Arauca, Norte de Santander, Chocó, Cauca, Huila, Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare y Nariño son algunos de los departamentos que tienen a 113 municipios en alerta roja de riesgo electoral, a menos de dos meses de que se lleven a cabo las elecciones regionales en Colombia.Le puede interesar: Candidatos a Alcaldía de Bogotá 2023: así quedó el tarjetón para las elecciones regionalesPara la Registraduría, ya hay evidencia incluso de la financiación a candidatos por parte de grupos armados ilegales.“ELN, disidencias de las FARC y Clan del Golfo. Las mismas estructuras criminales que hacen presencia en territorio nacional están activando en ciertos municipios, hemos identificado unos por las propias denuncias hechas de los candidatos y no son denuncias solamente públicas, han sido denuncias radicadas ya en Fiscalía de candidatos que han recibido apoyo y que han constreñido a la población en reuniones para decir que voten por un candidato”, aseguró Alexander Vega, registrador nacional.Para la Registraduría, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Defensa, la lupa está puesta en municipios de Nariño y de Cauca específicamente.“Departamento del Cauca, municipio de Rosas; Ricaurte, Nariño. Se han priorizado 17 municipios en Nariño y en especial hay candidatos en Barbacoas, Nariño, que son informaciones que ya le pasaremos nosotros de acuerdo a los comités, donde, si bien no van a afectar el proceso electoral en sí, sí quieren hacer constreñimiento a la ciudadanía con candidatos”, explicó Vega.Según la Misión de Observación Electoral (MOE), ya se han recibido más de 611 reportes de irregularidades electorales en la herramienta Pilas con el voto. De ellos, en 196 se han presentado intervenciones indebidas de servidores públicos, como uso de recursos públicos, y ya se conoce de 48 denuncias sobre corrupción y constreñimiento al sufragante.“Señalamos la importancia de hacer unos estudios de seguridad específicos para 266 nuevos puestos de votación, se encuentran precisamente en las zonas que han tenido mayores impactos de violencia en el último periodo”, aseveró Alejandra barrios, directora de la Misión de Observación Electoral.Otros hechos: Día Nacional de los Derechos Humanos: radiografía de cómo está Colombia en esta materiaTanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como la Fiscalía General de la Nación ya tienen conocimiento de estos casos en donde iniciarán las investigaciones pertinentes.Entretanto, los diferentes partidos políticos rechazan cualquier tipo de financiación irregular que puedan tener las campañas y se comprometen a ponerle la lupa a los gastos de cada candidato.Cabe recordar que las elecciones regionales en Colombia se llevarán a cabo el domingo 29 de octubre de 2023.
A las 7 de la noche un grupo de deportistas se da cita en la cancha del Barrio La Floresta, en Barrancabermeja, Santander. Aunque carece de grama, tiene una iluminación que envidiaría cualquier estadio de fútbol. Antes de iniciar el juego cuenta uno de los jugadores que uno de los problemas que más aqueja a los barranqueños es la costosa tarifa del alumbrado público."Las elecciones deben ser un tema prioritario en los diálogos de paz": MOE“Estamos pagando un servicio carísimo y tarifas que no deben ser, ya pagamos un kilovatio carísimo, entonces tenemos que luchar para que cambien esas tarifas”, afirma.No muy lejos de allí, conversamos con Germán Parra, propietario de una estación de servicio y centro de diagnóstico automotriz. Como empresario, se declara escandalizado por los recibos de la energía y alumbrado: “Hoy me llegó el recibo por 6 millones 500 mil pesos el servicio de energía y $23 millones el alumbrado, o sea, me llega por casi 33 millones de pesos”.Cable aclarar que los 23 millones se debe a que es uno de los 28 mil usuarios que se declararon en rebeldía y no volvieron a pagar el servicio de alumbrado, una tendencia que crece en Barranca porque los usuarios se sienten asfixiados con las altas tarifas.En Barrancabermeja el costo del servicio del alumbrado público está amarrado al consumo de la viviendas, es decir, los usuarios están pagando en su consumo diario el valor de las lámparas que están en sus calles, peor aún, el alumbrado público de la ciudad.Todo empezó a finales de los años 90 cuando la Alcaldía privatizó el servicio del alumbrado público y suscribió un convenio con un concesionario, cuenta Ángel Rivera, presidente de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos. “Y ese es el problema que nosotros tenemos, porque si tu consumes 100 mil pesos de energía te cobran 8 mil por el alumbrado, pagas por las tres lámparas que están en tu cuadra. Nosotros estamos pagando en este momento el consumo de toda la ciudad, del alumbrado público, estamos pagando las luces del estadio, las canchas, los parques, las avenidas, eso todo nos lo meten en el acuerdo que tienen con la electrificadora de Santander, nos lo meten en el servicio que estamos pagando en la casa, eso es irregular”, afirma.Lo curioso es que el alcalde de esa época hoy aspira a llegar por tercera vez al Palacio Municipal. Pese al descontento de un buen número de ciudadanos él cree que puede ganar las elecciones del 29 de octubre. Se llama Elkin Bueno Altahona, es un carismático político que ha militado en varios partidos y para esta ocasión está