la captura del entonces representante y de Karen Manrique. Ambos se entregaron ante las autoridades el 12 de ese mes.En vísperas del 20 de julio, día de la posesión del Congreso en pleno, se conoció que Manzur le pidió a la Corte Suprema de Justicia que fuera trasladado para asistir a la ceremonia, a pesar de estar cobijado por una medida de aseguramiento. La defensa del detenido aseguró que resultaba “preocupante” que la medida tuviera el potencial de “impedir el ejercicio de sus derechos políticos y de afectar la voluntad democrática”. Además, anticipó que iniciaría actuaciones internacionales.La solicitud que hizo Wadith Manzur al Congreso: ¿qué responden?Honorio Henríquez, presidente del Senado de la República, reveló ante los medios de comunicación que Manzur solicitó a la corporación que el acto de su posesión se realizara en el lugar de reclusión. Henríquez explicó que el secretario del Senado está revisando, junto con un equipo jurídico, el derecho de petición para determinar si es posible que un funcionario del Congreso se traslade hasta la Escuela de Carabineros de la Policía, donde Manzur permanece detenido.“No es fácil”, admitió Henríquez. La otra alternativa que planteó el congresista es que la posesión se lleve a cabo de manera virtual.¿A quién le corresponde decidir si Wadith Manzur se posesiona como senador?Una vez el congresista monteriano fue capturado, quedó una pregunta en el aire: ¿qué pasaría con la curul de Manzur? Y es que el candidato quedó reelegido para el periodo 2026-2030, a pesar de estar vinculado al proceso. De hecho, fue el segundo senador más votado del Partido Conservador en estas elecciones. El congresista obtuvo más de 134.000 votos, según los resultados del preconteo realizado el pasado 8 de marzo.Ante esa duda, la Corte Suprema de Justicia señaló que la decisión quedaría en manos del Congreso de la República. La declaración surgió después de que el alto tribunal recibiera una petición ciudadana en la que se sostenía que Wadith Manzur tiene el derecho legal de posesionarse, bajo el argumento de que todavía no existe una sentencia condenatoria en su contra.A Karen Manrique, por su parte, también se le negó el traslado para la posesión después de que enviara la solicitud a la Corte Suprema de Justicia, al considerar que no se cumpliría el objeto de la medida de aseguramiento, pues la procesada representa un peligro para la sociedad. Adicionalmente, la Corte señaló que no están dados los requisitos que establece la norma para autorizar la salida de un centro de reclusión en el caso de la otrora representante de Arauca, quien también fue reelecta para este nuevo periodo.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero por presuntos hechos de corrupción en contratación pública. Son señaladas de liderar una presunta red de tráfico de influencias que vendría operando desde el segundo semestre de 2024. Según los chats, testimonios y consignaciones bancarias presentados por la revista Semana, las hermanas hacían millonarios cobros a empresarios con la promesa de acceder a contratos en los ministerios del Interior y de Vivienda.Las tarifas estarían establecidas así: la primera cita con ellas tendría un valor de 1 millón de pesos. El pago por la gestión de cada contrato rondaba los 200 millones y al adjudicarse se les debía dar el 10 % del valor de cada proyecto. “Se acordó que les daríamos 35 millones de pesos por cada municipio que nos adjudicaran y el 10 % de cada mejoramiento de vivienda por municipio”, declaró uno de los empresarios, quien contó que era directamente Verónica Guerrero la que les daba una actualización de las gestiones, que incluso se comprometía a dar respuestas en determinados plazos, como lo demostraría un chat del 20 de marzo del 2025.De acuerdo con las denuncias, uno de los contratistas dijo que las hermanas Guerrero le habían prometido la entrega de una iniciativa para instalar cámaras de seguridad patrocinadas por el Ministerio del Interior, también un proyecto para la construcción de un acueducto en el municipio del Cesar y un plan de mejoramiento de hogares en distintos municipios.Empresario: Vero, ayúdame con los mejoramientos, porfa.Verónica: Ya Hacienda está terminando para mandar a minvivienda. Está demorado, pero arrancando. Paciencia, please.En los mismos chats se sugiere que funcionarios del gobierno recibirían también dinero e, incluso, se referirían al presidente Gustavo Petro como “el jefe de jefes”.Los comerciantes entrevistados aseguraron que Juliana Guerrero y su hermana Verónica no les cumplieron. Sostienen que alcanzaron a entregarles más de 600 millones de pesos, pero que ellas dejaron de responder los mensajes.