También fueron imputados 21 militares más, un exfuncionario del DAS y dos civiles por asesinatos y desapariciones presentadas como falsas bajas en combate en Casanare.
Ella y su esposo Gerardo Angulo fueron retenidos por la guerrilla un miércoles santo, el 19 de abril del 2000. La familia aún busca el cuerpo de su padre.
Le revocó el beneficio de libertad provisional y condicionó su permanencia a “un aporte inmediato a la verdad plena”. El exmilitar está condenado por la toma al Palacio de Justicia.
Los relatos durante una audiencia de reconocimiento ante la JEP por los llamados falsos positivos son estremecedores. En poco más de dos años hubo cerca de 127 asesinatos.
Otros tres uniformados retirados no aceptaron su responsabilidad y uno puso en duda la competencia del tribunal. Comunidades indígenas afirman que hay más víctimas.
Son aquellos que no tienen que ver con el secuestro, es decir, homicidios, desplazamiento forzado, tomas guerrilleras y uso de métodos ilícitos de guerra, como las minas antipersona.
Los funcionarios del gobierno Duque deberán pronunciarse ante la JEP. Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, será interrogado este lunes.
En los próximos días la JEP imputará a una decena de militares como máximos responsables de la barbarie documentada en el cementerio Las Mercedes, donde fueron sepultadas decenas de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Las versiones de dos suboficiales que protagonizaron estos crímenes son espeluznantes.
El relato del sargento (r) Jaime Coral se convirtió en uno de los principales testimonios con los que cuenta la JEP para llamar a responder a oficiales y suboficiales por falsos positivos.