Dictan prisión preventiva para ocho miembros del destituido Gobierno de Cataluña

La justicia española asegura que son “sospechosos de sedición y rebelión”. Así mismo, le pedirá a Bélgica la detención del independentista Carles Puigdemont.
La juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, decidió enviar a la cárcel a ocho de los nueve miembros del ejecutivo, que acudieron este jueves a declarar en Madrid, entre ellos el vicepresidente Oriol Junqueras.
Sin embargo dejó en libertad bajo fianza al noveno, Santi Vila, que dimitió antes de la proclamación de la independencia el 27 de octubre.
Lamela alegó que existe riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas para justificar la prisión a espera de juicio.
"Todas las cuestiones humanitarias han sido totalmente ignoradas en la resolución, que estaba seguramente preparada o premeditada y que nosotros denunciaremos donde haga falta", dijo el abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde.
El presidente independentista catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus ministros, todos destituidos, se encontraban en Bélgica. La fiscalía española solicitó que se dicte una orden europea de captura contra ellos.
La fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó específicamente que las órdenes de detención se dirijan a las autoridades de Bélgica, donde "se encuentran o al menos han viajado" los concernidos, indicó el documento de la Fiscalía.
El escrito alega que Puigdemont y los cuatro consejeros hicieron caso omiso a reiteradas citaciones y llamadas telefónicas.
En la Audiencia Nacional, un alto tribunal encargado de casos complejos, estaban citados los 14 miembros del Gobierno catalán depuesto y, en el Tribunal Supremo, seis diputados catalanes, entre ellos la presidenta del parlamento que aprobó proclamar la independencia, Carme Forcadell.
El juez del Tribunal Supremo aceptó la solicitud de la defensa de aplazar hasta el 9 de noviembre la declaración de los seis diputados para preparar mejor su estrategia.
Si Puigdemont es finalmente detenido en Bélgica, sería objeto de un proceso de extradición que, dependiendo de su duración, podría hacer que no estuviera de regreso antes de las elecciones catalanas del 21 de diciembre.
Aunque estos comicios fueron convocados por el gobierno de Mariano Rajoy tras asumir el control de la administración catalana, los principales partidos independentistas aceptaron participar.
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