“Facilitadores de corrupción”Andrés Hernández, director de la ONG Transparencia por Colombia, considera que “el caso ilustra lo que hoy se conoce como facilitadores de corrupción; es decir, personas poderosas que sirven de puente entre funcionarios y actores interesados en capturar recursos públicos. Sin estas personas, difícilmente la corrupción tendría el alcance que ha logrado en Colombia”.Por otro lado, cuestionó la reacción del presidente Gustavo Petro, quien a través de X aseguró que el artículo demuestra que las barreras anticorrupción de su gobierno han funcionado, además de pedir a las hermanas Guerrero denunciar a los empresarios, devolver el dinero si lo recibieron y colaborar con la justicia. “Es tan decepcionante la manera como reacciona el presidente Petro al escándalo. Pareciera mostrar nuevamente tolerancia con las presuntas irregularidades de personas cuestionadas cercanas a él, evitando la responsabilidad que le compete a él y a su gobierno por permitir la cercanía de estas personas facilitadoras de presunta corrupción”, señaló Hernández. (Lea también: Petro se refirió a revelaciones sobre supuesta red de corrupción que lideraría Juliana Guerrero)Frente a estas denuncias, Juliana Guerrero negó haberse reunido con contratistas, intermediarios o supuestos empresarios para gestionar contratos y tampoco haber recibido comisiones o cualquier otro beneficio por aparentes gestiones de contratos.“Protección especial”El analista Juan Carlos Flórez considera que “estas jóvenes tuvieron su meteórico ascenso por una razón que todo el país conoce: la protección especial que les brindó el presidente Gustavo Petro”. Aunque aclaró que se debe respetar la presunción de inocencia, “estos chats revelan una relación del presidente Petro hacia quienes le rodeaban, que además es causa de buena parte de los desaciertos y los fracasos de su gobierno, de aquello que no pudo llevar a cabo. De un lado, el presidente Petro prácticamente nunca se reunía con la mayoría de sus ministros, fuera de los shows televisados que se presentaban como consejos de ministros, que era él regañando a los ministros, pero sin nunca plantearse ‘qué responsabilidad tengo yo en que ustedes no hayan llevado a la práctica sus tareas’. De manera que su estilo de gobierno, bastante extraño, basado en la impuntualidad, en el no cumplir con las citas, descuidaba las tareas del gobierno mientras a su alrededor pelechaban personas que gozaban de su amistad y que utilizaban esa amistad para obtener acceso exprés a las más distintas instancias del gobierno”.“Al mismo tiempo que se había echado muy fuertes discursos contra la corrupción como senador y representante a la Cámara, como presidente miró para el techo en los escándalos de corrupción que afectaban a su propio gobierno. Como Pilatos ante la corrupción, Petro todo el tiempo se lavó las manos”, agregó, aseverando que “no dio ejemplo enfrentándola todo el tiempo y yendo hasta las últimas consecuencias”.NOTICIAS CARACOL
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló nuevos detalles sobre un GDO (Grupo de Delincuencia Organizada) que, según él, lleva el nombre de Hermanitos Q y del que harían parte su antecesor, Daniel Quintero Calle, y su hermano Miguel Quintero Calle. Aseveró que ya van 55 personas imputadas por estos hechos de corrupción y la lista se elevará a 59 cuando se incluya a las personas citadas antes y otros presuntos involucrados.El burgomaestre detalló que por este caso ya van: 3 capturas, 25 extinciones de dominio por $3.000 millones, 7 destituciones e inhabilidades, 4 principios de oportunidad, 2 preacuerdos, 1 condena a 19 meses de alguien que hoy colabora con la justicia “y esto apenas empieza”.