avalado por el Partido Democrático, una agrupación que surgió en San Basilio de Palenque, Bolívar, en representación de las comunidades Afro.Rául Barba, analista político y director de la Corporación Ciudad y Territorio, lo define como un político camaleónico que ha dejado más dudas que aciertos en sus pasadas administraciones: “Aquí le llaman un fenómeno político por un poco la incapacidad de decir lo que es, un político que ha construido una clientela electoral durante el tiempo, una clientela que tiene capturada, ya sea por burocracia, por nombramientos dentro de lo público y eso le ha permitido perpetuarse durante el tiempo”.EL POLÉMICO ALUMBRADO PÚBLICODurante las pasadas administraciones el exalcalde enfrentó investigaciones de la fiscalía por irregularidades en contratación pública. En 1994 finalizando su segundo mandato fue destituido por la Procuraduría regional, también fue señalado de tener vínculos con grupos paramilitares. Pero lo que más pesa en la actualidad es el proceso de privatización del servicio de alumbrado público, para muchos, un negocio millonario que favorece más al concesionario que a los usuarios.En 2005 se conoció un informe de la Contraloría que reveló graves irregularidades en esta concesión.Claudia Andrade, otra participante en la contienda política y quien fue concejal en esa época, conoció muy bien ese proceso: “Yo tuve la oportunidad de conocer cómo iniciaron ese negocio, cómo prácticamente con la cédula se apropiaron del negocio, donde hablaban de una inversión inicial de 5 mil millones de pesos, inversión que nunca colocaron y que sí cobraron luego”.El informe reveló graves irregularidades en la auditoria y en los costos que el municipio paga al concesionario por concepto de ampliación de cobertura del alumbrado público, dice un aparte del informe:“Se puede concluir que durante el tiempo que lleva la ejecución del contrato de concesión donde se han ejecutado obras por valor de $ 2.200 millones aproximadamente, el municipio podría haberse ahorrado $661 millones”.También reveló irregularidades en la compra de luminarias con un sobrecosto del 61.3%.El candidato Leonardo Granados, abogado que también está en la carrera por la alcaldía, ha investigado el caso y no duda en afirmar que allí hay un entramado de corrupción. “Ha habido sobrecostos, robos gravísimos. La Contraloría determinó que por cada lámpara se robaron más de $134.000; compraron más de 15 mil lámparas, más de 2.000 millones de pesos, solamente en este tema y lo han hecho durante los últimos 22 años”, señala.Aunque el informe fue engavetado, el abogado y candidato Granados presentó denuncia en la Fiscalía por prevaricato y corrupción y ante la demanda un juez decretó la nulidad de la prórroga de la concesión del alumbrado.ELKÍN VA POR LA CUARTAEntre tanto, el exalcalde avanza con su campaña en los barrios populares de Barranca. La gente se desborda a su paso y es innegable la empatía que tiene con la gente. Allí, en medio de su faena lo abordamos. Dice que la gente lo recuerda por ser buen alcalde, por eso les pide de nuevo el voto: “El pueblo de Barrancabermeja amerita que en los próximos cuatro años hagamos un plan para poder generar empleo y la gente recuerda con mucho cariño mis pasadas administraciones”.Sin profundizar en el tema, se refirió a las investigaciones que le han adelantado los entes de control: “Los que hacen son a los que investigan; los que solo quieren ser alcaldes o gobernadores, pues no los investigan. Gracias a Dios ha investigado todas mis actuaciones administrativas y gracias a Dios he salido inocente de todas, de la Fiscalía, de la Procuraduría”.También habló de los señalamientos por supuestos nexos con grupos paramilitares: “Un montaje que me hicieron, gracias a Dios quedó precluido porque no encontraron ni siquiera un indicio para armar una prueba”.El político compite con otros once candidatos. El tema del alumbrado público no es indiferente en las campañas, los usuarios que se declararon en rebeldía y no volvieron a pagar el recibo piden al próximo mandatario revisar los contratos y buscar fórmulas para aliviar los costos. Los electores tienen la palabra.
La Procuraduría General de la Nación reveló este viernes, 11 de agosto de 2023, que 660 candidatos estarían inhabilitados para aspirar a corporaciones públicas en las elecciones regionales de octubre.¿Por qué se habla de una parálisis del Congreso de la República?Las anotaciones disciplinarias cobijan a 14 aspirantes a alcaldías; 19, a asambleas; 544, a concejos; 3, a gobernaciones; 55, a juntas administradoras locales, y 25, a ediles en Bogotá.Durante el foro de Avances del Proceso Electoral celebrado en la ciudad de Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, indicó que ese listado de candidatos debe ser sometido a verificación.“Deberá ser confirmado y verificado con los datos definitivos provenientes de la Registraduría para, posteriormente, proceder a remitir la información al Consejo Nacional Electoral”, manifestó la jefe del Ministerio Público de Colombia.En otras noticias que puede leer: Pago de $1 millón a jóvenes por no delinquir: estos son los requisitos, según borrador del decretoCNE pidió pruebas sobre gastos e ingresos de dineros en campaña de Gustavo PetroAlcaldía de Bogotá: ¿cómo está la intención de voto de cara a las elecciones de octubre?