¿Qué denuncias hay sobre los hermanos Quintero?El alcalde citó un caso en particular de “un contratista que ya figuraba en unas investigaciones reaparece en una entidad distinta. El mismo nombre aparece en Aguas Vivas, después en el Inder y después vuelve a aparecer en escándalos de Metroparques. Estaban repartidos por todas partes. Esto no fue un gobierno con casos de corrupción, fue la corrupción que gobernaba desde distintos escritorios”, expresó en la rueda de prensa, aseverando que “no hubo una sola entidad del Distrito donde no metieran la mano”.“Cuando uno desenmascara a una GDO, también desenmascara sus operaciones. Lo que vamos a mostrar no son rumores ni interpretaciones, son elementos más que probatorios. Esta GDO tenía un grupo de WhatsApp que se llamaba ‘Los amiguitos’, así de descarados, un chat creado por los propios implicados. Ahí compartían los lujos que obtenían gracias a las coimas: los relojes, los carros, las casas y las fincas. En este grupo estaban Miguel Quintero, el hermanito del jefe de la banda; Jorge Enrique Liévano, el exdirector de Metroparques, y Álvaro Villada, ex subdirector del Área Metropolitana y otros más de los imputados. Ese chat fue creado en el 2020, apenas comenzó a crearse y que había sido creada la GDO, los Hermanitos Q. Entonces, mientras el jefe de la banda saqueaba todo el Distrito, le dejó a su hermanito Miguel Quintero la tarea de encargarse de las entidades descentralizadas. Apenas dos meses después de iniciada la administración, el hermanito ya aparecía estrenando camioneta Toyota blindada avaluada en 260 millones de pesos. Hizo esa comprita mientras los registros públicos de su seguridad social de ese momento decían que no tenía un empleo formal que justificara ese nivel de ingresos. El único que en medio del desempleo puede darse esos lujos. Nos hemos preguntado a cuál de los contratos direccionados corresponde esa camioneta, porque mientras la gente se moría durante la pandemia del Covid, ellos estaban usando la tragedia para enriquecerse, como en los casos de bomberos y el Área Metropolitana que veremos más adelante”, declaró Gutiérrez. (Lea también: Primera condena por caso de Cuerpo de Bomberos de Itagüí: avalan preacuerdo a uno de los implicados)“Apenas dos meses de gobierno, en plena pandemia, y el hermanito ya estrenaba una camioneta blindada avaluada en $260 millones. Mientras la gente la pasaba mal, ellos estrenaban”, agregó, recalcando que “mientras la gente sufría en pandemia, ellos estaban jugando en las grandes ligas, como ellos mismos decían. ¿Y cómo iban a financiarse los lujos? Pues con la plata de la gente”.En el chat de Los Amiguitos, el alcalde citó uno de “Miguel Quintero, el hermanito del jefe de la banda, (que) decía: ‘Mañana tengo que cerrar un negocio muy importante. Eso me da respiro por 3 años y esto va para largo’. Imagínense, un negocio que apenas arrancando el gobierno ya les garantizaba 3 años para vivir”. Además, reveló con imágenes que “hablaban de montar un comité de contratación paralelo con abogados contratistas; un comité para cumplir la ley y otro para repartir los contratos de Los Amiguitos en el área metropolitana, como había quedado denunciado ya en el chat que habían creado. Y después de las contrataciones, ¿qué sigue? Las compritas con los saqueos. Miren pues al hermanito chicaneando la piscina de su finca en Copacabana por 160 millones de pesos, una Toyota de 260 millones de pesos y la cuenta sigue, y como si fuera poco aparecen las armas”.Por otro lado, el alcalde Gutiérrez aseguró que Quintero no solo tendría que rendir cuentas ante la justicia colombiana, también “van a tener que responderle muchas preguntas a Estados Unidos. Sus viajes a Panamá y a Estados Unidos no fueron casualidad. Hay información de presuntos socios y testaferros, varios viviendo hoy en Miami. Entregué pruebas a agencias del Gobierno de Estados Unidos para que rastreen la plata: de Colombia a Panamá, y de Panamá a Estados Unidos. Esto puede terminar en pedidos de extradición. Nunca fue una persecución política. Es una persecución contra la corrupción. En los próximos días estaré en Estados Unidos entregando más información”.NOTICIAS CARACOL
Tras las recientes revelaciones de la revista Semana sobre un presunto entramado de corrupción, Juliana Guerrero, a través de un comunicado de su firma de abogados (Alzate Hernández), rompió el silencio para desmentir cualquier vínculo con actividades ilegales o tráfico de influencias.En su respuesta oficial, Guerrero afirma que nunca se ha reunido con contratistas, intermediarios o personas que se presentan como "empresarios" para gestionar contratos o influir en decisiones administrativas. Rechaza haber recibido dinero, comisiones o cualquier beneficio económico relacionado con gestiones ante el sector público, calificando las acusaciones de "injustas y reiteradas". Frente a las denuncias que señalan que ella y su hermana Verónica operaban desde adentro del poder, Juliana Guerrero aclaró que “no ostenta ningún vínculo contractual ni nombramiento con el Gobierno Nacional” desde hace más de un año. Manifestó que, desde su renuncia, se ha mantenido apartada de cualquier actividad relacionada con el ámbito estatal. Expresó agradecimiento al presidente Gustavo Petro por la oportunidad brindada durante su paso por la función pública.A pesar de su defensa, la investigación de Semana sostiene que la red, supuestamente integrada también por su hermana Verónica, cobraba tarifas de hasta 200 millones de pesos por gestión y un 10% del valor de los contratos adjudicados en ministerios como el de Interior y Vivienda. Algunos empresarios alegan haber entregado más de 600 millones de pesos sin que se les cumplieran las promesas de proyectos de seguridad o acueductos.En su mensaje, Guerrero se refirió a la investigación que la Fiscalía adelanta en su contra y por la cual, en abril de 2026, se le imputó cargos por fraude procesal y falsedad ideológica debido a presuntos títulos académicos falsos, los cuales no fueron aceptados por ella.El 22 de julio de 2026, la Fiscalía radicó el escrito de acusación formal para llevarla a juicio. La audiencia de acusación está programada para el próximo 5 de agosto de 2026, donde se dará inicio oficial a la etapa de juicio penal.La exfuncionaria explicó que su silencio previo no debe interpretarse como una aceptación de cargos, sino como un respeto a las investigaciones en curso. Aseguró que el escenario para esclarecer los hechos es la administración de justicia y no los "escenarios mediáticos", reafirmando su compromiso de comparecer ante las autoridades las veces que sea necesario.NOTICIAS CARACOL
La Fiscalía General de la Nación informó sobre la judicialización de Esteban Felipe Henao y Ruth Verónica Lengua Jaramillo, señalados de hacerse pasar presuntamente por médicos y realizar procedimientos estéticos invasivos a más de 200 personas en Bogotá, sin contar con títulos que los acreditaran como médicos o cirujanos.De acuerdo con la investigación, los procesados habrían acondicionado diferentes consultorios mediante distintas razones sociales con el propósito de aparentar que se trataba de establecimientos legalmente habilitados para la prestación de servicios de salud. En estos lugares se ofrecían procedimientos estéticos invasivos que eran promocionados principalmente a través de redes sociales.La Fiscalía señaló que las evidencias obtenidas apuntan a que Henao y Lengua Jaramillo, al parecer, utilizaban diplomas falsos para generar confianza entre las personas que acudían a los inmuebles donde se realizaban las intervenciones.Los lugares contaban con personal, auxiliares, camillas y diferentes elementos que daban apariencia de centros habilitados. Sin embargo, según el ente investigador, los procedimientos se realizaban sin las condiciones adecuadas de asepsia, sin valoración por parte de anestesiólogos certificados y sin historias clínicas, entre otras irregularidades.Entre las intervenciones que presuntamente fueron realizadas se encuentran liposucciones, lipólisis láser, lipólisis láser gold, transferencias de grasa, aumento de glúteos, lipopapadas, marcaciones abdominales y rinoplastias.La investigación también documentó algunos casos que generaron especial preocupación. Según la Fiscalía, algunas de las víctimas habrían despertado durante las cirugías y, ante las manifestaciones de dolor, la pareja presuntamente habría recurrido a acciones como cubrirles la boca o sujetarlas para impedir que gritaran.Según la información recopilada por la Fiscalía, la pareja ofrecía los servicios principalmente mediante redes sociales, donde difundía promociones y precios atractivos para captar a las personas interesadas en someterse a procedimientos estéticos.Como resultado de esta actividad, los procesados habrían obtenido más de 568 millones de pesos, correspondientes a los pagos realizados por 59 personas identificadas dentro de la investigación.Por estos hechos, una fiscal de apoyo de la Seccional Medellín les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, estafa en modalidad de masa y falsedad material en documento público, estas tres conductas agravadas, además de fraude procesal.De acuerdo con la Fiscalía, los cargos fueron aceptados por Esteban Felipe Henao y Ruth Verónica Lengua Jaramillo.Los dos procesados fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar, en un inmueble ubicado en la localidad de Usaquén, en Bogotá.Durante las diligencias de captura, las autoridades incautaron los diplomas que presuntamente eran utilizados para acreditar una condición profesional que no tendrían. También fueron encontrados dinero en efectivo y artículos empleados en los procedimientos estéticos.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
La Selección de Polonia supo aprovechar la pelota quieta frente a Argentina, y por esa vía, fue que llegó el segundo gol del encuentro, en el partido que le dio apertura al Mundial Femenino Sub-20 2026. Vea acá el segundo gol de Polonia vs. Argentina en el Mundial Femenino Sub-20 2026:
Polonia y Argentina fueron los equipos encargados de darle el puntapié inicial al Mundial Femenino Sub-20, que se lleva a cabo en tierras polacas. Fue el combinado anfitrión el que logró abrir en el marcador antes de la primera media hora de juego. La encargada de poner a celebrar al combinado europeo fue Oliwia Zwiazek, quien aprovechó un rebote de la golera 'albiceleste' para decretar el 1-0 en el marcador. Vea el gol de Oliwia Zwiazek en Polonia vs. Argentina por el Mundial Femenino Sub-20:
Jhon Córdoba dijo presente en el marcador este sábado con Krasnodar, equipo que visitó el campo de juego de Krylia Sovétov Samara, en cumplimiento de una nueva jornada de la Premier League de Rusia. El delantero chocoano abrió el marcador para su equipo y en el juego cuando sólo iban tres minutos de iniciado. Luego de un cobro de esquina, y una serie de rebotes, Córdoba aprovechó un centro al área de un compañero para de un certero cabezazo definió para el 0-1 en el tablero. Finalmente, el compromiso quedó igualado a dos tantos en el Samara Arena. Vea acá el gol de Jhon Códoba HOY con Krasnodar en el fútbol de Rusia:
Una semana después de su grave caída en la Vuelta, el esloveno Tadej Pogacar renovó su contrato con el UAE hasta 2032, mientras que la formación confirmó que el quíntuple ganador del Tour de Francia no volverá a competir en la presente temporada, por lo que no optará a revalidar el título de campeón mundial."El equipo UAE Team Emirates-XRG se complace en anunciar que Tadej Pogačar ha extendido su contrato con el equipo hasta el final de la temporada 2032, reafirmando así el compromiso a largo plazo entre el equipo y uno de los ciclistas más destacados de su generación", dice un comunicado del conjunto emiratí.Según el equipo, "Pogačar ha sido una pieza fundamental del equipo desde su incorporación en 2019, creciendo junto a la organización y logrando algunos de los mayores éxitos en la historia de este deporte"Pogacar, quien se recupera de la intervención quirúrgica de clavícula, mostró su satisfacción por el compromiso recién renivado."Desde el principio, en este equipo me he sentido como en mi hogar. Hemos crecido juntos a lo largo de los años y compartido momentos increíbles, por lo que estoy muy feliz de extender mi contrato hasta 2032", señala Pogacar.El doble campeón mundial se muestra agradecido al UAE, con cuy maillot espera abrillantar aún más su palmarés."Aún tengo mucho por lograr en este deporte y creo que este es el lugar adecuado para hacerlo. Estoy muy agradecido por la confianza que el equipo ha depositado en mí y entusiasmado por lo que podemos seguir construyendo juntos", añadió.